Magally Huggins

Un informe de la ONG Lupa por la Vida arrojó que policías y militares dieron muerte a 824 personas el pasado año en distintas circunstancias

A juicio del abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Izquiel, desde hace unos tres años, el Gobierno venezolano cambió la visión sobre cómo tratar con las «megabandas» criminales del país y sus cabecillas.

En entrevista para la agencia de noticias Efe, Izquiel señaló que hubo mucho tiempo de permisividad con los grupos criminales que operan en Venezuela, por lo que los operativos policiales no son suficientes para acabar con una banda completa. 

La criminóloga y coordinadora de investigación de la ONG Una Ventana a la Libertad, Magally Huggins, afirmó que las megabandas «han jugado un papel político en el país porque han sido utilizadas desde instancias de poder para controlar, sobre todo a los sectores populares».

En referencia a la muerte de «El Conejo», Huggins afirmó que no se puede ver como un hecho aislado, porque las muertes de los líderes de las bandas criminales «no va a controlar la criminalidad, porque la criminalidad no se controla si no hay políticas públicas que partan de la prevención».

La criminóloga indicó que la política debe comenzar con una acción conjunta interministerial en donde las decisiones se tomen de manera coordinada.

«Sin una buena política preventiva, educativa, sin que el sistema de justicia funcione y apliquen la ley y el debido proceso, vamos a seguir igual para peor», añadió.

Tanto Huggins como Izquiel consideran como otra problemática la desconfianza hacia los cuerpos policiales por parte de los ciudadanos que, además, en diversos casos, se sienten más seguros con los presuntos delincuentes.

Denuncian resurgimiento de prácticas de las OLP

Luis Izquiel indicó que si bien es cierto que con los operativos policiales se ha logrado la desarticulación de algunas megabandas, se mantienen otras como la del Tren de Aragua que opera desde la cárcel de Tocorón y la cual ya tiene presencia en varios países de Latinoamérica.

El Operativo Liberación del Pueblo (OLP), creado por Maduro en el 2015, con el objetivo de combatir la inseguridad principalmente, en sectores populares, ha generado cientos de denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidos por los cuerpos policiales y militares, ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias; según la ONG Provea.

Un informe de la ONG Lupa por la Vida arrojó que policías y militares dieron muerte a 824 personas el pasado año en distintas circunstancias.

Lupa por la Vida resalta que 2022 se caracterizó por un «alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato».

Lupa por la Vida advirtió también sobre el resurgimiento de «prácticas abusivas» de las OLP en áreas geográficas pobres, con  «activa presencia» de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la planificación y conducción de los operativos y un «alto número de víctimas civiles» en cada intervención.

*Con información de Efe

El registro de estas cifras fue hecho por Monitor de Víctimas, un proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive, que combina periodismo de datos, participación ciudadana y periodismo de investigación. A través de la recolección de información -en alianza con ElPitazo.com, EfectoCocuyo.com, Crónica. Uno y El Coorperante- sobre los homicidios que ocurren en la capital venezolana, se busca caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.

“La sociedad venezolana está afectada transversalmente por la violencia, convirtiéndose en un eje fundamental para poder leer a los venezolanos”, señaló la abogada y directora de Cofavic, Liliana Ortega. El resumen anual de 2017 de la fundación InSight Crime ubica a Venezuela como el país más homicida de la región, con una tasa de 89 homicidios por 100 mil habitantes. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró 26.616 homicidios en Venezuela durante 2017.

Zonas más violentas

La psicólogo social, criminóloga y doctora en Estudios del Desarrollo, Magally Huggins, explicó que los grupos delictivos tienden a concentrarse en sitios donde la posibilidad de hacer un proyecto de vida, lejos del delito, son menores.  “El sujeto de la violencia se construye día a día y nada estimula más la delincuencia que la impunidad”.

Los vecinos de Catia, municipio Libertador, denunciaron el aumento de casos en los que la muerte se produce en otras zonas de la capital y los cuerpos son abandonados  en las riberas del río Guaire, a la altura de Los Flores, por ejemplo. “A un señor del Junquito, como de 60 años, lo secuestraron y lo mataron, encontraron su cuerpo en el Guaire. Varios cadáveres fueron  arrojados en la zona cercana al río es muy sola y muy oscura”, contó un residente de la zona.

