Después de tres días, las autoridades pudieron contabilizar a siete víctimas de la masacre que ocasionó un enfrentamiento armado en una mina de Tumeremo, estado Bolívar. Este miércoles 17 de octubre fueron identificadas seis de ellas. Todos los cuerpos tienen una sola herida de bala en la cabeza. publica el portal web Efecto Cocuyo.
Así lo informó el periodista local German Dam en su cuenta de Twitter. “Trascendió que las siete víctimas presentan un único disparo en la cabeza; herida efectuada con un arma de bajo calibre“, indicó.
De acuerdo con el reporte de otra periodista local, Pableysa Ostos, entre los fallecidos por el tiroteo se encuentra Adela Suriman, de 24 años. Su cuerpo fue entregado a sus familiares en la tarde de este miércoles.
#Bolívar#17Oct 1/2
6:24 pm | Comisiones mixtas retornaron de la mina Los Candados; trajeron consigo a trabajadores-mineros y cocineras-de las minas cercanas,una de ellas de Corre-gente (desalojadas). Fueron trasladados en helicóptero,motos y convoy de la GNB. pic.twitter.com/whFwRopBNS
El resto de las víctimas de la masacre identificadas son: Abigail Colmenares (25), Edixon Contreras (23), Jean Carlos Gutiérrez (24), José Luis Awin (30) y César Martínez (22). Falta saber la identidad de un cadáver más.
“Según sus familiares, los muchachos eran motorizados que trabajaban ingresando mineros y mercancía hacia la mina Corre Gente. También recalcaron que no fue un enfrentamiento, sino una emboscada de la guerrilla hacia la población minera”, indicó el periodista Germán Dam.
1. #17Oct El único cuerpo entregado por las autoridades fue el de Adela Suriman, de 24 años. Sus familiares sacaron el feretro del Fuerte Tarabay a eso de las 6:00 pm y hoy mismo será enterrada.#Tumeremo#Bolívar#Venezuelapic.twitter.com/hIm1WyKC3m
2. Ya entrada la tarde fue reconocido el cuerpo de José Luis Awin (30), convirtiéndose en la sexta víctima del #14Oct plenamente identificada.
Sólo resta el de un joven de rasgos indígenas que tiene el tatuaje de un escorpión en el brazo izquierdo.#Tumeremo#Bolívar#Venezuelapic.twitter.com/JJuWPbnOIL
3. Gracias al apoyo del Ejército y de la comunidad, estan regresando a Tumeremo casi 300 hombres y mujeres que se refugiaban en la mina Corre Gente después de los hechos del #14Oct. Temían ser atacados por la guerrilla si salían sin protección.#Tumeremo#Bolívar#Venezuelapic.twitter.com/xo9vlSEZfr
4. Trascendió que las 7 víctimas presentan un único disparo en la cabeza; herida efectuada con un arma de bajo calibre.
«Fueron emboscados, sometidos y posteriormente ejecutados», aseguran sus allegados.#Tumeremo#Bolívar#Venezuelapic.twitter.com/pgzoBAj0lO
El domingo 14 de octubre en la tarde hubo un enfrentamiento entre integrantes de la banda de Jhosue Zurita, alías El Coporo y hombres identificados como la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esto ocurrió en la mina Corre Gente, ubicada en Tumeremo del municipio Sifontes.
En principio se había informado que el lugar del hecho se llamaba El Candado. Pero los lugareños aseguraron que así llaman a la zona solo porque es una encrucijada para llegar a la mina Corre Gente. No es un yacimiento de oro.
Historial del conflicto
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Monitor de Víctimas informó que la explotación ilegal de oro como vía de la sobrevivencia económica al sur del estado Bolívar, en un clima hostil controlado por bandas armadas y una actuación cómplice de los cuerpos militares, ha derivado en capítulos de horror como la Masacre de Tumeremo, en marzo de 2016, y otras tantas que han conmocionado al país.
