masacre de El Junquito

La CIDH concluyo que el Estado usó la fuerza letal ante personas que ya estaban rendidas 

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) conoció el caso llamado “Masacre de El Junquito”, donde fue presuntamente ejecutado Oscar Pérez y otras seis personas.

Tras casi seis años el organismo internacional aceptó el caso bajo el numero 14.178 el 11 de octubre de 2023.

El caso se describe como el resultado de “ejecuciones extrajudiciales de y otras seis personas, por parte de agentes estatales en 2018”, según la nota publicada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado “fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas”.

La Comisión señaló que “las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal”.

En su informe, la CIDH considera que el Estado venezolano es responsable por la violación a los siguientes derechos: Violación de los derechos a la vida (artículo 4.1), Violación a la integridad personal (artículo 5.1), Violación a las garantías judiciales (artículo 8.1),  Violación a la libertad de conciencia y religión (artículo 12) y Violación a la protección judicial (artículo 25.1).

La Comisión recomendó al Estado de Venezuela diversas medidas de reparación entre las que destacan el reparo integral de las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial; llevar a cabo una investigación diligente y oportuna para identificar responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

Masacre de Oscar Pérez 

El 15 de enero de 2018 unos 500 funcionarios de la fuerza pública “atacaron” la residencia en El Junquito donde se encontraban Oscar Pérez y otras seis personas.

La operación ocurrió al mismo tiempo que se publicaban videos en los que Pérez y las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación.

Sin embargo, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo.

“Las autopsias y fotos publicadas en medios indicaron ejecuciones con tiros de gracia”. Posteriormente, familiares enfrentaron intimidaciones y el Estado no les permitió realizar un funeral adecuado.

LEA. Una niña y una mujer venezolanas mueren durante naufragio en Nicaragua

El material audiovisual fue entregado por un funcionario de nombre Cortés, quien está dispuesto a declarar como testigo si el juicio tiene lugar

Los diputados opositores Wilmer Azuaje y Franco Casella, mostraron este jueves 12 de diciembre en Madrid las evidencias fotográficas y audiovisuales que demuestran que el exinspector del Cicpc Óscar Pérez y seis miembros de su grupo fueron ejecutados.

Los siete hombres fueron asesinados en la llamada masacre de El Junquito el 15 de enero de 2018, en un operativo policial.

Los parlamentarios entregaron el material gráfico y varios informes el lunes pasado en la Corte Penal Internacional, en La Haya. El martes lo hicieron ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

«Le pido a la fiscal de La Haya que voltee los ojos hacia Venezuela, vamos a confiar en ella», enfatizó Azuaje en una rueda de prensa.

En un video proyectado por los opositores, Pérez dice a la cámara durante la intervención policial: «Nos están disparando, nos vamos a entregar». También mostraron imágenes de los cadáveres con varios disparos.

Estas fotografías las tomó un funcionario llamado Cortés, quien está dispuesto a declarar como testigo. El oficial entregó las fotos el 22 de febrero pasado a Azuaje, indicaron los opositores.

Casella argumentó que Óscar Pérez y sus compañeros estaban entrenados para usar armas legalmente, pero decidieron no hacerlo a pesar de que su vida corría peligro.

«Aquí enseñamos hechos de sangre. No es cuestión de derecha o izquierda, sino de derechos humanos. Habiéndose rendido fueron acribillados por una dictadura», agregó.

El diputado aseguró que hubo tiros de gracia. Aseveró que Pérez y su grupo no dispararon sus fusiles.

Azuaje afirmó que les dieron tiros a quemarropa y los impactos demuestran que tenían una actitud defensiva, es decir que trataban de protegerse con brazos y manos. También apuntó que se manipularon las pruebas y los cadáveres en el inmueble donde ocurrieron los hechos.

Más sobre este tema:

Diputados entregan informe sobre "masacre" de El Junquito ante la CPI

Leer más

Pidió que el mundo preste atención a Venezuela y que los gobiernos actúen contra el régimen de Nicolás Maduro.

