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masacre en Amazonas

Infografía | Las masacres que manchan el rostro de la democracia en Venezuela
El pasado 15 de enero ocurrió una matanza en El Junquito. Óscar Pérez y seis de sus aliados cayeron, por disparos en la cabeza, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Las víctimas se suman a las casi 700 personas que han muerto en procedimientos policiales y militares, y en condiciones similares, durante el gobierno de Nicolás Maduro

 

@loremelendez

A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS SIETE DÉCADAS, la historia de Venezuela ha sido salpicada por hechos de sangre que fueron perpetrados con la anuencia del Estado. A partir de 1958, cuando el país superó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, estos ataques masivos de funcionarios – que suelen triplicar en número a sus víctimas – dejaron de ser frecuentes. Sin embargo, desde la década de los 80 empezó a observarse cómo los gobiernos de turno, o los uniformados bajo su mando, los pusieron en práctica. Las masacres – matanzas en las que mueren al menos tres personas que, por lo general, están indefensas ante sus victimarios – despuntaron así en medio de la democracia.

La mayor cantidad de masacres se ha ejecutado en el último lustro. En menos de cinco años en Miraflores, Nicolás Maduro y los policías y militares que le obedecen han estado al frente de al menos 49 de estos procedimientos. Solo en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo, entre 2015 y 2017, se llevaron a cabo 44 matanzas. A estos sucesos se suman la tragedia de Tumeremo, donde participaron uniformados como aliados de la banda criminal que ejecutó a 17 mineros; la persecución y asesinato de 9 pescadores de Cariaco; los ataques a las cárceles de Uribana y al retén de Amazonas, que dejaron 61 y 39 reos muertos, respectivamente; y más recientemente la masacre de El Junquito, que acabó con la vida del piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros. En total, 693 personas han caído en estos hechos.

Aunque ningún gobierno había alcanzado estos números, estos procedimientos, plagados de irregularidades, también fueron noticia en la era democrática. El primero se registró en 1982, cuando seis cuerpos de seguridad rodearon a 41 rebeldes marxistas en Cantaura, estado Anzoátegui, y mataron a 23 de ellos.

Después de Cantaura hubo nuevas operaciones policiales y militares que registraron un alto número de víctimas civiles. Así sucedió en poblaciones rurales como Yumare y El Amparo, y también en la capital venezolana, donde se produjo la mayor cantidad de muertes de El Caracazo – que es por cierto la única de estas masacres que no fue planificada, sino que sucedió como una reacción ante los disturbios y protestas –y donde también ocurrió la masacre del Retén de Catia, en 1992, el mismo día en el que hubo una segunda intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez durante un mismo año. En total, 489 personas cayeron en estos sucesos. La mayoría de ellos lo hicieron en El Caracazo.

Con el arribo de Hugo Chávez al poder, las matanzas que contaron con la actuación de funcionarios de seguridad del Estado no cesaron y 26 personas fueron víctimas de estos operativos. En sus 14 años de gobierno, los uniformados intervinieron en al menos cinco hechos de esta naturaleza: dos se ejecutaron en zonas populares de Caracas (Barrios Kennedy y El 70), una se escenificó en la cárcel de (Vista Hermosa, estado Bolívar) y otra en una zona rural (La Paragua, estado Bolívar). Runrun.es presenta un recuento de estas masacres que ponen en vilo el papel del Estado frente a la defensa de los derechos humanos.

Masacre en la cárcel de Amazonas: Esa gente vino, mató y se fue

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«ESO YA LO TENÍAN PLANIFICADO». Con esa frase termina el testimonio de Josefina Payema, madre de Gabriel Muñoz, en el informe sobre la masacre que se registró entre el 15 y 16 de agosto pasado en el Centro de Detención Judicial de Amazonas, en Puerto Ayacucho. Esa misma sentencia la repitió el martes 21 de noviembre, cuando acudió a la presentación del informe sobre la matanza de 39 personas que elaboró el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ONG encargada de la defensa de los derechos de los privados de libertad.

Payema consideró que hay varias claves que sostienen su hipótesis. Aseguró que antes de las 7:00 pm del martes 15 de agosto, una hora después de haber salido del penal, arribó al lugar un avión militar lleno de funcionarios policiales y militares. Se cumplió así lo que Gabriel le había dicho esa tarde: que desde hace días se planificaba una intervención por parte de las fuerzas del Estado. «Creo que dieron una orden desde Fiscalía y la gente se va a meter. Se lo digo usted para que no se preocupe», le había comentado su hijo, de 34 años de edad.

Tras haberse enterado de la llegada de los uniformados, Payema se comunicó varias veces con Gabriel para saber qué pasaba puertas adentro. A las 6:00 am del día 16 le había dicho que estaba bien. Sin embargo, 40 minutos después todo cambió. «A esa hora me mandó un mensaje que nunca lo olvido donde me dijo ‘mamá estoy casi muerto, cuídense, los quiero mucho y los amo'», recordó.

