Ortega Díaz une la masacre de Barlovento con la Operación Rondón
Tras más de un año de haberse llevado a cabo la denominada masacre de Barlovento, la fiscal Luisa Ortega Díaz, informó que esta se generó por la Operación Rondón, una orden militar que fue emitida por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a la Redi Capital, compuesta por las Zodi Capital, Vargas y Miranda. La fiscal asegura que, durante su gestión en el Ministerio Público, funcionarios lograron determinar que bajo esta orden operativa “actuaron en el año 2016 los asesinos de un grupo de personas en la Masacre de Barlovento (…) la REDI Capital dirigirá operaciones de inteligencia, investigaciones penales, criminalísticas y de control de orden público como incursiones, allanamiento a fin de investigar, evidenciar, revelar, indagar, escudriñar, localizar, ubicar, capturar los presuntos autores de hechos”. El Pitazo
Socorro Hernández: Cronograma electoral se ha ejecutado como se tenía previsto
La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, afirmó este jueves 7 de diciembre que el cronograma electoral se ha ejecutado como se tenía previsto. «El cumplimiento ha sido al 100% en cada etapa. Hoy terminan las ferias y campañas electorales. Estamos en el proceso de capacitación de los miembros de mesas», detalló entrevista en VTV. Detalló que son «50 acompañantes internacionales han sido invitados al proceso electoral del 10 de diciembre. Mañana viernes, 8 de diciembre, vamos a hacer la instalación de las mesas de votación». Panorama
Diosdado dice que Venezuela es objetivo del imperialismo mundial
El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, indicó que Venezuela es “objetivo del imperialismo mundial (…) Preparémonos para la guerra para lograr la paz, Estados Unidos no va a descansar, somos un objetivo del imperialismo mundial”, indicó desde la inauguración del Punto de Control El Furrial, en el estado Monagas. Advirtió que “el que crea que el enemigo aquí es la oposición parasitaria está cometiendo un grave error y está subestimado al enemigo más poderoso que es el imperialismo norteamericano, lo han declarado abiertamente, es una persecución contra Venezuela”. La Patilla
Tenedores del Pdvsa 2020 reciben pago de cupón en sus cuentas
Los tenedores del bono de Petróleos de Venezuela con vencimiento en 2020 comenzaron a recibir en sus cuentas el pago de los intereses correspondientes a noviembre por $143 millones. “Varios tenedores del Pdvsa 2020 confirmaron que recibieron el pago del cupón. Esto explicaría la demanda de estos papeles vista en la jornada del miércoles”, dijo una fuente del mercado de bonos. Pdvsa utilizó el periodo de gracia para cancelar los intereses de este bono y anunció su pago el 24 de noviembre, dos días antes de vencer el plazo. Banca y Negocios
Banco de Venezuela incorporará carnet de la Patria como método de pago para los Claps
El Banco de Venezuela planea incorporar el carnet de la Patria como una billetera móvil para que los usuarios puedan adquirir los productos de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Así indicó este martes el presidente del Banco, José Javier Morales, al presentar los nuevos productos. “Estamos en fase de prueba para poner en marcha esta herramienta, que simplificará la compra de los rubros básicos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”, explicó Morales. El Pitazo
Pdvsa controló filtración de crudo en el estado Zulia
Fue controlada una filtración de crudo ocurrida este miércoles 6 de diciembre en la estación de flujo H5, perteneciente a la empresa mixta Petrocabimas, adscrita a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) región Occidente, infomó Pdvsa. La carretera Chile del municipio Cabimas, estado Zulia, se vio afectada por el suceso, siendo atendida de manera inmediata por cuadrillas de Pdvsa. En el lugar se mantienen desplegados equipos de mantenimiento, seguridad industrial, ambiente y catastro de la empresa mixta para continuar con las acciones emprendidas para el bienestar de la comunidad. Globovisión
Venezuela, entre los países más inseguros para viajar en 2018
Al considerar la escasez, los problemas políticos y la delincuencia desbordada, la organización International SOS and Control Risks sumó a Venezuela a su informe de países más peligrosos para viajar con miras a 2018. Naciones como Afganistán, Siria y Yemen son algunas de las que sobrepasaron al país al ser catalogadas de extramadamente inseguras. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México colocó en su listado de 50 ciudades más violentas a siete urbes de Venezuela en 2016, entre ellas Caracas Maturín y Barquisimeto, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Violencia. El Nacional
Al menos dos cohetes habrían sido disparados desde la Franja de Gaza hacia Israel
Medios de israelíes informaron que dos cohetes fueron disparados desde la Franja de Gaza hacia Israel en horas de la noche (hora local), de este jueves. Según el diario Haaretz, las sirenas de cohete sonaron en la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel, y en comunidades israelíes al norte del enclave costero. El rotativo señaló que los cohetes fueron disparados en medio de enfrentamientos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén mientras que los palestinos protestaban tras el anuncio hecho este miércoles por el presidente Donald Trump, de que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Caraota Digital
Fiscalía de Perú allana locales de partido opositor en investigación por caso Odebrecht
La fiscalía de Perú allanó el jueves dos locales del partido de oposición Fuerza Popular de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, en medio de una investigación de lavado de activos y sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El allanamiento y registro fue autorizado por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien hace unos días ordenó prisión preventiva a cuatro importantes empresarios, informó el Poder Judicial a través de la red social Twitter. Reuters
Este miércoles Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, afirmó que Vladimir Padrino López fue quien originó la Masacre de Barlovento, ocurrida en octubre del año pasado.
La funcionaria en el exilio se refirió al ministro de Defensa luego de que él señalara que su gestión como fiscal fue un «momento oscuro para la historia» de Venezuela.
