Hace un año la CIDH otorgó medidas cautelares a 12 mujeres con cáncer de mama y exigió al Estado venezolano que hiciera lo necesario para proteger sus derechos a la salud y la vida
Hasta la fecha, ni las benificiarias ni las organizaciones peticionarias han recibido respuesta
Cada 24 horas mueren nueve personas por cáncer de mama
@ValeriaPedicini
“No somos ninguna carga, nosotras somos seres humanos, queremos tener salud”. María Alejandra Díaz, de 45 años, tiene cáncer de mama. El diagnóstico de la enfermedad fue realizado de forma oportuna, pero por la falta de tratamiento de forma continua tuvo una recaída y el tumor hizo metástasis. Ahora también tiene cáncer de hígado, de pulmón y en los huesos.
Cuenta que, al no poder acceder a las medicinas y tratamientos en el sistema de salud público, ha tenido que vender parte de sus pertenencias para poder costear los gastos de su enfermedad. “Tratas de buscar los medicamentos y no los consigues. Si quieres luchar por tu vida, tu salud y ver crecer a tus hijos, tenemos que buscar opciones y una de esas es recurrir a la venta de cosas que tenemos. Para nadie es un secreto que el sistema de salud en Venezuela está muy deteriorado”.
A pesar del esfuerzo, Díaz solo ha podido realizarse los exámenes más urgentes o primordiales, porque el resto de los estudios “son muy costosos” y no ha podido saber con certeza qué tan avanzada está la metástasis en su cuerpo.
Ella es una de las 12 mujeres beneficiadas por las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 14 de octubre de 2020, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, a integridad física y a salud.
La CIDH exigió al Estado venezolano adoptar medidas necesarias para proteger el derecho a la salud y la vida y la integridad de estas personas beneficiarias. Asimismo, valoró que, de acuerdo con la solicitud realizada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, Funcamama, Prepara Familia y Senos Ayuda, las beneficiarias no estarían recibiendo el tratamiento médico prescrito correspondiente por parte del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por periodos de tiempo prolongados, a pesar de haberlo recibido previamente.
La CIDH también indicó que los factores de riesgo a los que se ven expuestos estas mujeres tendrían serias consecuencias diferenciadas en la salud de las beneficiarias, “por su sola condición de mujer, ya que estas suponen una forma adicional de violencia en su contra”.
Es por esto que existe un impacto diferenciado de la crisis en las mujeres, donde las barreras de acceso a los tratamientos medicos son una forma más de la violencia contra la mujer, ya que afectan el principio de igualdad y no discriminación.
Pero nada ha pasado. El Estado venezolano no ha movido ni un dedo para mejorar las condiciones de salud de estas 12 mujeres, ni siquiera levantado el teléfono. A más de un año de la medida, María Alejandra Díaz no ha recibido ninguna llamada.
“Sigo en la espera de que el Gobierno nacional me contacte, tanto por vía telefónica, por mensaje o por correo. En esta espera, de medicamento y de llamada tuve un recaída de la enfermedad. Ha sido un golpe bastante fuerte”, expresa la mujer.
Las 12 mujeres beneficiadas con las medidas cautelares de la CIDH son otras de las víctimas crónicas del sistema de salud público venezolano.
“En Venezuela existe un patrón sistemático grave y extendido de vulneraciones del derecho humano a la salud de la población venezolana. Particularmente quienes están siendo más afectados son las poblaciones más vulnerables, donde las mujeres y las personas con condiciones crónicas de salud tienen lo peor de toda la crisis”, señaló Natasha Saturno de la organización Acción Solidaria.
Saturno dijo que hasta la fecha no existen avances ni ningún tipo de comunicaciones del Estado venezolano ni con las beneficiarias ni con los peticionarios sobre una respuesta a la resolución.
“Solicitamos al Estado venezolano que reconozca la gravedad de la emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando en Venezuela y la afectación especial que tienen las personas con condiciones de salud crónicas”.
Pidió que el Programa Nacional de Oncología sea reestructurado para ofrecer a los pacientes tratamiento médico adecuado y oportuno, exámenes especiales y atención de calidad. Asimismo que exista un enfoque diferenciado de género que “reconozca el impacto que la emergencia humanitaria tiene en las mujeres venezolanas”.
¿Qué ha pasado con las 12 beneficiarias?
Luisa Rodríguez, directora de la ONG Funcamama, explicó que de las seis mujeres beneficiadas por la CIDH que son parte de la organización, una de ellas falleció a la espera de atención del cáncer de mama entre 2020 y 2021.
