Lopna

EN VENEZUELA NO EXISTEN ENTIDADES SUFICIENTES para brindar atenció a los niños que se encuentran en situación de calle, lo que para el psicólogo Abel Saraiba, de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) es “testimonio de que el Estado falló en proteger a la niñez”.

La defensa del dirigente opositor venezolano preso Leopoldo López informó hoy de que los funcionarios policiales que custodian al líder de Voluntad Popular (VP) en su arresto domiciliario «violan» las órdenes del tribunal que lo condenó pues los uniformados han ingresado a la residencia

«Nuestra Constitución y las normas internacionales establecen que el hogar doméstico es inviolable, el derecho a la protección de la familia (…). Bajo ningún concepto el hogar doméstico puede ser afectado por una autoridad salvo que exista una orden judicial», sostuvo el abogado Juan Carlos Gutiérrez en rueda de prensa.

El letrado aseguró que tanto ayer como hoy certificaron en el tribunal que lleva el caso de López que «no se ha emitido ninguna orden judicial que justifique la presencia de funcionarios policiales en el interior» de la residencia del político.

Lilian Tintori, esposa de López, denunció ayer que integrantes del servicio de inteligencia (Sebin) entraron «bruscamente» en su domicilio la noche del miércoles «sin orden legal y con armas» y aseguró que la custodia de su marido tiene que hacerse fuera de la vivienda.

Gutiérrez afirmó hoy que la orden del tribunal es de «custodia externa» y especificó que «no puede ingresar un funcionario policial al interior de la vivienda sin una orden del juez o sin el consentimiento de quienes la habitan».

«Todas las actuaciones fuera» de las órdenes de la sala que lleva el caso de López «son total y absolutamente ilegales y lesivas a derechos fundamentales», agregó.

Anunció que por este motivo presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, organismos que, dijo, «tienen que actuar como garantes de la legalidad que ha sido vulnerada o pisoteada en este caso».

«De igual manera ante el Tribunal de Ejecución que tiene el expediente (de López) (…) y ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos», añadió.

Reiteró que su defendido es «inocente» y apuntó que López le aseguró que «no se va fugar de su casa bajo ninguna circunstancia».

El exalcalde del municipio caraqueño de Chacao fue condenado en septiembre de 2015 a casi 14 años prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por discursos que promovieron a la violencia durante una marcha antigubernamental el 12 de febrero de 2014.

La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega admitió el mes pasado que fue presionada por Diosdado Cabello -‘número dos’ del chavismo- para que dijera que López era autor de los asesinatos de dos de la fallecidos en esa jornada de protestas.

López, fue recluido en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, donde pasó más de tres años y ahora cumple su pena bajo arresto domiciliario desde julio pasado.

Lopna aprueba medidas para hijos de López y Tintori

Lilian Tintori, activista por los derechos humanos y esposa de Leopoldo López, informó este jueves que sus tres hijos recibieron una medida de protección por parte del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El hecho se registró luego de que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ingresaran a su casa en presencia de los menores.

«Logramos que el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes otorgara medidas de protección de la Lopna para mis 3 hijos y el Sebin tiene prohibido entrar a la casa”, dijo Tintori.

Logramos que el consejo de protección de niños, niñas y adolescentes otorgara medidas de protección de la LOPNA para mis 3 hijos y el SEBIN tiene prohibido entrar a la casa #DDHH pic.twitter.com/4viReWAHuO

— Lilian Tintori (@liliantintori) March 2, 2018

 

 

 

Recientemente entró en vigencia la reforma del Título V Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en su segunda discusión el 14 de agosto de 2014. Desde entonces se había estado a la expectativa de la promulgación de esta reforma por parte del Poder Ejecutivo, la cual se concretó casi 10 meses después con su publicación en la Gaceta Oficial N° 6185 Extraordinario del lunes 8 de junio de 2015.

A raíz de esto la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que agrupa a las organizaciones que trabajan el tema en Venezuela, presentaron sus conclusiones sobre esta apresurada reforma, en cuyas discusiones en la Asamblea Nacional participaron y más recientemente en dos reuniones con el defensor del pueblo, lamentablemente sin éxito en ninguna. Aquí vamos a dar a conocer unos puntos de este documento de la Redhnna por la importancia del tema y la necesidad de que todos estemos en conocimiento de esta reforma de la Lopna.

Para las organizaciones que trabajan en la materia, y que por lo tanto son las que conocen la realidad de lo que se vive en el país, esta reforma fue hecha “sin un diagnóstico de la situación actual de las y los adolescentes procesados o con decisión judicial; sin información o análisis de datos sobre la participación de adolescentes en la comisión de delitos; sin  un análisis previo del  desempeño institucional en la materia; sin análisis y aportes de quienes son llamados a ser miembros integrantes del Sistema Penal de Responsabilidad de las y los Adolescentes; sin cuidar formalidades de redacción, ni siquiera revisión; sin debate público nacional”.

Entre los puntos más importantes de esta reforma tenemos que se eleva a 14 años la responsabilidad penal de las y los adolescentes que antes era de 12 años; igualmente, se eleva la pena de privación de libertad de 5 años a 10 años; se les da competencia a los consejos comunales como integrantes  del Sistema Penal de Responsabilidad, atribuyéndoles funciones como las de “coadyuvar en la ejecución de las órdenes de orientación y supervisión en aquellas medidas no privativas de libertad (…) a cuyo efecto el juez competente deberá notificar al consejo comunal del lugar de residencia de los y las adolescentes” (art. 527-A); se establecen nuevos delitos para las y los adolescentes como el sicariato, el terrorismo y el asalto a transporte público.

