Medicinas

Madres y demás familiares que estuvieron protestando a las afueras del Ministerio de Salud aseguraron que las muertes que se dieron en estos primeros meses de 2024 pudieron evitarse si el Estado dotara de medicamentos oportunos 

Foto: Luis Carlos Parada Pérez (@luiskaparada)

En lo que va de 2024 ya han fallecido tres pacientes con fibrosis quística, por está razón, madres de niños y jóvenes con esta patología protestaron el pasado 19 de febrero a las afueras del Ministerio de Salud, en Caracas, para exigir medicinas y al mismo tiempo denunciar esta situación. 

Las madres exigen a las autoridades la compra de medicamentos para la fibrosis para de esta manera evitar más muertes. De acuerdo con diversas denuncias, se les ha venido prometiendo la compra de las medicinas, sin embargo, aún no tienen respuestas  concretas. 

Medline.plus explica que la fibrosis quística es una enfermedad rara y hereditaria, cuya causa es un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir «un líquido anormalmente espeso y pegajoso llamado moco». Este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas y puede originar infecciones pulmonares potencialmente graves y problemas digestivos. 

Las tres muertes de 2024 han sido dos niños en el interior y una en Caracas, se denunció en la protesta.  Cada día estos niños, niñas y adolescentes han visto el deterioro de su salud debido a que no cuentan con el tratamiento necesario.

«Estamos cansadas de que nos vean la cara , de que se burlen de nosotros, ofreciendo los medicamentos y no han cumplido (…)Además de los tres fallecidos, hay ocho pacientes en grave estado de salud, hospitalizados, porque no tienen los medicamentos», declaró una de las madres en protestas. 

*URGENTE*#19Feb
Desde la Plaza Caracas en la sede del Ministerio de Salud, los padres de los niños con fibrosis quística . Ejercen el derecho a la protesta por falta de medicinas
En el hospital el Algodonal y en el JM de los Ríos #NoMasMuertes #UnidosSomosMejores pic.twitter.com/IgprE7wXIv

— La Abuela del Casco Rojo (@AbuelaCascoRojo) February 19, 2024

Mayerling Fajardo es madre de dos jóvenes con fibrosis quística, una de 22 y otra de 18 años. La menor de ellas tiene una situación de salud bastante difícil y está pesando 36 kilos. 

«Está desnutrida, está siendo asistida por psicólogos y psiquiatras, ya que la enfermedad la tiene sin ánimo. Es bachiller y fue excelente alumna, pero en estos momentos no se ha podido inscribir en la universidad, ya que las constantes infecciones no la dejan salir a hacer su vida normal. Los medicamentos están escasos y el ministerio no nos asiste. Ellos deben tomar Pulmozyme ( para ayudar a disolver las secreciones viscosas que se producen en los pulmones la enfermedad), deben tener suplementos vitamínicos, los exámenes son muy costosos y deben hacerse frecuentemente», denunció. 

#19Feb Mayerling Fajardo: soy mamá de 2 niñas de fibrosis quística (22 y 18 años). La de 18 se encuentra bastante mal, pesa 36 kilos… Los medicamentos están escasos, el ministerio no nos asiste… Para un mínimo de medicamentos, más exámenes, un papá debería tener como $ 5 mil. pic.twitter.com/RasSB4Afam

— Vanessa García (@vanessajgarcian) February 19, 2024

11:27am #AHORA | "No más muertes, que baje la ministra", gritan familiares de pacientes con fibrosis quística que protestan este #19feb en exigencia de medicamentos. Le exigen a la ministra Magaly Gutiérrez que los reciba y de respuestas a sus exigencias – vía @DonaMairen pic.twitter.com/bPHtF0atX8

— El Pitazo (@ElPitazoTV) February 19, 2024

De acuerdo a testimonios de las madres, mensualmente un paciente con fibrosis tiene un gasto de, al menos, cinco mil dólares. Estas personas no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado, pues el programa de fibrosis quística está inactivo.  Corre por cuenta de los familiares la compra de medicamentos, exámenes, el pago de ambulancias cuando ameritan traslados y las bombonas de oxígeno, si presentan alguna desaturación.

Quienes tienen hijos con esta enfermedad deben decidir entre trabajar o cuidarlos, algo que representa una difícil decisión, pues deben estar constantemente en los centros de salud para controlar la enfermedad de sus hijos.

“Nosotros pensamos en respirar. Exigimos medicamentos”

Madres y padres de niños con fibrosis quística protestan en la sede del Ministerio de Salud, Caracas, exigiendo dotación de medicinas.

