linchamientos

 

Los linchamientos no contribuyen a pacificar o hacer una mejor sociedad, sino que exacerban los comportamientos violentos de delincuentes y ciudadanos, en opinión de Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

El alto porcentaje de impunidad en los casos de homicidios, estimado por estudios del OVV en un 91%, la desconfianza en las autoridades policiales y judiciales, y el hastío y la desesperación de la población ante un Estado ausente en la tarea de proteger a las personas, “hacen que la sociedad reaccione fuertemente, y el resultado sea una sociedad más violenta”.

El linchamiento de un chef en Los Ruices, en Caracas, el pasado mes de abril, encendió las alarmas de una situación que se viene presentado desde hace varios años, extendiéndose cada vez más a diversas ciudades del país.

Resalta Briceño-León que el linchamiento ya no se da mayoritariamente en zonas pobres de urbanización informal donde no hay protección policial, sino que ha comenzado a aparecer en zonas de clase media. “En Caracas, estos hechos vienen ocurriendo tanto en los barrios como en las urbanizaciones, también en algunas avenidas principales y líneas del metro”, afirmó la profesora Iris Rosas, coordinadora del OVV Región Capital (UCV).

Las noticias en los medios y redes sociales sobre los linchamientos se han hecho frecuentes, mientras la Fiscalía General de la República ha informado las cifras de los cuatro primeros meses de 2016: en el país se han registrado 74 linchamientos de presuntos delincuentes, con el resultado de 37 personas muertas y 37 heridas.

De acuerdo con el OVV, ha ocurrido un incremento sostenido de los linchamientos desde los años 2004–2005, notable en el último año. Este aumento, señala Briceño-León, se explica por dos factores: “la gente decide que actúa para protegerse, de manera preventiva, adelantada, porque piensa que el delincuente volverá a cometer delito, a atacar. Por otro lado, decide tomar la justicia por sus manos porque piensa que el sistema de justicia penal no la aplicará”.

El director del OVV señala que la respuesta de las autoridades ante estos actos “es muy ambigua”, los condenan de palabra, pero, de acuerdo con los estudios del Observatorio, en la práctica los toleran. “La comunidad sabe que si solo captura a los delincuentes y los entrega a las autoridades, la impunidad prevalecerá y quedarán en libertad”.

La profesora Rosas ratifica que “desde el año 2014, los ajusticiamientos por robos se vienen informando de manera alarmarte y con opiniones de varios especialistas en la prensa nacional -en medios impresos y digitales-; sin embargo, se observa que el gobierno, quien debe garantizar el cumplimiento de la ley y la justicia, no parece tener una política acertada para atender con justicia la violencia en el país, ni una postura clara para controlar la situación de los linchamientos”.

Las encuestas realizadas por el OVV dan cuenta de que un tercio de la población venezolana no justifica el linchamiento y dos tercios lo justifican. “Hace unos años, los linchamientos se cometían contra personas que habían cometido crímenes horrendos, pero esto cambió. Actualmente observamos que el linchamiento se dirige a delincuentes menores, incluso novatos, porque la desesperación es grande y las personas están dispuestas a responder de forma violenta para protegerse”, señala Briceño-León.

Esta situación, de acuerdo con el análisis de la profesora Neida Albornoz, coordinadora del OVV Táchira (UCAT), es reflejo del debilitamiento del Estado de Derecho, que ha generado una profunda desconfianza de las personas, hacia los cuerpos de seguridad en general. “En Venezuela, basta con consultar periódicamente las páginas de sucesos de cualquier medio de comunicación y ver que los sucesos que principalmente ocurren están relacionados con los delitos de violencia interpersonal, en los cuales la información acerca de los victimarios y sobre la actuación de los cuerpos de seguridad es escasa y en cuanto a atención a la víctima, denuncia y estado de las denuncias, es casi inexistente”.

En este sentido, para el profesor Jesús Subero, coordinador del OVV Sucre (UDO), los linchamientos son la confirmación “del indiscutible  fracaso del sistema judicial del país,  su fallida y hasta sus inexistentes  políticas públicas propias, para garantizar la  seguridad y la vida a la población”.

