mineros

BCV inicia recepción de oro tras compra directa a los mineros

Durante el mes de abril el Banco Central de Venezuela (BCV) recibió 238 kilogramos de oro producto de las actividades desarrolladas por las brigadas de mineros del estado Bolívar, así lo da indica una nota de prensa del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. El organismo además indica que estiman hacer este tipo de entregas periódicamente al ente emisor, además a través Ramón Calderón, miembro de la Asociación de Molineros y Mineros Revolucionarios de La Ramona, sector del mencionado municipio informaron que 60 molineros y 725 mineros conforman la asociación de molineros y mineros la cual es pionera en el mecanismo de la venta directa del oro. Explicó Calderón que desde el inicio de la negociación directa entre el Ejecutivo y quienes trabajan en la  pequeña minería, los intermediarios han ido desapareciendo, pues mineros y mineras venden el producto de su trabajo al Banco Central de Venezuela (BCV) sin obstáculo alguno. Agregó el representantes de los mineros que el mecanismo para la venta directa se lleva a cabo directamente pues “cada semana los miembros de la Asociación de Molineros y Mineros Revolucionarios de La Ramona, recogemos el oro, lo fundimos y lo analizamos en el centro de acopio en Minerven, y allí mismo se hace la negociación con el Estado favoreciendo la economía del país y a ellos como trabajadores del área”. Finalmente mencionó que un estimado de 15 asociaciones de pequeños mineros y mineras también son beneficiadas por el Gobierno Bolivariano en la zona. (El Universal)

Fedeindustria considera que el ajuste incrementará poder de compra

Representantes de gremios empresariales manifestaron posiciones encontradas respecto al tercer aumento del salario mínimo, anunciado por el presidente Nicolás Maduro, el cual se eleva en un 60%. Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria, respaldó la medida oficial y señaló que incrementar el poder de compra de los trabajadores, es una oportunidad para los sectores productivos del país. El dirigente de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), destacó que este ajuste “se puede aprovechar para relanzar la economía venezolana”. Mientras tanto, el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez refirió que “hasta tanto la inflación no sea controlada en el país será difícil que se rescate el poder real de compra de la población. No solo sufren las empresas con el impacto inflacionario que vamos a tener a partir de esta medida, sino también los consumidores y trabajadores”. Y comentó que si esos aumentos salariales no se acompañan con medidas macroeconómicas, fiscales, cambiarias y productivas, no se logrará controlar la inflación. Por su parte, Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria dijo a Unión Radio, que marcharon ayer junto a los trabajadores en su día para exigir, entre otros asuntos, la recuperación del poder adquisitivo. “Con esos aumentos de sueldo somos más pobres”. Entretanto, la presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos dijo que “el aumento no sirve porque la inflación es constante”. En su opinión, el Gobierno debe aplicar medidas que reactiven la economía y reduzcan la inflación. Sin embargo, los líderes gremiales coincidieron en la necesidad de incrementar la producción de bienes en el país. Camacho dijo que “nuestro norte tiene que ser aumentar sustancialmente la producción de bienes y servicios y combatir la inflación. Esta es la única forma mediante la cual podemos preservar en el mayor tiempo posible el aumento del poder adquisitivo que va a surtir el nuevo salario”. Asimismo Martínez y Olalquiaga argumentaron que “hace falta mucha más producción y exportación para que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores”. (El universal)

Transportistas afirman que aumento salarial generará otro ajuste en el pasaje

El presidente de la Federación Nacional del Transporte, Erick Zuleta, dijo este lunes que el incremento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro generará un nuevo ajuste del pasaje, reseñó Unión Radio.  “Esta espiral inflacionario lo que va es a generar obligatoriamente otro ajuste del precio del pasaje porque no se soporta, no se aguanta”, aseguró Zuleta. En contacto telefónico con el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Zuleta indicó que los transportistas «están de mal en peor» porque el Ministerio de Transporte no ha definido las políticas, “simplemente se dedica a decir que va a dar y no termina haciendo nada”. Denunció que las proveedurías se encuentran «prácticamente paralizadas» en la actualidad y aseguró que tienen más del 60% de la flota paralizada, por lo que a su juicio el sector está «vía quiebra». Señaló que «lo único barato que queda en este país es precisamente el pasaje». (El Mundo)