Denuncian al menos 3 muertes en lo que va del 2024 y 8 pacientes en estado grave. #19Feb pic.twitter.com/pXlg8mg65O

— PROVEA (@_Provea) February 19, 2024

En medio de la protesta los familiares también solicitaron alimentos. Durante la concentración se presentaron miembros del Ministerio de Salud, además de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La falta de tratamiento sigue siendo un tema que afecta la salud de los venezolanos

La ONG Convite dio a conocer la semana pasada que la escasez de medicamentos para la diabetes fue de 35,5% en diciembre, teniendo un aumento de 1,1 puntos respecto a noviembre.

A su vez, Convite realizó un seguimiento a la disponibilidad de medicinas para tratamientos de convulsiones, depresión, diarreas, hipertensión así como infecciones respiratorias algunas y afirmaron que no se consiguieron en «al menos dos establecimientos farmacéuticos de cada 10 visitados» durante diciembre.

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El boletín añade que los costos de los principios activos para controlar la hipertensión arterial, diabetes, y depresión o trastornos de la personalidad registraron un incremento significativo en enero

La escasez de medicamentos al cierre de enero de 2023 alcanzó la cifra de 31,7%, según un boletín difundido este jueves 09 de marzo por la ONG Convite.

La Organización no gubernamental, que hace un seguimiento a la disponibilidad y acceso a estos fármacos en Caracas y en 18 de los 23 estados del país, determinó que hay escasez de medicamentos y sus principios activos para tratar enfermedades como convulsiones, infecciones respiratorias agudas, depresión, diabetes, hipertensión y diarreas.

#7Mar | 💊Durante enero de 2023, el Índice de Escasez de Medicinas fue de 31.7 %.

🔸Las convulsiones, infecciones respiratorias agudas (IRAS) y depresión fueron las morbilidades con mayor porcentaje de desabastecimiento🚨 #ConviteXLaSalud pic.twitter.com/V3AcC3ZU72

— Convite A.C (@conviteac) March 8, 2023

Según Convite, las tres morbilidades con mayor escasez «continúan siendo» las convulsiones, con 39,9 %; infecciones respiratorias agudas, con 38,2 %; y la depresión, con 35,9 %.

La ONG señaló que las ciudades en las que es peor la ausencia de estos fármacos son Caracas, con 67,3 %, San Fernando de Apure con 55,5 %, y San Juan de Los Morros, estado Guárico  con 40,1 %. Mientras que las localidades mejores abastecidas son San Carlos (5,9%) y Puerto La Cruz (20,5%).

«La mayor disponibilidad en los anaqueles no se traduce en accesibilidad debido a los costos que, en la mayoría de los casos, no pueden ser pagados por los afectados», remarca la ONG, dedicada a la protección de adultos mayores.

#7Mar | 🇻🇪San Fernando de Apure reportó 84 % de escasez de medicamentos para tratar las convulsiones🚨

🔸Por otra parte, las medicinas para tratar la diarrea ofrecieron menor índice de desabastecimiento durante el primer mes del 2023. #ConviteXLaSalud pic.twitter.com/fdIuKI7gSp

— Convite A.C (@conviteac) March 8, 2023

El boletín añade que los costos de los principios activos frecuentemente buscados en el mercado farmacéutico para controlar la hipertensión arterial, diabetes, y depresión o trastornos de la personalidad, registraron un incremento significativo en enero que, en algunos casos, superó el 50 %.

Venezuela vivió años de escasez generalizada que comenzaron a cubrirse en 2019, luego de faltas de medicamentos y alimentos y superiores al 80 %, lo que dio paso a un mercado paralelo de productos con altos precios, impagables para la mayoría de la población.

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El Ministerio de Salud adjudicó contratos a empresas controladas por funcionarios del Seguro Social o allegados a otras esferas del gobierno para atender una emergencia que Daniel Ortega minimizó

CONNECTAS

Tres meses después que Nicaragua reportó el primer caso de coronavirus, el Ministerio de Salud compró de emergencia, entre junio y septiembre de 2020, más de diez millones de dólares en medicinas y materiales de reposición. 

La diligencia en la contratación fue atípica para un gobierno que ha minimizado la peligrosidad de la pandemia, convocando a manifestaciones de empleados públicos y manteniendo fronteras y escuelas abiertas.