En vano, la madre intentó acercarse al penal pero los Guardias Nacionales cercaron el sitio y durante horas le negaron información sobre el paradero y el estado de los reos. A una de sus hijas y a su nuera las detuvieron porque insistían en pasar hacia el penal para verificar cómo estaba Gabriel. A ella misma se la iban a llevar en una patrulla por preguntar por su salud. Alrededor de las 8:00 am, el avión que había traído a los uniformados, se retiró.

«Ellos habían terminado su trabajo y se habían ido. Yo todavía tenía la esperanza de que mi hijo estuviese vivo. Veíamos que las ambulancias y el Cicpc, a cada momento, cargaban muertos, pero ellos (los guardias) decían que eran los militares quienes habían muerto y que los presos habían matado a muchos militares», relató la mujer. Sin embargo, en los hechos de Amazonas, solo cinco uniformados resultaron heridos. Los 39 muertos eran parte de los 100 privados de libertad que había en el sitio. Muchos de ellos cayeron por disparos en la nuca y en la cabeza como si se tratara de ejecuciones.

La madre también afirmó que dos semanas antes de la intervención policial-militar hubo cambios en la policía del estado Amazonas.

«Ya ellos venían preparando todo. Unos días antes cambiaron a los directivos de la policía y pusieron como jefes a funcionarios del Cicpc. Ellos habían permitido que los ‘pata de goma’ –supuesto grupo paramilitar– los atacaran. Ellos solo querían matarlos, porque de lo contrario hubiesen buscado la manera de llegar a un acuerdo con ellos, porque ellos ya sabían que de un momento a otro iban a tomar el penal», se lee en la declaración de Payema plasmada en el informe.

«Yo estoy dando la cara por mi hijo porque eso no se va a quedar así. Allí había personas inocentes y había otras que eran culpables, pero tampoco eran animales, porque ni a los animales se les trata de esa manera. Todos los que tengan que ver con esa masacre, porque eso fue una masacre, que reciban castigo. Yo más nunca voy a recuperar a mi hijo, por eso yo quiero que se haga justicia», enfatizó la madre este martes.

Todos lo sabían

Las afirmaciones de Payema las secundó el obispo de Amazonas, monseñor Jonny Reyes Sequera, quien conoció que se haría una intervención en la cárcel dos días antes de que sucediera. «Yo sabía y los presos también lo sabían. Pero nadie se imaginó que iba a ser una masacre», apuntó.

Al igual que la madre de Gabriel, el sacerdote vio cómo un avión trasladó a los funcionarios que ejecutaron la operación. «Eso lo hizo gente que fue invitada, que fue convocada y a la que le fue señalada una misión. Esa gente vino, mató y se fue», recalcó.

Reyes Sequera condenó la manipulación ejercida por el Estado para evitar que la matanza tuviera «resonancia». Recordó que a la semana siguiente de los hechos, pocos mencionaban lo que había pasado. «Ya nadie le paraba, a nadie le importaba porque la gente estaba ocupada con el Clap y el efectivo. Eso es triste, tenemos que crear conciencia social», añadió.

El discurso oficial también ha contribuido a reducir la masacre. «Se trata de decir que eran unos pranes, unas lacras, pero no podemos ceder en el hecho de que ellos eran personas y tenían dignidad (…) Aquí no venimos a echarle un cuento, ni una historia de fantasía, lo que ha visto la señora Josefina, lo que vieron los residentes de Ayacucho, los habitantes de San Enrique, aledaño al centro judicial, no es cuento, no es una posición ideológica por querer ir contra el Gobierno, es una experiencia de injusticia que se ha cometido hacia venezolanos que tenían una dignidad», aseveró el obispo.

Lee más: Informe OVP | Fuerzas del Estado usaron armas de guerra, una tanqueta y hasta un helicóptero durante masacre en el retén de Amazonas

 

Cárcel donde ocurrió masacre en Amazonas fue clausurada y los cuerpos ya fueron entregados

Carcel Amazonas

“¡Por favor, tengan piedad!”, rogó Lauche Fernández, familiar de uno de los 37 presos que murieron durante un motín en un centro de detención del estado Amazonas, sur de Venezuela, mientras esperaba que los cuerpos fuesen entregados por las autoridades.

Un centenar de familiares esperó horas este jueves frente al hospital de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, recibir los restos de las víctimas de lo que denuncian como “una masacre”.

“Ya empiezan a oler. Por favor, tengan piedad y entreguen los cuerpos de nuestros muertos. ¿Qué van a hacer reteniendo esos cuerpos?”, pidió Lauche Fernández, a gritos, ante los micrófonos de la prensa local, según videos cedidos a la AFP.

Varios ataúdes eran cargados este jueves por las calles de la localidad, pues ya comenzaron a ser entregados los cuerpos a las familias.

Un motín en calabozos del centro judicial de Amazonas, apartada región selvática fronteriza con Colombia y Brasil, se saldó el miércoles con 37 presos muertos y 15 policías y militares heridos, uno de ellos grave, confirmó este jueves el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.

El funcionario, en declaraciones transmitidas por la televisora oficial VTV desde Puerto Ayacucho, señaló al gobernador de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, como “responsable directo”.

