Medidas fiscales entran poco a poco en el ruedo
A lo largo de 2014, muchos analistas internacionales advirtieron sobre el fin del ciclo alcista de las materias primas.
Ante este escenario, voceros oficiales en materia económica apuntaron que el presupuesto 2015 sería construido sobre la base de supuestos “prudentes”.
Pero, el presidente Nicolás Maduro prometió enfáticamente que el gasto social y los proyectos de inversión pública no corrían peligro.
No obstante, la caída de los precios petroleros ha sido más fuerte de lo que se presagiaba. Por lo que el Mandatario nacional, reconoció que su Gobierno se ha visto “obligado a revisar todos los planes de inversión… ( ) Todos los días estamos perfeccionando los planes para proteger a la patria”, dijo, al tiempo que, dio respaldo al gasto social.
Empresas de análisis económico, como Ecoanalítica, señalaron que el Gobierno tendrá que financiar un déficit fiscal de entre $16.000 y $22.000 millones, según se presente el escenario petrolero en lo que resta del ejercicio.
Además, el entorno económico venezolano venía presentando problemas propios, anteriores al descenso de las cotizaciones del crudo. El primero es la alta y persistente inflación que, en 2013, cerró en 56 % y el año pasado subió a 64 % -estimación del Banco Central de Venezuela.
Junto con el aumento indetenible y voraz de los precios, se profundizó el fenómeno de escasez de bienes esenciales, sobre el que no existen estadísticas oficiales, pero, para citar solo un caso, la Cámara Venezolana de Farmacias advirtió sobre un indicador de desabastecimiento cercano a 70 %, al cierre de 2014.
Inclusive, la economía venía dando señales claras de desaceleración desde finales de 2012. En 2013, el crecimiento del PIB apenas superó 1 % y, en 2014, los tres primeros trimestres del año concluyeron con una contracción de 4 %.
El jefe de Estado señaló que las causas de estos problemas son básicamente dos: las protestas violentas de principios de 2014, las cuales habrían causado problemas graves en las cadenas de suministro y la “guerra económica” de sectores no siempre claramente identificados, que propician el contrabando y el acaparamiento para “desestabilizar” al Gobierno.
Maduro ha insistido en que el evidente deterioro del cuadro económico del país es completamente inducido, mientras tanto las presiones inflacionarias y su correlato devaluacionista de la moneda nacional fueron en aumento.
El diferencial entre los tipos de cambio oficiales y el denominado dólar “paralelo” ha llegado a niveles inéditos y diversos economistas, incluyendo algunos afines al Gobierno, señalan que es hora de revisar para modificar el régimen cambiario controlado, vigente desde 2003, en función de ir a un modelo que facilite el acceso a las divisas.
El sistema de tres tipos de cambio ha fallado en satisfacer oportunamente la demanda de divisas, al extremo que, por ejemplo, Conindustria reitera que el retraso promedio en la liquidación de los dólares autorizados pasa de los 200 días; el Sicad I no hace subastas regulares desde octubre de 2014 y la oferta del Sicad II bajó de un promedio diario de $43 millones en abril pasado a una media de apenas $18 millones en diciembre.
Diversos sectores económicos reivindican compromisos de liquidación de divisas que, según los cálculos de Ecoanalítica, siguen superando los $20.000 millones.
Lo dicho y lo hecho
El presidente Nicolás Maduro en distintas comparecencias públicas ha dicho que el Gobierno tiene una hoja de ruta clara para enfrentar estos problemas, al tiempo que ha desestimado la existencia de una crisis real.
Sin embargo, los trazos fundamentales de esta estrategia no han sido revelados en detalle y solo se han tomado medidas puntuales que simplemente intentan mejorar la situación fiscal. (El Mundo)
Familias pernoctaron en mercados para comprar comida
Desde las 7 de la noche del viernes, personas de distintos lugares pernoctaron en las inmediaciones de la plaza Andrés Bello. ¿El motivo? Comprar alimentos de la cesta básica en un operativo a cielo abierto que organizó el Ministerio de Alimentación.
Llevar a casa arroz, harina de maíz, leche, aceite, azúcar, carne, pollo o cualquier otro alimento fue una experiencia que duró como mínimo 12 horas de cola. En un recorrido por el lugar, personas que eran atendidas al mediodía tenían marcado en el brazo los números 148, 150, 151, 152. Con temor e indignación, pero con la necesidad de comprar comida, llegaron al lugar desde el día anterior. «Por muy chavista que sea, esto no es justo», dijo una consumidora en fila. En su caso, duró 17 horas en cola.
