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Ley de Costos y Precios Justos

Acceso a la Justicia: El trágico legado de las expropiaciones

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, al presentar y publicar su tercer informe sobre Venezuela el pasado lunes 12 de febrero, denunció la «situación alarmante y catastrófica por la que atraviesa Venezuela», explicando que «se relaciona con el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017».

La crisis económica ha sido usada por el Ejecutivo para justificar tener cada vez más poder y declarar un estado de excepción que ya se ha vuelto indefinido, pero el informe aclara que esta “no es excusa para que un Estado deje de dar atención prioritaria a los derechos a la alimentación, a la salud y otros, sobre todo para los sectores de la población en mayor situación de vulnerabilidad”.

Al respecto, Acceso a la Justicia destaca que el Gobierno tiene importantes e ineludibles responsabilidades en su rol de Estado establecidas por la Constitución (artículo 3, entre otros), pero ha profundizado esta crisis económica intencionalmente con políticas públicas para tener más control social, con el propósito de perpetuarse a costa del bienestar de la población.

Debemos subrayar que se ha hecho lo mismo desde hace más de 12 años, a pesar de que Heinz Dieterich, uno de los impulsores del régimen, advirtió sobre el fracaso de las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo a partir de 2008, así como también lo hicieron importantes representantes del régimen como Jorge Giordani o Rafael Ramírez, quien en 2014 criticó la gestión de Maduro por mantener las mismas medidas.

A pesar de ello, y bajo el argumento de implantar el Socialismo del siglo XXI, que es el modelo político de Chávez, el Gobierno ha seguido adueñándose de los medios y bienes de producción tomando medidas expoliadoras, incluso en 2017, cuando según la ONG Cedice sumaron 11.852.

Todas estas acciones han sido llevadas a cabo bajo el manto de un conjunto de normas inconstitucionales, dictadas por el gobierno anterior a Maduro, sobre todo en la época de la Asamblea Nacional (AN) compuesta sólo por el chavismo (2005-2010). Entre estas destaca la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008), la cual habilitó al Gobierno nacional a «proceder a la adquisición forzosa» de bienes y actividades relacionadas a este sector «sin necesidad de obtener autorización por parte de la AN».

Tras ella fueron aprobadas leyes como la de Tierra y Desarrollo Agrario (2005), de Tierras Urbanas (2009) y Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (2009), que crearon vías expresas para las expropiaciones en el país. Una modificación a esta última ley permitió que todos los bienes pudieran ser declarados de utilidad pública directamente por el Ejecutivo, con la condición de que “se consideren esenciales e indispensables para garantizar el derecho a la vida y la seguridad del Estado”.

Esta política fue fortalecida con normas como la del Sistema Económico Comunal (2010), de Regularización de Asentamientos Urbanos (2010) y la de Costos y Precios Justos (2011), esta última reformada en 2014 y 2017.

Acciones y consecuencias

Es con dicho entramado de normas que Chávez inició su plan nacionalizador en 2007: violando la Constitución y haciendo alusión al carácter estratégico de los servicios y la energía, procedió a estatizar la Electricidad de Caracas, la CANTV (telecomunicaciones) y más de cincuenta contratistas petroleras.

Al año siguiente también atacó áreas clave como la construcción, la industria de alimentos, la banca, la siderurgia y el comercio, nacionalizando empresas como las cementeras Lafarge, Holcim y Cemex, Sidor y el Banco de Venezuela.

En 2009, les llegó el turno a las productoras de alimentos: la procesadora de arroz Cargill, los molinos de Monaca (productoras de harina de trigo), las plantas de Aceite Diana (aceite de maíz), Lácteos Los Andes y las principales torrefactoras de café. Estas acciones siguieron tomando vuelo y, en 2010, las cadenas de supermercados Cada y Éxito, Owens Illinois y Agroisleña pasaron a manos del Estado, mientras cientos de fundos, agroindustrias y empresas empezaron a correr paulatinamente con la misma suerte.

Esta férrea política de estatizaciones (que no puede ser separada de medidas como la regulación de precios y el control de cambio, pues todas se dirigen al control social a través de la economía)  al ser profundizadas por Maduro y al no tener divisas para paliar con importaciones u otras políticas como hacía Chávez, los efectos nocivos de estas medidas han llevado, entre otros males,  a cuatro años de recesión, severa escasez, al primer ciclo hiperinflacionario venezolano y a una pobreza extrema de más de 51,51%, todo lo cual viene acompañado de la condena que supone a la población el sortear obstáculos inenarrables para simplemente acceder a insumos básicos.

Resulta entonces obvio quién es el responsable de la catastrófica situación actual, hecho contrario al discurso oficial que, sin mayores explicaciones, la atribuye a una supuesto guerra económica, cuando en realidad el origen de la misma está en el propio Gobierno.

El hecho de que este proceder haya sido sostenido durante más de una década con resultados negativos, y que haya sido mantenido por Maduro de manera intencional, a pesar de las advertencias de miembros del mismo Gobierno y los efectos nocivos probados de su implantación como han sido los crecientes índices de pobreza desde el inicio de su mandato, podría acercar la revolución socialista a la comisión de crímenes de lesa humanidad, al constituirse su política gubernamental, ya sistemática, en “actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” (artículo 7 literal k del Estatuto de Roma).

Con información de Acceso 

 

Acceso a la Justicia: Control de precios como herramienta contra el pueblo

VENEZUELA VIVE LA CRISIS ECONÓMICA más severa de su historia republicana. Los indicadores presentados por organismos multilaterales como el Banco Mundial o las mediciones realizadas por consultoras internas (caso Ecoanalítica) dan cuenta de que la contracción acumulada de los últimos cuatro años supera 35%, magnitud sólo vista en países que han sufrido eventos bélicos.

Los análisis arrojan que resultados tan negativos están atados a la falta de políticas públicas acertadas para corregir las distorsiones o, lo que es más preocupante, al mantenimiento de medidas, que lejos de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, las han desmejorado, provocando un largo período de inflación y escasez generalizada, que han dado lugar a una emergencia humanitaria en el país.

Entre esas políticas destaca el modelo centralizado de control de precios implantado desde 2003, y que se profundizó con la Ley de Costos y Precios Justos de 2011, donde se dejó atrás el control específico sobre los rubros de primera necesidad, para establecer la fijación de los valores de todos los bienes y servicios que se transan en el país (en 2014, el presidente Nicolás Maduro reformó la norma y la denominó Ley Orgánica de Precios Justos).

Esta política ha sido reeditada recientemente con la llamada Ley de Precios Acordados de la ilegítima asamblea nacional constituyente, usurpando las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.342 del 22 de noviembre de 2017, que tiene como finalidad, según se indica en ella “establecer las bases de una política de precios acordados fundamentada en los principios de la paz social, democracia, corresponsabilidad, justicia social, participación ciudadana, contraloría social, derechos humanos y eficiencia”.

Con la variación de la normativa mencionada se señala que los importes de venta serán “acordados” con los actores de la cadena productiva y de distribución, pero en las primeras de cambio el carácter autoritario del Gobierno echó por la borda cualquier negociación, al ordenar rebajar los precios de más de 6 mil productos.

