El periodista tiene medida cautelar de protección otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Diversas organizaciones de prensa de Latinoamérica rechazaron por medio de un comunicado las intimidaciones contra el periodista venezolano Roberto Deniz por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
“Es un montaje judicial en represalia por su trabajo que pone en grave riesgo su seguridad y la de su familia”, reza el comunicado.
“Esta campaña de desprestigio es difundida a través de redes sociales y es liderada por cuentas asociadas al gobierno de Maduro. La intensidad de la campaña ha sido tal que se produjeron miles de tuits en contra del periodista Roberto Deniz y la etiqueta #Denizvendepatria llegó al primer lugar de Twitter en Venezuela solo horas después de iniciada la campaña”, señala el documento.
Debido al hostigamiento, Deniz, junto a otros trabajadores de Armando.Info, como Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk y Alfredo Meza, se vieron obligados a salir de Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Deniz y a sus familiares medidas cautelares para proteger su vida e integridad personal en 2020.
En noviembre del año 2017, Maduro aseguró que los dueños de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter lo tienen vetado
«Es más fácil dicho que hecho, especialmente si se quiere regular cómo funcionan las redes sociales, que es lo que tratan de dar a entender», declaró Andrés Azpúrua, director de VE Inteligente
@Andrea_GP21 – Foto: EFE/Rayner Peña
Nicolás Maduro sugirió a la Asamblea Nacional (AN) oficialista este miércoles, 28 de julio, aplicar “regulaciones bien estrictas” a las redes sociales, en las reformas que están discutiendo sobre la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte).
Durante una intervención que tuvo en el programa Con El Mazo Dando, que transmite VTV, Maduro expresó: “En la ley Resorte perfectamente entran regulaciones bien estrictas para que esas empresas trasnacionales, que abusan de los pueblos, tengan que cumplir estrictamente con esas regulaciones».
A juicio de Maduro, en el mundo existen regulaciones en las redes sociales que son «mucho más severas» de las que el chavismo espera aplicar en Venezuela.
“Les toca a ustedes tomar cartas en el asunto, estudiar la legislación, la proyección y el patrimonio que hay en el mundo. Van a decir que como somos una dictadura, vamos a poner regulaciones”, dijo.
Nicolás Maduro pidió aplicar “regulaciones bien estrictas” contra las redes sociales, luego de que fuese suspendida la cuenta de Twitter del programa de TV de Diosdado Cabello https://t.co/oIEcXmSeM7pic.twitter.com/8bKdOidl6a
Este nuevo exhorto de Maduro llegó luego de que se conociera la suspensión de la cuenta de Twitter de Con El Mazo Dando (@ConElMazoDando).
Al ingresar al perfil, aparece un mensaje que informa que la cuenta se suspendió por incumplir las reglas de Twitter.
«Suspendieron la cuenta del Con el Mazo Dando. ¿Qué habremos hecho? Si ya estamos sancionados por la UE. ¿Nos va a frenar eso? No nos conocen. Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana», advirtió Diosdado Cabello en la emisión del programa.
Cuenta de Con El Mazo Dando suspendida – Foto: Captura de pantalla
Posibilidad e implicaciones
En conversación con Runrun.es, Andrés Azpúrua, director de VE Inteligente, organización que lidera proyectos como VE sin Filtro y Conexión Segura, reiteró que no es la primera vez que en Venezuela se habla de aplicar regulaciones a las redes sociales.
«Es más fácil dicho que hecho, especialmente si se quiere regular cómo funcionan las redes sociales, que es lo que tratan de dar a entender», detalló Azpúrua a este medio.
Asimismo, consideró que a la administración de Maduro «se le hace muy difícil» presionar a empresas como Twitter y Facebook, que no están en Venezuela, para «operar bajo las leyes o normas venezolanas, cuando estas están sujetas a las normas de los países donde sí están establecidas».
«En parte, por estos estas razones, el gobierno nunca termina de decir cómo quieren regular las redes sociales», añadió.
En tal sentido, señaló que este tipo de acciones representan un riesgo para los ciudadanos, «porque lo que sí pueden hacer es darle justificación y expandir a algo que ya está ocurriendo, que es consecuencia, legales o no, por el ejercicio legítimo de nuestras libertades al usar RRSS».
Una amenaza recurrente
En noviembre del año 2017, Maduro aseguró que los dueños de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, lo tenían vetado.
Durante una jornada de trabajo realizada en Fuerte Tiuna, Maduro expresó en ese momento: «Me tienen vetado de las redes sociales», dijo.
En aquella oportunidad, también aseguró que plataformas digitales como Twitter y Facebook le tiene prohibido pagar publicidad para desmentir una supuesta campaña internacional que había contra su administración.
Asimismo, indicó que al menos 80% de los venezolanos poseen alguna cuenta en una de estas plataformas, por lo que reprochó que a los funcionarios de su administración y a su persona no se les permita utilizar estas redes como a cualquier persona.
Por otra parte, el 30 de marzo de 2021, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, dijo que presentaría ante la AN oficialista una propuesta para regular las redes sociales.
“En Venezuela hay instituciones y leyes que no pueden ser violadas por los contratos que haga una empresa. Por eso, vamos a elevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley por la actualización que se hará sobre la Ley Resorte”, dijo Ñáñez en declaraciones a Telesur.
