A 43 días del fallecimiento de David Vallenilla, el autor material del homicidio sigue suelto. 

                                                               

@ashfloresm

Este miércoles, David Vallenilla, padre de David José Vallenilla Luis -joven asesinado tras disparos efectuados por efectivos militares, durante la manifestación del 22 de junio, en La Carlota- denunció que el efectivo de la aviación implicado en el hecho, Arli Méndez, no ha sido presentado ante el Ministerio Público.

Asimismo, Vallenilla aseguró que por órdenes superiores las investigaciones del caso se han visto obstruidas.

«Por instrucciones del Ministro de la Defensa, el fiscal encargado del caso no ha podido ingresar a la base aérea de La Carlota para continuar con las investigaciones» puntualizó. 

El padre del fallecido, en compañía de los miembros del Comité de Víctimas de la Represión en Venezuela, destacó que sostuvo una conversación con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, para que escuchara sus denuncias, pero la respuesta de la funcionaria fue invitarlo a una audiencia pública con la Comisión de la verdad. 

«No estoy dispuesto a ir a un show mediático del Gobierno Nacional. Yo solo quiero justicia que encarcelen a los autores materiales e intelectuales de la muerte de mi hijo». 

El fiscal designado por la ANC,  Tarek William Saab,  sostuvo una reunión en su despacho con David Vallenilla (padre) en la que le garantizó institucionales de justicia y «castigo del responsable del ajusticiamiento». 

La realidad es que el padre del joven asesinado, teme «porque siga el retardo innecesario en la justicia» que merece su hijo y «todos los caídos».

Estatus de los otros casos

María Alejandra Poleo, abogado y directora del Comité de Víctimas de la Represión en Venezuela denunció que el resto de los 134 casos que maneja la organización, han recibido el mismo maltrato por parte de las instituciones públicas.

“Se ha querido dar un revés a raíz de la designación del fiscal Tarek William Saab en todos estos casos, pero es imposible hacer ver una realidad distinta a lo que ya toda Venezuela y el mundo vieron  por medio de las videos registrados en las redes sociales” afirmó Poleo.

@CarlosCalleja

Ricardo Izquierdo

I

Distintas autoridades, entre ellas el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, han presentado “denuncias” ante la Corte Penal Internacional por la respuesta del gobierno a las protestas antigubernamentales. Además, en variados discursos se oyen expresiones como “crimen de lesa humanidad” o “genocidio” para referirse a la situación actual. Pero, ¿realmente está ocurriendo un genocidio en Venezuela? ¿Altos funcionarios del gobierno de Venezuela podrían ser juzgados en La Haya? A éstas y a otras preguntas relacionadas pretendemos dar respuesta en una serie de breves artículos en donde se analizaran las posibilidades reales de que lo que actualmente ocurre en Venezuela sea sometido al conocimiento de la Corte Penal Internacional.

El criterio para argumentar a favor, o en contra, de aquellas posibilidades está basado en lo que, de hecho, han venido decidiendo en casos similares tanto la Fiscalía de la Corte (que es la institución encargada de decidir sobre el inicio de una investigación) como los jueces (quienes, además de decidir en ciertos casos sobre el inicio de una investigación, en último término son los que deciden si una persona es responsable o no). En consecuencia, dejaremos para futuros artículos nuestras consideraciones acerca de lo acertado o no de dichos criterios.

Lo primero que debemos saber es que los procedimientos ante la Corte Penal Internacional pueden iniciar de distintas maneras y que, una vez iniciados, distintas etapas procesales transcurren, usualmente a lo largo de varios años. Debe entenderse, entonces, que la justicia en la Corte no representa, por lo general, una vía rápida o sencilla.

Los distintos modos de inicio de los procedimientos ante la Corte merecen detallada atención en próximos artículos. A los efectos del presente, basta mencionar que, conforme al artículo 13 del Estatuto de Roma, la Corte podrá ejercer su competencia, en términos generales, cuando:

1. Un Estado Parte remita una situación en la que se presuma la comisión de crímenes internacionales, a la Corte Penal Internacional;
2. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas remita una situación similar a la Corte; o
3. La Fiscalía de la Corte, luego de realizado el llamado examen preliminar de una situación, solicite por iniciativa propia la autorización para iniciar una investigación formal, a los jueces de la Corte (Artículo 15 del Estatuto de Roma).