«Para mí es un reconocimiento que un criminal como Vladimir Padrino López descalifique mi gestión. En lortegadiaz.com ya está disponible el documento de la Operación Rondón que promovió este violador de derechos humanos y que originó la Masacre de Barlovento», indicó en su cuenta de Twitter.
En la página de Ortega Díaz se explica que la Operación Rondón fue una orden expresa de Padrino López «para la aplicación de la violencia física y psicológica por parte de efectivos militares contra la población civil, especialmente en perjuicio de los sectores más desfavorecidos».
Señala que la operación consideraba a ciudadanos como objetivos militares, por ello autorizó la utilización indiscriminada de fuerza letal «contra un supuesto enemigo interno».
En noviembre, Luisa Ortega Díaz llevó a la Corte Penal Internacional, en La Haya, los expedientes de 79 venezolanos que murieron en medio de las protestas de 2017
Para la fiscal en el exilio, el Plan Zamora fue diseñado por el Ejecutivo para atacar a los manifestantes como si se tratase de un grupo militar
Afirmó que, cuando el Ministerio Público investigaba las muertes ocurridas durante los cuatro meses de protestas de este año, los fiscales se encontraban con múltiples obstáculos
Su despacho, aseguró, solicitó a Estados Unidos la investigación sobre los sobrinos de Cilia Flores acusados por tráfico de drogas. Pero estos nunca llegaron a su despacho
Aseveró que tiene todas las pruebas sobre el caso Odebrecht para implicar a Maduro y a otros altos funcionarios
@loremelendez
BOGOTÁ. ESA MAÑANA DEL DOMINGO 26 de noviembre, en una pastelería de la selecta zona norte de Bogotá, Luisa Ortega Díaz vestía un blazer sobrio y un pantalón azul marino. Llevaba también una blusa clara que contrastaba con su conjunto oscuro y que iba acorde con su cabello rubio intenso, el tono que la ha identificado durante los últimos dos lustros. El atuendo era el mismo que se le había visto desde hacía 10 años, el tiempo que ha sido Fiscal General de la República, aunque la asamblea nacional constituyente la haya destituido y la persecusión política la haya obligado a salir del país clandestinamente en una lancha con rumbo a Aruba en agosto pasado. Lo único que había sacado previamente, confesó, eran sus títulos y credenciales académicas.
Aunque la sobriedad de su vestuario se ha mantenido, la fiscal en el exilio ha cambiado por completo sus formas, esas que preservaba al momento de hablar sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al menos hasta mediados de 2016. Desde hace año y medio, la mutación había dado varios pasos hacia adelante, cada vez más agigantados, y como muestra de ello dejó sus condenas los excesos policiales de las OLP, a las ilegales actuaciones de los colectivos y hasta al Tribunal Supremo de Justicia por intentar disolver la Asamblea Nacional. Atrás quedó quien durante años se expresó con un lenguaje institucional que, más que señalamientos, mantenía silencios en casos polémicos como los de Franklin Brito, la jueza María Lourdes Afiuni y Leopoldo López. Hoy, por ejemplo, es capaz de decir que el Ejecutivo implementa acciones propias de regímenes comunistas y dictatoriales.
“Hay una política del gobierno propia de los nazis y de (Joseph) Stalin que fue aplicada también en la España de Franco. Eliminan los pasaportes sin ningún motivo, sin ninguna fórmula procesal, sin ninguna razón, sin que exista un expediente para controlar a la gente. Si te vas, te vas ilegalmente, y vas a pasar trabajo afuera, y si te quedas aquí vas a estar sometido a la persecución del gobierno. Una vez, y esto siendo fiscal general, oí a una funcionaria de un consulado decir “nosotros no entregamos los pasaportes a quienes lo solicitan hasta que no verificamos en internet quién es”. Ese es el criterio que tienen para dar o no un pasaporte cuando eso es un derecho y eso tienen a miles de venezolanos en todo el planeta en una situación de indefensión. Eso es violatorio de los derechos humanos”, comentó. Y luego vino una advertencia bajo el velo de la revelación: “cuando consigné las denuncias (contra Maduro) ante la Corte Penal, nos reservamos consignar nuevas evidencias y nuevos hechos”.
Hoy, también tiene el valor para afirmar que quienes asumieron el control del Ministerio Público (MP) destruyeron, entre muchas cosas más, la Unidad de Criminalística de la institución.
“Ese era un laboratorio para investigar las violaciones de los derechos humanos, para que las experticias no fueran hechas por los cuerpos policiales a los que se les atribuía la violación. Bueno, eso fue totalmente desmantelado. Los insumos y equipos costosísimos, y cuyo mantenimiento era impecable, todo desapareció. Se llevaron los químicos, los kits, todo lo que han podido llevarse se lo han llevado porque no hay un control”, sentenció.
¿Qué pasó en el Ministerio Público luego de que la ANC la destituyó?
La irregular situación, la ilegal e inconstitucional toma militar del MP me obligó a mí a adoptar esta medida de venirme a Colombia, así como obligó a varios trabajadores del MP, entre ellos directores, a salir de Venezuela. Ahora el Ministerio Público quedó en manos de delincuentes, tanto que una de las autoridades que está al frente se encargó, siendo una fiscal investigadora, de construir expedientes y sembrar evidencias para culpar a muchos venezolanos, y ahora quien está al frente del MP lo que ha venido haciendo es complacer al gobierno nacional para que este permanezca en el poder, se consolide en el poder, no para hacer justicia, que es el fin único del sistema de justicia. Nosotros no encontramos eso en el actual Ministerio Público, además de que han desmantelado la institución. Es el Sebin el que está dentro de sus instalaciones manipulando expedientes, construyendo evidencia desde la mentira no desde la verdad para incriminar a la gente por capricho. La información que yo tengo de los propios trabajadores es espeluznante porque obligan a los fiscales a adoptar o tomar acciones que no corresponden a una investigación cierta, so pena de privarlos de libertad o de perseguirlos (…) Además, otra cosa, tengo información de que más de 600, casi 700 trabajadores han sido despedidos en estos tres meses. Un número exagerado. Y otros cientos han sido obligados a renunciar.