Trabajadores del campo se organizan en la lucha contra el latifundio

Como parte de la Misión Vuelta al Campo y la lucha contra el latifundio, el Frente Unido Socialista de Trabajadores del Campo conforma contingentes para impulsar la agricultura  y convocar a más personas para que participen en estos trabajos. «La propuesta de Vuelta al campo nace a raíz de esta propuesta de lucha contra el latifundio y cuando analizamos, nosotros dijimos que tenemos que traer gente al campo y ubicamos cinco contingentes», explicó el director del Viceministerio de Tierras, Alfredo Ureña, al ser entrevistado por Venezolana de Televisión. Estos contingentes están siendo creados para aumentar el número de personas involucradas a los trabajos del campo, pues según explicó Ureña del 13% de la población que habita en los campos venezolanos sólo entre el 6% y el 7% se dedican al trabajo de la tierra. Estas instancias de organización reúnen a los profesionales del agro en las diferentes ramas, con el fin de impulsar su participación en el campo para la producción de los rubros alimenticios. «El primero es el contingente de más de 120 mil agrotécnicos que han sido formados como veterinarios, agrónomos, técnicos superiores en agroindustria, agroalimentario», detalló. Dichos contingentes de la fuerza productora del país también serán integrados por trabajadores penitenciarios que contribuirán el proceso de producción y servira como programa de esparcimiento, igualmente por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolívariana para cooperar con la seguridad y factores de producción. Las universidades y Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) también integrarán estos contingentes para incrementar la capacidad productora «Este frente está ayudando a aglutinar toda esa fuerza productora del país», resaltó. Sobre la movilización para conmemorar el día del trabajador, Ureña dijo: «Tenemos hoy un día muy importante para Venezuela, estamos todos los trabajadores en la calle con mucha paz». (AVN)

Gobierno buscará congelar los precios de todos los productos en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro informó que su gobierno buscará congelar los precios de todos los productos en el país, para esto ordenó una reuniones que estudiará la medida. Maduro señaló que el vicepresidente Tareck El Aissami; y el vicepresidente de Economía, Ramón Lobo, se reunirán a partir del 2 de mayo para elaborar una propuesta para un sistema justo de precios y la congelación de precios. El jefe de Estado ya había mencionado el tema durante la movilización hecha a propósito del Día del Trabajador. Ahí les dijo a los oficialistas que lo escuchaban que mientras se llegaba al destino de “manejar” la economía de forma completa, los venezolanos debían estar en la calle. “A la calle, carajo. A congelar los precios. Hay que congelar los precios con el pueblo en la calle”, dijo desde la avenida Bolívar. También pidió detener a los especuladores en la calle. “Yo le echo un camión todos los días y los necesito a ustedes en la calle”. (El Nacional)

Tarjeta de alimentación permitirá avances de efectivo

A partir de este primero de mayo la tarjeta de alimentación, en la cual los patronos depositan el bono de alimentación o cestaticket a los trabajadores, permitirá hacer avances de efectivo, según Francisco Torrealba, ministro del Trabajo. “La tarjeta se puede seguir usando, pero debe permitir el avance de efectivo”, expresó el funcionario ante una consulta hecha por El Mundo, Economía y Negocios. Hasta ahora esto ha sido posible para algunos tarjetahabientes, pero en adelante todos podrán beneficiarse.  El anuncio hecho el domingo  por el presidente Nicolás Maduro, según el cual el ticket de alimentación será depositado en efectivo, generó dudas entre los beneficiarios, quienes pensaron que la tarjeta quedaría en desuso. El Ejecutivo nacional justificó la modificación alegando que de esta forma se evitaba el “robo” del dinero correspondiente a este beneficio. “Me han propuesto iniciar un proceso de liberación del cestaticket y que pueda ser depositado en físico, en bolívares, gastado en bolívares, y lo he aprobado. Que sea depositado en bolívares para que nadie le robe su cesta ticket a nadie. Le cobran 15, 20 por ciento del cesta ticket. ¡Se acabó!”, expresó en su programa dominical.  Desde hace unos meses, comercios informales, especialmente, exigían a los usuarios del plástico pagar una comisión de entre 10% y 15% y más por consumos en establecimientos. Otros cobraban una comisión similar por la entrega de avances en efectivo. La irregularidad llevó a los gremios de trabajadores a hacer la solicitud de monetizar el conocido popularmente como cestaticket. Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, denunció que el comercio informal es el que incurre en esta anormalidad. La mayoría de establecimientos formales -aseguró- acepta las tarjetas en las que se deposita el dinero correspondiente al beneficio. Por su parte Fernando Barrientos, abogado laboral, aseguró que la modificación desvirtúa el concepto del bono de alimentación, pues el dinero por ese concepto podrá ser usado para fines diferentes al objeto del beneficio. Aunque resaltó que el concepto se desvirtuó desde el mismo momento en que se convirtió en un mecanismo para bonificar el salario. Con el aumento otorgado, a partir del 1° de mayo el monto por el ticket de alimentación suma más del doble del salario mínimo, fijado en Bs 65.021. León Arismendi, también abogado laboral, cree que a la larga el concepto se terminará salarizando, aunque prefiere esperar la publicación de la reforma a la Ley del Cestaticket Socialista. (El Mundo)

Con la linterna en su frente, Ender se mueve ágilmente en la oscuridad del túnel. Unas piedras se desprenden y rompen el silencio. A 30 metros bajo tierra, se halla en el submundo de caos y violencia de la minería ilegal del oro en Venezuela.

