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BRASIL TENDRÁ ELECCIONES PRESIDENCIALES el primer domingo de octubre cuyos resultados impactarán en el tablero político continental. De entre trece postulados, todas las encuestas señalan que la pugna electoral se centra en el parlamentario Jair Bolsonaro y Fernando Habbad el candidato designado desde la cárcel por Lula da Silva. Tras un atentado el 06SEP18 que lo mantiene bajo cuidados hospitalarios, Bolsonaro no ha podido participar en actos de campaña ni en  debates televisados. Habbad corre con el nada despreciable peso político que le presta Lula, su aparato partidista y el apoyo internacional castrochavista. El regreso del PT a la Presidencia de Brasil o la llegada al Palacio de Planalto de una sincrética mezcla antiizquierdista con fuerte acento militarista parecieran las opciones en juego. Son pocas las probabilidades de un resultado definitivo en primera vuelta por lo que el futuro político brasileño se estaría decidiendo en el balotaje el 28OCT18.

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La diplomacia castrochavista recibió una sucesión de derrotas diplomáticas y políticas en el contexto de las Naciones Unidas.

El 25SEP18, primer día del llamado “segmento de alto nivel” de la Asamblea General de la ONU del año 2018, el gobierno de Nicolás Maduro fue objeto de críticas directas por parte de los mandatarios de Ecuador, EEUU, México, Perú, Paraguay y Argentina en una seguidilla que continuaría al día siguiente en los discursos de otros mandatarios. Salvo el boliviano Evo Morales en sus intervenciones ante el Consejo Permanente y la Asamblea General y el cubano Diaz Canel, no fueron muchos los mandatarios dispuestos a mostrar apoyo al régimen chavista.

Mientras en el gran salón de la ONU se escuchaban la secuencia de discursos,  en un salón vecino tenía  lugar una reunión a nivel de cancilleres convocada por Colombia, Canadá y Perú, que contó con la participación del presidente colombiano Iván Duque y del vicepresidente de EEUU Mike Pence, cuyo tema fue Venezuela. El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, amenazó con hacerse presente en esta reunión y el gobierno colombiano advirtió que no sería recibido. El propósito del encuentro fue coordinar la creación de un fondo internacional para atender la ola migratoria venezolana que impacta en los países de la región. En el evento participaron cancilleres latinoamericanos y europeos así como representantes de organismos multilaterales incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo.

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A media mañana del 26SEP18, también en los espacios de la ONU en Nueva York, seis gobiernos informaron sobre la suscripción por sus mandatarios, de una carta dirigida a la Fiscal de la Corte Penal Internacional solicitando la apertura de una investigación sobre “crímenes de lesa humanidad” que se “habrían cometido a partir del 12 de febrero de 2014 en Venezuela”. La comunicación está suscrita por el argentino Mauricio Macri, el colombiano Iván Duque, el chileno Sebastián Piñera, el paraguayo Mario Abdó, el peruano Martín Vizcarra y el canadiense Justin Trudeau. Se trata de un hecho sin precedentes el que un grupo de mandatarios soliciten la apertura de un proceso de investigación judicial internacional contra un mandatario.

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La intervención de Maduro en la ONU fue igualmente un fracaso diplomático. Tratando de mantener una sensación de incertidumbre sobre su viaje a Nueva York, los representantes de Maduro en la ONU sólo solicitaron su inclusión como orador a pocos días del inicio del evento. Inicialmente fue inscrita la vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez como oradora y dado su rango le fue asignado el día 27SEPT18. El 24SEP18, en un movimiento probablemente orquestado con anticipación, fue retirado el pedido de palabra para Rodríguez, Nicaragua retiró su solicitud para que Daniel Ortega hablara en la ONU la tarde del 26SEP18 y Nicolás Maduro fue incluido como orador en el lugar previamente asignado al nicaragüense. Pareciera que Ortega, en medio de una feroz campaña represiva contra la oposición nicaragüense, nunca pensó realmente viajar a Nueva York.

Maduro llegó a la sede de la ONU al final de la tarde del 26SEP18, en momentos cuando ya pocas figuras internacionales relevantes se encontraban en el lugar. Donald Trump, quien había presidido ese día un debate en el Consejo de Seguridad donde escuchó duros ataques por parte de Evo Morales, ya se había retirado del edificio de la ONU. Maduro sólo logró coincidir con el primer ministro de Jamaica Andrew Holness, con el canciller ruso Serguéi  Lavrov y con el presidente iraní Hasán Rohaní con quienes celebró reuniones de ocasión. En su discurso, el más largo de todo el evento con cincuenta minutos de duración, Maduro negó la crisis migratoria, se quejó porque su gobierno no puede utilizar el dólar estadounidense y pidió una conversación con Donald Trump. Maduro se dirigió a una sala vacía donde las delegaciones presentes estaban generalmente a manos de funcionarios diplomáticos de bajo rango. Por cierto, el largo discurso de Trump duró solo treinta y seis minutos…

Socios políticos como Evo Morales y el cubano Miguel Díaz-Canel no acompañaron el discurso de Maduro. Morales apuró su viaje de regreso a Bolivia y encomendó a su canciller Diego Pary que encabezara la delegación durante la intervención de Maduro, mientras la representación cubana quedó a cargo de dos funcionarios de bajo rango. Díaz Canel privilegió su asistencia a un evento político organizado en la iglesia Riverside de Harlem. Maduro, al final de su discurso, mandó a suspender la prevista rueda de prensa alegando “un compromiso surgido de última hora” que en realidad era acompañar al cubano en Harlem.