Este anuncio llegó luego de que Facebook bloquease la cuenta oficial de Maduro por publicar información falsa sobre la COVID-19.
Según Ñáñez, estas modificaciones pretenden “blindar” la libertad de expresión de Maduro y de los ciudadanos que, a su juicio, ahora no tienen acceso a “información veraz” del gobernante en la red social.
Cito: “Lo que creo es que en una democracia, es realmente importante que la gente pueda ver por sí misma lo que los políticos están diciendo”. Esta afirmación la hacía para justificar las noticias falsas que los partidos pautan com propaganda paga.
En su informe más reciente publicado en marzo de 2021, Freedom House, ONG con sede en Washington DC que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, incluyó a Venezuela entre los países menos libres.
De acuerdo con el texto, Venezuela ha disminuido 40 puntos dentro del conteo de la ONG en los últimos 15 años.
Pese a que surgió alguna esperanza en 2019 cuanto el opositor Juan Guaidó asumió la presidencia interina y de la Asamblea Nacional, en el año 2020, Maduro recuperó la ventaja.
«A pesar del boicot de la oposición, se llevaron a cabo elecciones de la Asamblea Nacional fuertemente controladas, creando un nuevo organismo con una mayoría del partido gobernante. La vieja legislatura liderada por la oposición se mantuvo en un estado debilitado», señala el texto.
Tomando en cuenta todos estos aspectos y los anuncios de Maduro, a juicio de Andrés Azpúrua, «no se debe aceptar ninguna regulación que vulnere los derechos a la libertad de expresión, información, asociación ni la privacidad de los usuarios».
El club de países que violan la libertad de Internet
Freedom on the Net, que evalúa la libertad de Internet en 65 países de todo el mundo, informó que la pandemia de COVID-19, «está acelerando un dramático declive en la libertad global de Internet».
Por décimo año consecutivo, los usuarios han experimentado un deterioro generalizado de sus derechos y el fenómeno está contribuyendo a una crisis más amplia de la democracia en todo el mundo.
El informe señala al régimen de China como el pionero en este campo y «el peor abusador mundial de la libertad de Internet por sexto año consecutivo«.
Precisa que el régimen comunista ha bloqueado por mucho tiempo los servicios extranjeros populares y la «infraestructura técnica centralizada para permitir el control y filtrado generalizados de todo el tráfico que ingresa al país».
Por otra parte, denunciaron que autoridades rusas aprobaron una legislación para aislar al país de Internet internacional durante emergencias nacionales.
También, refieren que el puntaje de libertad de Internet de Myanmar se redujo en cinco puntos, ya que un apagón de Internet que ordenó el gobierno dejó al menos a 1,4 millones de personas casi sin acceso continuo desde junio de 2019.
Por su parte, de acuerdo con el informe, el gobierno de Irán limitó las conexiones para ocultar la respuesta violenta de la policía a las protestas masivas a fines de 2019.
De acuerdo con el informe, cuando la disidencia política y organizaciones cívicas se desbordan del ámbito en redes sociales en ciudades como Minsk, Jartum y Caracas, «los dictadores cierran las redes para sofocar cualquier llamado a una mayor democracia y derechos humanos».
Otro país que recurrió al bloqueo del internet y las redes sociales recientemente en el marco de una crisis política fue Cuba.
Desde el 11 de julio (fecha en la que estallaron históricas protestas contra el régimen cubano) y hasta el 14 del mismo mes el servicio de internet móvil quedó interrumpido
Después de esa fecha, aún hay dificultades constantes para acceder a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea con datos móviles como Whatsapp.
La periodista y activista Yoani Sánchez denunció el pasado 26 de julio un nuevo «apagón» en el internet de Cuba, en un contexto de la muerte de cinco generales en nueve días.
Mientras que en Venezuela, los bloqueos selectivos a páginas web informativas, servicios de streaming y redes sociales en momentos de alta tensión política no son de extrañar.
Es constante ver reportes de bloqueos de las redes, Youtube y otras páginas en días de noticias políticas impactantes, o cuando el líder de la AN opositora del 2015, Juan Guaidó, transmite sus discursos en streaming.
🛑 Bloqueado @YouTube en #CANTV durante foro “Transición en #Venezuela es Posible” con la participación de Juan Guaidó
Este es otro bloqueo táctico, que busca silenciar una declaración, noticia o evento específico mientras se difunde en plataformas de alto tráfico. #internetVEpic.twitter.com/PeGYMUqdmc
En Tinaco/Cojedes @salaprensaCantv por casi toda la tarde redes Sociales en el suelo, muchos puertos de datos bloqueados, me reportan que en Carabobo igual no mas bloqueo a la información. Como es la cosa a la Cubana. Viva Venezuela libre Carajo pic.twitter.com/980ZmM1DTJ
«No sólo han bloqueado los sitios web de medios no afiliados con el Gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos años, también han bloqueado plataformas de multimedia, de streaming y redes sociales en aras de limitar el acceso a las noticias», advirtieron.
La organización comparte constantemente alternativas a los ciudadanos para evadir los bloqueos del régimen al internet.
