La ONG Mi Convive reveló que el 57% de los jóvenes de las zonas populares del municipio Libertador de Caracas afectados por la violencia armada abandonaron sus estudios por la crisis económica del país, a pesar de que 81% de quienes desertaron querían continuar con sus estudios.
Así lo señala el estudio “Encara: encuesta a jóvenes caraqueños”, el cual se realizó en 13 parroquias del municipio Libertador para indagar sobre las condiciones sociales y factores de riesgo, con jóvenes entre 15 y 25 años.
Este estudio se hizo en 2021 con una muestra de 355 participantes provenientes de comunidades de Caracas afectadas por la violencia armada.
De acuerdo con la ONG, en los últimos 5 años, Caracas ha estado entre las ciudades más violentas de la región. Los y las jóvenes están propensos a situaciones de déficit económico, expuestos a la violencia armada, y excluidos de posibilidades efectivas de educación, trabajo y desarrollo integral.
Entre los hallazgos, Mi Convive señala que el 5,8% de los jóvenes logró acceder a estudios universitarios o técnicos, y 33,4% no completó el bachillerato. La edad media en que se abandonan los liceos y escuelas es a los 16 años.
Esta deserción escolar también está asociada al embarazo temprano, es decir, adolescentes y jóvenes que tienen hijos y deben responder por las familias que han formado. También se detectó que 27,6% de esos jóvenes sufren doble exclusión: no estudian ni trabajan.
Por otra, parte, la mayoría de los jóvenes viven en hogares con cinco miembros en promedio y en 84% de hogares predomina la figura adulta de la mujer, lo que reafirma la desigualdad en roles domésticos entre hombres y mujeres.
Con relación a la violencia, 1 de cada 3 encuestados prefirió no emitir opinión sobre las bandas delictivas y fuerzas armadas; y quienes sí hablaron 45% expresó que en sus zonas hay bandas criminales y 76% no se siente seguro con ellas. Los cuerpos de seguridad del Estado tampoco les ofrecen confianza. De hecho, 1 de cada 3 jóvenes encuestados había sido víctima de un robo, pérdida de un familiar y/o violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
El estudio de Mi Convive también señala la exposición a otros factores de riesgo como el fácil acceso a drogas y alcohol.
Aunque la encuesta se realizó en 2021, la situación económica y social no ha hecho sino empeorar, de acuerdo con los datos arrojados por la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello en 2023 (Encovi).
Los jóvenes caraqueños trabajan para “resolver” el día a día, lo cual les genera experiencias emocionales de intranquilidad, desconfianza y angustia, y dan cuenta de una transición adelantada y atropellada hacia la adultez.
En Venezuela solo 3 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes que viven en comunidades vulnerables han tenido acceso a educación sobre los métodos anticonceptivos
Nayreth era una joven de 17 años, se enteró de que estaba embarazada en febrero del 2022, llevaba dos meses de retraso en su período y en un principio pensó que era una casualidad. El signo positivo del embarazo vino acompañado de un mar de lágrimas, también de reproches y ofensas de su pareja.
“Me enteré, me puse a llorar, lo primero que hice fue decirle al papá y me dijo muchas cosas feas y yo lo que hice fue llorar más entonces. Cuando llegué a casa y di la noticia a mi familia, su reacción fue ponerse a llorar conmigo, mi mamá me dijo ‘mi niña va a tener una niña’”.
Para esta joven el embarazo significó un duelo en función de la pérdida del rol de “niña” dentro de su hogar. Con 17 años se tuvo que enfrentar a los cambios fisiológicos y conductuales asociados con el proceso de gestación, y a la vez asumir un papel asociado con la adultez aun cuando no se encontraba en esta etapa. Nayreth se vio en un cambio drástico, en donde pasó de ser hija a ser madre.
Asumir dicho rol, sin haber completado satisfactoriamente las etapas de la adolescencia, conlleva a situaciones de tensión que generan estrés emocional y psicosocial, causando efectos psicológicos asociados a estados depresivos, pérdida de la autonomía, baja autoestima y problemas interpersonales (Aguilar et al., 2021). Afortunadamente Nayreth no pasó por estas situaciones. En parte porque contó con una red de apoyo que le permitió transitar su embarazo con más serenidad.
“Gracias a Dios a mí no me dio depresión postparto ni nada de eso, gracias a Dios yo mantuve la mente tranquila, gracias a Dios (…) Yo en lo personal, tuve el apoyo de mi mamá principalmente, luego de mi familia y poco a poco me fueron aceptando”.
