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Cecodap sobre proyecto de ley de acoso escolar: La responsabilidad no debe recaer solamente en el centro educativo
«Hay muchas dificultades desde el punto de vista legal, con el vacío que dejó la nueva Ley Orgánica de Educación»

 

Este lunes, 28 de marzo, el educador, orientador y fundador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Fernando Pereira señaló que el problema del acoso escolar no es una responsabilidad que solamente le compete a los centros educativos.  

Sobre el proyecto de Ley que adelanta el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, indicó que valora que se visibilice el acoso como violencia, como una coacción inadmisible; pero que existe un problema de ritmo. 

«El fiscal ha hablado a través de las redes sociales sobre el proyecto, pero es tiempo de que podamos conocer los lineamientos de ese proyecto, que él comenta que está avanzando», dijo a través de una entrevista por el Circuitos Éxitos.

El director de Cecodap enfatizó que en un problema de acoso escolar están también involucradas las familias, por lo que no se solucionaría solamente sancionando a directivos de la institución donde ocurre el hecho.

 

*Puede leer también: Tarek William Saab presentará un proyecto de ley contra el acoso escolar

 

«Hacemos votos y esperamos con ansias leer las propuestas, y que el proyecto ofrezca alternativas. Que no se siga diciendo que esas situaciones deben mantenerse perennemente», dijo.

Colegios de manos atadas por vacíos legales

Sobre la actuación de los colegios en casos de acoso escolar, Fernando Pereira afirmó que los colegios en muchos casos denuncian y reportan casos de acoso escolar y son los órganos y consejos de protección o los distritos educativos los que no tienen respuesta oportuna.

«Muchos colegios privados se ven de mano atadas sobre tomar medidas disciplinarias por acoso en tanto que la Ley Orgánica de Educación dejó un pendiente, una deuda de muchos años sin definir: una ley especial para los aspectos que tienen que ver con la convivencia y disciplina escolar«, aseguró.

Fernando Pereira afirmó que hay muchas dificultades desde el punto de vista legal con el vacío que dejó la nueva Ley Orgánica de Educación, la cual incluyó una disposición transitoria en la que afirma que toda situación que tenga que ver con la disciplina en un centro educativo debe ser resuelta a través de medidas alternativas de conciliación y diálogo.

«En los casos donde hay una actitud de no colaboración de la familia, de hacerse los desentendidos ante el acoso, de no llevar al niño o adolescente un tratamiento o evaluación terapéutica, los centros educativos o los consejos de protección de la Lopna están de manos atadas y las medidas que se pueden tomar no son suficientes, lo que redunda en la protección de las víctimas», explicó Pereira. 

El fundador de Cecodap señaló que los colegios (si cuentan con la voluntad de los padres) pueden buscar alternativas de la ley, como por ejemplo, si hay lesiones físicas comprobadas, así como daños a bienes. Se puede aplicar también la  Lopna si hay algúb tipo de maltrato, lo que puede tener algún tipo de consecuencia.

AN de Maduro aprueba ley del parlamento comunal
La bancada opositora que está dentro de la AN salvó su voto y aseguró que la ley es contraria a la Constitución

Foto: ANTV

La Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro aprobó este martes, 13 de abril, en primera discusión la ley orgánica del parlamento comunal nacional, aunque no contó con la aprobación de la bancada opositora.

La diputada chavista Blanca Eekhout aseguró que la aprobación de ese proyecto permitirá tener una visión integradora en el país y «fortalecer» el principio de democracia participativa establecida en la Constitución.

«Estamos diciendo que en el centro de nuestro pueblo se construya un parlamento comunal», añadió en su intervención.

Aseguró que el objetivo del parlamento comunal es el de discutir los problemas de la cotidianidad y que sean de carácter vinculante. 

«Esta avalancha de gloria de nuestro pueblo a lo largo del país y de la historia solo puede convertirse, de manera directa, en poder, garantizando que el pueblo tenga los instrumentos y las herramientas que permitan ejercer el protagonismo», dijo.