Para el profesor Carlos Meléndez, coordinador del OVV Lara (UCLA), “detrás del linchamiento hay un sentimiento de venganza, miedo y rabia que termina condensándose en relaciones que más que pacificar o contener, elevan las condiciones de violencia delincuencial que tenemos en Venezuela. Si bien es cierto que ser víctimas del delito atenta contra nuestra integridad en todo su sentido, no nos hace merecedoras del título de victimarios. La convivencia a la que aspira una sociedad democrática es herida de gravedad cuando el linchamiento cada vez se expande en nuestra población. La contribución que podemos hacer como ciudadanos pasa por emprender otras acciones, que eviten por todos los medios la palabra violencia”.

La profesora Gloria Perdomo, coordinadora del OVV, concluye afirmando que “ninguna forma de violencia y violación de la ley es justificable, ni aún en  situaciones tan graves como las que actualmente  afectan a la sociedad venezolana. Ante el incremento creciente de hechos delictivos, y ante  formas tan graves y hasta primitivas de violencia como las que hoy se nos muestran, es necesario sacar lo mejor de nuestras reservas morales, promoviendo comportamientos cívicos y exigiendo a las autoridades que actúen con apego a los principios de justicia y legalidad, para que sea posible la paz y la convivencia social”.

 

 

El abogado experto en Derechos Humanos y profesor de las Universidades Central de Venezuela (UCV) y Católica Andrés Bello (Ucab), Jesús Ollarves, calificó como una forma de censura la decisión de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de prohibir a LaPatilla, a Caraota Digital y a todos los medios de comunicación publicar videos de linchamientos.

“Se trata de una restricción ilegítima a la libertad de expresión que refleja una vez más la política de censura, de la censura judicial por parte de la más alta instancia judicial para inhibir el debate libre y público de un problema de transcendencia nacional”, dijo.

Señala que con esta decisión el órgano judicial pretende abstener a la colectividad de “ejercer un debate franco sobre un tema de complejidad como es la reacción social frente a la impunidad”. Además acusó a la sala de “alcahuetear la incapacidad del Estado frente a la impunidad”.

A su juicio, el TSJ censura a los medios con la excusa de que el contenido de este tipo de información ‘causa intranquilidad o perturbación en la sociedad’. “Si ese artículo estuviese vigente (Art. 27 Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos) y que además se aplica artificiosamente en contra de la crítica política y ciudadana, el principal programa que debería salir del aire es ‘Con El Mazo Dando’ que es transmitido por VTV… Donde todos los venezolanos que adversamos a este Gobierno somos víctimas de expresiones estigmatizantes”.

Ollarves además rechazó que el ente judicial en lugar de condenar una situación que se está llevando a cabo en la sociedad venezolana ante la creciente impunidad, “tome una decisión como una herramienta política”.

Anudado a ello consideró que con tal decisión se viola lo referente a las libertades de formas de expresión haciendo uso de los medios de comunicación “sin que se pueda establecer censura” de acuerdo con lo estipulado en el artículo 57 de la Carta Magna así como los parámetros de la Convención Latinoamericana de restricciones legítimas que se deben dar en una sociedad democrática.

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la prohibición a todos los medios digitales la difusión de videos de linchamientos, tanto en sus páginas de internet, como en sus cuentas en redes sociales.

La sentencia N° 429/2016, publicada este miércoles 8 de junio, obedece a la demanda interpuesta por el abogado Juan Ernesto Garantón Hernández contra La Patilla y Caraota Digital para proteger los derechos e intereses difusos.

Para la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, los comunicadores sociales tienen el derecho de expresar periodísticamente un hecho noticioso y los usuarios y usuarias tienen el derecho de recibir una información adecuada, pero los derechos no les permiten crear “zozobra e incertidumbre” en la población, ya que el ejercicio de la comunicación social debe contribuir con el desarrollo integral del individuo y de la sociedad.

Puede leer la sentencia completa AQUÍ

 

Evoca la actual circunstancia de Venezuela, y no exagero, el tiempo de nuestra vergüenza patria: el del decreto de Guerra a Muerte de 1813 que lamenta luego Simón Bolívar, El Libertador, o el de la “guerra larga” o federal que emerge durante la segunda mitad del siglo XIX como anticipo de la extensa dictadura que se traga la primera mitad y algo más de nuestro siglo XX.

Apunto a la suma de homicidios – en número de 27.875, equivalentes a 90 por cada 100.000 habitantes – sucedidos el pasado año de 2015 y que son, como se sabe, la consecuencia de la colusión revolucionaria el narcotráfico desde agosto de 1999. Pero me mortifica, aún más – como lo expreso en mi columna anterior – el fenómeno de los linchamientos y hasta la quema de ladronzuelos en zonas urbanas, por los marchantes que a diario luchan por encontrar alimentos o medicinas que escasean severamente.   

