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Mariano de Alba

Es poco probable que la CPI emita órdenes de captura o comparecencia antes de 2025
La Corte Penal Internacional dejó claro que la calidad de la información enviada por la fiscalía de Venezuela «es muy deficiente, no siguen metodología y comparten pocos documentos oficiales»

 

 

El especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba, se pronunció sobre la decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pedir una autorización a la Fiscalía de la corte para reanudar la investigación sobre el caso Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter, de Alba comentó que el proceso de la CPI es un importante obstáculo para el gobierno de Maduro. Sin embargo, adelantó que es poco probable que la Corte emita una orden de captura o comparecencia antes de 2025.

La solicitud del fiscal de la CPI surge después de seis meses que el gobierno de Nicolás Maduro solicitara su diferimiento en abril de 2022, lo que según De Alba, demuestra que la investigación no se encuentra entre las prioridades de la Fiscalía por fallas de presupuesto y personal, y que la Fiscalía no tiene capacidad para avanzar rápido.

De Alba señaló que la determinación final sobre si la investigación continuará corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual todavía podría tardar meses en llegar a una decisión que luego podría ser apelada por el gobierno o la Fiscalía, lo que generaría más retrasos.

Un punto que resalta el experto en Derecho y que destacó el informe de la CPI es que aunque la Fiscalía venezolana sigue enviando información a la Corte (última comunicación fue apenas el 18OCT2022), la Fiscalía de la CPI dejó claro que «la calidad de la información es muy deficiente, revelando que no siguen metodología y comparten pocos documentos oficiales».

«La Fiscalía considera que investigación debe continuar porque autoridades en Venezuela no han investigado los patrones y políticas de Estado que permiten la comisión de crímenes graves, y las investigaciones han excluido a funcionarios de rango medio y alto», señaló Mariano de Alba. 

Según el abogado, los datos más relevantes que reveló el informe de la CPI es que de los 893 casos identificados, 67.86% siguen en etapa preliminar de investigación, en 85.55% no hay ni siquiera un sospechoso y solo se han investigado dos casos de violencia sexual, aunque hay más de 100 víctimas.

 

Critican a Maduro por recientes concesiones a países de Petrocaribe: perdonó y redujo deudas
Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia, rechazó que Maduro condonara esta deuda y que además, ofreciera entregar casas prefabricadas a San Vicente y las Granadinas.

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, anunció este miércoles, 27 de abril, que el régimen canceló la deuda de 70 millones de dólares que mantenía el pequeño territorio con Petrocaribe.

Así lo dijo en declaraciones a la prensa tras regresar de Venezuela donde recibió tratamiento médico durante varios días. Dijo que Nicolás Maduro condonó la totalidad de la deuda con ese programa.

Además, el Gobierno venezolano se comprometió a reducir a la mitad la deuda de otros países miembros de la Organización del Caribe Oriental (OECS).

Petrocaribe es un programa por el cual Venezuela suministraba petróleo a los países caribeños a precios flexibles y con facilidades de pago.

Gonsalves destacó que como resultado de ello esto podría resultar en que la deuda nacional disminuya en un 9 por ciento.

El mandatario indicó que Maduro acordó reiniciar los acuerdos con los países de PetroCaribe con un descuento del 35% en el precio de venta de combustible.

Concesiones de la medida

El abogado Mariano De Alba señaló que, además de condonar la deuda a San Vicente y las Granadinas, Venezuela reduciría en un 50% la deuda pendiente de otros 4 países de Petrocaribe.

De acuerdo con De Alba, esos países son  Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Cristóbal y Nieves. Antigua debe aproximadamente $354 millones, Dominica $70 millones, Granada $102 millones y San Cristóbal y Nieves $83 millones.

«La condonación total sería por un monto aproximado de $370 millones», agregó.

Asimismo, dijo que Maduro se habría comprometido a reactivar el esquema de PetroCaribe, ofreciendo un descuento promedio de 35% en el precio de la gasolina.

 

«Para San Vicente y las Granadinas, también habrían acordado envíos mensuales gratis de urea, asfalto, además de 150 casas prefabricadas», añadió.

Por último, señala que las autoridades de Venezuela todavía no han anunciado estas concesiones.

