Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas

REPRESENTANTES DE 18 COMUNIDADES INDÍGENAS del municipio Cedeño, en el estado Bolívar, aprovecharon el 12 de octubre para levantar su voz en contra del control de la actividad minera que se desarrolla en sus territorios.

Integrantes de los pueblos jivi, pemón, curripaco y sanema participaron en la elaboración de un comunicado donde piden una investigación clara y transparente de la muerte del líder indígena Misael Ramírez y otras 5 personas el pasado mes de agosto.

De la misma manera solicitan que se controle la actividad de bandas mineras armadas en esta zona y el resto de los yacimientos mineros del estado, especialmente en aquellos donde comunidades indígenas enteras están a merced de estos grupos.

José María, vocero de la organización indígena Unuma y representante del pueblo jivi del municipio Cedeño, rechazó la criminalización que se ha hecho de su etnia a raíz de este enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, ubicada en tierras indígenas.

Como parte del pronunciamiento, estas comunidades solicitaron la reapertura de la mina El Silencio, y que se permita que sean ellos quienes velen por el orden en las mismas, como lo venían haciendo de manera artesanal y pacífica por años antes de la incursión de bandas armadas.

La mina El Silencio está cerrada y custodiada por la GNB desde el enfrentamiento que terminó con el asesinato de Ramírez.

A propósito de esta petición hecha por las comunidades indígenas de la zona, el Observatorio de Derechos Indígenas de la Asociación Civil Kapé Kapé recuerda que la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas es clara a esta respecto cuando en su artículo 53 establece que “los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho al uso y aprovechamiento sustentable y a la administración, conservación, preservación del ambiente y de la biodiversidad. Las aguas, la flora, la fauna y todos los recursos naturales que se encuentran en su hábitat y tierras, podrán ser aprovechados por los pueblos y comunidades indígenas para su desarrollo y actividades tradicionales”.

Los voceros de estas comunidades plantean que cientos de padres de familias están sin posibilidad de llevar el sustento a sus hogares por el cierre de la mina El Silencio.

Con información de Kapé Kapé

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE VENEZUELA acumulan décadas de exclusión e injusticia social, pero de la misma manera son símbolo de resistencia. Venezuela es cuna de más de 30 etnias indígenas, que conforman las raíces históricas del país.

Estos pueblos han atravesado por un sin número de transformaciones políticas y sociales en las que, en contadas ocasiones han sido protagonistas, pero siempre luchadores y defensores de sus tradiciones y dignidad.

En la última década los pueblos indígenas venezolanos han sido partícipes de interesantes cambios políticos y sociales donde han experimentado mayores posibilidades de participación e incidencia.

A pesar de la participación cada vez más activa de líderes indígenas, son muchos los impedimentos que se encuentran para hacer valer los derechos que tienen consagrados en la Constitución.

Una de las luchas más recientes de los pueblos indígenas está relacionada con la incursión de la minería en sus tierras, que hoy amenaza con magnificarse gracias al proyecto del Arco Minero, que contempla la explotación en territorios de dan cobijo al menos a 100 comunidades indígenas.

Aunque la consulta previa está consagrada en la Constitución y en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, los pueblos y comunidades indígenas que ancestralmente habitan los espacios que se verán afectados por este mega proyecto no fueron consultados tal y como lo establecen estos instrumentos legales de nuestro país, e incluso en convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT), enmarcado en el Sistema Universal de Naciones Unidas.

Transculturización, desplazamiento, enfermedades endémicas, violencia, corrupción y prostitución, son algunas de las secuelas que ha dejado la actividad minera a pequeña y mediana escala en tierras indígenas, amenazas que pueden multiplicarse exponencialmente a raíz de este proyecto que, aunque fue aprobado desde 2016, no ha contado con un instrumento legal de validación por parte de estos pueblos.

Los parámetros establecidos por los organismos internacionales para los procesos de consulta previa implican el cumplimiento principios fundamentales como la disponibilidad de información clara, accesible y completa del proceso a decidir, procesos de consulta adecuados y consensuados por medio de instituciones indígenas representativas, bajo el principio de la buena fe y con la finalidad de alcanzar un acuerdo común o consentimiento.

Con información de Kapé Kapé

Es incalculable la deuda social en demarcación de tierras, educación intercultural bilingüe y acceso a la salud pública que se tiene con la comunidad indígena. Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas reconocen los derechos de estos pueblos, el estado de abandono es evidente.

La Organización No Gubernamental Kape Kape propone elevar las denuncias sobre las vulneraciones y abusos de las que son víctimas los pueblos y comunidades indígenas, para finalmente convertir en hechos las legislaciones, trascendiendo el mero discurso indigenista.