Instó a aplicar sanciones duras porque muchos de esos dirigentes tienen su dinero en Europa, el cual es producto de la corrupción.

«Si el mundo no presta atención, estamos condenados a morir todos», expresó el opositor.

Luis Armando Pérez, hermano de Óscar Pérez, hizo un llamado al mundo para que tome conciencia de la crisis venezolana.

EFE

EL GOBIERNO DE EEUU REVOCÓ este 2 de agosto la visa al comandante de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) Rafael Bastardo Mendoza, la medida aplica también para sus familiares (esposa e hijos). Al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Iván Hernández Dala, también se le aplicó la misma medida.

Pero, ¿quién es Rafael Bastardo Mendoza?, ¿por qué el Gobierno de Estados Unidos decidió anular el documento y le impide ingresar a territorio estadounidense? Desde la Casa Blanca argumentaron que el comandante de la Faes ha incurrido en graves violaciones a los derechos Humanos. Previamente, en febrero de este año, ya había sido incluido en la lista Clinton, es decir, que la persona o empresa tiene señalamientos principalmente de narcotráfico, lavado de activos o terrorismo.

A continuación conozca en detalle quien es el funcionario:

1.- Es comandante y jefe de operaciones de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Este organismo es calificado por Estados Unidos y por organizaciones defensoras de derechos humanos como el grupo de exterminio de Maduro.

2.- El oficial egresó de la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional.

3.- Es especialista en el área de francotirador y operaciones psicológicas.

4.- La abogada y defensora de los derechos humanos Tamara Suju asegura que el funcionario es responsable de numerosas muertes, asesinatos y torturas dirigidas por la Faes.

5.- El 15 de febrero de 2019, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton.

6.- Dirigió la Operación Gedeón en la que resultó masacrado Óscar Pérez y el grupo que lideraba y que intentó derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro por considerarlo una dictadura.

7.- El comandante de la Faes es conocido por ser quien le aseguró a Óscar Pérez y a su grupo, en medio de las negociaciones, que la orden presidencial era que los capturaran vivos. La promesa no se cumplió. La operación culminó con el asesinato del exinspector del Cicpc y sus acompañantes.

8.- Bastardo Mendoza también perteneció al Grupo de Acciones Especiales del comando de la Guardia Nacional.

9.- Se desempeñó como director de Operaciones y Acciones Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana.

LA FISCAL GENERAL EN EL EXILIO, Luisa Ortega Díaz, informó este jueves 14 de marzo que presentará un registro fotográfico sobre la llamada ‘Masacre de El Junquito’ ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Esta información fue propiciada a través de la cuenta de Twitter de la fiscal, quien asegura que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo el pasado 15 de enero de 2018 fue un crimen de lesa humanidad.

“Enviaré en los próximos días a la Corte Penal Internacional la fijación fotográfica de las víctimas de la Masacre de El Junquito y del sitio del suceso. Esa evidencia no deja duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad”, detalló.

Ortega Díaz agrega, además, que conversó con familiares de las víctimas antes de publicar este contenido en redes sociales, ya que muestra fotografías sensibles sobre las víctimas del suceso.

Con respecto a los colectivos que fallecieron, según las autoridades del Gobierno, durante un enfrentamiento con el grupo de Óscar Pérez, la funcionaria asevera que posee “pruebas contundentes” que revelan un asesinato a manos de sus “compañeros del FAES”, que seguían órdenes de Nicolás Maduro.

“También tenemos pruebas contundentes que las dos personas de colectivos que murieron durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros del FAES, quienes ejecutaron la masacre por órdenes de Nicolás Maduro”, comentó.

Tras más de un año de estos hechos, la justicia Venezolana aún no ha respondido por las muertes. Ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo se han pronunciado al respecto sobre una investigación ante las múltiples denuncias nacionales e internacionales que manifestaban un crimen de lesa humanidad, debido a la intención del grupo rebelde de entregarse pacíficamente.

