@loremelendez
Aunque cumplen con los requisitos básicos exigidos para haberse convertido en las nuevas togas de la máxima corte de la República –son venezolanos y tienen más de quince años de carrera judicial o han ejercido como profesores universitarios– el pasado de algunos de los magistrados principales que fueron recién designados por la Asamblea Nacional deja dudas. Mientras unos han estado involucrados en escándalos de tráfico de drogas y corrupción, otros se han convertido en defensores de delincuentes de casos emblemáticos. Aquí, un repaso a sus carreras:
Sala Constitucional
Miguel Angel Martín Tortabu
Edad: 50 años
Juez de carrera judicial. Hasta febrero de este año fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Politicas de la Universidad José Antonio Páez, ubicada en San Diego, estado Carabobo. Es doctor en Ciencias, mención Derecho, y especialista en Derecho Procesal; en Técnicas de Resolución de Conflictos y en Derecho Laboral. Autor de “La Oralidad en el Proceso Civil”, publicación de dos tomos que fue su tesis doctoral y de “El derecho de jóvenes en Venezuela y su protección judicial”. Fue columnista del diario El Carabobeño.
En diciembre de 2008, fue suspendido de sus funciones como juez titular del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, de Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial de Carabobo, por la inspectoría General de Tribunales, luego de que el jueves 4 de diciembre de ese año juramentara al gobernador electo de la entidad, Henrique Salas Feo. La medida fue una consecuencia del reclamo hecho por 9 diputados regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes argumentaron que tal acto debió hacerse ante el parlamento estadal, como lo ordena el Reglamento Interior y de Debates.
Martín Tortabu fue uno de los coordinadores ejecutivos del Bloque Constitucional de Venezuela, un grupo conformado por jueces y magistrados eméritos del Poder Judicial, profesores universitarios en cátedras de derecho, presidentes de Colegios de Abogados del país, así como otros profesionales del Derecho, quienes publicaron diversos manifiestos con el fin de “rescatar el Estado de Derecho en Venezuela”. En esa misma coordinación estuvo Perkins Rocha, vicepresidente del Comité de Postulaciones que nombró al flamante magistrado en el cargo.
Elenis Del Valle Rodríguez Martínez
Edad: 54 años
Abogada conocida por su trabajo en la defensa de derechos humanos. Es presidenta de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (Fundeci), a través de la cual ha llevado casos como el de Bassil Da Costa, asesinado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 12 de febrero de 2014 en la parroquia Candelaria, cuando fue emboscado durante una protesta de oposición. La misma organización se ha hecho cargo de la defensa del dirigente político del partido Avanzada Progresista Carlos Melo, y de presos políticos como el coronel José Gamez Bustamante, el ingeniero Juan Miguel De Sousa, y los ciudadanos Carmen Gutiérrez, Franklin Hernández, Betty Grossi y Andrea González, quienes están siendo acusados por el gobierno de Nicolás Maduro por Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo.
Desde hace varios años, Rodríguez ha sido parte del partido Primero Justicia. Con la tolda amarilla se ha desempeñado como secretaria nacional de Justicia en la Calle, entre 2007 y 2009, y como coordinadora de Derechos Humanos de la fracción, un cargo que ocupó al menos hasta 2014. Este año se encargó de la defensa de los hermanos Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez, dirigentes de Primero Justicia detenidos en abril pasado.
Cioly Janette C. Zambrano Álvarez
Edad: 55 años
Egresó como abogada de la Universidad de Los Andes en 1985. Cursó una especialización en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), así como un diplomado de Derechos Humanos en Salamanca, España; es magíster en Derecho Agrario y doctorado en Ciencias Jurídicas. Es parte del bufete Zambrano & Asociados del estado Mérida e hija de su fundador, Ramón Eladio Zambrano Mora. Dos de sus hermanas, Alba Mayita y Carol Edith, también laboran en el escritorio jurídico.
En 1988, Zambrano fue primer co juez del Juzgado del Distrito Campo Elías de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y durante los 90 fue miembro suplente de la junta directiva del Colegio de Abogados de la entidad. Entre 2005 y 2006, fue apoderado judicial del juez temporal de Primera Instancia Agrario, Laboral y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la sede de El Vigía.