Consciente de la situación, el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, exhortó a la población a mantener la calma. Señaló que las colas registradas en los últimos días en supermercados y operativos gubernamentales evidencian que hay suficientes alimentos para atender a la población. «¿Se molestan por las colas? Claro que se tienen que molestar, pero ¿cómo atendemos cuatro mil personas simultáneamente? No queda otra alternativa que hacer colas. Le hacemos el llamado a la gente: quédense tranquilos, que aquí hay comida para todos», manifestó.
El funcionario manifestó que hay más de 600 toneladas en las redes de comercialización del Estado para atender la demanda e indicó que se revisará la situación de los privados.
En promedio, las personas tenían entre 1.000 y 2.000 bolívares en efectivo destinados para la adquisición de productos. Era la única forma de pago. Para realizar la compra debían entregar primero la Cédula de Identidad laminada y registrarse en el sistema.
La venta era racionada. Solo estaba permitida la compra de dos artículos de un mismo rubro por persona. La situación causó malestar entre quienes estaban en cola desde la madrugada. El deseo era que todo volviese a la normalidad «y todos podamos tener los anaqueles del supermercado como debe ser», aseguró una consultada.
«No es que el pueblo se quiera alzar, es que es un abuso», gritó a su vez otra persona, visiblemente molesta. Otras pedían a las autoridades que «suplan más y provean más para el pueblo, eso es el llamado que hago, porque los niños sobre todo necesitan el producto (leche)».
Según cifras del Ministerio de Alimentación, durante la jornada de mercados a «cielo abierto» en todo el país se distribuyeron 120 toneladas de alimentos, beneficiando a más de 1.500 familias. (El Universal)
Leche líquida continúa desaparecida de los anaqueles
El litro de leche pasteurizada y de larga duración continúa escaseando en los supermercados y panaderías, irregularidad que mantiene a la expectativa a comerciantes que hacen vida en los diferentes municipios de la entidad aragüeña, quienes aseguran que sólo reciben de 15 a 30 litros, los cuales no permite satisfacer la demanda del consumidor. Así lo publica elperiodiquito.com
La ausencia de la leche líquida en las neveras y anaqueles de supermercados y panaderías, hace presumir que ha mermado considerablemente la producción y abastecimiento del producto en ambas presentaciones.
Ante la poca distribución, encargados de panaderías prefieren dejar el producto solo para ser utilizado en la preparación del café con leche, así como en la fabricación de panes, tortas, entre otros dulces que requieren de la inclusión de la leche líquida.
Desde que se están reportando fallas en la distribución de la leche, tanto vendedores como consumidores han optado por comprarla a precios elevadísimos, a fin de obtener el producto, el cual es indispensable para la alimentación. (La Patilla)
Gobierno vendió en mercados 120 toneladas de alimentos
Las largas colas de personas en búsqueda de productos de la cesta básica continuaron ayer en diferentes establecimientos y operativos de venta de alimentos organizados por el Gobierno nacional.
Ni la lluvia sobre Caracas, ni la inseguridad, fue impedimento para que algunos pernoctaran desde el día anterior frente a los puntos de venta. En una visita que realizó El Universal en la plaza Andrés Bello, donde se instaló un mercado a cielo abierto del Ministerio de Alimentación, varios consultados hicieron cola desde las 7:00 de la noche del viernes. Todos tenían la misma necesidad: comprar arroz, pasta, leche, harina de maíz, aceite, pollo, carne, entre otros productos, con problemas de abastecimiento en el mercado. La venta estaba condicionada a dos artículos por rubro. Estaba prohibida la venta a menores de edad y solo se aceptaba efectivo como forma de pago.
El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, dijo que en la jornada de mercados a «cielo abierto» en todo el país se distribuyeron 120 toneladas de alimentos, beneficiando a más de 1.500 familias. Detalló que atendieron a miles de personas en la plaza Andrés Bello , en abastos Bicentenario , así como en Makro, Unicasa y Central Madeirense.
Osorio exhortó a la población a mantener «calma» y evitar caer en «compras nerviosas» y «desaforadas», producto de una supuesta campaña de que en el país no hay comida. Apuntó que en las redes del Estado hay más de 600 toneladas de alimentos, para atender en los próximos meses. También se van a revisar los inventarios en las cadenas privadas, así como los canales de distribución para identificar los problemas existentes.