¿Tienen prueba de eso?
Sí. La lista la tenemos.
El patrón en las protestas y los 79 expedientes en La Haya
Foto: ortegadiaz.com
Hasta el momento en el que usted estuvo al frente del Ministerio Público, ¿a qué conclusión se llegó en el tema de las muertes durante las protestas? ¿qué patrón identificaron?
Violación sistemática de los derechos humanos, una política dirigida desde el gobierno a asesinar y encarcelar, a perseguir a toda la disidencia política. Tú lo puedes ver en las manifestaciones (…) Nunca dejaron los manifestantes llegaran a su destino a cumplir su objetivo. Ellos mismos provocaron esta situación para encarcelar, asesinar, para perseguir a las personas y se produjeron acciones dirigidas a sectores, a poblaciones enteras como es el caso de Los Verdes, de las Residencias Victoria (ambas en El Paraíso, Caracas). Allí destruían la propiedad y esto fue aplicado a nivel nacional en varias zonas como para hacer una razzia, una limpieza social. Llegaban derribando las rejas, destruyendo los ascensores, quemando apartamentos: rasgaban los muebles, quebraban los enseres, los adornos, mataban a las mascotas. Sacaban preso al que resultara sospechoso, sencillamente porque querían. Bajaban a los estacionamientos y destruían los vehículos, tipo nazi y tipo Stalin en la Unión Soviética (…) Por supuesto esto se fue incrementando y ellos se fueron tecnificando y perfeccionando. Ya no solamente adoptaban medidas para impedir que las manifestaciones se desarrollaran libremente, porque las convocatorias eran a manifestaciones pacíficas – ellos no tienen por qué presumir que son violentas y para eso están ellos, para evitar que las manifestaciones sean violentas– sino que se armaban, usaban armas de fuego, modificaban los proyectiles para hacerlos más letales, de modo tal que pudieran eliminar más número de personas. Cuando yo pretendía hacer una investigación de las muertes de alguna de estas personas, que lamentablemente perdieron la vida durante alguna de las manifestaciones, me encontré con todos los obstáculos, empezando por la Guardia Nacional. Nunca se dio respuesta al tema de Pernalete, así como nunca se dio respuesta a varias solicitudes que nosotros hicimos, como la del conductor de la tanqueta.
INFOGRAFÍA Fuentes policiales aseguran que a Juan Pernalete lo habría matado el impacto de una lacrimógena
¿Cómo perfeccionaron esa estrategia de atacar a los manifestantes? ¿Seguían un patrón?
Sí, hay un plan que nosotros entregamos en La Haya, el plan Zamora, donde se ve cómo gestionaron la seguridad ciudadana, como si fuese un Ejército a combatir a otro Ejército, ese fue el criterio (…) Una cosa es el orden público y otra es el orden interno, y la GN asumió que el orden público era un tema de orden interno, algo así como que, si viene un carterista y arrebata una cartera a una persona, eso es orden público. Ellos consideran que eso debe ser tratado como orden público para militarizar la seguridad ciudadana, que fue lo que hicieron con el 8610 (la resolución que en enero de 2015 legalizó el uso de armas de fuego para el control de las protestas), que tuvieron todos los obstáculos para aplicarlo por las objeciones que yo hice. Hay una comunicación que yo le dirigí al ministro, con ocasión a esa resolución. Ahí se comenzó a institucionalizar el uso de arma de fuego en las manifestaciones, no solamente por los resultados de las personas fallecidas, heridas. Porque no solamente las que perdieron la vida, sino la cantidad de lesionados durante esos eventos. Creo que estaba en el orden de los dos mil. Fueron tecnificando y perfeccionando, era normal asumir que toda la Fuerza Armada debía portar armas de fuego y, claro, es altamente letal cuando tú te vas a una manifestación o a abordar un tema de seguridad ciudadana y portas un arma de fuego. Lo más probable es que pierdan la vida muchos venezolanos que a lo mejor han transgredido la ley, otros no, pero no tienen derecho a morir de esa manera. Eso fue lo que ocurrió en Barlovento, no sé si tú recuerdas, mataron a muchachos inocentes. El único delito de ellos era ser pobres, y la seguridad ciudadana fue abordada como un tema militar.
¿Se giraron órdenes desde el alto mando militar o policial? ¿Ustedes tienen algún tipo de prueba de esto?
No, fíjate lo siguiente: ellos nunca escribieron el plan, porque en las OLP tú buscas algún documento escrito y no lo encuentras. Y las operaciones tampoco eran escritas, todo era hablado, pero te puedo decir que en esas reuniones todos los que participaban eran militares. Inicialmente yo era convocada, pero cuando comencé a hacer objeciones, más nunca me convocaron a esas reuniones. Eran todos militares.
¿Desde cuándo se comenzaron a hacer esas reuniones? ¿Desde el inicio de la OLP?
No, en 2015 comenzaron. Me convocaban a mí y yo siempre hacía objeciones, decía ‘eso no puede ser, eso tampoco, eso tampoco’ … y no me convocaron nunca más.
¿Cuál era el criterio que utilizó el MP para elaborar la lista de víctimas en medio de las protestas?
El criterio era relación directa o indirecta con los eventos. Hay un caso en el que murieron electrocutadas varias personas. Si bien es cierto que ahí no hubo acción directa del Ejecutivo o de una fuerza policial, pero la circunstancia que estaba ocurriendo en ese momento y lo que estaban ejecutando en ese momento esas personas (un saqueo) fue producto de la situación del país. Es decir, que tiene una relación directa. En ese momento, el problema de los alimentos ya era terrible. Cuando yo salí de Venezuela, conseguir medicamentos y algunos alimentos era imposible. Había que bachaquearlos o traficar las influencias para poder hallarlos. Y la gente desesperada. Otros lo hacen también no por necesidad, sino por ir a echar broma, empiezan a saquear. Y eso fue lo que pasó en este comercio.