Eekhout usó como basamento el hecho de que de acuerdo a la Carta Magna la soberanía reside de forma intransferible en el pueblo y debe ejercerla de forma directa a través de todos los instrumentos que garanticen su ejercicio pleno. Aunque las comunas no están establecidas en ningún artículo de la Constitución.

En contra del mandato popular

En nombre de la bancada opositora de la AN, el diputado Alexander Golindano rechazó este proyecto de ley y aseguró que va en contra del mandato expresado por los venezolanos en 2007. 

«La Constitución del 99 establece que Venezuela es una República, un Estado de derecho, justicia y democrático, que además reconoce la soberanía popular expresada a través del sufragio, la separación de los poderes y la supremacía de la Carta Magna. Entonces, mal nosotros pudiéramos aprobar una ley que va en contra de la Constitución y del propio mandato popular del venezolano”, explicó.

El parlamentario alertó que “esta ley aniquila la esencia misma de la Constitución, ofrecida por el propio gobierno como un modelo que supone su propia reforma. Nosotros nos preguntamos ¿es que acaso esta ley y su promulgación están por encima de la Constitución? ¿Esta ley va a cambiar la Constitución”.

Recordó que el proyecto de Estado comunal ya fue rechazado por los ciudadanos en el año 2007 “Y hoy la bancada del gobierno pretende ir en contra del pueblo venezolano y de la propia constitución al querer aprobar una ley que va en contra de la República”.

Con información de TalCual

AN de Maduro recibió proyecto de ley de eutanasia
Tarek William Saab ratificó ante el Parlamento que propone esta serie de leyes para “ampliar las leyes en materia de derechos humanos”

 

A casi dos meses de su instalación, la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro comenzó a construir dentro de las comisiones permanentes la agenda legislativa que marcará sus acciones este 2021. El Fiscal General designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, el Contralor de la República, Elvis Amoroso y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia presentaron el pasado 24 de febrero varias propuestas de ley que consideran deberían trabajarse.

Entre los proyectos de ley destaca la “Ley para optar a una muerte digna en caso de personas con enfermedades terminales o de extremo dolor permanente”. Esta ley, en otros países se le conoce como eutanasia.

La eutanasia, muerte asistida o suicidio digno es un procedimiento que no es bien visto por la iglesia católica, sobre esta nueva ley el Monseñor Hugo Basabe, Obispo de San Felipe y Administrador Apostólico de Barquisimeto fue enfático en rechazar la idea a través de su cuenta en Twitter. 

“El Ministerio Público propone un proyecto de ley de eutanasia como un “nuevo derecho humano”, pero no se preocupa mínimamente porque a los venezolanos se les garantice plenamente el derecho a la salud y los demás que le permitan vivir sanamente por parte del régimen que representa”, escribió Basabe.

Otros de los proyectos que fueron presentados son: la ley para la inclusión de nuevos Derechos Humanos, ley para sancionar delitos cometidos contra pescadores, campesinos, e indígenas para desplazarlos de sus tierras, ley para la defensa del ambiente y contra el maltrato animal, ley de responsabilidad empresarial en materia de Derechos Humanos y un proyecto de Reforma de la Ley del Ministerio Público.

Posteriormente, en su presentación de memoria y cuenta de este jueves, 25 de febrero, Saab ratificó ante el Parlamento que propone esta serie de leyes para “ampliar las leyes en materia de derechos humanos”.

En esa misma visita del 24 de febrero a la Comisión de Política Interior, Maikel Moreno, presidente del TSJ, dijo que proponían la Reforma a la Ley del TSJ, al Código Orgánico Procesal Penal y el Código Procesal Civil. Según una nota publicada en la página web de la Asamblea Nacional de Maduro, Moreno dijo que hay leyes no adaptadas a la Constitución y que existen más de 100 normas jurídicas con diferentes penalizaciones.

Tras recibir los proyectos de ley, Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Política Interior dijo que las propuestas serán “analizadas para luego ser aprobadas”.