En el marco de esta ola de bloqueos, el gobierno de Maduro también ha restringido el acceso a sitios pornográficos, lo que el periodista y ciberactivista, Luis Carlos Díaz, calificó el pasado mes de abril como un tema de censura importante «tanto por el conservadurismo, como por la discrecionalidad».
El bloqueo de páginas pornográficas en Venezuela es un tema de censura importante tanto por el conservadurismo como por la discrecionalidad. El primer caso reportado fue en 2018 cuando el ministro de cultura se peleó con un actor porno venezolano que había ganado un premio.
En mayo pasado se produjeron 36 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela, «entre las que resaltan la intimidación, censura y amenazas», informó la ONG Espacio Público este domingo, jornada en que se conmemora el Día del Periodista.
«Solamente en mayo, registramos 36 violaciones a la libertad de expresión, correspondientes a 23 casos, entre los que resaltan la intimidación, censura y amenazas», escribió en su cuenta de Twitter la ONG, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios.
La mayoría de las víctimas fueron periodistas y medios de comunicación, señaló Espacio Público.
Por otra parte, la sección de Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela aseguró en la misma red social que nueve reporteros «han sido detenidos en lo que va de año, impidiéndoles hacer su trabajo».
Por eso, la CNP exigió respeto a los trabajadores de la prensa.
Por su parte, la oposición mostró su respaldo «a la labor de cada periodista que ha sufrido cada amedrentamiento» del Gobierno de Nicolás Maduro «y sus esbirros».
«Hoy en Venezuela no hay prensa libre porque Maduro le teme a la verdad», destacaron en Twitter.
En nuestro país ejercer el periodismo ha significado ataques, encarcelamientos, secuestros y violaciones de los DDHH.
Juan Guaidó acudió a esa misma red social para afirmar que, en Venezuela, «ejercer el periodismo ha significado ataques, encarcelamientos, secuestros y violaciones de los derechos humanos».
«Hoy queremos exaltar su labor y reconocerles la pasión por un oficio indispensable para la defensa de la democracia», agregó.
Sin mencionar ninguna de estas críticas ni los múltiples casos de violaciones a la libertad de prensa denunciados bajo su Gobierno, Maduro se sumó a la felicitación al reconocer «la hermosa y combativa labor que realizan las y los periodistas por defender la verdad de un pueblo que resiste y lucha por su dignidad»
Un informe de Ipys reveló que entre 2019 y marzo de 2021 se registraron 481 violaciones relacionadas con agresiones contra trabajadores de la prensa, categorizadas en 17 tipos de actos violentos
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) publicó en marzo de 2021 un comunicado en el que alegaba que se había registrado un aumento significativo de casos positivos y fallecimientos de comunicadores. Por tal motivo, la organización gremial solicitó a las autoridades sanitarias que los trabajadores de la prensa fuesen incluidos en el plan nacional de vacunación anti covid-19. Hasta la fecha no han recibido respuesta.
La medida de confinamiento impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro consideró solo a cuatro sectores prioritarios para la movilización, en los que no fueron incluidos los trabajadores de la prensa. Tampoco fueron considerados para el plan de vacunación iniciado en febrero pasado.
Hasta inicios de junio de 2021, las autoridades del CNP contabilizaban 120 trabajadores de la prensa contagiados y, al menos, 47 fallecidos a causa de la enfermedad.
“La naturaleza de nuestro trabajo es esencialmente social y exige mucha movilidad y contacto personal. Por ello, es imperativo que luchemos por la bioseguridad de nuestros colegas”, expresó el CNP en su comunicado.
Edgar Cárdenas, secretario general de la seccional Caracas, recordó que en situaciones de crisis como la generada por la pandemia, los ciudadanos requieren información oportuna, tanto de las campañas de prevención como de la vacunación, y de los hechos noticiosos en general”. Además, señaló que la Constitución no establece restricciones a la libertad de expresión, “ni siquiera en los Estados de Excepción”.
Organizaciones civiles, como Transparencia Internacional, han advertido que la pandemia ha sido utilizada por muchos Estados como excusa para el abuso del poder, abuso de discrecionalidad y de los derechos humanos.
La agudización de estos abusos y los riesgos a la salud a los que están expuestos los periodistas en Venezuela en medio de la pandemia, son un elemento que profundiza la ya crítica situación que enfrentan la libertad de expresión y la libertad de prensa desde hace poco más de dos décadas.
Solo entre enero y mayo de 2021, el CNP, a través de su Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios, contabilizó casi 100 ataques entre detenciones arbitrarias, amenazas, bloqueos, cierre de emisoras y diarios, confiscación de equipos, amedrentamiento, intimidación, hostigamiento y agresiones físicas, entre otros.
En un informe sobre la situación de Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que la libertad de expresión en Venezuela “sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años”. La organización que agrupa a medios de comunicación del continente, emitió una resolución en la que condena la violencia sistemática contra estas libertades y exige el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios.
De igual modo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Venezuela en el puesto 148 entre los 180 países que conforman su índice anual 2021 sobre libertad de prensa. Mientras que el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela, en su Bitácora de riesgos, publicada el pasado 21 de mayo, reveló que entre 2019 y marzo de 2021 se registraron 481 violaciones relacionadas con agresiones contra trabajadores de la prensa, categorizadas en 17 tipos de actos violentos.