Es fundamental el rol de la familia dentro del acompañamiento del embarazo juvenil, pues las relaciones del círculo social cercano inciden en el desarrollo del proceso de gestación hasta representar una escuela de enseñanza sobre lo que significa la maternidad. El apoyo del entorno familiar o cercano a los futuros padres es esencial para que ejerciten sus capacidades como cuidadores.
“Mi hermana no estaba nada de acuerdo en que yo estuviera embarazada, nada, no quería que lo tuviera, incluso ella me asomó la idea de no tenerlo. Yo al principio (…) no lo quería tener, y yo dije, bueno sí, vale… y mi mamá – Ey, un momentico, tú no vas a inventar y aquí estoy yo-, y ella fue la que me dio prácticamente todo su apoyo, la que me hizo sentir bien, la que me dio la tranquilidad, todo, mi mamá fue todo”.
Si bien la joven contó con el apoyo de su madre, el embarazo significó una reestructuración de su modelo familiar. Cada uno de los integrantes tuvo que incorporar nuevas funciones en casa, lo cual vino asociado a conflictos y preocupaciones. A estos eventos se le suma una situación económica precaria, la ausencia del apoyo de su expareja y el rechazo del padre de la joven.
“Yo duré prácticamente mis nueve meses de embarazo sin cruzar palabra con mi papá, hasta que nació la niña (…) y cuando nació la bebé, ya cuando yo tenía dolores, él estaba pendiente –mira te compré una sopita, ¿cómo te sientes?, ¿ya vas a parir? Que no sé qué, que no sé cuánto–. Hasta el sol de hoy que mi niña es la luz de sus ojos, ya a mí me quitaron el puesto. Y, para mí, mi niña lo es todo”.
La maternidad representa una redefinición de la identidad femenina, puesto que la vida de la gestante, desde el momento del embarazo, estará estrechamente vinculada a las demandas de su bebé (Dias y Teixeira, 2010, citado en Fonseca, 2019). Esta situación puede resultar difícil para las adolescentes embarazadas, pues existe un reto tanto biológico como madurativo, en donde la madre adolescente debe transitar su propio desarrollo personal y social hacia la adultez, a la vez que asume la responsabilidad de cuidar y velar por el desarrollo de su hijo.
La historia de Nayreth no es un caso aislado. En Venezuela solo 3 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes que viven en comunidades vulnerables han tenido acceso a educación sexual integral sobre los métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Bajo esta brecha de desinformación, Venezuela tiene una de las tasas de natalidad adolescente más alta de América del Sur, contando 81 partos de cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años (Prodavinci, 2021).
Teniendo en cuenta la falta de información en cuanto a una vida sexual protegida, el embarazo adolescente suele ser inesperado para los jóvenes y para su núcleo familiar, ya que surge en una etapa en la cual los padres del bebé no tienen estabilidad económica y en la mayoría de los casos ni siquiera han culminado sus estudios secundarios (Fonseca, 2019). Ante la falta de planificación del embarazo, suelen ser los abuelos los encargados de la manutención y cuidado de los nuevos padres y de sus hijos.
El embarazo adolescente es un tema que ha sido abordado e internalizado dentro de nuestra cultura como un asunto familiar privado, de forma que en la familia recae la educación sexual, la orientación y el soporte a la crianza. Esta carga asumida suele superar en creces los recursos del núcleo familiar.
De esta manera, ante la precariedad de las políticas de salud pública en los temas relacionados a la educación sexual, es la familia la que asume la carga de educar y acompañar a las nuevas generaciones contando únicamente con sus recursos domésticos: experiencia, información disponible y voluntad, en un contexto de carencia de instituciones públicas que orienten y atiendan la realidad, las familias quedan a su suerte.
Las vivencias y los cambios dentro de la familia de Nayreth representan la historia de miles de familias venezolanas que han asumido responsabilidades en cuanto a la educación sexual de sus hijos contando exclusivamente con sus creencias y conocimientos, debido a la falta de garantías por parte del Estado sobre la difusión de información sexual y el apoyo familiar. Es en este sentido que, a partir de nuestra labor como sociedad, se hace imprescindible afianzar y promover la orientación y educación sexual, ya que es uno de los tantos desafíos a los que se enfrenta la población joven.
* Licenciada en Psicología graduada de la UCAB, especialista en acompañamiento psicosocial en el programa Vamos Convive, de Mi Convive.