Los casos más frecuentes son ajuste de cuentas y redadas policiales; según los líderes en la zona no existen bandas organizadas de delincuencia común, ya que el control lo tienen los llamados colectivos o grupos armados afectos al gobierno que asumieron el control de gran parte del oeste de la capital de la República. “Hace unos días quitaron la luz de todo el sector porque buscaban un joven que estaba robando en las casas, nosotros desde las nuestras oíamos pasar las motos”, relataron los vecinos.

La directora de Cofavic, Liliana Ortega, explicó que según el Derecho Internacional todos los crímenes que comentan particulares, en los que se pueda probar que hay tolerancia del Estado, constituye responsabilidad internacional del mismo.

Por otra parte en las parroquias que conforman la zona del centro de Caracas (Sucre, Candelaria, San José, 23 de Enero, La Pastora, Altagracia y Catedral) se registraron 160 asesinatos en seis meses; siendo el robo, el ajuste de cuenta y la violencia policial los móviles con mayor número de víctimas .

La psicólogo social Magally Huggins denunció que en la capital existen zonas controladas por grupos delictivos gracias a la impunidad, lo cual ha permitido que tomen el control del tránsito en las calles y el tráfico de drogas, entre otras actividades. Indicó también que, en muchos casos, algunos de estos líderes delictivos tienen vínculos con los miembros de los cuerpos policiales del Estado.

“En Propatria, la policía entra a los bloques buscando personas solicitadas, pero a la semana sigue habiendo los mismos problemas de drogas y violencia”, contó Yonderwin Zambrano, líder en esta zona.

Los vecinos comentan que la comunidad siente mayor temor cuando entran los cuerpos policiales que por los mismos delincuentes. “Cada banda tiene su lugar y hay zonas a las que no se puede acceder, pero la gente teme más a la policía. Hubo un caso en el que los cuerpos de seguridad entraron a la cancha buscando a una persona solicitada y mataron a gente inocente que no estaba relacionada” señaló Zambrano.

El 77% de las muertes violentas en Caracas son en la vía pública, 19% en viviendas y 3% en establecimientos comerciales. De los casos de asesinatos en las viviendas 64% (129 casos) fueron muertes registradas como resistencia a la autoridad y ejecuciones policiales, solo 30 casos fueron por robo.

En el mes de septiembre El Nacional reseñó la muerte de Edward López Ojeda, tenía 20 años de edad y era mecánico. Su familia denunció que la Policía Nacional Bolivariana abrió la puerta de su vivienda, en la parte alta de La Vega, se lo llevó y lo asesinó de un disparo en el pecho.  Dentro del municipio Libertador, las parroquias La Vega, El Paraíso, Santa Rosalía, El Valle y Coche, zonas del sur oeste de Caracas, registraron 284 homicidios, 121 de ellos fueron resistencia a la autoridad y ejecuciones.

Esteban Farías, líder en la parroquia La Vega, relató el caso de cuatro jóvenes que la policía se llevó de La Ladera y fueron encontrados muertos en Mamera, parroquia Antímano. En La Vega el mayor número de casos se registra por robo, sin embargo los enfrentamientos con la policía son constantes. Farías también recuerda un caso en el que un joven se enfrentó contra los cuerpos de seguridad y al querer lanzar una granada, esta le detonó antes y le amputó el brazo; en ese hecho murieron dos personas que no estaban solicitadas.

Víctimas menos visibles

Entre los meses de mayo y enero en  Caracas se registraron 68 mujeres asesinadas, 69% de ellas en el municipio Libertador.

De estos 68 casos, 22% tuvo como móvil el robo y 19% entra en la categoría de violencia de género. no de los casos que más conmovió a los vecinos de Propatria en el oeste de Caracas fue el de Ana Luna, una joven de 16 años asesinada por su pareja. “Los vecinos contaron que estaba en una fiesta y le dispararon en la frente por celos, ella tenía una bebé de 6 meses”, dijo Yonderwin Zambrano, líder en esta zona.

Para la abogada Liliana Ortega, la violencia de género es un tema por el que hay que continuar trabajando a pesar de que ha habido algunos avances; pero considera que al igual que todas las violaciones a Derechos Humanos, este tema también está en un manto de impunidad.