Para la Redhnna “es de lamentar que la reforma penal no parte de un estudio de realidades sobre la situación de niños, niñas y adolescentes como víctimas  de delitos  y sobre la participación de adolescentes  en  la  comisión de hechos punibles. El análisis de datos y el estudio de investigaciones y estadísticas en estas materias mostraría las tendencias y características de estas situaciones y cómo están funcionando en los hechos el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente y el Sistema Nacional de Protección”.

Las organizaciones son claras al decir: “Desde la Redhnna reivindicamos que los adolescentes que cometen delitos deben ser sometidos a medidas socioeducativas en función de su responsabilidad, en una jurisdicción especializada; no avalamos la impunidad pero sostenemos que el foco de la justicia juvenil debe estar en la prevención de la delincuencia juvenil, pues el complejo fenómeno de la violencia no se disminuye solo aplicando más años de privación de libertad. Mucho más graves son las consecuencias que producen los altos índices de impunidad reconocidos, en general, por distintas autoridades públicas”.

Es claro que esta fue una reforma apresurada sin tomar en cuenta a los verdaderos expertos en el tema. Es grave que la tutela a las y los adolescentes que deben permanecer privados de libertad le corresponda al Ministerio para el Servicio Penitenciario, que ha demostrado su fracaso y las constantes violaciones a los derechos humanos de los reclusos adultos; así mismo, que la supervisión de las y los adolescentes infractores esté en manos de los consejos comunales del lugar de residencia de la o el infractor es de tener cuidado, porque no tienen experticia de un área que requiere saber lo que se está haciendo aunado con que supervisar a un adolescente infractor que vive en tu propio vecindario les podría traer represalias a los miembros de estos consejos comunales por parte del adolescente que supervisa.

Por ahora solo queda esperar cómo funcionará esta reforma, aunque los organismos encargados de aplicarla no dan cifras alentadoras en los primeros días de implementación. Igualmente, pienso que se debería intentar una acción de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia por la inconstitucionalidad de la reforma, sin muchas expectativas ante un Poder Judicial secuestrado.

 

@cnietopalma

cnietopalma@gmail.com

El Nacional

 

La más reciente encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), realizada en el país el año pasado, alerta que para un sector importante la interrupción de la formación educativa ocurre muy temprano.

El estudio realizado por las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello advierte que uno de cada cinco niños desescolarizados, abandonó la escuela antes de los 15 años de edad y 56,2% lo hizo entre los 15 y 19, sin que muchos completaran el bachillerato. Se trata de una realidad que impide a los niños y jóvenes capitalizar los niveles necesarios de formación académica para reducir los riesgos de pobreza que registra Venezuela.

El alto costo de los útiles escolares, el largo trayecto que deben atravesar los estudiantes para llega a la escuela, un embarazo no planificado o, en buena parte de los casos, la necesidad de un trabajo son las razones que obligan a los menores a desertar las aulas, abarcando este último punto 2% de la población masculina desescolarizada entre 12 y 17 año, de acuerdo con los resultados.

A propósito del trabajo como motivo de deserción, hoy se celebra el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, promovido desde 2002 por la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Apegados al lema !No al trabajo infantil, sí a una educación de calidad!, este año las organizaciones buscan promover políticas coherentes y eficaces para hacer frente a la explotación infantil y garantizar el acceso a una educación de calidad y la inversión en personal docente.

Más de 120 millones de niños de ambos sexos, entre cinco y 14 años de edad, están sometidos al trabajo infantil en todo el mundo, una situación que, según coinciden expertos, atenta contra los derechos humanos en las zonas más pobres de Asia y África, y que en el país está ligada a un patrón de pobreza.

Aunque en Venezuela existe un marco legal, que prohíbe el abuso y la explotación laboral, Maritza Gómez, docente y experta en derechos humanos de la UCV, asegura que son múltiples las actividades desempeñadas por menores para obtener dinero. Relata que en las áreas urbanas son numerosos los infantes que deben vender flores, folletos o artículos para ganarse la vida. «Con el auge de algunas actividades emergentes como el bachaqueo los niños también son incorporados por grupos inescrupulosos a las colas. En los barrios y cementerios son los muchachos quienes lavan los carros, recogen basura, limpian patios o peor aún, distribuyen drogas», afirma.

Insiste que en algunos casos las actividades violan la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) y los convenios internacionales, que además establecen que la edad mínima para el trabajo no debe ser inferior a la edad de culminación de la educación obligatoria. Gómez cita el Art. 94 de la Lopna que versa sobre el rol protector del Estado y las familias contra el provecho económico de los niños.

Para mitigar esos y otros abusos, desde hace 24 años, Fundana abriga a muchachos maltratados, que son alojados en las Villas de los Chiquitos, con una capacidad de 120 personas. El objetivo, explica la directora, Nathalie Abuchaibe, es reinsertarlos en su familia de origen, con el apoyo de su Programa de Fortalecimiento Familiar.