Esta medida lo que hizo fue profundizar aún más a comienzos de 2018 la severa escasez que ya arrastraban los comercios, afectados por años de controles y regulaciones varias. No hay rubro que hoy en día no muestre anaqueles vacíos en todo el país.

Sobre este tipo de regulación, específicamente en 2011 cuando entró en vigencia la primera ley que buscó controlar todos los precios, se pronunció el impulsor del “socialismo del siglo XXI”, Heinz Dietrich, en un artículo intitulado irónicamente Milagro económico en Venezuela: La Ley de Costos y Precios Justos. En este emitió una crítica a la normativa que traslució lo que los expertos han sostenido sobre los controles, y es que “se reglamentó con ochenta y ocho artículos algo que no existe: el precio justo de la economía de mercado”, e incluso acotó que “legislar sobre él, es una manifestación de ignorancia científica y tontería económica”.

Así, el Gobierno de Maduro, lejos de generar medidas para revertir la crisis, que se inició durante el gobierno de Chávez, pero que aún no era visible por los elevados precios del petróleo, la ha ahondado manteniendo o radicalizando el mismo modelo que durante más de una década creó todo tipo de distorsiones económicas y sociales.

Esta forma de ejercicio del poder hoy muestra al mundo una Venezuela empobrecida, con una población que no sólo no tiene condiciones dignas de vida, sino que incluso muere de hambre y por falta de medicinas, lo que puede hacer pensar en la comisión de crímenes de lesa humanidad al constituir una política gubernamental sistemática de “actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” (artículo 7 literal k del Estatuto de Roma).

Con información de Acceso a la Justicia 

Las 10 noticias económicas más importantes de hoy #23F

 

Ventaefectivo

 

Valor del bolívar pide medidas para protegerlo

El comportamiento del índice de precios al consumidor, ha determinado una pérdida importante en el poder adquisitivo del bolívar, que obliga a un mayor desembolso de dinero para compensar la capacidad de compra.

El poder adquisitivo mantiene una relación inversamente proporcional al índice de precios. Si este sube, el poder adquisitivo disminuye y aumenta si aquel desciende.

Las cifras dadas a conocer por el Banco Central de Venezuela recientemente dan cuenta de un crecimiento acumulado de los precios del 68,5% en 2014. La cifra es la más alta alcanzada desde 2008 cuando entró en vigencia el bolívar fuerte. Los primeros cinco años, la variación de los precios estuvo relativamente controlada. En 2008, alcanzó a 30,9%, en 2009 bajó a 25,1%, para situarse sobre 27% en los dos años subsiguientes, pero en 2012 se desaceleró, llegando a una tasa de 20,1%. En los dos años posteriores, el ritmo se aceleró de nuevo, llegando a una tasa de 56,2% en 2013 y 68,5% en 2014.

En los últimos siete años, se produjo una caída en el poder de compra del bolívar del orden de 88%. Es decir, que el bolívar de inicios de 2008, tiene apenas un poder de compra de 12 céntimos ((Bs 0,12).

Visto de otro modo, para poder comprar la misma cantidad de bienes y servicios que podíamos adquirir a comienzos de 2008, necesitaríamos hoy, en promedio, algo más de ocho veces más monedas. O sea, que para equiparar el poder de compra de Bs. 100 de comienzos de 2008, necesitaríamos hoy casi 8400 bolívares.

El índice de precios se incrementó en los siete años del análisis, en casi 840%, pero de allí a asegurar que el bolívar se depreció en la misma medida, se cometería un pecado imperdonable que nos llevaría a una conclusión desatinada, por decir lo menos.

La moneda nunca puede depreciarse en un 100%. Si lo hiciera, su valor sería absolutamente nulo. Es decir, no tendría ningún tipo de valor de compra y dejaría de tener significación. Por agudo que sea un proceso inflacionario, y con él, acentuada la pérdida de poder de compra, siempre tendrá un valor y nunca llegaría a cero.

Puede darse el caso en esté por debajo del valor metálico intrínseco y se produzca una tendencia a utilizarla como metal para fundirla y deja de tener significación como medio de pago. Cuando eso ha ocurrido, se produce la crisis del «sencillo», porque las monedas desaparecen al ser utilizadas para fundirlas por su valor metálico. El otro fenómeno que ocurre cuando la inflación deteriora demasiado el poder de compra de la moneda, es que plantea la necesidad de emitir billetes de mayor denominación, para poder asegurar las transacciones de la economía.

Ello, a la larga, plantea la conveniencia de ajustes en la economía para detener el proceso inflacionario por los efectos adversos que causa sobre la moneda. Sin embargo, en algunos casos, para evitar los ajustes de fondo, se cambia el valor nominal de la moneda mediante la eliminación de ceros. (El Universal)

 

 

Esperan mejora del abastecimiento para mayo

El abastecimiento de productos alimenticios en el país mejorará considerablemente a partir de mayo, aseguró Tomás Socías, asesor de la industria de alimentos.

Recordó Socías que el Ejecutivo Nacional anunció la importación de 6 mil millones de dólares en alimentos y productos básicos que llegarán al país en abril próximo.

Señaló que dicha medida está acompañada por los reiterados anuncios del ministro del Poder Popular de Economía, Banca y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, quien se comprometió a que después de este proceso se cerrarán las importaciones y sólo se harán luego de llegar a acuerdos con los productores agrícolas, de alimentos, comercio y servicios.

Además, el titular del referido despacho también se comprometió a que a partir de la próxima semana, se agilizarán las liquidaciones de divisas a Bs. 6, 30 y del Sicad I de los bienes, que estaban pendientes desde diciembre pasado, tales como bolsas plásticas, envases, vestuario y los requerimientos para las librerías; lo que genera expectativas positivas en el sector, señaló.

Por otra parte sostuvo Socías que el sector ve con buenos ojos la creación del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), que de llegar a rondar Bs 120 por dólar, daría paso a una fluctuación importante, para la compra de divisas, para aquellos bienes que no son de primera necesidad, tales como servilletas, productos de higiene, productos de limpieza, productos complementarios, de ferretería, algunos componentes de medicina y de cualquier tipo.

Sostiene que también ha sido positivo que se estén cumpliendo con los ajustes de precios anunciados por el Presidente, Nicolás Maduro, lo cual ha permitido restablecer las ganancias y equilibrios en los costos, caso de la leche pasteurizada que pasó de 8 a 18 bolívares, con un subsidio de 14 bolívares, para un precio de 32 bolívares, agregó. (El Universal)

 

 

Berroterán: Tenemos condiciones extraordinarias para producir alimentos

José Luis Berroterán lleva cinco meses al frente del Ministerio de Agricultura y Tierras desde que el presidente Nicolás Maduro lo designó el 3 de septiembre de 2014 en el cargo, donde tiene el gran reto de convertir a Venezuela en un país autosustenble, que logre producir la mayoría de los alimentos que se consumen, que disminuya su dependencia de las importaciones y que desarrolle un sistema agroindustrial para alcanzar la independencia agroalimentaria.

Una gran responsabilidad sobre la que el titular de Agricultura y Tierras asegura que asume con el compromiso de plantar los pies sobre la tierra y “comprometernos ahora en lo que podemos cumplir de manera real y no en lo que no podemos cumplir a corto plazo”.