La situación en Venezuela no ha sido remitida a la Corte ni por algún Estado Parte del Estatuto de Roma, ni por el Consejo de Seguridad de la ONU. Por ello, nos concentraremos de momento en explicar el inicio de una investigación por iniciativa propia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

II

Ahora bien, la Fiscalía, antes de iniciar cualquier investigación formal, realiza una “búsqueda de carácter preliminar” para decidir si cuenta con información suficiente para, al menos, suponer que se cometió un crimen “competencia de la Corte”^[1]. Aquí debe quedar claro que no toda violación de los derechos humanos constituye un crimen enjuiciable por la Corte Penal Internacional. De manera simplificada, la competencia de la Corte Penal Internacional está limitada al enjuiciamiento de ciertas conductas, todas descritas en su Estatuto (denominadas “crímenes”): el genocidio, el crimen de agresión, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad^[2]. Tales comportamientos, ciertamente, constituyen violaciones de algunos derechos humanos, pero eso no quiere decir que toda vulneración de cualquier derecho humano implique la comisión de un crimen enjuiciable por la Corte.

Es muy importante notar que la decisión de abrir una investigación, en la práctica, es tomada por la Fiscalía con base en la información que suministran organizaciones no-gubernamentales, organismos internacionales, el propio Estado y, en general, cualquier persona. En efecto, comoquiera que en esta etapa no se ha abierto una investigación formal, la Fiscalía cuenta con facultades limitadas y esto lo obliga a basarse en la información proveniente de aquellas fuentes para tomar su decisión^[3].

Veamos qué decidió la Fiscalía en un caso bastante similar al de Venezuela: estamos hablando del famoso caso de la Plaza de la Independencia de Kiev, en Ucrania. Para quienes no lo conocen, se trata de un caso en donde las fuerzas de seguridad de Ucrania, actuando en conjunto con grupos de civiles, reprimieron una serie de protestas en contra de quien, para ese momento, era el Presidente del país.

En este caso la Fiscalía determinó que las fuerzas de seguridad de Ucrania respondieron a estas manifestaciones con un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, provocándole la muerte a, al menos, 75 personas y lesiones a otras 500. Además, existía evidencia de que las fuerzas de seguridad actuaron de manera coordinada con grupos de civiles progubernamentales. La misma evidencia revela que estos grupos y las fuerzas de seguridad contaban con el apoyo expreso de las autoridades ucranianas en todos sus niveles, pues éstas no tomaron ninguna medida para prevenir o castigar los actos de violencia, sino que por el contrario hicieron esfuerzos por ocultar lo ocurrido^[4].

III

A pesar de graves violaciones a los derechos humanos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió no abrir una investigación por lo ocurrido^[5]. Por las similitudes entre la situación en Ucrania y lo que ocurre actualmente en Venezuela es importante que veamos cuáles fueron las razones de la Fiscalía e intentemos extraer algunas lecciones para nuestra situación.

Del elenco de crímenes que pueden ser castigados por la Corte Penal Internacional, en este caso la Fiscalía se centró en analizar la posibilidad de que se hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, desechó la posibilidad de que fuesen crímenes de genocidio, crímenes de guerra o un caso de crimen de agresión.

Ahora bien, recuerde el lector que la competencia de la Corte Penal Internacional está limitada al enjuiciamiento de ciertas conductas específicamente descritas en su Estatuto. Pues bien, el Estatuto exige para que haya un crimen de lesa humanidad una conducta que debe cumplir con requisitos previamente determinados. Tal conducta debe, al menos, ser de carácter “sistemático” (de manera simplificada, que sea un acto organizado) o “generalizado” (que sea a gran escala). Justamente, la razón para no abrir una investigación por lo ocurrido en Ucrania fue que la evidencia disponible para ese momento revelaba que los actos no contaban con ninguna de estas características^[6].

En efecto, se consideró que los actos eran desorganizados porque la información disponible evidenciaba que los ataques fueron una reacción a las protestas y no un comportamiento organizado con el propósito de atacar a los manifestantes o a la disidencia política. Esta conclusión se basó en la observación de que la información disponible no evidenciaba que la disidencia política hubiese sido atacada por las fuerzas de seguridad fuera del contexto de las protestas. Pero tampoco fueron actos de carácter generalizado por la escasa cantidad de víctimas, el reducido espacio geográfico y lo esporádico de los ataques. Lo más relevante de esta consideración es que, para determinar la cantidad de ataques, no se tomaron en cuenta todos los atentados en contra de las víctimas, sino únicamente aquellos hechos que implicaron la comisión de crímenes establecidos en el Estatuto.^[7]

IV

¿Qué lección podemos tomar de esto para la situación que ocurre en Venezuela?