Pero los consumidores aseguran que la situación va más allá de cualquier campaña. Atribuyen el problema a fallas en el abastecimiento. «No he conseguido pollo, no he conseguido leche, azúcar, por eso estoy aquí», manifestó una señora de San Antonio de los Altos.
Colas injustas
Los consultados en la plaza Andrés Bello consideraron injustas las largas colas para adquirir comida. «Por muy chavista que sea, esto no es justo», dijo una consumidora en fila. Y así era la expresión de varios.
El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria explicó que es imposible atender a miles de personas de manera simultánea. «¿Se molestan por las colas? Claro que se tienen que molestar pero ¿cómo atendemos a cuatro mil personas simultáneamente? No queda otra alternativa que hacer colas. Nada más le hacemos el llamado a la gente: quédense tranquilos, que aquí hay comida para todos. Aquí no va hacer falta el pollo, carne, la leche», sostuvo el funcionario.
La venta racionada también disgusta a consumidores. «Por lo menos, dos paquetes de arroz para ocho personas no alcanza para una semana», apuntaron los consultados.
«No es que el pueblo se quiera alzar, es que es un abuso», indicó otra consumidora. Propuso al Gobierno «abastecer los anaqueles full, como antes, y que cada quien, sin hacer colas, compre lo que quiera con sus reales y donde le dé la gana». (El Universal)
Estudiantes deben verificar divisas ante Cencoex a partir de este lunes
A partir de este lunes y hasta el 16 de enero los estudiantes que fueron convocados a través de un listado deben acudir a la sede del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) para la verificación del uso de las divisas.
El listado hace llamado a estudiantes que realizaron cursos entre el primero de enero de 2012 al 31 de marzo de 2014, precisando una serie de requisitos que deben ser presentados ante la sede del organismo en Caracas.
Sin embargo, el Cencoex envió durante las últimas semanas de diciembre -vía correo eléctrónico- a los convocados nuevos requisitos que deben ser presentados durante esos días, según constató este diario.
Estos documentos son:
-Pasaporte donde se evidencien las salidas y entradas a Venezuela para el período de estudio realizados.
-Facturas(s) de gasto por seguro médico estudiantil.
-Copias(s) de mensajes(s) Swift recibido(s).
Estos requisitos se deben sumar a los que exigió Cencoex en el listado.
-Original y copia de cédula de identidad; así como un documento emitido por la institución académica que certifique el curso realizado (título, certificado o comprobante).
-Aquellos estudiantes que, por alguna razón, no culminaron la actividad educativa también deberán consignar: soporte del reintegro respectivo del curso y una carta explicativa que justifique el motivo por el cual no concluyó los estudios correspondientes o cualquier otro documento que demuestre el “correcto uso” de las divisas, si corresponde el caso.
-Estos documentos deben presentarse en una carpeta «tipo fibra» tamaño oficio con gancho N° 22, identificada con una etiqueta que va en la parte central de la misma, con apellidos y nombres, número de cédula y números de las solicitudes asociadas.
– Los convocados acudir personalmente o a través de su apoderado a la sede administrativa de Cencoex, ubicada en en la Avenida. Leonardo Da Vinci, antigua sede de Pdvsa Los Chaguaramos (Caracas), en el horario comprendido de 8:30 am a 3:30 pm.
-Las personas que no asistan en los días fijados sus expedientes serán remitidos al Ministerio de Finanzas para las sanciones «en materia cambiaria», según lo establecido en la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos. (El Mundo)
Las 247 sancionadas de los dólares Cadivi
Ese fue el número de empresas sancionadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex, en una auditoría masiva que realizó entre julio y octubre pasado para verificar el uso de las divisas liquidadas para las importaciones correspondientes al período 2011-2014. El proceso ha sido el más visible que ha adelantado el organismo gubernamental –cuya directiva encabezada por Alejandro Fleming fue reemplazada hace una semana entre críticas oficiales por su desempeño– para investigar la actuación de su antecesora, la Comisión Nacional de Administración de Divisas, Cadivi, que durante una década fue la principal responsable del control cambiario impuesto en Venezuela desde 2003. El sistema del que la institución formó parte se convirtió en el centro de uno de los mayores casos de corrupción de la historia nacional: el desvío en 3 años de más de 25 millardos dólares a “empresas de maletín” relacionadas con ilícitos, como lo han reconocido voceros del gobierno entre los que destacó Jorge Giordani, que fue ministro de Planificación y Finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.