Bibliografía
Aguilar, L., Barroeta, G., Guillén, D y Rodríguez, L. (2021). Maternidad adolescente: Apuntes derivados de una experiencia. Alternativas cubanas en psicología, 9 (27). Recuperado en acupsi.org
Rojas, Indira (2021). “Eres muy joven para hablar de esto”. Recuperado de Factor Prodavinci
Fonseca, E. (2019). Análisis dinámicas familiares, redes de apoyo y embarazo adolescente. [Tesis de especialización no publicada]. Universidad El Bosque.
Mi Convive A.C. (2023, 10 de octubre). Embarazo juvenil (Núm. 1) [Pódcast de video]. Háblame convive por Vamos Convive.
22 ciudadanos de todas las parroquias de Caracas se formaron durante seis meses en activismo social y comunitario; liderazgo y valores democráticos
La organización no gubernamental Mi Convive graduó este viernes, 12 de enero, la tercera cohorte del programa de formación de líderes de la Red Solidaria de la asociación.
De acuerdo con una nota de prensa de la organización, en esta ocasión se graduaron 22 ciudadanos, quienes fueron formados integralmente en activismo ciudadano, liderazgo y valores democráticos.
Marco Díaz, coordinador de formación de la Red Solidaria, explicó que “el programa de formación apunta a la consolidación de una red ciudadana, con presencia en todas parroquias de Caracas, que pueda hacer activismo ciudadano en favor de una ciudad más solidaria, democrática y en la cual prevalezca la convivencia”.
Este grupo recibió clases durante seis meses (un total de 100 horas) y provienen de 15 de las 22 parroquias del Municipio Libertador.
Los 22 participantes se certifican como «Líderes Solidarios», y pasan a integrar de manera activa la Red Solidaria de Mi Convive, desde la cual ampliarán su acción tanto en el ámbito territorial de sus respectivas parroquias y comunidades, como en el de las áreas temáticas de interés que la organización impulsa.
El Programa de Formación de Líderes llega con esta tercera cohorte a 68 personas formadas, basado en una metodología teórico-práctica que combina el activismo social y comunitario con clases, sesiones de discusión, estudios de casos y ejercicios de planificación.
Los contenidos del programa, en esta ocasión, abordaron los elementos conceptuales del activismo ciudadano, y el diseño de campañas locales de activismo social; los conceptos y modelos de liderazgo, y la definición de estilos y ámbitos de ejercicio de liderazgo social y comunitario. También se impartió a los participantes contenidos sobre democracia y derechos humanos.
Kaína Bolívar, miembro del equipo de Mi Convive, detalló que para participar se habilitará un link en las redes sociales de la ONG y de Roberto Patiño, y allí habrá un formulario para que las comunidades organizadas se postulen
El próximo lunes, 27 de noviembre, iniciará la segunda edición del “Reto Juego Limpio”, un proyecto de la ONG «Mi Convive», que en esta oportunidad se realizará en Caracas.
Esta edición del programa de reciclaje se realizará con el apoyo del movimiento Caracas Verde y la empresa Multirecicla, informó la directora de la ONG, Camila Oropeza.
“Esta iniciativa que surgió en 2022 en Mi Convive busca promover la organización comunitaria y la participación de los ciudadanos alrededor del medio ambiente. En esta ocasión nos aliamos con el movimiento Caracas Verde —que busca concientizar alrededor del medio ambiente—, para llevar esta iniciativa a otros municipios de Caracas”, explicó.
El reto consiste en que las comunidades se organicen y aprendan a reciclar basura, y la zona que recolecte mayor cantidad de desechos será premiada con la recuperación de una cancha deportiva que sea pública.
El dirigente político y miembro de Caracas Verde, Gabriel Santana, recordó que el concurso de “Reto Juego Limpio” promovido por Mi Convive y el dirigente social y político Roberto Patiño, en su primera edición recolectó 17 toneladas de productos para reciclar y el sector Densificación de la comunidad de Coche resultó ganadora con 3 mil kg de productos reciclados.
“Ahora queremos llevar este proyecto a todos los municipios de Caracas. Los invitamos a participar, no solo para reducir la contaminación y proteger los recursos naturales, sino para generar nuevas fuentes de trabajo. Reciclar es un lujo, por eso queremos masificarla y que en cada sector haya un punto de información para que los vecinos sepan cómo clasificar sus desechos”, afirmó.
Indicó que la alianza con la empresa Multirecicla permitirá masificar los puntos de reciclaje y que sean accesibles para todos los ciudadanos, además de generar conciencia y programas de formación para los vecinos.