*Vea la nota completa en El Pitazo

Vacaciones laborales no deben postergarse por la pandemia
Agotamiento, estrés, ansiedad, insomnio e irritabilidad son señales para hacer una pausa en el trabajo
Trabajar, comer, dormir y estudiar en el mismo lugar está afectando a las personas 

 

@Yeannalyfermin

 

Eduardo Martínez tiene nueve años trabajando para una importante empresa de alimentos en el país. El cargo que viene desempeñando desde hace dos años es de operador de producción, una función muy importante dentro de la organización. Desde que se anunciaron los primeros dos casos de coronavirus en Venezuela, el pasado 13 de marzo, Eduardo no ha dejado de trabajar, aún teniendo vencidas sus vacaciones laborales desde el mes de mayo. 

Para Martínez, padre de dos niños de siete y cinco años, dejar de trabajar nunca ha sido una opción. Su mayor preocupación siempre ha sido el tema económico, pero ahora afirma sentirse cansado, abrumado, desmotivado y con miedo de salir a la calle porque ya conoce varios casos cercanos que se han contagiado con COVID-19.

Eduardo afirma que quiere tomarse unos días de descanso porque siente que debe parar. Sin embargo, la empresa ha negociado con él para que las postergue porque él es personal esencial en la organización. 

En estos momentos de pandemia, donde muchos han perdido sus empleos por los estragos económicos que ha generado el coronavirus, hablar de vacaciones puede sonar descabellado y hasta absurdo, pero para una persona que mentalmente está agotada y estresada no lo es. 

A juicio de la psicóloga empresarial y profesora del IESA y la Unimet, Zoramar Oviedo, tomar vacaciones es importante para descansar la mente y desconectarse. 

“Si una persona ha bajado su productividad por estrés o ansiedad es necesario que tome un descanso -aún en estos momentos- para resetear la mente y volver a conectar”, afirmó Oviedo.

Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en los Estados Unidos, muchas personas están sufriendo por estrés, ansiedad, insomnio, irritabilidad y cambios anímicos asociados al trabajo.

“El tiempo de las vacaciones debe respetarse independientemente de la cuarentena impuesta para frenar la propagación del coronavirus y de si se está laborando en la oficina o desde casa”, afirmó el psicólogo experto en temas laborales, Ali Pellicer. 

Sobre el tiempo que debe tomarse para desconectar la mente del trabajo, el experto recomienda que el tiempo mínimo debe ser el establecido en la ley del trabajo.

Se aplica la ley aún en cuarentena

La licenciada en administración y especialista en Recursos Humanos, Jhoanna Laguna afirmó que pedir vacaciones es un derecho de todo trabajador. “Ya tenemos seis meses en pandemia y desde entonces muchas personas están trabajando ininterrumpidamente. Siempre y cuando el trabajador tenga su derecho vencido, puede hacer uso de sus vacaciones cuando lo desee”, dijo.

Laguna enfatizó que el ejercicio de las vacaciones es un acto saludable porque una persona que esté descansada, que se haya desintoxicado del trabajo, al momento de regresar, será una persona renovada que puede aportar mucho más al trabajo. 

Desde el pasado 9 de agosto, Nicolás Maduro anunció la extensión del estado de alarma, decretado en el mes de marzo, por la pandemia del coronavirus. Desde entonces, el pago y el disfrute de este beneficio se ha visto afectado, bien sea porque el patrón no se lo permite al personal, o porque la empresa no puede cumplir con los pagos por la situación económica. Sin embargo, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) es clara en su artículo 190: 

“Cuando el trabajador o trabajadora cumpla un año de trabajo para un patrono o una patrona, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince días hábiles…”.

Sobre el bono vacacional, la LOTT establece que “Los patronos y las patronas pagarán al trabajador o a la trabajadora en la oportunidad de sus vacaciones, además del salario correspondiente, una bonificación especial para su disfrute equivalente a un mínimo de quince días de salario normal más un día por cada año de servicio hasta un total de treinta días de salario normal.  Este bono vacacional tiene carácter salarial”.

La ley establece que el salario para el pago de las vacaciones y el bono vacacional, será el mismo salario devengado en el mes. En el caso de salario por unidad de obra, por pieza a destajo o a comisión, será el promedio del salario normal devengado durante los últimos tres meses inmediatamente anteriores a la oportunidad del disfrute. establecido en el artículo 121 de la LOTTT.