«Harían evidente el alivio percibido por el aumento de los precios del petróleo. Pero minimizando que la mayoría de los venezolanos continúa viviendo una situación humanitaria y económica muy compleja», opinó.

Maduro compra apoyo político en el mundo

 

Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia, rechazó que Maduro condonara esta deuda y que además, ofreciera entregar casas prefabricadas a San Vicente y las Granadinas.

A juicio de Borges, esos recursos «debieron ser destinados a la atención de la emergencia humanitaria o a la reactivación de la industria petrolera», pero terminan «siendo utilizados para la compra de apoyo político en el mundo».

En ese sentido, aseguró que con los 70 millones de dólares de deuda condonada «se pudo haber entregado un salario mínimo a 2,5 millones de familias».

«A Maduro no le importa el sufrimiento de los venezolanos. Su único propósito es mantenerse en el poder, embargando al país para ganar aliados en el mundo que justifiquen su dictadura», sentenció.

Por su parte, el periodista Roberto Deniz también emitió una crítica contra el régimen por esta medida.

«Mientras dicen que las sanciones son el problema para tener más recursos, Maduro sigue condonando la deuda a los países de Petrocaribe para tenerlos de aliados en foros internacionales», sentenció.

*Con información de EFE

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Los escenarios probables en la CPI tras decisión del fiscal de continuar investigación sobre Venezuela
Mariano de Alba afirmó que la decisión de la Sala autorizando la continuación de la investigación le pondría mayor presión a la Fiscalía para que avance con su investigación internacional

 

Este 21 de abril se conoció que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, decidió continuar con su investigación en Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad.

Esto a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro había solicitado formalmente aplazar la investigación, bajo el argumento de que en el país supuestamente ya se están realizando las investigaciones internas contra violaciones a los derechos humanos.

El abogado Mariano de Alba analizó a través de un hilo en su cuenta en Twitter los escenarios probables en la CPI para Venezuela. 

De Alba señaló que a partir de ahora «habrá que ver si en la tramitación de la incidencia las autoridades de Venezuela aportan mayor documentación que convenza a la Sala de Cuestiones Preliminares que se difiera la investigación. Pero en estas circunstancias, es más probable que la Sala autorice la continuación».

 

 

El abogado indicó que un asunto clave es que durante la incidencia que ahora se abre, el Fiscal solicitó a la Sala que invite a los representantes legales de las víctimas que compartan su posición con la Corte, la cual es que la investigación internacional debe continuar.

«Al margen de este mini-juicio que será fundamental para que la Sala determine si Venezuela ha cumplido sus obligaciones de investigar y enjuiciar conforme al Estatuto de Roma, el Fiscal Khan dice que pretende continuar la relación de cooperación con las autoridades venezolanas», explicó.

Mariano de Alba afirmó que la decisión de la Sala autorizando la continuación de la investigación le pondría mayor presión a la Fiscalía para que avance con su investigación internacional.

Sin embargo, el abogado aclaró que siempre está latente la posibilidad que autoridades venezolanas decidan dejar de cooperar con la Fiscalía.

«Si la Sala determina que la investigación debe continuar porque Venezuela no ha llevado a cabo investigaciones y juicios genuinos, el Fiscal Khan tendrá que balancear esa sentencia con tratar de mantener y avanzar la cooperación con las autoridades venezolanas», dijo De Alba.

 

¿Qué pasará luego de que la CPI extendiera plazo para que gobierno informe sobre casos de DDHH?
Mariano de Alba recalcó que la Fiscalía de la CPI reveló que está negociando con el gobierno medidas para ejecutar el memorándum de entendimiento que firmó el Fiscal con Maduro en noviembre de 2021

La Corte Penal Internacional (CPI) extendió por tres meses el plazo para que la administración de Nicolás Maduro envíe la documentación sobre los casos de Derechos Humanos.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado Mariano de Alba recordó que la Fiscalía de CPI informó que realizó la notificación sobre el inicio de la investigación formal sobre la situación en Venezuela el 16 de diciembre y no el 3 de noviembre de 2021.

Según Mariano de Alba, «no es correcto» decir que la CPI otorgue un plazo de tres meses para responder por los crímenes por los que señalan al gobierno.

Además, explicó que la fecha de la notificación es importante «porque es a partir de entonces cuando autoridades del Estado involucrado tienen un mes para cuestionar el inicio de la investigación». De hacerlo, la Fiscalía «podría decidir que difiere diligencias de investigación por hasta 6 meses», indicó.