En los últimos años, se ha desempeñado fundamentalmente como asesora laboral y legal de empresas de Mérida y Caracas.
Sala de Casación Penal
Pedro Troconis Da Silva
Edad: 52 años de edad.
Es el actual coordinador del Foro Penal Venezolano en el estado Lara y está considerado como uno de los abogados penalistas más costosos de la región. Es Magister Scientiarum en Derecho Penal y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto.
En los últimos años, Troconis ha sabido labrarse una reputación como defensor de presos políticos y de quienes son víctimas de la represión y las detenciones arbitrarias durante los períodos de protesta. Durante 2014, como miembro de Foro Penal, denunció que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) manipuló las pruebas de los ataques con armas de fuego que sufrieron un grupo de estudiantes que protestaron en la capital larense. Este año, bajo la misma investidura, ha reclamado que casi una veintena de guardias nacionales no se ha puesto a la orden del Ministerio Público pese a tener orden de captura por el asesinato de tres manifestantes.
Sin embargo, el nuevo magistrado ha tenido una cartera de clientes de mala fama. En febrero de este año, representó a Gilson Mauricio Barroeta Flórez y a otras dos personas ante los Tribunales de Barquisimeto, estado Lara, luego de que fuesen detenidos por su presunta participación en la extorsión de un ciudadano. Barroeta Flórez es, supuestamente, socio de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores, los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, que fueron condenados a prisión por la justicia estadounidense por conspirar para traficar droga en el país norteamericano. Al ser interrogado por Runrun.es, Troconis negó la relación de su cliente con los familiares de la esposa de Nicolás Maduro y aseguró que uno de sus defendidos había sido víctima de una trampa. Incluso indicó que se anularon todas las actuaciones efectuadas por los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) por irregularidades en la detención y en la investigación. Esto no era cierto. El socio de los sobrinos seguía detenido al momento de la publicación de ese trabajo.
Más escandaloso aún es que, entre los años 2005 y 2006, haya sido uno de los abogados defensores de Yonny Bolívar –el hombre que asesinó a Adriana Urquiola en medio de las manifestaciones de 2014– quien para aquel entonces había sido sentenciado a 23 años de prisión por los delitos de secuestro con agravantes genéricas de la responsabilidad penal, usurpación de título militar, ocultamiento de arma de fuego, aprovechamiento de acto falso y obtención de pasaporte por falsedad ideológica.
Alejandro Jesús Rebolledo
Edad: 49 años
Especialista y magíster en Derecho Penal y Criminalística. Doctor en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Penal. Profesor universitario en diversas casas de estudio caraqueños y fundador de la Cátedra de Prevención de Legitimación de Capitales en la Universidad Central de Venezuela. Ha sido certificado por numerosas instituciones internacionales como experto en lavado de dinero, razón por la que se ha convertido en conferencista y asesor de empresas en esa materia, así como en autor de libros que versan sobre este problema. Es fundador y director del Instituto de Altos Estudios Profesionales y del Instituto de Altos Estudios de Derecho. Dirige su propio bufete de abogados llamado «Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados». Es editor-director de www.antilavadodedinero.com, y del blog «Legalmente hablando».
No es la primera vez que Rebolledo ejerce un cargo público. Fue juez y coordinador ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, así como director general del Senado del Congreso venezolano. También ejerció como diputado a la Asamblea Legislativa del estado Aragua y fue asesor de la Comisión Especial que investigó casos de lavado de dólares y corrupción para el extinto Congreso. Participó como co redactor de la Ley Para el Desarme, en el Código Orgánico Procesal Penal, el Código de Justicia Militar y el Código Penal. En los últimos años ha insistido en la necesidad de repatriar el dinero saqueado de Venezuela.
Sala Político Administrativa
Ángel Wladimir Zerpa Aponte
Edad: 56 años
Abogado –con una maestría en la Universidad de Glasgow, en Reino Unido– egresado de la Universidad Central de Venezuela. Hoy es profesor de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios y también de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad José María Vargas. Además, impartió clases en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público; allí, la fiscal general Luisa Ortega Díaz le otorgó un reconocimiento en 2009 junto a otros docentes. Es conferencista, expositor y autor de obras en materia penal y procesal.