La experta en Recursos Humanos afirmó que el salario por vacaciones y el bono vacacional deben ser cancelados al inicio de las mismas. Laguna también explica que está permitido la acumulación de dos periodos vacacionales como máximo siempre y cuando sea conveniente para el trabajador.

¿Qué pasa con el teletrabajo?

En Venezuela la figura del teletrabajo no era tan común como en otros países, pero con la llegada de la pandemia fue un boom. Periodistas, médicos, empleados bancarios y oficinistas están trabajando desde sus casas, cosa que sería impensable en condiciones normales. 

Sin embargo, en el país todo se complica. Venezuela tiene la peor conexión a internet de toda América latina. Un estudio de Speedtest Global Index determinó que de 176 países, Venezuela ocupa el puesto 175 en el ranking de mala conexión. “Con solo 3,67 Mbps, sólo supera la conectividad de Turkmenistán, un país de Asia central que cuenta con 2,06 Mbps”.

A los problemas de conectividad se le suman también las deficiencias del servicio eléctrico, de agua, la inflación y la escasez de gasolina, problemas que afectan y dificultan la realización de cualquier labor desde casa. 

Patricia Gómez tiene 32 años, es diseñadora gráfica y desde hace cuatro años trabaja de manera freelance. Afirmó que trabajar desde la casa no le ha afectado porque ya está acostumbrada. Sin embargo, aseguró que se siente agotada y muy cansada. 

Patricia comienza su día a las ocho de la mañana revisando su correo electrónico para organizar los trabajos que debe entregar. Su madre, quien padece de artritis reumatoide y se le dificultan algunas tareas del hogar, le prepara el desayuno para que ella solo se dedique a trabajar. Lunes, miércoles y viernes, Patricia debe estar pendiente de abastecerse de agua porque es cuando el edificio bombea la que tiene en el tanque. La diseñadora se sienta a trabajar desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde tomando un breve descanso para preparar el almuerzo. A las cuatro retoma sus labores hasta las nueve y media de la noche y, a veces, dependiendo la cantidad de trabajo, se queda hasta pasada la media noche. 

Todos los sábados, Patricia se encarga de hacer las compras, ella prefiere encargarse de todo antes de que su madre salga a la calle por su enfermedad y por el temor a que se contagie. 

Atiende ocho clientes a los cuales les diseña cualquier tipo de arte. La joven afirma que antes del coronavirus ya no tenía vida social y que ahora es peor. “Desde que comenzó la pandemia el ritmo de trabajo no es el mismo, cada vez tengo más cosas que hacer aunque ello no se traduzca en mejores ingresos. 

A juicio de la psicóloga Zoramar Oviedo, trabajar, comer, dormir y estudiar en el mismo lugar está afectando a las personas generando ansiedad. 

Oviedo aseguró que el teletrabajo implica un ritmo de trabajo más alto, lo que tiende a disminuir la productividad de las personas. “Antes tenías el poder de decidir si ibas o no a una reunión, ahora no es así. Con el teletrabajo te lo imponen, mandan un email con fecha y hora sin saber si en ese momento tienes otras cosas que hacer”, dijo Oviedo.

Para Zoramar Oviedo establecer límites con el teletrabajo es muy importante: “Hay que tomar consciencia y ser responsable con los horarios de trabajo. Así como uno pone el despertador en las mañanas para levantarnos, así es necesario detener el trabajo”. 

El psicólogo Ali Pellicer afirmó que no todo del teletrabajo es malo, todo está en la disciplina y la organización.

Pellicer explicó que para sobrellevar el teletrabajo de una manera adecuada se deben realizar ciertas prácticas que facilitarán separar la vida personal de la profesional: 

– Establecer un área adecuada de trabajo, que sea iluminada, cómoda y que solo se use para trabajar.

– Respetar los horarios y evitar trabajar fuera del horario que estaba establecido cuando se estaba en la oficina. 

– Tomar descansos y respetar los horarios de alimentación tal y como se hacía antes de la pandemia. 

– Mantenerse en contacto con los compañeros de trabajo es importante para socializar y despejar la mente. 

– Alejarse de la tecnología.

