masacre de El Junquito

La presidenta de la comisión especial de la Asamblea Nacional (AN) que investiga la denominada Masacre de El Junquito, Delsa Solórzano (UNT-Miranda) entregó personalmente el informe preliminar de dicha comisión a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ubicada en Ginebra.

Así lo informó Solórzano este martes, durante la presentación en plenaria de las primeras conclusiones de la investigación realizada entre el 16 y el 21 de enero. La entrega del documento se dio la semana pasada, cuando la parlamentaria participó en una sesión de la Unión Interparlamentaria Mundial, con sede en la misma ciudad.

Si bien el derecho interno permite recurrir a la jurisdicción internacional una vez agotada la vía del derecho interno —proceso que generalmente puede durar varios meses o años— Solórzano dio cuenta de todas las diligencias realizadas por la comisión ante los organismos competentes, sin que ninguno diera respuesta oportuna.

Mostró los oficios consignados ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo solicitando información de sus actuaciones para determinar si hubo violación de derechos humanos en la operación Gedeón, aplicada conjuntamente por organismos de los ministerios de la Defensa y del Interior; no recibieron respuesta. También informó que los entes implicados en la operación fueron oficiados para conocer la identidad de los funcionarios actuantes, pero no respondieron. Indicó que ninguno de los integrantes de la cadena de mando citados para ser interpelados en la comisión acudió a la citación.

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Diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que al menos 32 personas han sido detenidas por el caso de Óscar Pérez.

Una comisión de la AN se encarga de investigar la muerte del policía rebelde y seis integrantes de su equipo, acaecida el pasado 15 de enero en el El Junquito.

«Han saqueado, allanado y destruido viviendas, mientras torturaban a las familias», dijo la diputada Adriana Pichardo.

Pichardo denunció que familiares de Óscar Pérez fueron llevados a la sede del DGCIM, donde los torturados, aplicándoles electricidad en los genitales.

Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Política Interior de la AN, sentenció que Pérez y compañía fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.

«Vimos un proceso de negociación donde quedo claramente establecido que hasta ese momento no había heridos y que hay un mayor con el que conversa Óscar Perez y otra voz que se escucha y dicen que ya se van a entregar y deja constancia de que no hay heridos».

Solórzano manifestó que todavía quedan muchas interrogantes en torno a la llamada «Masacre de El Junquito».

“¿Estaba Lisbeth embarazada?, pues la autopsia no lo dice ,por eso se requiere el protocolo de autopsia. ¿habían niños en el lugar? No tenemos prueba de ello, no tenemos denuncias de que hubieran niños en el lugar y la última pregunta ¿son los cuerpos de estos masacrados los que están sepultados? Si son sus cuerpos” puntualizó.

Por otro lado, el parlamentario José Luis Pirela asomó la posibilidad de que el cuerpo de Óscar Pérez no esté enterrado en el cementerio del Este.

«Fuentes confiables así lo indican, el gobierno tendrá que ordenar una exhumación para determinarlo, todos tienen tiros en la cabeza producto de una dictadura que no respeta los derechos humanos», dijo.

Por su parte Pichardo exigió un pronunciamiento inmediato de la Defensoría del Pueblo.

Agregó que la madre de Antonio José Pérez Cisnero, uno de los detenidos por el caso, denunció que un comando ingresó a su vivienda y amenazaron a niños con matarlos. De acuerdo con la legisladora, los oficiales buscaban fusiles y dólares.

Finalmente, Solórzano indicó que el caso ya se encuentra en instancias internacionales.

«Ya esto está en instancias internacionales, hemos tenido una larguísima audiencia el pasado miércoles en Ginebra, Suiza con la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU a quien ya le consignamos el expediente».

.@joseluispirelar: «Fuentes confiables indican que en el Cementerio del Este no está el cuerpo de Oscar Pérez, Gob. tendrá que ordenar una exhumación para determinarlo, todos tienen tiros en la cabeza producto de una dictadura que no respeta los derechos» #SesiónAN #30Ene

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 30 de enero de 2018

Dip.@wfloresvp: algunos familiares llegaron a la Morgue a las 6 am y se los llevaron al cementerio en donde las fosas ya estaban preparadas. Si hay algo claro en este caso es que la causa de fallecimiento fue la PENA DE MUERTE. #SesiónAN pic.twitter.com/3yFvdlcvT6 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 30 de enero de 2018

Dip.@apichardob: esta Comisión registró a 32 venezolanos, 20 civiles, 10 militares ‘relacionados’ con Oscar Pérez y 2 familiares directos, detenidos por la dictadura. Han saqueado, allanado y destruido viviendas, mientras torturaban a las familias. #SesiónAN pic.twitter.com/eTSYQ5ZEoB

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 30 de enero de 2018

.@wfloresvp : «El acta de defunción de Oscar Pérez habla de la causa de la muerte, pero el informe forense no lo quieren entregar pues determina el calibre de la bala, la hora de la muerte, lo que llaman tatuaje, » #SesiónAN #30Ene — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 30 de enero de 2018

Dip.@adennisf: Hablan de un enfrentamiento mientras la investigación de esta Comisión demostró que casi todo fueron ajusticiados. El régimen debe asumir su responsabilidad. Estos hechos no pueden repetirse. #SesiónAN pic.twitter.com/hfexrVtt3P