Zerpa fue, durante 10 años, juez Superior Titular Penal en la Corte de Apelaciones Penal del Circuito de Vargas, en el tribunal de 1a. Instancia Penal de esa misma entidad, y en la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas. En 2010 fue suspendido de su cargo «sin que la Jurisdicción Disciplinaria Judicial haya decidido al fondo la causa», dice en su perfil en Linkedin. La sanción fue impuesta por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia por «no acatar la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional en materia de prescripción de casos relacionados con delitos contra los derechos humanos». Esto se debió a que, junto a otros dos jueces –los magistrados José Alfonso Dugarte y Juan Carlos Villegas– de la Sala 9 de la Corte de Apelaciones de Caracas, cerró la investigación contra el ex ministro de la Defensa, general (r) Italo del Valle Alliegro, por su presunta responsabilidad en los sucesos de 1989.
Su nombre también apareció en el caso de Linda Loaiza. En 2001, fue él quien –siendo juez 18 de Control de Caracas– dictó la medida de casa por cárcel al agresor, Luis Antonio Carrera Almoina, así como su retorno a la cárcel. Sin embargo, antes del traslado al Internado Judicial de El Rodeo, el acusado se fugó del apartamento de Los Palos Grandes donde cumplía la detención domiciliaria. Por esa razón, Zerpa Aponte fue suspendido.
Recientemente, fue uno de los abogados que pidió a la Fiscalía el enjuiciamiento de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ luego de que dictaran las sentencias 155 y 156 que disolvieron la Asamblea Nacional y allanaron la inmunidad de los diputados.
Antonio José Marval Jiménez
Edad: 55 años
Abogado especializado en Derecho Penal y Criminología y profesor de la Universidad de Carabobo. Es miembro de la ONG Foro Penal Venezolano en Carabobo y parte del equipo encargado de la defensa del diputado de Voluntad Popular, Gilber Caro, y de la activista Stacy Escalona, quienes fueron apresados juntos el pasado 11 de enero en Naguanagua en medio de un proceso con múltiples violaciones. Ambos están siendo juzgados por un tribunal militar por los delitos de «traición a la patria y sustracción de efectos militares».
A mediados de los años 90, Marval fue el director de Prisiones del Ministerio de Justicia. Durante su paso por el cargo, ocurrió un trágico incendio en el penal La Planta de Caracas, donde 29 presos murieron carbonizados y otra veintena resultaron heridos. Al ser cuestionado por el hecho, Marval responsabilizó a la policía militarizada que custodiaba la cárcel de haber cometido una «horrorosa masacre», pues habían mantenido encerrados a los reos mientras las llamas consumían el sitio. Sin embargo, mantuvo la versión oficial de que el fuego se había generado por un motín cuando la población penitenciaria había insistido en que lo provocaron las bombas lacrimógenas que previamente les habían lanzado.
Sala de Casación Civil
Ramón José Pérez Linares
Edad: 71 años
Abogado y ex juez del Circuito Penal del estado Lara. Profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Fermín Toro, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad de los Andes. Fue presidente del Colegio de Abogados del estado Lara. En 2013, recibió la Orden Jacinto Lara en su primera clase, de manos del alcalde Alfredo Ramos.
Un año antes, en 2012, fue uno de los cinco miembros de la Comisión Electoral para las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Lara, comicios que se hicieron de cara a las votaciones presidenciales que se llevaron a cabo en octubre de ese año y que fueron ganadas por Hugo Chávez.
Pérez Linares, frecuentemente consultado por la prensa regional, ha condenado la actuación de los jueces de Lara en los casos de las detenciones arbitrarias de manifestantes, así como los casos en los que los civiles son procesados por tribunales militares. Igualmente, ha sido un crítico de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro.
Evelyna del Carmen D’ Apollo Abraham
Edad: 53 años
Abogada. Se desempeñó como juez Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y anteriormente, como juez de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas.