Hace bochorno y un ligero olor a gases emana de las galerías. “No me da miedo”, dice desde el hoyo donde ya la perforación encontró agua. Ender Moreno es minero desde los 10 años y a sus 18, delgado, cubierto de lodo, sin camisa y descalzo, se ve siéndolo “hasta que muera”.

Pero la vida en las minas del oriente venezolano, en el estado Bolívar, no sólo es dura sino peligrosa. Mineros baleados, apuñalados o descuartizados aparecen con frecuencia en medio de una anárquica guerra entre bandas de mafiosos que, con fusiles R-15, FAL y AK-47, disputan el control de los yacimientos.

Los tiroteos en los pueblos mineros son corrientes. Hace dos semanas mataron a tres jóvenes en el barrio de Ender. Un día antes, había estado con ellos bailando en el carnaval de El Callao, aldea ubicada 850 km al sureste de Caracas, donde en 1870 empezó la fiebre del oro en Venezuela.

“Eran mineros, pero se habían volteado con los malandros (mafias)”, contó luego de salir del cilindro negro, haciéndose oír entre el estruendo de la sierra con que dos hombres cortaban madera para asegurar la tierra floja del foso.

Allí, en la mina La Culebra, llamada así por sus vetas sinuosas, trabaja Ender entre un grupo de mineros del sector La Ramona -en las afueras de El Callao-, a cuyo líder mataron hace un año por resistirse a las mafias.

“Cada quien en su territorio”

A pocos kilómetros, Argenis Tarazona, de 47 años, trabaja en una mina a cielo abierto en Nacupay, una de las más violentas de la zona y con mayor impacto ambiental.

Unos socavan en el río contaminado, otros lavan con mercurio el material en las bateas y algunos descansan en hamacas en las casuchas de plástico negro donde viven.

Es tierra de nadie. Todos temen hablar de esas bandas que imponen el orden a punta de miedo y a quienes los mineros, los molinos de piedras y las bodegas (pequeñas tiendas), deben pagar regularmente la “vacuna”, como llaman a la extorsión.

“Uno se acostumbra. El que se come la luz (viola las reglas), el que roba, lo matan o le dan una paliza. Aquí hay un grupo, no entra otro. Cada quien tiene su territorio”, describe Argenis.

Los mineros afirman que “a las minas se entra, pero no se sabe si se sale vivo”. La masacre de 28 obreros hace un año en Tumeremo, vecino de El Callao, está fresca en la memoria de los pobladores.

“Los guardias entran de vez en cuando, pero ellos (los delincuentes) andan tranquilos. Es como si fuera un gobierno paralelo”, asegura otro minero bajo anonimato, sobre la corrupción de militares y policías.

Venezuela producía legalmente 14,7 toneladas de oro en 2006 y en 2015 menos de una tonelada (de un total mundial de 3.000).

Según Luis Rojas, presidente de la Cámara Minera, del 85% al 90% de la producción “es ilegal, principalmente bajo control de mafias”. El gobierno impulsa un plan para reactivar la explotación.

Fiebre de oro

Armados de picos, palas y cinceles, cargando sus bateas como sombrero, hombres y mujeres desbordan diariamente los camiones hacia las minas. Muchos otros, incluso con familia, duermen en campamentos maltrechos.

Son unos 50.000, según Rojas, que llegan de toda Venezuela empujados por el alza en los precios del oro en un contexto de profunda crisis económica causada por el desplome de las cotizaciones del petróleo.

Poco importa si se es obrero o profesional. Argenis dejó hace tres años su trabajo de mecánico industrial y a sus cinco hijos en Guaracaro, Bolívar. “Uno arriesga la vida, pero mi profesión no me daba para que comieran y estudiaran”, aseguró.

Cuando les va mal, dicen los mineros, sacan unos 260.000 bolívares al mes -95 dólares en el mercado negro o cuatro veces el salario mínimo-, pero pueden incluso llegar a un millón (360 dólares) o más.

Bajo un rústico cobertizo de madera, al que se llega por callejuelas de barro, Jorge Sánchez tritura y lava su material en un molino de La Ramona. Sacos de piedra y una semana de trabajo con su hermano quedarán reducidos a pequeñas porciones del codiciado mineral.

La expectativa enciende su rostro veinteañero. Las llamas de un soplete hacen aparecer el tono dorado del metal. Orgulloso, muestra luego en su mano morena la pepita de 10,35 gramos.

Por cada gramo le darán 90.000 bolívares (33 dólares) en las casas de compra de oro que abundan en estos pueblos de calles polvorientas.

Retando a la muerte

Para los mineros todo vale la pena. Poco importan los padecimientos de la malaria que ataca sin clemencia en las minas, cuyos pozos son criaderos gigantes del mosquito transmisor de esta enfermedad que dejó 232.000 nuevos casos en el país en 2016, según la Sociedad Venezolana de Salud Pública.

