La cobertura de laMasacre de Tumeremofue realizada a raíz de las denuncias sobre la desaparición de 17 mineros de Tumeremo, una población al sur del estado Bolívar en Venezuela, cuando se dirigían a cumplir con su jornada laboral.
El 5 de marzo de 2016 familiares de los desaparecidos iniciaron una protesta que cerró durante una semana una importante carretera nacional que comunica a Venezuela con el norte de Brasil y el resto del país, para exigir que se investigara lo ocurrido y se diera con el paradero de los trabajadores de la minería ilegal.
Aunque los habitantes de la zona convivían a diario entre asesinatos y desapariciones, los conflictos en este territorio anárquico –donde las bandas armadas se pelean el control de los yacimientos de oro bajo el consentimiento del Estado venezolano y trafican el mineral– nunca antes habían cobrado tantas vidas en un solo hecho.
El reclamo del pueblo de Tumeremo fue ignorado por el Gobernador del estado Bolívar, un militar vinculado al partido de Hugo Chávez, quien se limitó a negar el hecho y a vincular la denuncia a intereses políticos. Las investigaciones policiales no comenzaron sino 48 horas después de lo ocurrido, término en el que el Ministerio Público designó fiscales para iniciar las averiguaciones.
Cuatro días después de la “Masacre de Tumeremo”, como fue llamada por los habitantes de la zona desde el principio, las pesquisas habían obviado uno de los sitios claves del crimen: un espacio ubicado en las cercanías del fundo El Peregrino, a 20 minutos de Tumeremo, a donde los reporteros de la alianza de medios conformada por El Correo del Caroní, RunRunes y El Pitazo –Lorena Meléndez y Germán Dam– llegaron antes que la policía. Allí encontraron rastros de sangre, restos de ropa y documentos de identidad de algunas víctimas. Un par de días después, el mismo equipo reporteril se le volvió a adelantar a los investigadores y llegó primero al lugar donde habían sido enterrados los 17 mineros.
Familiares de las víctimas echan de menos la ayuda que el gobierno regional les prometió, entre las que se incluían casas de Misión Vivienda y pensiones para esposas e hijos de quienes fueron presuntamente asesinados por la banda de “El Topo” hace 6 meses
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ÉL ERA UNO DE LOS QUE RECLAMABA. Una de los tantos que, durante varias noches, pidió que le devolvieran a su hijo en cualquier condición. En marzo pasado, junto a los familiares y amigos de otros 16 mineros desaparecidos en Tumeremo, cerró la Troncal 10 del sur del estado Bolívar para exigir que le regresaran el cadáver de su muchacho que ni siquiera tenía 21 años.
“Yo me siento como abandonado después de todo lo que pasó. Yo estoy prácticamente necesitado, porque él era quien me ayudaba. Aunque no me ha faltado la bendición de nuestro Señor, a mí más nunca me dieron respuesta del caso”, dice el padre de una de las víctimas de la masacre que ocurrió hace seis meses. Por seguridad, prefirió mantener su identidad en secreto.
El reclamo del hombre no se refiere a las investigaciones sobre la tragedia, sino a las ayudas que el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, prometió a los familiares de quienes murieron a manos del más poderoso de los pranes de las minas del municipio Sifontes: Jamilton Andrés Ulloa Sánchez, alias “El Topo”. Varios de los parientes consultados coinciden en que, aunque no se hizo público, el mandatario regional aseguró que indemnizaría a los padres, esposas e hijos de los asesinados, y que en algunos casos, hasta les entregaría casas de la Misión Vivienda.
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El padre indicó que, ante la necesidad y el miedo, la esposa de su hijo se fue al centro del país con su bebé. “Yo lo poquito que tengo, si puedo, se lo mando. Aquí una vez nos dieron un poquito de comida, y nos dijeron que iban a ayudar a las mujeres, que nos iba a apoyar. Pero nunca pasó más nada”, contó.
La hermana de otra de las víctimas relató que su cuñada, esposa de uno de los asesinados, debió vender un terreno que ambos habían comprado porque ya no tenía dinero. “Se le acabó la plata y ella tiene un hijo de un año, mi sobrino. ¿Cómo iba a hacer para comprar un kilo de harina, que cuesta como 2.500 o 3.000 bolívares?”, agregó. La mujer mencionó también el combo de alimentos que le otorgó la Gobernación de Bolívar. “Nos hicieron ir hasta el Fuerte Tarabay a recoger la bolsa (2 kilos de harina de maíz, 2 de arroz, 1 aceite) un mes después de la masacre. Y más nunca volvieron a dar nada. Eso es una burla”, afirmó.
Seis meses de miedo
Otro familiar sentenció que, desde la tragedia, la vida en las minas de Tumeremo no ha sido igual. A pesar de que los yacimientos de oro llevan años bajo el control de delincuentes y de que ya se habían registrado desapariciones, los pobladores asistían confiados, sabiendo que no debían contrariar al pran. Pero luego de que “El Topo” acabara en un solo día con 17 personas, nadie se siente a salvo. “Antes iban niños, mujeres y todo. Pero ahora sólo van los hombres y tienen que ser muy precavidos”, relató el pariente.
“Pero hay que volver a la mina, ¿qué vamos a hacer? Este es un pueblo minero y vivimos del oro”, aseveró la tía de uno de los jóvenes asesinados. De las 17 personas que murieron, 15 eran menores de 30 años.