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El 27SEP18 el régimen chavista sufrió una nueva derrota diplomática en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instancia compuesta por 47 gobiernos, inició el 10SEP18 su período 38 de sesiones y entre sus integrantes comenzó a circular un proyecto de resolución impulsado por miembros del Grupo de Lima y por activistas internacionales venezolanos. Tras modificaciones del texto, cabildeo y negociaciones, el proyecto de resolución para “la protección y promoción de los Derechos Humanos” en Venezuela fue presentado por cuarenta y dos gobiernos, quince de ellos con derecho a voto en el CDH. Los gobiernos promotores fueron Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Guyana, Honduras, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, México, Mónaco, Montenegro, Nueva Zelandia, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, Rumania, Suecia y Ucrania, llamando la atención que el gobierno de Brasil se comprometió a votar la resolución pero se abstuvo de aparecer como promotor.

La resolución fue aprobada el 27SEP18 con 23 votos a favor. A los países promotores con voto se sumaron Ecuador, Panamá, España, Brasil, Suiza, Japón, Hungría, Ruanda y  Afganistán. El texto aprobado da como un hecho “las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria” en Venezuela y confirma la crisis migratoria negada por el gobierno Maduro. La resolución colocó a Venezuela bajo observación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, cuya Alta Comisionada, la chilena Michele Bachelet, deberá presentar informes orales y escritos en las próximas reuniones del CDH sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela.

A favor de Maduro y contra el proyecto de resolución votaron los enviados de Cuba, China, Burundi, R.D. de Congo, Pakistán, Egipto y el representante del propio gobierno chavista.

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Tres senadores republicanos solicitaron el 26SEP18 al Departamento de Estado la inclusión del gobierno de Nicolás Maduro en el listado de “estados promotores del terrorismo”. Los senadores Marco Rubio (Florida), John Cornyn (Texas) y Cory Gardner (Colorado) enviaron una comunicación al secretario de Estado Mike Pompeo en la cual alegan que el más reciente Informe del Departamento de Estado, emitido el 19SEP18, incluye por undécima vez consecutiva a Venezuela como un país que no coopera en los esfuerzos antiterroristas. El listado de “estados promotores del terrorismo” es elaborado por el Departamento de Estado y actualmente sólo incluye a Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Los senadores firmantes resaltan las relaciones entre el gobierno chavista y organizaciones guerrilleras colombianas (Farc y ELN) así como el grupo terrorista Hezbolá.

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Iván Duque anunció que en caso de reestablecerse las negociaciones con la guerrilla del ELN, no contempla que Venezuela actúe como garante. La fase pública de las conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN arrancó en las afueras de Quito el 07FEB17 teniendo como garantes a los gobiernos de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela. La presencia de Venezuela, representada por Roy Chaderton y  Ramón Rodríguez Chacín, fue una de las condiciones del ELN para el inicio de esas conversaciones. En abril pasado, a raíz de la decisión de Lenin Moreno de retirar a Ecuador del papel de garante y sede, el jefe negociador del ELN Pablo Beltrán afirmó que “una parte de la delegación va a nuestros campamentos a Colombia a unas consultas rápidas y otra parte va a quedar en tránsito por Venezuela”. El 28JUL18, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Alberto Mejía, afirmó durante un acto militar en Bogotá que “en Venezuela se refugia el comando y control del ELN, tanto los miembros del Comando Central como los miembros de la dirección nacional”. La cancillería chavista entregó el 30JUL18 una nota de protesta al Encargado de Negocios de Colombia en Caracas rechazando las afirmaciones de Mejía quien en la práctica sólo había confirmado las declaraciones del propio ELN.

Ahora, en declaraciones ofrecidas en Nueva York el 27SEP18, Duque afirmó que «un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fragüen actos criminales contra el pueblo colombiano, pues está lejos de ser garante». Duque ha colocado una serie de condiciones previas para la instalación de una nueva mesa de negociación con el ELN. Ahora se sabe que Duque no aceptará la presencia del gobierno Maduro en la mesa como garante. El rol de facilitador garante durante las negociaciones Santos-Farc, implicaba la provisión de apoyo logístico para los delegados guerrilleros por parte del gobierno chavista.

Diario Las Américas

El Partido de los Trabajadores de Brasil reemplazó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como su candidato para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. El ex alcalde de Sao Paulo reemplaza al ex presidente Lula da Silva como candidato presidencial, dice el partido

Después de una reunión el martes con representantes del PT en la ciudad sureña de Curitiba –donde Lula está encarcelado– funcionarios del partido dijeron en Twitter que el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, es el nuevo candidato. Su compañero de fórmula será Manuela D’Avila, del Partido Comunista de Brasil.

“Fernando Haddad y Manuela D’Avila están listos para luchar por la democracia. ¿Y tú?”, escribió el congresista y vicepresidente del Partido de los Trabajadores, Paulo Teixeira.

Se espera una conferencia de prensa y un anuncio formal por la tarde.