“Es un retén judicial que está bajo la custodia y la administración de la gobernación del estado”, expresó Reverol, quien pidió investigar a Guarulla por “inacción” pues -dijo- solo tres custodios, más el director, estaban a cargo de los 103 presos.

El motín reflotó la crisis penitenciaria venezolana, con frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas para tratar enfermedades como la tuberculosis.

Armas largas y granadas

Dirigiéndose al presidente Nicolás Maduro, Jackson Sanz, padre de uno de los fallecidos, pidió al mandatario socialista y a su gobierno “dar la cara por esta masacre”.

Según Guarulla, desde “hace tres meses y medio” la militar Guardia Nacional tenía acordonado el centro de reclusión a raíz de una denuncia de un posible ataque de miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“En razón de esto, se presumía que algunos de estos reclusos podían estar armados y por eso se solicitó la requisa”, afirmó.

Fuerzas especiales del Ministerio de Interior intervinieron y tomaron el centro de reclusión “de manera desmedida porque usaron granadas y armas sofisticadas, y el resultado es una verdadera masacre”, añadió el gobernador.

“Lo que no hizo la guerrilla lo hizo el gobierno nacional”, manifestó Guarulla, quien difundió en Twitter fotos de cadáveres apilados en un rincón.

Pero, según Reverol, los efectivos que realizaron la requisa fueron recibidos por los internos “con armas largas y granadas”, una veintena de las cuales estallaron durante los enfrentamientos.

Sin dar cifras, el ministro reportó que algunos de los 37 fallecidos “fueron ajusticiados por un pran” -líder de presos-, que “tenía sometidos a algunos privados de libertad que querían deponer las armas”.

Agregó que algunos más murieron “producto de la onda expansiva y las esquirlas de las granadas” y otros por la acción de los agentes de seguridad, que según él respetaron el principio de “uso progresivo y diferenciado de la fuerza”.

Guarulla asegura que un preso aprovechó el caos para fugarse, pero Reverol no lo mencionó.

Clausura

Tras lo ocurrido, el centro de detención de Amazonas fue clausurado y, según Reverol, será rehabilitado en un plan puesto en marcha por el gobierno en julio de 2011 para pacificar los penales y adecuarlos a estándares internacionales.

Veintisiete reclusos, todos condenados según Reverol, fueron trasladados a otros centros penitenciarios fuera de la región y el resto a calabozos policiales.

Hay unas 50 cárceles en Venezuela, de las cuales 98% funcionan bajo el nuevo régimen.

Pero Carlos Nieto, de la ONG defensora de los derechos de los presos Una Ventana a la Libertad, sostiene que el proyecto no ha avanzado según lo prometido. “Plantearon construir una cárcel en cada estado. En Amazonas no han puesto ni la primera piedra”, declaró a AFP.

Esa organización estima una población de 88.000 presos en Venezuela, sobrepasando la capacidad de las cárceles de 35.000.

Por falta de espacio en los penales y retrasos procesales, unas 33.000 personas están recluidas en centros de detención preventiva, como el de Amazonas. Nieto precisó que la sobrepoblación en esos establecimientos supera el 400%.

OVP confirma masacre de 37 reclusos en retén de Amazonas

UNA MATANZA DE 37 PERSONAS fue el resultado de la incursión armada que varios cuerpos de seguridad del Estado hicieron en el Centro de Detención Judicial de Amazonas, ubicado en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. En el hecho también resultaron heridos 14 funcionarios pertenecientes a la Policía Nacional y la Guardia Nacional.

Una fuente policial indicó que el objetivo de la acción era hacer una requisa en el lugar. Poco después del ingreso de los uniformados, los internos dispararon y así comenzó un enfrentamiento.

Hasta el momento de la publicación de esta nota se desconocen los nombres de los presos caídos. Algunos de los heridos, que ya están fuera de peligro, fueron identificados como Enyer Marín (capitán de la GNB), y los policías nacionales Herjanio Velázquez, Otivir Álvarez, José Guerra, David Sánchez. No se suministró el nombre del resto.

De acuerdo con la información confirmada por Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la toma de los espacios del retén comenzó ayer, martes 15 de agosto, y culminó en horas de la mañana de hoy, miércoles 16. Todavía en horas de la tarde se hacía la recolección de evidencias.

Prado también señaló que en el lugar había una población estimada en 250 detenidos. Sin embargo, el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, indicó que al momento de la incursión había 105 presos.

También reveló que el centro de detención carecía de seguridad desde hace meses y que los reclusos salían a la calle a despedir a sus visitantes.

«Si los presos estaban armados, hay que determinar quién dejó que les pasaran las armas y saber en manos de quién estaba la responsabilidad de resguardar la puerta de entrada al retén judicial, si del gobierno regional o de la GNB», reclamó Prado.

«El Ministerio Público debe iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, porque Venezuela sigue estando en la lista de los países con mayor violencia carcelaria del mundo», agregó.

En horas de la noche de este miércoles, el Ministerio Público que preside Tarek William Saab –designado de forma irregular por la Asamblea Nacional Constituyente– informó que había designado al fiscal 4to de Derechos Fundamentales y al fiscal 1ro de Delitos Comunes para comenzar las pesquisas.