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Para Américo De Grazia, diputado que presidió la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para investigar estos hechos, el balance de los últimos 6 meses transcurridos después de la tragedia no es nada satisfactorio, porque las masacres han seguido ocurriendo. “Ahora, los asesinatos no sólo los cometen los pranes o los criminales de las minas, sino también las OLP, y luego dicen que murieron en supuestos enfrentamientos. La muerte es lo que sigue operando en las minas”, señaló.
Se comenta en Maripa de la muerte de 8 mineros en el alto Caura.Sucre/Edo Bolívar.Al menos 3 cadáveres llegaron al CICPC/Cd Bolivar
La masacre del Caura este fin de semana se materializó en las minas del Playón.Se habla de al menos 8 muertos.Tragedia ambiental y humana — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 11 de julio de 2016
De Grazia se ha convertido en portavoz de algunos de estos sucesos. Desde la masacre, han muerto 21 personas en las minas y 8 de estas han caído en las 4 OLP que se han aplicado en la zona desde entonces. Entre los decesos se cuenta el de “El Topo”, el autor de la matanza de los 17 mineros.
El diputado resaltó que las operaciones de los militares se han materializado en minas de Tumeremo, El Dorado, El Callao, Guasipati, La Paragua y el Alto Caura, donde los mismos obreros han reclamado los malos tratos y los robos que les han hecho los mismos uniformados, quienes les quitan el oro que sacan de los yacimientos. “Es un hecho lamentable que sea el signo de la muerte el que está marcando la ‘limpieza’ de territorios mineros que hoy pretenden ser entregados a grandes transnacionales”, aseveró.
Todas las zonas afectadas por las OLP, según De Grazia, están dentro de los 112.000 kilómetros que abarcan la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, decretada el 24 de febrero de 2016, 9 días antes de la masacre de Tumeremo.
“¿Eso es casualidad? ¿Eso no nos levanta un mínimo de sospecha?”, acotó De Grazia, quien recordó que el 31 de diciembre de este año vence el plazo para que buena parte de las minas de Bolívar se entregue a la empresa canadiense Gold Reserve bajo el paraguas del mencionado decreto. Para esa fecha, más de 30 mil mineros deben haber sido sacados de ese territorio.
La sombra de “El Topo”
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Al final de la tarde del pasado 6 de mayo, el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, informó al país que más temprano, una OLP había tenido como saldo la caída de “El Topo” y que parte de su banda, señalada también por la masacre de los mineros, había sido detenida. Ya para ese momento, la foto del hombre a quien también llamaban “El Don”, había circulado en las redes sociales. Vestía una camiseta roja con el logo de la estatal Pdvsa y las manchas de sangre ocupaban la mitad de su pecho y un área cercana a la garganta.
Pero en Tumeremo, los familiares de las víctimas dudan que su verdugo esté muerto. “Yo no creo que lo hayan matado, por la forma de ser de ese nombre, con tantos contactos. No creo que se hubiese dejado matar así, en una mina”, comentó la tía de uno de los mineros masacrados.
“Yo lo único que le digo a usted, es que hay mucha gente que dice que ese señor se fue a Valencia después de que nos quitó a nuestros hijos. Todas las familias tenemos dudas sobre la muerte de ‘El Topo’”, dijo el padre de uno de los mineros masacrados.
Aunque la muerte de “El Topo”, para el Ejecutivo, cierra el caso, hubo quienes indicaron que faltaban cabos por atar. “Él era autor material del crimen, pero nunca se dijo quiénes eran los autores intelectuales, los verdaderos interesados en que esas áreas fuesen desalojadas para poder negociarlas con grandes transnacionales”, denunció De Grazia. “Esta película no ha terminado. Apenas comienza y va a tener efectos colaterales, un genocidio financiero, étnico, ambiental, político”, reclamó el parlamentario. Para él, las investigaciones han dejado más preguntas y respuestas, entre estas, el porqué el Gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez -–a quien se ha asociado con las mafias mineras– desmintió la masacre durante las primeras horas de los acontecimientos.
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Hasta ahora se desconoce el paradero del cadáver de Jamilton Andrés Ulloa Suaréz, abatido este viernes en la mina El Limón. Al parecer será llevado vía aérea a Caracas
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EL 4 DE MARZO SÓLO UNA SEÑAL TELEFÓNICA abrió en el fundo Los Peregrinos mientras El Topo y su banda tenían retenidos a casi 400 mineros para ubicar y eliminar a quienes pertenecían al grupo de su rival: El Gordo. Este número y con los que se comunicaba fueron rastreados por días, a través de antenas retransmisoras, permitiendo así dar con los involucrados en la masacre de 17 mineros que hacían vida en Tumeremo, al sur del estado Bolívar.
Uno a uno fueron cayendo los más cercanos a Jamilton Andrés Ulloa Suárez, mejor conocido como El Topo: Rosa Gil, su mano derecha y rostro público de la agrupación criminal; Francisco Carache, alias Goliat y encargado de reclutar personas para trabajar en la banda; Luis Rueda, sobrino de la primera; y los hermanos Carlos y Manuel Balaquera, dueños de las maquinarias empleadas para trasladar enterrar los cuerpos de las víctimas.
Por ocho semanas, toda señal que se comunicara con el número arrojado aquel 4 de marzo por la antena cercana a Los Peregrinos era rastreado; trabajo que permitió individualizar el número de Jamilton Andrés y hacerle el seguimiento -por toda Venezuela- pertinente para darle captura cuando menos se lo esperara… y así ocurrió esta madrugada, después que su señal celular estuviera inmóvil por varios días en El Limón, una de las tantas minas en su poder.