Por su parte, Espacio Público reportó, al menos, 90 detenciones arbitrarias durante los primeros 10 meses de cuarentena por COVID-19, que afectaron a personas que denunciaron las precarias condiciones del sistema de salud o emitieron críticas sobre el manejo de la pandemia. De los aprehendidos, 28 eran periodistas. Además, entre enero y mayo de este año, documentó 189 violaciones a la libertad de expresión, es decir más de una por día.
Desde Miguel Henrique Otero hasta el embajador de Estados Unidos en Venezuela se han expresado sobre la toma del edificio por parte de la Guardia Nacional
El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, rechazó el embargo que ejecutó la tarde de este viernes, 14 de mayo, el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al edificio sede del medio de comunicación, ubicado en Los Cortijos, al noreste de Caracas. La acción fue parte del pago establecido en la sentencia del juicio por daño moral contra Diosdado Cabello en el que está involucrada la compañía.
“Lo que queda demostrado aquí es que el dueño del país es Diosdado Cabello. Los que negocian aperturas y condiciones o estabilidad jurídica en Venezuela está negociando con la persona equivocada porque la persona que manda es Cabello”, afirmó en declaraciones recogidas por El-nacional.com.
En la sede fue fijado un cartel de notificación que indica que el edificio cubre la cantidad de 141.501,24 petros del total de 237.000 petros que obliga a pagar el Tribunal Supremo de Justicia.
Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional, calificó el hecho como un ataque político. «Se acaban de robar una institución democrática (…) Lo que hicieron fue un desalojo. Nos invadieron el edificio y nos lo robaron», apuntó.
«Salen hablando de elecciones y de negociaciones y sucede esto (…) Viendo esto es imposible creer en lo que dice el gobierno y quienes se sientan a dialogar», añadió.
Para Juan Garantón, abogado del medio, la medida carece de legalidad. Informó que el pasado 10 de mayo se introdujo un recurso de revisión constitucional ante los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
«Esta es una cuestión en la que los magistrados deben pronunciarse, porque este abuso de autoridad que está ocurriendo aquí es delictivo, es una flagrancia, es un hecho punible (…) Esto no es aplicación de derecho ni de norma jurídica alguna. Esto es un vulgar delito que se está cometiendo contra el diario El Nacional y las personas que aquí se encontraban habitando en este periódico», enfatizó.
«No es embargo. Está tomado por la fuerza. No está aquí un juez, ni un abogado con una carta notificando el proceso. Aquí llegó la Guardia Nacional y tomó el edificio, sacando a toda la gente que trabajaba, que hacía su vida aquí», explicó.
Garantón acotó que a la fecha no ha recibido notificación sobre el plazo de pago que establece la sentencia, por lo que encontró ilógico la aplicación de la medida de este viernes.
El Colegio Nacional de Periodistas aseguró que el hecho fue otro acto de «liquidación de la prensa libre en Venezuela” y pidió al mundo mirar lo que sucede en Venezuela en materia de libertad de expresión.
Desde la Asamblea Nacional se condenó el embargo. «No podrán con 77 años de historias. Nuestra solidaridad con su directo, equipo directivo, periodistas y demás personal”, dice un mensaje publicado en la cuenta de la institución.
El presidente de la AN, Juan Guaidó, también manifestó su apoyo al medio y señaló que “la arremetida de la dictadura forma parte del esquema que han utilizado para aniquilar la prensa libre en Venezuela».
«No les fue suficiente la censura, negar el papel, la compra de medios por parte de testaferros, la persecución a periodistas y sus directivos. Utilizando a una justicia secuestrada, el régimen arrebata la sede de un medio que lleva más de 77 años informando con la verdad. Libertad de prensa y que se detenga la persecución son esenciales para lograr elecciones libres y justas. Por eso debemos presionar con la comunidad Internacional, nadie confía en la dictadura”, escribió en Twitter.
El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, se expresó vía Twitter sobre el hecho. “No es contra un edificio o sus instalaciones sino contra la libertad de prensa. Y sobre este acto violatorio cae toda la responsabilidad del régimen. No pueden haber elecciones libres y justas en Venezuela sin libertad de expresión”, se lee en el mensaje.
“La dictadura vuelve a arremeter, esta vez contra el histórico diario El Nacional. Si la comunidad internacional no asume compromisos claros con Venezuela, se repetirá el mismo resultado de las negociaciones anteriores. Solidaridad con sus dueños, trabajadores y periodistas“, comentó en Twitter el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara.
Expertos consideran que, pese a los esfuerzos independientes realizados para rescatar la comunicación y la información, en el país existe una gran cantidad de leyes y reformas que regulan el trabajo periodístico
Los periodistas e investigadores académicos Marcelino Bisbal, Luisa Torrealba y Andrés Cañizález coinciden en la necesidad de entender la información como un bien común, sobre todo en una sociedad como la venezolana en la que la libertad de prensa está seriamente amenazada.
Así lo dejaron saber los tres especialistas y autores durante la primera entrega de las “Jornadas de Libertad de Comunicación”, organizadas de forma conjunta, en el marco conmemorativo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, por el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, CIC-UCAB, y la Asociación Civil Medianálisis, con el propósito de evaluar el entorno mediático en el país.