“¡No queda otra!. Como caletero (estibador) no podía mantener a tres hijos. Llegué hace cuatro meses, pese a los riesgos. Ahora les mando 150.000 mensuales (55 dólares)”, dice Gilberto Urrieta, de 32 años, en la fila de mineros demacrados que van a examinarse al centro antimalaria de Tumeremo.

Aunque Venezuela ya había erradicado la enfermedad hace medio siglo, 18 de los 24 estados hoy tienen la epidemia, propagada por la población minera flotante.

Para Jorge, la minería es un reto a la muerte: “Nos mata un derrumbe, la malaria o los malandros. He visto morir a varios. La mina no es para todo el mundo”.

Ender está convencido de que es para él. “Dejé la escuela por la mina. Mi mamá dice que esto no es vida, pero no puedo dejarla porque con eso la ayudo. A mi papá ni lo conozco”, confiesa.

Su sueño es tener un molino. “Estoy muy joven, quiero disfrutar la vida; pero a todos les llega la hora. Uno se muere y ya sabe pa’donde va”, dice mientras vuelve a hundirse en la soledad del socavón.

El diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, denunció una nueva masacre ocurrida en Tumeremo, donde encontraron a 11 personas muertas.

Tres mujeres y ocho hombres, la mayoría entre 17 y 19 años de edad, fueron las víctimas de la masacre denunciada por mineros de Nuevo Callao. Los cuerpos fueron abandonados en el Basurero de Tumeremo.

El hecho registrado a las 7 a.m. el pasado miércoles 5 de octubre fue ejecutado por funcionarios de la OLP, de acuerdo a los testigos. De Grazia informó que una de las mineras asesinadas, llamada Alba, era conocida como «Yengo». Otra de los fallecidos es Carlos Eliezer Sidran Rodríguez, de 26 años, según la información difundida en la red social Twitter del diputado.

Este es uno de los presuntos jóvenes muertos en las minas de Nvo Callao #Tumeremo Carlos Eliezer Sidran Rodríguez (26) el miércoles 5Oct pic.twitter.com/BCq8AQQl49

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 7 de octubre de 2016

Al parecer, uno de los sobrevivientes de la masacre consiguió llegar al Hospital de Guaiparo con heridas. Más de 100 personas, incluyendo mujeres y niños, se encuentran retenidas en las minas de Nuevo Callao sin poder salir. La mina, que solía ser controlada por «El Topo», se encuentra en la vía hacia el lugar donde encontraron los cuerpos de los mineros masacrados.

El parlamentario del estado Bolívar acusa al gobierno de ocultar la información referente al caso, y comentó que las masacres responden a la intención del gobierno de despejar las minas para entregar el territorio a las trasnacionales del Arco Minero.  

Mineros de Nvo Callao,(Tumeremo) denuncian nueva masacre en la zona.Hablan de 11 muertos,3 de ellos,mujeres.Hecho registrado el mierc 5Oct

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 7 de octubre de 2016

Este nuevo hecho d sangre en las Minas de Tumeremo,fue ejecutada según los testigos,por miembros de la OLP.Como siempre el Gob oculta la inf — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 7 de octubre de 2016

Las 3 mujeres asesinadas en Nvo Callao,junto a 9 hombres,para un total de 11; fueron abandonadas en el Basurero de Tumeremo — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 7 de octubre de 2016

Más de 100 personas se encuentran retenidas en las minas de Nvo Callao(Tumeremo) sin poder salir.Entre ellos mujeres y niños — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 7 de octubre de 2016

Todas las víctimas de esta nueva masacre en Tumeremo,oscilan entre 17 y 19 años.Hecho registrado el miércoles 5 Oct desde las 7am — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 7 de octubre de 2016

Una de las mineras asesinadas,aseguran llamarse Alba y era conocida como «Yengo». Q oculta el gobierno tras las masacres? — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 7 de octubre de 2016

El «ArcoMinero» a dejado en Guayana una estela de tragedias,compuestas en cóctel mortal de Masacres,Malaria y Difteria — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 7 de octubre de 2016

Uno de los sobrevivientes en Nvo Callao logró llegar herido al hospital de Guaiparo.Responde al nombre de Ronni.Hacen llamado a la Fiscalía — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 7 de octubre de 2016

El Gobierno quiere despejadas las minas para entregárselas a las transnacionales del #ArcoMinero ? Esa es la razón de fondo de las masacres

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 7 de octubre de 2016

Unos 43 mineros fueron detenidos hoy por la Policía de Bolivia tras el asesinato del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes en el marco de una protesta en el altiplano del departamento de Oruro.

Los policías ingresaron con una orden judicial en oficinas de las federaciones de cooperativas mineras en La Paz en busca de los principales dirigentes de la protesta que paralizó tres días al occidente boliviano, donde murieron tres mineros y el viceministro, reseñó DPA.