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 30 de enero de 2018

Dip.@delsasolorzano: Maduro ordenó plomo a ‘los grupos terroristas’ y luego se vio un proceso de negociación en donde se dejó constancia de que OSCAR Pérez estaba dispuesto a entregarse, pero que fue terminado con armamento de guerra, asesinando a esos 7 venezolanos. #SesiónAN pic.twitter.com/kyw99hoxS4 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 30 de enero de 2018

Dip.@delsasolorzano: incluso en países donde existe la pena de muerte los delincuentes son apresados y sometidos a juicio. En Venezuela no existe la pena de muerte y además se violó todo derecho posible en un caso como este. Los mataron y ahora niegan la justicia. #SesiónAN pic.twitter.com/tR7ukeypl8

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 30 de enero de 2018

Dip.@delsasolorzano: PNB disparó armas de guerra, que según Art.4 de Ley Desarme es acción exclusiva de la FAN. Al trasladarnos a El Junquito constatamos que toda la evidencia física del sitio fue destruida, en violación a la Ley del Servicio de Policía. #SesiónAN pic.twitter.com/pkWj6ePbAi — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 30 de enero de 2018

Dip.@delsasolorzano: el único eslabón que falta es el testimonio de los funcionarios actuantes, pero los responsables serán determinados y enjuiciados por que nuestro trabajo no se va a detener. #SesiónAN pic.twitter.com/UnvYEyLrEs

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 30 de enero de 2018

La matanza del inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez fue el producto de una actuación contradictoria que deja muchas interrogantes. Aquí algunas respuestas

Javier Ignacio Mayorca 

@javiermayorca ‏

El lunes 15 de enero, nueve personas resultaron muertas y por lo menos otras cinco heridas como consecuencia de un supuesto enfrentamiento entre cuerpos de seguridad y el grupo liderado por el inspector jefe de la policía judicial Óscar Eduardo Pérez.

Este hecho ha suscitado la atención de todo el país y de la comunidad internacional. A pesar del interés manifiesto del Gobierno por dosificar en lo posible las informaciones, y generar confusión mediante la filtración de datos falsos, hay varios aspectos que ya están claros.

*Fue una masacre. Más allá de cualquier connotación sensacionalista, la palabra masacre es aceptada internacionalmente para designar la matanza de cuatro o más personas en un solo hecho. El Buró Federal de Investigaciones (FBI), incluso, admite esta denominación para sucesos en los que las víctimas fallecen en lugares distintos, aunque íntimamente relacionados por tener un perpetrador común. Un ejemplo es la llamada Masacre en Kennedy, en la que agentes de Inteligencia Militar, Cicpc y PoliCaracas mataron a un grupo de estudiantes de la Universidad Santa María, en el curso de una misma secuencia de hechos, aunque en sitios de suceso distintos.

*¿Cuál fue la extensión de esta masacre? Este es un punto polémico. El Gobierno, a través del ministro de Relaciones Interiores Néstor Reverol, atribuyó al accionar de las fuerzas del Estado las muertes de Óscar Pérez, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Abraham Agostini, José Díaz Pimentel, Daniel Enrique Soto y Lisbeth Andreína Ramírez. Pero hay indicios de que la lista pudo ser más amplia. Heiker Vásquez, líder del colectivo Tres Raíces del 23 de Enero, pudo morir al ser herido por lo que se denomina “fuego amigo”. Una de las fotos conocidas la tarde del 15 de enero muestra el cadáver de Vásquez, boca arriba y totalmente desnudo, presumiblemente en la morgue del hospital Miguel Pérez Carreño. La gráfica, de muy baja resolución, muestra una herida en la parte baja de la clavícula derecha. Al analizarla, una conocida docente de patología forense (que pidió la reserva de su nombre) señaló que esa lesión tiene las características de ser ocasionada por la salida de un proyectil. “Los bordes se ven muy evertidos (volteados), por lo que pareciera ser un orificio de salida”, dijo. Debido al diámetro de esta lesión, no se descarta que el proyectil fuese de un fusil. Esto nos acerca aún más a la versión según la cual el grupo de Pérez estaba totalmente sometido, inerme. Sugiere, además, una situación en la que factores del Gobierno aprovecharon para ajustar cuentas. Lo mismo que sucedió con el jefe del secretariado de colectivos de Caracas, Juan Montoya, en febrero de 2014.

*Una “ejecución extralegal”. Para las 10:30 am del 15 de enero, Óscar Pérez había manifestado su intención de rendirse junto a su grupo, y estaba en negociaciones con el jefe de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, mayor GN Rafael Bastardo. No hay evidencias de que sus actuaciones en ese momento tuviesen otra orientación. Para él era claro que no tenía la más mínima posibilidad de salir de allí bien librado, si no era entregándose. Minutos después, los comandos de la PNB dispararon armas de repetición y RPG contra el inmueble. Óscar Pérez recibió por lo menos ocho tiros, incluido uno de gracia en la cabeza. Al ser esto así, quedarían descartados los supuestos de la legítima defensa y entraríamos en los de la ejecución extralegal o extrajudicial, según los términos fijados por el Protocolo de Minnesota de la Organización de Naciones Unidas.