Santana aprovechó para invitar a la ciudadanía a participar el próximo sábado 25 de noviembre a la movilización de Plantados, en el samán de Los Dos Caminos, en defensa de los árboles y para oponerse a la tala indiscriminada en los municipios caraqueños.
Andrés Schloeter, miembro de Caracas Verde, enfatizó que el Reto Juego Limpio nació gracias a una iniciativa de Mi Convive debido al problema de la recolección de la basura y lo que esto significaba para el medio ambiente, al tiempo que recordó que durante la primera edición participaron 20 comunidades.
“Queremos ahora expandir esta iniciativa para todas las comunidades de Caracas, no solo Libertador, sino Baruta, El Hatillo y Chacao y de esta manera proteger el medio ambiente, y eso significa reducir los desechos y, a la vez, generar nuevos empleos. Estamos muy entusiasmados”, dijo.
¿Cómo Participar?
Kaína Bolívar, miembro del equipo de Mi Convive, detalló que para participar se habilitará un link en las redes sociales de la ONG y de Roberto Patiño, y allí habrá un formulario para que las comunidades organizadas se postulen.
Enfatizó que los vecinos deben seleccionar un espacio deportivo que sea totalmente público y no esté ubicado en una escuela, y también deben motivar y organizar a los miembros de la comunidad a asociarse para recolectar la mayor cantidad de material posible.
Las cuentas en la red X son: @robertopatino y @MiConvive y en Instagram: @robertopatinog y @miconvive.
Voces Visibles es un programa de Mi Convive en donde se empodera a víctimas secundarias de ejecuciones extrajudiciales de ocho parroquias del Municipio Libertador de Caracas
Luego de un año de trabajo las participantes de Voces Visibles presentaron un mayor bienestar psicológico, con el aumento de una adecuada autorregulación emocional, la resignificación de la pérdida y la generación de confianza interpersonal
Mi Convive, organización social dedicada a potenciar la articulación comunitaria y promover la participación ciudadana en comunidades vulnerables y con altos niveles de violencia, presentó el informe Voces Visibles, en donde se resume el trabajo de un año con víctimas secundarias de ejecuciones extrajudiciales de ocho parroquias del Municipio Libertador en Caracas.
Los hallazgos reportan el progreso a nivel personal, relacional y social de estas personas. El programa aborda los aspectos individuales, grupales y de agente social de las participantes. En primera instancia, se trabaja con los elementos más personales con la intención de generar intervenciones más sostenibles y que puedan ser accesibles para un perfil más amplio.
«El objetivo de este programa es empoderar a estas personas a través de la promoción del bienestar personal y el fortalecimiento de conocimientos y herramientas de manejo emocional, derechos humanos y liderazgo», resalta Mi Convive.
Los resultados indican que luego de un año de trabajo las participantes presentaron un mayor bienestar psicológico, caracterizado por el aumento de la percepción de autoeficacia, el aumento de una adecuada autorregulación emocional, la resignificación de la pérdida y la generación de confianza interpersonal.
«Esto se ha evidenciado a través de observaciones a los participantes, entrevistas a los miembros del grupo y evaluaciones de los diarios de campo del equipo técnico», especifica la ONG.
Voces visibles es un programa de @MiConvive dedicado a las víctimas secundarias de ejecuciones extrajudiciales. Un espacio donde un grupo de mujeres pudieron crear una red de apoyo, pero también exigir justicia por lo que les sucedió.
A nivel social, reportan que estas personas desarrollaron liderazgo, apropiación del espacio, activismo en torno a una causa común y una visión de futuro compartida, «fundamentada en un discurso que responsabiliza al Estado sobre las violaciones de los derechos humanos».
Durante la presentación del informe sobre el primer año de trabajo Roberto Patiño, co-fundador de Mi Convive, expresó que la mayor enseñanza para el equipo «ha sido ver como estas mujeres no se quedaron solo en su dolor, que es válido. Sino que usan su experiencia para trabajar por los demás y alzar su voz por un país menos violento y más justo».
Para nosotros, la mayor enseñanza ha sido ver como estas mujeres no se quedaron solo en su dolor, que es válido. Sino que usan su experiencia para trabajar por los demás y alzar su voz por un país menos violento y más justo. pic.twitter.com/l11ALismyK
Más de 1.229 ejecuciones extrajudiciales en seis años
Mi Convive refiere cifras obtenidas por Monitor de Víctimas, observatorio de violencia homicida, que indican un total de 1.229 ejecuciones extrajudiciales en el periodo de mayo 2017 a junio 2023.