Monitor de Víctimas también registró que durante nueve meses 83 menores de edad fueron asesinados. La comunidad de Petare recuerda la muerte de Carlos Rivera, un joven de 17 años, que era parte del equipo Deportivo MB de la zona. Estaba celebrando con sus amigos el triunfo de su equipo, pero cuando iba regresando a su casa recibió un disparo desde un carro en el barrio Los Trailers. “A Carlos le gritaron y por curiosidad volteó, en ese momento le dispararon, pero no era a él a quien buscaban”, contó uno de sus compañeros y líder de la zona, Eyker Racero.

La psicóloga social Magally Huggins indicó que cada vez los delincuentes son más jóvenes, pero a la vez cada vez más las víctimas del delito también son más jóvenes.  “Las condiciones de vida de nuestra juventud son muy carentes. Los ejemplos positivos cada día son más escasos”, señaló.

Solo en el municipio Sucre se registraron 23 (28%) asesinatos a menores de 18 años. El promedio de edad en general entre las víctimas es de 47 años, sin embargo 161 (12%) de los 1.242, registrados en nueve meses, eran menores de 20 años.

“El Estado es el responsable de que no se comentan violaciones de Derechos Humanos, de los menores y de cualquier persona, debe velar porque se cumpla el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso.”, señaló Liliana Ortega.

Móviles de la violencia

Los casos de violencia policial (resistencia a la autoridad y ejecuciones) lideran la lista de los móviles con 571 muertes, 46% de los casos, en segundo lugar el robo con 298 crímenes, 24%, y el tercero ajuste de cuenta con 124 asesinatos, 10%.

“Está claro que todos los planes de seguridad ciudadana han fracasado, que no hay resultados positivos, ni para mejorar la seguridad ciudadana y mucho menos para garantizar los Derechos Humanos; las cifras sobre ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales son elocuentes”, indicó la directora de Cofavic, Liliana Ortega.

La psicólogo social y criminóloga Magally Huggins expresó que la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) demostró que hay zonas de Caracas en donde la arremetida policial es más fuerte. “En el caso de Petare parecería que hay un nivel de convivencia entre la población y la delincuencia, y la policía entra prácticamente en complicidad con ellos” opinó.

Los vecinos de Petare contaron que a diferencia de otras zonas, los mayoría de las muertes violentas en el municipio Sucre son por robo, ajuste de cuenta y enfrentamientos entre bandas. Sin embargo, según lo registrado por Monitor de Víctimas, el 30% de los homicidios en el municipio fueron por violencia policial. “Creemos que no hay tantos casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones debido a la corrupción, los cuerpos policiales pasan de largo por la zona. En sectores como La Dolorita, El Chorrito y El Torre es muy peligroso acceder”, denunció uno de los líderes comunitarios.

Uno de los casos que recuerda la comunidad fue la muerte de “Justo”, uno de los presuntos líderes del narcotráfico, quien fue asesinado supuestamente en  un ajuste de cuentas en la parte baja del barrio San Isidro, en Petare. Sin embargo Monitor de Víctimas registró en total solo nueve casos de enfrentamiento entre bandas, de los cuales siete sucedieron en el municipio Libertador.

Según la abogada Liliana Ortega, el Estado debería hacer un plan integral que permita desarrollar, lo que se llama en derecho internacional, las garantías de no repetición, que son aquellas que van dirigidas a las víctimas secundarias y a la sociedad. Que incluya reformas legislativas, acciones de reconocimiento, reparación integral a las víctimas y cohesión social, ya que considera que cada caso tiene que ser estudiado de manera específica para determinar las medidas.

“Está la vía de investigar y sancionar a los responsables, pero también están las garantías de no repetición para contribuir a la reducción de violencia y reparación de las víctimas, ambas tiene que ser transitadas por el Estado” apuntó la directora de Cofavic.

Por otra parte, la psicóloga social Magally Huggins, explicó que para disminuir los niveles de delincuencia debe haber una red articulada interministerial con la sociedad civil y que el  Estado que no estimule la violencia. “Con este nivel de deterioro, normalizar el sistema de justicia sin ocuparse del sistema educativo y la violencia intrafamiliar, los esfuerzos no serán suficiente. Debe haber una limpieza de los cuerpos policiales y también ocuparse de la población”, dijo finalmente Huggins.