Cencoex sustituyó a Cadivi –cuya eliminación anunció el presidente el 15 de enero de 2014– con la misión de dar un giro de pulcritud en la gestión de las divisas, pero hasta la fecha ha sido mucho más lo que ha mantenido en secreto que lo que ha informado sobre las averiguaciones relativas al desempeño de la eliminada institución, lo que ha levantado escepticismo sobre si el proceso involucró a todas las empresas vinculadas con mal uso de los fondos o si permitirá la identificación de responsabilidades en el gobierno. Las compañías que fueron penalizadas –casi la quinta parte de las 1.062 convocadas– recibieron castigos por evadir el llamado a informar sobre sus actividades, según información oficial publicada de manera fragmentada en listas parciales que se difundieron por 14 semanas. En ellas solo se informó sobre los nombres y números de RIF (Registros de Información Fiscal) de las firmas. Nada se ha explicado, por ejemplo, sobre los fines para los que les liquidaron los recursos; dónde están domiciliadas, cuánto dinero recibieron o por qué fueron llamadas esas sociedades y no otras.
El Nacional elaboró un perfil general de las empresas sancionadas con la información pública que pudo reunir con respecto a los negocios a los que se dedican, a la ubicación geográfica que tienen, a la trayectoria cambiaria que acumularon y a las actividades que desempeñaron como contratistas del Estado. La evaluación reveló datos básicos acerca de las pesquisas sobre los que aún pesa silencio oficial en el caso del multimillonario desvío que hoy adquiere nueva relevancia por el desabastecimiento de productos básicos –desde leche hasta vitaminas para mujeres embarazadas– con la caída de más de 40% de los precios del petróleo, cuya venta genera 9,6 de cada 10 dólares que ingresan a la economía. El contexto ha obligado a Maduro a buscar fondos dentro y fuera del país para prevenir un naufragio socialista en un oleaje de anaqueles vacíos.
Áreas sensibles. La información contenida en el portal del Seniat, en el Registro Nacional de Contratistas que puede consultarse en línea, en directorios abiertos en Internet y en bases de datos sobre comercio internacional como Import Genius permitió establecer que aproximadamente 40% de las empresas sancionadas trabajan o han hecho como mínimo una importación de bienes relacionados con áreas prioritarias de la economía como la producción agropecuaria –lo que incluye maquinarias e insumos–; el procesamiento y venta de alimentos, la distribución de equipos y materiales médicos y la comercialización de aparatos para el parque industrial. A 10% de las firmas se les pudo relacionar con adquisiciones de productos químicos orgánicos e inorgánicos que tienen utilidades diversas, aunque con frecuencia se usan para el sector agrícola, el alimenticio y el de la salud. “Áreas como esas fueron priorizadas con las tasas de cambio preferenciales”, dice el economista Francisco Faraco cuando se le consulta sobre el hallazgo. “No tengo información sobre responsabilidades de empresas, pero uno no deja de preguntarse por qué faltan tantos productos esenciales”.
Una de las sancionadas, por ejemplo, ya era conocida: Tecnoavícola. La compañía fue acusada de importar chatarra en lugar de maquinaria agropecuaria. El señalamiento lo hizo en febrero de 2013 Néstor Reverol, entonces ministro de Relaciones Interiores. La firma recibió aprobaciones de 1,7 millones de dólares en 2012, según datos oficiales. Un detalle salta a la vista: la convocatoria a la rendición de cuentas ocurrió casi año y medio después de las declaraciones de Reverol, lo que genera dudas acerca de cómo el gobierno adelanta las investigaciones. “Se sabe muy poco sobre los resultados y sobre quiénes han sido castigados. Debería hacerse una averiguación que no abarque solo unos pocos años, sino que tenga más alcance. Ha ocurrido un saqueo en el país”, afirma Faraco.
