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Espacio Público advierte incremento en ataques a la libertad de expresión durante enero de 2022
Espacio Público recordó que enero de 2023 inició con diversas protestas del sector público, las cuales han estado lideradas por el gremio de la educación

La ONG Espacio Público advirtió este lunes, 6 de febrero, sobre un incremento en los ataques a la libertad de expresión durante el primer mes del 2023.

De acuerdo con su reporte mensual, Espacio Público contabilizó 16 casos y 34 violaciones al derecho a la libertad de expresión de trabajadores, activistas, periodistas y la ciudadanía en general.

Según la organización, la cifra anterior representa un 166 % más casos que en el mes de diciembre del año 2022.

Durante enero, añade la ONG, se registraron 15 hostigamientos entre las 34 violaciones: 11 fueron de orden judicial y cuatro verbales.

Asimismo, advirtieron que la intimidación también fue frecuente, con nueve registros durante enero, seguida de cuatro actos de censura. 

En total, 15 periodistas fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión, bien sea por ataques verbales, acoso e impedimento de cobertura, junto con cinco trabajadores públicos que atacaron u hostigaron por protestar o criticar la gestión gubernamental.

Con respecto a los victimarios, al 14 de los 19 registrados se relacionan directamente con el Estado: siete instituciones, cinco funcionarios y dos cuerpos de seguridad.

Protestas en la mira

Espacio Público recordó que enero de 2023 inició con diversas protestas del sector público, las cuales han estado lideradas por el gremio de la educación.

Como método de amedrentamiento, grupos de civiles afectos al oficialismo amenazaron a quienes protestaron por mejores condiciones laborales. Uno de sus voceros declaró que solo miran y monitorean, pero que “a la hora de salir” no quieren “chilladera”.

Estos grupos civiles, según la ONG, agredieron el 19 de enero a trabajadores activos, jubilados y pensionados que protestaban frente a la Dirección de Salud del Distrito Capital, en la avenida San Martín de Caracas. 

También, funcionarios de seguridad del Estado tuvieron parte en las agresiones y violaciones a la libertad de expresión de trabajadores y sindicalistas en el mes de enero, con al menos tres casos de hostigamiento entre el 20 y el 22 de ese mes.

Impedimento de la labor periodística y hostigamiento

La organización señaló que el 12 de enero, funcionarios militares y policiales del Estado impidieron el paso a una protesta de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en Puerto Ordaz, a los periodistas Pableysa Ostos y Carlos Suniaga.

Por su parte, en Guárico, una funcionaria de seguridad del hospital Israel Banuárez Balza intentó impedir el trabajo de periodistas de Radio Fe y Alegría, La Patilla, Unión Radio, El Nacionalista y Venevisión que cubrían una protesta de trabajadores de la salud.

En cuanto a los actos de hostigamiento, la periodista Carola Briceño, su hija y su yerno fueron hostigados en redes sociales, por cuentas anónimas vinculadas con el oficialismo.

Con respecto al caso anterior, a los afectados se les acusó de “extorsionadores” desde el 11 de enero, por unos trabajos de investigación de El Nacional.

Espacio Público reporta 470 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 2022
El informe de Espacio Público señala que el año pasado, el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 80 emisoras en todo el país

La ONG Espacio Público reportó este viernes, 27 de enero, que en el año 2022 hubo 470 denuncias de violaciones a la libertad de expresión.

Según un informe preliminar de la ONG, las restricciones para buscar, recibir y difundir información «continúan siendo un patrón presente en el accionar gubernamental».

Asimismo, señalaron que la opacidad informativa en medio de la crisis humanitaria compleja constituyen un «obstáculo más en un contexto en donde no están garantizados los derechos fundamentales».

En ese sentido, la organización precisó: “En el 2022 se registraron 227 casos, lo cual representa una disminución del 7% con respecto al número de casos registrados en el 2021, siendo el año con menos casos desde el 2013, cuando se registraron 220 situaciones”.

Con respecto a las denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 2022, la censura ocupa el primer lugar en el registro, sumando al menos 199 incidencias, lo cual equivale al 43% del total de violaciones.

