Para nadie es un secreto que en Venezuela estamos en dictadura, la falta de separación de poderes, las constantes violaciones a los derechos humanos y la represión desbordada por parte de los organismos de seguridad del Estado es tan solo una pequeña muestra de esto.
Lo que hasta hace poco no era fácil para muchos admitirlo, hoy en día es algo aceptado por la inmensa mayoría de los venezolanos y la comunidad internacional, Nicolás Maduro se ha convertido en un dictador y Venezuela se salió del orden constitucional convirtiéndose en un nuevo régimen tiránico del hemisferio.
Los recientes hechos del pasado miércoles lo confirman, la brutal represión de la dictadura venezolana a una manifestación pacífica que pretendía exigir el retorno al hilo constitucional lo confirman, los venezolanos que pensamos diferente no tenemos derecho a disentir del régimen, actuación propia de las dictaduras, en Venezuela pensar diferente es considerado un delito.
Lamentablemente nuestro poder judicial se ha hecho cómplice de tales desmanes y nuestros jueces en vez de ser garantes de la legalidad se han convertido en alcahuetas de la dictadura, ya no hacen juicios, solo confirman los mandados del régimen, lamentablemente la dictadura tiene a nuestro poder judicial secuestrado y nuestros jueces se han convertido en sus principales cómplices.
Nada extraño nos pareció ver a Tareck El Aissami hace unos días ordenando al poder judicial que a las personas detenidas en protestas se les aplicara la pena máxima por terroristas, me recordó cuando el Presidente Chávez en una cadena nacional pidió lo mismo para la jueza María Lourdes Afiuni por haber aplicado la ley y la justicia, esta intromisión del vicepresidente en asuntos que no son de su competencia, es una acción propia de las dictaduras.
Grave también ha sido ver un video con las confesiones bajo tortura de 2 jóvenes detenidos por el régimen y que el dictador posteriormente presento en un programa de televisión tratando de inculpar al partido Primero Justicia en hechos violentos, hay que tener claro que nuestra Constitución Nacional en el artículo 49, numeral 5° establece que la confesión hecha bajo cualquier tipo de coacción es nula, sin dudas que estas confesiones carecen de cualquier tipo de validez.
La dictadura tiene además de los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir y perseguir a todo el que piensa diferente a los colectivos armados que hacen de las suyas a lo largo y ancho del país sin que nadie les ponga orden, los colectivos se han convertido en otro de los brazos armados que tiene el régimen para atacar a la población.
Recientemente la organización no gubernamental Control Ciudadano en un comunicado alerto que “ha venido advirtiendo que la permisividad de la Fuerza Armada Nacional frente a la actuación de colectivos armados, está mutando claramente hacia actos de “cooperación”, como ha sido documentado por los ciudadanos y medios de comunicación recientemente. La Fuerza Armada Nacional tiene atribuido constitucionalmente el control de las armas de la República (artículo 324 de la Constitución), por tanto tiene la obligación de desarmar a los colectivos armados”.
Entre los patrones de Conducta de estos colectivos armados que ha precisado Control Ciudadano se encuentran: 1) Los colectivos armados son formaciones ilegales que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Actúan coordinadamente bajo mandos jerárquicos que imparten y cumplen instrucciones. 2) Utilizan métodos y medios violentos para atacar y dispersar manifestaciones de la oposición, vigilar comunidades, extorsionar pequeños comerciantes, agredir periodistas y líderes opositores. 3) Se desplazan en motos, en algunos casos van encapuchados, utilizan armas abiertamente y declaran consignas en favor de la llamada “revolución bolivariana”. 4) Evitan ser identificados y amenazan a quienes los denuncien. 5) Están entrenados para causar daños a la integridad personal de quienes protestan. 6) Actúan como provocadores en manifestaciones y protestas, para generar la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana, que sólo arresta a los manifestantes y nunca a los colectivos armados. También actúan como infiltrados para convertir las protestas pacíficas en violentas. 7) Seleccionan infraestructuras gubernamentales para quemarlas y destruirlas con la actuación de encapuchados. Dichos ataques son grabados y exhibidos por el gobierno como ataques de la oposición. 8) Controlan supermercados, panaderías, escuelas y hospitales. En muchos casos deciden quienes en las comunidades reciben bolsas de alimentos u otros beneficios gubernamentales. 9) Utilizan el terror como método de actuación. En las comunidades donde operan, cobran vacuna e imparten castigos. 10) Se movilizan a sus anchas en la seguridad de no ser capturados y procesados legalmente por sus delitos.
Es a estos colectivos a los que se responsabilizan de las muertes de los jóvenes Carlos José Moreno Barón, asesinado en San Bernardino en Caracas y Paola Andreína Ramírez Gómez, en San Cristóbal, estado Táchira durante las protestas del miércoles.
Solo termino recordando que las violaciones a los derechos humanos no prescriben y que sus responsables en algún momento deben responder por lo que hicieron.