La Asamblea Nacional designó una comisión para investigar el suceso y lograron establecer la responsabilidad directa de 20 funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Pidieron a la Fiscalía que fuesen procesados, acudieron a la Defensoría del Pueblo y fueron ignorados.

#ANUNCIO IMÁGENES FUERTES | Enviaré en los próximos días a la @IntlCrimCourt la fijación fotográfica de las víctimas de la #MasacreDelJunquito y del sitio del suceso. Esa evidencia no deja ninguna duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad 1/3 pic.twitter.com/QlmALvBeGw

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) March 14, 2019

2/3 Este registro de más de 300 fotos, irá acompañado de un informe forense que certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía. Ya conversé con algunos familiares de las víctimas antes de esta publicación

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) March 14, 2019

3/3 También tenemos pruebas contundentes que las dos personas de colectivos que murieron durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros del FAES, quienes ejecutaron la masacre por órdenes de @NicolasMaduro

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) March 14, 2019

Delsa Solórzano exige justicia

La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, argumentó que la publicación de estas fotos confirma el resultado de la investigación que inició el parlamento el año pasado. “Fueron ajusticiados, estas fotos demuestran lo que afirmamos cuando concluimos la investigación”, declaró.

Acota que las víctimas recibieron diversos impactos de bala propinados por entes de seguridad del Estado, cuya autoría intelectual le atribuye a Nicolás Maduro, el ministro de defensa, Vladimir Padrino López, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, además de los funcionarios de la Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado.

“Falta la determinación de los autores intelectuales de este terrible crimen, que se determinará con estas imágenes”, explicó.

Por otra parte, señaló que llevarán este hecho ante la Corte Penal Internacional para ampliar la investigación preliminar que inició este organismo para evaluar el caso de Venezuela.

Solórzano: fotos de Óscar Pérez demuestran que en Venezuela hay una dictadura que asesina a la disidencia https://t.co/PbFXvDnVE2 vía @@caraotadigital

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) March 15, 2019

El 15 de marzo de 2019 al cumplirse los 2 meses de la #MasacreDeElJunquito presentamos informe con conclusiones: a todos los #HeroesDeElJunquito los asesinaron con disparos en la cabeza. Siempre dijimos la verdad @apichardob @wfloresvp https://t.co/KaQQMDfJ5v

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) March 15, 2019

A casi un mes de la masacre de El Junquito, la diáspora venezolana organizó jornadas de protesta a nivel mundial.

Desde el 27 de enero, venezolanos alrededor del mundo se han organizado para realizar distintas actividades a nivel mundial en rechazo a la masacre del 15 de enero ocurrida en El Junquito, Caracas.

La actividad fue realizada por  en al menos 31 ciudades alrededor del mundo:  Colonia, Berlín, Córdoba, Buenos Aires, Viena, Brasilia, Antioquia, Boyacá, San José, Chicago, Portland, Las Vegas, Austin, Charlotte, San Diego, Tampa, Louisville, Indianapolis, New York, Houston, Los Angeles, San Salvador, Barcelona, Castro Urdiales, Bilbao, Madrid, Atenas, Budapest, Corato, Lima y La Haya.

Este movimiento tuvo como objetivo continuar accionando a nivel internacional la manifestación y denuncia contra la violación sistemática a los derechos humanos en el país.

A lo largo de los años, Venezuela ha formado parte de diversos tratados internacionales que garantizan de manera expresa el derecho a la vida. Sin embargo, ante esta masacre, este derecho y el debido proceso quedaron completamente vulnerados por el Estado venezolano.

«Rechazamos y condenamos estas acciones y pedimos respeto por el derecho a la vida de todos los venezolanos. Asimismo, instamos a todos los venezolanos, dentro y fuera del país, a expresar su descontento y denuncia en contra de estos hechos que cercenan la libertad en Venezuela» aseguró Venezuela Global, proyecto internacional que realizó la acción en forma de rechazo a la masacre de El Junquito, el pasado 15 de enero.