Por su parte, las restricciones administrativas3 (19%) hacia medios de comunicación y las intimidaciones4 (18%) a periodistas y demás trabajadores de la prensa durante el ejercicio de su labor fueron las más frecuentes.

De acuerdo con Espacio Público, desde abril de 2022 se reportó se experimentó un ascenso progresivo de casos, el cual alcanzó su punto más alto en los meses de septiembre (30) y octubre (46).

En cuanto al cierre de emisoras radiales, la ONG señaló que el año pasado, el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 80 emisoras en todo el país, lo que sitúa al 2022 como el año con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas.

También, las fallas de Internet estuvieron a la orden del día. Durante 2022, siempre según Espacio Público, se reportaron al menos 74 situaciones a nivel nacional.

Además, se contabilizaron 84 denuncias de impedimentos de cobertura, y 17 detenciones arbitrarias de trabajadores de la prensa.

Espacio Público registró 8 ataques a la libertad de expresión en diciembre
La censura, el hostigamiento y la amenaza fueron los principales tipos de transgresiones en el último mes del año

 

La ONG Espacio Público documentó ocho violaciones a la libertad de expresión durante diciembre en seis casos distintos, 25 menos que las registradas durante noviembre.

«Diciembre de 2022 cerró con seis casos y ocho violaciones a la libertad de expresión, siendo la censura, el hostigamiento y la amenaza los principales tipos de transgresiones en el último mes del año», divulgó la ONG este 10 de enero.

Explicó que dos de estos hechos afectaron a medios de comunicación, otros dos a periodistas y reporteros, y los dos restantes tuvieron como víctimas a la ciudadanía en general.

Entre los ataques a la libertad de expresión, destacan amenazas a periodistas en redes sociales a través de cuentas anónimas, así como otras registradas a la población en general por parte de funcionarios del Estado.

«El mes se inició con amenazas a la población en general por parte del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, a través de sus redes sociales, al exclamar que ‘crear alarmas y desinformación’ puede ser penado por la ley», expuso la ONG.

Además, la organización registró en diciembre el cierre de la emisora Sonora 107.7 FM, que funcionaba en el estado Portuguesa, por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Con respecto al cierre de estaciones radiales, hecho denunciado en los últimos meses por defensores de derechos humanos, Espacio Público subrayó que «al menos 80 estaciones dejaron de transmitir información en 2022 por órdenes de Conatel».

Agresiones signadas por la impunidad

Este miércoles, 2 de noviembre, a propósito del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) recordó que en Venezuela las agresiones contra los periodistas están signadas por la impunidad.

El Ipys señaló que los periodistas en ejercicio de su profesión están expuestos a vulneraciones como los ataques y las agresiones, las amenazas y los hostigamientos, las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos.

«Un total de 62 violaciones por discurso estigmatizante, 51 por ataques contra trabajadores de la prensa, 1 por detención arbitraria, 1 por desaparición forzada y 1 por asesinato se documentaron en Venezuela entre enero y el 27 de octubre de 2022″, resaltó el informe.

Al momento de mencionar a los principales victimarios de las vulneraciones ocurridas en el país en lo que va de año, destacan los simpatizantes oficialistas (con 20 casos), los cuerpos de seguridad del Estado (14), las alcaldías y dependencias (10), desconocidos (10) y el Legislativo nacional (07). 

Con información de EFE

Espacio Público documenta 128 casos de violaciones a la libertad de expresión de enero a agosto
La ONG detalló que la principal violación documentada fue la censura, con 89 registros (39 %), que contempla fallas generales del servicio de internet y cierres de medios de comunicación

 

La ONG Espacio Público informó que, entre enero y agosto de 2022, se registraron en Venezuela 128 casos de violaciones a la libertad de expresión, lo que representa 15 % menos con relación al mismo periodo de 2021. 

«El registro de casos alcanzó su punto más alto en enero (24) y posteriormente descendió hasta abril (8), cuando inició un aumento progresivo que se ha mantenido en los últimos cuatro meses», señaló la ONG en un informe publicado en su página web.

Espacio Público afirmó que, a pesar de esta reducción en el número de casos, las limitaciones para buscar, recibir y difundir información continúan «como parte de un patrón estructural».