 

En ese sentido, señaló que lo anterior le hubiera dado a las autoridades de Venezuela hasta el 16 enero de 2022 para cuestionar el inicio de la investigación por la Fiscalía, pero la CPI decidió dar hasta el 16 de abril «porque no se pudo concretar una reunión entre el gobierno de Maduro y la Fiscalía».

Por otra parte, recordó que esa reunión no se pudo dar a mediados de diciembre de 2021 porque Países Bajos no autorizó el aterrizaje del avión que trasladaría a la delegación, incluyendo a Delcy Rodríguez.

Memorándum de Entendimiento

Mariano de Alba recalcó que la Fiscalía de la CPI reveló que está negociando con el gobierno medidas para ejecutar el memorándum de entendimiento que firmó el Fiscal con Maduro en noviembre de 2021, «el cual busca concretar una relación de cooperación para ver si pueden avanzar investigaciones y juicios en Venezuela».

«Para acordar esas medidas y la posible relación de cooperación, está previsto que el Fiscal Karim Khan viaje a Venezuela antes del 16 de abril, fecha en la cual el gobierno deberá decidir si informa a la Fiscalía que sí está investigando y le pide que difiera su investigación», agregó.

Opciones

A juicio de Mariano de Alba, si Venezuela solicita el diferimiento, el fiscal tiene dos opciones:

– Aceptar la solicitud, difiriendo por 6 meses la investigación de las personas relevantes

– No aceptar la solicitud, teniendo que solicitar a la Corte que autorice la continuación de la investigación.

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Lo que ocurriría si el gobierno interino de Guaidó llega a su fin
La idea del gobierno interino fue una apuesta política para tratar de hacer más probable la salida de Maduro del poder a principios de 2019, pero deserciones y cuestionamientos amenazan su permanencia

«Voy a dejar el cargo que he tenido hasta ahora para dar esta lucha de desmantelar y transformar las cosas y volver a construir un proyecto, un camino y una unidad», dijo hace unas semanas Julio Borges, excomisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino liderado por Juan Guaidó. 

La decisión la ratificó el pasado 16 de diciembre , en declaraciones públicas en las que también pidió desligar a los partidos políticos de la gestión de activos venezolanos en el exterior.

«Los manejos de los activos en el exterior nos han desenfocado de nuestra única tarea de sacar al dictador de Venezuela porque nos ha convertido, a los partidos políticos, en unos manejadores de unos activos y, además de eso, también están sometidos a escándalos de corrupción, que no han tenido respuesta», señaló Borges en un comunicado de prensa.

El abogado Mariano de Alba reiteró que las declaraciones de Borges hacen más evidentes las crecientes divisiones en la oposición, en un contexto de graves señalamientos sobre posibles hechos de corrupción.

Además de renunciar a su cargo, Borges reiteró que el gobierno interino debe desaparecer completamente por ser un espacio que no está cumpliendo su razón de ser.

Esta posibilidad abre un camino de incertidumbre sobre lo que sucedería políticamente luego: ¿la comunidad internacional reconocería a Maduro? ¿Le devolverían el control de activos extranjeros? ¿Se levantarían las sanciones?

Gobierno interino que surgió por «falta absoluta en el cargo»

El gobierno interino de Juan Guaidó inició oficialmente el 23 de enero de 2019, cuando el diputado se autoproclamó como presidente interino o encargado de Venezuela.

Lo que conllevó a esa medida empezó ocho meses antes, el 20 de mayo de 2018 específicamente. Este día se realizaron unos comicios en los que resultó «electo»  Nicolás Maduro para ocupar la presidencia por seis años más

Prodavinci reseñó que las elecciones del 20 de mayo de 2018 violaron todas las condiciones de integridad electoral aplicables desde el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional, por ende, no pueden ser considerados como elecciones legítimas. Esto ocasionó que Nicolás Maduro no pudiese ser considerado presidente electo, ya que de acuerdo con los artículos 25 y 138 de la Constitución, el evento político del 20 de mayo no generó efecto jurídico alguno. 

Por estas razones, su gobierno fue desconocido por más de 50 países en el mundo. 