Esa cifra representa el 30% de las muertes violentas totales registradas, únicamente contabilizando los estados Distrito Capital, Miranda, Zulia, Lara, Sucre y Táchira.
«Las víctimas suelen ser hombres jóvenes en edad productiva de comunidades vulnerables. Lo anterior muestra una política sistematizada por parte del Estado venezolano, cuyo impacto va más allá de la víctima principal, pues también influye de forma negativa en las comunidades y familias en torno a las personas ejecutadas, por ejemplo, se estima que hay 7 huérfanos por cada 10 homicidios«, destacan.
El antes y el después de las víctimas
Las participantes de Voces Visibles inician el programa con un estado psicoemocional afectado.
«En ocasiones, experimentaban sentimientos como rabia, tristeza, miedo, impotencia, incertidumbre, entre otros, y disponían de pocas herramientas para lidiar con ellos. Lo anterior se expresaba de diversas maneras, se podía observar en cada una de ellas un sufrimiento profundo y un duelo complejo aún en elaboración. Eran comunes los llantos y los silencios, así como la falta de seguridad cuando compartían detalles o experiencias que consideraban privadas o que incluso no poseían las palabras para describir», describe el informe.
Una de las participantes expresó que sentía una «rabia incontrolaable» al ver un policía.
Durante el año de trabajo, se fortalecieron las habilidades de reconocimiento y expresión de emociones, el reconocimiento del poder propio y de las capacidades de las participantes y un aspecto muy importante, la resignificación de su pérdida mediante la reelaboración del discurso y el rechazo absoluto de las ejecuciones extrajudiciales, mediante la exposición a contenido relacionado con los derechos humanos.
Otros cambios observados en estas víctimas secundarias de ejecuciones extrajudiciales fue que se convirtieron en difusoras del programa, cambiaron sus formas de expresarse de los miembros de cuerpos de seguridad y deconstruyeron estigmas respecto a las ejecuciones extrajudiciales y sus afectados.
Desde el punto de vista grupal, el hecho de poder establecer relaciones con otras víctimas fue clave para el desenvolvimiento de
las participantes.
Retos para la permanencia en el programa
La situación económica del país influyó en la permanencia de algunas participantes, pues aunque mostraban «un gran interés y un alto nivel de compromiso» debían abandonar el grupo para atender aspectos urgentes de sus vidas como el cuidado de un familiar enfermo o turnos de trabajo.
«Lo anterior no resulta difícil de creer dadas las dificultades económicas enfrentadas y la falta de opciones para cubrir las mismas en el país,
incluyendo un empleo formal que les permita asistir a un grupo como este», destaca Mi Convive.
Aún así, quienes se mantuvieron activas participaron durante un año en diferentes actividades como caminatas, entrega de volantes, eventos
conmemorativos, charlas de formación y concientización sobre los derechos humanos, principalmente en comunidades vulnerables de Caracas.
«Estas iniciativas nacen de ellas, gracias al poder que ahora reconocen en sí mismas y en la sociedad civil, con el objetivo de contribuir a
la generación del cambio necesario para alcanzar el futuro en el que les gustaría vivir», resalta Mi Convive.
¿Para qué sirve el informe ONU si son cosas que ya todos sabemos y no pasa nada? En primer lugar, para que las violaciones a los DD. HH. no queden olvidadas como anécdotas
El pasado miércoles 20 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (Fact Finding Mission, en inglés) sobre Venezuela publicó su 4.° informe sobre los descubrimientos del último año, titulado “El aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático” (para acceder a todos sus informes puede dirigirse a esta página). Estas son misiones de la Organización de las Naciones Unidas enviadas a áreas conflictivas con la finalidad de recabar evidencia e información con respecto a un conflicto o situación particular.
En septiembre del año 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión de Determinación de Hechos (FFM, siglas en inglés) en Venezuela con el objetivo investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por el Estado Venezolano desde el año 2014. Si bien la misma tenía un plazo inicial de un año, ha sido extendida en tres ocasiones por encontrar motivos razonables para creer que algunos de los hechos documentados constituían crímenes de lesa humanidad. Además, después de 4 años, el gobierno nacional no permite la entrada de oficiales de la misión, por lo que las investigaciones son llevadas a cabo a distancia.
Entonces, ¿qué dice este nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país?