@fabicrisci17

Magally Huggins, psicóloga social, especialista en criminología y profesora universitaria, cree que “el camino del duelo hay que transitarlo y enfrentarlo. Asumirlo es un derecho de las víctimas”.

La experta reconoce que las personas que han perdido hijos, hermanos, esposos, experimentan un dolor paralizante e intenso. Lo cierto es que ese dolor nunca desaparece, solo cambia, y para sobrellevar las pérdidas y el sufrimiento, la ayuda psicológica oportuna, es necesaria.

En efecto, la atención psicosocial de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos puede entenderse, en términos generales, como un proceso de acompañamiento, individual, familiar o comunitario, orientado a afrontar las consecuencias de un posible impacto traumático y a promover el bienestar y el apoyo emocional y social de la persona.

El objetivo del acompañamiento psicosocial es apoyar a la víctima en el proceso de duelo y mitigar el impacto   físico, mental y emocional que tiene la pérdida del ser querido. Eso significa que la víctima pueda sentirse segura, tener esperanzas y opciones de vida. Que recobre el sentido de espiritualidad, sus creencias y relaciones personales. Que vuelva a encontrarle significado al mundo, que pueda tener apoyo, protección y   capacidad de planear y resistir con fortaleza y determinación.

Desde la experiencia de COFAVIC es muy importante que las víctimas reconozcan la perspectiva social e identifiquen el contexto en el cual se le han violado sus derechos humanos, de manera tal que quienes se ven afectados o afectadas, puedan trascender su dimensión individual e inicien un proceso de implicación y participación en la reducción de factores que incidan en el incremento de la violencia y la impunidad.

El abordaje psicosocial debe hacerse considerando las necesidades y demandas concretas de cada persona afectada y tomando en cuenta el entorno en el que se desenvuelve. Es importante establecer un vínculo de confianza y de apoyo entre el profesional y la víctima y evitar a toda costa la re-victimización. Es decir, el principio de toda intervención es no hacer daño, por eso es necesario evitar que la atención produzca situaciones negativas para la vida de la persona o la exposición a nuevas experiencias estresantes, muchas de ellas motivadas por la criminalización y estigmatización que a veces fomentan los cuerpos policiales e instituciones responsables de impartir justicia.

En Cofavic creemos en la importancia de que las víctimas reciban una atención integral, de allí que ofrezcamos asesoramiento psico-jurídico, cuyo principal objetivo es fortalecer a las víctimas y potenciarlos como sujetos de derechos y actores sociales claves en la transformación de sus realidades. Es un enfoque que busca articular los objetivos de apoyo desde el Derecho y de la Psicología, es una herramienta de trabajo que puede ser incorporada a cualquier litigio y empleada dentro de las instituciones públicas, por abogados litigantes, así como por organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Lo psico-jurídico establece nuevas estrategias para la superación de la impunidad, en la medida que se apoya en el bienestar emocional de las víctimas, los denunciantes y de quienes participan como testigos y peritos dentro del proceso de litigio, al tiempo que acompaña psicosocial y emocionalmente a la persona afectada.

Desde esta perspectiva, los procesos judiciales no deberían realizarse a espaldas de las víctimas, sino que ellas deben ser consideradas en sus derechos y necesidades. Y es allí, donde el acompañamiento psico-jurídico se enfoca en cómo las víctimas se apropian de sus casos, exigen y cómo se generan nuevos procesos para la superación de la impunidad y el daño emocional.

Desde nuestra experiencia, bajo esta perspectiva de trabajo, los familiares y víctimas se transforman en figuras protagónicas, donde las mismas se destacan por tomar las decisiones pertinentes que puedan contribuir a una investigación justa, transparente e independiente. Las víctimas dejan de ser sujetos inactivos que están solamente para la consulta o transmisión de información dentro de la interlocución con los organismos encargados de hacer justicia, para convertirse en una pieza fundamental que contribuye a la investigación.