*Una cabeza con precio. En diciembre, el Gobierno colocó en los despachos públicos, e incluso en el aeropuerto de Maiquetía, un afiche en el que calificaba a Óscar Pérez como “terrorista, asesino, fascista”, y más abajo ofrecía “recompensa por su captura”. El panfleto no especificaba cuánto iban a pagar, pero fuentes extraoficiales de la policía judicial indicaron que la oferta era de dos millones de euros. Para ese momento, aún no había ocurrido el robo de fusiles en la estación de la Guardia Nacional en Laguneta de la Montaña, en las afueras de Los Teques. Esta acción pudo elevar la “cotización” del inspector jefe, ante un Gobierno que lucía humillado por tales ejecutorias. Cabría preguntarse, entonces, si la avaricia no pudo ser un factor que incidiera en la acción inusitada los colectivos/policías.

*Buscaron ayuda de Interpol. En por lo menos dos oportunidades, el Gobierno solicitó a Interpol ayuda para localizar la señal de los teléfonos satelitales que utilizaba Óscar Pérez. Los aparatos habían sido vendidos en Estados Unidos, según las pesquisas oficiales. Estas gestiones comenzaron en julio de 2017, poco después del hurto de un helicóptero de Cicpc y el fallido ataque a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Se desconoce si las respuestas de la organización de policía internacional fueron oportunas y útiles para el Gobierno, pero luego de ambas solicitudes se produjeron detenciones de personas supuestamente ligadas al entorno del jefe del autodenominado grupo Libertad 350.

Breves

*En sus momentos de esplendor, la sociedad de los venezolanos Hjalmar Gibelli y Fabrizio Della Polla (en la que por cierto también participan otras dos personas) llegó a tener no solo un jet y dos yates registrados en EEUU, además de millonarias cuentas en dólares. En Venezuela, además del emporio para la producción avícola registrado bajo la razón social Servinaca (Guárico), estos comerciantes tenían una flota de tres helicópteros basada en un helipuerto situado en la vía a Guarenas. Una de estas aeronaves fue adquirida a un conocido banquero venezolano, la otra les fue entregada por un empresario de medios y petróleo ligado al madurismo, como pago de una deuda. La última aeronave fue adquirida de un empresario del ramo hípico, propietario de un haras de purasangres. Las dos primeras fueron negociadas a terceros, en la medida en que se estrechaban las ganancias del principal negocio de esta sociedad, que era la compra y venta de divisas, valiéndose desde luego de los contactos con el Gobierno. Una declaración jurada del fiscal de San Luis (EEUU) Jeffrey Jensen indica que Gibelli admitió a los agentes encargados de la investigación del caso (pertenecientes a la Administración para el Control de Drogas, DEA) que había movido más de 170 millones de dólares, principalmente a través de una cuenta en la entidad bancaria estadounidense Wells Fargo, entre octubre de 2011 y abril de 2015, en transacciones relacionadas con el denominado “mercado negro del dólar en Venezuela”.

*El 17 de enero, el ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa designó a Néstor Eduardo Gil como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Loterías (Conalot), mediante resolución ministerial 006, en reemplazo de Nelly María Carrillo, quien ejercía esta posición desde febrero de 2014. Las informaciones surgidas de ese despacho indican que ha comenzado una movida de mata, así como la revisión de los registros de licencias para operar en los distintos estados del país, lo que ha permitido entre otras cosas la proliferación de la conocida lotería de “animalitos”. Igualmente, se intentará determinar si los operadores de loterías enteraron al fisco de manera oportuna las ganancias derivadas de las jugadas. Este tema también está siendo investigado por el Ministerio Público, pero hasta ahora no se han producido medidas concretas.

*El último informe de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) indica que durante 2017 fueron ultimados 309 policías, militares o escoltas. Los datos que llegan de manera extraoficial desde el Gobierno permiten concluir que esta es una cifra prudente, de casos reportados a través de minutas y noticias en los distintos medios de comunicación. Ahora bien, si comparamos este número con el de civiles muertos en el marco de supuestos enfrentamientos con policías o militares, nos daremos cuenta de que ambas estadísticas no guardan ninguna proporcionalidad: por cada policía o militar víctima de homicidio, los agentes de la ley se cobraron 17 vidas durante 2017. Entonces, lo que estamos viendo en mucho más grave y profundo que la mera aplicación de la Ley del Talión (“Ojo por ojo…”). Se trata de una política que apunta al exterminio físico de determinados sectores sociales. Cuando se publicó el trabajo sobre letalidad policial, en la entrega anterior, muchos lectores criticaron que se coloque la lupa sobre el accionar de las policías y no sobre el de los supuestos delincuentes. Pero lo que se intenta demostrar es la existencia de prácticas totalmente ajenas a la legalidad, que tarde o temprano terminan siendo incontrolables, y se llevan por delante a personas totalmente inocentes. Esta dinámica es bien conocida por el Gobierno. La crisis de inseguridad generada por sus acciones y omisiones termina desesperando a la población, que exige medidas drásticas e inmediatas. Entonces, los cuerpos de seguridad pasan de la cesión de espacios y la negociación con hampones a la represión indiscriminada. Un péndulo de nunca terminar…

La narco-dictadura de Nicolás Maduro no deja de escandalizar. Con saña y sin clemencia traspasa la línea que separa, no a las democracias de las dictaduras, sino a la civilidad de la barbarie.