Runrun.es tiene más víctimas en ese hecho. Lo comprobamos a través de testimonios e incluso tenemos sus cédulas de identidad …
Nosotros pudiéramos contrastar esas cifras. Me gustaría porque a lo mejor estamos equivocados. Nosotros, acuérdate, teníamos la información de primera mano y yo no tenía ningún interés en ocultar esas cifras. Y algo que cuidé mucho en el Ministerio Público fue dar las cifras. Sean malas o buenas, eso te permite crear políticas de Estado.
Y hubo además otros casos. En Petare se registraron varios que no están en la lista. Está el de Carlos Eduardo Aranguren, que había bajado de su casa, en Barrio Unión, hasta la redoma de Petare. Ese día, el 2 de mayo, hubo muchos enfrentamientos con colectivos. Su familia dice que lo mató la Guardia Nacional …
En el país, no sé si viste las cifras, pero hay más de 1.800 muertes a manos de los cuerpos de seguridad. Pero no todos ocurrieron en el marco de las manifestaciones. Es probable que haya sido registrado como una muerte a manos de los cuerpos de seguridad, pero no en el marco de las manifestaciones, que es una situación distinta.
Pero esto sí ocurrió en medio de disturbios … Hubo muchísimas manifestaciones allí ese día…
Pásame el nombre y nosotros revisamos …
Hubo muchos casos así. Se los voy a pasar … También quería preguntarle sobre el caso de Neomar Lander. ¿A qué conclusiones pudieron llegar?
Yo no te lo sabría decir. Aunque la gente piensa que yo manejo los casos, es imposible que lo haga con tantos. En el de Pernalete, a mí me conmovió mucho la mamá y el papá. Ellos fueron a mi oficina, al papá se le subió la tensión y hubo que sacarlo al servicio médico. Eso me impactó mucho. Nosotros en ese momento estábamos casi orientados hacia donde se conducía la investigación, pero yo me comprometí con ellos y les dije que con seguridad ese caso lo íbamos a sacar. Hay unos que recuerdo más que otros, pero nosotros tenemos esos expedientes completos. Nosotros consignamos los expedientes de casi todos los fallecidos en las manifestaciones allá en La Haya, los expedientes completos. Y la Corte (Penal Internacional) creo que tiene que admitirlo. Nadie había llevado esas cosas. Son muchísimos casos, claro, es imposible llevarlos todos. Pero llevé 79 expedientes y son muchísimos. Aparte de esos 79, llevé experticias, inspecciones balísticas, autopsias. Y estamos en eso, recogiendo más.
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¿Por qué se seleccionaron esos 79 casos?
Acuérdate de que yo trabajo con un equipo y eso fue discutido por el equipo. Yo sigo mucho lo que dice el equipo y ahí hay situaciones en las que yo entro a revisar. El equipo me dijo: ‘doctora, vamos a recoger estos 79 que están perfectos’.
¿Esos 79 casos qué demostraban?
Que había violación a los derechos humanos. Porque nosotros registramos 17 detenciones arbitrarias. No podíamos consignar las 17 mil, porque no las tenemos todas, pero sí consignamos un gran número. También, de asesinatos, presentamos otras autopsias que demuestran que fueron ejecuciones.
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¿Cuáles eran las motivaciones que se escondían detrás de las OLP que usted misma ha calificado como “operaciones de limpieza”?
Perpetuarse en el poder, crear un sistema dictatorial, no tener control sobre las acciones que ellos ejecutan, infundir miedo en la población, violar los derechos humanos. Porque, ¿qué ha ocasionado todo esto? La corrupción, la gente empieza a pedir cuentas y ellos comienzan a buscar mecanismos para esconder todas esas acciones. Entonces, reprimen al pueblo, toman las instituciones, destituyen ilegalmente a alcaldes, gobernadores, funcionarios, los inhabilitan, inventan leyes. Por eso crearon la Constituyente, algo perfecto para hacer lo que les dé la gana.
Allí hay grupos civiles armados también. Maduro dijo muchas veces que estaba armando a los civiles sin ningún tipo de preparación. Pero eso solo fue una muestra porque era una política que desde hace mucho tiempo la venían implementando. Lo veíamos en hechos concretos que ocurrían. Hubo muchos casos en donde se evidenciaba que había grupo de civiles armados…
Ciudad Caribia fue uno de estos casos…
También en Quinta Crespo … A los grupos de civiles armados les dieron autoridad. Hubo un caso, donde los civiles armados aprehendieron a unos ciudadanos, levantaron el acta policial y llevaron a las personas ante los tribunales. El fiscal del caso se opuso a eso y pidió libertad plena porque eso era el derrumbamiento del Estado de derecho. ¿Cómo unos civiles armados se estaban arrogando ser fuerza pública e iban a ejecutar una acción? Entonces, no solamente los armaban sino que les daban autoridad. Eso es una pérdida total o el desmembramiento del Estado de derecho, que fue lo que hicieron con todas las instituciones, no solamente con el Ministerio Público, sino también con la Asamblea Nacional, y con el propio Tribunal Supremo de Justicia y con el CNE. Porque Maduro y el Ejecutivo son los voceros de estos poderes (…) Las democracias se caracterizan por la separación de poderes, la democracia se distingue por la autonomía que tengan los distintos poderes, ahí no las hay. Es el Ejecutivo que quiere tener el control. A mí Maduro me dijo cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional: “Yo no sé qué vamos a hacer para sacarlos de allí”. Y yo le dije: “Pero es que ese no es un juego democrático”. “Bueno, pero es que yo nunca voy a entregar el poder”, me contestó.