La presidenta de la comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga la muerte de Óscar Pérez y seis miembros de su grupo de sublevados hace un mes, Delsa Solórzano, denunció hoy que la Fiscalía no ha abierto investigaciones por el tema de derechos humanos y aseguró que eso acarrea responsabilidad penal.

“A un mes de la #MasacreDeElJunquito aún no se abren las investigaciones por violación de DDHH en la Fiscalía. Hay responsabilidad penal por omisión, encubrimiento y complicidad”, afirmó Solórzano en su cuenta de Twitter.

Hace un mes, un amplio operativo de las fuerzas de seguridad abatió a Pérez junto con seis compañeros, tras ser acorralados en una casa en El Junquito, a las afueras de Caracas, lugar desde el que el expolicía se sirvió de las redes sociales para informar que deseaba negociar su entrega a las autoridades.

Pérez se rebeló contra el Gobierno en junio pasado, cuando sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia con un helicóptero policial y contra el que disparó y arrojó granadas sin causar heridos o muertos.

Desde entonces, ya en la clandestinidad, grabó varios videos en los que pedía un alzamiento popular contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Solórzano reiteró hoy que desde la Comisión de Política Interior que también preside siguen trabajando en el caso: Y no vamos a descansar hasta que estén encarcelados todos los responsables de la masacre de El Junquito.

La diputada recordó que la violación de derechos humanos es un crimen que no prescribe y su sanción no tiene fronteras.

Informó además que ayer se consignó ante el representante en Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe que están llevando a cabo en la eomisión especial de investigación y adelantó que esta semana seguirán con más acciones que pronto anunciarán.

El también diputado opositor y miembro de esta comisión Winston Flores calificó de ejecución extrajudicial el operativo de seguridad de hace un mes, un evento en el que, sostuvo, no se respetó el derecho a la vida.

“Con tiros en la cabeza el régimen cegó la vida de 7 Venezolanos” señaló Flores en Twitter.

“Todas las investigaciones del caso llevadas por la comisión especial de la #AN han sido minuciosas hemos contado con expertos y NO queda la menor duda que los asesinaron #MasacreDelJunquito”, señaló el diputado en otro trino.

Reiteró que tras la actuación policial intentaron ocultar las pruebas, demolieron la casa, acosaron a las familias y amigos y realizaron un entierro controlado sin permiso de las familias.

Tras la muerte del expolicía científico y de su grupo, los cuerpos tardaron varios días en ser entregados a los familiares, quienes, acompañados de diputados opositores, denunciaron presiones para que permitieran que fueran quemados.

Tras la presentación a la Asamblea Nacional el pasado 30 de enero de las conclusiones de la comisión especial de investigación, el Legislativo decidió prorrogar 60 días más sus tareas.

1. A un mes de la #MasacreDeElJunquito aún no se abren las investigaciones por violación de DDHH en la Fiscalía. Hay responsabilidad penal por omisión, encubrimiento y complicidad.

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 15, 2018

2. Desde #PoliticaInterior seguimos trabajando y no vamos a descansar hasta que estén encarcelados todos los responsables (materiales e intelectuales) #MasacreDeElJunquito

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 15, 2018

3. Ayer consignamos el informe #MasacreDeElJunquito ante el representante en Vzla de la OEA. Esta semana seguiremos con más acciones que anunciaremos.