Sin versión oficial
Aunque no existe versión oficial sobre lo ocurrido, trascendió que fuerzas especiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron al sector con la intención de capturar a El Topo, ecuatoriano de 43 años de edad y quien llegó a Venezuela en 2002, sin embargo el hombre y su banda recibieron a tiros a las comisiones. Al verse superados, los leales a Ulloa Suárez se internaron en el monte… pero él no y murió haciendo frente a los funcionarios.
La noticia sobre el fallecimiento del autor intelectual y material de la Masacre de Tumeremo, hecho en el que fueron asesinados 15 hombres y dos mujeres, no fue conocida sino hasta pasadas las 3:00 de la tarde cuando su cadáver fue trasladado de la mina El Limón -ubicada a varias horas de Nuevo Callao, en cuya vía fue hallados los cuerpos el 14 de marzo- a la Sub-delegación Tumeremo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Versiones encontradas corren referente a Carlos Ortiz, alias Cara e’ Niña y quien funge de jefe de algunas minas cuando El Topo se encuentra fuera de Tumeremo: desde la Policía científica informan que fue abatido junto a su jefe, mientras que desde la Policía del estado Bolívar (PEB) revelan que está vivo y que resultó detenido en el procedimiento. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento sobre el caso desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
«YA YO HOY ESTOY MÁS LÚCIDA», dice la madre de una de las víctimas de la masacre de Tumeremo, ocurrida hace poco más de 30 días. Afirma que ha retomado poco a poco su rutina, aquella que había perdido la noche del 4 de marzo pasado cuando le dijeron que su hijo había sido asesinado por la banda de «El Topo«, un hombre que tenía bajo su control la mayoría de las minas del municipio Sifontes del estado Bolívar. Ella reconoce que la primera quincena de marzo la pasó entre protestas, llantos e incertidumbre hasta que, finalmente, 10 días después de que su muchacho partiera hacia «la bulla» de Atenas para no volver, el Ministerio Público anunció que habían conseguido su cadáver. Sin embargo, ella nunca lo vio.
«Hoy me preocupa saber si enterré a mi hijo o no lo enterré», comenta la madre al otro lado de la línea telefónica. No vio las fotos que los funcionarios suelen tomarle a los cadáveres cuando los consiguen, tampoco pudo verificar si la ropa con la que lo encontraron era la misma que llevaba cuando salió de su hogar. Lo único que aseguraba que aquel cuerpo era el de su familiar era la palabra de las autoridades, quienes no pusieron evidencia alguna sobre la mesa.
La mujer recuerda cómo transcurrieron las horas siguientes al anuncio del hallazgo de los cadáveres. El martes 15 de marzo la llevaron hasta el Fuerte Tarabay junto con los familiares de las otras 16 personas que tampoco regresaron del pequeño yacimiento ubicado en las cercanías de El Miamo. Allí se supone que les mostrarían los restos hallados que habían estado enterrados en la vía a otra de las minas de «El Topo»: Nuevo Callao. Pero eso, en su caso, no ocurrió.
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El hijo de la mujer estuvo entre los primeros tres que reconocieron los forenses. Los funcionarios del Ministerio Público le indicaron que no le mostrarían el cuerpo por el avanzado estado de descomposición en el que estaba. «Mi hija (la hermana de la víctima) dijo que no se iba a quedar conforme hasta verlo y se quedó en el Fuerte hasta la noche, pero tampoco lo vio», apuntó la señora. Al día siguiente, cuando los parientes volvieron al Fuerte, supieron que los muertos ya estaban en urnas selladas.
La mayoría de los familiares enterraron el 16 de marzo los féretros que les habían entregado horas antes. Los cofres funerarios sólo estaban identificados con una pegatina que llevaba el nombre de cada víctima.
Algunos familiares organizaron funerales, pero ni siquiera así pudieron ver los cadáveres de los suyos. Quienes prestaron los servicios se limitaron a preparar las nuevas urnas con cal y aserrín para evitar que la putrefacción saliera de la madera, pero no se atrevieron a abrir las bolsas especiales en las que habían sido metidos los restos. Dijeron que no tenían autorización.
A un mes de la masacre de Tumeremo, las dudas de los familiares sobre los procedimientos hacen pensar que hay elementos que quedaron en secreto. Entre los entrevistados, sólo a uno le devolvieron la ropa que llevaba puesta la víctima; a la esposa de otro le dijeron que habían conseguido un cuerpo con una malla externa que este tenía a raíz de una hernia, pero nunca se la mostraron; la hermana de uno de los muchachos afirma que a su hermano, que era muy alto, lo metieron en un urna pequeñísima. Ninguno vio fotos, ninguno vio el cadáver.
Pero la incertidumbre no se cierne sólo sobre los cuerpos y su identificación, sino sobre una serie de preguntas que aún no tienen respuesta: ¿por qué nunca se difundió una lista oficial de desaparecidos?, ¿por qué tampoco hubo una de los cadáveres hallados? Si hay uno de los desaparecidos que es hoy testigo protegido, ¿de quién es el cuerpo número 17?
Atenas, El Peregrino y Nuevo Callao
El viernes 18 de marzo, el mayor general Gustavo González López, ministro de Interior y Justicia, ofreció una rueda de prensa para mostrar los avances que había en la investigación de la masacre. Ese día habló de cómo ocurrieron los hechos, de los detenidos, de los testigos protegidos y también de la organización de las bandas que se habían disputado el poder de «la bulla» de Atenas: la del «Gordo Lizandro», que supuestamente había controlado hasta ese día la mina y tenía al barrio La Caratica de Tumeremo como centro de operaciones, y la de «El Topo», que presuntamente perpetró la matanza.