Otro grupo de empresas con actividad en los campos automotriz, textil, del calzado, de la construcción, del transporte, de la comercialización de enseres y aparatos domésticos y de la prestación de otros servicios representó, en conjunto, aproximadamente 25% de las penalizadas. No fue posible establecer para este trabajo el tipo de actividades de las demás sancionadas. Una pista sí puede señalarse sobre ellas: un ciudadano común con una computadora y conexión a Internet seguramente no será capaz de hallar más referencias locales sobre esas compañías que las que circularon a partir de julio pasado cuando Cencoex difundió las listas con las razones sociales y registros fiscales de las convocadas al operativo. “No podemos dar sino hipótesis sobre las empresas que fueron llamadas y las que fueron castigadas. Es posible que haya firmas creadas para defraudar al sistema y también las que cumplieron sus obligaciones legales. Incluso puede haber firmas pequeñas que fueron creadas por otras más grandes para acceder a las divisas”, señala el economista Juan Socías del Grupo Soluciones. “No estoy seguro de si el Cencoex tiene capacidad para procesar toda la información que recibió en esa rendición de cuentas”.
A las firmas cuyos representantes no atendieron el llamado se les prohibió hacer nuevas solicitudes de divisas y sus expedientes fueron remitidos al Ministerio Público ante la presunción de que la no comparecencia estuvo asociada con la comisión de hechos punibles. Hasta el presente no se ha informado si las empresas apelaron el castigo, justificaron sus ausencias o si el Cencoex encontró elementos para enviar a la Fiscalía los casos de compañías que sí respondieron a la convocatoria. El despacho de Luisa Ortega Díaz tampoco ha dado explicaciones sobre los progresos en la investigación de las firmas que no se presentaron a la auditoría masiva. Hay 14 empresas sancionadas en el operativo que ya eran objeto de averiguaciones penales por parte del Ministerio Público, según información difundida por la institución en agosto pasado.
Desempeño desconocido. Solo hay información pública disponible sobre la trayectoria cambiaria de 76 de las firmas sancionadas: 30%. Nada más ellas aparecen en la última lista que publicó Cadivi con las compañías a las que se les aprobaron divisas entre 2004 y 2012. Esas empresas recibieron asignaciones de más de 500 millones de dólares en el período: aproximadamente 57,7 millones de dólares fueron autorizados en el último año, el cual fue sometido a averiguación por parte del Cencoex. No es posible establecer los montos que el gobierno liquidó a las otras 171 firmas castigadas. Tampoco se sabe cuándo exactamente les entregó la moneda extranjera. La eliminada comisión cambiaria no difundió los nombres de las empresas beneficiadas con autorizaciones de divisas en 2013 y el gobierno no ha subsanado ese vacío hasta el presente, como tampoco ha publicado listas históricas de firmas usuarias de mecanismos como el Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos usado entre los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América). Ninguna de las 247 sancionadas aparece entre las personas jurídicas que han hecho importaciones en 2014: la tabla ha sido periódicamente actualizada por el Cencoex con datos cuya secuencia se inicia en enero pasado.
La Importadora Mi Gran Sacrificio 2050, por ejemplo, es una de las empresas penalizadas que no está entre los receptores de divisas del período 2004-2012 por lo que se desconoce qué monto le fue liquidado. También forma parte de las que son investigadas por el Ministerio Público. Fue fundada en junio de 2011 con un inventario de 2 sillas, 2 escritorios y 1 computadora equivalentes a un capital de 10.000 bolívares –o 2.325 dólares al tipo de cambio de la época– que hasta el presente no ha sido incrementado. La crearon Manuel Graterol y Mervin Portillo, quienes luego la vendieron en noviembre de 2012 a Yosef Gómez, entonces de 29 años de edad. La sede que se declara en el expediente está localizada en el Centro Comercial Santa Bárbara, un pequeño edificio de dos pisos de Cúa, Miranda, que alberga principalmente peluquerías y cibercafés. El Nacional visitó la oficina, que está en la segunda planta, en diciembre: tenía las puertas cerradas y a través de las ventanas no se observó siquiera mobiliario. Estaba desocupada. Las actas confirman que en 2013 la importadora tenía un empleado. En el lugar se dejó una comunicación con una solicitud de entrevista para este trabajo. Nada en el documento mercantil hace ver que el domicilio fue cambiado. “No es usted el primero que viene, ya han venido funcionarios a preguntar por la empresa”, afirmó un inquilino.