En agosto de este año, la confrontación armada por un yacimiento de oro en la población de Maripa dejó seis fallecidos, entre ellos el líder de una comunidad indígena.
Los conflictos alrededor de las zonas auríferas aumentaron a raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco, que no solo ha dejado una devastación ambiental en la región sino también masacres como esta.
La caída de los precios petroleros en 2014, el fracaso en las políticas económicas (entre ellas, el motor minero) y la conflictividad política se han traducido en una nueva apuesta de Miraflores: la explotación minera como auxilio financiero. En esta región, el mercurio y la sangre se mezclan.
Ciudad Guayana. Una comisión militar llevó al Fuerte Tarabay, en el municipio Sifontes, del sur de Bolívar, siete cadáveres descompuestos de cuatro hombres y tres mujeres durante la noche de este martes: son los cuerpos que sacaron de la mina Los Candados, sector Bochinche (cercano a la zona del Esequibo) de ese municipio, luego de una masacre que ha sido denunciada por las familias del pueblo como responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN), publica el portal Crónica.Uno.
La información la confirmó el diputado Américo de Grazia, representante del sur de Bolívar en la Asamblea Nacional, quien es otra de las voces que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de permitir el ingreso de las células guerrilleras a las zonas mineras.
Pobladores y familiares de las víctimas aguardan en Tumeremo el traslado de los cuerpos desde las minas Los Candados para darles sepultura. Hasta el momento, no se conoce las cifras exactas de muertes ocurrida”, explicó.
Este miércoles, una comisión del Ejército, junto con consejos comunales de Sifontes, regresará a la mina tal y como lo hizo el martes, en helicóptero, para continuar el rescate de los cadáveres que todavía quedan.
Asunto cotidiano
De Grazia aseveró que, de acuerdo con las opiniones que recabó, la masacre se originó por el enfrentamiento entre la banda de “El Coporo” y el ELN por el control de la mina. Sobrevivientes de la balacera, 10 en total, fueron atendidos en el hospital Doctor José Gregorio Hernández.
Hasta ahora hay 18 personas desaparecidas. Por eso, pobladores de Tumeremo cerraron nuevamente la Troncal 10, la única vía terrestre que comunica Venezuela con Brasil, para exigir una investigación sobre el caso y los rescates de los cadáveres.
Además del Ejército, participan la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Esta nueva matanza reaviva los temores de los habitantes de Sifontes en torno al hecho que, en marzo de 2016, dejó en evidencia los asesinatos que ocurren por el control de las minas de Bolívar: la masacre de Tumeremo.
En aquel suceso, negado originalmente por el gobernador de entonces, Francisco Rangel Gómez, al menos 17 personas murieron baleadas en una mina de ese mismo municipio. Fue, además, la advertencia que más altamente ha sonado acerca del desorden y la impunidad de ese proyecto con un sinfín de fisuras llamado Arco Minero del Orinoco, inaugurado por Nicolás Maduro pocos días antes de dicha masacre.
El pasado 15 de enero ocurrió una matanza en El Junquito. Óscar Pérez y seis de sus aliados cayeron, por disparos en la cabeza, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Las víctimas se suman a las casi 700 personas que han muerto en procedimientos policiales y militares, y en condiciones similares, durante el gobierno de Nicolás Maduro
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A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS SIETE DÉCADAS, la historia de Venezuela ha sido salpicada por hechos de sangre que fueron perpetrados con la anuencia del Estado. A partir de 1958, cuando el país superó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, estos ataques masivos de funcionarios – que suelen triplicar en número a sus víctimas – dejaron de ser frecuentes. Sin embargo, desde la década de los 80 empezó a observarse cómo los gobiernos de turno, o los uniformados bajo su mando, los pusieron en práctica. Las masacres – matanzas en las que mueren al menos tres personas que, por lo general, están indefensas ante sus victimarios – despuntaron así en medio de la democracia.