En COFAVIC creemos que el acompañamiento psico-jurídico no solo es una estrategia para evitar procesos de revictimización, sino que también contribuye a fortalecer a las víctimas como sujetos de derechos. Asimismo, es un apoyo clave que permite que las víctimas identifiquen otras acciones de exigibilidad moral y social, como aquellas que promueven una cultura de la memoria que reivindique la dignidad de las personas asesinadas o desaparecidas o de aquellas víctimas de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes. Adicionalmente, estas acciones marcan un precedente para la no repetición de los crímenes.

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Este miércoles 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional Venezuela llevará a cabo un seminario titulado “El liderazgo y la participación femenina frente a la crisis en Venezuela” en el auditorio de la Universidad Católica Andrés Bello, dirigido al público en general desde las 8 de la mañana hasta el medio día.

Para una de las ponentes, Evangelina García Prince, exministra de la Mujer, vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y excoordinadora la Red Latinoamericana y del Caribe de Organismos Gubernamentales de la Mujer, ante la falta de políticas públicas coherentes y campañas de sensibilización sobre el respeto de los derechos de las mujeres, este tipo de eventos constituye una ventana para que la ciudadanía se involucre y participe. “Es importante que el contenido del seminario se multiplique para que llegue a los altos cargos de gobierno con el fin de que se sensibilicen y creen programas sociales que realmente permitan el empoderamiento de la mujer venezolana y una respuesta a sus dificultades”.

“Los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres en este país se encuentran totalmente transgredidos. Todas nosotras nos encontramos en una situación terrible de privación de derechos en materia de salud, alimentación, calidad de vida y acceso a servicios fundamentales suscritos en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.

En el evento también estarán participando Magally Huggins, licenciada en Psicología con magister en Administración de Justicia Criminal; Luisa Pernalete, coordinadora para la paz de Fe y Alegría y ganadora del Premio de Derechos Humanos  entregado por la Embajada de Canada; y Milagros Bentancourt,  exembajadora, profesora de Derecho Internacional Público en la UCAB.

El enfoque es igualdad de oportunidades, paridad, elecciones igualitarias

Según Betancourt, estas actividades ayudan a la canalización adecuada del liderazgo de las mujeres y capacidad de resolución de conflictos. “A través de las herramientas de liderazgo las mujeres podrán elevar sus voces, organizar su comunidad y exigir con más propiedad a los entes competentes del Estado el respeto y reconocimiento de sus derechos”. También la experta destaca la necesidad de que hombres y mujeres sean tratados de manera equitativa en todos los aspectos sociales, sin dejar de reconocer las diferencias físicas y psicológicas que puedan tener. “Aunque parezca retrógrado decirlo, en Venezuela y el mundo existen muchas empresas y organizaciones que prefieren contratar hombres, les otorgan un pago más elevado aun ejerciendo las mismas funciones que la mujer y no garantizan la estabilidad laboral de la mujer después de que salga embarazada”.

Huggins precisó que a pesar de las luchas que han emprendido las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, hoy se continúan considerando como ciudadanas de segundo orden y se sigue acuñando la responsabilidad del cuidado de la familia solo a las mujeres.

“En Venezuela, el 43% de las familias tienen como líder a una mujer –jefas de familia que su mayoría han perdido a su compañero en situaciones de violencia– quienes sin reconocimiento ni ayuda son las que sacrifican muchos espacios de su vida para mantener económicamente, cuidar y ofrecerle tiempo de esparcimiento a sus hijos. El Estado debe crear con urgencia políticas que le faciliten la vida a esas millones de venezolanas”.

Para formalizar la inscripción al evento las personas interesadas deben escribir a educacion@aiven.org, con su nombre, correo electrónico, número de cedula y ocupación. Al culminar el seminario se entregará certificado digital y acceso a los contenidos de las ponencias.

Decenas de ideas y de proyectos conjuntos surgieron del Encuentro Nacional de Víctimas que organizó COFAVIC y que se llevó a cabo el pasado 7 de julio en la Universidad Católica Andrés Bello.

El evento fue un espacio de interacción e intercambio entre víctimas procedentes de distintos lugares del país. No hubo una única conclusión, pero sí una reflexión privó por encima de otras durante la jornada de discusión: el silencio no es una opción válida para las víctimas.

Así lo han entendido las personas que, pese al dolor de una pérdida, del miedo paralizante que pueda generar la denuncia, han optado por el camino largo de la justicia y la reparación.