A pesar de ello, el Consejo Nacional Electoral proclamó reelecto a Nicolás Maduro para un segundo período, que iniciaría el 10 de enero de 2019. 

Por no cumplir con lo establecido en la Constitución, el Parlamento venezolano decidió acudir al artículo 233 de la Carta Magna, el cual establece que el presidente de la Asamblea Nacional asumirá la primera magistratura cuando haya falta absoluta en el cargo.

Es por ello que Guaidó se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2019 y prometió impulsar una transición democrática.

Para acatar la Constitución, 18 días después, Guaidó juró como presidente encargado o interino de Venezuela. 

«Es una estructura que surge del reconocimiento a Guaidó como presidente encargado y que le ha permitido, a una parte de la oposición venezolana, asumir la representación de los intereses del Estado ante los tribunales estadounidenses y ante algunos tribunales internacionales especiales», explicó Mariano de Alba. 

El abogado reiteró que, para la mayoría de las cancillerías de los países que reconocieron a Guaidó, la idea del gobierno interino fue una apuesta política para tratar de hacer más probable la salida de Maduro del poder a principios de 2019 y en consecuencia la transición a la democracia.

Representante de Venezuela en el exterior

El gobierno interino ha cumplido unas labores fundamentales a escala internacional específicamente ya que, a lo interno, no ha podido tener control político ni económico del país. 

De Alba indicó que el mandato de Guaidó ha permitido centralizar la interlocución internacional de la oposición venezolana con los gobiernos de los países que reconocieron a Guaidó, incluyendo a través de representantes diplomáticos.

«El objetivo era cooperar para hacer más probable la posibilidad de una transición democrática en Venezuela», señaló el abogado.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esa interlocución se ha debilitado sustancialmente, debido a las propias diferencias dentro de la oposición, de acuerdo a de Alba. 

Además de ello, de Alba aseguró que el gobierno interino realiza labores de representación del Estado venezolano y  labores de administración de bienes y empresas propiedad del Estado venezolano, principalmente a través de la designación de juntas directivas.

«En algunos casos limitados, representantes diplomáticos acreditados por Guaidó han logrado asumir labores consulares que facilitan algunos trámites a los venezolanos que residen en esos países», dijo el abogado.

Esas conexiones también han permitido que se creen funciones de colaboración en la implementación de iniciativas humanitarias que ayudan a migrantes y refugiados venezolanos.

Si el gobierno interino llega a su fin, ¿se reconoce a Maduro?

Además de renunciar a su cargo de comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino, Julio Borges solicitó que el gobierno interino desapareciera completamente por ser un espacio que no está cumpliendo su razón de ser. 

Según de Alba, si esto llegase a ocurrir, en los países que todavía reconocen al gobierno interino, se abriría la pregunta sobre si reconocerían al gobierno de Nicolás Maduro.

«La conclusión del gobierno interino no lleva necesariamente a un reconocimiento de Maduro», reiteró de Alba.

El abogado insistió en que, en caso de que concluya el gobierno interino, lo más probable es que muchos de esos países no pasen a reconocer a Maduro. De Alba dio el ejemplo de casos recientes donde países occidentales han desconocido gobiernos (Afganistán, Bielorrusia y Birmania) sin tener que reconocer a otro.

«A muchos gobiernos se les vendió la idea diciéndoles que, si reconocían a Guaidó, Maduro saldría del poder en horas o días. Esa apreciación de la oposición resultó ser incorrecta y, por ende, conforme ha pasado el tiempo, el gobierno interino ha ido perdiendo relevancia«, indicó de Alba.

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Continúa la división en la oposición

Las declaraciones de Julio Borges no son la primera demostración de que diferentes partidos y líderes políticos de la oposición venezolana tienen una postura diferente entre ellos. Sin embargo, la renuncia de Borges confirma nuevamente las profundas diferencias que existen en la oposición.

De Alba explicó que estas declaraciones del excomisionado podrían abrir una discusión en la comisión remanente de la Asamblea Nacional de 2015, y en instancias políticas de la oposición venezolan sobre el futuro del gobierno interino.

«Desde el punto de vista internacional, sus declaraciones y renuncia hacen más evidentes las crecientes divisiones en la oposición, en un contexto de graves señalamientos sobre posibles hechos de corrupción», señaló el abogado.