De acuerdo con los datos difundidos por el representante del Ejecutivo, desde la madrugada del 4 de marzo, «El Topo» instaló una alcabala de al menos 30 personas en las cercanías del fundo El Peregrino, en la vía hacia «la bulla» de Atenas, a donde diariamente acudían a trabajar personas de Tumeremo y otras localidades del sur del estado Bolívar. Allí, los delincuentes detuvieron a quienes se trasladaron en moto por el camino. Los clasificaron entre mineros y malandros. A los primeros, los amarraron, amordazaron y obligaron a permanecer en un descampado bajo el sol. A los últimos, los ejecutaron con armas de fuego.
Pero la matanza no fue sólo allí. En horas de la tarde «El Topo» y parte de su gente siguieron el camino hasta la mina, alrededor de las 4:00 pm, en donde asesinaron a otras cuatro personas. Esos cadáveres los montaron en un camión que estaba en el lugar y obligaron a su conductor a que los llevara al fundo El Peregrino, en donde aguardaban las otras víctimas. Allí descargaron los cuerpos que traían de Atenas y los montaron en un volteo. En total, 17 personas cayeron ese día: 16 recibieron disparos en la cabeza y sólo uno tenía un tiro en el pecho.
Fuente: Ministerio de Interior y Justicia
En horas de la noche, los de «El Topo» liberaron al resto de los mineros. A todos los amenazaron con matarlos si contaban algo en el pueblo. Antes de dejarlos ir, cargaron el volteo con todos los asesinados y los condujeron hasta las cercanías de la mina Nuevo Callao. Una retroexcavadora fue trasladada hasta el sitio para hacer una fosa común de tres metros de ancho por cinco metros de profundidad. Durante el recorrido, atravesaron Tumeremo por la Troncal 10, escoltados con motos.
Según González López, la banda de «El Topo» se llevó consigo a un par de rehenes que fueron liberados 10 días después debido a la «presión policial». Uno de los cautivos fue Jairo Rojas Vaca, quien había sido declarado como desaparecido en la tranca que hicieron los familiares para reclamar los cadáveres. Su foto era una de las 17 que había en la pancarta con la que los parientes difundieron los nombres de los que no habían vuelto.
Los protagonistas
La banda de «El Topo», de acuerdo con lo expuesto por González López, tiene una estructura compuesta por personas de confianza, que colaboran con sus negocios y fechorías; encargados de armas y reclutamiento, además de cinco jefes de mina entre los que se cuentan dos de sus hermanos. Los últimos de su cuadro son sus sicarios: 18 personas, de las cuales se ha difundido la identidad de cuatro. Estos últimos estaban comandados por un jefe: alias «Toribio».
La estructura de la otra banda, la que supuestamente controlaba la mina, es más sencilla. Se trata de la organización liderada por Alixandro Lizandro González Montilla, alias “El Gordo Lizandro”, y José Enrique Zurita Arévalo, alias “El Potro”, quienes actuaban con la colaboración de alias “Coporo”, su lugarteniente. Todos, según el ministro, están reclamados por la justicia por extracción minera ilegal, extorsión y secuestro, y mantienen vínculos con “sectores políticos y financieros” del municipio.
El grupo, según las autoridades, cuenta con 15 sicarios y cuatro personas de alta confianza que son Joangel José Granados, alias Marihuana, y Lizangel Alexander Romero, conocido como «El gato» y los hermanos José Ángel Ruiz Montilla, alias «Tita» y José Armando Ruiz Montilla, alias “Ku”, todos solicitados.
Pero lo que no dijo el ministro fue que «Tita» y «Ku» fueron asesinados en la masacre junto a otro de sus hermanos: Nestor de Jesús Ruiz Montilla. De hecho, a su madre le fueron entregadas tres urnas que se velaron brevemente el 16 de marzo en la cancha del barrio La Caratica, donde vivían ellos y «El Potro».
«Pero por ahí se dice que uno de ellos está vivo, porque ya lo han visto en la calle», sentencia la hermana de otro de los asesinados. Por esa razón, en las calles de Tumeremo, muchos dudan que las identidades de los cuerpos coincidan con las de quienes habían sido declarados por los desaparecidos.
Los detenidos
El 10 de marzo se encontraron los primeros vehículos relacionados con el caso. La retroexcavadora que había sido utilizada para hacer la fosa en donde se enterraron los 17 cuerpos, en la vía a Nuevo Callao, fue hallada en los alrededores del sitio. Ese mismo día, en la madrugada, se dio con el paradero del camión que había trasladado a los cuatro cadáveres entre «la bulla» de Atenas y el fundo El Peregrino. También se encontró una camioneta Silverado que era, supuestamente, propiedad de «El Topo».
La primera detención ocurrió el 12 de marzo, cuando las autoridades capturaron a Rosa Zoraida Gil, conocida como «La Doña», presunta administradora de «El Topo». Su fundo, ubicado en el sector Las Guaicas, fue una de las paradas que hicieron los delincuentes después de enterrar los cuerpos.
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Durante esa misma semana detuvieron a los hermanos Carlos y Manuel Balaguer, dueños de la retroexcavadora, y también a Luis Rueda, sobrino de Gil y presunto colaborador de «El Topo». El 18 de marzo capturaron a Francisco David Carache Zambrano, alias “Goliat”, quien se dedicaba a reclutar personas para que trabajaran en las minas controladas por «El Don».