Añadió que la principal violación documentada fue la censura, con 89 registros (39 %), que contempla fallas generales del servicio de internet y cierres de medios de comunicación.

Espacio Público registró el cierre de al menos 11 emisoras de radio en los estados Portuguesa, Anzoátegui, Guárico y Barinas.

La ONG reportó 50 interrupciones generales al servicio de internet, «lo cual supone un incremento del 284 % con relación al número registrado en el mismo periodo de 2021».

Intimidación a periodistas

Por otra parte, Espacio Público documentó 58 intimidaciones (25 %) vinculadas al impedimento a la labor de periodistas y reporteros gráficos en coberturas.

«Este tipo de situaciones se dieron regularmente en las inmediaciones de instituciones públicas o durante protestas sociales y tuvieron como principal victimario a los cuerpos de seguridad», apostilló.

Los periodistas fueron el mayor número de víctimas (34 %) en ese período, seguido de la ciudadanía en general (32 %), y en tercer lugar se ubicaron los medios de comunicación (20 %).

Entre enero y agosto, de acuerdo con la ONG, se registraron 14 «detenciones arbitrarias» por ejercer el derecho a la libertad de expresión, lo que representa una disminución del 44 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

El principal victimario fueron las instituciones del Estado (46 %), seguido de los cuerpos de seguridad (19 %) y funcionarios en el tercer lugar (18 %).

Gobierno silencia información de interés público

El 28 de septiembre, el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) destacó que la  política de control y hermetismo sobre los datos públicos en Venezuela persiste y estas irregularidades dificultan a los ciudadanos informarse sobre asuntos de interés colectivo.

En su balanceInformación pública en Venezuela: un derecho bajo control y silencio” identificaron al menos 35 violaciones al acceso a la información pública entre enero y el 27 de septiembre de 2022.

Este reporte se publicó a propósito del Día Internacional de Acceso Universal a la Información, que se celebra cada 28 de septiembre por resolución 38 C/57 de la Unesco.

El informe de IPYS Venezuela precisó que las limitaciones encontradas entre enero y septiembre afectaron a 57 trabajadores de la prensa: 43 reporteros, nueve reporteros gráficos y cinco camarógrafos.

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Con información de EFE

Espacio Público reporta aumento de intimidación a periodistas durante agosto
Al menos 10 de los 19 casos que la ONG registró en agosto se relacionaron con fallas de internet que afectaron a varias regiones del país

La ONG Espacio Público reportó un aumento de casos de violaciones a la libertad de expresión relacionados con intimidación contra periodistas durante el mes de agosto de 2022.

Durante el octavo mes del año, Espacio Público registró 19 casos y 27 violaciones del derecho a la libertad de expresión. De las violaciones, al menos 12 (44 %) fueron actos de intimidación y 9 fueron de censura.

Asimismo, 11 periodistas/reporteros fueron las víctimas más frecuentes y, en 8 oportunidades, se afectó a la ciudadanía en general.

En ese sentido, señalaron que el Estado se mantiene como el principal victimario y fue responsable de 85% de las violaciones que se registraron en agosto: 9 por instituciones del Estado, 5 por cuerpos de seguridad y 5 por funcionarios.

Asedio oficial a periodistas

Agosto inició con limitaciones a la prensa en Táchira. Un presunto funcionario del Hospital Central de San Cristóbal intimidó a la periodista Zulma López, corresponsal de Punto de Corte; y a la corresponsal de La Patilla. Buscaban información sobre escasez de vacunas BCG.

Al respecto, el funcionario les reclamó si tenían permiso para permanecer en el recinto y luego les tomó fotos a los carnets de ambas periodistas.

En otro caso, el 4 de agosto, el fiscal impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra la periodista Carla Angola por “instigar a la perpetración de un magnicidio” en una entrevista que hizo.

A su vez, el 9 de agosto, dos mujeres presuntamente vinculadas con la consultoría jurídica del Instituto Municipal de Vivienda de la alcaldía de Iribarren (estado Lara), intimidaron y le tomaron fotos al carnet de la periodista Yelitza Figueroa, corresponsal de Crónica Uno en la entidad.

