MIlitares

HAMBRE Y MALTRATO UNIFORME: 

Dentro de todos los componentes militares impresiona el desespero e impaciencia ante la mirada ignorante de sus superiores. Lo que antes fue normal entre el personal de tropa hoy llega hasta los mas altos generales. La ignominia a la que se ha sometido en estos 20 años al estamento militar no pareciera concordar con lo que fueron las arengas del “difunto eterno” para convocar a sus compañeros uniformados aquel aciago día del 4F92. La diáspora militar crece a diario. Se van por los caminos verdes pues para poder salir del país están obligados a solicitar permiso firmado del ministro Padrino López. Totalmente distinto al cuido y atención que se le presta a los generales de todo rango. Desde camionetotas Toyota importadas desde los Emiratos como uno de los premios hasta jugosos emolumentos en moneda dura básicamente Euros. Las listas de “idos”, “desertores” y “fugados va en aumento diario. Desde el interior salen mayormente por la frontera con Colombia pero últimamente viene creciendo el éxodo a través de Brasil donde hay un contingente local que atiende a sus colegas venezolanos. Realmente aquel refrán que decía “el gobierno descansa sobre las bayonetas” se cumple en un aspecto. En otro se descansa en los premio$ muy jugo$o$ a esa fidelidad ante los temores que siempre han suscitado.

¿QUE PASÓ EN MÉXICO?:

Tras aquella demorada salida de Evo Morales de su país hacia México donde fue recibido con simpatía y camaraderismo por el presidente López Obrador y anunciar agradecido que se quedaría a vivir por un tiempo entre sus hermanos aztecas, el propio AMLO fue sorprendido en su buena fe cuando de manera intempestiva Morales salió a La Habana “para hacerse un examen médico”. Sin previo aviso y además sin siquiera guardar las apariencias del chequeo por los doctores cubanos viajó directamente a Buenos Aires donde solicitó asilo político. Su excusa: “desde aquí estoy mas cerca de mi Bolivia y podre ayudar a salir de los golpistas”.

Los rumores no tardaron en salir: ¿sería acaso verdad que habría una deuda por varios “tumbes” de envió de cocaína boliviana a los carteles mexicanos?. ¿Temía por su vida en México y por ello precipitó la salida? ¿Para Cuba no fue fácil ese huésped?. ¿Será fácil para el presidente Alberto Fernández tener esa papa caliente tan cerca y con tantos vínculos de corrupción de Evo con Néstor y Cristina Kirchner y con Chávez y Maduro? En fin, solo el tiempo nos dirá la verdad.

EVO&PDVSA LIGADITOS:

Cuando María Palacios, allegada del exministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, fue detenida hace diez días en el aeropuerto de El Alto transportaba 100.000 dólares sin declarar en un vuelo con destino a Buenos Aires. En la capital argentina se hospeda el expresidente Morales, quien huyó de Bolivia tras el fraude electoral del pasado 20 de octubre. El gobierno de Jeanine Añez denuncia que con ese dinero María Palacios financiaría la actividad política del exmandatario. La versión de la detenida, en cambio, apunta al pago de las actividades del personal de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Argentina. Aquí surgen los interrogantes. ¿Por qué no declaró el dinero? ¿Por qué no transfirió el dinero entre PDVSA Bolivia y PDVSA Argentina? ¿Acaso la estatal venezolana está financiando a Evo Morales? El caso está en los tribunales de Bolivia. Y parece que no será el único. Desde el gobierno interino aseguran que pretenden investigar todas las actividades sospechosas de Evo Morales. Y por supuesto aquí intervienen las relacionadas con Venezuela y el chavismo.

Miembros del Ejército venezolano habrían incursionado durante cuatro horas en territorio brasileño la noche de este martes 24 de diciembre, en busca de los militares que se sublevaron el 22 de diciembre en el Batallón 513 Mariano Montilla de Luepa en la Gran Sabana.

El Pitazo tuvo acceso a un audio difundido por el teniente José Rodríguez Araya, uno de los líderes de la operación Wey pa’ka, con la que pretendían tomar control del fuerte Escamoto, ubicado a unos 10 kilómetros de la frontera de Venezuela con Brasil, y desde allí llamar a uniformados de diferentes estados a unirse al alzamiento.