La última detención de la que se tiene noticia es la de Edgar José Gómez Tremaria, hecha el 31 de marzo, vinculado a la banda de «El Topo».
Tumeremo, a un mes
«Aquí uno vive con la misma zozobra de todos los días», comenta el hermano de una de las víctimas, quien asegura que cada noche hay un muerto en el pueblo. Asegura que sabe de personas que han llegado al lugar para preguntar por la masacre, pues tienen familiares desaparecidos y temen que también hayan caído en «El Peregrino».
Dos de asesinatos ocurridos recientemente en Tumeremo guardan relación con el caso. Trascendió que en la madrugada del jueves santo, el pasado 24 de marzo, una pareja de motorizados le disparó a Luis Alberto Romero Malavé, de 15 años y Brayan Correa Villamizar, de 20, quienes estaban en la vivienda de un hijo de Rosa Gil. Fuentes policiales, consultadas por el Correo del Caroní, aseguraron que los muertos eran sobrinos de «La Doña».
El hombre señala que el peligro se corre fuera y dentro de las minas. Si bien la gente de «El Topo» ya no está en los yacimientos, sí lo están los militares y las comisiones que investigan la masacre. «Ellos han atropellado y hasta golpeado a los mineros, por eso quieren hacer una protesta en la plaza Bolívar», agrega.
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Sus palabras concuerdan con una nota del Correo del Caroní en la que se indica que varias minas fueron militarizadas: Guacamaya, El Pilón, El Limón, Murciélago, La Luisa, Nuevo Callao, Hoja de Lata I-II y Vuelvan Caras. Allí es donde supuestamente han sucedido las irregularidades.
Mientras tanto, las familias, además de esperar justicia por la muerte de los suyos, aguardan por una indemnización que llegará a través del gobierno regional. Eso fue lo que prometió Francisco Rangel Gómez, la máxima autoridad del estado Bolívar, en una reunión que sostuvo con las madres y viudas de los que asesinados, días después de que consiguieron los cuerpos. «Él nos dijo que no había venido antes porque no quería que el caso lo agarraran como pura politiquería. A mí no me convenció», dijo la mamá de uno de los asesinados. A una de las viudas le prometieron una vivienda.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, reiteró que la masacre de los mineros se produjo a raíz de un «enfrentamiento» entre cabecillas de organizaciones criminales: las bandas de «El Topo», quienes ejecutaron a las víctimas, y «El Gordo Lizandro». Ambas ejecutaban «acciones de corte paramilitar para hacerse del control político y económico de la zona minera».
«El lamentable desenlace se produjo luego de que estas organizaciones paramilitares, con fines políticos, tuvieran diferencias por el cobro de vacunas y extorsiones practicadas a compradores de oro y comerciantes de esa localidad del estado Bolívar», dijo González López.
En la matanza, dijo el ministro, se llevaron a cabo «prácticas cruentas heredadas de otras latitudes».
Adelantos e implicados
Informó González López que uno de los implicados en la masacre fue detenido este viernes en el estado Zulia. Se trata de Francisco David Carache Zambrano, alias ‘Goliat’, capturado en el Hotel La Llovizna de Lagunillas, luego de salir por vía aérea del estado Bolívar. Su oficio era reclutar personas en Tumeremo para trabajar en las minas controladas por «El Topo»: Hoja de Lata, Botanamo, Cafetal y Vuelvan Caras.
Recordó que hay otros dos detenidos por el hecho: Rosa Gil, quien coordinaba las operaciones logísticas, y Luis Rueda, sobrino de Gil y colaborador de «El Topo». Los hermanos Carlos y Manuel Balaguer, propietarios de la retroexcavadora incautada en Nuevo Callao, zona donde fue hallada la fosa con los cuerpos de los 17 asesinados, están retenidos de manera preventiva.
Por ahora, los funcionarios policiales están tras la pista de Jamilton Ulloa Suárez, alias «El Topo» y de Carlos Alcorce, alias «Cocó», encargado de compra de armas de la banda. Las autoridades también buscan a Yenny Abadesa Ulloa Suárez, alias «La Bacha», quien es hermana de «El Topo» y colabora con él.
De acuerdo con lo expuesto por el ministro, en rueda de prensa, la banda de «El Topo» tenía cinco jefes de mina, entre quienes se cuentan dos hermanos del cabecilla: Harry Ulloa y alias «Coro». En ese equipo también están Carlos Ortiz, alias «Cara e’ Niña», además de dos delincuentes no identificados, conocidos como «Nardo» y » El Morocho».
«El Topo» contaba además con 18 sicarios, comandados por un hombre de nacionalidad colombiana y de nombre Edwin Toribio, alias «Toribio».
Los otros
La otra banda implicada en el hecho es la de Alixandro Lizandro González Montilla, alias «El Gordo Lizandro», y José Enrique Zurita Arévalo, alias «El Potro», quienes actuaban con la colaboración de alias «Coporo», su lugarteniente. Todos, según el ministro, están solicitados por extracción minera ilegal, extorsión y secuestro y mantienen vínculos con «sectores políticos y financieros» del municipio.
Declaró el ministro que el grupo delictivo cuenta con 15 sicarios y cuatro personas de alta confianza como Joangel José Granados, alias Marihuana y Lizangel Alexander Romero, conocido como «El gato». Los otros dos colaboradores eran José Ángel Ruiz Montilla, alias «Tita» y José Armando Ruiz Montilla, alias «Ku», asesinados en la masacre.