 

También, ese mismo día, la periodista y propietaria del diario regional El Vistazo, Nilsa Varela, denunció por acoso, hostigamiento, violencia mediática y psicológica al director del medio Mundo Oriental, Sandino Paraqueima; al alcalde de El Tigre (Anzoátegui), Enrique Paraqueima y a tres directores de su despacho.

Por su parte, el 15 de agosto un miembro del equipo de trabajo del ministro de Turismo, Alí Padrón, empujó al periodista y corresponsal de Globovisión en el estado Mérida, Elvis Rivas, y trató de impedir que cubriera las declaraciones que daba ese funcionario en una visita a la capital de la entidad.

Activistas y medios también fueron víctimas

Espacio Público recordó que el abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos, Alonso Medina, fue retenido por funcionarios de Migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, durante al menos dos horas, el 24 de agosto.

Asimismo, el 29 de agosto la emisora regional Pentagrama 107.3 FM, de Bolívar, fue víctima de vandalismo y delincuencia en sus instalaciones por segunda vez en el mes. 

Internet

Al menos 10 de los 19 casos que la ONG registró en agosto se relacionaron con fallas de internet que afectaron a varias regiones del país.

El 4 de agosto el Observatorio de Internet Ve Sin Filtro reportó que un apagón llevó la conectividad en el estado Carabobo a 79 % de sus valores normales a las 7:50 pm. La falla se mantuvo al menos hasta las 3:00 pm del día siguiente.

También, desde las 6:30 am del 8 de agosto, y por 10 horas y 40 minutos más, hubo una caída de internet en el estado Cojedes y su conectividad se redujo a 43 % de sus valores normales.

Puede leer el reporte completo aquí

Espacio Público registra 28 violaciones a la libertad de expresión en julio
La ONG aseguró que el que acaba de terminar es el mes con más casos registrados en lo que va del año 

La ONG Espacio Público informó el 5 de agosto que en Venezuela se registraron 28 violaciones a la libertad de expresión durante julio, 7 más que en junio, cuando se computaron 21.

«En julio los casos relacionados con violaciones al derecho a la libertad de expresión aumentaron nuevamente, se intensificó el hostigamiento a periodistas y medios de comunicación, obstaculizando su labor y deber de informar a la ciudadanía y perjudicando a la población», dijo la ONG en su reporte mensual.

Detalló que se contabilizaron 20 víctimas en estos hechos y que 9 instituciones del Estado estuvieron involucradas como victimarios en estos hechos, junto con 5 cuerpos de seguridad y 5 funcionarios.

«46 % de las violaciones a la libertad de expresión en el mes estuvieron relacionadas con actos de censura, 13 en total. Registramos 6 hechos de restricción administrativa, 4 de hostigamiento verbal, 4 de intimidación y un hostigamiento judicial», apuntó la organización.

Tras ofrecer estos datos, la ONG aseguró que el que acaba de terminar es el mes con más casos registrados en lo que va del año.

Sobre los estados del país en los que se generaron estas violaciones, Espacio Público indicó que solamente en Cojedes se produjo el 20 % de los casos documentados. Allí fueron cerradas 4 emisoras radiales por presuntamente no contar con los permisos para funcionar.

El pasado 3 de junio, Espacio Público informó que los casos computados de violaciones a la libertad de expresión se redujeron algo más del 17 % en los 5 primeros meses de este año respecto al mismo periodo de 2021.

Intimidación, la violación a la libertad de expresión más común 

El reporte mensual de Espacio Público documentó 21 violaciones a la libertad de expresión en junio en Venezuela, 48 % de ellas correspondientes a actos de intimidación perpetrados contra periodistas, medios y ciudadanía en general

«El mes de junio cerró con 12 casos y 21 violaciones a la libertad de expresión (…) La intimidación fue la violación a la libertad de expresión más común al haber un total de 10 (48 % de las 21 violaciones), seguida por la censura (4), el hostigamiento judicial (4) y el hostigamiento verbal (3)», expuso la ONG.

Refirió que los victimarios más comunes fueron los funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado.