El 22 de diciembre los rebeldes, que estaban acompañados por 30 pemones pertenecientes a la reserva del Ejército, tomaron el fuerte de Luepa, de allí sustrajeron 120 fusiles. Luego fueron a Kumarakapay donde se llevaron de la estación policial cinco pistolas y un chaleco antibalas.

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El Ministro para la Comunicación y la Información del Psuv, Jorge Rodríguez ofreció unas declaraciones este lunes, 23 de diciembre, donde acusó a los diputados Fernando Orozco, Gilbert Caro, Ismael León de intentar un plan para desestabilizar a Nicolás Maduro. Además, también señaló al gobierno de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil de ayudar en el asalto militar en Gran Sabana, estado Bolívar.

Rodríguez refirió que «desmantelaron el plan llamado Navidad Sangrienta», del cual, a su juicio, es parte Juan Guaidó.

Aseguró que el grupo paramilitar que ejecutó el asalto fueron pagados por la mafia del oro. «Se desplazo desde Cali y luego atravesaron por tierra a Perú, llegaron a Ecuador y luego se publicaron unas declaraciones de un GNB desertor», explicó.

Con respecto al asalto, subrayó que la intención de robarse los cohetes RPG era derribar un helicóptero o un avión militar de la Fuerza Armada colombiana, o incluso actuar contra un avión civil en territorio colombiano, para luego decir que se habían utilizado cohetes RPG de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. «Esa era la instrucción que recibieron estos desertores cuando asaltaron al batallón 513 de infantería marina, (…) montar un falso positivo para que sirviera de causa de guerra para que los Estados Unidos pudiera intervenir militarmente en contra de Venezuela», mantuvo.

La desconfianza pulula en nuestros días. Es un mal mundial y generalizado  que se hace más evidente en la vida política, pero que abarca todos los sectores. Desconfiamos de los alimentos, de las vacunas, de los médicos,  de las investigaciones científicas, de los medios de comunicación, de nuestros vecinos y parientes. En fin, desconfiamos de todo y de todos.

El francés Alain Peyrefitte, en su obra La societé de la confiance, atribuye a ese factor inmaterial el mayor o menor desarrollo de los pueblos. De ser cierta esta tesis, y apostamos que sí, estamos en vías de regresar al período neolítico. La mayoría de las informaciones que nos llegan son ciertas, pero tenemos la tendencia a darle más credibilidad a las más inverosímiles. La mayor parte de las personas son confiables, pero preferimos pensar que no lo son.

Analicemos los casos de nuestros militares y políticos

 Los militares

Durante muchas décadas hemos escuchado a los dirigentes civiles predicar que los militares no deben ser árbitros en política. Que las instituciones civiles son las que deben designar a los presidentes por la vía del voto y destituirlos cuando violan la Constitución y las leyes. En teoría esto es lo correcto.

El problema se complica cuando un presidente viola la Constitución, y las instituciones civiles se hacen las desentendidas o incluso avalan las fechorías, como sucede frecuentemente en Venezuela.

El punto es quién decide cuándo se viola la Constitución y quiénes son los culpables. Obviamente, en condiciones normales no deben ser los militares los que deben calificar el delito.

Por otra parte, algunos políticos consideran que sería nefasto que los militares intervengan, lo cual envía un mensaje confuso a quienes están en los cuarteles. Los oficiales que decidieron actuar o que expresaron su desacuerdo con el régimen están presos. Algunos fueron torturados, uno fue además asesinado, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, y otros pasados a retiro o exiliados.

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A pesar del elevado número de militares que han sufrido atropellos, existe una fuerte tendencia a  descalificar a la institución armada. Desconfiamos de todos los verde oliva y los tildamos de corruptos.

 Los políticos

Los políticos constituyen el otro sector frecuentemente vilipendiado. Muchos desconfían porque no actúan como solicitan quienes ven los toros desde la barrera o quienes están en el ruedo, pero son solo ayudantes en la cuadrilla. Dos políticos fueron asesinados: Albán y Rada. Y hay muchos políticos presos, refugiados en embajadas y exiliados, pero eso tiende a no valorarse.