Como reportó luego Confidencial, la acción se debía a un requisito para acceder a un financiamiento de 185,3 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta entrega de la serie #NicaraguaNoCalla encontró que, mientras las altas esferas del gobierno le restan importancia al virus y algunas instituciones, como la Policía, incluso han arrestado a vendedores informales por comercializar hojas de eucalipto como tratamiento a la enfermedad, aduciendo que “la covid-19 no existía”, personas allegadas al partido de gobierno han ganado con la contratación.

Dos empresas relacionadas con funcionarios, la Distribuidora Cruz Azul y la Universal Marketing Associates (Unimark), obtuvieron contratos por casi dos millones de dólares. Los otros ocho millones fueron adjudicados a las empresas: Bühler Pharma SA, Neoethical SA, Generic Pharma GP SA, Farmacéuticas de Nicaragua SA, Yale Healthcare, Cam International Nicaragua, Textiles Saddam International SA, Seven Pharma, Más Publicidad, Inversiones Ayatal SA, Logística Ecológica SA e Importaciones Farmacéuticas SA.

La historia de Cruz Azul y Unimark permite explicar la opacidad con la que funciona el sistema de compras públicas en Nicaragua, en la que las instituciones no explican el crecimiento de empresas, en las que participan funcionarios públicos como socios y tampoco se puede recabar información actualizada sobre los cambios de accionistas en las mismas debido a las restricciones en el Registro Mercantil, o en los juzgados donde pueden realizarse cambios en el pacto constitutivo como ocurre cuando hay un aumento de capital.

La sede de Cruz Azul, representada por un exviceministro de salud quien ahora tiene negocios con esa institución estatal, está ubicada en carretera nueva a León en Managua. Foto\CONNECTAS

Según contratos con el Ministerio de Salud, el representante ante los acuerdos de Cruz Azul es un ex viceministro de esta entidad durante este gobierno, Napoleón Antonio Ortega Balladares, quien trabajó también en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Ortega Balladares es la punta del iceberg de un entramado formado por funcionarios gubernamentales, sobre los que permanece la duda si participan en el negocio de las medicinas en su calidad personal o como representantes del INSS.

De acuerdo con información fiscal obtenida para esta investigación, la distribuidora Cruz Azul tenía hasta 2014 como accionista mayoritario (60 por ciento de las acciones) a Roberto López Gómez, actual presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Los  otros socios eran entonces Rafael Martín Rivas Ramírez (20 por ciento de las acciones), Lester Roberto Luna Raudes (19 por ciento) y Silvio Romeo Morales Parajón (uno por ciento). Rivas Ramírez es el subdirector general de Operaciones Financieras del Seguro Social, Luna Raudes es el asesor legal y Morales Parajón es el director del Hospital «La Fraternidad», una Institución Proveedora de Servicios de Salud (IPPS) en el departamento de León, al occidente de Nicaragua. 

Los datos fiscales obtenidos revelan que la representante legal de Cruz Azul hasta septiembre de 2016 era la ex ministra del Trabajo Jeannette Chávez, exdirectiva del mismo Seguro Social, donde trabajan el resto de accionistas. Sin embargo, al llamar a las oficinas de Cruz Azul, negaron que ella trabajara en el sitio e identificaron al exviceministro de Salud, Napoleón Ortega, como el representante.

Venta de medicamentos en los mercados de Managua durante los primeros meses de la pandemia. Foto\CONNECTAS

El expresidente de la Comisión de Justicia entre 2007 y 2012, el opositor José Pallais, asegura que si la participación es individual los funcionarios pueden violar la restricción que tienen de contratar con el Estado. En el caso que fuera a nombre del INSS, el cuestionamiento es otro: ¿De qué manera le resultan beneficiosas estas inversiones a esta institución, cuyas finanzas tienen un un déficit de 182,3 millones de dólares para este año y uno proyectado de 229,1 millones para 2021? 

Las dudas posibles sobre el caso de Cruz Azul no fueron aclaradas por el presidente del INSS. El asesor legal del Seguro, Luna Raudes, quien es accionista de la empresa beneficiada por el Minsa, dijo brevemente por teléfono: “¿Y por qué no llama  a la gente de Cruz Azul? los que están a cargo ahí de eso”.

Luna Raudes se negó a confirmar si se trataba de una empresa del Seguro y recomendó hablar con el presidente de la institución.

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La sombra de otra ex viceministra en negocios con el Estado

Universal Marketing Association (Unimark), la otra  empresa beneficiada con los contratos estatales durante la pandemia, fue creada en 2006 como un centro de llamadas y un año después se convirtió en una distribuidora de medicinas. Su acta constitutiva muestra que su socia fundadora es Alicia Saénz Marenco, ex vicepresidenta del INSS a inicios de este gobierno, y el señor Álvaro Saénz Galo.  