Anomia y cisma constitucional, es decir, ausencia de la ley y su desconocimiento abierto y cabal por los mismos responsables de aplicarla son las características del momento venezolano; es lo que Émile Durkheim, en 1893, identifica como «un estado sin normas que hace inestables las relaciones del grupo, impidiendo así su cordial integración», como recién lo destaca el colega José Armando Mejía Betancourt.

Su contexto visible es una crisis económica y social sin precedentes históricos, bajo una suerte de milagro al revés susceptible de resumirse en pocas líneas: Chávez y Maduro dilapidan 2 billones de dólares, y casi la mitad – 890.000 millones de dólares recibidos de exportaciones de petróleo sin contar tributos, dividendos, emisiones de bonos – equivale al 70% de la renta petrolera normal venezolana durante 98 años.

Convencidos de que el ingreso petrolero es infinito y permite importar bienes de todo orden, confiscan y paralizan el aparato productivo no tradicional y al término, al caer los ingresos petroleros, les faltan las divisas hasta para adquirir lo más elemental. La inflación anual ponderada llega a 392% para enero reciente. Se proyecta a 750% para finales del año y, según el FMI alcanzará 2.200% en 2017 y se disparará hacia una hiperinflación del 13.000%, de no corregirse radicalmente la política económica de sesgo cubano imperante durante algo más de tres lustros.

Esta es la cruda verdad. ¿Qué hacer a todas éstas?  

Probablemente una guerra civil declarada tome cuerpo, como su represión por los colectivos del régimen, o la insurgencia militar, en medio de una confrontación entre soldados institucionales y soldados narco-socialistas. ¿Ocurrirá la renuncia del presidente en medio del caos; los tiempos del referéndum revocatorio en marcha le ganarán al ritmo de vértigo que nos lleva hacia el precipicio de la crisis humanitaria y el default? Nadie lo sabe.

Lo primero, convengamos, es ayudar a que la transición resuelva esta especie de Abraxas que marca nuestra dualidad existencial y constitucional con el menor costo posible, sin comprometer nuestro derecho a la democracia. Las opciones están sobre la mesa. No se excluyen. Todas a una deben hacer parte de la estrategia que apunte al cambio de gobierno. La tensa situación social y económica y su evolución habrán de determinar la viabilidad o no de ellas y su éxito.

Empero, para reconstruir a la nación e imaginar la Venezuela del futuro, es pertinente y de modo inevitable, volver a las raíces, sin que ello implique recrear lo imposible, es decir, el pasado, pues las variables constitucionales de la era corriente dominada por la virtualidad global serán inéditas sino distintas.

A lo largo de nuestra historia constitucional, que muestra 26 textos fundamentales o 28 si se incluyen el Acta de la Independencia de 1811 y el Estatuto Constitucional Provisorio de 1914, y salvo el programa constitucional de sabios equilibrios que representa la Constitución de 1961 – madre de nuestra república civil y la de mayor vigencia, casi 40 años – su evolución se nutre de mitos y de patadas. Entre simples circunstancias que motivan la mayoría de nuestras Constituciones – reformas a fin de asegurar la permanencia en el poder de nuestros gendarmes civiles o militares, todos populistas – lo determinante es el fondo que anima a las grandes corrientes intelectuales que nos hacen añicos como pueblo y tienen su peor emblema en el texto de 1999.

¿Acaso es llegada la hora de enterrar los mitos, incluido el colombino de El Dorado? ¿Será posible plantearnos la reinstitucionalización de nuestra Fuerza Armada en modo que los venezolanos alcancemos emanciparnos? ¿Seremos capaces de ponerle punto final al apalancamiento de la diarquía dictatorial de Maduro y Cabello por parte de las bayonetas, cuyos fueros privilegia Chávez hasta el momento de su muerte en La Habana?

@asdrubalaguiar

correoaustral@gmail.com

La llamada crisis institucional que hoy acusa Venezuela – montada sobre un subterráneo de miserias y violencia que busca salida y pronto la tendrá, sea por encontrar un drenaje ancho que la ataja y diluye, o por explotar como volcán hacia la superficie – no es tal crisis como lo creo; menos se trata de una crisis institucional.