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Desde luego que la desconfianza hacia militares y políticos tiene alguna base. Hay militares militantes del PSUV, como Padrino López y Remigio Ceballos. Muchos corruptos y también hay torturadores, como en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y en la Guardia Nacional hay oficiales y guardias que reprimen manifestaciones con uso abusivo de la fuerza.

Entre los políticos hay corruptos y también integrantes de la quinta columna del régimen. Escarrá y Arias Cárdenas son ejemplos evidentes de hipocresía. Otros, como Timoteo Zambrano, Claudio Fermín,  Felipe Mujica, Rafael Marín y Henry Falcón despiertan  desconfianza,  más con razón, que sin sin ella, de ser colaboracionistas del régimen.

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El llamado G4, integrado por Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, es visto con desconfianza por insistir en la vía electoral para salir de la usurpación. Por su parte, Vente Venezuela y Alianza Popular no inspiran confianza por la terquedad de insistir en las protesta de calle y en un TIAR que ningún país quiere aplicar.

Un paso necesario, aunque no suficiente, es que los ciudadanos de a pie dejemos de criticar a ambos sectores y que estos se unan alrededor de los principios y valores. Los militares solo  darán un paso al frente si perciben que el sector político está unido y con un acuerdo y un plan de mediano plazo. Los ciudadanos de a pie solo dejaremos de desconfiar cuando los militares dejen de reprimir y los políticos depongan posiciones y remen en la misma dirección.

La difícil situación que vivimos amerita que descartemos la desconfianza. Se debe seguir protestando y apoyando las sanciones. Mientras, paralelamente, prepararnos para elecciones siempre y cuando se den las condiciones de transparencia que exigimos. 

Como (había) en botica

* Por sustraer de un pesebre unas figuras para jugar, dos niños de 8 y once años fueron torturados por un oficial de la Guardia Nacional en San Tomé. Al general que acudió a conversar con la comunidad parece que le preocupó más que el video ruede en las redes que el hecho criminal.

* La masacre en Ikabarú, Gran Sabana, evidencia que la Fuerza Armada brilla por su ausencia en ese municipio o es cómplice en el negocio del oro.

* ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!  

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Nota actualizada el 2 de agosto de 2010.

Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) afirmó que en lo que va de año 2019, Colombia ha contactado a 47 oficiales de la Fuerza Armada Nacional (FAN) para intentar que deserten y roben equipo castrense.

Durante su programa de televisión «Con el Mazo Dando», transmitido por el canal estatal VTV, Cabello dijo tener «47 denuncias de contactos desde Colombia para que los oficiales venezolanos deserten, se roben piezas de misiles, del sistema de radares». Manifestó que se trata de «una denuncia formal al mundo».

Indicó que las denuncias «están sustentadas con expedientes» y señaló que oficiales de inteligencia de Colombia «utilizan a algunos desertores y comenzaron a enviar mensajes, están chequeados todos».

«Fue contactado un oficial desde Colombia, fíjense lo miserable que es Iván Duque, narcoparaco, que se robara un Igla-S, (…) le iban a pagar 40.000 dólares para que entregara el Igla-S, para derribar un avión y generar un falso positivo y decir que había sido el Ejército venezolano para buscar la causa de guerra», aseguró Cabello.

Los Igla-S son un sistema de misiles portátiles de fabricación rusa. Moscú es uno de los principales aliados políticos y militares de Venezuela.

Advirtió al presidente Duque que «más temprano que tarde el pueblo de Colombia se va a levantar y cuando el pueblo de Colombia se levante el huracán bolivariano ahí será de proporciones indescriptibles».

@yeannalyfermin/@Andrea_GP21/@franzambranor

MÁS SANCIONES CAYERON ESTE VIERNES 27 de septiembre sobre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. En esta oportunidad fueron siete miembros de los cuerpos de seguridad del Estado los amonestados por la Unión Europea.