Hablando de los grupos civiles armados, ¿ustedes tienen pruebas o evidencia de la participación de ellos dentro de estos grupos tanto dentro de las OLP como dentro de las protestas?
Cientos de declaraciones de testigos.
En julio de 2016 usted hizo un primer pronunciamiento en contra de las OLP a raíz de la actuación de colectivos en una de estas operaciones en Ciudad Caribia. Y luego, en noviembre de ese mismo año, criticó los excesos policiales que se cometieron en estas. Pero, ¿por qué dejó correr un año de OLP para pronunciarse sobre todas las irregularidades que estaban ocurriendo?
Las OLP comenzaron en junio de 2015. Busca mis declaraciones…
Sí, las busqué, por eso le pregunto.
La primera vez que se plantean las OLP, el primer día que las hicieron fue una funcionaria del Ministerio Público y vino horrorizada, literalmente horrorizada. A todas estas yo ajena, porque no sabía, son políticas del Ejecutivo … Y busca mis declaraciones después. Lo recuerdo perfectamente porque esa fue la primera. Nosotros ahí tenemos una investigación buenísima y ese, creo, fue uno de los expedientes completos que consignamos porque no implicaba la muerte de una persona sino de muchas. Fue el primero que se hizo en la Cota 905 … La fiscal me dijo ‘doctora, esto es terrible’, y empieza a decirme lo que hicieron. Yo dije, ‘ya yo me voy a pronunciar’. Y busca mis declaraciones. Claro, yo siempre guardaba, y el día que salía a declarar me pronunciaba sobre eso. Yo le eché plomo a las OLP desde que salieron, antes porque no sabía, pero luego de esa primera vez, yo empecé a echarles plomo. Búscalas. Es más, fíjate una cosa, vamos a buscar las declaraciones mías en 2010 contra los policías, que El Nacional abrió conmigo 5 o 6 veces, porque estaba echándole plomo a los policías por la actuación policial. Eso fue en 2010 que yo insistí en la reforma policial. Y recuerdo que esa Misión A Toda Vida Venezuela surgió por las tantas objeciones que yo hice a la actuación policial. Yo siempre he hablado de la prevención policial… Lamentablemente yo perdí esos registros porque los tenía en mi casa.
De Odebretch a los sobrinos presidenciales
Foto: La Patilla
¿Usted ha seguido en contacto con los fiscales que investigan el caso Lava Jato y a Odebrecht en Brasil?
Sí. Ese es un tema difícil. En el expediente que consta en Brasil, cuyas pruebas yo también tengo en mis manos, hay muchísimos elementos que comprometen la responsabilidad no solo de Maduro sino otros altos funcionarios de su gobierno. Yo confío en que la fiscal general de Brasil – una mujer muy responsable y muy seria – y el vicefiscal – con quien he interactuado muchas veces – en algún momento tendrán que accionar.
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¿Pero ha logrado tener acceso a las evidencias?
(Sonríe) Todas… Todas.
¿Qué tipo de evidencias?
Son documentos, testimonios y grabaciones.
¿Estados Unidos está investigando este tema? ¿Está investigando a los venezolanos que están implicados en el caso Odebrecht?
Desconozco. Sé que están investigando, pero no he tenido acceso. Ellos sabrán qué es lo que están investigando.
Usted ha llevado el caso de las protestas a instancias internacionales. Pero hay algunos casos que se conocieron durante sus últimos meses en Venezuela, como el de Pdvsa y Citgo. ¿Qué acciones puede hacer en el plano desde afuera con respecto a estas denuncias?
Nosotros tenemos todos los expedientes de las investigaciones que adelantamos durante mi gestión. Es más, pedimos privativa de libertad y citamos para imputar y jamás fue posible lograrlo. Te puedo citar el caso de Amuay, que fue por falta de mantenimiento…
Y también salió tardísimo ese caso. Muchos años después de que ocurrió…
Sí, es que en esa investigación la experticia no fue fácil, fue una experticia muy técnica. Es como, algunas veces, los casos de corrupción. Esas auditorías no son fáciles porque hay muchos documentos, hay que revisar, comparar… Y otros casos, como el del Coque en Anzoátegui. Esa es otra investigación que nosotros tenemos, que nunca se ha hecho nada. Hay otros casos pequeños, como uno de Pdvsa que investigamos y que incluso citamos para imputar y nunca fue posible porque no iban, no querían. Se compraron unas lanchas y el precio de las lanchas era, por decirte, 350 mil dólares, y las compraron a 1.950.000 dólares, es decir con sobreprecio, y encima no las entregaban. Teníamos muchísimas investigaciones de Pdvsa. A Pdvsa la destruyó la corrupción, la falta de mantenimiento, ahí no había mantenimiento preventivo de nada. Mira, te he dicho bastante…
¿Y por qué nunca salió una imputación contra Rafael Ramírez, quien durante tantos años fue la cabeza de Pdvsa?
Todos los altos funcionarios tienen antejuicio de mérito, ¿no? Yo no recuerdo que directamente haya habido un… Déjame estructurar esto. Una cosa es hablar de la persona y otra cosa es citarla para imputarla. No es suficiente hablar, tú tienes que materializar la imputación y la imputación tiene que ver con el antejuicio de mérito. No como están haciendo ahora, que sin un antejuicio de mérito despojan a la persona de su inmunidad como lo hicieron con mi esposo, que es diputado, con (Antonio) Ledezma. Y la persona llamada a sustituirlo no es quien lo sustituye sino el que ellos pusieron. Eso es una condición de Estado fallido porque las instituciones no funcionan.