De ese último cargo mencionado, D’Apollo fue suspendida en mayo de 2000. Formó así parte de un grupo de más de 80 jueces en el país que fueron temporalmente inhabilitados por denuncias graves. En su caso y en el de otros jueces de la misma región, la medida se aplicó por su presunta vinculación con el tráfico de drogas, demanda que años atrás había hecho Carlos Tablante cuando era presidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid). Para ese entonces, D’ Apollo era presidenta de la Asociación de jueces de Vargas y se le relacionaba con el partido Acción Democrática. Meses después, volvió al ejercicio.
Gonzalo Antonio Álvarez Domínguez
Edad: 70 años
Abogado y profesor universitario. Su carrera como defensor privado la ha dedicado a casos del ámbito civil y laboral. Su nombre aparece vinculado al «Sierra Nevada», aquel buque frigorífico adquirido con sobreprecio de varios millones de dólares, a través de la Corporación Venezolana de Fomento, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Las irregularidades de la compra involucraron al ministro de Fomento de la época, Luis Álvarez Domínguez, a quien el recién nombrado magistrado asistió en 1980 cuando este interpuso, ante la entonces Corte Suprema de Justicia, un recurso de nulidad parcial contra la decisión del extinto Congreso de la República de hacerlo responsable política y administrativamente por la transacción.
Sala de Casación Social
José Sabino Zamora Zamora
Edad: 59 años
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Posee estudios de postgrado en Ciencias Penales y Criminológicas, así como en la especialidad de Procesal – Civil, que está cursando desde 1988, según su blog.
Zamora Zamora ha ocupado una serie de cargos públicos durante su carrera, tanto en las décadas de los 80 y 90 como en tiempos del chavismo. Los más recientes han sido sus labores de asesor jurídico de la Comisión Endógena del Concejo Municipal de Libertador, entre 2009 y 2010; de fiscal nacional electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), de 2006 a 2007; y de inspector nacional de tribunales, hasta 2006, trabajo que ejerció durante 20 años. Además, ocupó varias posiciones en el Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui (2003-2005), donde actuó como presidente, juez superior, juez rector e integrante de la Corte de Apelaciones.
Fue precisamente en esos años cuando Tarek William Saab, quien era candidato a la gobernación de Anzoátegui, lo acusó de estar inmerso en un caso de corrupción. En medio de su campaña, denunció que la máxima autoridad de la entidad, David De Lima, había violado todas las disposiciones de la Ley de Política Habitacional para regalarle a Zamora Zamora un apartamento ubicado en el Complejo Turístico El Morro, sector Aquavilla de Lechería, valorado en aquel entonces entre 100 y 150 millones de bolívares.
En la carrera del hoy magistrado no han faltado los títulos políticos. Si bien su intento por convertirse en diputado por Anzoátegui fracasó en 2010, una década antes sí había estado en cargos del Ejecutivo regional. Entre 1999 y 2000, el ex gobernador de esa entidad por el partido Patria Para Todos (PPT), Alexis Rosas –enjuiciado por presunta malversación de fondos y sobregiros presupuestarios –, lo convirtió en director de Cultura y en secretario privado de su despacho. Antes de eso, había asesorado jurídicamente al Congreso y a la Cámara de Diputados y había ocupado varios puestos en el Ministerio de Agricultura y Cría. Entre 1978 y 1983 fue concejal suplente del Distrito Aragua de Barcelona, en Anzoátegui.
Sala Electoral
Jesús Alfredo Rojas Torres
Edad: 54 años
Abogado, especializado en casos laborales.
Álvaro Fernando Rafael Marín Riverón
Edad: 60 años
Abogado. Abordó casos de índole laboral y fue apoderado judicial de Procesadora de Cobre Venezolano C.A. (Procoven) en los años 90. Durante los últimos lustros ha estado a las órdenes de la Contraloría General de la República y ha sido contralor de los municipios Sucre, de Aragua; Puerto Cabello, de Carabobo; y más recientemente de Baruta en Miranda.
Egresó de la Universidad Central de Venezuela. Fue juez 8va de Control del Área Metropolitana de Caracas. Fue señalada por la ex jueza María del Carmen La Riva Ron de presuntamente pertenecer a una tribu judicial que “imponía jueces y amañaba expedientes”. Tiene cuenta en la red social 