Puede leer también: 23 países denunciaron la falta de libertad de prensa en Venezuela

Con información de EFE

Espacio Público: Intimidación fue la violación a la libertad de expresión más común en junio
De enero a mayo de 2022, la organización registró un total de 82 casos de violación a la libertad de expresión, 17 menos en comparación con los 99 documentados en los primeros cinco meses de 2021

 

El reporte mensual de la ONG Espacio Público documentó 21 violaciones a la libertad de expresión durante el mes de junio en Venezuela, 48 % de ellas correspondientes a actos de intimidación perpetrados contra periodistas, medios y ciudadanía en general. 

«El mes de junio cerró con 12 casos y 21 violaciones a la libertad de expresión (…) La intimidación fue la violación a la libertad de expresión más común al haber un total de 10 (48 % de las 21 violaciones), seguida por la censura (4), el hostigamiento judicial (4) y el hostigamiento verbal (3)», expuso la ONG.

Espacio Público refirió que los victimarios más comunes fueron los funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado.

 

Puede leer también: 23 países denunciaron la falta de libertad de prensa en Venezuela

 

Asimismo, especificó que, por estos actos de violación a la libertad de expresión, hubo 17 víctimas: «8 particulares, 4 periodistas o reporteros, 3 medios de comunicación y 2 casos que afectaron a la ciudadanía en general».

El pasado 3 de junio, Espacio Público informó que los casos computados de violaciones a la libertad de expresión se redujeron algo más del 17 % en los cinco primeros meses de este año respecto al mismo período de 2021.

De enero a mayo de 2022, la organización registró un total de 82 casos, que son 17 menos frente a los 99 documentados en los primeros cinco meses del año pasado.

En enero, la organización registró 24 casos; en febrero, 19; en marzo, 20; en abril, 8; y, en mayo, 11 casos.

«En junio se evidenció que la persecución es política estatal, el atropello a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general por disentir o cuestionar el accionar de funcionarios públicos continúa», afirmó la ONG. 

 

Espacio Público reportó 14 violaciones a la libertad de expresión durante mayo
Los hechos estuvieron relacionados con censura, hostigamiento judicial e intimidación

 

14 violaciones a la libertad de expresión y acoso a la información se produjeron en mayo, según registró la ONG Espacio Público.

13 hechos estuvieron relacionados con censura, hostigamiento judicial e intimidación y uno con restricción administrativa.

Siete de los casos de violación a la libertad de expresión fueron propiciados por las instituciones del Estado. La principal víctima fue la ciudadanía en general (7 casos), junto con medios de comunicación, ONG o miembros de las mismas; y periodistas o reporteros.

Mayo inició con un caso de agresión a la periodista Leonor Argüelles por parte del concejal oficialista, José Sierra. Esto ocurrió en medio de una sesión del concejo municipal de Maracaibo en la que se discutía sobre el premio municipal de periodismo.

El 18 de mayo, tres funcionarios de la Policía del estado Barinas (PoliBarinas) hostigaron a una delegación de la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) mientras hacían un conversatorio sobre DDHH y una jornada médica en la Casa Cultural del municipio Obispos.

Mientras que el 16 de mayo se hizo público el inicio de un proceso penal por parte del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava; en contra de los activistas de DDHH Marino Alvarado, de Provea; y Alfredo Infante, del Centro Gumilla; por la presunta comisión del “delito de difamación agravada continuada”.

Internet en el piso

El 1°de mayo, el Observatorio de Internet Ve Sin Filtro reportó que el tráfico desde la operadora privada NetUno cayó más de 42 % respecto a los valores de la misma hora, una semana atrás. Posiblemente la falla fue ocasionada por problemas técnicos de la operadora o de sus mayoristas.

El 7 de mayo, la empresa estatal Cantv informó que debido a supuestas incidencias técnicas en una de sus plataformas había dificultades para acceder a internet en el país. La falla persistió hasta el día siguiente en varias regiones.

Entretanto, el 10 de mayo Ve Sin Filtro reportó un apagón en Barinas que afectó la conectividad en esa región; así como también en parte del estado Trujillo. Una semana después hubo una caída crítica de conectividad del proveedor privado Inter durante alrededor de 50 minutos, de acuerdo con el Observatorio de Internet. La falla afectó, principalmente, a los estados Yaracuy, Lara, Anzoátegui y Aragua.