Primero debemos recordar la afirmación que hicimos más arriba: como todavía no se ha iniciado una investigación, la información con la que normalmente la Fiscalía toma una decisión está basada en la documentación que remiten distintas entidades y personas. Esto revela cuán importante es tomar en cuenta la fase de documentación y la selección de la información que se remite al Fiscal. En nuestra opinión, deben tomarse en cuenta los comportamientos de los agentes, en todos los niveles, y no solamente las violaciones a los derechos humanos, pues no es suficiente con éstas para que se considere que existe un crimen previsto en el Estatuto. Además, la documentación debe estar organizada y se debe separar la narración de los hechos de cualquier juicio de valor que sobre estos se haga^[8].

Pero, además, es sumamente recomendable no centrar la atención exclusivamente en las protestas ocurridas durante 2017. Puede que otros hechos, como la detenciones de la disidencia política durante los años de gobierno chavista y la contribución a la formación de grupos armados progubernamentales permitan demostrar que la violencia no se limitó a ser una reacción en contra de quienes protestaron durante parte del año 2017, sino que aquella forma parte de un ataque de mayor envergadura en contra de la oposición política.

Por otro lado, recordemos que solamente se toman en cuenta, a efectos de calcular si los actos son “generalizados”, aquellos que constituyen crímenes establecidos en el Estatuto. Por eso, es importante que, de antemano, se separen aquellos hechos que posiblemente sean crímenes de los que evidentemente no lo son. Para esto es importante conocer cuáles son las conductas descritas en el Estatuto, de manera tal que se pueda juzgar si lo ocurrido coincide con el comportamiento descrito, o no.

Si en el proceso de documentación se siguen estas tres recomendaciones, se podrá recopilar adecuadamente la información de lo que ocurre en Venezuela. Esto tendrá como primer efecto favorable que se incrementaran las probabilidades de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decida iniciar una investigación. Pero, en caso de que no sea así, una adecuada documentación proveerá la información necesaria para que jueces venezolanos, o de otros países, eventualmente lleven a cabo investigaciones exitosas y logren determinar la responsabilidad de quienes hayan cometido hechos reprochables durante la actual situación venezolana.

V

Una última lección: creemos que es de fundamental importancia el manejo adecuado de las expectativas en torno a lo que la Corte Penal Internacional puede lograr, y en torno al tiempo que tomaría un juzgamiento de los supuestos responsables.

Los hechos en Ucrania ocurrieron a partir de noviembre de 2013, y transcurridos más tres años desde entonces, la Fiscalía de la Corte todavía no ha decidido aún si solicitar autorización para iniciar una investigación formal en la situación. Y es sólo cuando tal solicitud sea aceptada por la Corte, que podrá apenas iniciarse el enjuiciamiento de los supuestos responsables.

En términos procedimentales, actualmente la situación en Venezuela no se encuentra siquiera bajo examen preliminar, y no hay motivos para pensar que el procedimiento será más expedito en nuestro caso. Esto, entre otras cosas, debe ser tenido en cuenta especialmente por quienes, sin mayor cuidado, dan por hecho que los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela serán juzgados en La Haya.

^[1] Estatuto de Roma, artículo 53(1)(a); Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Documento de Trabajo sobre Exámenes Preliminares, noviembre de 2013, pp. 2-4.

^[2] Estatuto de Roma, artículo 5.

^[3] Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Documento de Trabajo sobre Exámenes Preliminares, noviembre de 2013, pp. 2-4.

^[4] Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Reporte sobre Actividades de Examen Preliminar (2015), 12 de noviembre de 2015, pp. 18-26.

^[5] Íbid.

^[6] Id., pp. 22.

^[7] Id., pp. 22, 23.

^[8] Recuérdese que en la respuesta de la Fiscalía a las solicitudes que se le dirigieron por los hechos ocurridos en abril de 2012, éste señaló que las inconsistencias e inexactitudes en la información hacían que su examen resultase sumamente complejo. Cfr. Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Respuesta a las comunicaciones relativas a la situación en Venezuela, 9 de febrero de 2006.

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

En pleno fragor de las manifestaciones antigubernamentales, el Ministerio de Relaciones Interiores elaboró una estadística sobre los “actos terroristas” perpetrados en todo el país.

La estadística no se explica con un marco teórico ni con una definición operativa. Uno supone que lo allí plasmado se refiere a la cantidad de expedientes iniciados tomando en cuenta el enunciado de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. El texto, en su artículo 4 lo describe como todo “acto intencionado (,,,) cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o a destruir las estructuras políticas fundamentales”.

Como se ve, entonces, esta ley está orientada esencialmente a proteger al Estado de los ataques de individualidades u organizaciones, ya sea subnacionales o transnacionales, que intenten subvertir el orden.