– Hacer actividad física o cualquier otra que te haga sentir bien y te desconecte del mundo laboral.

Crímenes sin Castigo | Una nueva etapa para la FAN, por Javier Ignacio Mayorca
La llamada Ley Constitucional de la FANB impone a la institución militar las características planteadas por Hugo Chávez en el proyecto de Carta Magna que fue rechazado por el país en 2007

 

@javiermayorca

La llamada Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial el 30 de enero, implicará para la institución militar y para el país en general una serie de cambios que van mucho más allá de la mera elevación de la Milicia al grado de “componente especial”.

El texto, aprobado sin discusión alguna por la asamblea nacional constituyente, hace una caracterización de la Fuerza Armada que reproduce los términos de la reforma constitucional planteada en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez, y que fue rechazada en un referéndum.

En la nueva redacción del artículo 328, Chávez propuso una institución castrense antiimperialista, que ejecutara una particular interpretación de la “doctrina bolivariana”, que aplicara los principios de guerra popular de resistencia, y que no obedeciera a los intereses de “oligarquía alguna o poder imperial extranjero”. 

En el artículo siguiente, el mandatario propuso transformar la Guardia Nacional por Guardia Territorial, así como la inmediata creación de la Milicia Popular Bolivariana.

Según el expresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Luis Manuel Esculpi, esa propuesta “derrotada” posteriormente ha sido impuesta en cambios sucesivos a la legislación castrense, valiéndose de poderes habilitantes que fueron otorgados por la Asamblea Nacional en distintos momentos.

Al año siguiente del referéndum perdido por el oficialismo (2008), Chávez emitió un decreto ley que cambió el nombre de la Fuerza Armada, al añadirle el adjetivo de Bolivariana. Luego crearon a la Milicia Nacional (no popular) como una entidad de complemento a los componentes tradicionales. Ahora, la llamada Ley Constitucional la erige en el quinto componente de la FANB, algo que en la práctica ya era tomado como tal.

El artículo 1 de ese texto rescata todos los adjetivos del proyecto chavista: antiimperialista, antioligárquica, bolivariana. Y no menciona la primera característica citada en la Carta Magna, que es la esencia profesional de la FANB.

Esculpi sostuvo que el propósito de esta reforma es “colocar a la FANB al servicio de un proyecto de poder”. Ya no se trata de la concreción de un esquema ideológico sino la preservación del control del Estado con fines meramente prácticos.

Visto así, cobra enorme importancia la nueva figura instituida en el artículo 25 de esta norma, llamada zonas económicas especiales militares, que son áreas “donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles dirigidas por la FANB en unión cívico militar”. La designación de un territorio bajo esta condición es ahora potestad del Presidente.

Aunque Maduro pueda crear zonas económicas especiales militares en todo el país, para Esculpi las más importantes serán las que afecten la actual distribución de influencias en el Arco Minero. Allí, un grupo de generales del Ejército se disputa el control de las riquezas, al tiempo que la Guardia Nacional también ha ganado importancia como componente de vigilancia, mediante resoluciones de MinDefensa que expanden las jurisdicciones de dos destacamentos en Bolívar.

 

Ojos por doquier

En la nueva norma, los componentes castrenses acumulan en total 106 funciones. Esto representa un 55,8% de incremento con respecto a la ley implantada en noviembre de 2014. Todos los componentes sumaron atribuciones. Los más ambiciosos fueron la Armada y la Aviación, en ese orden. Paradójicamente, fueron las fuerzas que según Esculpi habían manifestado su mayor oposición a la gestación de la Ley Constitucional de la FANB.

Hay varios factores comunes en la nueva lista de funciones. En primer lugar, todos los componentes deberán “contribuir” con el sistema de inteligencia y contrainteligencia, en unos términos que no son especificados en la ley. Es cierto que cada fuerza tiene despachos de inteligencia y contrainteligencia, prácticamente desde que fueron creados. Pero entonces la búsqueda y el procesamiento de informaciones se orientaba hacia objetivos distintos, asociados a la vida castrense. Ahora, los militares tendrán la obligación de tender sus miradas hacia la sociedad. Y este deber comprometerá especialmente a los milicianos, que están imbuidos en los consejos comunales y en los despachos del Estado, a través de los llamados cuerpos combatientes.

