El gremio periodístico venezolano se pronunció ante el cierre de las emisoras de radio caraqueñas 92.9 FM y Mágica 99.1 FM, impuesto por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo que se negó a renovar las concesiones de uso del espectro radioeléctrico que les permitirían regularizar correctamente su status. En horas de la noche de este viernes, ambas señales fueron sacadas del aire.
El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP, seccional Caracas) y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), reclamaron que la decisión de la institución del Estado atentaba contra la libertad de expresión.
El SNTP calificó la medida como «arbitraria y violatoria del debido proceso», ya que durante casi 10 años, Conatel no respondió a la solicitud de renovación de concesión requerida por 92.9 FM. El sindicato también destacó que el cierre dejaría sin empleo al menos a 40 trabajadores.
Para Ipys Venezuela, la salida del aire de las estaciones es una nueva acción de censura. La institución reiteró su alerta sobre los constantes cierres que el gobierno de Nicolás Maduro ha aplicado contra medios nacionales y extranjeros. Con estas dos emisoras, ya son 50 las radios y televisoras afectadas desde 2006.
Por su parte, el CNP Caracas recordó que sacar del aire a estos medios representaba «una violación flagrante a los principios democráticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
Condenó, mediante un comunicado, que el gobierno de Nicolás Maduro violara «la libertad de decidir de los venezolanos al utilizar mecanismos indirectos como el manejo discrecional en el otorgamiento y renovación de licencias radioeléctricas, que buscan solamente impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones».
«Cerrando medios y agrediendo periodistas no se oculta la verdad; sobre todo porque es imposible que el venezolano no sienta ni padezca la crítica situación económica, de desabastecimiento, ineficiencia en los servicios de salud e inexistente seguridad ciudadana», indicó la organización a través de un documento en el que también se señaló que era clara la intención del Ejecutivo de silenciar a las emisoras, a sus periodistas e imponer una agenda propia.
El CNP exhortó a la Defensoría del Pueblo a resguardar el derecho de los venezolanos a informarse y anunció que «el gremio periodístico recurrirá ante instancias nacionales e internacionales en solicitud de reivindicar un derecho humano inalienable como lo es el derecho a la expresión y opinión».
Fuera de Venezuela también hubo reacciones. Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció contra la decisión de Conatel vía Twitter.
«La guerra en Venezuela es contra la libertad de expresión: otras dos radios cerradas. La democracia perece en la oscuridad del régimen», apuntó en su cuenta personal en la red social.