El cambio del martes, aunque esperado desde hace mucho tiempo, fue un reconocimiento de que el partido no logró que Lula estuviera en la boleta electoral a pesar de los numerosos intentos en los tribunales.

El PT trató de aprovechar la decisión de un comité de derechos humanos nombrado por la ONU que dijo que se debería permitir que Lula se postule. Y en los últimos meses, varias figuras internacionales, como el ex candidato presidencial estadounidense, Bernie Sanders, dijeron que el caso contra Lula era cuestionable y que debería permitírsele estar en la boleta electoral.

El ex presidente está cumpliendo una condena de 12 años por intercambiar favores con la empresa constructora Grupo OAS a cambio de un departamento frente a una playa. Lula niega haber actuado mal y argumenta que el caso en su contra buscaba impedir que buscara la presidencia.

El hombre que dirigió Brasil de 2003 a 2010 ha encabezado las encuestas fácilmente por más de un año, pero el máximo tribunal electoral del país vetó su candidatura.

Las encuestas recientes muestran a Haddad muy atrás, pero el PT espera que ahora se levante con el respaldo de Lula.

Leyenda de foto:  Reunión de trece gobiernos en Quito sobre crisis migratoria venezolana el 03SEP18. Foto: Cancillería de Ecuador  

El partido PT tiene plazo hasta el martes 11SEP18 para designar un nuevo candidato que reemplace a Lula da Silva. En la madrugada del 01SEP18, el Tribunal Superior Electoral con una votación de seis a uno decidió rechazar la postulación presidencial de Lula por haber sido sentenciado en un tribunal de segunda instancia acusado de corrupción.

Tras ser declarado inelegible, los abogados de Lula reaccionaron presentando tres recursos judiciales. Ante el Supremo Tribunal Federal los abogados de Lula presentaron dos medidas: la suspensión de la decisión del TSE y la autorización para continuar en campaña electoral. En el propio TSE, Lula solicitó dejar sin efecto la sentencia del 01SEP18. El argumento central de la defensa de Lula es un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU que solicitó al Estado brasileño el 17AGO18 permitir la participación de Lula en las elecciones fijadas para el 07OCT18. El Comité de Derechos Humanos, un organismo formado por dieciocho “expertos independientes” analizará a fondo el caso Lula sólo en el año 2019 pero emitió una especie de medida cautelar a favor del candidato. La obligatoriedad de cumplimiento de una medida de ese Comité es puesta en duda por magistrados y por la cancillería brasileña. Se trata del mismo comité que en marzo de 2018 ordenó al Estado español permitir que el dirigente secesionista Jordi Sànchez saliera de la cárcel para ser electo presidente de la Generalitat. En el caso de Sánchez, el Tribunal Supremo español hizo caso omiso del mandato del comité de la ONU.

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Los recursos de Lula ante el Supremo Tribunal Federal fueron desestimados el 06SEP18, mientras la solicitud al tribunal electoral no tiene fecha para su consideración. Todos los movimientos judiciales y políticos sobre su campaña son decididos directamente por Lula quien recibe visitas diarias de abogados, líderes de su partido y de celebridades extranjeras. Incluso, la presidente del partido Gleisi Hoffmann, el candidato vicepresidencial Fernando Haddad y el tesorero Emidio de Souza fueron incluidos por Lula en la lista de sus abogados defensores con lo cual el comando de campaña petista ha operado desde el edificio de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba que sirve de cárcel a Lula. Las decisiones judiciales del 06SEP18 en su contra ya marcaron el final de la etapa en la cual Lula fingía ser candidato presidencial. Entre el 10 y el 11SEP18 deberá inscribirse la nueva candidatura presidencial del PT, la cual sería asumida por Fernando Haddad acompañado por la dirigente comunista Manuela d’Avila como candidata a la Vicepresidencia. Haddad será mostrado como el heredero político de Lula quien, según la propaganda del PT, fue impedido de ser candidato. Si las encuestas otorgaban a Lula más de 30% de intención de votos, esas mismas mediciones apenas muestran que Haddad recibiría 6%. Además, el retiro definitivo de la candidatura de Lula y el atentado contra el candidato Jair Bolsonaro pudieran impactar seriamente en las mediciones de opinión pública pautadas para los próximos días en desmedro del pupilo de Lula.

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Durante una caminata de campaña electoral en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, el 06SEP18 fue atacado Jair Bolsonaro, el político promilitarista que muestra altas posibilidades de alcanzar la presidencia brasileña. El candidato que cuenta con la mayor intención de votos (20%) después de Lula pero igualmente registra el mayor nivel de rechazo entre los encuestados (44%), resultó gravemente herido por una puñalada que impactó sus intestinos y una vena abdominal. Bolsonaro tendrá que abandonar sus actividades proselitistas de calle por un lapso de varias largas semanas pero el ataque, según los más diversos analistas, pudiera representar una mejoría en su imagen pública y catapultarlo en las elecciones. Con Lula fuera de la carrera presidencial y con la baja popularidad de las candidaturas del socialdemócrata Geraldo Alckmin y del oficialista Henrique Meirelles, Bolsonaro aparece con grandes posibilidades de llegar al Palacio de Planalto y asumir la presidencia el 01ENE19.