Los analistas no descartan la posibilidad de que entre las penalizadas por no rendir cuentas en 2014 existan empresas que recibieron liquidaciones por primera vez en 2013. “Es posible que eso haya ocurrido, pero la opacidad sobre los datos no permite concluirlo” refiere Socías. Ese año Cadivi tuvo tres presidentes: Manuel Barroso –coronel del Ejército que durante siete años estuvo al frente del organismo y después fue reemplazado en marzo antes de la elección de Maduro–; Eudomar Tovar –para el momento había encabezado el Banco de Venezuela y era el representante nacional ante el Sucre–; y José Khan –ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y ex presidente de la Corporación Venezolana de Guayana–. Fleming presidía el Cencoex –constituido en noviembre de 2013– cuando fue designado también al frente de Cadivi en enero de 2014. Cuatro meses más tarde le encomendaron la junta que liquidó la comisión. Ninguno de los cuatro funcionarios ha sido mencionado entre los investigados por el caso.
Localización concentrada. La mayoría de las compañías sancionadas –154 equivalentes a 62%– se encuentran domiciliadas o registradas en 5 áreas: el Distrito Capital y los estados Táchira, Nueva Esparta, Lara y Yaracuy. Las 2 últimas entidades, vecinas del occidente venezolano, concentran, si se consideran como bloque, la mayor cantidad: 35 se identificaron en territorio larense y 21 en el yaracuyano. Casi 70% de esas pudieron ser relacionadas con actividades en los rubros agropecuario, alimenticio y químico, pero un dato no puede obviarse: 35% del total fueron bautizadas con la palabra “importadora” en su razón social. Es decir: los nombres comerciales sugieren que no se dedicaban a actividades productivas sino a la “economía de puertos” favorecida por el tipo de cambio del régimen de control de divisas. Un grupo de 4 firmas larenses –Quimifeds, Quimipol, Alimentos Los Girasoles y Agroimport 88– tiene como representantes a Carlos, Valdemar, Enrique y Martha Burlando, según el Registro Nacional de Contratistas. Un hombre llamado Diego Burlando fue detenido el año pasado por la Guardia Nacional por investigaciones sobre la supuesta creación de empresas de maletín. Se llamó a las compañías por los teléfonos presentados en la información oficial para verificar si están relacionados entre sí. En tres de ellos nadie contestó y en el cuarto afirmaron que se trataba de un número equivocado, a pesar de que en la llamada previa un interlocutor había confirmado que era correcto y que el solicitado no estaba.
La capital de la República (46) y los territorios tachirense (30) y neoespartano (22) reúnen la mayor cantidad de empresas fuera del eje Lara-Yaracuy. Más de un tercio de las compañías en esos estados también están vinculadas con alimentos, producción agropecuaria y salud. Sin embargo, las localizadas en Nueva Esparta tienen una singularidad: la quinta parte se relaciona con los negocios de ventas al por mayor de textiles, piezas de vestir y calzados. La ubicación geográfica de un grupo de 12 castigadas no se identificó.
Negocios públicos. Hay 46 empresas que están inscritas en el Registro Nacional de Contratistas. La ficha de la mayoría de ellas aparece con una nota en la que se informa sobre su suspensión del sistema en virtud de las sanciones impuestas por el Cencoex a raíz del operativo de verificación. Del grupo, solo 14 compañías establecieron negocios con entes estatales. La mayoría de los clientes fueron empresas o dependencias adscritas al gobierno nacional. El más importante contratista fue Petróleos de Venezuela, seguido del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de ministerios como el de Turismo, Energía y Petróleo, Agricultura y Tierras, Comunicación, Educación y Economía Popular (hoy Comunas). El Nacional documentó un total de 60 contrataciones de las cuales 70% estuvieron relacionadas con las áreas de construcción y suministro de repuestos automotores y vehículos. Las empresas Ingeoconsulta de Venezuela, Distribuidora Reifen 2010, Representaciones y Proyectos MB 15 y Nedlelab estuvieron entre los principales proveedores. La mayoría de los contratos se desarrollaron entre 2005 y 2010, aunque sobre 8 de ellos no hay información acerca de cuándo tuvieron lugar.
Las 32 empresas restantes –en cuyos registros no se informa sobre contrataciones con organismos estatales– tienen semejanzas y diferencias con las anteriores. Si no se describen a sí mismas como proveedores de servicios de obras civiles y mantenimiento, lo hacen principalmente como compañías agropecuarias, de alimentación y de equipos de salud. El caso Cadivi sigue abierto.
Petición sin respuesta
El Nacional entregó una comunicación escrita en la sede de Cencoex el 17 de diciembre. En ella se presentó una solicitud de información dirigida a Alejandro Fleming, entonces presidente de la institución, con preguntas sobre el proceso de auditoría de divisas que desarrolló el organismo entre julio y octubre de 2014.