Monitor de Víctimas fue referenciado 13 veces en el informe como medio para sustentar, comparar y visibilizar denuncias de violaciones de derechos humanos. El mismo, que estudia el periodo específico entre enero del 2020 y agosto del 2023, establece que la misión tiene motivos razonables para creer (estándar de prueba utilizado para sus investigaciones -o, en castellano- el criterio por el que la misión da por probado o no un hecho) que el Estado Venezolano:
Es responsable de al menos 53 privaciones arbitrarias de la vida, que se refiere a “un acto u omisión deliberados o previsibles y evitables, destinados a infligir daños o lesiones que pongan fin a la vida” de una persona. Esto incluye ejecuciones extrajudiciales en contextos de operativos y protestas, pero también la responsabilidad del poder negar cuidados médicos necesarios a personas detenidas que terminaron falleciendo.
Estos números, que aparentan estar incompletos, responden a la rigurosa metodología que debe implementar la FFM para la comprobación de los hechos, teniendo que enfocarse en casos específicos para poder llevar a cabo todas las averiguaciones necesarias (lo cual añade más contundencia a los casos comprobados).
Ha cometido desapariciones forzadas, manteniendo desaparecidos hasta por diez días a personas detenidas, sin informar a sus abogados o familiares e incluso llevándolas a casas clandestinas antes de llevarlos a un centro de reclusión oficial.
Ha llevado a cabo al menos 58 detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de la oposición, profesores y otras personas que expresaron críticas o reclamos contra el Gobierno, incluidas reivindicaciones laborales. La mayoría de ellas, sin orden de aprehensión, sin orden de allanamiento y, comentan, atribuidas a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Ha detenido arbitrariamente a familiares de sospechosos, sin tener evidencia alguna de vinculación con los presuntos hechos, esto como forma de presión y tortura a los detenidos. Estos familiares, en su mayoría, son mujeres.
Puso en marcha políticas de tortura con miras en “silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno” e incluso de extraer confesiones falsas. Las mismas incluyen: “Golpizas, suspensión por las muñecas o los tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos; quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, incluida luz constante las 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de castigo de espacio reducido que permiten solo estar de pie y aislamiento prolongado”. Esto además de tortura psicológica, como amenazas de hacer daño a familiares. Muchos de estos abusos ocurren en centros de reclusión oficiales, pero también a lo largo de todo el país en casas clandestinas (recomendamos leer Así funcionan las casas clandestinas de la Dgcim en Caracas, de ArmandoInfo).
Usó las violaciones, la amenaza de violación, los registros invasivos y la desnudez forzada como formas de tortura y humillación contra personas opositoras al Gobierno. Con respecto a la violencia de género, señalan que “las mujeres encarceladas han sido insultadas y etiquetadas como ‘malas madres’, ‘zorras’ o ‘prostitutas»‘. Esta técnica de represión y tortura suele ser mayormente utilizada contra mujeres. Sin embargo, los hombres no han estado exentos de ellas.
Ha puesto en marcha ataques, amenazas, vigilancia y acoso, descrédito y censura como forma de represión sistemática, ya sea mediante intervenciones directas o mediante acciones de intimidación y vigilancia. Esto mediante el uso de funcionarios del Estado, pero también a través de “colectivos” y grupos civiles adeptos al Gobierno.
Además de señalar todos estos hechos, el informe hace especial mención a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como una de las estructuras más implicadas en graves violaciones a los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. De hecho, Monitor de Víctimas ha registrado al menos 891 homicidios cometidos por funcionarios de este cuerpo policial (aunque estima que el número real es significativamente mayor), incluyendo unas 603 supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Luego de la recomendación de la comisión en 2020 de “desmantelar las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas por esta fuerza policial desde su creación”, no fue sino hasta julio del año 2022 que el Gobierno supuestamente las disolvió. Sin embargo, tal como hemos denunciado desde Monitor de Víctimas (La DAET: cambio de siglas, igual letalidad) y otras organizaciones de derechos humanos (Provea con ¿Disueltas las FAES?), la comisión establece que esta “disolución” no fue más que una medida disuasoria para despistar a la comunidad internacional, manteniéndose gran parte de su estructura, modus operandi y letalidad en un nuevo cuerpo policial: la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).
En conclusión, el informe establece que las graves violaciones de derechos humanos registradas de forma más reciente (2020-2021) en Venezuela sigue el mismo patrón de ataque sistemático contra la población civil, identificado y calificado como crímenes de lesa humanidad en informes previos.
Así mismo, comentan que, si bien últimamente el Estado ha sido más selectivo y optado por medidas más “blandas” de represión, esto responde a un intento de anular al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado y al hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos, mostrando capacidad y disposición a recurrir a una línea represiva más dura, contundente y violenta a mera conveniencia.