De Alba reiteró que un factor clave para que la democracia regrese a Venezuela es la existencia de un movimiento de oposición organizado y creíble.

«La credibilidad no la otorga el reconocimiento internacional, aunque puede ser una parte importante, sino más bien la capacidad organizativa del descontento de la población, el apoyo de los ciudadanos venezolanos y el compromiso por principios democráticos», aseguró el abogado.

«Sin una coordinación estratégica de la oposición política y la sociedad venezolana, el regreso de la democracia a Venezuela es muy improbable», dijo de Alba.

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Cada vez más débil

El abogado afirmó que es probable que el gobierno interino se siga debilitando, especialmente teniendo en cuenta las divisiones dentro de la oposición y el apoyo decreciente a la continuación de esa estructura.

«Al menos en el año 2022 sí pudiese ser capaz de seguir operando, pero su mayor inconveniente es que su impacto en la atención de las necesidades básicas de la mayoría de los venezolanos es cada vez menor; incluso cuando maneja ciertos recursos del Estado venezolano en cuentas bancarias en Estados Unidos», señaló de Alba. 

El abogado reiteró que si el objetivo es lograr la transición a la democracia, la oposición necesita recuperar su capacidad organizacional en Venezuela, cumpliendo con los siguientes factores: 

Rescatar el apoyo activo de una inmensa mayoría de los venezolanos.

Renovar a su liderazgo desgastado y demostrar con hechos su compromiso con los valores democráticos, empezando por asumir responsabilidades por los errores cometidos.

Según de Alba, en varios estamentos de la estructura del gobierno interino, hay preferencia por tratar de imponer antes de buscar acuerdos con diversos sectores de la oposición y cualquier crítica está mal percibida y se ataca e insulta a quien difiera.

3x3 | Administración Biden usará las sanciones como arma de negociación
Analistas consideran que si bien la nueva administración estadounidense abogará más por la negociación y el diálogo, seguirá sin reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro 

@franzambranor

Posando su mano sobre una vieja biblia, el demócrata Joe Biden se juramentó este miércoles, 20 de enero, como presidente de los Estados Unidos. En el Capitolio, que quince días atrás había sido atacado por radicales simpatizantes del mandatario saliente Donald Trump, el demócrata prometió unir nuevamente a la nación, recuperar la economía y no subestimar al coronavirus.

Anthony Blinken, nominado por Biden para ejercer el cargo de Secretario de Estado, dijo el martes 19, durante una audiencia en el Senado, que el gobierno entrante seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y a la Asamblea Nacional electa en 2015 como única institución legítima. 

“Debemos seguir con la presión hacia el régimen, liderado por Nicolás Maduro, un dictador brutal”, dijo Blinken.

El nominado por Biden sostuvo que coincide con la estrategia que trazó Trump respecto al gobierno de Maduro. “Necesitamos una política efectiva, que restaure la democracia en Venezuela”.

La internacionalista Giovanna De Michelle, el abogado Mariano De Alba y el analista político John Magdaleno coinciden en que probablemente Biden deseche la línea de confrontación que mantenía Trump hacia el gobierno de Maduro y apele a algún tipo de acercamiento que pueda generar un cambio. 

También concordaron en que eventualmente las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Venezuela se convertirán en un arma de negociación con Maduro. 

¿Qué significa para Venezuela la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos? 

Giovanna De Michelle: Se abren posibilidades de diálogo y negociación. Probablemente se revisen algunas sanciones como las que se adoptaron en 2019 con relación al mercado petrolero; al tiempo que se acentuarán las sanciones individuales. Se revisará el estatus de la relación diplomática con la administración de Nicolás Maduro, sin desconocer la relevancia de llegar al liderazgo opositor representado por Juan Guaidó. Será una relación en varios niveles, públicos y privados. 

Mariano De Alba: Es difícil estimar los tiempos, pero yo creo que eventualmente si habrán cambios importantes con respecto a la política de su antecesor. En primer lugar, mayor disposición a un diálogo más directo con el gobierno de Maduro para explorar si se pueden concretar avances, abriendo la posibilidad de que haya concesiones de ambos lados. En segundo lugar, mayor disposición a utilizar el posible levantamiento de las sanciones económicas como herramienta de negociación. Tercero, un renovado esfuerzo para coordinar mejor la posición de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa sobre la situación de Venezuela y mayores esfuerzos para discutir cómo se puede avanzar con los países que siguen apoyando a Maduro como Cuba, Irán, China, Rusia y Turquía. 