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La Asamblea General anual de la ONU que oficialmente comienza este año el 18SEP18 promete titulares de prensa. Donald Trump estará presente en el inicio de las deliberaciones el 25SEP18 y anuncia que presidirá una sesión del Consejo de Seguridad.

La representante de EEUU en el organismo, la embajadora Nikki Haley, aprovecha su mes al frente del Consejo de Seguridad para introducir temas como Nicaragua y Venezuela en la agenda de debates pese a las objeciones de Rusia, China y Bolivia. Para el 10SEP18  está prevista una sesión informativa (en el formato denominado “fórmula Arria”) sobre la crisis humanitaria en Venezuela y sus consecuencias migratorias en la región. Ya el 05SEP18, el Consejo de Seguridad por decisión de Haley, debatió sobre la crisis política en Nicaragua. EEUU y otros países del continente está viendo la crisis migratoria venezolana como una situación de seguridad regional y esa visión ya está siendo proyectada en la ONU.

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El “tema Venezuela” estará rondando en los salones de la ONU durante la Asamblea General del 2018. Los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile y Perú podrían anunciar en el marco de la Asamblea General su decisión de presentar una acusación contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En medios diplomáticos suramericanos corre la versión según la cual Brasil y Paraguay se sumarían a esa iniciativa. El gobierno de Costa Rica ha dejado saber que estudia la posibilidad de sumarse a esta acción colectiva sin precedentes.

La crisis migratoria venezolana será abordada durante la reunión anual de la ONU. El gobierno Maduro anuncia que usará el escenario de la ONU para intentar desmentir la existencia de la masiva migración de venezolanos. Colombia promociona la realización de una reunión con diversos gobiernos y agencias multilaterales para promover la constitución de un fondo especial que atienda los costos de los migrantes venezolanos. Una reunión de países, empresas y organismos donantes podría tener lugar durante el mes de octubre para concretar planes y financiamiento.

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El gobierno de Nicolás Maduro presiona sobre organismos de la ONU para impedir su participación en reuniones internacionales  en las que se discute la oleada de migrantes venezolanos que han llegado a países vecinos.

Los días 03 y 04SEP18 se realizó en la sede de la cancillería ecuatoriana en Quito una reunión técnica con la participación de autoridades migratorias de  Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador,  México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay. Igualmente participaron representantes de la OEA, la Corporación Andina de Fomento, de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Acnur. La silla destinada para el representante venezolano quedó vacía. El 04SEP18 once gobiernos firmaron la “Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos”, el primer intento multinacional para coordinar acciones ante la crisis migratoria venezolana. Los enviados de Bolivia y República Dominicana se abstuvieron de suscribir el documento.  Entre los puntos acordados en Quito, los gobiernos se comprometieron a “acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”.

Mientras en Quito se analizaban acciones sobre el tema, en Caracas el gobierno Maduro acusaba la reunión como un acto injerencista. La presencia de altos funcionarios de OIM y de Acnur en la reunión de Quito exasperó al régimen chavista. La vicepresidente ejecutiva Delsy Rodriguez dijo haberse comunicado con el Secretario General de la ONU Antonio Guterres para quejarse por la participación de funcionarios de organismos de la ONU.

Al día siguiente, el 05SEP18, el Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión extraordinaria para tratar el tema de “la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela” a cuya realización se opusieron los gobiernos de Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega. En el orden del día de la sesión según la convocatoria distribuida el 29AGO17 figuraban intervenciones de OIM y ACNUR. Sin explicaciones, en la reunión no se hicieron presentes los representantes de los organismos de la ONU.

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Pese a las presiones del régimen chavista, la tendencia actual es a la coordinación de acciones entre gobiernos y los sistemas de organismos de la ONU y la OEA.   En tanto el gobierno chavista hacía esfuerzos por desmentir las cifras de migrantes y de calificarlos como “migración voluntaria”, una inusual  alianza de organismos emitió el 05SEP18 un pronunciamiento programático sobre la atención de la crisis migratoria El documento firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU, el  Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes reiteraron que “para junio de 2018 se estimaba que 2,3 millones de personas venezolanas han salido de su país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile”.

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Diario Las Américas 

  Lula da Silva de visita en La Habana el 25FEB14 junto a Raúl Castro. Foto: Instituto Lula

Varios gobiernos del continente, con una activa participación del Secretario General de la OEA Luis Almagro, estarían planeando denunciar formalmente a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Los presidentes electos de Colombia y Paraguay, Iván Duque y Mario Abdo Benítez quienes asumirán sus cargos durante el mes de agosto, se han manifestado dispuestos a presentar individual o colectivamente una acusación de Estado contra Maduro. La misma posición mantiene el presidente del Perú Martín Vizcarra. El canciller peruano Néstor Popolizio, en declaraciones del 31JUL18 al diario limeño El Comercio, adelantó que “hasta ahora tenemos cuatro [adhesiones] y vamos a darle la forma final a la solicitud en las próximas semanas”. Los gobiernos de Argentina y Chile evalúan sumarse a la demanda, según fuentes diplomáticas suramericanas.  En todo caso bastaría que sólo uno de estos mandatarios presente en nombre de su país la denuncia respectiva para que la Fiscalía de la Corte inicie el proceso de investigación preliminar.