La ejecución extrajudicial de disidentes, rendidos y ofreciendo entregarse, conocida como la Masacre de El Junquito, señala que rama que no le se doblegue la cortará a machetazos, sin mediar palabras. No le basta la hambruna generalizada, que usa como mecanismo de control. No abandonará el poder sin hacer cenizas al país – lo dicen lo suyos – y de allí el ejercicio por sus sicarios – el teniente Diosdado Cabello y el comisario Freddy Bernal – del terrorismo desde el Estado.

La convocatoria de elecciones presidenciales al margen de la Constitución, bajo el mismo esquema con el que hace elegir a su espuria constituyente “cubana” deja en la desnudez el proyecto narco-criminal que sólo algunos ingenuos o escapistas creen poder doblegar negociando. Ni siquiera la adhesión a lo que se les imponga saciará al mal absoluto imperante en el Palacio de Miraflores. Oscar Pérez es el ejemplo.  

El voto popular que le entregó a la oposición la mayoría calificada de la Asamblea Nacional en 2015, de nada sirvió. La narco-dictadura le puso un candado. Ella no requiere de más confirmaciones ante el mundo. Al paso, esa experiencia hace mentís de la manipulación que vuelve como tesis a la mesa, el supuesto error de la abstención opositora en alguna pasada elección, permitiéndole al régimen quedarse durante un período con el gobierno parlamentario total.

Pero dejemos lo anecdótico atrás.

La historia no es causalidad. Cuando alguien pregunte ¿qué va a pasar en Venezuela? cabe responderle que pasará algo si algo se hace y se mueve en el presente. No es hora para la brujería.

Jamás tendrá éxito, eso sí, una negociación sobre la salida del régimen, si quienes lo enfrentan son incapaces de entenderse entre ellos mismos, al menos para compartir las desgracias solidariamente.

La Unidad opositora, tal como llegó se fue. No tuvo otro cometido que el reparto de espacios de poder partidarios, dentro de una dictadura que es la negación del juego inter-partidario. Ese disparate, por huérfano de narrativa o relato político convergente, se ha agotado, como era de esperarse. Lo señalan las encuestas, bajo el peso inevitable de la frustración, de la incapacidad política para hacer soñar otra vez a los venezolanos.

Así como el padre de este monstruo de mil cabezas hizo regresar las páginas de nuestra historia, para forjar el infierno actual, para decirnos que seguimos en deuda con la sangre derramada por las espadas libertadoras, quienes intenten encontrar otro camino han de volver esas páginas mucho más atrás. Han de situarse en el tiempo cuando el joven Andrés Bello es testigo y cronista del nacimiento de nuestra identidad, antes de que otra acta de adopción nos desviase.

En su Manual del Forastero, encuentro nombres, al boleo: José Vte. Unda, Andrés Narvarte, Miguel Peña, Cristóbal Mendoza, José María Vargas, Juan Germán Roscio, Pedro Gual, hombres de levita, universitarios. Ellos ven que los monarcas españoles, felones, se entregan a manos de Napoleón – como lo hace Chávez a Castro –  y abandonan a su suerte al pueblo. Presencian junto a sus connacionales, los allá y los de aquí, la disolución. Observan que el hambre y la violencia hace estragos y estremecen la humanidad. Saben de la carnicería – el carnicero de entonces es Murad, sicario de Napoleón, ahora es Maduro –  del 2 de mayo de 1808 en Madrid.

Todos a uno se separan de los negociadores de Bayona. Se organizan en Junta Suprema para superar la tiranía que sufriéramos durante los veinte años anteriores. “La Nación desunida de su Gobierno por odio y por desprecio: la Familia Real dividida; el suspirado Heredero del trono acusado, calumniado, y si posible fuera, envilecido: la fuerza pública dispersa y desorganizada: apurados los recursos”, rezan los documentos.

Los representantes de las partes de la nación, allá en Sevilla y después aquí en la Caracas de 1810, comprenden que lo esencial para sostener la lucha es que juntos “controviertan… los proyectos de reformas y de instituciones que deben presentarse a la sanción nacional… Vosotros que dedicados a la investigación de los principios sociales unís el amor de la humanidad con el amor a la Patria, y la instrucción con el celo, a vosotros toca esta empresa tan necesaria para el acierto”, se dicen.

Se comprende, pues, la importancia de la narrativa compartida, de un relato que ofrezca esperanza, lejos de las ambiciones o las medianías. Aquí declaramos la Independencia y forjamos nuestra primera constitución democrática, en 1811. Allá surge La Pepa, en 1812, la primera constitución liberal europea. La historia se corta luego por un largo trecho, aquí y allá, cuando la traición hace de las suyas, pero ese es otro asunto.

Al pensar en el siglo XXI que aún espera por nosotros y miremos hacia atrás, constatemos que antes que el color rojo se impusiese como fatalidad, quienes construyen nuestra identidad, olvidada y perdida, son hombres que se entienden alrededor de razones, teniendo a la patria adolorida como lo primero. No la dividen en una mesa de azar, menos con rufianes.

Hagámosle honor a nuestros Padres Fundadores, en esta hora de luto nacional e incertidumbre.   