Tras el aparente conflicto de poderes que observamos – el legislativo intentando cumplir con sus tareas de representación democrática y la corte de escribanos al servicio de la dictadura presidencial empeñada en castrar a la soberanía popular – y que algunos observadores aprecian de resoluble, tarde o temprano, mediante el uso de las reglas constitucionales o el paralelo ajuste de las capas tectónicas que chocan y hacen sismo, lo cierto, a fin de cuentas, es que sucede un deslave grosero de anomia política y social.

Presenciamos la ruptura de los lazos mínimos de identidad que nos hacen nación y república. Vivimos un momento de prostitución de los sacramentos mínimos del Derecho y la civilidad – formalmente respetados hasta por nuestros más ominosos regímenes militares del pasado – y que emula, lamentablemente, el tiempo de nuestra vergüenza: el del decreto de Guerra a Muerte o de la “guerra larga” o guerra federal del siglo XIX.

El linchamiento o la quema de una veintena de pequeños delincuentes desde enero, ante la mirada indiferente de marchantes, es síntoma inequívoco de lo dicho. Es más indicativo que las dolorosas hileras de viandantes a las puertas de mercados y farmacias, que avanzan hacia el cadalso cotidiano de nuevas frustraciones.

Hablar de crisis institucional o constitucional significa, en efecto, que los poderes de un Estado y en pugna recíproca, en alguna medida se mueven dentro de reglas de juego compartidas y cuyo cumplimiento, de buena fe, se asume como algo sustantivo. No meramente instrumental. Cumplir con la Constitución y las leyes, en la hipótesis, equivale a respetar a los otros. Pero ese no es el caso nuestro.

Hasta ayer los poderes públicos venezolanos simulan la vigencia de un orden constitucional mientras no les desafía el descontento popular. Esta vez ceden en la simulación y alegan la razón política revolucionaria para vaciar de total contenido al Estado de Derecho. La mentira y el fraude constitucional derivan en abierta inconstitucionalidad. Y la paradoja no se hace esperar. Los diputados de la nueva mayoría cumplen con la democracia y los jueces supremos del oficialismo, a su turno, les atajan. Arguyen que los primeros la violan y la verdad legal se hace difusa, priva el galimatías, y se deprime la sociedad venezolana. Unos y otros usan diccionarios distintos, como en una Torre de Babel.

La política, en fin, implica administración de realidades. Alguna realidad pronto y al término se impondrá, dará su veredicto, sin que nos movamos de nuestros asientos. Y como autistas nos seguiremos preguntando: ¿Cuál será nuestro futuro como sociedad que ya no es?

Tal dinámica, cabe decirlo, conduce hacia a un callejón sin salida: la explosión social, su represión por los colectivos del régimen, la insurgencia militar, el golpe de estado, el milagro de la renuncia del presidente, o que los tiempos del revocatorio le ganen al ritmo de vértigo que nos lleva hacia el precipicio de la crisis humanitaria y el default.

Dicho panorama o perspectiva pronuncia la tristeza, incrementa las frustraciones sociales a costa de la esperanza, niega la utopía realizable que empuje la voluntad de todos venezolanos hacia mejores derroteros; distinta que es, cabe aclararlo, de la utopía utópica, de las religiones laicas, de los dogmas revolucionarios que desde siempre incuban el desprecio por la dignidad humana.

Urge, pues, de otra perspectiva para el análisis y la acción. Hemos de imaginar y proyectar la Venezuela del futuro, sin reparar más sobre el futuro de Venezuela.

Hay que hacer posible lo deseable.

Luis Ugalde en su Utopía política nos plantea, al efecto, el reto de “esa desconocida realidad conocida que vamos buscando”; que debe servirnos de horizonte en la brega cotidiana, de referencia deseable y a la vez posible – más allá de la coyuntura del despotismo iletrado que nos desgobierna – como susceptible de permitir que la esperanza vuelva a instalarse en el corazón nacional.

Si medramos huérfanos de una narrativa que nos permita dibujar a la Venezuela del porvenir, en lo inmediato acaso cambiaremos iletrados por letrados, militares por civiles, revolucionarios por contra-revolucionarios, prehistóricos por modernos, camisas rojas por gorras tricolor, pero todos a uno serán igualmente déspotas y alimentadores de mitos, que otra vez han de volverse decepciones y mudar a la política en oficio de mentirosos.

correoaustral@gmail.com

 

El arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Savino, se pronunció en contra de los linchamientos que han ocurrido durante las últimas semanas en el país y exhortó a las autoridades venezolanas a detener la delincuencia y sancionar “debidamente según la Constitución y las leyes” a quienes incurran en delitos.