Sin embargo, el ministro enfatiza en que sí es posible que el país sea autosustentable en los principales rubros que consumimos, como el maíz, el arroz, los cereales, los frutales, las raíces y los tubérculos, inclusive “con muchas potencialidades para la exportación de diversos rubros”.

Berroterán afirma que, aunque a partir de este año se tiene por delante el gran reto de producir lo que consumimos (“porque si no se cumple esa meta, podemos cumplir con todo lo demás, pero no llegaremos al objetivo final”), el Ministerio de Agricultura ya ha venido abonando el terreno y se han logrado avances para fortalecer el sector agrícola.

“Así que no llegamos de cero, ha habido una continuidad en la ejecución de políticas. En los últimos años se ha fortalecido la infraestructura con la instalación de cuatro grandes sistemas de riego, la reforma de la Ley Agraria, la banca social, el banco agrícola, con tasas preferenciales para los pequeños productores y los incentivos de la Misión Agrovenezuela”.

 

¿Qué más se necesita para alcanzar la independencia agroalimentaria y lograr producir la mayoría de los alimentos que se consumen en el país?

 

Primero hay que entender que esto ha sido un problema histórico, pues en los años cincuenta del siglo pasado hubo un quiebre y disminuyó drásticamente la población rural, la cual se desplazó a la población urbana. Del 10% de la población rural, apenas 5% se dedicó a producir alimentos. Eso fue una gran desventaja. Así que una condición necesaria es que aumente la población que se dedique a producir alimentos en el campo. El gobierno revolucionario ha hecho todo lo posible para incorporar más población en la producción de alimentos. Estamos dando incentivos, porque 12% de la población rural, que hay actualmente según el censo de 2010, aún se mantiene entre 5% y 6% los que producen alimentos. Damos incentivos de vivienda a través de la Misión Vivienda, facilidades a los productores del campo para que tengan pleno acceso a la tierra y se han mejorado las condiciones de financiamiento.

El ministro asevera que es fundamental el desarrollo de la agroindustria y la diversificación de los cultivos, de manera tal que, mientras se cumple un ciclo largo de siembra -como el de caña-, se desarrollen otros, como los frutales, los tubérculos o las hortalizas. Hace énfasis en la importancia de incentivar la cultura de la agricultura familiar y el conuco como modelo de producción a pequeña escala.

 

Pero a veces parece que persisten problemas que limitan al productor del campo. ¿Hacen falta mayores incentivos?

 

Necesitamos que, además de producir, tengan facilidades para la comercialización y que, a la par de esto, desarrollen la agroindustria, que sus productos tengan valor agregado y que participen en condiciones menos desventajosas en la cadena de comercialización. Por ejemplo, en el caso de las frutas, si siembran melón, lechosa o mango, que tengan un sistema de frío para conservarlo para que no se les venza y que además tengan cómo tratar esos productos, que si producen mango, puedan transformarlo en concentrados de mango; es decir, que tengan facilidades y que no sigan las desventajas, caso de alguien que recoge 10 toneladas de melón y tiene que venderlas al primero que pase y al precio que les ofrezcan. Lo que buscamos es, por ejemplo, en el caso de los cereales como maíz y arroz, que cuenten con plantas deshidratadoras que les permitan secarlos y que no tengan riesgo de perderlos, que tengan moliendas para hacer harinas. Esto, además de darle un mayor valor agregado al producto, les daría mayor rentabilidad y nos permitiría ir contra la guerra económica a corto, mediano y largo plazos, porque eso es lo que está sucediendo ahora, que quien tiene el control de los productos es el gran concentrador, la gran agroindustria; y no es que queremos que desaparezca la gran agroindustria, sino que los pequeños productores participen en toda la cadena de producción, de comercialización y en la agroindustria.

El ministro explicó que, basados en los resultados del registro, es primordial aumentar la población joven que se dedique a producir en el campo, pues asegura que apenas 10% de los productores son menores de 35 años: “Por ello tenemos que garantizar que ese 10%, que representa unos 50.000 productores, se mantenga en el campo y, además, nuestro propósito es la incorporación de otros 30 mil productores jóvenes en el campo”.

El titular de la cartera agrícola amplió que en la cadena de comercialización tienen un rol muy importante las Ubas (unidades de batallas agrícolas socialistas), que son consumidoras y donde también hay productores.

 

¿Hay un plan, una línea de acción concreta para alcanzar estos objetivos?

 

Sí, por supuesto, se realizó en el plan agrícola integral para el año 2015, que se empezó a diseñar en septiembre de 2014, donde se realizaron consultas a todo nivel, municipal, estadal, y se concretó con las gobernaciones, con las alcaldías. Esta consulta es permanente con los productores para establecer qué producimos, qué necesitamos, cuánto necesitamos y dónde.

 

¿Eso qué resultados le dio?

 

Se determinó que es posible aumentar la producción en una magnitud importante en varios productos. Vamos a hacer todo lo posible para disminuir las importaciones; por ejemplo, en maíz amarillo, que lo usamos para hacer alimentos balanceados y que tradicionalmente importamos 60%, nos proponemos disminuir este año a 30% por lo mínimo. Lo máximo sería no importar nada, pero a eso vamos, porque tenemos otro plan sectorial de agricultura para el período 2015-2019, a gran escala, mediante el cual nos proponemos lograr que, en 2019, Venezuela sea autosustentable y con independencia agroalimentaria. Tenemos condiciones para lograrlo, condiciones extraordinarias, porque tenemos radiación solar todo el año y buena calidad de tierras.

 

¿Cuánto se estima producir este año y en qué rubros?

 

Estimamos producir este año dos millones 950.000 toneladas de productos vegetales y animales. En el caso de los cereales (maíz, arroz y sorgo), se estima una producción de cuatro millones 200.000 toneladas. Eso es un aumento de 32% mínimo. En el caso del sector pecuario, estimamos producir más carne vacuna, más pollo, más porcinos, en alrededor de 15%. Con esa capacidad de producción, esperamos disminuir las importaciones a lo largo de este año entre 15% y 20%.

El ministro de Agricultura y Tierras resaltó que se ha avanzado en un plan de producción de semillas para garantizar 70% de la producción nacional. “Se va a cambiar esa relación. Actualmente, producimos 30% y traemos 70%; eso lo vamos a hacer con tecnología nuestra”.

 

¿En qué rubros tenemos mejores condiciones de producción en este momento?

 

En arroz aumentó la producción en 22% en 2014. Hay suficiente suministro. Hemos aumentado sustancialmente la producción de tubérculos, raíces y hortalizas y frutas. Tenemos alta disponibilidad de hortalizas y frutas. Por eso es que no vemos colas en las ventas de verduras, frutas y hortalizas, y no se van a ver colas porque hay suficiente disponibilidad.

En producción de yuca, podemos crear nuestro propio patrón de industrialización, así como con la batata, el ñame y el ocumo, que tienen altas potencialidades para hacer otros productos como harinas u otros productos derivados como almidón. A eso es a lo que tenemos que ir, a construir nuestro propio patrón de industrialización. Hasta que no tengamos ese sistema agrícola autóctono, no vamos a ser independientes desde el punto de vista agroalimentario. Por ejemplo, en el caso de las frutas, podemos producir lechoza, aguacate, cítricos, guanábana y mango e industrializarlos y hacer concentrados y diversos derivados.