Illanes, de 55, había viajado a la zona de conflicto para dialogar con los dirigentes mineros. Allí fue tomado como rehén y luego fue asesinado a golpes.

Entre los detenidos está el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, quien lideró la protesta que se opone a la formación de sindicatos, porque considera que en su sector no existe una relación obrero-patronal.

En el operativo policial se clausuró la emisora de la Fencomin y su personal fue obligado a prestar una declaración judicial para recuperar su libertad.

«Los cooperativistas deben dar nombres de los asesinos, y el Gobierno tomar recaudo para evitar más violencia», exhortó el abogado Waldo Albarracín, ex defensor del Pueblo

También se aprobó una prohibición de viajes al exterior a 15 dirigentes mineros, entre ellos el presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia, Albino García.

Tres mineros murieron en el marco de la protesta. El Instituto de Investigación Forense de la ciudad de Cochabamba estableció que dos de ellos fallecieron por disparos de arma de fuego.

El tercero no fue sometido a autopsia y según la emisora católica Erbol fue llevado esta madrugada a la mina Viloco que está en la Cordillera Real del occidente de Bolivia.

El fiscal de La Paz, Edwin Blanco, reveló que el viceministro Illanes murió por derrame cerebral y traumatismo toráxico. «El cuerpo sufrió una flagelación», agregó.

El cuerpo de Illanes es velado en el hall de Palacio Quemado y será sepultado mañana en La Paz, mientras que los mineros serán enterrados en Viloco, Kami y Arque, minas que están en los departamentos de La Paz y Cochabamba, respectivamente.

La mañana de este viernes,  efectivos de la División de Inteligencia y Estrategia de la PEB se trasladaron hacía las minas de Santa Rita, estado Bolívar y al llegar a la zona minera, fueron recibidos con disparos por ciudadanos que portaban armas de fuego.

Inmediatamente se originó un intercambio de disparos donde cayeron heridos tres personas de sexo masculino quienes hicieron frente a la comisión policíal, los hombres fueron trasladados al hospital más cercano, pero fallecieron al poco tiempo.

Los occisos no portaban documentos de identidad, pero se presume que se trata de «El Burro y El Chino» y que eran integrantes activos de la Banda Delictiva del conocido como » El Toto».

En el lugar donde ocurrió el enfrentamiento se presentó comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistica, Sub Delegación Tumeremo quienes recolectaron tres armas de fuego.

A través de la plataforma Twitter, la periodista Alexandra Belandia, informó sobre una presunta masacre de seis (6) mineros en horas de la madrugada de este viernes, del hecho aún se desconocen mayores detalles.

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, constató este jueves en Tumeremo la grave situación de la población minera del estado Bolívar, a poco más de un mes de la masacre ocurrida en una de las minas de esta localidad. Desde allí denunció la existencia de más mil familias desplazadas tras operaciones militares que evacuaron minas enteras, como Hoja de Lata.

“Esto es inhumano. Vimos familias completas arrimadas (viviendo en casas ajenas), mujeres con maletas en las plazas, personas en la miseria. Si antes no podíamos esperar, ahora muchísimo menos”, consideró la dirigente desde plena Plaza Bolívar, frente a un nutrido grupo de habitantes.

Machado recordó que en octubre pasado visitó el sur de Bolívar, pero destacó que hoy la realidad es mucho peor, después de las operaciones militares aplicadas en la región.

Según las denuncias de los locales, recogidas por la dirigente política, las poblaciones Hoja de Lata I y II, María Catalina, Botaramo, Nuevo Callao, La Guacamaya, Rabín Rico, Yaguarín y Vuelvan Caras fueron solo algunas de las destrozadas. En Botaramo, por ejemplo, había más de 100 casas. “Eso lo borraron”, denunció la gente en la reunión con Machado en la Plaza Bolívar del pueblo. Ese hecho ocurrió hace poco más de una semana.

En ese sentido, Machado anunció que el próximo miércoles conversará con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a fin de ponerle al tanto de todas las serias denuncias de la población de Tumeremo. Insistirá con Almagro en la activación de medidas humanitarias en Venezuela.

“Vamos a lograr que en Tumeremo el oro no sea sinónimo de muerte, sino de trabajo y producción. Pretenden enterrar la verdad, como a los muertos de la tragedia que hoy conocemos”, apuntó, al tiempo que informó que solicitará a la Asamblea Nacional un derecho de palabra para exponer las vejaciones a las que han sido expuestos los ciudadanos de Tumeremo y de toda la zona sur de Bolívar, a quienes les dieron entre tres horas y dos días para desalojar sus casas.