¿La Fiscalía ejecutó acciones en el tema de la emergencia humanitaria, con respecto a la escasez de alimentos y medicinas?
Ese tema, el de la emergencia humanitaria, no era competencia directa del Ministerio Público. La competencia nuestra era el abordaje de algunas situaciones concretas, como por ejemplo el cierre de la Unidad de Nefrología del J.M de los Ríos porque estaba contaminando a los niños por falta de mantenimiento. Pero, íntegramente, el tema de la crisis humanitaria, no podíamos abordarlo porque no es competencia nuestra. El caso de los siete hospitales, había uno que tenía 90% ejecutado y lo desmantelaron. Y nosotros citamos a (la ex ministra de Salud, Eugenia) Sader y al hijo –que está disfrutando su fortuna en Estados Unidos– y nunca fue posible. Pedimos la privativa de libertad y citamos para imputarlos y nunca concurrieron.
¿Y sobre la escasez de medicinas se hizo algo concreto?
Nosotros hicimos reuniones con distintos hospitales y pedimos unos amparos por el tema de la escasez de medicamentos; hay unos amparos que pedimos a favor de los periodistas, a favor de médicos por la escasez de medicamentos, esos se hicieron seguidos. Nos reunimos con pacientes oncológicos que no conseguían medicamentos y pedimos amparos contra todos estos hechos.
¿Pudieron hacer investigaciones sobre el caso de los sobrinos de Cilia Flores imputados por tráfico de drogas en Estados Unidos?
Nosotros pedimos la información a los Estados Unidos y entiendo, no tengo la prueba, me dijeron que había llegado a la Cancillería, pero nunca llegó al Ministerio Público. Inmediatamente después de que ocurrió el evento, eso fue a finales de 2015, ya nosotros estábamos haciendo la solicitud.
¿Pero se pudo adelantar esa investigación?
Sí, y ese expediente sí me lo traje en original, porque eso lo desaparecen. Así como Tarek (William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente) que desapareció todas las investigaciones contra él (risas).
Por cierto que él hizo una acusación grave contra usted cuando dijo que había participado en el desfalco de la Faja Petrolífera del Orinoco. ¿Tiene algo que decirle sobre esto?
Yo no cazo peleas personales, esto es un problema de país. Mi mensaje es para venezolanos, para buscarle solución. ¿Tú crees que a mí no me duele lo que está sufriendo la gente? A mí me da un dolor cuando yo veo aquí en Colombia a los venezolanos en la situación en la que están.
Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General destituida por la anc, asumió los “errores” que no permitieron frenar a tiempo “la oleada autoritaria” en Venezuela.
En un mensaje que denominó “atípico 48 aniversario del Día del Ministerio Público”, Ortega se dirigió a los trabajadores.
“Son tiempos difíciles para todos, pero sé que los años en los que construimos una institución fuerte y moderna, generaron en ustedes un sentido de pertenencia e identidad que nos harán superar los escollos que la dictadura ha puesto al buen andar del Ministerio Público”, señaló Ortega en un documento que difundió en Twitter.
“Con absoluta responsabilidad y compromiso de futuro, asumo ante ustedes los errores que no nos permitieron a tiempo frenar la oleada autoritaria que se impuso sobre nuestra institución y el orden constitucional del país”, agregó la funcionaria destituida.
“Debemos tener fortaleza, pues estoy segura de que no les queda mucho tiempo”, añadió Ortega, quien afirmó que “a diario” se comunica con funcionarios que le hablan de la “destrucción progresiva a la que están sometiendo al Ministerio Público”.
La destituida funcionaria vaticinó que “queda muy poco para acabar con la persecución interna al conocimiento, la honestidad y la probidad” y subrayó que “lo único” que no pueden asaltar militarmente y robarles “es la esperanza de recuperar lo que entre todos” construyeron.
Ortega fue destituida el pasado 5 de agosto en un operativo express de la asamblea nacional constituyente.
La exfiscal general Luisa Ortega Díaz informó este miércoles que de enero a julio de este año se registraron más de 1.000 asesinatos por funcionarios policiales en Venezuela.“Muchos de los elementos de prueba son autopsias que demuestran que las víctimas fueron asesinadas por cuerpos policiales”, indicó la jurista a través de una entrevista en exclusiva para NTN24.
No obstante también resaltó que no pudo hacer imputación alguna, ya que a los funcionarios que “de uno y otra manera” los funcionarios involucrados recibían respaldo de otras instituciones gubernamentales.
Uno de los casos que citó fue el Antonio Benavides Torres, el que asegura haberlo llamado “para imputarlo por violación de los derechos humanos y ese día fue ascendido, y el Tribunal Supremo de Justicia ese mismo día dictaminó que se requería un antejuicio de mérito para imputarlo”.
Más adelante señaló que estos elementos de prueba, a los que ella hace referencia, fueron todos entregados a la Corte Penal Internacional, y de ser aceptados no tiene dudas de que se comenzará una investigación inmediata.
La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos por la comisión de crímenes de lesa humanidad, y pidió que se librase orden de captura internacional contra ellos.
Ortega Díaz interpuso la denuncia contra otros cuatro funcionarios venezolanos responsables de «asesinatos, torturas, encarcelaciones y un ataque sistemático contra la población civil». Ellos son el ministro de Defensa, Vladimir Padrin López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el director del Sebin, Gustavo González López y el jefe de gobierno del Distrito Capital, anteriormente comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres.
De acuerdo a las cifras que manejó desde la Fiscalía, Ortega aseguró que el gobierno aplica»un plan de limpieza social» a través de funcionarios policiales y militares. Afirmó que entre el año 2015 hasta junio de 2017, 8290 personas habían sido asesinadas, «todas bajo las órdenes del Ejecutivo».
Dentro de la denuncia incluyó a la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), «otro plan de limpieza social» en que 505 personas fueron asesinadas por los grupos tácticos de combate que las llevan a cabo.