La Fuerza Armada, además, extenderá su radio de acción hacia todo lo relacionado con la seguridad ciudadana. Los cuatro componentes tradicionales tienen ahora atribuciones de policía administrativa y de investigación penal.

Frente a esta situación, cabe preguntarse qué hará la Asamblea Nacional. Según el presidente de la comisión de Defensa, Eliézer Sirit, los diputados fijarán posición sobre el tema durante la próxima sesión.

En su criterio, se trata de una ley inconstitucional, que “destruye el profesionalismo de la Fuerza Armada, dándole responsabilidades a gente que no se ha preparado para eso”.

Aclaró que los diputados no podrían derogar la ley, puesto que se trata de un texto emitido por un cuerpo distinto del Parlamento, que en su criterio carece de validez. No obstante, ante la realidad concreta de que regirá la vida militar, lo más probable es que se apruebe un acuerdo en rechazo a la norma y al mecanismo puesto en marcha para su aprobación.

 

Breves

*En 2019 fueron reportadas 4953 muertes en 5179 casos de “resistencia a la autoridad”. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, confirman que los cuerpos policiales y militares, tomados como un todo pues se trata de agentes de la fuerza pública, se han constituido en el principal factor de violencia letal en el país. El número de muertes representa más del 43% de los homicidios registrados durante el año recién finalizado. La Policía Nacional Bolivariana, dentro de la cual se inscribe la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), es la institución cuyos funcionarios se han involucrado en la mayor cantidad de fallecimientos durante 2019, con 1818. Le sigue la policía judicial, con 1167. Los cuerpos uniformados regionales y municipales acumularon 1420, y los componentes de la Fuerza Armada Nacional participaron en 548. A partir de octubre, es decir, luego del segundo informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la actividad letal de los organismos policiales y militares disminuyó en forma consistente.

*Desde diciembre de 2019, la policía judicial procesa la denuncia sobre una interesante modalidad de extorsión. Comienza con el anuncio de una gestoría para la renovación de pasaportes vencidos. El servicio se plantea como una solución para los que han emigrado a países como España o México, y que pretenden regresar por temporadas a ver a sus familiares. El gestor convence a las personas para que envíen el documento a la oficina de un conocido servicio de encomiendas en Cúcuta. A partir de ese momento, solo se comunica con los remitentes a través de un número del sistema de mensajería WhatsApp, y les pide una espera de un mes a mes y medio. Ya los clientes han cancelado por adelantado la suma de 250 dólares. Luego, el gestor incumple su promesa, y exige un nuevo pago por 400 dólares. Ante los reclamos, dice que no puede devolver los pasaportes debido a que supuestamente están en poder de sus jefes. Debido a las presiones y denuncias previas, el hombre tuvo que salir del país. Dejó a su mujer y a su hija a cargo de las operaciones. Según las denuncias, los pasaportes de las víctimas son llevados a un local de Turén (Portuguesa), que funge como centro de operaciones de este grupo.

PwC Venezuela:  Ley sobre Impuesto a los Grandes Patrimonios debe manejarse con cuidado

LA FIRMA CONSULTORA PWC VENEZUELA dio a conocer a través de una serie de eventos el alcance de la nueva Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en Gaceta Oficial el pasado 3 de julio de 2019.

La nueva ley conlleva un significativo impacto en el patrimonio y en el flujo de caja para empresas y personas naturales catalogados por el SENIAT como contribuyentes especiales, debido a que los cambios efectuados se asemejan a una reforma la cual establece que los contribuyentes generarán el primer período de imposición el 30 de septiembre de 2019, el cual deberá ser declarado y pagado entre octubre y noviembre del año en curso.
 
El abogado y experto en materia fiscal y tributaria José Javier García, recomendó a las personas y empresas afectadas analizar la información contable y financiera que van a suministrar en la primera declaración. “Son muchas las interpretaciones sobre qué conceptos incluir y cuáles no, así como los criterios de valoración de los activos”, aseveró.