Entonces, se puede entender mejor el sesgo con el que fueron recopiladas y sistematizadas las cifras sobre los 72 actos calificados como “terroristas” durante la primera mitad del año. En el 54% de tales episodios, el Estado figura como víctima. El escenario de la mayoría de los reportes fue Barinas, con 23.

¿Qué tuvieron de terroristas los saqueos y vandalismos ocurridos en esta comarca durante los días 15 al 28 de mayo? Cuando se pone la lupa sobre los reportes de esas protestas, nos percatamos de que para el Gobierno ser “terrorista” tiene muy poco que ver con la intimidación y mucho con el lugar de donde surja la acción. En dos platos, si se es opositor o simplemente no se está alineado con los designios del régimen, el riesgo de ser tachado de terrorista se incrementa enormemente.

Mayo, por cierto, fue clave en la estadística oficial, pues fue el mes en que ocurrió el 65% de los casos. No es coincidencia que este haya sido el mes en que se elevó a amarillo el nivel de alerta de la operación Zamora. Estaba en su apogeo el discurso militar para la construcción de un enemigo interno.

En todas partes del mundo, la calificación de una conducta como terrorista es un acto del poder. Un ciudadano de a pie puede sostener –incluso con razón- que ha sido víctima del terrorismo, pero sus palabras caerán en el vacío hasta que una instancia con capacidad de decisión, principalmente ejecutiva o judicial, así lo certifique.

Este es un punto sobre el que hay que reparar durante la nueva fase de conflicto político que vive el país. Si los poderes públicos están secuestrados, como pareciera ocurrir en Venezuela, predominará la tendencia a tachar de terrorista cualquier manifestación de disenso, y en consecuencia se podrá desatar contra sus promotores toda la furia del Estado. Se podrá desaparecer líderes opositores y arremeter con blindados contra instalaciones residenciales. Esto, que ya forma parte del menú del más puro terrorismo de Estado, permanecerá en la absoluta impunidad, hasta que llegue un nuevo poder a examinar lo ocurrido. Entonces, podrá ser muy tarde.

Breves

* Uno de los problemas que viene reportándose en la Fuerza Armada es el incumplimiento de las distintas órdenes y directrices impartidas desde la superioridad castrense. Por ejemplo, han sido permanentes los recordatorios sobre la necesidad de implantar mecanismos más estrictos para el registro y la supervisión de las armas en cada unidad. El desorden en esta materia se presta para la sustracción de elementos como las municiones y las granadas. En un plano más general, pareciera existir un divorcio entre el Ministerio de la Defensa, comandado por Vladimir Padrino, y las unidades que son regidas a través del Comando Estratégico Operacional. Debido a esto, el 1 de septiembre, el general de división Gilberto Pulido, comandante de la zona operativa de defensa integral Trujillo, solicitó a los jefes de las unidades castrenses bajo su mando “leer y dar estricto cumplimiento” a las directrices emitidas por Padrino en la Guía de Planeamiento 2017, un extenso documento distribuido a principios de año que ha tenido escasa repercusión práctica en los cuarteles.

* La acción de la delincuencia amenaza con colapsar los servicios públicos en la capital del país. Así lo han reconocido en reuniones a puerta cerrada los responsables de Hidrocapital, Corpoelec y Cantv, a los efectos de elaborar un conjunto de propuestas para la campaña electoral del oficialismo. Los hurtos de partes y piezas, así como los asaltos a los vehículos de las diversas instituciones son frecuentes. Esto llega a un nivel tal que amenaza con privar de servicios de telecomunicaciones a municipios como Paz Castillo y Guarenas. Pero no hay ideas nuevas para contrarrestar la situación. La solución hallada fue más de lo mismo: elaborar un mapa de instalaciones estratégicas y “articular” lo referido a su vigilancia con la Fuerza Armada, a través de las zonas de defensa integral.

* El domingo 27 de agosto un grupo armado ingresó a la residencia del magistrado del Tribunal Supremo (designado por la Asamblea Nacional) Alejandro Rebolledo, quien actualmente se encuentra asilado en Estados Unidos. El inmueble, ubicado en Prados del Este, era utilizado por un familiar del abogado para llevar a cabo una reunión de activistas de Voluntad Popular. Los asaltantes, altamente coordinados, se llevaron las prendas y el dinero en efectivo de todos los asistentes. Pero no los teléfonos. Uno de los invitados a este encuentro llegaba del exterior, y también fue despojado de los dólares que llevaba por funcionarios de la Guardia Nacional, emplazados en el aeropuerto de Maiquetía.

Medio millar de opositores marcharon este miércoles en Caracas para recordar a los fallecidos en las protestas contra el mandatario Nicolás Maduro, que dejaron más de 100 muertos en cuatro meses, y para exigir la libertad de los “presos políticos”.