El cardenal calificó estos hechos violentos como “inaceptables” y de “gran injusticia” porque se castiga con muerte delitos menores y algunas veces se quita la vida a personas inocentes.

“Comprendemos que los ciudadanos honestos y trabajadores se sientan molestos por la impunidad de que gozan muchos delincuentes en la actual situación del país. Esto es en parte responsabilidad de los diversos órganos del poder público, que tienen la gravísima obligación de proteger la vida y los bienes de los venezolanos”, cita el comunicado del Arzobispado.

Finalmente, Urosa Savino instó a los ciudadanos para que non se dejen llevar por el odio ni la venganza. “¡No se conviertan en asesinos! Los delincuentes deben ser sancionados por el Estado de acuerdo a las leyes vigentes”, agregó.

 

Son muchos los problemas que vivimos en la Venezuela actual y donde no se ve por ningún lado la intención del Gobierno Nacional de darles una solución a pesar que todos los días escuchamos a los voceros oficialistas hablar de planes, motores y soluciones que la ciudadanía nunca ve hechos realidad, la verborrea de los voceros oficiales es otro de los muchos problemas que tenemos que vivir en nuestro día a día.

Al problema de la falta de comida, medicinas, luz, agua y la terrible inseguridad que vivimos todos los venezolanos, tenemos que agregarle uno nuevo que está completamente relacionado con la inseguridad y es el linchamiento de personas, en su mayoría delincuentes agarrados infraganti por la comunidad.

El tomarse la justicia por sus propios medios linchando a delincuentes, es definitivamente un delito para los que lo cometen, tipificados en nuestro Código Penal como homicidio o lesiones, depende de la modalidad que se emplee.

Cuando los vecinos de un sector sorprenden a los delincuentes cometiendo un delito de inmediato se unen para castigarlos con palos, piedras, puños y patadas. Cuando no hay intención de ajusticiarlos a tiros o quemarlos vivos, entonces los amarran a un poste para que escarmienten en público y todo el mundo los pueda reconocer.

Aún y cuando no comparto en lo absoluto esta nueva modalidad que se está empleando en nuestro país de linchamientos y que nos lleva a una situación de primitivismo al estilo de las historias que escuchábamos de niños del lejano oeste, es evidente que el desprestigio de nuestro sistema judicial es absolutamente responsable de que los ciudadanos no crean en la aplicación de la justicia, que dista mucho de lo que nos habla nuestra Constitución Nacional una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Según el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, en entrevista dada al Correo del Caroní en meses pasados decía “Eso (Los linchamientos) no contribuye a la pacificación de la sociedad, pero la falla la tiene el incumplimiento del Gobierno y del Estado en sus obligaciones”. El especialista asevero que la sociedad venezolana siente que no tiene protección y que no hay castigo para los delincuentes: “Esos dos son elementos claves para la construcción de la paz y el Estado de derecho”. Para Briceño toda respuesta a la violencia debe buscar no incrementarla, sino reducirla, “esa es la gran regla de prosperidad y mejoría social, si en la respuesta buscamos más violencia no se está en la dirección adecuada, las medidas deben tomarse en otra dirección. Es muy difícil explícaselo a la gente, más aún cuando no hay una actuación policial que brinde protección, la sociedad no siente que la policía está de su lado, cuando esto pasa, la sociedad empieza a decir lo hago yo por mi propia cuenta”.

Es completamente valido que la ciudadanía no crea en la justicia, no podemos olvidar que en los últimos 17 años se han implementado 24 planes de seguridad y todos han fracasado, incluyendo el último puesto en marcha, Operación de Liberación al Pueblo (OLP) que no ha cumplido con las expectativas de los ciudadanos, el hampa definitivamente le ha ganado esta guerra a las autoridades y sus planes.

El miedo a ser atracados o asesinados en cualquier calle del país, lo sentimos todos los que aquí vivimos, nos da miedo hasta ir a la esquina de la casa de uno por temor a que la delincuencia desbordada por todo el país nos llegue y tal vez nos mate, esto se agrava cuando vemos cifras de organismos internacionales donde dicen que Venezuela es el segundo país más peligroso del mundo y cuando revisamos cifras de organizaciones nacionales como el Observatorio Venezolano de Violencia que nos dicen que el 92% de los homicidios quedan impunes, el miedo se recrudece en todos, esto es que de cada 100 homicidios solo son atrapados 8 casos, los 92 restantes quedan impunes y solo 1 de estos 8 queda detenido, no hay castigo, solo impunidad.