 

¿Y cuáles son los rubros en los que tenemos potencialidades para exportar?

 

Tenemos potencialidades para exportar frutas, tanto para consumo fresco como concentrados de frutas. En productos de acuicultura, tenemos potencialidad para exportar camarones. En cereales, podemos exportar arroz. Estamos exportando cacao en buenas cantidades.

 

¿Cómo se inserta el modelo del conuco en este plan productivo?

 

Es para nosotros de suma importancia porque es el sistema de producción agrodiverso, que utiliza los sistemas locales y puede ser productivo los 365 días del año con diversas siembras. Por eso tenemos que promover la agricultura familiar. El conuco a pequeña escala es una directriz del presidente Maduro y del vicepresidente para la Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, porque este es el modelo socialista de producción.

 

¿Cómo va la situación de Agropatria? ¿Han disminuido las roscas que desvían los insumos?

 

Agropatria suministra 65% de los insumos a los productores y el otro 35% lo hace el sector privado. Esperamos mejorar el sistema de distribución de los insumos usando los datos del registro único de productores, que es un sistema interactivo que nos permite verificar si quien está solicitando los insumos es productor, qué siembra y qué necesidades tiene. Para mejorar el control, vamos a colocar captahuellas. (El Mundo)

 

 

Gobierno ha incautado 6 mil toneladas de alimentos en lo que va de año

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautaron este viernes cinco toneladas de productos de limpieza e higiene, en el municipio Ayacucho del estado Táchira, en la zona fronteriza con Colombia, informó el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.

En un contacto informativo con Venezolana de Televisión, el ministro señaló que una parte de estos productos será vendida al pueblo a precios justos, mientras que la otra parte será donada a instituciones que necesiten los productos para su funcionamiento.

«Vamos a hacer un mercado y a distribuir y donar todo el material que hemos incautado durante los últimos días», ratificó.

Informó además que en lo que va de año, y como resultado de la actuación de efectivos de la FANB y funcionarios de instituciones para la fiscalización (una de ellas la Superintendencia de Precios Justos) se han incautado más de 445.000 kilos de productos de todo tipo.

«Hemos incautado 445 toneladas de productos para el consumo humano y 173 toneladas de material estratégico. El contrabando de extracción es uno de los músculos más feroces de la guerra económica. Aquí estamos con la estrategia que diseñamos en 2014 con el presidente, Nicolás Maduro: la estrategia del bloqueo en la línea fronteriza, de contención de líneas interiores y de fiscalización y control», resaltó.

Mediante operaciones de vigilancia y bloqueo, se ha atacado la estrategia de sacar del país artículos demandados por las familias venezolanas, a través del contrabando.

«Han tratado de sacar todo el material por las distintas trochas que han sido inhabilitadas. Personas que participan en el contrabando tratan de pasar nuestros productos a la frontera en vehículos, en motocicletas. Todo esto le hace un daño importante a nuestra economía», expresó el ministro.

En ese sentido, recordó un dispositivo realizado días pasados, en el cual fueron incautados 850 tambores con 220 litros de combustible. En total, la cantidad encontrada de este producto era de 180.000 litros. Por ello, informó que el Gobierno Nacional incrementará los procesos de fiscalización y control en la zona fronteriza con Colombia.

 

6.000 toneladas incautadas en 2015

 

Padrino López informó que en lo que va de año el Gobierno Nacional ha incautado un total de 6.000 toneladas de alimentos, cifra que representa 20% de todo lo hallado en 2014.

«Esto quiere decir que si mantenemos esta proyección vamos a estar por encima de 50% de lo incautado en el año 2014. Cada día nos afinamos más en las prácticas, las técnicas y los procedimientos para ir extirpando el fenómeno del contrabando interno y externo. Nosotros no tenemos otra opción sino vencer en esta batalla», sostuvo. (El Mundo)

 

 

Venta de efectivo en casas de cambio estará lista mañana

Será mañana cuando las casas de cambio puedan comenzar la venta del efectivo producto de la subasta que realizó la semana pasada el Banco Central de Venezuela, según indicó el presidente de la Asociación de Casas de Cambio, César Atencio.

“Ya todas las casas de cambio están apegadas al sistema del Banco Central de Venezuela, ya que el viernes aprobaron el canje de divisas en efectivo”, indicó

El vocero del sector afirmó que entre el día de hoy y este martes, los 11 establecimientos de cambio autorizados ubicados en todo el país comenzarán a recibir los dólares en efectivo por parte del instituto emisor.

La subasta se realizó el miércoles 18 y las casas de cambio recibieron las órdenes el viernes 20 de febrero, refirió Atencio.

“Ya estamos listos ahora falta surtir de efectivo las taquillas, ya se han realizado algunas ventas pero esto ha sido un monto muy bajo. El volumen más importante debe venderse el martes”, dijo el presidente de la Asociación de Casas de Cambio.

Sin embargo, en referencia a las remesas a familiares y estudiantes, el vocero indicó que en este ramo se ha trabajado con toda normalidad y las transacciones se han podido procesar en todo el país.

 

Subasta

 

El Banco Central de Venezuela realizó una Subasta Extraordinaria de Divisas el pasado 18 de febrero para los bancos universales, casas de cambio y la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, en el marco de la estrategia de política cambiaria del Gobierno. Esto lo dispuso el Convenio Cambiario 33. En esta oportunidad se adjudicaron $4 millones 214 mil.

 

En el evento quedaron 23 entidades adjudicadas a un tipo de cambio de 171,62 Bs./$.

 

Cada entidad fue informada por separado del monto de la adjudicación, a efecto de realizar el débito del contravalor en bolívares en la cuenta de depósito que las mismas mantienen en el instituto a la fecha.

 

Resultados del viernes 20

 

Tras un recorrido por varias casas de cambio en horas del mediodía del pasado viernes, para conocer la situación de la venta de divisas; algunos trabajadores de Italcambio indicaron que debían esperar la activación del sistema con una llamada por parte del Banco Central de Venezuela para monitorear las transacciones del día.

 

“En la mañana no hemos podido operar ya que el Banco Central no ha autorizado, pero es solo hasta que todo el sistema sea adaptado”, afirmó un empleado.

Explicó, además, que la compra de dólares por parte de las casas de cambio, también se ven comprometidas por ser el mismo registro.

“El jueves pudimos operar con la compra, ya que no estaba en la exigencia del sistema, pero hoy (viernes) debemos transar las operaciones de compra – venta simultáneamente con el BCV”, explicó el empleado. (El Mundo)

 

 

Prevén que liquidez continuará en alza a pesar del Simadi

La liquidez monetaria continuará su ascenso este año a pesar de la puesta en marcha de un nuevo esquema cambiario que podría contribuir a absorber bolívares en el mercado interno.

Según analistas consultados la baja oferta en divisas, la indisciplina fiscal y monetaria, así como un mayor desembolso de recursos públicos, se reflejará en el exceso de liquidez que se mantiene en el sistema monetario.

Hasta el pasado 13 de febrero, la liquidez se colocó en más de 2 billones de bolívares, lo que significa un alza de 58,6 % en el último año. Economistas sostienen que el principal motivo del sostenido aumento del dinero circulante en poder del público, es el financiamiento que ha realizado el Banco Central de Venezuela a Pdvsa.