La institución continental sancionó a cuatro funcionarios de la Dgcim, Rafael Blanco, Rafael Franco, Alexander Granko y Hannover Guerrero; uno de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Blanco; otro del Conas, Alexis Escalona y uno del Sebin, Carlos Calderón.

La Unión Europea considera que los efectivos están implicados en torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos, entre ellos la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Previamente la Unión Europea había sancionado a la Dgcim y a otros 18 funcionarios del gobierno venezolano entre los que destacan: el presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el vicepresidente para el área económica, Tareck El Aissami; el fiscal general de la República, Tarek William Saab; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el inspector general de la Fuerza Armada, Sergio Rivero Marcano; el director de la Dgcim, Iván Hernández Dala; el ex Ministro de Educación, Elías Jaua; las rectoras del CNE, Sandra Oblitas y Socorro Hernández; el director de los Clap, Freddy Bernal; la ex vice fiscal, Katherine Harrington; el ex secretario general del CNE, Xavier Antonio Moreno Reyes, el jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la FAN, Jesús Suárez Chourio, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el ex comandante de la GNB, Antonio José Benavides y el director del Sebin, Gustavo González López.

Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio europeo.

Aquí un perfil de los nuevos sancionados: 

Rafael Ramón Blanco Marrero

Actualmente es director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Por orden del gobernante Nicolás Maduro, Blanco Marrero fue ascendido al rango de General de División el 5 de julio del 2019, según la Resolución 030846 del Ministro del Poder Popular para la Defensa, solo seis días después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

En diciembre del año 2018 la periodista Sebastiana Barráez lo acusó de amenazarla a través de la cuenta de Twitter “@EscudoPatria” que, según señaló, también utilizaba para intimidar a otros trabajadores de la prensa.

En el mes de julio de este año, cuando un grupo de 10 mujeres del Instituto de Orientación Femenina (INOF) fueron trasladadas a los sótanos de la Dgcim, Blanco Marrero fue señalado por las víctimas de privar sus derechos a recibir visitas, hacer llamadas telefónicas y a ver la luz del día.

Blanco Marrero también fue sancionado en julio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, al ser acusado de cometer abusos sistemáticos de los derechos humanos y represión de la disidencia, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13850.

Rafael Antonio Franco Quintero

Es un coronel del Ejército que se graduó en la Academia Militar en la II promoción “General en Jefe Rafael Urdaneta” en el año 1995. Fue jefe de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), casualmente cuando el capitán de la GNB Juan Carlos Caguaripano Scott fue víctima de torturas dentro de la Dgcim.

En ese tiempo, específicamente en el año 2017, un oficial que estuvo en las celdas que estaban a cargo del coronel Franco Quintero, reveló que el funcionario cambió la rutina y condiciones de encarcelamiento a “condiciones infrahumanas”.

Según denuncias de Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, Franco Quintero, quien ahora es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es acusado de inducir y ser cómplice de delitos de lesa humanidad como “tortura y violencia sexual” contra detenidos.

La periodista Sebastiana Barráez denunció que Franco Quintero fue el autor de varios expedientes «arreglados para inculpar oficiales». Asimismo, indicó que el coronel formó equipo con el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Néstor Blanco Hurtado alias “Ezequiel”, quien prepara los interrogatorios y amenazaba a los detenidos para dejarlos recluidos.

Franco Quintero también fue incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro en el mes de julio de este año, por acusaciones de tortura y violación de derechos humanos.

Néstor Neptali Blanco Hurtado  

Tiene 37 años de edad. Es un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana y al menos desde diciembre de 2017 trabaja en conjunto con funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La abogada experta en derechos humanos, Tamara Suju le acusó de ser el promotor de torturas a los 27 militares encarcelados por el alzamiento en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Cotiza el pasado 21 de enero de 2019. Los maltratos habrían sido con cadenas, manoplas, bolsas plásticas y gas lacrimógeno.

Alexis Enrique Escalona Marrero

Tiene 57 años. Fue jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. También ejerció como Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia así como Jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas). Escalona Marrero fue detenido el pasado 17 de septiembre de 2019 en una residencia de la urbanización Bosque Park en Colinas de Carrizal, estado Miranda.