En una investigación realizada por Runrun.es se comprobaron las violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas durante las OLP, con las cuales se cometieron 44 masacres. También se descubrió que estos operativos fueron usados para sustituir grupos delictivos por colectivos, y para proteger intereses de funcionarios del Gobierno, además de materializar venganzas personales.
La fiscal, perseguida política por el régimen de Maduro, destacó que los funcionarios llevaron a cabo más de 17 mil detenciones arbitrarias y cientos de casos de torturas, así como la militarización de la seguridad ciudadana. Recordó que el gobierno permitió el uso de arma de fuego en manifestaciones, «lo que trajo como consecuencia muertes y represión hacia el pueblo».
La fiscal entregó a la CPI más de mil elementos probatorios realizados y recabados por el Ministerio Público durante su gestión, para comprobar la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno de Maduro en las violaciones a los derechos humanos.
“Tenemos reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas que sustentan la denuncia”. Entre las evidencias y pruebas incluyen protocolos de autopsia, donde se evidencia la ejecución de las personas, «disparos de arriba hacia abajo, lo que significa que estaban probablemente de rodillas», detalló Ortega anteriormente.
«Nos vimos en la necesidad de acudir porque en Venezuela no es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes», aseguró a las afueras de la Corte Penal. «Deben pagar por el hambre, la miseria, las penurias que vive el pueblo de Venezuela».
#ENVIVO Acabo de denunciar al Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad https://t.co/8BMeM1pHRI
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Nicolás Maduro, admitió en una reciente entrevista a un medio de comunicación español, que funcionarios de altos cargos habrían estado involucrados en hechos de corrupción entre los cuales, según sus propias palabras, figuran “ministros”. Pero durante la llamada “revolución” no ha sido encarcelado ningún representante del Poder Ejecutivo por el manejo irregular del dinero de la nación y han quedado de lado muchos señalamientos, algunos de los cuales involucran al mismo mandatario.
Para Maduro el asalto a los recursos públicos es un tema “muy serio” y reconoció que algunos de los corruptos “en un momento dado han sido de mi confianza, algunos, otros ni los he conocido”. Atribuyó esta situación al “aflojamiento de los resortes éticos y morales de mucha gente que ha tenido y tiene responsabilidad en posiciones de poder en Venezuela”.
De la Cancillería a Miraflores
La queja del presidente Maduro frente al manejo delictivo de los recursos del país se tropieza con las denuncias que lo colocan como el funcionario de más alto nivel señalado actualmente por corrupción.
Cuando Hugo Chávez optaba en 2012 para la reelección presidencial, el entonces canciller Nicolás Maduro habría sido el intermediario para pagar en efectivo parte de los US$ 35 millones que costó la campaña “Chávez, corazón del pueblo” ideada por los publicistas brasileros Joao Santana y su esposa Mónica Moura.
Moura reveló bajo la figura de delación ante el Ministerio Público Federal de Brasil, que Maduro le entregó US$ 11 millones en efectivo en su despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Maduro me recibía en su propio gabinete, me entregaba carpetas con dinero y garantizaba escolta para darme seguridad en el recorrido de la Cancillería a la productora”, dijo la propia Moura a la Fiscalía brasileña en el marco del proceso judicial que enfrentó y que terminó en 2016 con una condena a ocho años de prisión contra ella y su esposo, Joao Santana, por corrupción y lavado de dinero.
El testimonio que implica al entonces canciller Maduro quedó registrado en el marco de la “Operación Lava Jato”, averiguación iniciada por la justicia brasileña en 2014, que involucra a decenas de políticos y empresarios acusados de pagar sobornos.
Según Mauricio Odebrecht en confesión ante la justicia de Estados Unidos, la empresa había pagado US$ 98 millones en Venezuela para garantizar la contratación de obras, el segundo monto más alto de los pagados por sobornos en los distintos países en los que operaba la constructora. Sin embargo, la misma empresa admitió pagar por sobornos, al menos 3% del monto de los contratos, por lo que la cifra pagada en Venezuela debe estar más cerca de los US$ 1.000 millones.
También en agosto de 2017, la defenestrada fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hoy en día enfrentada al Gobierno venezolano, denunció desde el exilio la presunta vinculación de Nicolás Maduro con hechos de corrupción, del constituyentista y ex diputado, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres fuertes del chavismo, así como de Tarek William Saab, quien dirige el Ministerio Público por imposición de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.
La Fiscal General de la República destituida acusa a Maduro de ser propietario de una de las empresas, radicada en México, que importa comida para su venta a las familias venezolanas más necesitadas, a través de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Estas acusaciones requieren tomarse en serio y deben ser investigadas por una comisión independiente y autónoma que dé seguridad a los venezolanos sobre lo que pasó en realidad.
El hacha draconiana
La severidad con que Maduro actuaría contra los “bandidos”, a quienes enfrentaría con “un hacha draconiana para cortarles la cabeza”, según lo manifestó al periodista español Jordi Évole, no ha sido visible en predios del chavismo y menos aún en el ámbito judicial. Esto a pesar de que, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, se ha actuado contra funcionarios, la mayoría de cargos medios, vinculados con desfalcos en PDVSA, lo que para algunos dirigentes opositores es solo una “depuración” de las filas del oficialismo.
Transparencia Venezuela ha hecho una revisión de los casos que investiga el Ministerio Público en 2017, en especial durante la gestión Tarek William Saab, y ha observado la activación de procesos de investigación particularmente relacionados a la estatal PDVSA. De los 46señalados por hechos de corrupción en la petrolera, 28 son funcionarios públicos y solo 7 de ellos son de alto nivel. En la lista no figura ningún ministro responsable del área.