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La Corte Penal Internacional, según el Estatuto de Roma que lo creó y lo norma, tiene competencia en crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y de agresión. Sólo puede iniciar procesos mediante tres vías: a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, a solicitud de uno de los Estados miembros signatarios del Estatuto de Roma y por iniciativa del Fiscal. De concretarse el pedido de investigación contra Maduro se estaría iniciando un largo proceso en la enmarañada práctica judicial del tribunal internacional, sobre el cual no existen muchos antecedentes.

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Con veinte votos del total de treinta y cuatro miembros, el Consejo Permanente de la OEA aprobó el 02AGO18 una nueva resolución sobre la crisis en Nicaragua. La decisión de la OEA, a la cual se opuso el gobierno de Daniel Ortega, implica la creación de un grupo de trabajo de países miembros de la organización para monitorear la situación en Nicaragua cuyo “mandato será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra” en ese país. La cancillería nicaragüense sólo logró el apoyo de tres gobiernos (Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Venezuela) para votar en contra de la resolución evidenciándose nuevamente  la pérdida de apoyos regionales por parte de los gobiernos castrochavistas. Gobiernos “amigos” del régimen nicaragüense como El Salvador o República Dominicana optaron por abstenerse en la votación. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, adelantó que su gobierno no permitirá la visita del Grupo de Trabajo creado por la OEA.

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Por cierto, luego de la votación de la resolución  el asiento de la representación de EEUU fue ocupado por el embajador Todd Robinson quien en sustitución del representante permanente Carlos Trujillo leyó un pronunciamiento sobre la situación en Nicaragua. Robinson fue expulsado por el régimen chavista el 22MAY18 luego de ejercer por sólo cinco meses como Encargado d Negocios e.p. de la Embajada de EEUU en Caracas. Tras su intempestiva salida de Venezuela, Robinson ahora fue designado Consejero para América Central del Departamento de Estado.

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Las elecciones generales en Brasil están fijadas para el 07OCT18 y ya las principales candidaturas presidenciales están definidas. La fecha tope para la inscripción de las candidaturas es el 15AGO18 y desde ya se perfila una férrea campaña electoral. El parlamentario Jair Messias Bolsonaro está levantando olas con su candidatura basada en un discurso tremendista, antisistema y militarista. La socialdemocracia (el PSDB de Fernando Henrique Cardoso) presentará la candidatura del hasta hace poco gobernador de São Paulo Geraldo Alckmin. El MDB (el partido del actual presidente Michel Temer conocido antes por las siglas PMDB) presentará la candidatura  del exministro de  Finanzas Henrique Meirelles. La izquierda estará inscribiendo una amplia gama de candidatos entre ellos el exministro Ciro Gomes quien ha procurado sin éxito un pacto con el PT en caso de que no prospere la candidatura de Lula da Silva. Desde la celda especialmente acondicionada donde recibe la visita de luminarias de la farándula, abogados y a la dirigencia de su partido, Lula ordenó que el PT rechazará cualquier pacto con Gomes y bloquear las posibles alianzas de su exministro con otras organizaciones de izquierda. El expresidente permanece en la cárcel desde el 07ABR18 cumpliendo sentencia adelantada de doce años tras ser encontrado culpable por delitos de corrupción al haber recibido un apartamento playero de manos de una empresa constructora.

Todavía la gran incógnita política en Brasil es justamente la posible participación de Lula como candidato presidencial en un sistemático esfuerzo, con amplio apoyo de la alianza castrochavista continental, para evadir la cárcel y retomar el poder basándose en unas encuestas que reiteradamente le han asignado una mayoría en la intensión de votos.

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La estrategia de Lula consiste en crear presión política desde las calles de Brasil y desde escenarios diplomáticos internacionales para lograr dos objetivos: la suspensión del cumplimiento de la sentencia de cárcel y la inscripción como candidato presidencial. El aparato propagandístico castrista está internacionalmente activado procurando apoyos a favor de Lula y ha logrado pronunciamientos de renombrados parlamentarios estadounidenses amigos del régimen cubano o de expresidentes izquierdistas como la chilena Michelle Bachelet y el español José Rodriguez Zapatero.

En su intento de paralizar el cumplimiento de la sentencia, ya confirmada en segunda instancia, los abogados de Lula alegan que el encarcelamiento sólo debe hacerse efectivo cuando se agoten todas las instancias de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y finalmente ante el Supremo Tribunal Federal STF, lo que obviamente se produciría luego de las elecciones de octubre. Probablemente el 09AGO18 el STF de Brasil decidirá sobre un recurso presentado por Lula para que le sean suspendidos los efectos de la condena (encarcelamiento e inelegibilidad) y poder competir por la Presidencia desde la calle. Fuentes vinculadas con el mundo judicial en Brasilia consideran poco probable que el STF suspenda la aplicación de la sentencia.

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El segundo escenario sobre el cual se maneja Lula es concurrir como candidato presidencial desde la cárcel. Para ello el PT se propone inscribir su candidatura el 15AGO18 y están convocando a la que espera sea una masiva movilización de sus militantes hacia Brasilia.

