Marco Antonio Ponce

DE ACUERDO CON EL Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), señaló que por lo menos en trece estados del país se han registrado acciones violentas en contra de establecimientos comerciales, durante la interrupción del servicio eléctrico.

Según el director del organismo no gubernamental, Marco Antonio Ponce, el estado Zulia representó el punto más crítico de los saqueos en el país.

En este sentido, Ponce explicó que dichas acciones representan una forma de violenta de protesta como resultado de la desesperación, la impunidad y el hambre; por lo que no dudo en rechazarlos. “Nosotros hemos sido muy enfáticos en rechazarlos porque no se justifican para exigir derechos (…) Los que hacen estos actos creen que no van a tener ningún castigo”, señaló.

El analista señaló que las personas que comenten los hechos violentos, piensan que con la venta del artículo que sustrajeron del comercio, pueden cubrir otras necesidades que tengan en ese momento.

“Las personas que saquean piensan que están haciendo justicia contra un sistema que no les garantiza sus derechos. Sin embargo, hay que partir de que esto es un delito”, recalcó.

Asimismo, destacó que estos actos violentos en contra de los comercios, lo primero que traen es la agudización de la escasez. “Porque hay menos posibilidades de acceder a la compra de productos y dejan muy afectados a los pequeños empresarios que están sobreviviendo en nuestro país y que luego les va a ser muy difícil volver a levantar sus negocios”, afirmó.

Indicó que en los otros estados donde se han realizado saqueos se encuentran Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre y Zulia.

Por otro lado, Ponce expresó que desde que comenzó la interrupción del servicio eléctrico, el pasado 7 de marzo, las protestas se han incrementado en todo el país. “Esta emergencia por los servicios básicos ha originado las protestas de los últimos días y la respuesta del gobierno ha sido la represión”, afirmó.

Señaló que desde hace varios días se ha venido denunciando el uso de la fuerza pública y la intimidación a través de los colectivos paramiliatares en contra de los manifestantes.

Especificó que lo más común han sido los cierre de calles y los cacerolazos.

De la misma manera, confirmó que en el estado Lara confirmó la muerte de Luis Alberto Materán, de 31 años de edad, y Omar Velazco, de 15 años, asesinados por situaciones relacionadas con la interrupción eléctrica.

DURANTE EL MES DE ENERO, EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS), y en particular su presidente Marco Antonio Ponce, ha visto una intensificación en el nivel de amenazas en su contra. Desde marzo de 2014, cuando empezaron los incidentes, hasta el 31 de enero de 2019, el defensor ha documentado al menos 68 incidentes de seguridad contra él y su organización.

Marco Antonio Ponce es Coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), organización dedicada a la promoción de los derechos humanos y la dignidad humana en Venezuela. El OVCS monitorea protestas y manifestaciones en Venezuela regularmente, así como la respuesta del Estado. Ponce es un experto nacional e internacional sobre el derecho de reunión pacífica en Venezuela. Como resultado de la campaña de desprestigio permanente llevada a cabo en su contra por parte de altos funcionarios públicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó Medidas Cautelares en marzo de 2015.
Front Line Defenders

El coordinador de la OVCS recibió información recientemente que su organización estaba incluida en un informe gubernamental interno sobre agendas de información nacionales e internacionales, preparado por el Ministerio de Comunicación e Información. OVCS apareció en una sección titulada «Agenda de oposición: Interferencia internacional». El defensor de derechos humanos teme que él y la organización estén clasificados por el gobierno como «intervencionistas».

El 25 de enero de 2019, en el marco de una nueva oleada de protestas sociales, el portal gubernamental en línea Misión Verdad publicó el artículo: Primera política del «Gobierno paralelo»: Construcción de un apartheid en Venezuela. El artículo incluía una imagen de la entrevista con Marco Antonio Ponce en el medio digital Vivoplay, en la que habló sobre las protestas del 21 y el 22 de enero. Las mismas fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas gubernamentales. El artículo hace acusaciones contra los partidos de la oposición y presenta las protestas como incidentes desestabilizadores financiados por ONG. Sugiere que las ONG están «promoviendo y buscando extender la lógica del odio y la confrontación a los sectores populares de Caracas» e incluye un hipervínculo a la cuenta de Twitter de OVCS.