@asdrubalaguiar

correoaustral@gmail.com

@boonbar | @laurahcastillo

¿SIENTE QUE NO SABE CÓMO ENTRAR en la modalidad de elecciones presidenciales cuando aún está procesando el duelo de una masacre transmitida por redes sociales?  ¿Tiene la sensación de que pasan demasiados eventos al mismo tiempo? ¿Que no le da tiempo de digerir ni conmoverse con una tragedia cuando ya está ocurriendo otra? ¿Que se pasa del anuncio de medidas intrascendentes a otras que puede cambiar el destino del país?

La seguidilla de eventos que se sucedieron desde el 2 hasta el 23 de enero de 2018 en Venezuela pueden encontrar explicación en el “Método Pasticho” creado por Runrun.es que consiste en sobreponer, capa sobre capa, un escándalo encima de otro para que vayan perdiendo su valor propio.

El “Método Pasticho” responde a una de las clásicas reglas de la propaganda: el principio de la renovación, propuesto por el ministro de Educación Popular y Propaganda nazi, Joseph Goebbels. Consiste en emitir constantemente informaciones y argumentos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, ya el público esté interesado en otro tema. De esta forma, el adversario nunca podrá contrarrestar el creciente nivel de acusaciones.

Protestas y saqueos estrenaron el Año Nuevo

Martes 2 de enero 2018

No hubo tiempo para la modorra de Año Nuevo en Venezuela. 2018 comenzó revuelto con protestas y saqueos en diferentes partes del país, motivadas principalmente por la falta de alimentos subsidiados, reclamos por el pernil decembrino prometido por el gobierno y fallas en los servicios de gas, agua y electricidad.  Los primeros y más intensos brotes se produjeron en el estado Bolívar, Maracay, y Valencia.

Sólo en los primeros 11 días, se registraron 386 protestas (a razón de 35 por día)  y 107 saqueos (casi 10 diarias) en 19 estados del país, según conteo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs).  El número de manifestaciones de apenas dos semanas supera las acumuladas durante todo el mes de enero de 2017, confirmó el director del OVCS Marco Antonio Ponce. «Es una expresión de la agudización de la crisis humanitaria que vive Venezuela», alertó.

Bloqueo marítimo y aéreo a Aruba, Curazao y Bonaire

Viernes 5 de enero de 2018

El primer viernes de enero, Nicolás Maduro sorprendió con la decisión de cancelar la actividad comercial con Aruba, Curazao y Bonaire como medida para «combatir el contrabando». Al principio, ordenó el cierre de las comunicaciones por aire y por mar durante 72 horas.

“Ya basta que nos roben,  ya basta que se lleven los productos de aquí”, señaló el mandatario al referirse al contrabando de materias primas y recursos mineros. También aclaró que los pasajeros de vuelos pautados y turistas tendrían garantías para moverse entre esos países. Y reveló que bajo el nombre de «Plan Centinela», la Fuerza Armada Nacional tomarían los puertos donde se realiza intercambio comercial y de pasajeros.

Se anuncia reactivación del DICOM para captar remesas

Viernes 5 de enero de 2018

Tres meses y medio después de suspender las operaciones del sistema bancario conocido como Dicom, el gobierno anuncia su reactivación. Esta vez, para permitir la participación directa de empresas y lo que representa toda una novedad para la Venezuela en tiempos de diáspora: aceptar las remesas internacionales.  

El gobierno paralizó el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom) en septiembre de 2017 alegando que «las sanciones financieras de Estados Unidos obstaculizaban el acceso al sistema bancario internacional». Las sanciones del Departamento de Estado se mantienen vigentes, pero aún así la administración de Maduro vuelve a retomar este sistema cambiario (con el cual el dólar llegó a cotizar en Bs. 3.345) en un intento de avivar la quebrada economía venezolana.

«El Gamazo» o la orden de bajar precios de supermercados

Viernes 5 de enero 2018

Ya los anaqueles de los supermercados lucían vacíos y la hiperinflación tomaba impulso cuando la Superintendencia Nacional de Precios (Sundee) ordenó bajar los precios a 26 cadenas de supermercados como Excelsior Gama, Central Madeirense, Unicasa, Plazas, Luvebras, Plan Suárez y los supermercados Garzón y Sigo, entre otros, afectando a 214 establecimientos en todo el país que se vieron obligados a colocar los precios que tenían el pasado 15 de diciembre.

La medida fue tomada por la Sundee luego de comprobar que “las grandes cadenas estaban remarcando precios sin ninguna justificación con productos que ya estaban en inventario”, afirmó el superintendente William Contreras.

La decisión, que recordó al llamado Dakazo de noviembre 2013, propició largas colas y aglomeraciones de personas que esperaban desde la madrugada para comprar productos con precios rebajados. También provocó saqueos e intentos de saqueos a comercios, o lo que se identificó como “saqueo controlado” en los establecimientos supervisados por la Sundee.

Ya ha ocurrido en países con hiperinflación: los estantes cada vez más vacíos de enero son reflejos de la política de rebaja forzada de precios para controlar la hiperinflación .