“Estamos en resistencia pacífica en nombre de los caídos y rechazando tanta represión y tanta injusticia contra los presos políticos. Debemos volver a las calles”, dijo a la AFP María Ojeda, mientras sostenía un cartel que decía “No a la criminalización de la protesta”.

Los manifestantes se reunieron en el acomodado barrio de Los Palos Grandes para caminar hasta la plaza Bolívar de Chacao, en el este de la ciudad, donde cantaron y recitaron poesía contra el gobierno junto con integrantes del grupo Dale letra al cambio, iniciativa ciudadana de protesta creativa.

Los opositores también exhibieron carteles que reclamaban “No a las detenciones arbitrarias” y recordaban el nombre de los encarcelados junto con las palabras “Justicia y libertad”.

Entre los manifestantes estaba Adolfo Baduel, hijo del general retirado Raúl Isaías Baduel y preso desde 2009, quien denunció que llevan 22 días sin saber nada de su padre.

“No hemos recibido ninguna respuesta sobre su paradero, pero seguimos insistiendo y denunciando ante instancias internacionales”, declaró a la AFP.

Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez, ayudó a restituirlo tras el golpe de Estado de abril de 2002 que lo sacó brevemente del poder, pero luego se convirtió en su adversario.

El diputado Juan Andrés Mejía también estaba en la manifestación, que no estuvo protagonizada por los dirigentes políticos, quien reconoció la baja participación pero confió en que las próximas convocatorias serán más grandes.

“Desde que se instaló la Asamblea Constituyente (4 de agosto) el país está peor y ahora la Constituyente se dedica a perseguir y a amenazar, por eso no podemos abandonar la protesta pacífica”, expresó.

Nicmer Evans, un chavista crítico al gobierno de Maduro, también asistió. “Se cometieron errores en la conducción política y se deben establecer nuevos criterios en esa conducción”, dijo a la AFP.

Las protestas que exigían la salida de Maduro del poder, en las más de 5.000 personas fueron arrestadas según la ONG Foro Penal, finalizaron con la instalación de la Constituyente, considerada ilegítima por la oposición, pues -asegura- solo busca perpetuar a Maduro en el poder.

El 30 de agosto se cumple un mes de la elección de la asamblea nacional constituyente, por eso una serie de organizaciones ciudadanas, en una alianza en protesta pacífica, convoca a una manifestación pública bajo el lema “Cada vida cuenta”. Un llamado a levantar la voz por los presos políticos y para rendir tributo a todos los caídos durante estos meses de protesta en nuestras calles.

La invitación es a una concentración el próximo miércoles 30 de agosto a las 4:00 pm, frente a la sede del PNUD (Torre HP) en la avenida Francisco de Miranda. Desde allí realizarán una movilización hasta la plaza Bolívar de Chacao, donde rendirán un sentido homenaje a las víctimas.

En esta acción busca que  los ciudadanos expresen su rechazo a la política de represión, persecución y amedrentamiento, que suman ya 645 presos políticos. La convocatoria, explican, es para reivindicar la memoria de cada una de las más de 100 víctimas fatales de estos meses de protestas, ocurridas en ciudades y pueblos del país, que se suman a las de las protestas del 2014.

Para esta “alianza en protesta pacífica” es fundamental retomar la agenda acordada hace más de cinco meses: respeto al poder soberano de la Asamblea Nacional, liberación de los presos políticos, apertura de un canal humanitario que permita acceso a medicinas y alimentos esenciales, y el establecimiento de un cronograma electoral transparente.

*Con información de nota de prensa

“¿Para qué se retó a la administración derechista de EE.UU? ¿Para victimizarse luego? ¿Para construir una épica que compense los errores propios?”

HASTA EN EL CHAVISMO LE CREEN MÁS A TRUMP QUE A MADURO

Así se lo pregunta en su cuenta en la red social Twitter el filósofo y profesor chavista Javier Biardeau (@jbiardeau), refiriéndose a las nuevas sanciones impuestas por el presidente norteamericano Donald Trump, esta vez no contra individuos sino contra los mecanismos de financiamiento del régimen. “¿Por que se extrañan de las sanciones? NO leyeron que la administración Trump ya había anunciado sus amenazas directas antes del 30-J…”, continúa Biardeau, y recuerda: “Antes del 30-J advertíamos que íbamos hacia una trampa, hacia una calle ciega, hacia un campo minado, ¿Cómo salir de la peor trayectoria?”.