“Otra tiene metástasis en la cadera, está en cama sin poder tener movilización. Tuvo fractura de la cadera porque por falta de acceso al agua tenía que caminar casi tres cuadras para llenar un tobo para poder cubrir las necesidades de aseo diario”, aseguró Rodríguez, demostrando cómo la situación de los servicios públicos también hace más difícil padecer una enfermedad crónica en Venezuela.
El resto de las mujeres beneficiadas son parte de la organización Senos Ayuda. Nancy Cardozo, representante de la organización, precisó que no tienen conocimiento de dos de ellas, tres siguen recibiendo ayuda y una tuvo que someterse a una segunda mastectomía y enfrenta una posible metástasis.
Los familiares también sufren
El cáncer de mama que tiene María Alejandra Rodríguez no solo ha sido un golpe duro para ella, sino también para el resto de su familia. “Yo soy la persona que está padeciendo la enfermedad, pero mi familia está padeciendo todo lo que implica mantener por un tiempo más a un familiar al lado”.
La directora de Funcamama expresó que es importante que la sociedad entienda que una enfermedad crónica de alto costo, no solo afecta a aquella persona que la padece, sino a todo su entorno. “Hay un equipo alrededor de ellas que está haciendo posible que puedan recibir a nivel privado este tratamiento: familiares, hermanas, amigos”.
Tal es el caso de María Zambrano, otra de las mujeres beneficiadas con la medida cautelar de la CIDH. La mujer de 59 años, quien tiene un tipo de cáncer de mama muy agresivo y uno de los más frecuentes detectados en la mujer venezolana, ha recibido el apoyo de sus familiares para poder luchar contra la enfermedad.
Nada más para que pudiera ser atendida en el hospital oncológico tuvieron que esperar 15 días, luego de la insistencia por encontrar un cupo. Cuando lo lograron, tuvieron que hacer rifas para cubrir los costos de medicamentos y exámenes.
“Es muy difícil convivir y ver a tu familiar que decae cada día más. Desde mayo de 2020 que recibió su última quimio, hasta el 4 de octubre de 2021 fue que fue evaluada por los médicos del oncológico, donde le diagnostican nuevamente ‘una pepita’ en espera de punción para una biopsia, que se hace en privado porque en público no hay insumos”, contó su hermana.
¿Cuál es la situación del cáncer de mama en Venezuela?
El 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y en Venezuela en los últimos cinco años, producto de la crisis y la emergencia humanitaria, la situación para las personas con esta enfermedad ha empeorado.
De acuerdo a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, la cifra total de mortalidad por cáncer de mama es de 3.127 personas. Es decir, cada 24 horas mueren nueve personas por esta enfermedad. La edad del mayor número de personas fallecidas está entre los 55 y los 64 años de edad.
Luisa Rodríguez, presidenta de la ONG Funcamama, explicó que entre el colapso generalizado de los centros oncológicos y la falta de capacidad adquisitiva de las mujeres con esta enfermedad, padecer cáncer de mama en Venezuela se traduce en un tragedia.
En un informe de la organización se detalla que uno de los grupos más vulnerables de personas afectadas por salud crónica están aquellos con cáncer, “quienes ven la capacidad de atención y servicio médico oncológico seriamente deteriorado y los coloca ante un riesgo inminente de la vulneración de los derechos humanos, la integridad física y salud de estas mujeres”.
Señaló que 22 unidades de radioterapia han cerrado en los últimos cinco años, producto del incumplimiento de los pagos por parte del Ministerio de Salud y la falta de mantenimiento de los equipos que estaban dispuestos para atender 21 tipos de cáncer, entre ellos cáncer de mama y de cuello uterino. Solo funcionan de forma parcial las de los oncológicos Padre Machado y Luis Razetti en Caracas. También denunció la ausencia de mamógrafos, ecógrafos, resonadores y tomógrafos.
Según cifras de la Alianza Venezolana para la Salud, los centros oncológicos no garantizan quimioterapia a 140 mil personas con cáncer, mientras que las cirugías disminuyeron a más de un 80%. Además, no se cuenta con mamógrafos, ecógrafos, resonadores, tomógrafos ni estudios para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad”.
“El acceso de tratamientos y medicamentos a personas con cáncer continúa dependiendo de la capacidad de cada familia para poder costearlo, mínimo se necesita un promedio de 2500 dólares”, asegura Luisa Rodríguez.