Saénz Marenco ha tenido un vínculo histórico como asesora con el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien durante décadas fue el enlace del FSLN para ver el tema de salud y seguridad social desde su cargo de presidente de la Comisión de Salud. 

Durante más de una década de funcionamiento, a Unimark se le ha señalado en los medios de Nicaragua por sus contrataciones millonarias tanto con el Ministerio de Salud y el INSS, las que sumaron cinco millones de dólares entre 2009 y 2017. Con el tiempo, la empresa ha afirmado que Saénz Marenco ya no es socia y únicamente la compañía está en manos del otro socio fundador, quien reside en Estados Unidos. Sostienen también que participan de licitaciones en las cuales hay competencia sin que medie ningún factor político. 

Unimark, un centro de llamadas fundado en 2006 por Alicia Sáenz, asesora del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, recibió contratos durante la emergencia sanitaria. Foto\CONNECTAS

CONNECTAS intentó realizar una entrevista con las autoridades de Unimark, encabezadas por su gerente Francisco Sánchez, que aceptaron recibir a un equipo periodístico. Sin embargo, ya en sus instalaciones, no aceptaron ningún cuestionamiento posterior a un temario que se les hizo llegar antes. Reiteraron su posición ante la opinión pública.

En el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae), donde se pueden encontrar información sobre contrataciones estatales y en otros casos no, se confirma que hubo siete contrataciones a Cruz Azul y Unimark entre junio y septiembre de 2020 durante la emergencia sanitaria. 

En el caso de Cruz Azul obtuvo tres contratos —la suma de los tres es 1,2 millones de dólares— y, a diferencia de su discurso en que aseguran compiten con otros empresarios, en dos de ellos no hubo licitación. El tercer contrato es el de menor valor y fue producto de una licitación para abastecer al Minsa de forma regular.

Proveyeron desde cloroquina hasta batas quirúrgicas para el abastecimiento de las unidades de salud. Lo más llamativo de estas contrataciones es que Cruz Azul en dos de ellas compró medicamentos a Laboratorios Ramos que también es propiedad del INSS.

Unimark recibió también tres contratos que ascienden a 597.508 dólares, uno de ellos tampoco fue licitado. Existe un último contrato por 14.000 dólares fue adjudicado a la empresa Innova Industrias S.A., pero el dinero fue a parar a la misma distribuidora como importador directo del producto. En este caso también hay vacíos de información. Aunque las contrataciones fueron publicitadas en el Siscae, no fueron colgados todos los contratos como sí se hace con otras empresas.

La experta en contrataciones Dayra Valle, del colectivo Transparencia Nicaragua, advierte que la modalidad de contratación simplificada que utilizó el Minsa para adjudicar parte de estos contratos, aunque es legal en situaciones de emergencia, da lugar a “que se beneficie a cierto grupo de proveedores”. En estos casos “se hace la invitación a un solo proveedor”, pero en algunos casos, como la misma se hace a través del sitio web Nicaragua Compra, se presentan varios proveedores y la adjudicación se hace por lotes.   

Aunque Nicaragua tiene una inversión per cápita de menos de sesenta centavos de dólar mensuales para compra de medicinas, el negocio de la importación de productos farmacéuticos en general movió 258,8 millones de dólares hasta agosto 2020 y con una tendencia de crecimiento durante la pandemia. 

En julio pasado el entonces presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, la principal patronal de Nicaragua, José Adán Aguerri,  denunció que el gobierno gravó con el Impuesto de Valor Agregado la importación de mascarillas, ventiladores y oxímetros, necesarios para atender a los pacientes. 

Para el exdiputado Armando Herrera, quien se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Salud entre 2012 y 2016, la forma en que procedió el Minsa para hacer las contrataciones públicas en el contexto de la pandemia “es totalmente contradictoria”. “¿Cómo es posible que a los medicamentos que usamos para atender a la covid-19 los hayan gravado con impuestos y por otro lado dejan de licitar?”, se pregunta.

Si le interesa saber más del rentable negocio de las medicinas en Nicaragua ingrese acá. 