El bloqueo a las islas A- B- C no se levanta

Martes 9 de enero

Pasaron las 72 horas de cierre pautadas por Nicolás Maduro el 5 de enero y las comunicaciones por tierra y por mar entre Venezuela, Aruba, Curazao y Bonaire siguieron cerradas. El vicepresidente ejecutivo,  Tareck El Aissami, anunció  que el tráfico aéreo y marítimo así como también cualquier intercambio comercial entre las islas A-B-C continuarán suspendidas hasta que se realice una reunión de alto nivel con las autoridades de esas jurisdicciones.

“No vamos a permitir más agresiones de estas organizaciones criminales, y exhortamos que se deje de lado la inacción que fomenta la impunidad y se actúe para detener esas mafias que perturban la relación histórica con estos hermanos pueblos del Caribe”, escribió el vicepresidente ejecutivo.

Aseguró que las “mafias” que  roban los bienes del país también afectan los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos.

Naufragio de venezolanos que huían del hambre y la miseria hacia Curazao

Miércoles 10 de enero de 2018

Llega a orillas venezolanas la noticia del naufragio de una embarcación que trasladaba a unos 30 venezolanos que intentaban huir del hambre y la miseria del estado Falcón. Aquella madrugada, se reportaron al menos 4 jóvenes fallecidos (dos mujeres y dos hombres) en el accidente ocurrido frente a las costas de Kraal Tabak en Curazao.

El naufragio y muerte de los jóvenes, que conmovió a todo el país convirtiéndose en trágico reflejo de la crisis,  ocurrió un día después de que el gobierno  de Nicolás Maduro decidiera prolongar el bloqueo de la frontera con Aruba, Bonaire y Curazao por supuesto «contrabando de material estratégico».

Diosdado Cabello anuncia que el gobierno comprará Banesco

Miércoles 11 enero 2018

La misma noche en la que se conoció la tragedia del naufragio de los jóvenes falconianos en la costa de Curazao, el constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo que el gobierno venezolano estaba negociando la compra del banco privado Banesco y así pasaría a formar parte de la banca pública.

“Esta semana debemos ya comenzar la negociación con Banesco, nosotros vamos a comprar Banesco. Banesco nos lo puso a la venta, barato, en verdad barato, le agradecemos mucho a Escotet que nos de esas facilidades, como tres millones y medio de dólares», dijo Cabello en su programa Con El Mazo Dando transmitido todos los miércoles por el oficialista VTV.

Al día siguiente, el presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, desmintió vía Twitter que la entidad estuviese en venta.

Ya en diciembre de 2017, Cabello había puesto a Banesco en la mira de las acusaciones. También en su programa televisivo, solicitó abrir una investigación a la entidad bancaria por su supuesta implicación en el contrabando de billetes desde la frontera con Colombia. Además, insinuó que el gobierno estaba dispuesto a comprar acciones del banco.  

Se retoma y se posterga el diálogo gobierno – oposición en República Dominicana

Jueves 12 de enero 2018

Cuatro años llevan el gobierno y la oposición venezolanos tratando dialogar. Los encuentros en República Dominicana son el tercer intento, el más reciente acto de fe que tiene el antecedente de dos estridentes fracasos. Esta última ronda, que se inició el 2 de diciembre, tuvo la más reciente reunión el fin de semana anterior a la ejecución de Óscar Pérez, el lunes 15 de enero. La siguiente sería el 18. Pero no fue así.

En la rueda de prensa sobre el caso de Pérez que ofreció Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz,

Según el presidente dominicano Danilo Medina, el 28 y 29 de enero serán las próximas sesiones. Pero el diputado de Voluntad Popular, Luis Florido, respondió a Medina que “si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electores y por el contrario convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular, no será posible concurrir a su país”.  A pocas horas de esta declaración de Florido, el TSJ anuló la tarjeta de la MUD que iba a ser validada este fin de semana.

Masacre de El Junquito – Caso Oscar Pérez

Lunes 15 de enero 2018

Adentro de un chalet con techo de dos aguas, en el kilómetro 16 de El Junquito, cerca de la Colonia Tovar y en pleno día, fuerzas de seguridad del Estado venezolano ejecutaron a Óscar Pérez y a seis de sus acompañantes.

Pérez, un exinspector del CICPC que el 27 de junio de 2017 se rebeló en contra del gobierno de Nicolás Maduro, estuvo siete meses en la clandestinidad hasta que el lunes 15 de enero fue asesinado en lo que el gobierno denominó Operación Gadeón y la opinión pública La Masacre de El Junquito.

Miembros del grupo FAES de la PNB y de la Guardia Nacional, así como integrantes del colectivo Tres Raíces, participaron en el operativo que fue transmitido a través de las redes sociales de Pérez como si se tratara de un reality show sobre violación de Derechos Humanos. Con armas de guerra y con un contingente de alrededor de 500 hombres fueron asesinados  Óscar Pérez, Daniel Soto, Abrahan Ramos, José Alejandro Díaz, Jairo Ramos, Abraham Agostini y Lisbeth Ramírez.