Las reflexiones de este pensador chavista revelan que la operación de “victimización” del régimen no logra engañar ni siquiera a las audiencias internas del oficialismo, que aquella idea de provocar “la ira del Imperio” para unir al país detrás de un Maduro abrazado a la bandera nacional es un fracaso total y que -después de 12 trimestres consecutivos con el peor desempeño económico del planeta- pretender achacar ahora la culpa del desastre de la economía venezolana a las sanciones de Trump es una patética necedad.

EN LA OPOSICIÓN NADIE QUIERE HACER EL BALANCE DE “LA HORA CERO”

Pero también en el campo opositor hay reflexiones lúcidas que hacen ruido a los optimismos corporativos. En su más reciente artículo (“Diez lecciones de una derrota”, PolitikaUcab.net), el profesor Benigno Alarcón -Director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB- hace la evaluación que quienes dirigieron las jornadas de lucha de los últimos cuatro meses han querido escamotearle al país, y su conclusión es contundente: “Los demócratas hemos perdido el pasado 30 de Julio una nueva batalla contra la barbarie autoritaria…”.

Para Alarcón, “En más de tres meses de confrontación fue notable la ausencia de un manejo estratégico de la protesta…. Sin dudar de sus buenas intenciones, resultó obvio que nunca tuvieron claros los objetivos, lo que se podía lograr y lo que no, ni el tipo de protesta que es efectiva y tiene incidencia. Eso degeneró en formas que, lejos de incidir sobre el régimen, lo hizo contra otros ciudadanos que compartían la misma causa…”. Según este catedrático opositor, “los responsables de la toma de decisiones políticas parecieron olvidar que el aumento de los costos de represión, a través de la protesta, no genera cambios políticos por sí mismo. La protesta es un medio, no un fin, y mal utilizada puede generar costos más altos para los manifestantes que para el Gobierno”.

LOS REYES DESNUDOS Y LAS SANCIONES DE MR. TRUMP

Al leer a Biardeau y a Alarcón, y al contrastar sus planteamientos con lo que escuchamos en la calle en nuestro diario trajinar en barrios y urbanizaciones, recordamos el cuento “El Traje Nuevo del Emperador”, con la variación de que aquí son dos los “reyes” que han quedado desnudos: Dos direcciones políticas, la que intenta aferrarse al poder y la que dirigió “La Salida parte 2”, ambas erráticas, ambas extremadamente costosas, ambas incapaces hasta ahora de hacer una oferta sostenible de futuro, pero ambas convencidas, en medio del desastre, que tienen el monopolio de la verdad…

Mientras esto ocurre en esas direcciones políticas, en el planeta Tierra, en la Venezuela real, pasan cosas espeluznantes: Los ocho niños que murieron en el Hospital de Niños JM de los Ríos porque las máquinas de diálisis están contaminadas o sin los filtros requeridos, el bebé que murió esta semana en Bolívar de difteria en un hospital que no tenía ni penicilina, y el niño que falleció literalmente de hambre en el Hospital Domingo Luciani de El Llanito, no son “víctimas de las sanciones”. En todo caso, quien los “sancionó” no fue Trump, sino una supuesta revolución que después de mandar 18 años manejando más dinero que ningún gobierno anterior, ahora prefiere provocar una catástrofe con tal de no presentar ante el pueblo el balance de su corrupto paso por nuestra historia.

LÍDERES “POPULARES” QUE NO SABEN QUE ES LA “LOTERÍA DE ANIMALITOS”

Mientras la dirección política oficialista juega a la guerra y la dirección opositora evade hacer el balance que explique cómo se pasó de “La Hora Cero” a las elecciones regionales, en los mercados muchos deambulan aterrados por los precios de los alimentos, precios que no tardarán una semana en volver a subir, mientras muchos otros que no pueden ya ir a los mercados se aglomeran en los alrededores de los lugares donde comercios y restaurantes arrojan sus desperdicios … Los ancianos jubilados no pueden retirar completas sus magras pensiones de los bancos, y las fracciones que logran cobrar se las pagan en billetes de ínfima denominación … la falta de efectivo empuja a la desesperación e incluso al hampa a personas cuyos oficios los hacían depender de las “propinas” … una oleada de quiebras en comercios y pequeñas empresas, junto a disfrazados despidos masivos en la administración pública, echa a las calles a una multitud desesperada que constata que en la Venezuela sin empleo también se acabó el “rebusque” y la gente en los barrios busca sobrevivir comprando o vendiendo la resurrecta “lotería de animalitos”… todo un calvario que el régimen ignora y que rara vez encuentra espacio o al menos eco en el discurso de una oposición concentrada en lo jurídico-político, y olvidada hace mucho de lo económico y social.