Tumeremo de pie

“Pese al horror, lejos de encontrarme a un pueblo aterrado, con miedo, me he encontrado a un Tumeremo en pie de lucha, dando la cara (…) No lograron quebrarnos moralmente y esta lucha, que es ética, la vamos a ganar”, subrayó María Corina Machado. Para ella, detrás de las acciones contra esa población lo que se esconde es la intención de entregar las riquezas al control militar.

Por su parte, el coordinador internacional de Vente Venezuela en el estado Bolívar, Simón Andarcia, prometió constituir un comité de defensores para resguardar los derechos de los afectados. Contó que él también fue minero en las zonas El Foco, El Limón y La Gata, por lo que “a mí no me van a venir a echar cuentos sobre cómo es todo aquí (…) Aquí hace falta quien dé la cara por los ciudadanos. Si (Francisco) Rangel Gómez no se atreve, que deje ese cargo”.

María Corina Machado y la dirigencia de Vente Venezuela en el estado Bolívar realizan este jueves y viernes, un intenso recorrido por las poblaciones Tumeremo, El Callao, Guasipati, El Palmar, Upata, Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz.

Este viernes al mediodía, ofrecerán una rueda de prensa en el Hotel Roraima de Puerto Ordaz, en la que presentarán todas las fotos, videos y testimonios que prueban la grave situación de los mineros.

La comisión parlamentaria que investiga el asesinato y la desaparición de un grupo de mineros de Tumeremo recabó denuncias de otras diez personas que, al parecer, pudieron haber corrido la misma suerte, aseguró el diputado  Américo de Grazia.

«Hemos recibido diez denuncias de diez desaparecidos distintos de diez zonas mineras diferentes» del estado Bolívar, donde el asesinato de mineros «es una práctica común» en las minas de oro de Venezuela, afirmó el diputado.

De Grazia informó a los periodistas de las nuevas denuncias de familiares y testigos, al dar cuenta de que el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel, no se presentó hoy en Caracas ante los diputados que investigan lo sucedido y que lo habían citado.

«Nos preocupa que la primera autoridad de Bolívar no se haya sumado» a quienes colaboran con esta comisión «para esclarecer estos hechos, para revisar sus causas y lograr que no se repitan», declaró a su vez junto a De Grazia la diputada también opositora Olivia Lozano.

De Grazia, Lozano y el diputado asimismo opositor Luis Silva revelaron las preguntas dirigidas al gobernador Rangel, quien un día después de la masacre dijo que era «absolutamente falsa» la denuncia de «personajes de la derecha» sobre las muertes de los mineros.

El gobernador anunció entonces que acusaría ante la justicia a los diputados por propalar rumores con la intención de «aterrorizar a la población», y también los acusó de financiar su actividad política supuestamente con recursos procedentes de la minería ilegal.

Se trata de «diputados del partido opositor La Causa R que se nutren financieramente de la minería ilegal» y que «sin duda estarían siendo afectados por la política minera» del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, declaró el 5 de marzo el gobernador, afín a la gestión gubernamental.

De Grazia aseguró hoy que, aunque las autoridades venezolanas sostienen que el 4 de marzo fueron ejecutados 17 mineros y diez días después hallados sus cuerpos, los testigos insisten en que fueron 28 los cuerpos trasladados en un camión.

«Ese camión pasó por tres alcabalas (puestos militares) con los 28 cuerpos» de los mineros acribillados y «tres (agentes del cuerpo policial) CICPC participaron» en la masacre, remarcó De Grazia.

Las autoridades venezolanas, principalmente la fiscal general, Luisa Ortega, sostienen que los mineros muertos son los 17 hallados y no los 28 que fueron denunciados inicialmente.

Un recorrido por tres puntos del pueblo donde el pasado 4 de marzo ocurrió la masacre de 17 mineros, da cuenta de un territorio dominado por el crimen y el precio del mineral dorado

Mientras que las bandas de delincuentes hacen toques de queda y la vida del pueblo gira en torno a los yacimientos, los anaqueles continúan vacíos

@loremelendez | Foto: William Urdaneta

“Es que este es un pueblo minero. Aquí lo que se respira es oro”, dijo el taxista mientras el diente de oro le relucía tanto como el de Pedro Navaja. El suyo era un carro destartalado, un sedán de pintura opaca con la tapicería roída. El precio de la carrera, tomando en cuenta las distancias cortas de Tumeremo, era casi un asalto. En un lugar donde la economía tiene el metal dorado como moneda corriente, los costos desconocen leyes que quieran hacerlos justos.

El auto envejecido arrancó con destino al único plantel de secundaria del municipio Sifontes del estado Bolívar, el liceo “Monseñor Francisco Javier Zavaleta” que el pasado 3 de febrero se convirtió en noticia. Allí entraron delincuentes armados que obligaron a cerrar el centro educativo para que la población acatara un toque de queda impuesto por los hampones. Los estudiantes fueron desalojados de sus aulas a media mañana.