Los participantes, durante el espacio de interacción, reiteraron la necesidad de que haya un sistema de justicia garante de los Derechos Humanos. Pidieron investigaciones efectivas e independientes de las denuncias que se hacen de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia de género. Recordaron la importancia de procurar medidas de protección adecuadas y garantías de todo tipo a la hora de denunciar.

Las víctimas también solicitaron programas continuos para la recuperación emocional y la promoción de un lenguaje de Derechos Humanos en todas las instancias de la sociedad.

Liliana Ortega, abogada fundadora de COFAVIC, organización que nació hace 27 años durante los sucesos de febrero y marzo de 1989, en el llamado Caracazo, dijo durante su intervención que las víctimas deben reconocerse como actores fundamentales de la lucha por la justicia y que su participación es fundamental en la reconstrucción de la memoria histórica de cualquier suceso.

El padre José Virtuoso, rector de la Ucab, introdujo dos elementos fundamentales en el proceso de justicia: la verdad siempre debe estar por delante en cualquier intento de reconstrucción del país, y destacó el hecho de que el encuentro de víctimas se perfile como una posibilidad más que contribuya a la reparación de Venezuela.

La investigadora y profesora universitaria, Magally Huggins, estremeció a los asistentes con su presentación. Su ponencia, con enfoque de género, movilizó, sobre todo, a los hombres que asistieron al encuentro. Algunos son víctimas directas de violaciones a los derechos humanos, otras son padres de jóvenes asesinados en distintas circunstancias. A ellos les dijo que la emoción es humana, no femenina: y que es muy importante el enfoque de género en la vida familiar. “Hay que permitirle al hombre el goce del hijo. Si vamos juntos en la calle, codo a codo, somos muchos más que dos. Eso necesita Venezuela”, reiteró.

Huggins llevó una presentación muy visual, con muchas fotos desgarradoras de madres que lloran a sus hijos muertos en la morgue de Bello Monte. Imposible mantenerse indiferente ante ese reflejo de la realidad. A los que se conmovieron, Huggins les dijo “el dolor cambia, nunca desaparece. Se aprende a vivir con él”.

La psicóloga insistió en el derecho que tienen las víctimas a elaborar y vivir su duelo. “El camino del duelo hay que transitarlo. El duelo es un derecho”, reiteró.

Por eso es tan importante y oportuna la ayuda psicológica y recordó que hay lugares en Caracas donde se ofrece en forma solidaria. “El miedo hay que asumirlo y enfrentarlo”, dijo la investigadora social.

Se refirió a la violencia como un aprendizaje y la creencia de muchos de que es una forma válida de relación entre los seres humanos y de resolución de conflictos. “La violencia debe convertirse en el tema número 1 de las organizaciones sociales”, dijo, y debe incorporarse en ese estudio a la corrupción como una forma de violencia institucional. “La violencia es el líquido amniótico de Venezuela”, señaló.

Las víctimas tuvieron la oportunidad de constituir un panel y de hablar de su participación en los procesos de justicia y reparación de sus propios casos. En efecto, la voz colectiva de las víctimas puede potenciar una suma de voluntades hasta convertirse en organización

La participación de las víctimas se perfila como un ejercicio de ciudadanía que contribuye a combatir la impunidad y a fortalecer el sistema democrático.  Las víctimas han entendido que son el poder que impide sostener la historia oficial y falseada.

“Justicia no es sinónimo de venganza, sino de reconciliación”, reflexionó Liliana Ortega, mientras hacía referencia a las historias de Eloísa Barrios, miembro de una familia de Aragua de la que han sido asesinados 11 miembros;  Ignacio Landaeta, un padre,  también de Aragua, que perdió a dos hijos; Luis Uzcategui,  activista y defensor de Falcón que pidió mantener la lucha; Alejandra Blanco, del estado Vargas, que aún espera justicia en la desaparición forzada de su esposo en 1999  e Yris Medina, fundadora de @COFAVIC, cuyo esposo fue asesinado en el Caracazo.

Todos dijeron que la clave está en mantener la lucha, en ser pacientes, en perseverar, en nunca perder la fe.  Por eso en psicología se habla de la personalidad resistente, esa que suele aflorar luego de un suceso traumático, y esa ha sido la clave de las víctimas.

Cofavic