ALLÍ VIENE LA INVASIÓN…

Ya está dolorosamente comprobado que no será a través del uso de la fuerza como régimen y oposición podrán resolver el drama venezolano. Con la pura fuerza el gobierno no gobierna, apenas sobrevive; Con la pura fuerza la oposición logró mostrar una vez más cómo se muere heroicamente, no cómo se construye la vida nueva. La presión internacional, “sanciones” incluidas, empuja al régimen a dejar la prepotencia y allanar el camino a una negociación política que abra las puertas de la transición … el sentido común debiera empujar a la dirección opositora en ese mismo sentido. Ambos sectores deberían aprovechar la muy precaria ventana de oportunidad que aún tienen, antes de que llegue la verdadera e inminente invasión que puede arrasarlos a ambos: ¡La invasión de la hambruna!

@ChuoTorrealba

¡Sean todos bienvenidos a nuestro programa #30! ¿Cuáles son los retos en la coyuntura actual para los fotoperiodistas? ¿Cuál es la postura de estos fotógrafos? ¿Cuál es el papel del fotoperiodismo en la información? En esta oportunidad nos acompaña Régulo Gómez, fotoperiodista independiente que nos contará más sobre su labor y a lo que se ha visto involucrado todos estos días de manifestaciones en la calle.

“Yo decidí por mis propios medios salir a la calle para documentar lo que estaba pasando para aportar ese granito de arena para los momentos que estamos viviendo. Quise mostrar la realidad venezolana gracias a la censura de los medios actuales y usé las redes sociales para hacerlo. Esto es muy complicado, procuro darle más importancia a las fotos de los detenidos que, aunque no las publico, busco llevarlas a una organización para poder ayudarles porque casi siempre les tapan las caras para que no puedan ser identificados” – Régulo Gómez (Fotoperiodista)

Para nuestras pausas musicales, @fanzinero y @MelanioBar nos traen una mezcla de buena música: Escucharemos a Limp Bizkit con “Nookie”; Lamb of God con su tema “Now you got something to die for”; y por último el tema de Control Machete, “Comprendes Mendes?”; aquí en @_humanoderecho.

Conducido por Melanio Escobar y Rafael Uzcátegui, somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por Redes Ayuda y Provea.

Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch (HRW) emitieron este viernes un pronunciamiento en conjunto para explicar la situación de las 1.000 personas que sigue detenidas en el contexto de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el país durante los últimos cuatro meses.

Las organización explican que más de 5.300 personas han sido detenidas en el contexto de las protestas antigubernamentales, según cifras del Foro Penal Venezolano. Al 22 de agosto, cerca de 1.000 personas seguían encarceladas.

Los detenidos arbitrariamente por razones políticas incluyen más de 640 personas que fueron sentenciadas, están siendo procesadas, o cuentan con una orden judicial de prisión preventiva (a quienes el Foro Penal Venezolano llama “presos políticos”); personas que todavía no han sido llevadas ante un juez; al menos 19 personas a favor de quienes se han dictado órdenes judiciales de liberación pero no son puestas en libertad por agentes de inteligencia; y más de 100 personas que tienen órdenes judiciales de liberación bajo fianza pero cuyo procesamiento viene siendo demorado por largos períodos por funcionarios judiciales.

La libertad bajo fianza en Venezuela no requiere consignar dinero ante un tribunal, explican en el texto. El derecho venezolano permite que la justicia libere a personas que van a ser procesadas penalmente si presentan un fiador que puede asegurar al juez que el detenido comparecerá ante el tribunal durante el proceso. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido demorada indebidamente por funcionarios judiciales, y estas personas han quedado detenidas arbitrariamente por períodos de incluso varios meses. «La continuidad de la detención de estas personas luego de que se dispusiera su liberación, indican, es un acto arbitrario e ilegítimo según el derecho internacional de los derechos humanos», indicaron.

A continuación se presentan algunos relatos de abogados que brindaron asistencia legal a personas que estaban o siguen estando detenidas arbitrariamente, en razón de que la orden judicial que disponía su liberación bajo fianza se ignoró durante semanas:

* El 13 de abril, miembros de pandillas armadas partidarias del gobierno llamadas “colectivos” detuvieron a Alberto Brito y Maribel Ilarraza en incidentes separados en Caracas; Brito salía de su vivienda, mientras que Ilarraza regresaba a casa luego de una jornada de trabajo. Ambos fueron entregados a la Guardia Nacional Bolivariana, después a miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y nuevamente a la Guardia Nacional Bolivariana. Los dos detenidos fueron finalmente llevados juntos ante el mismo tribunal en Caracas, donde un juez los acusó de “instigación a delinquir” y “detentación de sustancias incendiarias” durante una manifestación contra el gobierno. El juez impuso la libertad bajo fianza a Brito y autorizó la liberación de Ilarraza sin fiador, pero solicitó que prestara caución juratoria de que se presentaría ante el tribunal. Sin embargo, desde entonces el tribunal no ha tramitado la documentación que la abogada de Brito e Ilarraza presentó en sus casos. Siguen detenidos.