Para el economista Jesús Casique en teoría el Sistema Marginal de Divisas (Simadi) debería restringir o absorber liquidez en el mercado interno, pero que las política fiscal y monetaria del Gobierno son de fuerte expansión, por lo que con el nuevo esquema cambiario no se resuelve el problema estructural que tiene Venezuela.

Analistas han señalado que la petrolera estatal podrá vender parte de sus divisas en el Simadi, lo que le reportará mayores recursos en moneda nacional para cumplir con sus pagos. Sin embargo, Casique destacó que si Pdvsa vende dólares en el esquema, obviamente le dará oxígeno en bolívares, pero que esos mismos bolívares serán invertidos en programas sociales y estarán de vuelta en el torrente monetario.

“Ante esta situación difícilmente pueden controlar la inflación con la ayuda del Simadi, porque aunque Pdvsa ayude a aumentar la oferta de divisas en este esquema, va a inyectar liquidez para poder cumplir con sus compromisos en bolívares. Lo que si puede pasar es que el financiamiento del BCV a Pdvsa se desacelere”, afirmó Casique.

Daniel Raguá, economista de la firma ODH Consultores, resaltó que el crecimiento de la liquidez monetaria se ha desacelerado, pero que aún se mantiene notablemente. Indicó que las distorsiones asociadas al mercado cambiario no mejoran sustantivamente, en primer lugar, con la permanencia de tres tipos de cambio en un rango de Bs./$ 6,30 a Bs./$ 170, y en segundo lugar, con altas restricciones de acceso a las divisas, “no solo por las crecientes trabas burocráticas sino por la mermada disponibilidad vinculada a la caída de las exportaciones del país”.

 

Raguá recordó que 96 % de las divisas son provenientes del petróleo, cuyo precio promedio en lo que va de año es la mitad del registrado en 2014.

 

Lo transado

 

Durante la semana inicial del Simadi, el BCV informó que de las liquidaciones que se realizaron el viernes, 1,32% fue a través del nuevo esquema cambiario, mientras que 98,61% se transó vía Cencoex y Sicad 1. No se ofrecieron detalles del monto transado.

Cálculos de la firma Ecoanalítica señalan que alrededor de $7.500 millones podrían ofertarse en el Simadi durante este año, de los cuales $2.000 millones serían provenientes de Pdvsa y $1.500 millones de empresas petroleras y asociados, $1.000 millones de fondos extrapresupuestarios y $3.000 millones en bonos de la República y Pdvsa. Mientras que representantes del sector financiero prevén que unos $7.000 millones lleguen vía remesas. De ser así, esta cantidad de divisas podría absorber un importante monto en bolívares.

“Si bien la apertura de una parte del mercado cambiario es un factor primordial, hay temas de política económica que aún no terminan de tocarse y que ayudarían a equilibrar las finanzas públicas, entre ellas la contracción monetaria”, indicó Ecoanalítica en un informe.

 

La consecuencia

 

Raguá resalta que más allá del tema cambiario, la inflación no puede mejorar sin acciones de política económica orientadas a la recuperación de los incentivos a la inversión y la producción en el país. Sostiene que de seguir en la dirección actual, es razonable esperar para 2015 una tasa superior a la de 2014, que probablemente se coloque por segunda vez en la historia en los tres dígitos.

“De acuerdo con nuestras estimaciones, y tomando en cuenta la fuerte incertidumbre que atraviesa el país, el fenómeno inflacionario podría llevar a un alza en los precios de entre 100% y 150%.

Para Casique la meta de inflación que estableció el Gobierno de 25% a 30% es “inviable e insostenible. “En primer lugar, los rubros que anteriormente eran atendidos por Cencoex a 6,30 pasarán al Sicad a una tasa de Bs./$ 12 y en segundo lugar, aumentará el gasto del Ejecutivo ante la realización de las elecciones parlamentarias. Además de la indisciplina fiscal y monetaria. Calculo una inflación para el cierre de este año de 105%”. (El Mundo)

 

 

Superintendente Méndez: Nuevo esquema cambiario influirá en la normalización de los precios

El superintendente de precios justos (Sundde), Andrés Eloy Méndez, destacó que el nuevo esquema cambiario, que incorpora el Sistema Marginal de Divisas (Simadi), influirá en la normalización de los precios de los alimentos y productos que se comercializan en el mercado, frente a la distorsión ocasionada por la guerra económica, impulsada por la derecha nacional e internacional.

En una entrevista concedida al programa «Al Descubierto», transmitido por Venevisión, recordó que el  funcionamiento del sistema cambiario comprende en primer lugar un tipo de cambio oficial de 6,30 bolívares por dólar que seguirá destinado a la importación de alimentos, medicamentos y productos de la canasta básica para la población venezolana, que representan el 70 % de las necesidades del país.

El segundo mecanismo es el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), que tendrá como base el monto de la última tasa de cambio de la subasta del antiguo Sicad 1 que se estableció en 12 bolívares por dólar.

Mientras que la tercera modalidad es el Sistema Marginal de Divisas (Simadi), que permitirá a las personas naturales y jurídicas participar libremente como oferentes o demandantes, y contempla la participación de entidades bancarias, públicas y privadas, casas de cambio y operadores de valores autorizados.

Señaló que el Estado reconocerá a las empresas la adquisición de las divisas por medio del Simadi en su estructuras de costos.

«Las empresas pueden importar a ese dólar que fluctúa diariamente, a través de la oferta y la demanda. No tienen que esconderse, sino que pueden reflejarlo libremente en su contabilidad y completar sus inventarios», expresó.

Asimismo, aseguró que la disponibilidad de divisas aumentará en la medida en que el mercado del Simadi se robustezca, mediante el aporte de las personas naturales, de las empresas estatales y privadas.

«En la medida en que vayamos creyendo y aportando a este mercado, vamos a alejarnos del mercado del dólar especulador que financia el contrabando y podremos tener un dólar fijado por la dinámica empresarial de los venezolanos, que será un importante aporte a la normalización de los precios», explicó.

«Los empresarios no estarán todos los días con una calculadora fijando precios en torno a la cotización del mercado paralelo, vamos a tener un marcaje oficial, que podrá ser reflejado en la contabilidad auditable», acotó.

Méndez también señaló que el Estado velará porque las empresas vendan sus productos tomando en consideración la tasa del dólar en la que efectuaron sus importaciones.

«Para evitar los casos de especulación nosostros vamos a verificar los registros para saber a cuál dólar se importó, y si se evidencian irregularidades se colocará la multa respectiva», dijo.

 

25 mil captahuellas

 

Durante la entrevista, el superintendente de precios justos, informó que ya se encuentran en el país 25 mil dispositivos captahuellas para impulsar la implementación de un sistema biométrico que garantizará la tranquilidad de compra de alimentos y medicinas por parte de las familias venezolanas.

 

«Ya estos 25 mil dispositivos están en el país y están siendo programados», precisó.

Explicó que este sistema recojerá los datos referentes a las frecuencias de compra de estos productos y permitirá cuidar los inventarios de las cadenas de comercialización.