Foto: Germán Dam

“Si les vas a preguntar sobre eso, nadie te va a hablar”, lanzó el taxista, y no le faltaba razón. En Tumeremo, el episodio fue recordado sin sobresalto. Nadie se espantó cuando el caso se mencionó, pero pocos quisieron comentar más. Todo parecía pasar por un tamiz en el que se mezclaba el miedo y la aceptación, o resignación, de que lo que se vive ahí es normal.

“Yo tengo toda mi vida aquí y, le digo una cosa, este pueblo se ha puesto fuerte. Aquí no se escuchaba un tiro. Ahora se escuchan ráfagas todas las noches”, afirmó un hombre sesentón que atendió en franelilla y bermudas desde el porche de su casa, muy cerca del liceo ubicado al oeste del pueblo. Él fue uno de los que se negó a profundizar sobre el toque de queda, aún cuando ya se cumplió un mes de lo sucedido. Apuntó que no estaba en su hogar. A pesar de haber admitido que su hijo estudiaba en el plantel desalojado, aseguró no haberse enterado de mayor cosa.

Hay otros, en cambio, que se atrevieron a decir un poco más. “Claro que me acuerdo. Hasta aquí llegaron ese día, eran unos tipos de La Caratica. Yo tuve que cerrar porque me obligaron”, contó la dueña de una bodega cercana al liceo. A su negocio arribaron unos motorizados que le dijeron que debía bajar la santamaría para unirse a una protesta en la Plaza Bolívar. La comerciante se negó al principio, pero otro motociclista del grupo, a quien ella conocía, le dirigió unas palabras. “Hazlo, mami. No me la pongas difícil”, le dijo en tono conciliador, advirtiéndole con la mirada que, si no lo hacía, sería mucho peor: los hombres andaban armados. Ella entendió la seña. No acudió a la manifestación, pero tampoco abrió el abasto durante toda la semana.

Aquel toque de queda se extendió por todo el pueblo. Los negocios, incluso los que están en el centro, no prestaron ningún servicio. La intención del cierre forzado era que liberaran a tres presuntos delincuentes –Yordi Yosmal Bolívar Maneiro, de 20 años; Dibrahi José Pimentel Rosa, de 30; y Rafael José Hernández Nero, de 28, de acuerdo con datos recabados por el diario El Progreso– acusados pertenecer a las bandas de “El Gordo” y “El Potro”, que hacen vida en Tumeremo. Habían sido apresados el día anterior tras ser sorprendidos en una reunión con compradores de oro. Entre todos planeaban establecer un sistema de cobro de vacunas en la población.

Los malandros, ante aquella arremetida, pedían a los tumeremenses que apoyaran su causa. Con pistola al cinto, llegaban a los sitios que fuese necesario cerrar. No hubo quien se resistiera.

Los azotes de La Caratica

Foto: Germán Dam

El carro destartalado volvió a tomar la calle hacia una siguiente parada: el barrio La Caratica, un lugar de calles desiguales, zigzagueantes, con el pavimento casi destrozado o, incluso, de tierra. Se trata de un territorio de casuchas rurales, de una sola planta, con techo a dos aguas, resguardadas con cercas de alfajol o de alambres de púas. Casi todas tienen, en la parte trasera, amplios patios en los que se han levantado ranchitos de láminas de cinc.

“Esos solares son grandísimos, llegan hasta la montaña. La gente dice que allí es donde los malandros de aquí tienen sus escondites”, soltó el taxista. Con su sonrisa dorada apuntó que, cuando caía el sol, ningún conductor se atrevía a hacer una carrerita hasta el barrio. Las bandas que controlan la zona suelen poner alcabalas para revisar cualquier carro que llegue.

“Hacen que te bajes, te revisan, te preguntan que pa’ dónde vas. Todo esto lo tienen vigilao’”, comentó el hombre mientras avanzaba sigilosamente entre las casas. Ese día de la visita eran más de las 6 de la tarde, pero el taxista entró tranquilo. El pueblo entero estaba militarizado. En la mañana, el Ejército y la Guardia Nacional habían disuelto la tranca de la Troncal 10 levantada por los familiares de 17 mineros que habían sido masacrados. En cada esquina del casco central había un soldado. En La Caratica no había ni una patrulla merodeando la zona.

El nombre del barrio ha sonado en los últimos días por la relación que ha tenido con la matanza ocurrida en la vía a “la bulla” de Atenas, un pequeño yacimiento de oro ubicado a dos horas en moto de Tumeremo. Allí, hace un par de días, velaron en una cancha deportiva a cuatro de los mineros ejecutados el pasado 4 de marzo: los hermanos José Armando, José Ángel y Néstor de Jesús Ruiz Montilla, y Jesús Alfredo Aguinagalde. Todo sucedió justo un mes después del toque de queda.