John Magdaleno: La llegada de Biden al poder probablemente signifique importantes cambios en materia de política doméstica y exterior. En cuanto a Venezuela, la administración Biden podría estar dispuesta a reiniciar un nuevo ciclo de negociaciones, pero es poco lo que podemos saber por lo pronto acerca del momento en que ello podría tener lugar, la metodología de trabajo, los temas por abordar y los actores eventualmente involucrados que no necesariamente serían los mismos de siempre 

¿Podría la administración Biden en algún momento reconocer al gobierno de Maduro?

GM: Cualquier posibilidad de diálogo parte del reconocimiento de su control efectivo del poder en Venezuela, lo cual no implica un reconocimiento de legitimidad. Es lo que le costó mucho comprender a la administración de Donald Trump y buena parte del liderazgo opositor. Pretender ignorar que Maduro controla efectivamente el poder en el país es no comprender la complejidad de la realidad venezolana.

MA: Un reconocimiento formal es improbable, salvo que el régimen de Maduro haga importantes concesiones que encaminen al país a una elección presidencial con debidas garantías. Lo que habrá será mayor disposición a tener contactos y abrir canales de comunicación para llegar a acuerdos que permitan avanzar hacia ese escenario. Pero en este momento parece improbable que esos contactos vayan a prosperar. Con respecto a Guaidó, seguirá siendo reconocido como el líder primordial de la oposición, pero también estimo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado buscarán hacer un esfuerzo para ampliar sus contactos con diversos sectores políticos y de la sociedad venezolana, para también escuchar y evaluar lo que está ocurriendo y cómo puede Estados Unidos ayudar a los venezolanos a acercarse a una solución. 

JM: Probablemente lo piense el chavismo, pero puede que el presidente Biden piense otra cosa muy distinta. Dudo que el gobierno venezolano obtenga reconocimiento como administración legítima por parte de la mayoría de los países democráticos pro-occidentales. Lo que puede llegar a ocurrir es el inicio de un proceso en el que a cambio de flexibilización de algunas sanciones específicas, el gobierno se vea obligado a restituir algunas garantías que ha violado sistemáticamente. No obstante, en virtud de la mala fama de diversos actores del autoritarismo venezolano, bien ganada por demás en virtud de su escasa o nula voluntad para reconocer derechos y garantizar su libre ejercicio, no será un proceso de negociación sencillo. Para que sea factible un acuerdo básico, se requiere configurar un contexto de crecientes amenazas y simultáneamente incentivos para algunos factores de poder de la coalición dominante, al tiempo de una “situación límite” que los presione. 

¿Veremos más sanciones o acercamientos entre una administración y otra?

GM: Me parece altamente probable que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington lo cual permitirá un canal de diálogo directo con la administración de Nicolas Maduro. Una cosa es lo que quiere el chavismo y otra lo que esté dispuesto a dar el gobierno de Biden. Es difícil ser taxativos en las posibilidades, pero me inclino a ponderar con mayor probabilidad de ocurrencia, el escenario de más sanciones individuales que permitan precisamente abrir el espacio de negociación. No hay negociación real, sin presión real. 

MA: Creo que sí habrá encuentros, especialmente privados. Al menos en el corto y mediano plazo. Si hay avances en las conversaciones y en la compleja situación que vive el país desde el punto de vista humanitario y democratico, entonces si aumenta la posibilidad de encuentros públicos y medidas como reapertura de oficinas bilaterales. Veo factible más sanciones personales. Creo que las económicas van a entrar en un proceso de revisión y también podría haber mayor reticencia a expandirlas. Pero es fundamental tener en cuenta que todos estos cálculos dependen especialmente de lo que suceda dentro de Venezuela.

JM: Es posible que se produzcan encuentros, pero creo que las sanciones personales a funcionarios involucrados en delitos van a continuar. Quizás la administración Biden reevalúe el impacto y finalidades de las sanciones económico-financieras. Pero todavía es muy prematuro para  saber qué va hacer la nueva administración con este tipo de sanciones. Lo lógico es esperar que una nueva administración tan pronto se instale, efectúe una serie de análisis y evaluaciones de entorno, de escenarios, de repertorio de opciones estratégicas disponibles, de los impactos potenciales de determinadas decisiones y políticas públicas. 