El Ministerio Público le abrió una investigación al general por la presunta asignación de bienes incautados a terceros mientras ejercía como jefe de la Oncdoft de enero a mayo de 2018. Según el expediente MP 191331 2019, al momento de su aprehensión al militar le incautaron seis municiones 9mm, 22 municiones .40mm, ocho municiones .45mm, siete municiones 22mm, ochenta y cuatro cartuchos cal. 12 mm y veinte municiones 30-30mm. A Escalona Marrero le fueron imputados los cargos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y ultraje violento a funcionario público.

Carlos Calderón

Es un comisario adscrito al Servicio Bolivariano de Inteligencia. En mayo de 2015, Jesús Ramírez, entonces secretario general adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela denunció al comisario ante la Corte Penal Internacional junto al ex ministro y hoy en día encarcelado Miguel Rodríguez Torres por crímenes de lesa humanidad. Inés González, quien estuvo presa en el Sebin por emitir sus opiniones en Twitter afirmó que Calderón fue quien ordenó darle una golpiza en junio de 2015. En enero de 2016, la dirigente de Voluntad Popular, Ana Karina García, dijo que luego de emitir unas declaraciones a las puertas del Sebin en El Helicoide, en las que afirmó que los presos en ese recinto eran sometidos a tratos crueles, Calderón ordenó desnudarse y saltar a la mujeres que visitaron a los detenidos ese día. Francisco “Pancho” Márquez, ex preso político y miembro de VP,  declaró en 2017 en una audiencia en la Organización de Estados Americanos que Calderón es ampliamente conocido por ordenar y participar en torturas, labor que le ha servido para ascender y recoger premios en el Sebin. 

Alexander Enrique Granko Arteaga 

Es un oficial de la GNB con jerarquía de Mayor, egresado de la EFOFAC en el año 2004, II Promoción Toma de las Flecheras. Tiene 38 años. El 29 de junio de 2016 en la resolución 014717 fue ascendido al Grado Mayor en la categoría Efectivo de comando. Actualmente ocupa el cargo de director de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

Granko Arteaga es hombre de absoluta confianza del general Iván Hernández Dala. Está acusado de haber liderado personalmente la ejecución extrajudicial del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) Óscar Pérez el pasado 15 de enero de 2018 en la localidad de El Junquito, estado Miranda. 

Alexander Granko es señalado como uno de los hombres clave del terror en que se han convertido los sótanos de la Dgcim. En una publicación en el Diario Miami, la periodista Maibort Petit afirma que el director de asuntos especiales del Sebin mantiene estrechos vínculos delictivos con el Mayor General Pascualino Anguiolillo Fernández en las operaciones de extracción de material estratégico en la Redi Guayana.

Hannover Esteban Guerrero 

El coronel del Ejército Hannover Esteban Guerrero Mijares (48) ocupó el lugar número 60 de la promoción de 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez”, un lugar nada privilegiado para los cargos que ha ocupado. Hannover ha sido el más cruel director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que ha pasado por esa institución, según la periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barráez

El pasado 14 de agosto fue destituido de la dirección de la Dgcim por los tratos crueles que le causaron la muerte al Capitán Rafael Acosta Arévalo y el aparente suicidio del funcionario Luis Armando Monsalve Estaba, quien según la Dgcim se lanzó del piso 3 de esa institución.

LOS DOS MILITARES IMPUTADOS por la muerte del capitán corbeta Rafael Acosta Arévalo fueron condenados hoy a seis años y ocho meses de prisión. 

La información la dio a conocer Alonso Medina Roa, abogado y especialista en Derecho Penal a través de su cuenta en Twitter, afirmando que la audiencia se realizó sin la previa notificación a la representación de la víctima lo que constituye una burla a las normas procesales. 

Los guardias nacionales permanecerán recluidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, donde estaba detenido el capitán de corbeta.

El Teniente Ascanio Antonio Tarascio (23) y el sargento Estiben Zarate (22), ambos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana fueron acusados de «homicidio preterintencional con causal» por la muerte de Acosta el pasado 29 de junio. 