En ella se consultaba, entre otros puntos, cuáles habían sido los criterios de selección de las empresas convocadas, si las compañías sancionadas habían presentado apelaciones de los castigos, cuánto dinero se entregó a las penalizadas y qué tipo de bienes importaron con los fondos aprobados por el gobierno.
Los interrogantes no fueron contestados para el cierre de esta edición y son asunto pendiente para la opinión pública, que más allá de los nombres y números de RIF de las empresas sancionadas no ha recibido información oficial consolidada sobre las implicaciones de la rendición de cuentas como parte de las investigaciones sobre los ilícitos cambiarios cometidos durante la existencia de la eliminada Cadivi y aun en los tiempos de Cencoex.
El Nacional para elaborar el presente trabajo se sirvió principalmente de información oficial disponible en línea además de la contenida en directorios y portales de consulta general. La búsqueda en registros mercantiles fue útil para establecer la ubicación geográfica de las sedes de las empresas sancionadas. (El Nacional)
Sundee garantiza justa distribución y comercialización de más de 600 mil kilos de café
El Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, acompañado por el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, José Luis Berroterán, realizó este domingo la venta supervisada de 670 mil kilos de café a la Corporación Venezolana de Café (CVC) para garantizar la correcta distribución y comercialización del rubro.
«Cómo que no hay café en Venezuela, aquí tenemos medio millón de kilos de café y en las otras distribuidoras que también han sido intervenidas por la Sundee en estos días llegamos casi a 700 mil kilos de café. Estamos garantizando que del productor de inmediato se lleve a la CVC y de ahí a las torrefactoras para que le llegue al pueblo venezolano a precios justos y en la cantidad debida», indicó desde la Agropecuaria El Botalón, ubicada en el estado Lara.
En declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión, explicó que con esta acción se da cumplimiento al Decreto 1.509 emitido por el presidente Nicolás Maduro el pasado 8 de diciembre, que «elimina las intermediaciones en el caso del café», con el propósito de hacer seguimiento y control de la movilización del rubro para garantizar la soberanía alimentaria del pueblo.
«Tenemos que eliminar intermediaciones que terminan pagando las madres de familia en su casa. Toda esta mercancía ha sido retenida por parte de la Superintendencia, con el apoyo de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, y está siendo vendida a precio justo a la CVC a través de una venta supervisada», dijo.
El café vendido fue decomasado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) en algunos municipios cafetaleros, donde las comercializadoras mantenían el producto acaparado, por lo que Méndez instó a desistir de esta práctica.
«Estamos garantizando que del productor de inmediato se lleve a la CVC y de ahí a las torrefactoras para que le llegue al pueblo venezolano a precios justos y en la cantidad debida», dijo.
«Queremos decir a todas las comercializadoras a nivel nacional que se han dedicado a esto (acaparamiento) que desistan. Aquí el café tiene que ir del productor a la CVC, todo el que violente el decreto 1.509 de aquí en adelante se le va a comisar el café; es decir lo van a perder y nosotros lo vamos a poner a la orden de la CVC , del pueblo venezolano», enfatizó.
Por su parte, el ministro Berroterán advirtió que el Gobierno nacional está atento para garantizar que este rubro y los alimentos de la cesta básica lleguen al pueblo venezolano.
«Hacemos el llamado a todos los que están de intermediarios acaparando el café que no lo pueden hacer porque nosotros vamos a estar atentos, vamos a garantizar el suministro permanente, vamos a quebrar cualquier intento de los acaparadores, de los especuladores, de la oposición a hacernos actividades que no sean cónsonas con el bienestar y la seguridad alimentaria del pueblo», subrayó. (AVN)
Central Socialista de Trabajadores enfrentará parálisis de empresas
El presidente de la Central Socialista de Trabajadores, Wills Rangel, dijo que la clase obrera “enfrentará con firmeza cualquier intento de paralización de las empresas”.
Aseveró que “son grupos minoritarios los que andan llamando a paralización”, y que rechazan desde todo punto de vista esos llamados: “Como clase obrera los vamos a enfrentar porque no permitiremos jamás que se paralice el país y se juegue con la paz del pueblo. Acatamos el llamado del presidente Maduro, porque esta revolución no la para nadie. Estamos preparados y organizados en milicias obreras”.
Rangel anunció que ya iniciaron asambleas con los trabajadores y que ahora lo más importante es trabajar en el Plan de Recuperación Económica propuesto por el Presidente, donde tienen “un rol determinante en la recuperación de empresas”.
