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Marco Ponce

Humano Derecho: con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social


¿Qué nos indica que el gobierno en vez de tomar las manifestaciones para corregir lo que está haciendo mal, opten por la represión?, ¿La fiscalía se ha convertido en un poder público que está resguardando parcialmente el derecho a la manifestación?,  Estos y otros temas los estaremos conversando con Marco Ponce y Rodolfo Rico, miembros del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (@ovcsocial), un proyecto que nace en 2011 y  que se encarga de llevar un seguimiento sistemático de las protestas en Venezuela.

“Hay colectivos paramilitares. Civiles armados que actúan con el aval y la complicidad de la autoridad, en comandos unificados con la Guardia Nacional y la policía;  estos colectivos agreden a los manifestantes…  El gobierno está legitimando abiertamente el uso de paramilitares para la confrontación y contención de las protestas, lo cual es grave”.

Las pausas planeadas por @fanzinero y @MelanioBar para este Humano Derecho son: Del estado Zulia, llega la banda punk Doña Maldad, y su tema “Abuso de Poder”; Seguimos con la canción “Resistencia”, de la banda punk rock hardcore La Mosca Punk, del estado Falcón; Y para finalizar tenemos a la gente de Doña Maldad, con el tema “Abusan del poder”.

Conducido por Melanio Escobar y Rafael Uzcátegui, somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por Redes Ayuda y Provea. Más contenido en: www.humanoderecho.com

 

Observatorio de Conflictividad Social: El referendo revocatorio es garantía de paz social

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El malestar social en Venezuela crece como la espuma. Así lo revelan las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), organización que registra un incremento en el número de protestas diarias, las cuales pasaron de 16 diarias en 2015 a 18 en lo que va de 2016, pero como si este dato no fuera suficiente también contabiliza un aumento de las manifestaciones violentas las pasaron del 2% al 7% en el mismo período. Para lograr revertir esta tendencia expertos abogan por la activación del referendo revocatorio presidencial, por considerar que sería una vía para rebajar el descontento.

“Si el referendo se celebra y sus resultados están acordes con el sentido de la mayoría indiscutible contribuirá a reducir las actuales tensiones, porque la gente verá que su intención y deseo de cambio se puede lograr por vías pacíficas y democráticas”, afirmó Marco Ponce, director del OVCS.

En similares términos se pronunció, la psicóloga social Colette Capriles, quien aseveró: “Si el revocatorio se da en los tiempos correctos y en las condiciones de transparencia requeridas para evitar cuestionamientos a los resultados evidentemente contribuirá a la pacificación (…) El revocatorio tiene el efecto de recuperación de la paz social y de rebajar la conflictividad política, porque tiene la virtud de que se le consulta al pueblo directamente su opinión”.

Tras indicar que solo en mayo han contabilizado preliminarmente 73 saqueos o intentos de saqueos, número que equivale al 56% de los 166 actos vandálicos que habían registrado entre enero y abril, Ponce expresó su preocupación por lo que podría pasar en el país de mantenerse las políticas que han incentivando estas acciones.

“Si se da un cambio de Gobierno y de políticas económicas los venezolanos deberán ver mejoradas sus condiciones de vida y, por ende, las protestas y algunas expresiones de protestas violentas que hoy vemos se irán reduciendo. Sin embargo, si continuamos con las actuales políticas erradas se llevará al país a una crisis humanitaria, por falta de alimentos y medicinas, al tiempo que se aumentado el malestar”, alertó.

Por su parte, Capriles alertó que los obstáculos que están poniendo las autoridades a la celebración de la consulta prevista en el artículo 72 de la Constitución podrían terminar agravando el actual clima de crispación.

 

 

 

OVCS

 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denunció que han ocurrido más de 170 saqueos o intentos en todo el país. Exhortó a las autoridades a implementar los correctivos necesarios para garantizar el derecho a la alimentación, consagrado en el artículo 305 de la Constitución.

Durante su intervención en la audiencia “Situación de los derechos humanos en Venezuela”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marco Antonio Ponce, coordinador  General del OVCS,  expresó su preocupación por la grave crisis alimentaria que atraviesa Venezuela y  el incremento consistente de saqueos o intentos de saqueo en todo el país.

Según cifras del OVCS, en el primer trimestre del año se han registrado 107 saqueos o intentos de saqueo, sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas concretas para subsanar la grave crisis alimentaria.

“Ante la ausencia de medidas gubernamentales para garantizar los alimentos, las personas están perdiendo la paciencia. Los actos vandálicos en contra de abastos, supermercados, farmacias, transportes, almacenes y galpones van en aumento (…) Alertamos que con la inacción o con medidas incorrectas pareciera que el Presidente Nicolás Maduro está llevando a Venezuela hacia un estallido social”, expresó Ponce.

El portavoz de la organización no gubernamental recordó que en 2015 se registraron 1.200 protestas por alimentos. Y, frente al descontento popular y las protestas, la respuesta del Estado  ha sido el uso de la fuerza pública y la represión.

El Observatorio de Conflictividad Social fue invitado a participar en la 157° período de sesiones de la CIDH, a propósito de la audiencia sobre derechos humanos solicitada por el Estado Venezolano.

La oportunidad fue propicia para recordar que en los últimos cinco años se han documentado en el país más de 30 mil protestas, un promedio de 17 manifestaciones diarias.