Por el caso han declarado dos testigos: Jairo Rojas Vaca, quien había sido declarado como desaparecido y otra persona que se encuentra bajo protección. Los dos fueron rehenes, durante 10 días, de los hombres de «El Topo».
Según los testigos, una de las frases repetidas por sus captores era «tenemos dos, faltan nueve».
En la matanza participaron alrededor de 30 y 40 personas. Contó el ministro que, después de enterrar a las víctimas, cuatro delincuentes se dirigieron en vehículos hasta la casa de Rosa Gil, ubicada en un caserío que está en la vía a Nuevo Callao, cerca del basurero de Pedeca. En ese sitio permanecieron unas horas y desde allí partieron hacia el sector Las Luisas. y luego a pie hasta San José, un caserío cercano a la mina Hoja de Lata, una de las que controla «El Topo». Allí, los rehenes fueron liberados «por la presión de los cuerpos de seguridad».
El ministro cerró su declaración asegurando que no descansarán «hasta dar con los culpables de este fenómeno paramilitar importado desde Colombia».
Un recorrido por tres puntos del pueblo donde el pasado 4 de marzo ocurrió la masacre de 17 mineros, da cuenta de un territorio dominado por el crimen y el precio del mineral dorado
Mientras que las bandas de delincuentes hacen toques de queda y la vida del pueblo gira en torno a los yacimientos, los anaqueles continúan vacíos
@loremelendez | Foto: William Urdaneta
“Es que este es un pueblo minero. Aquí lo que se respira es oro”, dijo el taxista mientras el diente de oro le relucía tanto como el de Pedro Navaja. El suyo era un carro destartalado, un sedán de pintura opaca con la tapicería roída. El precio de la carrera, tomando en cuenta las distancias cortas de Tumeremo, era casi un asalto. En un lugar donde la economía tiene el metal dorado como moneda corriente, los costos desconocen leyes que quieran hacerlos justos.
El auto envejecido arrancó con destino al único plantel de secundaria del municipio Sifontes del estado Bolívar, el liceo “Monseñor Francisco Javier Zavaleta” que el pasado 3 de febrero se convirtió en noticia. Allí entraron delincuentes armados que obligaron a cerrar el centro educativo para que la población acatara un toque de queda impuesto por los hampones. Los estudiantes fueron desalojados de sus aulas a media mañana.
Foto: Germán Dam
“Si les vas a preguntar sobre eso, nadie te va a hablar”, lanzó el taxista, y no le faltaba razón. En Tumeremo, el episodio fue recordado sin sobresalto. Nadie se espantó cuando el caso se mencionó, pero pocos quisieron comentar más. Todo parecía pasar por un tamiz en el que se mezclaba el miedo y la aceptación, o resignación, de que lo que se vive ahí es normal.
“Yo tengo toda mi vida aquí y, le digo una cosa, este pueblo se ha puesto fuerte. Aquí no se escuchaba un tiro. Ahora se escuchan ráfagas todas las noches”, afirmó un hombre sesentón que atendió en franelilla y bermudas desde el porche de su casa, muy cerca del liceo ubicado al oeste del pueblo. Él fue uno de los que se negó a profundizar sobre el toque de queda, aún cuando ya se cumplió un mes de lo sucedido. Apuntó que no estaba en su hogar. A pesar de haber admitido que su hijo estudiaba en el plantel desalojado, aseguró no haberse enterado de mayor cosa.
Hay otros, en cambio, que se atrevieron a decir un poco más. “Claro que me acuerdo. Hasta aquí llegaron ese día, eran unos tipos de La Caratica. Yo tuve que cerrar porque me obligaron”, contó la dueña de una bodega cercana al liceo. A su negocio arribaron unos motorizados que le dijeron que debía bajar la santamaría para unirse a una protesta en la Plaza Bolívar. La comerciante se negó al principio, pero otro motociclista del grupo, a quien ella conocía, le dirigió unas palabras. “Hazlo, mami. No me la pongas difícil”, le dijo en tono conciliador, advirtiéndole con la mirada que, si no lo hacía, sería mucho peor: los hombres andaban armados. Ella entendió la seña. No acudió a la manifestación, pero tampoco abrió el abasto durante toda la semana.
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Aquel toque de queda se extendió por todo el pueblo. Los negocios, incluso los que están en el centro, no prestaron ningún servicio. La intención del cierre forzado era que liberaran a tres presuntos delincuentes –Yordi Yosmal Bolívar Maneiro, de 20 años; Dibrahi José Pimentel Rosa, de 30; y Rafael José Hernández Nero, de 28, de acuerdo con datos recabados por el diario El Progreso– acusados pertenecer a las bandas de “El Gordo” y “El Potro”, que hacen vida en Tumeremo. Habían sido apresados el día anterior tras ser sorprendidos en una reunión con compradores de oro. Entre todos planeaban establecer un sistema de cobro de vacunas en la población.
Los malandros, ante aquella arremetida, pedían a los tumeremenses que apoyaran su causa. Con pistola al cinto, llegaban a los sitios que fuese necesario cerrar. No hubo quien se resistiera.