El presidente de la Central Socialista enfatizó en que ahora están abocados al Plan de Recuperación Económica, que diseñó el Ejecutivo nacional con siete objetivos para abordar la productividad en todos los sectores de la economía.
“Uno de los objetivos del plan es la reactivación e impulso de la productividad en las empresas recuperadas, nacionalizadas y las ocupadas. Ahí, la clase obrera está comprometidos trabajando activamente en el Estado Mayor Económico que encabeza el presidente Maduro. Allí tenemos mucho que hacer y estamos metidos de lleno”, declaró Rangel. (El Mundo)
Crece el peso del Gobierno en el total de las importaciones
Las importaciones totales del país alcanzaron la cifra de $12.246 millones en el tercer trimestre de 2014, lo que significó un aumento de 1,4 % con respecto al mismo período de 2013.
De este monto, 44,5 % de las compras externas fueron ejecutadas por el sector público al colocarse en $5.458 millones para un alza de $775 millones y una variación de 16,5 %.
Con este resultado el Gobierno amplió su peso dentro de las importaciones, al observarse que hace un año representaban 37,6% del total.
Analistas han señalado que el Ejecutivo enfrenta fuertes restricciones para incrementar la oferta de divisas y existe una clara tendencia de aumento en las importaciones públicas.
Destacan que la prioridad en la asignación de los recursos en dólares es la importación de bienes de primera necesidad, sin embargo, con los actuales niveles de escasez de estos rubros prioritarios se evidencia que la asignación, aunque mayoritaria, ha sido insuficiente.
Cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) indican que las importaciones ejecutadas por el sector privado alcanzaron un monto de $6.788 millones, lo que se traduce en una caída de 12,2 % al dejarse de adquirir en el mercado externo $952 millones menos en bienes y servicios.
En este sentido, las compras externas de las empresas representan al cierre del pasado mes de septiembre 55,4 % del total, cuando durante el mismo período de 2013 era de 62,3 %.
Las importaciones del sector público y privado llegaron casi a equipararse en el segundo trimestre de 2014, cuando el Gobierno contrató unos $5.235 millones (49,6 %) y el gremio empresarial un monto de $5.302 millones (50,3 %).
En los últimos años el Ejecutivo ha creado diversos organismos para llevar a cabo el plan de compras externas, entre ellos la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (Casa), la cual se ha encargado de adquirir los productos alimenticios para la red de abastecimiento público; la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), la cual realiza la importación y suministro de bienes a empresas públicas y privadas; así como Bariven, Vemxica y Agropatria.
Incluso la Asamblea Nacional ha autorizado créditos adicionales al Ministerio de Alimentación para la importación de insumos básicos. Durante 2014 aprobó un total de 22.400 millones de bolívares, es decir, alrededor de $3.500 millones.
Esta política ha impulsado el crecimiento del gasto final del Gobierno, el peso en las importaciones y en la economía del país.
Se acaba el boom
En contraparte el sector privado ha disminuido el ritmo de sus importaciones ante la restricción en la entrega de divisas a través de los diferentes sistemas cambiarios. Se prevé que la información del cuarto trimestre de 2014 registre una merma en las compras externas debido a la poca oferta de dólares que se ejecutó en el Sicad 1 y el Sicad 2.
Representantes del sector empresarial señalaron que las gestiones de Corpovex demoraron el proceso de importación, debido a que los pagos a los proveedores no se han realizado a tiempo.
Las importaciones efectuadas entre enero y septiembre del pasado año reflejan una baja de 19 % y se colocan en el nivel más bajo desde 2011. Todo parece indicar que 2014 fue el año en el que definitivamente se quebró el boom importador que tuvo el país en períodos anteriores. Específicamente en 2007 cuando llegaron a alcanzar un máximo de $51.490 millones.
Analistas sostienen que ante la caída de 45 % de los precios del petróleo, Venezuela sacrificará importaciones para afrontar la pérdida de los ingresos en divisas durante 2015. Resaltan que el Gobierno se verá en la necesidad de buscar otros ingresos en divisas, ya sea con la venta de activos como la refinería de Citgo o con la renovación del Fondo Chino-Venezuela por otros $4.000 millones. Destacan que en caso de no contar con una línea de crédito a través del Gobierno asiático se vería obligado a acudir a los organismos multilaterales. (El Mundo)