Front Line Defenders ha denunciado previamente ataques similares contra Marco Antonio Ponce y el OVCS. En junio de 2016, el Congresista Diosdado Cabello se refirió a Marco Antonio Ponce como traidor («vendepatria») en su programa semanal «Con el Mazo Dando». Esto fue motivado por la participación del defensor de derechos humanos en la 47a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Congresista Diosdado Cabello también proporcionó información sobre un vuelo que Marco Antonio Ponce tomaría el mes siguiente, incluidos detalles sobre dónde se sentaría en el avión.

En mayo de 2016, el periódico estatal «Ciudad Caracas, Revolución a Diario» imprimió un artículo titulado «Revelan Mecenas Internacionales de ONG Criollas», que mostraba la foto de Marco Antonio Ponce y sugería que estaba actuando en contra del interés de la nación y que era responsable de incitar violencia en el país.

Front Line Defenders denuncia la publicación de la fotografía y el nombre de Marco Antonio Ponce en este contexto, así como las graves denuncias que se han hecho contra el trabajo del OVCS. Debido al clima de tensión actual en Venezuela, estos actos pueden poner al defensor en un mayor riesgo al exponerlo a posibles represalias de actores públicos y privados, incluso a medidas judiciales.

Venezuela ha visto una escalada de violencia desde el 21 de enero de 2019, cuando comenzó una nueva oleada de protestas masivas en el país. Según la CIDH, las autoridades venezolanas detuvieron a un total de 943 personas en al menos 22 estados entre el 21 y el 31 de enero, especialmente en el Distrito Capital, Aragua, Zulia y Bolívar. Según informes disponibles, al menos 35 personas han sido asesinadas.

Desde 2014, Marco Antonio Ponce ha sido víctima de diferentes tipos de ataques motivados por su trabajo como defensor de derechos humanos. Sufrió desde actos de intimidación, hostigamiento, seguimientos, vigilancia en aeropuertos, descalificaciones personales y en contra de su organización, hasta la criminalización del trabajo realizado por el OVCS. El defensor ha sido acusado de ser «enemigo del Estado», «agente desestabilizador», entre otros, particularmente en el contexto de sus actividades ante sistemas de protección internacional, como durante su comparecencia a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en sus informes a las Naciones Unidas.

Front Line Defenders expresa profunda preocupación por esta campaña de desprestigio continua contra el defensor de derechos humanos Marco Antonio Ponce y el trabajo que realiza a través del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El hecho de que el nombre y la imagen de Marco Antonio Ponce se muestren rutinariamente en los medios de comunicación estatales, junto a contenido que sugiere que es una amenaza para la nación, constituye una incitación a la violencia y hostilidad contra el defensor de derechos humanos.

Front Line Defenders expresa preocupación adicional por el uso, por parte del gobierno de Venezuela, de los poderes punitivos del Estado para disuadir, sancionar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación social y política en el sentido más amplio, y los esfuerzos generalizados para desacreditar y criminalizar a cualquier organización que reciba fondos extranjeros e interactúe con mecanismos internacionales sin tener en cuenta el trabajo real que realizan, en particular las organizaciones que buscan defender los derechos humanos de todas las y los venezolanos.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) exhortó al Estado a aceptar un canal humanitario y reactivar el aparato productivo nacional, para atender la grave crisis que atraviesa el país.

«Venezuela vive hoy una crisis alimentaria sin precedente. Hay familias alimentándose en los basureros», alertó Marco Antonio Ponce, coordinador de la organización no gubernamental. 

En el marco del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Bogotá, Ponce indicó que durante la gestión del presidente Nicolás Maduro se han contabilizado al menos 4 mil protestas por alimentos en todo el país.

«Las mujeres participan en la mayoría de las protestas por alimentos, llegando a contabilizar su presencia en el 92% de las protestas», agregó.

El representante del OVCS detalló que en un año las protestas se incrementaron 199%, al pasar de 96 manifestaciones registrados en enero pasado a 282 en enero de 2018. En tanto, los saqueos e intentos de saqueos pasaron de 19 a 141 casos, lo que representa un aumento de 642%.

La vulneración sistemática del derecho humano a la alimentación y la implementación de planes gubernamentales, que no han resuelto el fondo del problema, son dos de las causas que se atribuyen a esta situación.

«La inacción, intransigencia e indolencia están erosionando la calidad de vida y el futuro de todos los venezolanos», alertó Ponce.

Durante la audiencia, los relatores de la CIDH expresaron su preocupación ante la situación venezolana e instaron al Estado a recibir una visita del organismo para constatar las denuncias. 

El Estado venezolano, por su parte, reconoció la existencia de la problemática, mas no de la «magnitud» planteada por la sociedad. Atribuyó la escasez alimentaria al conjunto de sanciones impuestas a la nación.