El evento fue presentado por el director del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la UCAB, Gustavo Hernández y dirigido por León Hernández, periodista y coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, quienes juntos disertación sobre la mordaza, opacidad y manipulación del ecosistema mediático en Venezuela.
La información salva vidas
Si bien la libertad de prensa y la libertad de expresión constituyen el núcleo del mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, por considerar que estas libertades permiten el entendimiento mutuo para construir una paz sostenible, la periodista Luisa Torrealba, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, ININCO, profesora de pregrado y postgrado de la Universidad Central de Venezuela, UCV, resaltó el lema de este año de Unesco “La información como bien común”, a lo que agregó que “la información salva vidas” al relacionarlo con el contexto de la COVID-19 en el país.
Torrealba señaló que el gobierno de Nicolas Maduro se ha tomado la atribución de ser el único que brinde información sobre el comportamiento del virus en Venezuela, a través de actores del entorno político, lo que para la periodista son voceros no calificados.
Sentenció que es una lástima que un tema tan importante para la sociedad sea abordado de esta manera, comparó la actual epidemia de COVID-19 con la del virus H1N1, donde el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” era el que brindaba los datos actualizados en su portal web.
“El poder tener estadísticas completas y políticas de información para que los ciudadanos tomen las medidas adecuadas puede marcar la diferencia entre salvar vidas o no”, dijo.
Asimismo, la periodista afirmó que en el país ha prevalecido la opacidad con lo que ha sido el plan de vacunación nacional; sin embargo, destacó que la gestión de Maduro insiste en que, producto de las sanciones que se han aplicado al país, no hay recursos para la compra de las vacunas.
Ante ese pretexto, argumentó que en cambio hay una gran inversión en los mecanismos de defensa y propaganda para la causa de Alex Saab, y que esto ha sido develado gracias al trabajo de periodistas y medios de comunicación independientes.
Otros de los temas que abordó Luisa Torrealba fue la situación del conflicto armado en el estado Apure, con presencia de grupos irregulares provenientes de Colombia y que ha dejado un gran número de afectados quienes han tenido que huir para resguardar sus vidas, mientras la respuesta por el sector oficial es la detención de defensores de derechos humanos y de equipos periodísticos que intentaban mostrar lo que sucedía.
Acoso Comunicacional
La intervención de Marcelino Bisbal, director de la revista Comunicación, estuvo por su parte centrada en los distintos medios informativos que han reseñado la trayectoria del acoso a las comunicaciones, con una cronología amplia de las publicaciones que se han manifestado ante esta dura realidad y contra la cual han tenido que batallar los periodistas en Venezuela por más de 22 años.
Bisbal añadió resaltó el importante trabajo desempeñado hasta ahora por las diversas ONG en el país en el área de la investigación y de la libertad de expresión, como Espacio Público, dirigido por Carlos Correa, el Instituto Prensa y Sociedad y, coordinado por Andrés Cañizález, Medianálisis, con su enfoque de comunicación para la democracia.
Pese a los esfuerzos independientes realizados para rescatar la comunicación y la información, en el país existe una gran cantidad de leyes y reformas que regulan el trabajo periodístico.
Ante ello, el periodista e investigador asegura que “todo este marco normativo, intimidatorio, genera censura y autocensura”, asimismo afirmó que “no hay otro país en América Latina que cuente con tanta jurisprudencia y que regule de manera directa e indirecta el sector de las comunicaciones”.
El profesor Marcelino Bisbal preparó un texto que tituló Asalto Inminente, debido al hostigamiento por parte del Gobierno a la libertad de prensa. Entre sus líneas expuso que “la democracia no puede ser tangible sin la existencia de medios de comunicación libres e independientes de cualquier forma de poder y, especialmente, de la autoridad gubernamental”.
En este mismo sentido, Bisbal condenó que el proceso político que gobierna al país se ha dado a la tarea de desmontar y de asaltar al sistema comunicativo e implantar un nuevo orden comunicacional.
Desvanecimiento de la prensa escrita
Otro de los panelistas invitados a las “Jornadas de Libertad de Comunicación” fue el periodista e investigador Andrés Cañizález, miembro fundador y director de general de la Asociación Civil Medianálisis, quien recordó la importancia de los periódicos para la sociedad.
Cañizález recordó que, por años, los tabloides cumplieron la función social de organizar y contar los acontecimientos que se generaban en el país.
Advirtió que el fenómeno que implica la desaparición de la prensa escrita, no se trata de un accidente, sino de una decisión oficial del Gobierno de dejar al país sin información, y a su juicio, responde más bien a un interés político.
Informó que según el reporte del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), entre el año 2009 y 2013, desaparecieron 6 periódicos y, luego, entre ese último año y 2021 han cerrado 104 tabloides, de los cuales 50 se mantienen en formato digital de una página web y 3 de ellos informan por redes sociales.
Ante este claro golpe a la libertad de prensa, el periodista Andrés Cañizález, comentó que el Gobierno ha dejado a millones de venezolanos sin la posibilidad de contrastar con otra fuente lo que dice el discurso oficial, dejándolos a merced del espectro de radio y televisión pública, debido a la falta de internet y la televisión por cable.