Hubo un aumento en la importación de alimentos y farmacos por el orden de los $ 44 millones y $ 21 millones, respectivamente

La firma de consultoría Anova elaboró un informe el miércoles 20 de enero en el que si bien las sanciones impuestas por Estados Unidos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 2017 sí tuvieron impacto sobre la producción de crudo en el país, hubo un efecto positivo sobre las importaciones de alimentos y medicinas a nuestra nación, lo que permitió la existencia en los anaqueles de los insumos humanitarios básicos. Es decir, que las medidas coercitivas no perjudicaron la compra de comida y fármacos.

Anova detalla que la estrategia de sanciones sobre Pdvsa es responsable de la caída parcial de la producción petrolera en Venezuela. Al aplicarse estas medidas financieras en 2017, refiere el informe que se registró una «discontinuidad en la trayectoria» de la elaboración de crudo de unos 131 mil barriles de petróleo diarios (bpd) al momento de generarse la penalización, o un 6,2% de la producción que había en el momento.

Entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, la producción de crudo cayó 1,24 millones de bpd. En ese sentido, este mecanismo de sanciones produjo la caída en 45,2% de la producción. Por otro lado, los análisis revelan que tras la entrada en vigencia de las sanciones por parte de EEUU hubo un aumento en la importación de alimentos y comida por el orden de los $44 millones y $21 millones respectivamente.

Además, disminuyó la velocidad mensual en la caída de las importaciones de alimentos de unos $6,5 millones al mes, mientras que de medicinas hubo un efecto similar por el orden de los $5,8 millones al mes, lo que según su análisis corresponde a una estabilización en el consumo de estos productos, considerados humanitarios.

«Puede ser el caso que la asociación estadística aquí encontrada entre sanciones y disponibilidad de alimentos /medicinas no tenga carácter causal, al menos de manera directa, considerando que el inicio del evento estudiado (sanciones) coincide con otro evento que ha sido omitido del análisis: la liberalización de la economía venezolana. Se sabe que a partir del segundo semestre de 2017, el gobierno abandonó de facto sus políticas de controles de precios y de cambio, y permitió la libre importación de bienes y servicios, lo cual probablemente impactó la trayectoria observada», detalla Anova en su informe.

En la misma línea, argumentó que la flexibilización de los controles de la economía que había impuesto la administración de Nicolás Maduro pudo ser un resultado de estas sanciones.

Las medidas contra Petróleos de Venezuela son un mecanismo que el gobierno del expresidente Donald Trump utilizó para forzar la salida de Maduro del poder, argumentando siempre que no se les impedía comprar alimentos y medicinas a las autoridades venezolanas; considerando que en general buscan recursos tanto para el enriquecimiento personal como para actividades irregulares.

Sin embargo, desde el Ejecutivo se considera que en efecto, se les coarta la libertad de utilizar recursos en el extranjero para poder comprar los insumos que necesitan los ciudadanos que hacen vida en nuestra nación.

Foto: Raylí Luján 

El programa ofrece medicamentos con presentaciones en otro idioma y sin registro sanitario, algo que en otros tiempos era considerado como un ilícito farmacéutico

Desde hace un año Fefarven viene denunciando la eliminación del registro sanitario para la comercialización de medicamentos en Venezuela

@Yeannalyfermin

Francisco Lugo venía comprando religiosamente Losartán de 50mg, medicamento utilizado para tratar la presión arterial alta, en las principales cadenas de farmacias del país. Como vive en Los Teques, las restricciones que ha impuesto la cuarentena le impiden movilizarse, hacia Caracas. Un día vio por las redes sociales un anuncio de las Farmacias Móviles Comunitarias y decidió acercarse. 

Las Farmacias Móviles Comunitarias son una iniciativa del gobierno de Maduro en donde unos camiones acondicionados como una farmacia expenden medicamentos a bajos precios en 22 parroquias de la capital para que las personas no tengan que trasladarse lejos de sus casas, y así evitar la propagación del COVID-19. 

“Fui a eso de las nueve de la mañana y ya había bastante cola, me atendieron casi a las once y media. Por suerte, llevé el récipe porque aunque en otras farmacias no es necesario, en la Farmacia Móvil si me lo pidieron. En esa semana, una caja de 14 pastillas en otras droguerías la más económica que me ofrecieron era Bs. 850.000, aquí me costó 320.000 bolívares”, dijo.

Francisco Lugo afirmó que cuando vio que la medicina provenía de Turquía no quiso arriesgarse y sólo compró una caja, tanta era su duda que consultó con un compañero de trabajo que tiene descendencia árabe y este le tradujo y le confirmó que efectivamente los componentes activos del medicamento que había comprado, eran los mismos del hipertensivo que desde hace algún tiempo toma su madre. 