¿Para qué sirven este tipo de comisiones e informes si son cosas que ya todos sabemos y no pasa nada? En primer lugar, a pesar de que la mayoría de ciudadanos estamos al tanto de este tipo de ataques, la comisión ayuda a que estos sucesos no queden olvidados como anécdotas, sino que puedan quedar establecidos a escala mundial como hechos comprobados con responsables directos e indirectos. Además, si bien la comisión no toma acciones directas, sus informes, testimonios y existencia ayuda a generar costo político sobre las violaciones de derechos humanos y presiona al Estado venezolano a actuar. De esta forma, si bien no ha habido avances significativos en temas de derechos humanos en Venezuela, existen casos particulares en los que, tras ser reseñados por la comisión, se han liberado personas detenidas arbitrariamente o se ha avanzado en la judicialización de funcionarios responsables de muertes.
Lo ocurrido en agosto con John Álvarez y los líderes sindicales fue más que una decisión judicial y una acción represiva. Es una “declaración de principios” emitida por los poderosos que gobiernan
A primeras horas de la tarde del 1 de agosto, los venezolanos conocimos que un Tribunal del Área Metropolitana de Caracas condenó a dieciséis años de prisión al líder sindical Gabriel Blanco y a los activistas Alcides Bracho, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, conocidos en redes y medios como Los luchadores sociales, un grupo de venezolanos que salieron a la calle para exigir un salario digno y el fin de la aplicación del llamado Instructivo ONAPRE.
Detenidos en julio del año pasado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en procedimientos irregulares, se les acusó de conspiración y asociación para delinquir. Presentaron, como evidencia, capturas de conversaciones, mensajes en redes sociales, una supuesta declaración de un “patriota cooperante” que no acudió al juicio y un alambicado relato, del que ya nos tienen acostumbrados, según el cual estaban involucrados en planes conspirativos e intentos de golpe de Estado.
Este procedimiento, viciado desde el origen, constituye otro capítulo del extenso expediente de abusos desplegados por el poder en contra de las libertades sindicales y nos confirma que el sistema judicial es un apéndice de una estructura pensada para controlar y reprimir a los venezolanos, tal y como han advertido, con suficientes evidencias, los altos comisionados de la Organización de las Naciones Unidas, el fiscal de la Corte Penal Internacional y activistas de derechos humanos, periodistas, líderes y ONG en Venezuela.
Apenas pasaron 29 días de la sentencia en contra de los luchadores sociales, cuando los venezolanos nos enteramos de la detención del joven John Kelvin Álvarez Peña, 24 años, estudiante de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Su caso ha arrancado titulares dentro y fuera del país: la juventud de la víctima, los detalles de las torturas a las que ha sido sometido, la arbitrariedad con la que obra el poder a través de su sistema judicial, nos recuerda la violencia y los riesgos a los que estamos expuestos todos los que luchamos por el regreso de la democracia.
Su caso está vinculado al ataque contra el sindicalismo venezolano. Y la crueldad a la que ha sido sometido, busca lograr de él una declaración que incrimine a otros líderes, como bien lo ha señalado el abogado Joel García: “estamos frente a una escalada de persecución a todos los gremios organizados, sindicalistas, estudiantes”.
Lo ocurrido el pasado mes de agosto fue mucho más que una decisión judicial y una acción represiva. Es una “declaración de principios” emitida por los poderosos que nos gobiernan. La incapacidad para hacer frente a la emergencia humanitaria, la profundización de la crisis económica y migratoria, las persistentes luchas sindicales y las inéditas movilizaciones políticas en torno a las primarias, requerían un golpe sobre la mesa para intentar obligar a los venezolanos a que abandonemos la calle y dejemos de luchar por la Venezuela del cambio que todos queremos.
El 1 y el 30 de agosto de agosto fueron días tristes para todos los que están comprometidos por el retorno de la democracia. Unas fechas que debemos recordar para renovar nuestros esfuerzos por documentar y denunciar ante los organismos multilaterales la violación de los derechos humanos, unos días que deben apuntalar nuestro compromiso en la lucha por las libertades sindicales, la organización social, el apoyo a los liderazgos populares y todas las iniciativas que contribuyan a un cambio pacífico en Venezuela.
Los que seguimos comprometidos por el regreso de la democracia, tenemos que exigir la liberación de John Álvarez, Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés. Quienes creemos en la libertad y luchamos por ella, vamos a repetir sus nombres hasta que sean liberados, asumir su compromiso y ser la nueva ola de luchadores sociales que necesita nuestro país.