La mayor cantidad de masacres se ha ejecutado en el último lustro. En menos de cinco años en Miraflores, Nicolás Maduro y los policías y militares que le obedecen han estado al frente de al menos 49 de estos procedimientos. Solo en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo, entre 2015 y 2017, se llevaron a cabo 44 matanzas. A estos sucesos se suman la tragedia de Tumeremo, donde participaron uniformados como aliados de la banda criminal que ejecutó a 17 mineros; la persecución y asesinato de 9 pescadores de Cariaco; los ataques a las cárceles de Uribana y al retén de Amazonas, que dejaron 61 y 39 reos muertos, respectivamente; y más recientemente la masacre de El Junquito, que acabó con la vida del piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros. En total, 693 personas han caído en estos hechos.
Aunque ningún gobierno había alcanzado estos números, estos procedimientos, plagados de irregularidades, también fueron noticia en la era democrática. El primero se registró en 1982, cuando seis cuerpos de seguridad rodearon a 41 rebeldes marxistas en Cantaura, estado Anzoátegui, y mataron a 23 de ellos.
Después de Cantaura hubo nuevas operaciones policiales y militares que registraron un alto número de víctimas civiles. Así sucedió en poblaciones rurales como Yumare y El Amparo, y también en la capital venezolana, donde se produjo la mayor cantidad de muertes de El Caracazo – que es por cierto la única de estas masacres que no fue planificada, sino que sucedió como una reacción ante los disturbios y protestas –y donde también ocurrió la masacre del Retén de Catia, en 1992, el mismo día en el que hubo una segunda intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez durante un mismo año. En total, 489 personas cayeron en estos sucesos. La mayoría de ellos lo hicieron en El Caracazo.
Con el arribo de Hugo Chávez al poder, las matanzas que contaron con la actuación de funcionarios de seguridad del Estado no cesaron y 26 personas fueron víctimas de estos operativos. En sus 14 años de gobierno, los uniformados intervinieron en al menos cinco hechos de esta naturaleza: dos se ejecutaron en zonas populares de Caracas (Barrios Kennedy y El 70), una se escenificó en la cárcel de (Vista Hermosa, estado Bolívar) y otra en una zona rural (La Paragua, estado Bolívar). Runrun.es presenta un recuento de estas masacres que ponen en vilo el papel del Estado frente a la defensa de los derechos humanos.
“Me encerré seis meses, me tiré al olvido por tanto dolor… Hasta que yo misma me di cuenta que tenía que volver a salir adelante, por mis nietos que quedaron sin padre”.
Anaís Montilla rompió el silencio del duelo que le dejó la “masacre de Tumeremo”, suceso que este 4 de marzo cumple un año de haber manchado de sangre (una vez más) al sur del estado Bolívar. Sus tres hijos, Néstor (30), José Armando (27) y José Ángel (26) Ruíz Montilla, murieron en la matanza que contabilizó 17 cadáveres, tras un enfrentamiento por el control de la mina El Miamo.
Recuerda la incertidumbre de esos días de marzo, en los que pedían a gritos que aparecieran sus familiares desaparecidos en el suceso y que el gobernador Francisco Rangel Gómez daba por falso. Protestaron durante tres días seguidos hasta que el Gobierno nacional decidió investigar. “En ese momento había demasiado dolor, demasiada rabia, yo no podía hablar con nadie. No podía más”.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció el hallazgo de los cadáveres el 14 de marzo, y ya para el 16 los cuerpos habían sido entregados a las familias. La masacre fue confirmada.
Todo Tumeremo conoce a Montilla, una mujer de 53 años con temple de hierro que se ha levantado de la depresión para continuar con su vida y mantener contacto con las 10 familias que perdieron a un ser querido en esa matanza, hecho que el Gobierno no ha sabido reivindicar.
Tras entregar a los fallecidos, la Defensoría del Pueblo, Gobernación de Bolívar y Ministerio Público prometieron casa, comida, protección, educación y asistencia médica… Pero a un año de la tragedia, ninguna ayuda social del Estado se hizo realidad para las madres, esposas e hijos de los fallecidos.