Diferendo por el Esequibo se postergará por la pandemia
La disputa por el Esequibo volvió a tomar cuerpo entre Guyana y Venezuela cuando en 2015 un barco explorador de la ExxonMobil halló un gran yacimiento de petróleo

 

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó este martes 7 de abril que su cierre se extenderá hasta el 31 de mayo debido a la pandemia del covid-19 que afecta a todo el mundo, por lo que los procesos pendientes en esa instancia legal también tendrán retrasos. Entre los litigios aún por resolver, está el de Guyana y Venezuela por la titularidad del territorio Esequibo, luego que la Organización de Naciones Unidas decidiera pasar el caso a esa jurisdicción tras considerar que no daba resultado la figura del Buen Oficiante, designado desde el Acuerdo de Ginebra en 1966.

«Dada la situación actual con la pandemia de la COVID-19, el tribunal ha decidido extender hasta el 31 de mayo el período durante el cual no se celebrarán audiencias o reuniones judiciales», señaló y advirtió que mientras se observa cómo va el desarrollo de la situación, las medidas podrán ir modificándose.

La CIJ tiene pendiente asignar fecha para el caso por el Esequibo, proceso que estaba previsto realizarse en marzo pero por la propagación del coronavirus tuvo que postergarse de forma indefinida, como señaló a mediados de marzo.

El abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales Mariano de Alba había recordado a principios de febrero que entre el 23 y 27 de marzo de 2020 se iban a llevar a cabo audiencias públicas en CIJ con el fin de que los representantes de Guyana y Venezuela ofrezcan sus argumentos sobre el tema del territorio Esequibo y resolver el diferendo entre ambas naciones que está activo desde 1899 con el Laudo Arbitral de París.

De Alba se cuestionaba si la administración de Nicolás Maduro enviará una representación para la CIJ y «rescatar su estatus internacional».

Ante la inminencia de la fecha para realizar el proceso legal, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado, en fecha del 17 de febrero, en el que ratificaba la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, marco legal que permite el reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo, el cual está en disputa desde hace más de 100 años con Guyana.

Recordó que «el Acuerdo de Ginebra es el tratado internacional vinculante, a través del cual la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana deben resolver de forma satisfactoria, práctica y amistosa la controversia territorial», a 54 años de haber firmado el mencionado documento.

La disputa por el Esequibo volvió a tomar cuerpo entre Guyana y Venezuela cuando en 2015 un barco explorador de la ExxonMobil halló un gran yacimiento de petróleo en las costas pertenecientes a ese territorio.

Venezuela entra en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS de las Naciones Unidas eligió este jueves 17 de octubre a Venezuela para integrar este grupo que monitorea las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.

Más de 190 países miembros de la ONU  votaron para elegir a los 47 integrantes del Consejo de Derechos Humanos, de los cuales dos correspondían a América Latina, y Venezuela era uno de los candidatos.

La elección se realizó en momentos de fuerte tensión por la presión internacional que aumenta contra el régimen de Nicolás Maduro, tanto que incluso Costa Rica ofreció su candidatura para evitar que Venezuela fuera elegida.

Según datos de la votación, 153 votos fueron emitidos a favor de Brasil, 105 votos a favor de Venezuela y 96 votos a favor de Costa Rica, la cual quedó por fuera de la elección.

Louis Charbonneau, director de la ONU en Human Rights Watch, opinó al respecto: «Con el asiento, Venezuela intentará socavar el escrutinio de sus abusos y los abusos de sus aliados».

«Las misiones de investigación y las comisiones de investigación del consejo han realizado un trabajo excepcional. Los votos sobre algunos temas pueden ser cerrados, por lo que no necesitamos países como Venezuela que intenten socavar el buen trabajo», añadió Charbonneau.

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Por su parte, el abogado venezolano Mariano de Alba, predijo que Maduro usará la victoria de Venezuela en el Consejo de DDHH para mostrar que su gobierno «todavía tiene apoyo y es reconocido por la mayoría del mundo».

«Es una pena (…) Pero en la práctica, no es el fin del mundo para la oposición», añadió de Alba.

*Con información de Washington Post