Los azotes de La Caratica
Foto: Germán Dam
El carro destartalado volvió a tomar la calle hacia una siguiente parada: el barrio La Caratica, un lugar de calles desiguales, zigzagueantes, con el pavimento casi destrozado o, incluso, de tierra. Se trata de un territorio de casuchas rurales, de una sola planta, con techo a dos aguas, resguardadas con cercas de alfajol o de alambres de púas. Casi todas tienen, en la parte trasera, amplios patios en los que se han levantado ranchitos de láminas de cinc.
“Esos solares son grandísimos, llegan hasta la montaña. La gente dice que allí es donde los malandros de aquí tienen sus escondites”, soltó el taxista. Con su sonrisa dorada apuntó que, cuando caía el sol, ningún conductor se atrevía a hacer una carrerita hasta el barrio. Las bandas que controlan la zona suelen poner alcabalas para revisar cualquier carro que llegue.
“Hacen que te bajes, te revisan, te preguntan que pa’ dónde vas. Todo esto lo tienen vigilao’”, comentó el hombre mientras avanzaba sigilosamente entre las casas. Ese día de la visita eran más de las 6 de la tarde, pero el taxista entró tranquilo. El pueblo entero estaba militarizado. En la mañana, el Ejército y la Guardia Nacional habían disuelto la tranca de la Troncal 10 levantada por los familiares de 17 mineros que habían sido masacrados. En cada esquina del casco central había un soldado. En La Caratica no había ni una patrulla merodeando la zona.
El nombre del barrio ha sonado en los últimos días por la relación que ha tenido con la matanza ocurrida en la vía a “la bulla” de Atenas, un pequeño yacimiento de oro ubicado a dos horas en moto de Tumeremo. Allí, hace un par de días, velaron en una cancha deportiva a cuatro de los mineros ejecutados el pasado 4 de marzo: los hermanos José Armando, José Ángel y Néstor de Jesús Ruiz Montilla, y Jesús Alfredo Aguinagalde. Todo sucedió justo un mes después del toque de queda.
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Pero antes del funeral, La Caratica se mencionó porque ahí reside Jean Carlos Bartoli, alias “El Potro”, uno de los malandros que controlaba la mina. Se trata de un veinteañero que se ha visto involucrado en homicidios y tenencia de droga. Su socio en este negocio, con el que le quitaba la mitad del oro a los mineros, era alias “El Gordo”, primo de los Ruiz Montilla, los tres hermanos caídos en la masacre.
“Yo le digo una cosa: los que mataron allí eran malandros. Habría dos o tres inocentes, pero los demás eran malandros”, indicó el taxista del diente de oro, quien de inmediato formuló su hipótesis del porqué ocurrieron las ejecuciones: “El Topo”, quien controla decenas de minas en Sifontes y está señalado como el presunto autor de la matanza, quería hacer una “limpieza” para tomar “la bulla” y evitar que los de La Caratica formaran un sindicato que cobrara vacunas a los comerciantes.
El taxi avanzó hacia el centro de Tumeremo, el lugar donde deberían conseguirse los pocos productos de la cesta básica que llegan al pueblo. Pero eso casi nunca sucede. Los testimonios de habitantes entrevistados coinciden en que los camiones con alimentos pasan de largo por el pueblo y paran en El Dorado, Las Claritas o en el Km 88 de la Troncal 10. Para los vehículos de carga es más rentable correr unos kilómetros adicionales para vender la mercancía con un flete más costoso.
“Una paquete de harina cuesta como 1.500 bolos; un aceite cuesta 2.000; un arroz te cuesta eso mismo”, relató el conductor, quien tiene que viajar dos horas quincenalmente para poder abastecerse. Por eso, las carreras en Tumeremo son tan costosas. Por eso, todos, en algún momento, terminan extrayendo oro en alguna mina.
“Yo fui cuando explotó ‘la bulla’. Dejé estacionado el taxi y pensé que iba a poderme ir a hacer unos reales allá. Pero qué va, eso era puro malandro”, aseveró el hombre de la dentadura reluciente.
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Los que no van con pico en la mano, trabajan en algún oficio que se relacione con los yacimientos. Allí, quienes pernoctan, pagan los productos que llegan en oro, ya sea agua, comida, teléfonos celulares o mujeres. También allí terminan quienes poseen molinos para tratar el material aurífero de donde salen las preciadas pepitas doradas. Para allá van aquellos que comercian el oro en un pueblo donde el efectivo es mercancía preciada –los billetes de 100 bolívares se pueden vender en 120 bolívares– y donde todo se paga en cash.
El taxista siguió el camino hasta la última parada: un hotel de la ciudad. Dejó saber que los asesinatos no habían parado en el pueblo después de la masacre. “Ayer mataron a uno en La Montañita. Y hubo un comerciante que le disparó a dos taxistas que lo estaba amenazando”, contó.
Cuando el carro destartalado se detuvo, el conductor se negó a cobrar. “No se preocupe, señora. Yo quiero que usted cuente todo lo que pasa aquí a ver si esto se acomoda”. El hombre se despidió y, como a Pedro Navaja, el diente de oro le volvió a brillar.
El adiós después de la masacre
El pasado lunes, los cadáveres de las 17 personas que habían desaparecido en la vía hacia “la bulla” de Atenas fueron hallados en Nuevo Callao, un sector ubicado a 30 kilómetros de Tumeremo. Los encontraron 10 días después de que, tal como habían denunciado testigos, los asesinaran. Todos fueron ejecutados: 16 de ellos recibieron disparos en la cabeza y uno más murió por un balazo en el pecho.