Señaló que la Sundde ya ha sostenido reuniones con la Asociación Nacional de Supermercados y Automercados (Ansa) y las redes de farmacias para definir laas estrategias de instalación de los dispositivos en gran parte del territorio nacional.

Méndez precisó que el uso de los dispositivos biométricos se complementará con la aplicación de un sistema de compra de acuerdo con el terminal del número de la cédula de identidad del usuario.

Indicó que esta acción permitirá disminuir las colas en los establecimientos comerciales, aunque destacó que la mayoría de éstas se encuentran compuestas por bachaqueros y revendedores.

«De las 200 personas que podemos tener en una cola 120 son bachaqueros, que tienen la cantidad de dinero para comprar diariamente los alimentos y productos de primera necesidad cantidades», planteó.

Aseguró que bandas que se dedicaban al tráfico ilegal de drogas y de licores han destinado sus capitales al tráfico de alimentos. (AVN)

 

 

Fedenaga: Bs. 49,2 debería ser el precio del litro de leche a nivel de productor

El Presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, informó que es necesario realizar un ajuste en los precios de la carne y de la leche a puerta de finca. En su cuenta de la red social Twitter @CarlosOAlbornoz el vocero gremial fijó posición.

Los productores agropecuarios estiman que el precio justo para el litro de leche cruda fresca debe ubicarse en Bs. 49,2, en la actualidad el precio es de Bs.13,65.

 

En el caso de la carne. Albornoz señaló que el kilo de maute debe pasar de Bs. 8,52 a Bs. 105.

 

La próxima semana los productores organizados esperan poder reunirse con el ministro de Agricultura y Tierras, José Luis Berroterán. (El Mundo)

 

 

Aprueban $400 millones para importar materia prima para sector automotor

El ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, informó que fueron aprobados 400 millones de dólares para traer materias primas al sector automotriz mediante el Fondo Chino.

 

La información la suministró a través de su cuenta en la red social Twiter, @HaimanVZLA, luego de la reunión que sostuvo este viernes con la Federación de fabricantes de Repuestos.

 

Especificó que los fabricantes de cauchos Firestone, Good Year y Pirrelli recibirán más de $284 millones para importar materia prima de China y trabajar al 100%, así como también los fabricantes de baterías Duncan,Titán y Fundición del Centro obtendrán más de $40 millones para traer materias primas.

 

Agregó que los fabricantes de amortiguadores Gabriel, Tuboauto y amortiguadores S.A recibirán $30 millones, y los fabricantes de frenos Mamusa, Frenosven, Driff y Troquelados de Aragua $ 9,8 millones.

 

Mientras que a los fabricantes de filtros Affinia, Jet Filter, Infilca y Ecofilca se le otorgará $13 millones, y a los fabricantes de Radiadores Infrasa y Fraeca un total de $10,2 millones para importar insumos de China.

 

El ministro escribió en un último mensaje en Twitter que los fabricantes de ballestas y espirales Metalcar y Fábrica Procesadora de Metales recibirán $8,4 millones.

 

El gobierno nacional ha sostenido reuniones con directivos y representantes de distintos sectores empresariales en busca de acuerdos para impulsar la producción de bienes y servicios en el país. (El Mundo)

 

 

Agencias no han vendido ni un boleto internacional en 2015

Para las agencias de viaje 2014 no fue un buen año. Y este no se vislumbra mejor: en los 53 días que han transcurrido de 2015 no han vendido ni un boleto aéreo internacional, afirmó Sandra González, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo.

 

¿La razón? Las aerolíneas extranjeras que operan en el país no les han abierto el inventario de pasajes disponibles, dijo. Desde inicios de 2014 las empresas aéreas comenzaron a reducir vuelos y butacas para el mercado venezolano por la deuda que mantiene el gobierno con el sector, que –según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés)- está cercana a 3,6 millardos de dólares.

 

Para evitar que el compromiso aumente, las líneas también pusieron en práctica otra medida: limitar la venta de boletos en bolívares y comercializar el mayor número de pasajes en dólares. Para cumplir con esto, las empresas aéreas ofrecen los boletos en sus páginas web y restringen la disponibilidad de pasajes a las agencias de viaje.

 

“Con lo poco que venden en bolívares pagan costos operacionales. La mayor evidencia de que el grueso de los boletos se comercializa en dólares es que el compromiso del gobierno con el sector es el mismo desde hace meses; es decir, las empresas no han solicitado nuevas liquidaciones de divisas”, señaló una fuente de la industria. Datos del sector confirman la información. Indican que en 2014 se emitieron 25% menos pasajes que el año anterior.

 

Sin tasa definida. La incertidumbre sobre a qué tasa establecerá el gobierno el valor de los boletos internacionales no propició que en los últimos días creciera la demanda, dijo González. “Recibimos las mismas solicitudes de pasajes. Yo creo que la gente sabe que no van a conseguir, por eso no vienen”.

 

En el sector existen opiniones encontradas. Hay quienes dicen que los boletos se calcularán a la cotización del Sistema Marginal de Divisas, que se ubica alrededor de 170 bolívares por dólar, y otros que señalan que se mantendrá a la tasa del Sistema Complementario de Administración de Divisas, antiguo Sicad I, de 12 bolívares por dólar.

 

Si se cumple el primer escenario, un pasaje a Miami, que actualmente se consigue en aproximadamente 1.000 dólares, costaría 170.000 bolívares. Si continúa en Sicad, el valor sería 12.000  bolívares. Sin embargo, los pocos boletos que se encuentran en el mercado nacional para ese destino se ofrecen en 75.000 bolívares.

 

“La venta de pasajes en bolívares se regularizará cuando el gobierno pague la deuda a las aerolíneas. En ese momento aumentará la oferta; mientras tanto no”, dijo la fuente.

 

Apostando por lo nacional. La venta de boletos es la principal de fuente de ingresos de las agencias de viaje, por lo que la poca disponibilidad de pasajes ha impactado al sector, que genera 15.000 empleos directos y 250.000 indirectos.

 

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo no ha reportado el cierre de alguna agencia, pero reconoce que la situación pone en riesgo su capacidad empleadora. “Lamentablemente sabemos de agencias que han tenido que hacer recorte de personal”, dijo otro representante de Avavit.

 

González indicó que el sector tiene alrededor de un año subsistiendo con el mercado aéreo nacional. “Dentro de lo que se puede, porque también está limitado”.

 

A propósito de Semana Santa, dijo que las ventas se han movido bastante bien. Destacó que conseguir un boleto para Margarita, el principal destino turístico del país, “está complicado”. (El Nacional)

 

 

Solicitan se aplique nueva vacatio legis a la Ley de Aduanas

Cipriana Ramos, presidenta de asuntos aduanales de Consecomercio destacó que la reformada Ley Orgánica de Aduanas (LOA) tiene muchos vacíos jurídicos por lo que tienen dudas sobre la aplicación de la norma que fue aprobada vía habilitante, que hasta los momentos no han sido respondidas por los entes oficiales.

 

Asegura que la normativa tiene medidas restrictivas y punitivas que amenazan la actividad aduanera en el país por lo cual los trabajadores solicitan que sea aplicada una nueva vacatio legis para que el sector se reúna, la discuta y se hagan las correcciones necesarias.