Andrés Cañizález comentó que 10 estados del país no tienen ningún medio escrito, como los casos de Apure, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Zulia, Amazonas, Cojedes, Delta Amacuro. Para el investigador los periódicos que quedan en el país son de carácter simbólico.
Finalmente, Andrés Cañizález sentenció que “un país sin periódicos, sin prensa independiente, será víctima de la desinformación”.
Un audiovisual en el que se simula el funcionamiento de una sala de redacción de un medio independiente, compartido por Nicolás Maduro en Twitter, es la nueva arremetida contra la libertad de expresión. Expertos opinan que la intención es, además de desacreditar a los periodistas, abrir un nuevo capítulo a la censura
@loremelendez
Habían pasado 11 días de la liberación de los reporteros del canal NTN24, Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, quienes habían sido detenidos por la Guardia Nacional venezolana mientras cubrían el conflicto de Apure, cuando Nicolás Maduro publicó en su cuenta de Twitter un video que fustigaba, a través de una dramatización, la actuación de los medios de comunicación sobre el caso. En su mensaje escrito apeló al término “canalla mediática”, que popularizó Hugo Chávez durante sus 13 años de gobierno, y aseguró que esta había construido “un entramado de mentiras y falsos positivos en contra de Venezuela”, que atentaba contra la soberanía. En el video vino la otra parte del ataque.
La canalla mediática, a través de su teatro de operaciones de perversidad, construye un entramado de mentiras y falsos positivos en contra de Venezuela. Debemos estar alertas para salirle al paso a quienes pretenden atentar contra nuestra soberanía. ¡La Verdad y la Paz Vencerán! pic.twitter.com/cZ0LP4NbEe
El material significa un riesgo tanto para los medios aludidos como para los reporteros que allí trabajan. “Un video de esa naturaleza está pensado para descalificar o desacreditar a los periodistas y se hace desde el Estado. Cualquier empresa que se enfrente al Estado está en minusvalía”, advirtió Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, enfocada en la defensa de la libertad de expresión.
Se trata de una práctica vieja, indicó Correa, quien insistió en que Maduro suele usar las críticas a la actuación de sus acólitos para victimizarlos. “En el caso de Apure se usan esas cosas porque ha habido numerosas denuncias sobre la violación de los derechos humanos, que es lo que está ocurriendo en la zona (pobladores aseguraron que los militares asesinaron a miembros de una misma familia y los vistieron como guerrilleros, amén de los miles de desplazados por el conflicto). Eso está conectado a una estrategia de comunicación, a señalar que esas personas eran delincuentes. Uno ha visto esto como un patrón”, recalcó.
El experto subrayó que la situación se agrava porque la pieza se emite desde la figura de la Presidencia de la República y contribuye a que el hostigamiento, la autocensura y la censura previa estén presentes en el entorno de los medios de comunicación. Un mensaje de esa magnitud indica que “expresarse tiene costos y puede causar un efecto inhibitorio en los periodistas y medios, que son los receptores. Ahí es cuando dicen ‘vamos a cuidarnos’ y eso tiene un efecto de silenciamiento frente a una lógica de descalificación. Se busca que se silencien, que bajen su intensidad, que no sigan haciendo su trabajo”, acotó el defensor de derechos humanos.
Así se crea, añadió, un discurso que permite que se agreda a los reporteros en la calle y que disminuyan las garantías para ejercer el periodismo. “Si ataca el gobierno, hay que encender las alarmas. Ya sea (Jair) Bolsonaro, (Donald) Trump, (Daniel) Ortega, todas esas expresiones tienen más peso cuando desde el poder se hacen las descalificaciones”, completó.
Desde el más alto nivel
“Que lo haya divulgado Maduro deja claro que esto forma parte de una producción que se ha hecho desde el más alto nivel, o sea esto forma parte de una producción hecha por gente del alto gobierno”, dijo Andrés Cañizález, director de Medianálisis, organización dedicada al estudio sistemático de los medios de comunicación y el periodismo. “Cada vez estoy más convencido de que estos productos propagandísticos del gobierno se crean para darle un marco, un contexto, una narrativa a la minoría que sigue al gobierno. Darle a quienes siguen la gobierno la capacidad de tener respuesta ante lo que está ocurriendo”, agregó.
Esa necesidad de crear un relato oficial paralelo a la realidad tampoco es novedosa, recordó Cañizález. “Cada cierto tiempo, el gobierno toma alguna arista o problemática y la trastoca y reempaqueta. Aquí se ha representado lo que en teoría ocurrió en Apure para dejar claro que esto no fue de la manera en la que supimos que fue sino que se trató de una suerte de conspiración mediática. Esto es parte de ese discurso que cada cierto tiempo se instala para contar ese tipo de cosas. No es algo nuevo, lo llamativo es el nivel de producción que tiene el video (…) es una forma de borrar esas fronteras entre lo que realmente ocurrió y lo que el gobierno intenta hacerle entender a la gente que ocurrió”, apuntó.
Bol de temas
Para Cañizález, el video es una suerte de ensalada que mezcló varios temas. Por un lado, insistir en que Colombia es un “país generador de desestabilización en Venezuela”. “Eso no es nuevo (…) Nunca dicen que hay grupos armados colombianos actuando libremente en Venezuela, sino que hay todo el señalamiento contra el gobierno de Iván Duque” como financista de los medios venezolanos, explicó Cañizález.