“Me reuní con (Francisco) Rangel Gómez personalmente y nos prometió 10 casas, una para cada familia. Nos prometió la bolsa de comida semanal… Pero yo no he visto nada”, denunció Montilla, quien accedió a declarar a El Pitazo en un café discreto de Tumeremo, “donde no nos vea mucha gente, porque ahorita uno no sabe quién está oyendo”.
Mientras el Instituto de Viviendas, Obras y Servicios (Inviobras) del estado Bolívar, reporta que la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) construyó 21.576 viviendas en 2016; en Tumeremo ni siquiera se seleccionó el terreno para las casas que se ofrecieron para que estas personas dejaran de protestar.
La bolsa de comida semanal tampoco llegó. Durante 2016 solo recibieron una, alrededor de la fecha de la masacre. La segunda bolsa llegó un año después, este febrero… bolsas que no suficientes para ninguna de los cuatro deudos entrevistados para este trabajo.
Tras la masacre, el miedo reina en el municipio Sifontes, tanto que ni el alcalde, Carlos Chancellor, quiere referirse sobre el tema. Pero Montilla sí. Quiere recordarle al país que el terrible suceso no murió cuando la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) mató a Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias El Topo, líder de la banda criminal que efectuó la masacre.
Montilla tiene 18 nietos en total. Tuvo que comenzar a “pasar trabajo e irme pa’ las minas como cocinera”, hacia los lados de El Dorado y el Kilómetro 88, para ayudar a las dos nueras y los niños que viven con ella. “En mi casa, un mercado de 200.000 ó 300.000 bolívares no da sino para tres días”.
Para el momento de la masacre, cuando todo el pueblo exigía en las calles que aparecieran los fallecidos, ella también se reunió con el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien les prometió asistencia médica para todos los niños que quedaron huérfanos.
“Yo le llevé todos los informes y documentos de mi nieto, que es autista, porque nosotros lo atendemos es en Puerto Ordaz, pero no vimos respuesta. Con todos hablé y nos engañaron. Se olvidaron de todo (…) yo perdí mis tres hijos en un solo momento, ¿Sabes qué es no tener a quién pedirle nada, más nunca?”, dijo la mujer que no tiene más lágrimas para llorar a su descendencia.
“Nos engañaron y bien engañados, sin derecho a reclamo, porque ¿A quién más le vamos a reclamar nosotros? ¿A ellos mismos para que nos sigan mintiendo?”, dijo Anaís Montilla, expresando desconfianza con cualquier funcionario del Gobierno actual.
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– Este es un pueblo sin ley… aquí ya no manda ni Guardia (Nacional), ni Policía…
– ¿Y quién manda, entonces?
– … Los malandros.
El miedo aún se respira en el aire de Tumeremo, municipio Sifontes. Pocas personas se quieren referir a la masacre de 17 mineros que volvió noticia a este pequeño poblado al sur del estado Bolívar desde el 4 de marzo de 2016. Evelyn Muñoz, una joven vecina del pueblo, asegura que desde hace un año para acá la inseguridad es todavía peor.
“Todo el mundo está en su casa a las 6:00 de la tarde. Aquí no hay sindicato como en Las Claritas”, poblado minero donde el control y la seguridad va por cuenta de grupos parapoliciales.
Una fuente vinculada al área de seguridad en Sifontes, que prefirió resguardar su identidad para protegerse, aseveró que “hablar de la masacre es muy delicado. Amenazan a los funcionarios, a sus familias… Es un tema muy delicado de tratar porque, al final, no hay nadie que haga nada”, por parte del Estado.
En cada esquina de Tumeremo se repite la frase de Evelyn. “Pueblo sin ley”, “hay que ver para todos lados”, “estar con un ojo aquí y otro allá”, son las expresiones de los pobladores que hablan temerosos.