En el enfrentamiento con las víctimas, según la versión oficial, murieron los colectivos y también miembros de la PNB, el supervisor jefe Hayker Vásquez y el oficial agregado Nelson Chirinos.v/J Andriun Domingo Ugarte Ferrera (32) y O/A Nelson Antonio Chirinos Cruz (29)

Declaración de Reverol sobre la oposición y Oscar Pérez

Martes 16 de enero 2018

Después de un día de silencio oficial sobre los hechos de El Junquito, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dio una rueda de prensa en la que informó los nombres de los fallecidos y dio algunos detalles del procedimiento. Pero la declaración que más consecuencias trajo fue en la que acusó a miembros de la oposición que asisten a la mesa de diálogo en República Dominicana de haber delatado a Pérez.

La MUD reaccionó diciendo que las declaraciones del ministro eran “falsas e irresponsables” y condición su participación en el diálogo a una aclaratoria oficial. Fue el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien debió enmendar la situación y  dijo que Reverol no dijo lo que dicen que dijo.

Funerales con honores del colectivo Tres Raíces

Miércoles 17 de enero 2018

Sobre otras tumbas, al lado de otras lápidas, cerca de otros dolientes, miembros del FAES y del colectivo Tres Raíces, algunos armados y con los rostros cubiertos, rindieron honores a Heyker Vásquez, colectivo y policía fallecido en la masacre de El Junquito.

Al cementerio del Este llegaron después de una caravana que atravesó Caracas de Oeste a Este, desde el 23 de enero hasta El Cafetal que intimidó toda la ciudad.

Dólar paralelo rompe la barrera de Bs. 200.000

Jueves 18 de enero 2018

En el último trimestre de 2017 Venezuela entró en hiperinflación. En este contexto de volatilidad, el dólar paralelo duplicó su valor en la segunda quincena de enero. El jueves 18 sobrepasó los 200.000 bolívares, 54 veces más que la tasa de Bs. 3723,41 que marcaba en esa misma fecha del año anterior. 

Entierro de las víctimas de la masacre de El Junquito

Sábado 20 y domingo 21 de enero

El derecho de los deudos a honrar la memoria de los fallecidos de acuerdo a sus creencias está en las leyes venezolanas. Impedirlo o dificultarlo está penado. Las autoridades venezolanas hicieron esperar hasta el viernes a los familiares de los fallecidos que conformaban el grupo de Óscar Pérez  en la Masacre de El Junquito.

Medios de comunicación reseñaron que el retraso se debía  a problemas burocráticos de los fiscales del Tribunal Militar 2° de Control que estaba encargado del caso. En medio de un clima de desinformación y sobreinformación, se conoció que los cuerpos serían cremados. Esto viola el artículo 28 de la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios que prohibe cremar cadáveres que estén sujetos a investigación penal. Durante la espera, el diputado opositor Winston Flores informó que los cuerpos estaban en la Morgue de Bello Monte cubiertos en envoplast para acelerar su descomposición. El fin de semana fueron los entierros de los siete fallecidos: casi una semana después de haber sido ejecutados.

El embarazo de 11 bebés que nunca existió

Sábado 20 de enero de 2018

Prensa Presidencial difundió un curioso mensaje de Nicolás Maduro justo el día en que enterraron a Alejandro Díaz Pimentel y Abrahan Agostini, compañeros del exinspector Óscar Pérez, en el Cementerio del Este sin velorio previo ni consentimiento de sus familiares. El país seguía estremecido por la masacre de El Junquito cuando  el mandatario saludó el embarazo de 11 bebés de la señora Silvia Coromoto Guerra, en el estado Bolívar. “La llamé apenas supe que está a días de dar a luz 11 maravillas. 11 niños y niñas que harán de Venezuela un país más grande y más justo”, sentenció mientras trasladaban los restos de Daniel Soto Torres y los hermanos Jairo y Abraham Lugo a Maracaibo así como los de Lisbeth Ramírez a Táchira, y los de Oscar Pérez permanecían en la morgue de Bello Monte.

El supuesto embarazo múltiple comenzó a llamar la atención luego de un tuit del movimiento Hogares de la Patria Eulalia Buroz publicado el 17 de enero, en plena efervescencia por la masacre de El Junquito. Señalaba que la “luchadora social del Frente Francisco de Miranda” que vivía en la invasión 25 de marzo de San Félix, era el segundo caso en el mundo y primero en Latinoamérica.

Guerra declaró a los medios que Maduro y el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, serían padrinos de los bebés, que uno de los niños se llamaría Nicolás,  que el presidente de Pampers le garantizaría pañales por 5 años y que el mismísimo  comité del Guinnes World iría a San Félix a verificar el caso, entre otros reconocimientos.

Pero el 21 de enero comenzó a espicharse el cuento del embarazo múltiple. El gremio médico de Ciudad Guayana comprobó que no existían los 11 bebés en gestación y consideraron que se trataba de una pseudociesis o embarazo psicológico. La barriga que celebró Maduro era imaginaria.

Elecciones adelantadas por sanciones de la Unión Europea

Martes 23 de  enero 2018

El 4 de diciembre, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información del gobierno venezolano, dijo:  “Venezuela no va a ir a un evento electoral ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro de Donald Trump y frente a las autoridades españolas canadienses o de otra índole”.

El 24 de enero,  Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información del gobierno venezolano, también dijo: “Mientras más nos sancionen más elecciones vamos a convocar”.

La línea de acción del gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar las sanciones económicas internacionales de Estados Unidos y, más recientemente (22 de enero de 2018) de la Unión Europea, parece no estar definida con claridad.