Solo la Asamblea Nacional, un órgano asediado abiertamente por el Gobierno, ha emitido sanciones y ha solicitado investigación judicial contra altos funcionarios del Estado. Esos acuerdos han sido letra muerta para el máximo representante del Poder Ejecutivo, Nicolás Maduro, quien estaría obligado a destituir al ministro señalado, según lo dispone la Constitución Nacional.
El 23 de febrero de 2017, los diputados opositores acordaron un voto de censura contra el mayor general Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec. El parlamento lo vinculó con la malversación de US$ 25 mil millones. En ese mismo pronunciamiento se declaró la responsabilidad política de 7 funcionarios, entre ellos el ex vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, quien también fue jefe del Estado Mayor Eléctrico.
Otro funcionario sancionado por el parlamento venezolano es Rafael Ramírez, actual representante de Venezuela en la ONU, ex ministro de Energía y Petróleo y ex presidente de PDVSA, quien estaría involucrado en irregularidades por unos US$ 11,2 mil millones. A la lista se agreganAlí Rodríguez AraqueyArgenis Chávez, ex ministros de Energía Eléctrica; Javier Alvarado, viceministro de Desarrollo Eléctrico; Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica (actualmente detenido por la justicia española) y el ex titular de la cartera de Energía Eléctrica, Jesse Chacón.
Transparencia Venezuela recopiló información sobre las irregularidades señaladas por la Asamblea Nacional en la que saltan los nombres de ex ministros como Rodolfo Marco Torres (Alimentación), señalado de desfalco de unos a US$ 27 mil millones; Ricardo Molina (ministro de Transporte y Obras Públicas) por 12 obras inconclusas que suman US$ 22,2 mil millones y María Eugenia Sader (ex ministra de Salud), a quien responsabilizan por irregularidades en 6 hospitales por US$ 1,5 mil millones.
Los acuerdos del Parlamento no solo han sido ignorados por el Poder Ejecutivo, sino que han sido enviados a saco roto en el ámbito judicial. Ninguno ha dado pie al inicio de una investigación penal, pese a que las actuaciones de la Asamblea Nacional fueron remitidas al Ministerio Público otrora a cargo de Luisa Ortega Díaz y más recientemente a cargo de Tarek William Saab.
ABP apoya diálogo con el Gobierno pero deploran falta de información oportuna.
El partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) respaldó este viernes el diálogo político anunciado entre la oposición y el Gobierno Nacional, que se retomará en una reunión este 15 de noviembre. Pero deploró «fehacientemente» la falta de información «oportuna» para anunciar el proceso, por lo que consideró que se estarían repitiendo errores como llevar a cabo acciones «a escondidas (…) Nunca nos hemos negado a dialogar porque estimamos que ese es un bien muy preciado para los pueblos que sufren conflictos (…) lo que deploramos fehacientemente son las fallas de no informar a la ciudadanía de manera oportuna», señaló el partido del exalcalde Antonio Ledezma en un comunicado. Globovisión
Ortega Díaz dice que solución a la crisis es que salga Maduro por una vía negociada.
Luisa Ortega, afirmó hoy en el Vaticano que la solución a la crisis que vive el país pasa por una salida del Gobierno del presidente Nicolás Maduro “por una vía negociada”, en un “proceso de transición con garantías”. Ortega denunció hoy la situación que vive Venezuela en un encuentro en el Vaticano que ha reunido durante dos días a mujeres juezas y fiscales que han analizado el problema de la trata de personas y del crimen organizado. “Hay que buscar una alternativa para el país, en este momento yo creo que lo que habría que buscar es una etapa de transición”, agregó. La Patilla
Firma de custodia dice que recibió fondos del Pdvsa 2017.
La firma estadounidense de custodia DTC informó al final de la tarde del jueves a acreedores de la estatal PDVSA que recibió los fondos para empezar a procesar el pago del capital de un bono que venció la semana pasada, dijeron tres fuentes del mercado. DTC ahora deberá transferir el dinero a los sistemas de compensación, que enviarán el pago a los clientes, dijo una de las personas con conocimiento de la operación, quien agregó que el abono podría tardar uno o dos días más.DTC no informó sobre el pago de los intereses, que entraría en un período de 30 días de gracia. La firma dijo que como parte de su política “no le es posible comentar sobre las transacciones de sus clientes”. No quedó claro de inmediato si ISDA (la Asociación Internacional de Swaps y Derivados) continuaría con el proceso de evaluación, que de ser positivo permitiría cobrar a quienes tienen seguros contra incumplimiento (CDS). Según los estatutos del bono, no se podría considerar quela petrolera cayó en cesación de pagos si el dinero del compromiso ha sido recibido por el agente de pago. Baca Y negocios
Ratifican ante el TSJ solicitud de medida humanitaria para Alfredo Ramos.
La esposa de Alfredo Ramos, quien se desempeñaba como alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Carmen de Ramos, ratificó este viernes la solicitud hecha al Tribunal Supremo de Justicia para que emita una medida humanitaria a favor del dirigente opositor.»Informamos al país, que el alcalde Alfredo Ramos, padece enfermedades crónicas que ponen en riesgo su vida. Solicitamos al presidente de la sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, conceda medida humanitaria para resguardar su salud», escribió Carmen de Ramos Globovisión
Arabia Saudita acusa a los detenidos por corrupción de malversar 100 mil millones de dólares.
La Fiscalía General de Arabia Saudí estimó hoy en unos 100.000 millones de dólares los fondos públicos malversados o malgastados por los detenidos en la gran operación contra la corrupción de la semana pasada, que ascienden a 208 personas en total. El fiscal general y miembro del Alto Comité Anticorrupción, Saud al Moyeb, informó en un comunicado que, según las investigaciones preliminares, las prácticas ilícitas se extendieron durante décadas y esa suma ingente de dinero fue malversada o malgastada. La Patilla