Aunado a esta grave situación de linchamientos posteriormente vemos las grabaciones de estos hechos a través de las redes sociales y esto pareciera que activa el morbo de la población. Es posible que sea apología del delito como lo han manifestado algunos voceros del Estado como el Defensor del Pueblo, aunque desde hace mucho tiempo hemos visto en las redes sociales a delincuentes portando armas de guerra, fusiles, granadas y nunca hemos visto algún procedimiento de detención o investigación de estas personas.

El Estado venezolano ha demostrado su gran incompetencia en todo lo referente a seguridad ciudadana, no hay prevención al delito, el poder judicial es un desastre y el caos que se vive en nuestras cárceles no se puede ocultar con un dedo, la seguridad ciudadana ha sido un total fracaso y esto lleva a situaciones como estos linchamientos que se están presentando con mayor frecuencia últimamente.

La encuesta del Observatorio Venezolano de la Violencia, publicada en 2015, demuestra que 82% de la población no confía en la administración de justicia en el país y no está dispuesta a colaborar con las prácticas policiales. Igualmente según estudios realizados entre el 2002 y 2012 por la misma organización el 60% y 65% de la población venezolana aprueba estos métodos como mecanismo de castigo. El ajusticiamiento es la aplicación directa de la justicia por parte de las personas sin la mediación del Estado.

Llego el momento de despolitizar el tema de la seguridad ciudadana y darle soluciones a la población, hay que tomar en cuenta lo dicho recientemente por el Papa Francisco donde pide que el mensaje de amor de Jesús “se proyecte cada vez más sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que vive, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando formas de diálogo y colaboración entre todos”

Hay que buscar a las mejores mentes del país en esta área, que hay muchas, y construir una propuesta para darle a la población las soluciones que esperan, no podemos permitir que la población siga tomando la justicia por sus propias manos y se realicen este tipo de linchamientos.

 

@cnietopalma

cnietopalma@gmail.com

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, repudió hoy los linchamientos cometidos en las últimas semanas por ciudadanos en contra de presuntos delincuentes a los que capturaron cuando supuestamente cometían algún delito.

«La excusa de que porque existe inseguridad, un conjunto de personas se conviertan en asesinos seriales me parece totalmente antiético, reprochable y debemos advertir que no debe hacérsele propaganda», dijo Saab en una rueda de prensa.

El funcionario, que aseveró que está «en contra del uso de la justicia por mano propia», indicó que es «el sistema de justicia el que tiene que ser fortalecido y es al cual lo ciudadanos deben acudir».

«Hacer justicia por mano propia convierte a las personas que actúan en homicidas, en asesinos», añadió.

La declaración del defensor se hace luego de que se incrementara en las últimas semanas el número de denuncias de presuntos delincuentes linchados, o que fueron rescatados por las autoridades en medio de intentos de linchamientos colectivos.

A través de las redes sociales los usuarios han difundido vídeos que muestran a los presuntos delincuentes en medio de las turbas de personas recibiendo golpes en lo que incluso algunos han resultado muertos.

El defensor reiteró que «son asesinatos colectivos donde usted ve a un grupo de personas, incluso jóvenes y menores de edad, matando a un presunto delincuente».

Saab señaló que «lo que corresponde es que quien haya infringido la ley esté en manos del sistema de justicia venezolano y sea procesado por tal motivo».

Asimismo consideró que la difusión de estos vídeos por las redes sociales «hacen apología del delito y quienes lo hacen (…) terminan haciéndole propaganda».

El presidente de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño, aseguró recientemente que entre «el 60 por ciento o 65 por ciento de la ciudadanía está a favor de los linchamientos, y 30 por ciento o 35 por ciento no los ve como una solución para disminuir la delincuencia», publicó el diario local El Nacional.

Briceño viene insistiendo en este comportamiento desde hace meses. Ya en octubre de 2015 advirtió en una entrevista con Efe que «el linchamiento en Venezuela ha aumentado de una manera impresionante por el desespero de las personas y porque ha aumentado mucho más también la acción delictiva, porque hay más delincuentes».