*Con información de Prensa OVCS

Desde la sofocante cabina de un camión, Carlos Del Pino presenció cómo uno de sus colegas fue interceptado en medio de la vía por unas 20 personas que apuntándole con una pistola lo obligaron a detener su vehículo repleto de maíz a granel para saquearlo, en una muestra de la ola de ataques a comercios, fincas ganaderas y transportes cargados con cualquier mercancía que han estremecido al país petrolero en las últimas semanas.

“Eso fue una cosa de terror”, expresó Del Pino al recordar los momentos de angustia que vivió.

En catorce años como transportista, Del Pino en un buen mes puede llegar a ganar el equivalente a unos 100 dólares, lo suficiente para mantener a su esposa y dos hijas. Sin embargo, a pesar de sus miedos, él entiende la desesperación de sus compatriotas ante la severa escasez de alimentos y la inflación que ya está por el cielo y que se estima podría alcanzar este año los cinco dígitos.

«Ellos tienen que saquear para comer», agregó.

Los saqueos esporádicos y las protestas por alimentos impulsadas por los pobres que padecen hambre han aumentado vertiginosamente en las últimas semanas en Venezuela, un país que no es ajeno a los disturbios. Pero los recientes tienen un rostro diferente a los que se vieron en las protestas del año pasado que fueron protagonizadas en su mayoría por la clase media que tomó las calles para tratar de deponer al presidente Nicolás Maduro.

“Estas protestas vienen de personas de las clases más bajas que simplemente no tienen suficiente para comer,» dijo David Smilde, investigador senior de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien ha pasado décadas investigando Venezuela. «Ellos quieren alivio, no necesariamente para forzar la salida de Maduro del poder».

Las cifras de saqueos de comercios y transportes de las dos primeras semanas del año, que rondan 110, superaron en más de cinco veces los registros de enero del año pasado, y rebasaron ampliamente los reportes de enero de los últimos tres años, según la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Los violentos incidentes dejaron en las dos primeras semanas del 2018 al menos cinco fallecidos.

El salto de la cifra de saqueos ha generado inquietud entre opositores e investigadores como Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, quien indicó que los ataques a las propiedades ya no se centran en las grandes ciudades sino que se ha extendido a pequeños poblados y vías de todo el país.

Las centenares de carreteras que atraviesan de un extremo a otro el país petrolero se han convertido, en medio de la crisis, en el lugar predilecto para que poblados y grupos delictivos saqueen todo camión que se accidenta en la vía o que se sospecha que lleva alguna carga.

Entre diciembre y enero se reportaron al menos cuatro incidentes diarios de transportistas que fueron asaltados y saqueados en las vías, dijo a la AP Emidio Palumbo, presidente de la Cámara de Transporte Pesado del estado costero de Vargas, quien precisó que según los registros que maneja el sector la inseguridad en las carreteras se ha agravado de manera alarmante en los últimos 12 meses.

Palumbo indicó que el sector de transporte pesado, especialmente de alimentos, ha tenido que recurrir a la Guardia Nacional y la policía para sacar los camiones de las fábricas y los puertos bajo la custodia de decenas de funcionarios. Agregó que algunas empresas privadas han tenido que contratar vigilantes particulares para escoltar sus camiones en las carreteras.

Otras empresas han optado por no transportar mercancías durante la noche, o sacan sus camiones en grupo para garantizar que los transportistas se cuiden entre ellos en las vías, precisó el dirigente empresarial.

Aunque el fenómeno de los saqueos se viene escuchando en Venezuela desde febrero de 1989, a raíz del conocido «Caracazo» donde fallecieron unas 300 personas al ser reprimidas por las fuerzas de seguridad en Caracas y una localidad vecina a la capital, el sociólogo e investigador Carlos Aponte afirmó que hay grandes diferencias entre los eventos de esa época y los que se están registrando en la actualidad.

Aponte dijo la AP que los saqueos de los últimos meses se dan en el marco de un deterioro económico y social «sustancialmente más grave» que los ocurrieron en 1989.

La Organización de Estados Americanos (OEA) debatirá el próximo martes 21 de marzo la situación política y de derechos humanos de Venezuela.

El debate lo abrirá el secretario de la organización, Luis Almagro, y contará con la presencia de representantes de varias ONG como Inti Rodríguez, coordinador de investigaciones de Provea, Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y Gonzalo Himiob Santomé, representante del Foro Penal Venezolano.

Luego de la discusión, se celebrará una sesión de preguntas y respuestas con el público.