A pesar de la confrontación política que sacude a Venezuela, se puede construir un consenso de alcance nacional que movilice los mejores talentos y recursos en rescate de la educación pública
A un mes de iniciarse un nuevo año escolar, muchos padres se enfrentan al reto que representa preparar a sus hijos para volver al colegio. Una fecha en que en el pasado celebrábamos como un reencuentro de amigos, un momento para renovar el compromiso por el futuro de los chamos y un día para el descanso de los padres, después de dos meses de vacaciones, se ha convertido en una encrucijada llena de preguntas para las familias que tienen que recurrir a la educación pública: ¿vale la pena el esfuerzo de mantener escolarizados a nuestros muchachos?, ¿están recibiendo una educación adecuada?, ¿hay algo que podamos hacer, desde nuestras casas, para mejorar la formación que le dan en el liceo?
A pesar del silencio en las estadísticas oficiales de quienes nos gobiernan, los venezolanos sabemos que en la mayoría de los planteles educativos no se imparten clases todos los días, imponiéndose el llamado “horario mosaico”, una regla no escrita que permite a los docentes faltar al trabajo algunos días de la semana para dedicarse a otros oficios que les permita compensar su salario.
Conocemos de primera mano la ausencia de docentes en los liceos públicos, un gremio que ha tenido que abandonar sus puestos de trabajo y a veces su país para sobrevivir; estamos al tanto de las debilidades de la infraestructura educativa que no cuenta con los más elementales servicios como el agua y la luz, mucho menos con sistemas de internet o dotaciones en equipos científicos, materiales deportivos o recursos para la formación cultural y artística, por no hablar de la baja calidad o ausencia total del Programa de Alimentación Escolar.
Año tras año, tenemos que hacer frente a las consecuencias de un pénsum de estudio desactualizado, a veces intervenido con dogmatismos ideológicos y que es incapaz de cubrir unos estándares mínimos de formación que nuestros jóvenes necesitan para seguir con sus estudios o ingresar al mercado laboral. Todo esto enmarcado en una política educativa empeñada en aprobar a nuestros chamos sin certificar sus competencias académicas, lo que nos deja un panorama donde el sistema público de educación ha dejado de ser una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las nuevas generaciones de venezolanos para convertirse en una fábrica de títulos de jóvenes sin habilidades académicas.
El colapso del sistema educativo ha forzado a los padres a hacer malabarismos para llevar a sus hijos a colegios privados, una apuesta que en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país no puede costearse la mayoría de las familias.
Los resultados ya son visibles: las diferencias educativas están marcando líneas claras entre quienes pudieron costearse una educación privada y aquellos que debieron recurrir al sistema público de enseñanza, construyendo una sociedad desigual que ha perdido uno de los más importantes logros de nuestro período democrático, a saber, disponer de un sistema educativo que diera igualdad de oportunidades para todos.
El panorama es desalentador y debe convocarnos a un proyecto nacional a favor de la recuperación de la educación, una idea en que la que vienen trabajando desde hace años importantes instituciones, universidades, investigadores, fundaciones y ONG comprometidas con el rescate de estos viveros de esperanza que deber ser nuestros liceos y la comunidad educativa venezolana.
Esta iniciativa pasa necesariamente por la publicación de los verdaderos datos sobre la situación de la educación pública en el país; requiere un compromiso para mejorar los salarios de los docentes y sus condiciones de trabajo; necesita que se suspenda el llamado Instructivo ONAPRE y exige que los poderosos dejen de perseguir, detener y condenar a los líderes sindicales. En definitiva, necesita el retorno de un sistema de gobierno democrático que convoque a todos en este proyecto.
En medio de la crisis y a pesar de la confrontación política que sacude a Venezuela, se puede construir un consenso de alcance nacional que movilice los mejores talentos y recursos en rescate de la educación pública, un objetivo común que trascienden nuestras diferencias políticas y que lograría convocarnos a todos.
Nosotros seguiremos en la calle junto a los maestros en sus luchas gremiales, insistiremos en los programas de apoyo educativo, acompañaremos a los padres comprometidos con la educación de sus hijos y estaremos con los liderazgos naturales que han entendido la importancia que tiene el colegio y el liceo como centros de la vida pública. Un trabajo que no aspira a sustituir las responsabilidades del Estado, pero que ayuda a mantener vivo un tejido social desde donde se pueda apoyar el complejo proceso de recuperación de la educación, gran reservorio de los valores democráticos y motor de cambio que necesita Venezuela.