* El 19 de mayo, agentes del CICPC detuvieron a Yusmari Cañizalez, Haydee Brusco y Caride Malavé —madre, hija y nieta, respectivamente—en su vivienda en el estado de Miranda. Un informe policial al cual tuvo acceso su abogado indicaba que habían sido detenidas en flagrancia mientras estaban saqueando una tienda de juguetes en la zona. El 21 de mayo, las tres fueron llevadas ante un tribunal en Los Teques y acusadas de “aprovechamiento de las cosas provenientes del delito”. El juez dispuso su libertad condicional luego de que presentaran fiadores. Aunque el abogado afirma que presentó toda la documentación pertinente ese mismo día, Cañizalez fue liberada el 7 de julio —50 días después de la detención— mientras que Malavé y Brusco permanecieron encarceladas 72 días, hasta el 29 de julio.

* El 25 de mayo, la policía del estado de Aragua detuvo al estudiante Walter José Yepez Vargas, de 19 años, mientras se retiraba de una manifestación. El 27 de mayo, fue llevado ante un juez. Aunque el fiscal presente en la audiencia no presentó cargos contra Yepez por ningún delito, el juez lo imputó por obstrucción y daños en la vía pública, y dispuso que fuera liberado bajo fianza una vez que presentara seis fiadores. Sin embargo, la justicia rechazó los garantes propuestos por Yepez por distintos motivos, incluyendo en un caso que la persona había indicado un número de teléfono celular en vez de una línea fija. Cuarenta días después, ante la creciente presión pública, un tribunal dispuso su libertad sin fiadores.

* El 20 de julio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al estudiante y músico Francisco Gamboa, que estaba dentro de la vivienda de un familiar en Mérida. El 23 de julio, Gamboa fue llevado ante un tribunal y acusado de instigación pública a delinquir. El juez autorizó su liberación bajo fianza, luego de que presentó un fiador. El abogado de Becerra presentó la documentación pertinente para su liberación ese mismo día, así como documentos adicionales que había solicitado el tribunal, pero Becerra siguió detenido 27 días, hasta el 15 de agosto.

* El 22 de julio, Ferney Becerra Pérez, un vigilante, fue llevado ante un tribunal penal en Mérida, dos días después de haber sido detenido por miembros de la Policía Nacional Bolivariana mientras comía una hamburguesa en un puesto callejero. Aunque el fiscal no presentó cargos contra Becerra por ningún delito y pidió su liberación, el juez igualmente le imputó el delito de instigación pública y dispuso que fuera liberado recién después de presentar dos fiadores ante el tribunal. El abogado defensor de Becerra presentó la documentación para que fuera puesto en libertad, pero permaneció detenido 26 días, hasta el 14 de agosto.

* El 27 de julio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al violinista Wuilly Arteaga, que se ha convertido en un símbolo de la protesta pacífica en Venezuela, durante una manifestación en Caracas contra la intención del gobierno de convocar a una Asamblea Constituyente. El 30 de julio, Arteaga fue llevado ante un tribunal de la justicia penal ordinaria, pero ni a su familia ni al abogado les dijeron cuándo se celebró la audiencia, a pesar de que lo habían visto llegar al tribunal y estaban esperando fuera para recibir información de las autoridades acerca de qué tribunal tomaría el caso. Más tarde, su abogado supo a través de un funcionario judicial que el tribunal asignaría a Arteaga un defensor público y que el Ministerio Público lo había acusado de detentación de sustancias incendiarias, incitación pública a delinquir y agavillamiento. En esa audiencia, el tribunal dispuso que fuera liberado a condición de que presentara un fiador.

* Cuando su abogado finalmente accedió al expediente, presentó la documentación para la fianza, pero Arteaga nunca fue puesto en libertad. Tribunal recién permitió que Arteaga fuera liberado el 15 de agosto, luego de que su caso tuvo amplia repercusión internacional y su liberación fue pedida pública y formalmente por Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente oficialista. Miembros de la Guardia Nacional condujeron a Arteaga en un vehículo hasta la Plaza Altamira en Caracas y lo dejaron allí, sin informar a sus abogados ni familiares sobre la liberación. Arteaga debe presentarse personalmente ante el tribunal a diario y no puede participar en manifestaciones.

*con información de Prensa HRW