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 15, 2018

4. La violación de DDHH es un crimen que no prescribe y su sanción no tiene fronteras. No lo olviden los responsables #MasacreDeElJunquito

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 15, 2018

El pasado 15 de enero ocurrió una matanza en El Junquito. Óscar Pérez y seis de sus aliados cayeron, por disparos en la cabeza, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Las víctimas se suman a las casi 700 personas que han muerto en procedimientos policiales y militares, y en condiciones similares, durante el gobierno de Nicolás Maduro

@loremelendez

A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS SIETE DÉCADAS, la historia de Venezuela ha sido salpicada por hechos de sangre que fueron perpetrados con la anuencia del Estado. A partir de 1958, cuando el país superó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, estos ataques masivos de funcionarios – que suelen triplicar en número a sus víctimas – dejaron de ser frecuentes. Sin embargo, desde la década de los 80 empezó a observarse cómo los gobiernos de turno, o los uniformados bajo su mando, los pusieron en práctica. Las masacres – matanzas en las que mueren al menos tres personas que, por lo general, están indefensas ante sus victimarios – despuntaron así en medio de la democracia.

La mayor cantidad de masacres se ha ejecutado en el último lustro. En menos de cinco años en Miraflores, Nicolás Maduro y los policías y militares que le obedecen han estado al frente de al menos 49 de estos procedimientos. Solo en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo, entre 2015 y 2017, se llevaron a cabo 44 matanzas. A estos sucesos se suman la tragedia de Tumeremo, donde participaron uniformados como aliados de la banda criminal que ejecutó a 17 mineros; la persecución y asesinato de 9 pescadores de Cariaco; los ataques a las cárceles de Uribana y al retén de Amazonas, que dejaron 61 y 39 reos muertos, respectivamente; y más recientemente la masacre de El Junquito, que acabó con la vida del piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros. En total, 693 personas han caído en estos hechos.

Aunque ningún gobierno había alcanzado estos números, estos procedimientos, plagados de irregularidades, también fueron noticia en la era democrática. El primero se registró en 1982, cuando seis cuerpos de seguridad rodearon a 41 rebeldes marxistas en Cantaura, estado Anzoátegui, y mataron a 23 de ellos.

Después de Cantaura hubo nuevas operaciones policiales y militares que registraron un alto número de víctimas civiles. Así sucedió en poblaciones rurales como Yumare y El Amparo, y también en la capital venezolana, donde se produjo la mayor cantidad de muertes de El Caracazo – que es por cierto la única de estas masacres que no fue planificada, sino que sucedió como una reacción ante los disturbios y protestas –y donde también ocurrió la masacre del Retén de Catia, en 1992, el mismo día en el que hubo una segunda intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez durante un mismo año. En total, 489 personas cayeron en estos sucesos. La mayoría de ellos lo hicieron en El Caracazo.

Con el arribo de Hugo Chávez al poder, las matanzas que contaron con la actuación de funcionarios de seguridad del Estado no cesaron y 26 personas fueron víctimas de estos operativos. En sus 14 años de gobierno, los uniformados intervinieron en al menos cinco hechos de esta naturaleza: dos se ejecutaron en zonas populares de Caracas (Barrios Kennedy y El 70), una se escenificó en la cárcel de (Vista Hermosa, estado Bolívar) y otra en una zona rural (La Paragua, estado Bolívar). Runrun.es presenta un recuento de estas masacres que ponen en vilo el papel del Estado frente a la defensa de los derechos humanos.

La madre del médico Williams Aguado aseguró que, 20 días después del arresto, no ha podido ver a su hijo

@loremelendez

Mientras más de 500 funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado rodeaban el chalet donde el exinspector Óscar Pérez se había escondido con seis de sus compañeros, más de una decena de uniformados, vestidos de negro y enmascarados, destrozaba el apartamento de Graciela de Aguado, la madre Williams Aguado, el propietario de la vivienda donde ocurrió la masacre de El Junquito que aniquiló al piloto rebelde.

Eran alrededor de las 5:00 am del pasado 15 de enero cuando los miembros de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) arribaron a la casa de Graciela, ubicada en la UD5 de Caricuao, en el suroeste de Caracas. Al lugar ingresaron a la fuerza. No hubo una orden de allanamiento de por medio, ni tampoco solicitaron que les abrieran la puerta. “Cuando me estaban tumbando la reja, yo les decía: yo les abro, yo les abro. Pero nada. Se llevaron hasta las llaves de mi casa”, denunció la mujer.

