Luis Ortíz Hernández

@loremelendez

SON APENAS TRES MINUTOS Y MEDIO de las casi dos horas que duró la comparecencia de los ex magistrados Carmen Elvigia Porras y Luis Ortiz ante la comisión especial de la Asamblea Nacional que evaluó el proceso de designación de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Pero ese tiempo es suficiente para escuchar una denuncia que señala quiénes fueron los artífices de las presiones que el año pasado recibieron algunos de los 13 togados que adelantaron su jubilación a fin de dejar el espacio libre a nuevos juristas identificados con el oficialismo.

La voz del audio es de Porras, antigua miembro de la Sala de Casación Social, quien el pasado 17 de febrero aseguró ante los diputados de la instancia, en una reunión cerrada en el salón Ezequiel Zamora del Palacio Federal Legislativo, que había recibido presiones por teléfono y a través de personas que conocía. «Tuve que esconderme», afirmó.

Tras el receso de agosto del tribunal, las amenazas se hicieron mayores. Porras reveló que en cuanto se reincorporó al tribunal, fue llamada a la Presidencia del TSJ, donde la titular del despacho, magistrada Gladys Gutiérrez, le dijo que debía firmar su petición de jubilación un año antes, tal como lo habían hecho otros 12 magistrados cuyos períodos vencían en diciembre de 2016.

«Me dijo que estaba indisciplinada, que ya los números no daban para diciembre, que ya era una decisión tomada», apuntó la magistrada, quien recalcó que la medida era una orden que provenía del «alto gobierno».

Pero el hostigamiento contra Porras no sólo lo ejerció Gutiérrez, sino también el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y cabeza de la Sala Penal, magistrado Maikel Moreno.

«Me dijo ‘es una orden que me están dando, no es sí o no. De mi parte, seguiré presionando, porque es un trabajo que me mandaron a hacer y seguiré coaccionado. Lo vea bien o mal, es una orden superior'», comentó Porras ante los diputados.

El audio fue presentado este martes durante la plenaria de la Asamblea Nacional, organismo que recibió el informe definitivo de la comisión en el que se da cuenta de este episodio.

En el documento también se menciona el caso de Ortiz, quien señaló que Moreno y otro magistrado, Guillermo Blanco, presidente de la Sala de Casación Civil, le habían recomendado solicitar su jubilación sustentándose en «órdenes superiores».

«Las anteriores declaraciones, a criterio de esta comisión, demuestran la conformación de un esquema diseñado entre miembros del Comité de Postulaciones Judiciales y la directiva de la Asamblea Nacional vigente hasta 2015, para desarrollar un proceso de selección violento, carente de forma y totalmente contrario al marco constitucional, legal y reglamentario, que les permitiera designar como magistrados y magistradas principales y suplentes afectos al gobierno nacional, con miras a imponer desde el Tribunal Supremo de Justicia una hegemonía política al servicio del Poder Ejecutivo, que procurara dejar sin efecto las determinaciones que desde el Poder Legislativo Nacional se ejecutasen», indica el informe de los diputados.

Carmen Elvigia Porras, de la Sala Social, y Luis Ortíz Hernández, de la Sala Civil, acudieron el miércoles 17 de febrero a la Asamblea Nacional para denunciar que la decisión de adelantar su jubilación no fue voluntaria

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EXTORSIÓN, PERSECUCIÓN, VEJACIÓN, AMENAZAS. Estas palabras fueron pronunciadas por el diputado Carlos Berrizbeitia al final de la reunión que el miércoles 17 de febrero de 2016 sostuvo la comisión de la Evaluación sobre Designación de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), perteneciente a la Asamblea Nacional (AN). Ante esta habían comparecido, durante casi dos horas, dos de los trece magistrados que en agosto pasado anunciaron que dejarían sus cargos de manera anticipada. Ambos detallaron cómo fueron presionados para pedir sus jubilaciones un año antes de lo previsto.

Los juristas Carmen Elvigia Porras, miembro de la Sala de Casación Social, y Luis Ortíz Hernández, de la Sala de Casación Civil, fueron los denunciantes. Ambos introducirán, en las próximas semanas, recursos que anulen ante el máximo tribunal los procesos administrativos que tuvieron que atravesar para salir de sus puestos.

Ni Porras ni Ortíz Hernández quisieron declarar a los medios al salir de la reunión parlamentaria, que esta vez fue privada hasta los últimos 15 minutos. Sin embargo, en los instantes finales soltaron frases que dejaron en claro la gravedad de sus acusaciones.

Porras afirmó que, aunque anteriormente no había hecho público lo que padeció, había llegado el momento de decir la verdad, y luego pidió los teléfonos de los diputados para avisarles si recibía nuevas amenazas. Ortíz Hernández sentenció que era necesario “adecentar” al TSJ y solicitó a los diputados hacer todas las correcciones posibles en esa instancia.  “Si bien es cierto que firmamos, no lo hicimos de manera voluntaria”, señaló posteriormente a Runrun.es.

“Esto le da a la comisión pruebas de que la inmoralidad fue utilizada no solamente para lo que se hizo el 23 de diciembre al elegir a estos 13 magistrados principales y 21 suplentes, sino también para amenazar y extorsionar a los magistrados para que adelantaran su jubilación. Digo de verdad que, como venezolano, esto me indigna”, afirmó Berrizbeitia, quien preside la comisión que escuchó a los juristas. Adelantó que todas las declaraciones serán agregadas al informe que el grupo prevé presentar a la plenaria de la AN antes de que culmine febrero.

Una fuente que ingresó a la reunión en la AN dijo que los magistrados afirmaron que la orden de adelantar sus jubilaciones había sido emanada desde el alto gobierno. A los togados les informaron a mediados de 2015 que “los números no andaban bien para el 6D” y que el Gobierno debía garantizar 12 años más de control en la máxima corte venezolana. Las estrategias de presión, de acuerdo con la fuente, fueron ejercidas por otros magistrados dentro del mismo edificio de tribunales.

¿Quiénes son los ex magistrados?

Su reputación fue puesta en entredicho antes de llegar a la máxima magistratura. Se dijo que el concurso que ganó, cuando fue designada juez Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito del estado Táchira, estuvo amañado. En aquella época, fuente judiciales aseguraron que tuvo más de 70 denuncias en su contra en la Inspectoría de Tribunales. Dentro del TSJ, Porras fue vicepresidenta de la Sala de Casación Social.

Ortiz Hernández estuvo seis meses, durante 2005, frente a la Inspectoría General de Tribunales y renunció tras alegar razonas personales, aunque según las versiones extraoficiales que circularon, el magistrado fue rechazado por su entorno al haber actuado en esa instancia de acuerdo con sus intereses.

Sin embargo, posteriormente denunció que había recibido presiones internas. “Yo lo venía haciendo todo bien, hasta hace 15 días, cuando me metí con Belkis Cedeño (la presidenta del Circuito Penal Judicial de Caracas) y con Juan Carlos Cuenca (juez superior IV en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Caracas) a quienes llevé ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial para que fueran suspendidos. A partir de allí comenzaron los rumores y los señalamientos de que estaba actuando mal, y como no tengo ansias de poder ni quiero crear tribus, presenté mi renuncia”, dijo a El Universal ese mismo año.

La Contraloría General de la República le impuso en 2008 una multa de 3.000 bolívares por haber ocultado información en sus declaraciones juradas de patrimonio.