Acosta Arévalo era acusado por funcionarios del Ejecutivo de Nicolás Maduro de estar involucrado junto a otras personas en un supuesto plan para asesinar al gobernante venezolano, pero nunca se le pudo imputar delito alguno pues al momento de su audiencia preliminar, el juez ordenó su traslado inmediato a un hospital al ver su condición.

#24sep. Tribunal 36 de Control, convoca para hoy, la Audiencia Preliminar en el caso del Homicidio del Cap. Acosta Arevalo, SIN notificar previamente a la representación de la Victima; burlándose una vez más, de las normas procesales

— Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) September 24, 2019

#24Sept. Tribunal 36 de Control, condena a 6 AÑOS y 8 MESES, a dos funcionarios del DGCIM (un TTe y Sgto) implicados en la muerte del Cap. Acosta Arevalo; ignorando todo lo establecido en la “Ley Contra la Tortura..”

— Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) September 24, 2019

Luego del impulso inicial, se desinfló el movimiento de los militares que cruzaron la frontera con Colombia para unirse a la causa de Juan Guaidó. En Cúcuta, fueron desalojados de sus albergues, y solo unos pocos sobreviven, haciendo trabajos ajenos a la vida castrense

@javiermayorca

El 18 de julio, se cerró un ciclo para los militares y policías que habían cruzado la frontera con el propósito de respaldar el paso de la ayuda humanitaria, promovido por el presidente del Parlamento Juan Guaidó.

Ese día, los oficiales, efectivos de tropa profesional y agentes de distintos cuerpos preventivos que habían traspasado los puentes limítrofes hacia Cúcuta en febrero recibieron una notificación según la cual el gobierno colombiano, a través de una oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, les entregaría dos bonos por un total de 450 mil pesos. De ellos, 200 mil servirían para alimentos y traslado, y el resto para cancelar el alquiler de otro inmueble. Esto siempre y cuando sus nombres estuviesen en un registro elaborado previamente.

La notificación tenía implícito el desalojo de las habitaciones en hoteles y albergues donde se habían hospedado durante más de cuatro meses, con la ayuda de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El 19 de julio, luego de acudir a la referida dependencia del gobierno colombiano para cobrar sus bonificaciones, tuvieron que abandonar las habitaciones que aún estaban ocupadas por este contingente.

“Esta crisis tomó por sorpresa a Guaidó y también al gobierno colombiano, pues no esperaban a tantos militares cruzando la frontera”, afirmó un oficial que todavía permanece en la ciudad del departamento Norte de Santander.

Según Migración Colombia, durante la crisis por el paso de la ayuda humanitaria se sumaron a la causa de Guaidó un millar de uniformados venezolanos. Pero en la actualidad solo permanecen en la ciudad fronteriza unos 150. Como las asignaciones únicas entregadas para buscar nueva habitación eran insuficientes, algunos se pusieron de acuerdo para juntarlas con las de otros y así pagar lo exigido por el alquiler de pequeños espacios. Mientras tanto, buscaron los trabajos más insólitos. Un sargento de la Guardia ahora viste un disfraz para distraer a niños en las plazas de la ciudad. Un oficial de la Armada se dedica a cuidar vehículos en un estacionamiento privado.

“Esta es una ciudad absolutamente saturada por la migración venezolana. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que sea para poder sobrevivir”, explicó un ex capitán.

Atrás quedó la posibilidad de gestar una Fuerza Armada en el exilio. Ya en marzo, el director de la policía en Cúcuta, coronel José Luis Palomino, les había advertido durante una reunión privada que Colombia no promovería la formación de movimientos armados en contra del régimen venezolano, por más que el gobierno de Iván Duque desconociera la legitimidad de Nicolás Maduro en la Presidencia. Esto fue reiterado en mayo, a propósito de la firma de un memorándum entre el canciller neogranadino Carlos Holmes y el embajador designado por Guaidó, Humberto Calderón Berti.

Como ya se veía que el movimiento de los militares en el exilio no cuajaría, muchos de ellos optaron por abandonar Cúcuta, rumbo a Ecuador, Perú y Chile. Algunos de ellos tuvieron que formar matrimonios apresuradamente para asegurar un estatus migratorio en Perú.