“Mi mamá se las tomó y no vimos ningún efecto negativo, no se sintió mal, ni diferente, ni tuvo subidas de tensión en esos días”, aseguró.

Fernando Martínez, comentó a Runrun.es que compró Omeprazol y Captopril para su madre en las Farmacias Móviles. Aseguró que ambos medicamentos son en un 50 % más económicos que en otras farmacias. 

Detalló que también ha comprado acetaminofén e ibuprofeno a precios muy económicos y que en su urbanización, ubicada en Campo Claro, Caracas, el camión pasa al menos una vez al mes. 

“Los empaques vienen en idioma persa o farsí (una lengua oficialmente hablada en Irán, Afganistán, Tayikistán y partes de Uzbekistán), no tienen registro sanitario. Yo por fuera les pongo una etiqueta o les escribo por encima el nombre con un marcador”, dijo. 

Este medicamento es Amlodipina de 5mg. Fue fabricado en Irán y es distribuido por la Farmacia Móvil Comunitaria a un precio de 236.000Bs (10 pastillas).

¿Ha adquirido medicinas a través de este servicio? ¿Cuál ha sido su experiencia? pic.twitter.com/2HGYvmCoIO

— Raylí Luján (@RayliLujan) November 10, 2020

De origen desconocido

Sobre las Farmacias Móviles Comunitarias, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos afirmó que la federación no está en contra de que la población venezolana tenga acceso a medicamentos a bajos precios, pero cuestionó que dichos medicamentos no tengan el registro sanitario que garantiza la calidad de los medicamentos que se están distribuyendo en dichos camiones. 

“No hay garantía de calidad en los productos farmacéuticos porque entraron a la cadena de comercialización sin el registro sanitario y esas equivocaciones se pagan con la vida”, afirmó Ceballos. 

El presidente de Fefarven indicó que las Farmacias Móviles también violan la ley al ofrecer medicamentos en otro idioma. “Llegan medicamentos en otro idioma a la red de hospitales y muchos no saben porque vienen en ruso o en iraní y la ley establece que deben venir en castellano”.

Una denuncia que nadie escucha 

Desde hace más de un año, el presidente de Fefarven viene denunciando la eliminación del registro sanitario para la importación y comercialización de medicamentos en Venezuela. 

«El mayor fraude farmacéutico cometido a los venezolanos fue la eliminación del registro sanitario, pues impide comprobar que los medicamentos sean seguros, eficaces y de calidad. Se ha pisoteado la ley de medicamentos, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR) que es el ente encargado, no realiza las pruebas pertinentes, dependemos de un registro sanitario que es de afuera”, dijo Ceballos en entrevista para RunRun.es.

Ceballos aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro, basándose en la declaración del estado de Excepción de emergencia económica en todo el territorio nacional, entregó la soberanía sanitaria del país. 

El pasado 4 de abril de 2019, en Gaceta Oficial No. 41.610, el Ministerio del Poder Popular para la Salud estableció “régimen especial, de carácter transitorio, a través de la implementación de medidas dirigidas a las empresas farmacéuticas no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, para la importación y comercialización de productos farmacéuticos no registrados en el país, ni aprobados como medicamentos de servicio en el territorio nacional”.

Freddy Ceballos explicó que para dar cumplimiento a dicho procedimiento se otorgó un Permiso Sanitario Especial para Importación y Comercialización a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) para que los productos ingresaran legalmente a la cadena de comercialización en un tiempo máximo de cinco días hábiles, para un proceso meramente administrativo, pero saltándose todos los protocolos y garantías técnicas y científicas establecidas en la ley.

«Con esto se han obviado los estándares regulatorios que se han alcanzado en Venezuela. Todo medicamento que llegue al país, las muestras deben ser remitidas al Instituto Nacional de Higiene para la correspondiente revisión de lote y eso no se está haciendo», dijo el presidente de Fefarven. 

Un salto al abismo

Freddy Ceballos afirmó que el grave problema del registro sanitario sumado a la crisis económica que atraviesa Venezuela hacen el caldo de cultivo perfecto para la penetración de los ilícitos farmacéuticos. 

«Si el gobierno en su equivocación en las políticas sanitarias no busca subsanar el problema, los medicamentos sin registros inundarán las cadenas de comercialización», dijo. 

Ceballos aseguró que la consecuencia principal de la eliminación del registro sanitario es la muerte. «No hay garantía en la calidad de los medicamentos y eso se paga con la vida», dijo.