Almagro, pidió hace dos días suspender a Venezuela del organismo si no se realizan “elecciones generales completas a la mayor brevedad” y con la presencia de observadores internacionales. También exigió «la liberación de los presos políticos, la validación de las leyes que han sido anuladas así como la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución».

Front Line Defenders emitió un comunicado en el que expresa su preocupación y pide el cese de la campaña de desprestigio contra el defensor de derechos humanos Marco Antonio Ponce y su trabajo en el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Explican que el hecho que el nombre y la foto de Ponce sean asociados rutinariamente a una amenaza contra el interés nacional en medios de comunicación del Estado constituye un instigación a la violencia y hostilidad contra el defensor de derechos humanos, poniéndolo en riesgo por la sola razón de su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos humanos. Este potencial resultado de las campañas de desprestigio se ha confirmado en otras ocasiones, por ejemplo cuando el 1ro de octubre del 2015 el también defensor de derechos humanos Marino Alvarado fue víctima de un robo agravado en su hogar después de que unas semanas antes declaraciones públicas en su contra fueron hechas por el Presidente en televisión nacional.

Ponce ha sido víctima de una larga campaña de desprestigio por parte de las autoridades Venezolanas desde marzo del 2015 y a la fecha se ha registrado 30 incidentes en los cuales su trabajo y/o la organización que lidera han sido vilipendiados e insultados a través de medios de comunicación afines o pertenecientes al Estado, en particular por el Diputado Diosdado Cabello en su programa semanal Con el Mazo Dando.

Front Line Defenders también expresa su «honda preocupación» con respecto a los esfuerzos persistentes del gobierno de Venezuela para criminalizar a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento extranjero, en particular a través de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional, Ley Orgánica Contra el Crimen Organizado y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo. La organización explica que, en conjunto, estas tres leyes le dan al Estado amplia discreción para monitorear y castigar a organizaciones de derechos humanos que ejercen actividades legítimas y pacíficas.

La organización pide a las autoridades iniciar una investigación estos ataques contra Ponce y tomar todas las medidas necesarias para proteger su integridad física y psicológica de Marco Antonio Ponce. Igualmente piden un cese a la criminalización de organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento extranjero en Venezuela a través de la legislación mencionada anteriormente.

Front Line Defenders también pide garantizar que en todas las circunstancias los defensores de derechos humanos en Venezuela puedan ejercer sus labores legítimas de defensoría sin restricciones arbitrarias, miedo a ser acosados, amenazados o ser el blanco de represalias, y en vez sea reconocido su importante rol en una sociedad civil justa.

*Con información de Prensa Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

IPYS Venezuela

El 11 de febrero de 2015, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), intimidó y mencionó por segunda vez en menos de cuatro meses  a varios activistas de Derechos Humanos en su programa Con el mazo dando, transmitido los días miércoles por Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora estatal. Cabello afirmó que se planea presentar un informe en contra de su programa en la  audiencia de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos, que se llevará a cabo en la sede de la OEA, en marzo de 2015. Acusó a la periodista Mariengracia Chirinos de liderar la investigación del mencionado informe en colaboración con el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).

Como ya es costumbre en el programa del presidente del Parlamento, la intimidación se hizo por medio de la lectura de las cartas de los llamados “Patriotas cooperantes”. Así como ocurrió en el mes de noviembre de 2014, “Patriota Mundo” quien suministró la información en una carta leída por Cabello en la que se mencionó a Marco Ponce (Observatorio Venezolano de Conflcitividad  Social),  Rafael Uzcátegui (PROVEA), Ligia Bolívar (Centro de Derechos Humanos de la Ucab), Carlos Nieto (Una Ventana para la Libertad), Rocío San Miguel (Control Ciudadano), Carlos Correa (Espacio Público) y Liliana Ortega (COFAVC). Estos activistas fueron señalados por el parlamentario por formar parte de una representación que presuntamente irá a denunciar violaciones de Derechos Humanos en el país.

“Los temas que trataran en la audiencia son los siguientes: la supuesta persecución e intimidación de los defensores de los DDHH por parte de Diosdado Cabello, la denuncia a la asociación de Patriotas Cooperantes, como coparticipes de violaciones de Derechos Humanos y miembros de un estado policial, ya que supuestamente los patriotas cooperantes han criminalizado, intimidado y perseguido a la disidencia política en Venezuela”, leyó el presidente de la AN.

Lea la nota completa en el siguiente enlace: Diosdado Cabello acusa e intimida a periodistas y activistas de DDHH