Pero antes del funeral, La Caratica se mencionó porque ahí reside Jean Carlos Bartoli, alias “El Potro”, uno de los malandros que controlaba la mina. Se trata de un veinteañero que se ha visto involucrado en homicidios y tenencia de droga. Su socio en este negocio, con el que le quitaba la mitad del oro a los mineros, era alias “El Gordo”, primo de los Ruiz Montilla, los tres hermanos caídos en la masacre.

“Yo le digo una cosa: los que mataron allí eran malandros. Habría dos o tres inocentes, pero los demás eran malandros”, indicó el taxista del diente de oro, quien de inmediato formuló su hipótesis del porqué ocurrieron las ejecuciones: “El Topo”, quien controla decenas de minas en Sifontes y está señalado como el presunto autor de la matanza, quería hacer una “limpieza” para tomar “la bulla” y evitar que los de La Caratica formaran un sindicato que cobrara vacunas a los comerciantes.

Al sur de Bolívar, las disputas por el metal dorado terminan siempre en disparos, por eso los asesinatos de mineros están lejos de ser una rareza. En enero del año pasado, seis cayeron baleados en Morichal Largo; en abril, mataron a cuatro en la mina La Catatumba; en junio, dos más murieron en un enfrentamiento en El Callao; en agosto, entre cuatro y siete mineros fueron masacrados en Bochinche-Corregente; en diciembre, un par se desplomó en la mina Tomy. En las páginas de sucesos de los diarios regionales dejan de contarse las muertes que quedan sin dolientes, aquellos cuerpos que sus familiares jamás reclaman porque desconocen a cuál mina se fueron a trabajar.

Todos a la mina

Foto: William Urdaneta

El taxi avanzó hacia el centro de Tumeremo, el lugar donde deberían conseguirse los pocos productos de la cesta básica que llegan al pueblo. Pero eso casi nunca sucede. Los testimonios de habitantes entrevistados coinciden en que los camiones con alimentos pasan de largo por el pueblo y paran en El Dorado, Las Claritas o en el Km 88 de la Troncal 10. Para los vehículos de carga es más rentable correr unos kilómetros adicionales para vender la mercancía con un flete más costoso.  

“Una paquete de harina cuesta como 1.500 bolos; un aceite cuesta 2.000; un arroz te cuesta eso mismo”, relató el conductor, quien tiene que viajar dos horas quincenalmente para poder abastecerse. Por eso, las carreras en Tumeremo son tan costosas. Por eso, todos, en algún momento, terminan extrayendo oro en alguna mina.  

“Yo fui cuando explotó ‘la bulla’. Dejé estacionado el taxi y pensé que iba a poderme ir a hacer unos reales allá. Pero qué va, eso era puro malandro”, aseveró el hombre de la dentadura reluciente.

Los que no van con pico en la mano, trabajan en algún oficio que se relacione con los yacimientos. Allí, quienes pernoctan, pagan los productos que llegan en oro, ya sea agua, comida, teléfonos celulares o mujeres. También allí terminan quienes poseen molinos para tratar el material aurífero de donde salen las preciadas pepitas doradas. Para allá van aquellos que comercian el oro en un pueblo donde el efectivo es mercancía preciada –los billetes de 100 bolívares se pueden vender en 120 bolívares– y donde todo se paga en cash.

El taxista siguió el camino hasta la última parada: un hotel de la ciudad. Dejó saber que los asesinatos no habían parado en el pueblo después de la masacre. “Ayer mataron a uno en La Montañita. Y hubo un comerciante que le disparó a dos taxistas que lo estaba amenazando”, contó.

Cuando el carro destartalado se detuvo, el conductor se negó a cobrar. “No se preocupe, señora. Yo quiero que usted cuente todo lo que pasa aquí a ver si esto se acomoda”. El hombre se despidió y, como a Pedro Navaja, el diente de oro le volvió a brillar.

El adiós después de la masacre

El pasado lunes, los cadáveres de las 17 personas que habían desaparecido en la vía hacia “la bulla” de Atenas fueron hallados en Nuevo Callao, un sector ubicado a 30 kilómetros de Tumeremo. Los encontraron 10 días después de que, tal como habían denunciado testigos, los asesinaran. Todos fueron ejecutados: 16 de ellos recibieron disparos en la cabeza y uno más murió por un balazo en el pecho.

El jueves, los familiares de las víctimas de la masacre, quienes días antes habían cerrado el tránsito por la Troncal 10, recibieron los cuerpos de los suyos. El pueblo, en varios puntos, lloró a sus muertos en un velorio donde los motorizados llevaban estandartes con las fotos de los caídos.

Por el caso, de acuerdo con información del Ministerio Público, hay una detenida: Rosa Zoraida Gil Salazar, una mujer que presuntamente coordinó la logística de la masacre. A ella también se le señala de ser la comadre y administradora de los bienes de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “El Topo”, el autor de la matanza. Contra él y dos de sus secuaces hay emitidas órdenes de captura.