El jueves, los familiares de las víctimas de la masacre, quienes días antes habían cerrado el tránsito por la Troncal 10, recibieron los cuerpos de los suyos. El pueblo, en varios puntos, lloró a sus muertos en un velorio donde los motorizados llevaban estandartes con las fotos de los caídos.
Por el caso, de acuerdo con información del Ministerio Público, hay una detenida: Rosa Zoraida Gil Salazar, una mujer que presuntamente coordinó la logística de la masacre. A ella también se le señala de ser la comadre y administradora de los bienes de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “El Topo”, el autor de la matanza. Contra él y dos de sus secuaces hay emitidas órdenes de captura.
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Durante el transcurso de este miércoles, los familiares de las víctimas de la masacre de Tumeremo, al sur del estado Bolívar, recibieron las urnas con los cadáveres de los suyos. Todos fueron ejecutados el pasado viernes 4 de marzo en la vía que conduce a «la bulla» adyacente al fundo Atenas, un pequeño yacimiento de oro ubicado en las cercanías de El Miamo.
Los cuerpos de los asesinados, 15 plenamente identificados de 17 que fueron recuperados, fueron llevados a dos puntos por efectivos de la Guardia Nacional. Cuatro de ellos, los de los hermanos José Ángel, José Armando y Néstor de Jesús Ruiz Montilla, además del de Jesús Alfredo Aguinagalde, fueron trasladados al lugar donde residían: el barrio La Caratica, ubicado al este del pueblo.
La mayoría de los cadáveres fue enviado directamente al Nuevo Cementerio Municipal de Tumeremo. Allí, desde esta mañana, se preparaban las fosas para los actos funerarios de la tarde.
#Tumeremo algunos cuerpos ya han llegado al cementerio. Se espera a que estén listas las fosas para darles sepultura pic.twitter.com/DnIFKbCrwY
Familiares y vecinos acudieron en multitud a recibir a las víctimas. Algunos estamparon las fotos de sus muertos, otros llevaron objetos que les pertenecían para ponerlos sobre los féretros antes del entierro.
Todas las víctimas de la masacre de Tumeremo fueron ejecutadas: 16 recibieron disparos en la cabeza, sólo una fue herida en la región toráxica, ninguno fue descuartizado. «Estamos enfrentando a personas desalmadas». Así lo aseguró este miércoles la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien arribó hasta la capital del municipio Sifontes del estado Bolívar para entregar los cadáveres hallados el lunes a sus familiares.
Ortega Díaz descartó que el número de asesinados en la matanza sea mayor de 17. «Queda descartado que sean 21 los desaparecidos», dijo en rueda de prensa. La última cifra la había ofrecido ella misma dos días antes en Caracas.
La fiscal acotó que, aunque habían sido reportadas 18 víctimas ante el Ministerio Público, de la última sólo se tiene el nombre. Los familiares, según Ortega Díaz, no dieron ni características físicas, ni fotografía, ni número de cédula del desaparecido.
Precisó que, hasta el momento, los restos de 14 personas fueron identificados y entregados a los dolientes, ya que corresponden con los nombres y datos que los familiares aportaron. Otros tres cuerpos serán trasladados a Puerto Ordaz a fin de que se continúe con los estudios de reconocimiento.
#Tumeremo En medio de la rueda de prensa de @lortegadiaz fue identificado otro de los cuerpos, por lo que serían 15 identificados de 17
Otro dato adelantado por la Fiscal fue el sitio exacto del hallazgo de los cadáveres. Se trata del sector Barrio Largo, en la vía a la mina de Nuevo Callao, ubicado a 30 kilómetros al sur de Tumeremo. Según ella, para poder recuperar los restos, se debió utilizar maquinaria pesada.
«La cantidad de tierra que les echaron encima (a los cuerpos) era para que nunca los encontraran», dijo. También descartó que haya otra fosa en el sitio e informó que su despacho desconoce que haya sido activada una búsqueda de cadáveres en la mina de Hoja de Lata, tal como lo mencionó el martes el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Apuntó Ortega Díaz que se dictaron medidas de protección especial para las víctimas y testigos del caso. También anunció que hay una persona detenida por la masacre, además de tres órdenes de captura, entre las que se incluye la de Jamilton Ulloa Suárez, alias «El Topo», presunto autor de la masacre.
La Fiscal agregó que, ante la serie de denuncias formuladas por el diputado Américo De Grazia sobre el caso, el Ministerio Público le enviará una comunicación a fin de que pueda aportar los datos que conoce sobre la masacre. Insistió en que el parlamentario debe informar a su despacho sobre las amenazas de muerte que ha recibido.
Ortega Díaz admitió tener conocimiento sobre las denuncias que implican a funcionarios policiales en la masacre. «Sabemos de algunos, todavía no los tenemos a todos», afirmó tras ser interrogada al respecto.
El director del Cicpc, Douglas Rico, anunció que algunos funcionarios de cuerpos de seguridad locales serían investigados por este caso. «De resultar algún miembro de algún organismo involucrado en el hecho, será sancionado», dijo. Acotó que se continuará la investigación penal contra funcionarios envueltos en otros hechos punibles.
El Ministerio Público evalúa pedir medidas ambientales para proteger los suelos y las fuentes acuíferas en la zona y en los próximos días dará a conocer su decisión final al respecto.
Rico también se refirió al tema y adelantó que hay un plan –estudiado por los ministerio de Defensa y de Interior, Justicia y Paz– para proteger la zona, debido a la implementación del arco minero. «Ya hay una coordinación de ministros para evitar que hagan vida aquí personas que cometan hechos tan lamentables como este», agregó.