 

Ramos asegura que las sanciones y multas establecidas en la reformada ley pudieran llevar a la suspensión y revocatoria de los auxiliares de la administración aduanera, por causas que escapan de sus manos por factores externos inherentes al comercio internacional y hasta al propio Seniat.

 

La ley especifica que hay que hacer una Declaración Anticipada de Información (DAI) con un lapso comprendido entre quince a dos días antes de la llegada de la mercancía cuando sea por vía marítima y entre quince a un día antes de su llegada cuando sea por vía aérea o terrestre, esto se hace mediante internet, sin embargo acotó el pasado jueves no había sistema para realizar la DAI “y si vas a la aduana te dicen que si no transmites te multamos” explicó.

 

La DAI tiene elementos positivos, como la gestión de riesgos y la preliquidación para despacho directo de productos esenciales, que el Sidunea durante más de 10 años de funcionamiento aun no contemplaba, pero impide a un productor o empresa que requiera un repuesto con urgencia enviarlo con esa premura y al constituir parte de sanción tan severa como suspensión o revocatoria obscurece sus bondades, aseverá.

 

La no declaración dentro del lapso establecido (5 días hábiles) cuando llega la mercancía al país puede ocurrir porque el importador no ha recibido los documentos, porque Bolipuertos no ha entregado el acta correspondiente, o porque el Seniat no ha autorizado el vaciado del contenedor, pero aún así esta situación hace acreedor al importador y al agente de aduanas de una multa por 50 UT, pero este último puede sufrir una suspensión temporal o revocación de la autorización si le han aplicado dos o tres sanciones.

 

Esta normativa hace extensiva al auxiliar de la administración aduanera responsabilidades con sancionespor factores que no puede controlar, explica.

 

Debido a esto aseguran que la entrada en vigencia de la normativa pone en riesgo esta actividad económica en las ciudades portuarias del país que son en su mayoría realizadas por empresas pequeñas.

 

“ Hay 23 artículos que pueden aplicar 79 sanciones, que lanzarían por la borda el esfuerzo de miles de familias aduaneras. Un solo embarque podría significar la suspensión o revocatoria de transportista, consolidador, almacén y agente de aduanas. Esto es gravísimo.”

 

También anunció que “estamos preparando desde los gremios un documento para nuestros clientes donde ellos son responsable de estas sanciones cuando sea imputable el importador, pero esta medida no evitará la quiebra porque ningún importador va a asumir la indemnización por suspensión o revocatoria de un auxiliar. Esta ley obliga a la sincronización del proveedor, importador y auxiliares de la administración aduanera, pero también de todo los funcionario de la administración aduanera”.

 

Por otro lado, aseveró que “todavía no tenemos claro muchísimos obligaciones que tenemos que cumplir… no está clara la distinción en las obligaciones del agente aduanal y de la agencia de aduanas. Hay dudas también sobre las competencias que modificaron.

 

El gremio esperaba la adaptación de la Ley de Aduanas al Mercosur y que recogiera el título completo referido a las exportaciones, simplificara los trámites y adoptara medidas positivas para el comercio internacional.

 

Por su parte, Eduardo Quintana presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira , destacó que la creación de una serie de sanciones que eran inexistentes en el pasado es otro aspecto que impactará en los costos de producción de la actividad aduanera, “estos impuestos si a caso son aceptados por los importadores son sumamente costosos y que representa una limitación porque no todos tendrán para cubrir los gravámenes de este impacto no percibido con antelación”, dijo.

 

Los aduaneros claman la suspensión temporal de la entrada en vigor de la ley, para que el sector se reúna y discuta la norma para unificar criterios, por lo que están enviado sus consideraciones a la Asamblea Nacional para que sancione la entrada en vigencia de la normativa. (El Mundo)

 

 

Hinterlaces: 59% de los venezolanos aprueba aumento de la gasolina

El presidente de la encuestadora Hinterlaces, Óscar Schemel, aseguró que 59% de los venezolanos dijo estar de acuerdo en aumentar la gasolina, de acuerdo con un sondeo realizado por Hinterlaces.

 

Sobre un posible ajuste, el 48% de los encuestados por Hinterlaces dijo que los recursos deberían invertirse en la construcción de más escuelas, autopistas y carreteras; 30% se inclina a que se invierta entre los venezolanos a través de una tarjeta sólo para la compra de alimentos y medicinas; y un 10%propone usar el excedente para un fondo de ahorro a la nación.

 

Schemel  expresó además que la mayoría de los venezolanos apoya la decisión de mantener el control cambiario en el que prevalezca un dólar preferencial a 6,30 bolívares para garantizar la satisfacción de las necesidades del país con énfasis en la alimentación y la salud.

 

El más reciente estudio realizado por la empresa encuestadora Hinterlaces, aplicada entre el 29 de enero y el 15 de febrero de este año, con una muestra de 1.200 personas, indica que el 63% de los venezolanos apoya la medida del Gobierno Nacional de mantener un dólar preferencial a 6,30 bolívares.

 

El sondeo arrojó que sólo 30% de los encuestados consideró negativo para la economía mantener el control cambiario. (El Nacional)

Gobierno ordenó detención de más de 20 empresarios

Presos

 

En lo que va de 2015 el gobierno ha anunciado la detención de más de 20 empresarios y gerentes de distribuidoras, comercializadoras de alimentos y bienes, más una red de farmacias, acusándolos de librar una “guerra económica” por presuntamente incurrir en los delitos de especulación, asociación para delinquir, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta, expendio de alimentos vencidos, acaparamiento, agavillamiento e incumplimiento establecidos en el artículo 60 de la Ley de Costos y Precios Justos, referido a boicot.

Son tres los empresarios detenidos de la Distribuidora Distenca, dos de  Farmatodo, uno de Unicasa, cinco de la Corporación Cárnica, uno de Día Día, uno de la Distribuidora Alimentos CDF, tres de Distrilago y cuatro de Zuli Milk. A esta lista se le suman los dueños de Representaciones Herrera, que se desconocen quiénes y cuántos son.

Ayer la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a tres personas por el supuesto acaparamiento de cauchos y repuestos para carros en La Villa del Rosario. Iría Romero, Dibaye Rodríguez y Marcos Arroyo, quienes eran la propietaria, administradora y enlace de compras, respectivamente, de la Distribuidora Distenca, fueron acusados de acaparar la mercancía, para presuntamente venderla a sobreprecio. Se les acusa de asociación para delinquir y acaparamiento.

El miércoles 4 de febrero la Fiscalía solicitó la privativa de libertad de Pedro Angarita y de Agustín Álvarez, presidente ejecutivo y vicepresidente de operaciones de Farmatodo, respectivamente. Fueron imputados por presunto boicot y desestabilización económica y permanecen recluidos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, según un comunicado del Ministerio Público.

El fin de semana el presidente Nicolás Maduro había anunciado la detención de los directivos: “Pido a la Fiscalía acelerar todos los cargos para que vayan presos, bien presos. ¡Que les pongan los ganchos por conspiradores!”.

A la cadena Farmatodo que comercializa medicamentos, artículos de cuidado personal y alimentos en 147 tiendas,  la Superintendencia de Precios Justos le abrió un acto administrativo.