El farmacéutico explicó que no es nada fácil distinguir entre un ilícito y un medicamento legal. «Cuando son falsificaciones o adulteraciones es muy difícil, casi imposible poder distinguir. Para ello, lo más recomendable es comprar los productos en cadenas de farmacias reconocidas y evitar comprarlas en establecimientos no autorizados o por internet». 

La ley no entra por casa

Freddy Ceballos reiteró que 10% del mercado farmacéutico mundial son ilícitos, a pesar de la gran lucha que llevan a cabo todos los países. Sin embargo, cuestionó que sea el Gobierno quien facilite y prácticamente legalice la comercialización de medicinas sin el debido registro. «Es impresionante como venden medicamentos sin ningún control por internet, en el Mercado Las Pulgas, en el estado Zulia, en la Redoma de Petare y hasta en lugares más sofisticados como los bodegones», dijo. 

El Ministerio de Salud es el ente que por ley debe garantizar que los medicamentos sean dispensados cumpliendo todas las normas sanitarias y esto solo se logra a través del Registro Sanitario que sólo otorga el INHRR, explicó Freddy Ceballos, y al mismo tiempo exhortó al ente a revertir la situación y a que haga cumplir las normas establecidas en la ley del medicamento.

Ceballos rechazó que con la entrega de la autonomía farmacéutica a otros países se esté ahogando a la industria nacional que sí cumple con los protocolos y las normas establecidas. “Más del 95 % de los insumos de la industria farmacéutica que circulan en Venezuela, son importados”, aseguró.

El presidente de Fefarven exigió al ministro de Salud, Carlos Alvarado, que pida a los importadores de medicamentos la entrega del registro sanitario porque, subrayó, es la garantía verdadera.

“Si quieres surtir al país de medicamentos, tienes que buscar un punto de equilibrio. Obliga a esa persona que le diste el permiso a que haga el registro sanitario para garantizar la calidad y seguridad del producto», dijo.

El presidente de Fefarven insistió en que “ la garantía verdadera de un medicamento es el registro sanitario”. Recomendó a todos los venezolanos que eviten comprar medicinas en lugares que no sean farmacias y mucho menos por redes sociales. 

La inflación del rubro de salud, que incluye precios de medicamentos y costos de servicios médicos, fue de 436% en el primer semestre de 2020

Desde mediados de marzo, la pandemia y la cuarentena trajeron consigo la escasez de medicinas. Eso lo sabe Juan Hernández, quien dejó de conseguir los productos para la memoria que toman su hermana y cuñado hasta que en junio pasado por fin los halló, pero a un valor que se había disparado: de los 810.000 bolívares que costaba tres meses atrás una caja de Memantina de 30 pastillas, equivalente a unos 11 dólares al cambio de ese momento, pasó al precio de seis millones de bolívares ($30), un alza de más de 740%.

“Los medicamentos para el Alzheimer siempre fueron costosos, pero el aumento en dólares ha sido exagerado”, señala Hernández, a quien no le queda duda de que la demencia senil se ha disparado en el país ante la imposibilidad de muchos pensionados de poder pagar esos precios.

Según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), la inflación del rubro de salud, que incluye precios de medicamentos y costos de servicios médicos, fue de 436% en el primer semestre de 2020.

La alta hiperinflación que registra Venezuela no solo aleja del alcance de los venezolanos los alimentos, también las medicinas, principalmente aquellas que son para patologías crónicas como neurológicas, hipertensión arterial, diabetes, cardiovascular y Parkinson.

Más información en TalCual.

Cuatro países europeos han tenido que desechar millones de insumos (kits de prueba rápida y mascarillas) provenientes de China

En medio de la emergencia por la expansión del coronavirus, un escándalo ha explotado en Europa luego que se detectase que empresas chinas enviaron insumos para prevención y diagnóstico de la enfermedad defectuosos, lo que ha hecho a muchos países preguntarse por la calidad de los materiales salidos de aquel país.

La situación llevó al gobierno chino a imponer a las empresas fabricantes de material sanitario del país la prohibición de exportar productos que carezcan de un certificado de calidad previo, de acuerdo a informaciones del diario El Mundo de Madrid.

Un reportaje de BBC Mundo señala que los problemas se han detectados en al menos cuatro países europeos, por lo que cabe preguntase por la calidad de los insumos que la nación asiática ha enviado a Venezuela, y que constituyen el grueso de los pocos insumos que el país ha recibido para la contención y atención de la contagiosa enfermedad.