Correa acotó que ese señalamiento es parte de una dinámica que se ha visto desde que comenzó este año, cuando se criminalizó a medios como Efecto Cocuyo, la radio de Fe y Alegría y hasta al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) por haber recibido fondos provenientes del gobierno británico. “Lo que uno observa es un despliegue de una estrategia de ataque contra medios independientes, emergentes, plataformas digitales”, indicó.
“Este video refuerza esa idea de que los medios no son independientes porque tienen financiamiento internacional. Eso, a la vez, se conecta con una gran discusión sobre lo que va a ser la Ley de Cooperación Internacional que ya está empezando a activarse en la Asamblea Nacional, pero en el caso de los medios básicamente lo que quieren reforzar es la tesis de que si los medios reciben financiamiento internacional, la pauta la pone el donante”, dice Cañizález.
Otro tema que se introduce, aunque de soslayo, es el de la ‘narcopolítica’, palabra que usa el periodista y activista colombiano asesinado en los años 90, Jaime Garzón, en un clip citado en el video. Allí declaraba que esa ‘nueva clase social’ se había apoderado de los medios de comunicación de su país y reclamaba que se necesitaba ‘gente con criterio en esas tribunas. “Siembran la duda sobre si hay una vinculación entre el narcotráfico y los medios, cosa que en los medios venezolanos no existe”, alertó Cañizález al referirse al extracto.
La militarización del lenguaje también se palpa dentro del audiovisual. No es casual que a la supuesta sala de redacción se le llame, “teatro de operaciones”, tal como se denomina a las áreas geográficas donde se desarrollan conflictos armados.
“El chavismo ha logrado militarizar la discusión pública, así como lo hizo con el tema electoral en donde se habla de batallones, unidades(…) El hecho de que se use ‘teatro de operaciones’ para mostrar una sala de redacción pues forma parte de esa lógica de militarizar la discusión pública”, afirmó.
El video cierra con la joven que cuestiona, y que está a favor del gobierno de Maduro, poniéndose una gorra con una estrella roja de cinco puntas estampada, símbolo del comunismo y el socialismo. “La chica es el punto disonante en todo el diálogo, la que pone los peros, la que está marcando el hecho de ser una periodista imparcial, en teoría, la que está siempre preguntando. Finalmente, la idea que tiene el gobierno es que esos partidarios suyos son los que pueden hacer buen periodismo, un trabajo profesional. Lo que nos dejan ver los medios del Estado en la práctica, es que supuestamente gozan de la absoluta libertad que les da el chavismo. Eso es otro foco de propaganda, de eso no cabe la menor duda”, concluyó Cañizález.
Pedro Jaimes estuvo preso durante un año y cinco meses, tiempo en el que lo interrogaron y torturaron, por haber tuiteado la traza aérea del avión presidencial en el que se trasladó Nicolás Maduro
Pedro Jaimes salió de su casa, ubicada en Los Teques, para ir a la panadería cuando se percató de un carro sospechoso fuera de su vivienda. Era blanco, como de taxista. Nunca lo había visto en la zona. Cuando llegó al negocio y miró a la calle, ahí estaba otra vez el vehículo. Pensó que se trataba de un secuestro.
Fue a hacer la cola para comprar un par de harinas en el supermercado y se le olvidó lo que había visto. Regresó a su casa sin contratiempos, pero cuando iba a entrar al estacionamiento, una camioneta blanca lo interceptó y de ella bajaron unos hombres con armas largas.
-¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? -Te vienes con nosotros.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo sacaron de su casa el 10 de mayo de 2018. Lo golpearon sin dar explicación, agredieron a su hermana y robaron todo lo que tenía en su casa. Los efectivos argumentaron que Pedro había publicado la ruta del avión presidencial en el que se trasladó Nicolás Maduro dos días antes, a pesar de que esa información era pública.
Pedro utilizaba sus cuentas para publicar información del espacio aéreo venezolano. Siempre lo había hecho, solo porque era algo que le interesaba y le gustaba hacer. Per cuando la situación en el país empeoró, publicaba información de tráfico, protestas y de lo que sucedía por la crisis.
Nicolás Maduro había anunciado un viaje al estado Aragua el 3 de mayo de 2018 y el publicó en su cuenta esa información, que era pública. No pensó que eso representaba un problema. Siete días después de eso, los agentes del Sebin lo fueron a buscar a su hogar.
Pedro estuvo preso por un año y cinco meses. Primero estuvo en la sede del Sebin de Plaza Venezuela, donde dormía sobre un escritorio de metal porque en el suelo abundaban los animales rastreros y utilizaba sus botas como almohadas. Esas semanas no tuvo noticias de su familia, ni pudo comunicarse con ninguno de ellos. Estaba aislado, sin ver la luz del sol, sin saber si era de día o de noche y sin alimentos.
Las marcas
Las torturas físicas y psicológicas empezaron el mismo día de su detención. Entre varios efectivos lo golpearon con un racimo de plátanos de un metro y medio que le partió una de las costillas. «Imagínate la fuerza con la que lo lanzaron, me pegaron como con un bate de béisbol». Después lo pusieron en cuclillas y uno de ellos se le fue con todo su peso encima en la espalda con su rodilla.