Cuando llegó el 19 de julio, los militares y policías encontraron que las deudas en los hoteles y albergues habían sido saldadas. Simplemente, tomaron sus maletas y salieron a buscar nuevos alojamientos.

Hasta el momento de escribirse esta entrega, el escándalo por el manejo de los fondos entregados a dos civiles designados por Guaidó para pagar los alojamientos y alimentación de estos militares no ha llegado a nada. En todo este tiempo, el parlamentario solo sostuvo comunicación con el conglomerado de militares en dos oportunidades. La primera fue en mayo, cuando varios de ellos manifestaron públicamente su inconformidad por el tratamiento que estaban recibiendo en Cúcuta y la incertidumbre sobre el futuro que tendrían en Colombia. En esa ocasión, el presidente del Parlamento trató de transmitir palabras alentadoras durante una videoconferencia con los ex miembros de la FAN reunidos en el hotel Vasconia. La segunda comunicación fue mediante llamada directa, para conocer el estado de una sargento que se había incorporado a la disidencia castrense con ocho meses de embarazo. 

Mientras tanto, Maduro degradaba y expulsaba mediante decretos a los oficiales y sargentos que se habían sumado al movimiento de Guaidó. Desde Venezuela, les advertían que si intentaban volver serían detenidos y procesados por traición a la patria.

Para estos militares, Venezuela es una puerta que se cerró, y que solo se abrirá nuevamente si ocurre un cambio político, en un proceso del cual se sienten excluidos. 

Breves

• En varios despachos de Relaciones Interiores se ha reportado el pago de bonos en efectivo, como un medio para mejorar el clima laboral, enrarecido por el deterioro económico y la politización. Los beneficiarios han sido llamados personalmente a las oficinas de sus directores, donde les entregan un sobre. Generalmente, son cuatro o cinco billetes de Bs 20.000, que desde luego no entran en la cuenta de las prestaciones. Los empleados se molestan pues entienden que se trata de una medida esporádica, que solo contribuirá a hacer algunas compras ese mismo día. 

• Las jornadas para la recolección de las firmas en la campaña “No + Trump” se han convertido en una nueva prueba de lealtad a lo interno de los cuarteles y el resto de los despachos gubernamentales. En el caso de la Fuerza Armada, el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, ordenó que los comandantes de unidades debían retratarse y grabar videos del momento en que participen en la colecta de las firmas, para transmitir la impresión de un apoyo total al gobernante. Las últimas unidades militares que están en el cronograma de esta campaña son las de la Región de Defensa Integral Marítima e Insular, el próximo fin de semana. Maduro aspira a obtener trece millones de rúbricas en apoyo a su iniciativa política contra el presidente estadounidense. Pero la ausencia de movilización y entusiasmo han sido evidentes. Para este jueves 22 de agosto está pautada la jornada de recolección en la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. Su comandante, el mayor general Ovidio de Jesús Delgado, ordenó que todo el personal civil y militar de esa unidad debía asistir acompañado por otras dos personas, para que éstas también aporten sus firmas. Cada una será registrada por su número de cédula de identidad. Esta es la tercera oportunidad en 2019 en la que el régimen colecta firmas a lo interno de la Fuerza Armada para dar sustento a alguna campaña política, que generalmente persigue enviar un mensaje al gobierno estadounidense.

• En el transcurso del juicio por el estallido de los drones en la avenida Bolívar, el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa asomó algunas de las razones por las que estaría siendo perseguido por el régimen: 1) cuando era jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, ordenó inspecciones para cada vuelo de Conviasa que salía a La Habana, con el fin de detectar el traslado de estupefacientes o materiales prohibidos; 2) coordinó la operación en la que fue detenido Richard Cammarano cuando intentaba salir por el aeropuerto internacional de Maiquetía en compañía de la ex magistrada Miriam Morandy, y 3) se declaró abiertamente opuesto a la politización de la Fuerza Armada y a la injerencia de los cubanos en los cuarteles.