Ese mismo día, el gerente de Unicasa-Plaza Mayor, Omar Ortuño, fue detenido por inactividad de 10 cajas de pago y la venta controlada de productos de primera necesidad a las afueras del establecimiento. Unicasa fue multada con 2,5 millones de bolívares.

El 3 de febrero el Ministerio Público privó de libertad a cuatro gerentes y a una accionista de la empresa Corporación Cárnica 2005 C.A,  por supuestamente incurrir en los delitos de especulación, boicot, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta, expendio de alimentos vencidos, acaparamiento y agavillamiento. Fueron imputados la accionista y tesorera, Tania Salinas Rebolledo; los gerentes de logística y distribución, administración, compras y mercadeo, Yolman Valderrama, Delia Rivas Colina, Anllerlin López y Ernesto Arenas.

El lunes 2 de febrero Maduro pidió la detención de los directivos de la cadena de Practimercados  Día Día. La madrugada del martes 3 fue ocupado temporalmente por el gobierno el almacén ubicado en La Yaguara, en Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, encabezó el operativo. Aseguró que encontraron más de 2.500 toneladas de alimentos acaparados.

Coraje y rigor. El 23 de enero se privó de libertad a Mauro Baffuno, coordinador de producción de la Distribuidora Alimentos CDF, por delitos económicos, es decir, no procesar café regulado, señaló el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.

El 27 de enero el gerente de Transporte de  Distrilago C.A., Víctor Medina; el jefe de Planta, Silvio Calderón; y el trabajador Jean Carlos Arellano fueron privados de su libertad por su probable vinculación con el acaparamiento de 6 toneladas de leche en polvo.

El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó el 12 de enero que fue emitida la orden de captura de los hermanos Herrena, dueños de  la distribuidora de productos de consumo masivo Representaciones Herrera. La empresa fue intervenida temporalmente y desde entonces pasó al Ministerio de Alimentación.

El viernes 9 de enero el viceministro de Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio, anunció que Zuli Milk sería intervenida por el gobierno por supuestas irregularidades en la creación del producto, su distribución y su precio.  Más tarde, informaron que pasaban a Fiscalía los cuatro dueños de la empresa y que podrían pasar 10 años en cárcel.

El Dato
El Intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos, Cesar Ferrer, decomisó 33 toneladas de alimentos de la cesta básica, que se estaban vendiendo de manera ilegal a través de la modalidad de bachaqueo en el municipio Sucre, estado Miranda. Los productos serán distribuidos a través del Sistema Integral de Control de Alimentación a 35 bodegueros de 5 comunidades de la zona.

A ver… ¿Cómo te explico?  por Francisco J. Quevedo

Pizarra

 

¿Cómo se le explica a alguien que no entiende, o que no quiere entender, que son los mismos controles los que crean las condiciones ideales para la escasez, para la inflación, la real, esa que pagamos por lo que se consigue y no la que nos informa el BCV, y para el “bachaqueo”, entre otros daños colaterales? “Toda solución genera nuevos problemas” dicen las Leyes de Murphy. La Ley de Costos y Precios Justos coloca el PVJ muchas veces por debajo del costo real, haciendo inviable la producción de muchos bienes de primera necesidad, generando así escasez y promoviendo la búsqueda de soluciones desesperadas, no exentas de sus propias complicaciones. Y el régimen cambiario marca esos productos a Bs. 6,30 ó 12 por dólar, y coloca a la vez el cambio paralelo sobre Bs. 175, ofreciendo una rentabilidad hasta del 2.777% en la reventa.

La contraofensiva mediática del Estado y la campaña orquestada en las redes sociales que pretende tapar el sol con un dedo se cae de madura cuando comparamos el precio de la gasolina de un lado y otro de la frontera, y nos preguntamos cómo se lucha contra un incentivo creado por las mismas políticas del Estado que supuestamente pretenden evitarlo. A US$ 0,99 ó Bs. 173 el litro en Cúcuta vs. Bs. 0,097 en San Antonio, un tanque de 60 litros comprado aquí y vendido allá a un “pimpinero” representa una ganancia de Bs. 10.375, más de dos salarios mínimos. ¿Pa’ que trabajar, si con cruzar el puente y vaciar un tanque a la semana se gana uno más de Bs. 40.000 al mes?

La “guerra económica” nace en Miraflores, de la mente del “monje” y tantos marxistas que creen que la crisis es necesaria porque forma parte de la transición al Socialismo, y cuenta con un armamento que incluye un sistema cambiario atroz que combinado con los controles de precios subsidia más la importación que la producción de alimentos. Y no tenemos por qué hablar de la reventa de dólares obtenidos por los corruptos y allegados del Gobierno. El Estado se dedica a asegurar que los productos sean irracionalmente baratos a través del Indepabis que en efecto defiende más los costos del buhonero y el “bachaquero” que los precios al consumidor, quien a la final no consigue esos productos y termina pagando la diferencia en la calle. El armamento bélico-económico estatal incluye además, tasas de interés reales negativas que incentivan el crédito que impulsa no la inversión productiva sino la especulación cambiaria, y que mantiene en alza el mercado paralelo. Súmesele una imprenta de billetes y política monetaria que hacen disparar el circulante, más el dispendio fiscal y la dilapidación de las reservas internaciones y uno se pregunta, ¿cómo hemos podido llegar tan lejos?

Para colmo de males, el Estado es el principal importador. 62% del azúcar que se consume en Venezuela es importada por el Gobierno. ¿Si usted no la consigue, a quién va a culpar? Igual sucede con toda la leche en polvo y buena parte de la leche líquida que viene de países amigos del cono sur, de Ecuador y Nicaragua. Un litro de UHT uruguaya, importada por el Gobierno Nacional, se vende por Bs. 18, mientras que las marcas nacionales cuestan normalmente Bs. 54. ¿Cómo compite la industria contra políticas que subsidian no a los productores nacionales sino a los extranjeros y que prefiere generar en empleo en Montevideo en lugar de Carora? Comparemos estos precios con los internacionales que oscilan sobre US$ 1,25el litro al detalle. ¿A cuánto los calculamos, a 6,30, a 12, a 52 o a 175 Bs./$? El rango iría de Bs. 7,87 hasta Bs. 218,75. ¿Y ahora, por cuánto vendería usted un litro, cuando no sabe si le liquidarán las divisas a cualquiera de los tres cambios oficiales? ¿Cómo se trabaja con tanta incertidumbre?  

La “guerra económica”, si quieren llamar así al contrabando, a la buhonería, a las mal llamadas “compras nerviosas” y sí, a la especulación, se alimenta primero de los controles de precios que por un lado abaratan los productos y por el otro quiebran a los productores nacionales y generan escasez, segundo, se aprovecha del régimen cambiario que por un lado subsidia a los productores extranjeros más que a los venezolanos, y por el otro incentiva el “bachaqueo”, tercero, se nutre de la inflación creada por una política expansionista que genera tasas de interés reales negativas que a su vez disparan la especulación en divisas, y, cuarto, la agrava tanta politiquería fiscal que lanza el dinero a la calle sin requerir contraprestación productiva, comprando voluntades, pagando por no trabajar.

A ver… ¿Cómo te explico? Definitivamente, no hay peor ciego que quien no quiere ver.

 

@qppasociados