Al entrar, los funcionarios empujaron contra la pared a la anciana, desconectaron su teléfono y la encerraron en un cuarto. La amenazaron con detenerla. A su hijo, el médico Williams Aguado, de 57 años de edad, lo maniataron y golpearon repetidas veces antes de llevárselo. Eran los dos únicos habitantes de la casa.

“Decían que era un terrorista”, afirmó la madre, quien escuchó cómo despedazaban su hogar mientras buscaban los fusiles que, según ella, nunca hallaron. Tampoco dieron con el paradero de los dólares que, de acuerdo con los uniformados, “les mandaba el imperio”.

“Encontraron una escopeta vieja y un arpón que era de mi esposo, porque él era militar. Yo tengo 23 años de viuda y, por supuesto, él tenía esa escopeta que era una reliquia. Eso fue todo lo que encontraron, más nada. Sacaron maletas y maletas, decían que era armamento, y eso es totalmente falso porque no consiguieron ni una aguja en mi apartamento”, apuntó Graciela, quien se mantiene con una pensión de sobreviviente del Seguro Social.

La declaración de la mujer contradice lo expuesto por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien un día después de la masacre de El Junquito mostró todo un arsenal presuntamente extraído de la vivienda de Aguado. El armamento, supuestamente, era parte de lo que Óscar Pérez había robado en diciembre pasado de un cuartel de la Guardia Nacional ubicado en Los Teques, estado Miranda, y había sido trasladado en una camioneta pick up que también era de Williams.

“Mientras ocho (Dgcim) estaban en el apartamento, el resto estaba en el estacionamiento llevándose la camioneta. Entonces, la pararon al frente, lo metieron a él (a Williams), metieron las armas y les tomaron fotos”, sentenció la mujer.

Cuando la Graciela pudo salir del cuarto donde la tenían cautiva, vio que su casa había quedado destrozada. Los funcionarios se habían llevado una cocina para empotrar, un equipo de sonido, prendas, alimentos y productos de higiene personal.“Me robaron desde el desodorante hasta la comida. Se llevaron un equipo de música y todo lo que consiguieron, y lo que dejaron, me lo destrozaron”, señaló.

Graciela desconoce qué relación tenía su hijo con Óscar Pérez. Afirmó que tampoco sabía que él estaba construyendo el chalet, hoy destruido, de El Junquito. Antes de su detención, Williams Aguado se desempeñaba como médico en la sede de la Policía Nacional Bolivariana del Helicoide. También trabajaba a destajo en un par de clínicas privadas como cirujano.

Más de 20 días después de aquellos hechos, Graciela no ha podido ver a su hijo. “Yo no sé dónde está. Me han dicho que está en Ramo Verde (el Centro Nacional de Procesados Militares, Cenapromil), pero yo no lo he visto y hasta tanto yo no lo vea, está desaparecido”, reclamó quien ha ido tres veces a la cárcel, sin éxito, para visitarlo. Zoraida Cisneros, la madre de otro de los detenidos, Antonio José Pérez Cisneros, tampoco ha logrado ver al muchacho.

Ambas ofrecieron sus declaraciones durante una rueda de prensa de la ONG Foro Penal realizada el miércoles 7 de febrero, en la cual se anunció la creación de una organización que unirá a las mujeres que son familiares de los presos políticos, quienes están sujetas a constantes vejaciones, requisas y persecuciones.

Hasta la fecha, Foro Penal ha contabilizado que 233 presos políticos se mantienen tras las rejas. Desde las protestas antigobierno de 2014 se han producido 12.098 detenciones arbitrarias por los mismos motivos. Durante los primeros 35 días del año, se registraron 84 nuevos detenidos. De este número, 59 personas se mantienen arrestadas.