Esa vez perdió el conocimiento, pero las torturas no pararon los días siguientes.
Lo envolvieron con cartón y papel periódico para golpearlo con tubos y bates sin que dejaran marcas en el cuerpo. Lo golpearon en la cabeza repetida veces, lo que le causó problemas auditivos en el oído izquierdo. Lo amenazaron con violarlo con un palo de escoba que tenían.
Amarraron una bolsa negra a su cuello, cubrieron su cabeza, le echaron insecticida adentro y mantuvieron la bolsa varios minutos para que se ahogara. «Había mucho sadismo. Me pegaban corriente por la espalda para que no viera lo que iban a hacer y mi cuerpo no se preparaba para el corrientazo. No se lo deseo a nadie».
A Pedro también lo interrogaron para que diera las claves de sus cuentas personales de Twitter. Lo trasladaron al piso 10 del edificio, donde había una especie de sala situacional en la que había varios jóvenes sentados frente a una fila de computadoras monitoreando las publicaciones de las cuentas de personajes políticos para ver si emitían algún comentario contra Maduro. «Estaban entrenados para vigilar a través de las redes sociales”.
No sabe si fueron meses o semanas, porque le costaba medir el paso del tiempo, pero una noche lo trasladaron a El Helicoide. Todos querían saber quién era y lo investigaron para ver si era un funcionario encubierto porque, tras días sin estar en contacto con otras personas, llegó al sitio tratando de hablar con todos. «Yo estaba muy eléctrico, pensaban que era un periodista que les queria sacar información».
A Pedro lo encerraron primero en un cuarto blanco llamado «La Pecera» y que funciona como un lugar de hacinamiento. Nada más en esa celda había 12 personas. Cuenta que uno de los peores días que vivió en ese lugar fue cuando ocurrió el apagón nacional en marzo de 2019. Para él, sin tener idea de las horas que pasaban o de poder diferenciar entre el día y la noche, el apagón duró 15 días. Era tanta la oscuridad que la única forma de saber si estaba despierto era llevándose su mano a la cara para sentir algo.
La libertad
El proceso judicial del caso de Pedro Jaimes estuvo lleno de irregularidades. Su audiencia preliminar fue diferida siete veces y diez veces el juicio oral. Lo habían acusado de espionaje informático, revelación de secretos políticos e interferencia de la seguridad operacional. Pero su defensa, abogados de la organización Espacio Público, argumentaron que la acusación de la Fiscalía era ilegal y debía ser rechazada por el Tribunal, ya que la información que el tuitero compartió era pública.
De acuerdo con Espacio Público, el expediente de Jaimes muestra información forjada y evidencias que no relacionan causalmente con los delitos que se le imputaban.
Tras ser presentado en tribunales estuvo desaparecido durante 33 días, por lo que la primera solicitud legal fue un habeas corpus para garantizar la seguridad personal de Jaimes y tener fe de vida.
Múltiples organizaciones de la sociedad civil incluyendo a la internacional Human Rights Watch se pronunciaron por su caso. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en octubre de 2018 exigiendo al Estado que respetase el derecho de Pedro Jaimes a la salud, vida e integridad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar en octubre de 2018, pero fue ignorada por el gobierno de Maduro.
La noticia de la libertad llegó el 17 de octubre de 2019. Pedro estaba durmiendo cuando los funcionarios llegaron a su celda para pedirle que los acompañara. Al principio no quiso porque tenía miedo a donde lo fueran a llevar, pero obedeció por la insistencia. Solo tuvo oportunidad de recoger su Biblia y una imagen de la Virgen del Carmen, que lo acompañó todo el tiempo durante su detención arbitraria.
En las afueras de El Helicoide lo esperaba el equipo de Espacio Público y la orden era llevarlo, a él y a otros presos más, a la Casa Amarilla.
El Tribunal segundo de Juicio de Los Teques otorga libertad plena y declara la inocencia de Pedro Jaimes, tuitero que estuvo sometido a detención arbitraria en El Helicoide y a un proceso judicial lleno de irregularidades desde el #10may de 2018 #21Ene
El tuitero fue excarcelado por la comisión de la verdad de la ilegítima asamblea constituyente como parte del “beneficio procesal” reseñado en el «acuerdo» firmado entre partidos políticos minoritarios de oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Ocurrió luego de que Venezuela fuera admitida nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). El informe publicado por Michelle Bachellet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos, expuso las condiciones deplorables y torturas a las que son sometidos los presos políticos en Venezuela.
Lo primero que quiso hacer fue visitar una iglesia para visitar al Santísimo y darle gracias a Dios por haberlo ayudado a resistir tras las celdas.
Todo lo que vivió lo sigue afectando. Cuenta que todavía le cuesta escuchar el sonido de unas llaves que chocan entre sí porque durante su detención ese era el ruido que le indicaba en las madrugadas mientras todos los demás dormían que quizá iban por él, a hacerle quién sabe qué. Piensa que las heridas sanarán poco a poco.
El Tribunal segundo de Juicio de Los Teques, estado Miranda, le otorgó la libertad plena y declaró la inocencia de Pedro Jaimes el 21 de enero de 2021.