El presidente del Tribunal Superior Electoral TSE de Brasil, Luis Fux, negó el 31JUL18 la solicitud presentada por un abogado a título privado quien solicitaba que la máxima instancia judicial electoral brasileña inhabilite a Lula para inscribir su candidatura presidencial. Pero según el criterio de Fux la solicitud no es  procedente por criterios estrictamente formales: una solicitud impugnando el registro de una candidatura sólo puede ser presentada luego de haber sido inscrita la postulación. Lo que inicialmente pudo parecer un salvavidas a la candidatura de expresidente en realidad adelantó lo que podría ser el fin del plan electoral de Lula. En la misma sentencia que rechazó la solicitud de inhabilitación anticipada, el presidente del TSE utilizó la expresión “inelegibilidade chapada” para referirse a la evidente situación judicial de Lula. Una vez inscrita la candidatura de Lula, el TSE deberá anularla en razón de la llamada ley de “ficha limpia” que impide la postulación de quien ya fuera condenado en segunda instancia aun cuando cuente con recursos de apelación en instancias superiores.

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Uno de los principales abogados de Lula, Luiz Fernando Casagrande Pereira, coincidió con Fux en cuanto a que Lula es actualmente “inelegible”, pero alega que esa situación es “provisional” mientras no exista una sentencia definitiva del Supremo Tribunal Federal. Teóricamente, según algunos extremos legales brasileños, pese a estar condenado por corrupción Lula podría participar en las elecciones y, en caso de resultar ganador, las autoridades electorales se verían obligadas a no entregarle la respectiva credencial si para la fecha el Supremo Tribunal Federal mantiene la sentencia de culpabilidad. Este es un escenario hipotético que podría generar una  crisis política de dimensiones impredecibles pero que es acariciado por algunos cercanos seguidores de Lula.

En todo caso, el plan del PT es intentar mantener el nombre de Lula como candidato presidencial hasta el 27SEP18, fecha límite para que el partido cambie de abanderado. Fingir que Lula será candidato es una maniobra que hasta ahora ha resultado exitosa para sostener las expectativas del electorado vinculado con el PT, pero a medida que se definen los candidatos rivales y arranca la campaña electoral el peso de Lula tiende a disminuir. Lanzar una candidatura simbólica como la de Guilherme Boulos (que cuenta con buena opinión en el régimen cubano) o la comunista Manuela d’Ávila;  impulsar la candidatura de una de las figuras relevantes del partido como el exalcalde paulistano  Fernando Haddad o, la menos probable opción de abstenerse y calificar como fraudulento el proceso son escenarios que han sido analizados en el PT. Cualquier cosa puede aún ocurrir en las salas de tribunales y en los mentideros políticos de Brasilia, pero ya pareciera un hecho que Lula no será candidato y la gran pregunta es hacia dónde se dirigirá su nada despreciable activo electoral.

Edgar C. Otálvora

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Diario Las Américas

El Partido de los Trabajadores de Brasil nombró el sábado al encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como su candidato para las elecciones de octubre.

Al iniciar la convención nacional del partido en Sao Paulo, los delegados confirmaron entusiastamente a Lula, que se desempeñó dos períodos en la presidencia entre el 2003 y el 2010.

Lula ha estado en prisión desde marzo en cumplimiento de una sentencia por corrupción, pero niega haber actuado ilegalmente y se dice víctima de una persecución política.

El popular político encabeza las encuestas de intención de voto por amplio margen, pero miembros de la comisión electoral dicen que es muy probable que se impugne su candidatura, y en ese caso no está claro quién lo reemplazaría.

No se espera que el partido nombre a su compañero de fórmula hasta el lunes.

En un mensaje grabado a la convención, Lula dijo que “los que me sentenciaron son los que están prisioneros de una mentira”.

“Brasil necesita restaurar su democracia, hallarse a sí mismo y ser feliz de nuevo”, dijo. “Pueden encerrarme, pueden silenciarme, pero mantendré mi fe en el pueblo brasileño”.

Después de que se aprobó su nominación, se leyó otro mensaje de él.

“Ellos ya derrocaron a una presidenta que fue elegida y ahora quieren vetar el derecho del pueblo a elegir al próximo presidente. Quieren inventar una democracia sin el pueblo”, dijo.

Otros candidatos criticaron al expresidente y su partido.

“Me duele, pero no espero nada de ellos ahora”, dijo Ciro Gomes, aspirante presidencial por el Partido Democrático del Trabajo, de centro-izquierda.

El conservador Geraldo Alckmin, nombrado el sábado como candidato del Partido Socialdemócrata, culpó a Lula y al Partido de los Trabajadores por el alto desempleo del país, de 13 millones de personas.

“Fueron las mentiras y el radicalismo los que crearon la cadena de acontecimientos que son el legado trágico del Partido de los Trabajadores”, dijo.

La presidenta de ese partido, Gleisi Hoffman, habló con los participantes en la convención tras conocerse que dos partidos izquierdistas menores respaldan a Lula.

“Trataron de excluir a Lula de la discusión política”, dijo. “No hay discusión política en Brasil sin Lula y el Partido de los Trabajadores”.

La centrista Marina Silva fue nominada por su partido Rede como candidata presidencial el sábado.