El presidente de la Cámara de Comercio de Sifontes, Erick Leiva, lo confirma. Detalló que “desde la masacre, el comercio no se ha levantado.
“Aquí nosotros tenemos un promedio de cinco comercios robados al día, sin contar los atracos que hay en la calle, que le arrancan las carteras a las mujeres… De verdad se ha puesto muy fuerte”, dijo, y aseguró que, por la misma razón, los negocios cierran a las 5:00 pm cuando antes lo hacían a las 8:00 pm.
Silencioso. Solo así puede describirse el luto que guardan los familiares de los mineros asesinados en la masacre de Tumeremo a un año de su desaparición física. Bien sea por el dolor intrínseco o el miedo a represalias, quienes vivieron esta atrocidad de forma directa se niegan a hablar de lo que sucedió a principios de marzo del 2016, que poco a poco se va desdibujando de la esfera pública como miles de casos similares engavetados por las autoridades.
A pesar de ser un caso de relevancia nacional e internacional que evidenciaba la impunidad con la que bandas criminales actúan al sur de Bolívar, la omisión del Estado luego del revuelo inicial ha sido clave en un intento de enterrar su fracaso junto con los cadáveres de las víctimas. Los sobrevivientes sufren del olvido de las instituciones públicas, cargando con la zozobra y angustia de una realidad que solo se ha agravado.
La figura de la reparación integral, manejada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que es de carácter obligatorio ofrecer indemnización material o psicológica (según aplique) a la brevedad posible en casos de violación de derechos humanos, con el objetivo de minimizar las repercusiones traumáticas que estos puedan tener sobre las víctimas. Sin embargo, en Tumeremo, esto no es más que otras palabras en papel.
Aunque los victimarios y las motivaciones de las dos tragedias son distintas, hay más puntos de encuentro en estos hechos de sangre de lo que se imagina. Runrun.es dice cuáles son
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VÍCTIMAS INDEFENSAS, CIFRAS INEXACTAS DE DESAPARECIDOS, fosas comunes, funcionarios de seguridad implicados. Las matanzas ocurridas en Tumeremo, en marzo pasado, y en Barlovento, hace mes y medio, comparten más que una simple coincidencia. Se trata de casos que han saltado a la opinión pública no sólo por la cantidad de muertos que han registrado, sino porque la mano de los uniformados, ya sea como cómplices o ejecutores, fue parte del escándalo.
Es cierto que lo ocurrido en Miranda con Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena fue distinto a lo que sucedió en Bolívar con los mineros. A ellos los detuvieron militares en medio de una Operación de Liberación del Pueblo (OLP), mientras que a los de Tumeremo los asesinó una banda de delincuentes que, supuestamente, perseguía el control de una mina pequeña. Sin embargo, los modos en los que actuaron los victimarios encuentran puntos de similitud entre sí.
Runrun.es repasa ambos hechos a través de los parecidos hallados entre sus víctimas, la forma en la que fue ejecutado el crimen y la manera en la que actuaron los familiares para intentar acercarse a la verdad:
Las víctimas
Dependían de la tierra
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En los dos casos, los asesinados se dedicaban a actividades relacionadas con el sector primario de la economía en cada una de sus entidades.
Los de Tumeremo eran mineros, es decir, estaban dedicados a la principal actividad de la zona del sur del estado Bolívar: la explotación del oro.
La mayoría de los de Barlovento eran campesinos. Estaban dedicados a trabajar la tierra como sustento.
Estatus: desaparecidos
El Ministerio Público declaró como desaparecidos a las víctimas de las dos masacres. Para ello, luego de que se reportara formalmente la denuncia, personal de esta instancia entrevistó a los familiares y testigos, quienes le dieron detalles de lo último que supieron de los suyos.
En el caso de Tumeremo, los cuerpos de los desaparecidos fueron hallados el 14 de marzo de 2016, 10 días después de haber salido de sus casas.