El coordinador de la organización planteó al Estado venezolano la implementación de herramientas que permitan prever, mitigar  y transformar los conflictos sociales, como la reciente Guía práctica para el diseño de sistemas de alerta y respuesta temprana de conflictos sociales, elaborada por la OEA y el PNUD.

 

CIDH pide medidas de protección para Marco Ponce

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WASHINGTON (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó el viernes al Estado venezolano que otorgue medidas cautelares a Marco Ponce ante el hostigamiento constante que sufre por su labor de defensor de derechos humanos.

La Comisión solicitó la protección por considerar que está en riesgo la vida de Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

El organismo interamericano tiene la facultad para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo y mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial.

La CIDH señaló que desde su programa televisivo «Con el Mazo Dando», el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello ha acusado reiteradamente a Ponce de participar en presuntas actividades de conspiración y desestabilización.

Asimismo, la Comisión denunció que el mismo programa divulgó el nombre de las personas que acudirían a las audiencias celebradas esta semana, incluyendo una foto de Ponce cuando se disponía a abordar un vuelo hacia la capital estadounidense.

Las autoridades venezolanas difundieron también con detalle preciso el día y la hora en que Ponce y otros defensores de derechos humanos estarían regresando a Venezuela en las próximas horas.

La organización Human Rights Watch expresó su preocupación por lo que calificó como una «continua campaña de hostigamiento y descrédito» del gobierno venezolano contra defensores de derechos humanos en Venezuela.

La CIDH ya había solicitado esta semana medidas cautelares para otros tres defensores de derechos humanos en Venezuela: Alfredo Romero y Luis Betancourt, integrantes del Foro Penal Venezolano, y Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano del Estado de Táchira.

IPYS: Diosdado Cabello criminaliza a medios y trabajadores en su programa Los mazazos

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La organización IPYS Venezuela monitoreó del 3 octubre al 3 de diciembre de 2014 las transmisiones del espacio ‘Con el mazo dando’, conducido por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional en el que el dirigente acusó a 165 personas y organizaciones por supuestos delitos y acciones que calificó de irregulares.

 

Jesús Alberto Yajure | @albertoyajure

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), criminaliza a los medios y sus trabajadores en su espacio de opinión «Los mazazos» que transmite el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), indica un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela). La organización no gubernamental monitoreó dos meses de programación del espacio de opinión, transmitidos entre noviembre y diciembre de 2014.

IPYS documentó que durante 9 programas, difundidos en un período de dos meses, Diosdado Cabello acusó a 165 personas y medios, entre los que se cuentan diarios de circulación nacional, directores, editores, periodistas, fotógrafos, activistas, organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos de oposición, representantes de la Iglesia católica, estudiantes y universidades venezolanas.

 

Vea el reporte completo aquí «Los mazazos» contra los medios y la disidencia

 

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El patrón de señalamientos revela un proceso de constante vigilancia y seguimiento hacia diversos actores: dirigentes de partidos políticos, miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes estudiantiles, miembros de la iglesia católica, autoridades universitarias, analistas políticos y económicos, ciudadanos detenidos y bajo procesos judiciales.

A pesar de que los acusados representan a diversos sectores sociopolíticos de Venezuela, tienen un elemento en común: ejercen funciones que desde el gobierno son consideradas subversivas, susceptibles de objeciones.

Las personas y organizaciones que aparecen reseñadas en el programa, frecuentemente, son tildadas como «la derecha», «los fascistas», «los desestabilizadores», «los amargados». Así los califica Diosdado Cabello para abonar la tesis de una supuesta conspiración en contra del gobierno. En los 9 programas analizados, IPYS Venezuela encontró 25 referencias de Diosdado Cabello, vinculadas a este argumento. Habló de «conspiración», «conspiradores», y acciones para «conspirar».

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Las acusaciones buscaban criminalizar el trabajo de medios y periodistas, mediante el uso de informantes anónimos referidos por Cabello como «patriotas cooperantes». Bajo la lógica de Los Mazazos, la mayoría los señalamientos son arbitrarios, no están fundamentados en ninguna investigación previa que debería realizarse desde las instituciones del Estado venezolano.

Más allá de reprender o avalar conductas de las personas y organizaciones que han sido señaladas, IPYS Venezuela considera que las leyes nacionales establecen que son los organismos del poder moral y judicial los que están en competencia para llevar adelante cualquier procedimiento de averiguación si los casos los ameritaran. Éste es un rol que le corresponde a las instituciones de justicia y no de un programa de televisión que acusa y sentencia a ciudadanos, con la utilización de la plataforma del principal canal del Estado y desde la vocería del presidente del parlamento nacional y dirigente del partido político oficial.

El abuso del poder del Estado en materia de comunicaciones se hace evidente. Con «el mazo dando» revela una mezcla en la que los roles del Estado se distorsionan y aúpan la impunidad. Esa fusión se llega a naturalizar: el canal estatal actúa como el partido político oficial. Pero a su vez, se vuelven una sola las funciones del gobierno, el parlamento, los encargados de la justica y los órganos de inteligencia policial. Ante las acusaciones como las que se hacen recurrentes en el programa, los ausentes son el debido proceso y la independencia de los poderes públicos del país, garantías fundamentales de la democracia y que están establecidas en la Constitución Nacional.