La Unión Europea anunció  sanciones a Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Maikel Moreno, presidente del TSJ; Diosdado Cabello, constituyente y vicepresidente del PSUV; Tibisay Lucena, presidenta del CNE; Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional; Tarek Willam Saab, Fiscal General designado por la ANC y Gustavo González, director del SEBIN.

El canciller español, Alfonso Dastis, dijo que las sanciones son “un incentivo para ayudar la negociación. Es una decisión que puede ser reversible o suspendible en cuanto se constate que hay avances en la negociación, cosa que hasta el momento no parece ser el caso».

Al día siguiente el constituyente y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, pidió desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente, que el CNE pautara elecciones presidenciales antes del 30 de abril de este año.

La comunidad internacional dijo que el llamado a elecciones anticipadas violentaba el espíritu del diálogo y la MUD no reaccionó en bloque: aunque dirigentes como el adeco Henry Ramos Allup o el causaerrista Andrés Velásquez anunciaron sus precandidaturas, también alertaron sobre la fragilidad del proceso electoral sin garantías reconocidas por la comunidad internacional.

Runrun.es explora las historias de quienes han sido arrestados por sus supuestos vínculos con el piloto rebelde. Mientras que la ONG Foro Penal Venezolano asegura que existen alrededor de 21 detenidos, la comisión de la AN que investiga la causa, señaló que estos ascienden a 31

@loremelendez

JUSTO ANTES DE PRONUNCIAR LOS NOMBRES de las víctimas de la Masacre de El Junquito – el ataque por parte de las fuerzas de seguridad del Estado a un chalet privado en donde se escondía el piloto rebelde, Óscar Pérez, con seis de sus aliados – el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, reveló que previo al suceso habían sido apresadas seis personas que supuestamente formaban parte de esa “célula terrorista” que pretendía la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la información quedó incompleta: se habían hecho muchos más arrestos de los que él reconocía.

Antes, durante y después de los hechos del pasado 15 de enero, se ejecutaron una serie de detenciones a civiles y militares que supuestamente estaban vinculados a Pérez y su grupo. A muchos de ellos se les practicaron allanamientos ilegales, se les torturó y se les mantuvo en cautiverio sin informar a sus familiares a dónde habían sido trasladados, tres acciones que violan los derechos humanos y civiles contemplados en la Constitución venezolana.

A través de búsquedas e informaciones provenientes de Foro Penal, Runrun.es pudo elaborar una lista de 26 detenidos por el caso. El número es mayor al que presentó la ONG el pasado jueves, 25 de enero, pero menor que el revelado por la diputada Delsa Solórzano, miembro de la comisión de la Asamblea Nacional que investiga el suceso denominado “Operación Gedeón”, quien aseguró que la cantidad de apresados superaba los 30.

Para conocer cada una de las detenciones, ponga su dedo o cursor sobre cada uno de los puntos azules que se despliegan en la siguiente infografía:

Directivos del Foro Penal denunciaron este jueves la desaparición forzosa de 10 personas en los últimos días tras la operación realizada contra el ex policía Óscar Pérez en la parroquia El Junquito en Caracas.

Los abogados Gonzalo Himiob y Alfredo Romero explicaron que manejan los casos de esta forma porque las autoridades no han informado el lugar de reclusión de estos ciudadanos en caso de que estén detenidos.

Aseguraron que al menos 21 personas fueron aprehendidas por el caso del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). 7 ya fueron identificadas por el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, en una rueda de prensa el 16 de enero y se encuentran privados de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde.

Romero exigió que se permita a los familiares y abogados el acceso a las pruebas forenses realizadas para determinar si se realizó una ejecución.

«Para la certeza de la situación un experto independiente debe evaluar lo ocurrido», señaló el abogado.

EN VIVO | Rueda de prensa de Foro Penal Venezolano https://t.co/2DskIIEa3S

— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 25 de enero de 2018

El fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, ofreció condolencias a los familiares de los presuntamente ejecutados en la denominada «masacre en El Junquito», incluyendo a los integrantes del grupo de la resistencia liderado por Óscar Pérez y a los funcionarios «porque todos son venezolanos».

William Saab considera que se debe abrir un debate en la población tras la operación realizada por parte del gobierno nacional contra el ex policía y su grupo.

«Un grupo armado se alzó contra el Estado y dejó en luto a sus hogares. Es lamentable», indicó.

El designado por la ANC no explicó si su despacho se encargará de investigar los sucesos ocurridos en El Junquito, que varias ONG nacionales e internacionales definen como una ejecución extrajudicial.

Saab tampoco se refirió a la presencia en el operativo policial de Heiker Vásquez, líder del «colectivo Tres Raíces», quien fue identificado por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, como supervisor jefe de la Polícia Nacional Bolivariana adscrito a las Fuerzas de Acciones Especiales bajo el nombre de Adriun Ugarte.

Instó a que se realice un debate en el que se discuta el tema de los derechos humanos para que se fomente el rechazo a la «toma de poder por la vía armada».

FGR @TarekWiliamSaab: Rechazamos la toma del poder por la vía armada. Es muy fácil hablar de estos temas desde el exilio. Vamos a un debate de ideas

— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 25 de enero de 2018