Uno de los aspectos fundamentales que tiene la Ley sobre Impuesto a los Grandes Patrimonios es que su control fiscal se podrá ejercer a través de terceros como agentes de percepción o recepción del impuesto a recaudar, incluyendo notarias, registros, compañías de seguro o cualquier organismos del sistema financiero del Estado venezolano, pudiendo la administración tributaria emitir medidas cautelares que impidan la trasferencia o traspaso de puntuales bienes y cuyas operaciones estén destinadas a disminuir o evitar este tributo.

“Esta nueva Ley señala como sujetos pasivos objeto de este impuesto, a todos aquellos calificados como especiales con un patrimonio igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, estableciéndose para las personas naturales las exenciones referidas la vivienda principal, el ajuar doméstico y las prestaciones sociales, siendo el hecho imponible la propiedad y posesión del patrimonio que se tenga. Para los residentes y/o domiciliados en el país el patrimonio a declarar es de carácter mundial, es decir, lo que se tenga tanto en el territorio nacional como en el exterior. Para los no residentes y/o no domiciliados solo los bienes que se tengan en el territorio nacional”, explicó García.

Asimismo, el abogado explicó que se va a gravar el patrimonio neto de un contribuyente especial. “Es decir, el resultante de restar a los bienes y derechos los pasivos, cargas, gravámenes y activos exentos o exonerados de este tributo”, puntualizó el abogado.

El aspecto constitucional de la ley fue cuestionado. La firma consultora explicó que todo tributo y su base imponible deben estar claramente establecido en una Ley y en este caso, las normas de actualización del valor de bienes y derechos se delega a lo que sea publicado en el portal web de la Administración Tributaria. Añadieron que la legislación no contempla la progresividad del tributo, ni la no tributación sobre los activos no productivos o generadores de renta, lo cual pudiere resultar confiscatorio. Tampoco se observó el necesario reconocimiento y armonía con el Código Orgánico Tributario y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ambos vigentes.

Finalmente, señalaron que también queda en discusión el tema de la retroactividad de la Ley, pues se va a aplicar por primera vez sobre un ejercicio que parcialmente ha transcurrido. José Javier García destacó que la Firma continuará divulgando el contenido de esta Ley y pone a la disposición del empresariado venezolano el estudio que ha realizado sobre la misma

*Con información de PwC Venezuela. 

ANC aprueba ley de impuestos para grandes patrimonios

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE aprobó este martes una ley de impuestos a grandes patrimonios, la cual obliga a las personas naturales y jurídicas a pagar una tasa por tener bienes costosos. 

Los venezolanos que tengan bienes valorados por más de 1.800.000.000 de bolívares tendrán que contribuir al ingreso fiscal del Estado. Incluye negocios y propiedades como casas, aviones, yates, vehículos, acciones, cuotas y sociedades. 

También se debe pagar impuestos por las propiedades en el exterior pero que hayan estado al menos 120 días continuos dentro del país. 

Los venezolanos en el exterior deben pagar los impuestos si cumplen más de 183 días continuos o no en el país.

Trinidad y Tobago aplicará nueva política migratoria para venezolanos

EL PRIMER MINISTRO DE TRINIDAD Y TOBAGO Keith Rowley, informó en rueda de prensa que aplicará una nueva política migratoria para todos los venezolanos que quieran ingresar a la isla.

 

«Venezolanos que ingresen de manera ilegal, serán deportados por las autoridades»

 

“Los problemas de los venezolanos son de ellos; somos un país humano, nos importan y ayudamos, pero la ayuda que Trinidad y Tobago puede ofrecer, debe ser limitada, está pequeña isla no puede ofrecer la solución para los cientos de miles de millones emigrantes que se van de Venezuela”, dijo Rowley.

El primer ministro también informó que con la nueva política migratoria se evitará que los venezolanos que estén indocumentados permanezcan en el país.

Este jueves las autoridades de Trinidad y Tobago otorgaron un permiso de permanecía hasta el mes de julio a 93 venezolanos, que fueron capturados por la policía en un campamento improvisado en Santa Flora, al sur de la isla.

 

*Con información de Unión Radio