Leyenda de foto:  Ernesto Samper Pizano, Cristina de Kirchner y Rafael Correa en la reunión de Unasur del 04DIC14 en Guayaquil. Foto Unasur

Por solicitud de los representantes de  Argentina, Canadá, Chile, EEUU y Perú, la presidente del Consejo Permanente de la OEA, la costarricense Rita Hernández Bolaños, convocó a una sesión extraordinaria el viernes 13JUL18 para tratar la situación en Nicaragua. En medios diplomáticos de Washington se comenta sobre los esfuerzos que un grupo de países realiza para alcanzar los votos necesarios y  aprobar una resolución sobre Nicaragua que exija la realización de elecciones presidenciales adelantadas. Como ya ha ocurrido en el caso venezolano, algunos países caribeños y centroamericanos procuran impedir la aprobación de una resolución desfavorable para el gobierno de Ortega.

Ya el 11JUL18, el Consejo Permanente en una sesión ordinaria había incluido en su agenda la “situación actualizada de los derechos humanos en Nicaragua para conocer un informe actualizado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH” ante la ola represiva que ha llevado a más de tres centenares el número de manifestantes asesinados por fuerzas policiales y paramilitares del gobierno de Daniel Ortega. Para esta sesión viajó a Washington el canciller de Ortega, Denis Moncada, quien durante su intervención rechazó el informe de la CIDH. Según el canciller nicaragüense, las protestas populares en su país son  “embates terroristas de grupos políticos internos y externos a los que se ha sumado el crimen organizado trasnacional con el fin de realizar un golpe de estado”. Sólo la enviada del gobierno Maduro, Carmen Velásquez, tomó la palabra para secundar a Moncada.

Los representantes de Nicaragua y Venezuela intentaron, sin éxito, impedir la sesión del 13JUL18 ya que la mayoría apoyó su celebración. Pero igualmente quedó en evidencia que no existe una mayoría de votos para aprobar una resolución que incluya el asunto de un calendario electoral a ser acordado entre el gobierno Ortega y la Oposición nicaragüense que implique un adelanto de las elecciones. Durante la sesión, la representante de Argentina Paula Bertol leyó, sin someter a consideración, un proyecto de resolución advirtiendo que no sería sometido a votación y que aspiraba ser tratado en una pronta sesión del Consejo. Es un hecho que la OEA está entrabada para aprobar una resolución sobre Nicaragua. El 15JUL18, el presidente chileno Sebastián Piñera en un pronunciamiento condenó “con fuerza e indignación” la “pérdida de más de 350 vidas” en Nicaragua, sugirió que el Grupo de Lima que opera sobre el “tema Venezuela” asuma el tema de la situación nicaragüense. La inoperatividad política de la OEA nuevamente sería reemplazada por un grupo de países del continente. Piñera instruyó a su canciller para adelantar esa vía en la reunión de cancilleres latinoamericanos (Celac) que deberá ocurrir en 16JUL18 en Bruselas como parte de un encuentro con la Unión Europea.

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El partido de Lula da Silva ejecutó un estructurado plan para liberar al expresidente de la cárcel donde cumple condena por corrupción. El viernes 06JUL18 arribaron a la ciudad de Porto Alegre los diputados militantes del partido PT Paulo Pimenta, Paulo Teixeira y Wadih Damous. Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande del Sur, es la sede del cuarto tribunal federal regional TRF4, instancia que sirve de segunda instancia y que confirmó la sentencia a 12 años contra Lula por haber recibido un apartamento playero de manos de una empresa constructora. En la noche del 06JUL18, los tres diputados introdujeron una solicitud de habeas corpus a favor de Lula argumentando que se trata de un precandidato presidencial en razón de lo cual no debería cumplir condena anticipada. La petición de los diputados coincidía con un hecho particular: ese fin de semana, en razón de calendarios aprobados con larga anticipación, estaría de guardia el juez de segunda instancia (“desembargador” en la juerga judicial brasileña) Rogerio Favreto políticamente vinculado con el PT y quien siendo miembro del cuerpo de 27 jueces del TRF4 no participó en el proceso contra Lula.

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En la mañana del domingo 08JUL18 el juez Favreto, sobrepasando sus facultades como juez de guardia (plantão) ordenó a la Policía Federal la inmediata puesta en libertad de Lula en una decisión que dejaba sin efecto sentencias colectivas firmes del TRF4. El partido PT concentró grupos de militantes alrededor del cuartel policial en Curitiba (estado de Paraná) donde permanece Lula, mientras el aparato propagandístico del PT dentro de Brasil con fuerte apoyo de medios internacionales controlados desde La Habana, Caracas y Moscú iniciaban una intensa campaña exigiendo el cumplimiento de la decisión de Favreto. En Internet la fuerte campaña de ataques contra el juez Sergio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia, dejaba ver que la jugada para liberar al expresidente preso había sido un plan diseñado en sus detalles y no la simple iniciativa de unos diputados.

La intervención del juez João Pedro Gebran Neto quien actúa como relator del TRF4 en los casos de corrupción del proceso Lava Jato y la decisión en la noche del domingo del presidente del TRF4 Carlos Thompson Flores Len, abortaron la maniobra petista. El juez Favreto se había excedido en sus facultades como “desembragador plantonista” afirmó el 09JUL18 la presidente del Supremo Tribunal de Justicia Laurita Vaz. La maniobra había sido neutralizada pero dejó en evidencia la desesperación que concentra a Lula y su gente ante la evidencia de que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del 07OCT18 cuyo lapso de inscripción de candidaturas cierra el 15AGO18.