De acuerdo con el reportaje de la corporación informativa británica, a medida que la pandemia se iba expandiendo por el viejo continente, algunos gobiernos recurrieron a China para conseguir productos sanitarios básicos, que luego han tenido que desechar o devolver por problemas de fiabilidad.

España, Turquía y República Checa recibieron decenas de miles de kits de diagnóstico rápido que desecharon por inservibles, mientras que Holanda tuvo que retirar rápidamente miles de mascarillas que distribuyó entre personal de sanidad porque no protegían contra el virus.

El gobierno de China asegura que investiga el origen de los productos, mientras que una de las firmas señaladas en el caso de las pruebas rápidas, dice que todo fue por mal uso de sus productos.

Pruebas defectuosas en España

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social español ya había distribuido a finales de marzo unos 8.000 kits de diagnóstico rápido del SARS-CoV-2, cuando se supo que no eran confiables.

Los test solo tenían una sensibilidad de 30%, cuando los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud indican que deben tener 80%.

El gobierno español hizo la compra de 640.000 kits a un proveedor certificado local que a su vez adquirió los productos a la empresa china Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ubicada en la provincia de Cantón.

En su defensa, la empresa china indicó que los problemas denunciados en realidad pueden deberse a la recolección incorrecta de muestras o al uso incorrecto del producto, pero la embajada china en España indicó en un mensaje en Twitter que la fábrica señalada no tenía una licencia oficial de las autoridades médicas chinas para vender sus productos.

Insumos devueltos por Turquía

Turquía también informó que algunos kits de prueba rápida, fabricados por la misma compañía china, no eran lo suficientemente precisos para el diagnóstico de la enfermedad.

El lote ordenado era de unos 350.000, pero el gobierno turco señaló que primero les realizó pruebas antes de enviarlos a los servicios médicos. «Los hemos probado y no funcionan», dijo Ates Kara, del Ministerio de Salud turco a CNN Turk.

Kara explicó que Turquía es uno de los pocos países del mundo que produce sus propias pruebas de covid-19. Pero tuvo que adquirir miles de kits luego de que la semana pasada envió a Estados Unidos medio millón de su propia producción.

Mascarillas defectuosas en Países Bajos

El pasado sábado, el Ministerio de Salud de Países Bajos anunció el retiro de 600.000 máscaras llegadas de un fabricante chino el 21 de marzo. Funcionarios dijeron que las máscaras no encajaban en la cara y que sus filtros no funcionaban como deberían hacerlo, a pesar de que tenían un certificado de calidad N95.

«El resto del envío quedó inmediatamente en pausa y no se ha distribuido», señala un comunicado del Ministerio de Salud. «Ahora se ha decidido no utilizar ninguno de estos productos recibidos».

Alarma en República Checa

Una alarma entre la población en República Checa se inició luego de que medios de comunicación locales reportaron que hasta 80% de los kits de diagnóstico rápido enviados desde China tenían problemas.

Sin embargo, el viceministro de Salud, Roman Prymula, rechazó que ese porcentaje fuera real. El gobierno había recibido alrededor de 150.000 kits.

El vice primer ministro y ministro del Interior, Jan Hamacek, minimizó los señalamientos de defectos, los que atribuyó a una posible metodología incorrecta de uso. Aun así, el país decidió continuar empleando solo pruebas de laboratorio convencionales, unas 900 por día.

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Industria farmacéutica en Venezuela trabaja al 30 % de su capacidad

El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), Tito López, aseguró que en Venezuela los medicamentos resultan más costosos que en otros países por el bajo poder adquisitivo que hay en la nación así como también, por la ausencia de políticas públicas.

López señaló que hay medicinas en el país que tienen un costo menor en el que se encuentran en mercados internacional pero aún así a muchas personas se les hace cuesta arriba adquirirlos debido a que el sistema económico del país no le da capacidades a la ciudadanía.

Tito López aseveró que al problema se suma la falta de políticas públicas, un sistema que no ofrece la posibilidad de adquirir divisas, el anclaje legal y las importaciones. A su juicio, “todo esto afecta mucho al sector” farmacéutico.

También se refirió a la utilización del petro como método transaccional con los proveedores internacionales. Al respecto, aseguró que hasta el momento las transacciones han sido canceladas en divisas como el dólar o el euro.

López precisó que actualmente la industria farmacéutica nacional sigue trabajando entre 25 y 30 % de su capacidad operativa. «No tenemos el mismo mix de productos, nos hemos tenido que focalizar, aparte de los mas importantes, de los que conseguimos insumos para fabricar», dijo.