En Barlovento, las autoridades consiguieron los cadáveres 40 días después de haber sido detenidos.
De la Venezuela profunda
Las dos masacres tuvieron como escenario zonas alejadas de las capitales de los estados en donde ocurrieron. Tumeremo, por ejemplo, está al sur del estado Bolívar, a más de tres horas de las ciudades mayormente pobladas de esa región: Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz.
La zona de Barlovento donde sucedieron los hechos está también lejos de las urbes, en un área rural. De Los Teques, capital de Miranda, está a dos horas y media de carretera. Del noreste de Caracas, a más de 80 kilómetros.
Sobre el crimen
Fueron masacres
La Real Academia Española define el término “masacre” como una “matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”. Eso fue lo que sucedió en ambos casos.
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Las víctimas de Tumeremo iban camino a la mina de Atenas, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, cuando fueron detenidas en una alcabala de civiles armados que los amarraron y amordazaron. Dieciséis de ellos fueron ejecutados sin que pudieran defenderse.
En Barlovento, 20 hombres de distintos caseríos del este de Miranda fueron sacados de sus casas y detenidos por militares del Ejército venezolano que los llevaron a rumbo desconocido en medio de una OLP. Ninguno iba armado. Doce personas fueron asesinadas. Los sobrevivientes afirmaron que habían sido torturados.
Fosas comunes para los cuerpos
Los ejecutores de las masacres enterraron los cuerpos en fosas comunes. En Tumeremo usaron incluso una retroexcavadora para introducir los 16 cadáveres.
En Barlovento, los restos fueron depositados en dos puntos: en el sector La Maturetera del municipio Brión consiguieron dos cuerpos, mientras que en el sector Aragüita, en la vía hacia el Parque Nacional Guatopo, en Acevedo, encontraron 10 en una misma fosa.
Zonas boscosas como destino
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Las áreas agrestes y deshabitadas fueron las elegidas para enterrar los cuerpos. Se trata de lugares en donde las labores de escarbar en la tierra para hacer fosas se pueden hacer sin testigos, con todo el ruido que se requiera. A estos sitios es difícil llegar a pie.
En el caso de Tumeremo, los cadáveres fueron enterrados en la vía que conduce a la mina de Nuevo Callao, en Bolívar, en una carretera angosta y de tierra. El punto estaba a hora y media del pueblo donde vivía la mayoría de los desaparecidos.
En Barlovento, los cuerpos fueron llevados hasta zonas boscosas ubicadas en los municipio Gual y Acevedo del estado Miranda.
Participan funcionarios de seguridad
La masacre de Tumeremo fue cometida por la banda de «El Topo». Sin embargo, durante las investigaciones, se informó que funcionarios del Cicpc y del Sebin estuvieron presuntamente involucrados en los hechos. De hecho, se comentó que sin la anuencia de estos hubiese sido imposible llevar a las víctimas a Nuevo Callao. Hasta el momento no se ha informado si los funcionarios continúan tras las rejas.
Por el caso de Barlovento fueron detenidos 12 miembros del Ejército venezolano que patrullaban la zona durante una OLP.
Trato con los familiares
Autoridades que no responden
En ambos casos, los familiares acudieron en repetidas oportunidades a las autoridades locales en busca de respuestas, pero no las obtuvieron.
Cuando la noche del 4 de marzo de 2016, los sobrevivientes de la masacre de Tumeremo volvieron al pueblo y contaron lo que había pasado, los familiares de los muertos fueron a denunciar las desapariciones en el las oficinas del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero allí desestimaron lo sucedido y ni siquiera dieron curso a su búsqueda. Luego se sabría que algunos de los funcionarios de esa oficina estaban implicados.
En el caso de Barlovento, fueron los militares ocultaron lo sucedido. En el Destacamento Camacaro 323 de la parroquia El Café, en el municipio Acevedo de Miranda, le dijeron a los familiares que no tenían información sobre las detenciones ni sobre el destino de los suyos. Tres días después, les comunicaron que los capturados habían sido llevados hasta el Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, municipio Pedro Gual de la misma entidad. Al acudir al sitio, les indicaron que ninguno estaba ahí.