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El ajedrez político brasileño está cada vez más atado a los procesos judiciales. Los rumores políticos en Brasilia dejan ver que el PT pudiera intentar nuevamente liberar a Lula mediante una jugarreta judicial. El presidente Michel Temer planea viajar a México y Suráfrica a finales del mes de julio y muy probablemente la presidencia de Brasil será asumida por la presidente del Supremo Tribunal Federal STF Cármen Lúcia. En esa circunstancia, la Presidencia del STF recaería en el magistrado José Dias Toffoli quien antes de pertenecer al máximo tribunal brasileño actuó como abogado del partido PT y laboró para el presidente Lula da Silva.

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El gobierno de Ecuador debe retirar a su país de Unasur como condición para recuperar el edificio que sirve de asiento a la organización.  El 05JUL18, el mandatario ecuatoriano Lenin Moreno anuncio su decisión de solicitar a los gobiernos miembros la devolución del edificio que su antecesor y antiguo aliado político Rafael Correa donara a Unasur. El anuncio de Moreno se corresponde a la continuación de su ruptura con Correa y con el eje castrochavista, a la vez que refleja el derrumbe del organismo suramericano.

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El entonces canciller de Ecuador Ricardo Patiño y la colombiana María Emma Mejía quien ejercía como Secretaria General de Unasur, suscribieron el 16JUN11 un  “Acuerdo de Sede” fijando las condiciones para el funcionamiento de la nueva organización en territorio ecuatoriano, incluyendo el reconocimiento de la personería jurídica, el régimen de inmunidades y privilegios para los funcionarios y el compromiso del gobierno de Rafael Correa para proveer a la Secretaría General de “una sede temporal en Quito” hasta que cuenta con “su presupuesto ordinario propio”. El organismo creado en 2008 en Brasilia apenas había entrado en funcionamiento legal a principios del año 2011y carecía de oficinas propias.

Sin embargo, ya desde finales del año 2009 el gobierno ecuatoriano había anunciado la construcción en la Mitad del Mundo en las afueras de Quito, de un edificio para ser donado a Unasur. El denominado edificio  “Nestor Kirchner” fue inaugurado el 05DIC14 como sede permanente de la Secretaria de Unasur y las bases legales para la entrega en donación fueron establecidas en el “Acuerdo sustitutivo de sede” firmado el 06NOV15 por Ricardo Patiño y el entonces secretario general Ernesto Samper Pizano. Ese nuevo acuerdo previó que la donación del edificio se revertiría a favor de Ecuador en tres posibles escenarios: si los países miembros deciden cambiar la sede de la Secretaría General a otro país miembro; si la República del Ecuador se retira de Unasur denunciando su Tratado Constitutivo o, si los países miembros deciden la disolución de Unasur. El cambio de sede o la “terminación del Tratado Constitutivo” sólo son posibles mediante una improbable decisión unánime de los doce miembros, por lo que la única vía pronta para que se materialice la decisión del presidente ecuatoriano de recuperar el edificio es que Ecuador abandone Unasur, medida que entraría en vigencia seis meses después de su anuncio oficial.

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El presupuesto de gastos de Unasur para el año 2018 asciende al monto de US$ 9.786.876 de los cuales US$ 1.090.208 están destinados a financiar un ilusorio “Centro de Estudios Estratégicos de Defensa” con sede en Buenos Aires.

Brasil, que se comprometió durante el gobierno de Dilma Rousseff a aportar el 39% del presupuesto para el funcionamiento de Unasur, no ha pagado su cuota desde el año 2016. Los gobiernos de Mauricio Macri y Nicolás Maduro (responsables del 16,5% y el 11,6% respectivamente) no han realizado su aporte anual desde 2017. Paraguay no hace efectivos sus aportes desde 2014. A mediados del 2018 sólo Bolivia ha pagado su cuota del año la cual representa un simbólico 1,1% del total de ingresos esperados. Según un informe elaborado por el jefe del gabinete de Unasur, el colombiano Yuri Chillán, dirigido a la cancillería de Bolivia y datado el 13JUN18, los países miembros adeudan US$ 23 millones cifra equivalente a casi tres años de presupuesto. Según Chillán, Unasur entrará en cesación de pagos el 30JUL18 y deberá proceder a la recisión de contratos y liquidación de empleados especialmente en un “Instituto Suramericano de Gobierno en Salud” con sede en Rio de Janeiro el cual consume US$ 1.360.000 al año.

Unasur está en quiebra financiera la cual no refleja la falta de interés de los gobiernos suramericanos de continuar con el proyecto. El organismo estaría pronto a quedar sin finanzas, sin sede y sin miembros de concretarse el retiro definitivo de Colombia, Chile, Argentina y Ecuador en una primera oleada.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, solicitó hoy al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) abrir una investigación contra el juez Rogério Favreto por haber cometido, presuntamente, el delito de prevaricato al conceder un “habeas corpus” favorable el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, insistió hoy desde prisión en que será candidato en las elecciones del próximo octubre para “recuperar la soberanía del pueblo brasileño”, a pesar de que está virtualmente inhabilitado.