Familiares motivaron la búsqueda
Cuando ocurrió la masacre de Tumeremo, los familiares de los caídos trancaron la Troncal 9 que atraviesa el sur de Bolívar hasta llegar a Brasil. El paso de vehículos se cerró por completo. Ahí comenzó el escándalo por la tragedia y pronto se difundió en lo medios de comunicación.
Durante las primeras horas, la matanza de los mineros fue negada por el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quien días después tuvo que retractarse y admitirla. La protesta continuada de los parientes, que duró una semana, activó al Ministerio Público y a una comisión especial del Cicpc que viajó desde Caracas para ocuparse del caso. Cuatro días después de lo sucedido, se tuvieron los primeros indicios de un hecho de sangre: en el camino a la mina Atenas, a donde iban los trabajadores, se encontraron prendas de vestir, manchas hemáticas y pertenencias de los desaparecidos.
En Barlovento, el reclamo de los familiares también tuvo un papel primordial. Aunque no iterrumpieron el tránsito por vías públicas, sí se movilizaron para hallar a los suyos en los calabozos a donde supuestamente habían sido trasladados. Al no conseguir respuesta, hicieron la denuncia ante el Ministerio Público y este activó la búsqueda. También acudieron a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una ONG que ayuda a las víctimas de los excesos de los uniformados, que se encargó de mantener vivo el tema y darlo a conocer con mayores detalles.
En las dos ocasiones, las familias vencieron el miedo y defendieron sus derechos.
Números que no coinciden
En los dos casos, los familiares denunciaron que la cifra de desaparecidos era mayor a la difundida por las autoridades.
En Tumeremo nunca se difundió la lista oficial de nombres de los asesinados, sólo se dijo que eran 16. Los familiares no pudieron identificarlos y debieron conformarse sólo con las pruebas de ADN. Testigos afirmaron que los caídos superaban la veintena y el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, respaldó la sentencia. Pero el MP luego de descubrir la fosa insistió en que ya no había nadie a quien buscar.
Hay dos familias de Barlovento que denunciaron que los cuerpos de los suyos no habían sido hallados. Mientras, la diputada Delsa Solórzano afirmó que, en lugar de 12 eran 14 los desaparecidos. El defensor del Pueblo, por su parte, señaló que además de la docena, hay 5 personas que no se pudieron encontrar: Yulmar José Rengifo (31 años), Andris Bandres (37 años), Wilmer Enrique Serrano (22 años), Yefferson Suárez (27 años) y Rey Victores Campos (26 años).
En la continuidad de la investigación que adelanta el Ministerio Público sobre los hechos de violencia ocurridos el pasado 05 de octubre en la mina Nuevo Callao en Tumeremo, estado Bolívar, este martes en horas de la tarde fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres.
En ese sentido, los fiscales superior de la mencionada entidad federal, 42º nacional y 5ª de Tumeremo, Israel Pérez, Mervings Ortega y Jennifer Durán, respectivamente, así como expertos de la Unidad Técnico Científica y de Investigaciones de Bolívar se encuentran en el municipio Sifontes para realizar las diligencias necesarias orientadas a esclarecer la situación.
Asimismo, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses efectúa las experticias orientadas a identificar a las víctimas, las cuales fueron encontradas enterradas y presentaban varios disparos causados por arma fuego; adicionalmente, uno de los cuerpos estaba mutilado.
Igualmente, los representantes del Ministerio Público continúan entrevistando a testigos del hecho.
Con este hallazgo suman tres las víctimas fallecidas, pues el pasado viernes 07 de octubre fue localizada Rosa Isabel Rivas Rojas (29), en el vertedero de basura de Tumeremo; además, otras dos personas resultaron lesionadas.
