ley de amnistía

EL SENADOR ESTADOUNIDENSE Marco Rubio dijo que los líderes militares venezolanos aún tienen tiempo de obtener la amnistía, pero solo «si desempeñan un papel en la restauración de la democracia».

«Todavía hay tiempo para que los líderes militares en Venezuela puedan mantener su rango, se les conceda amnistía legal, se les eliminen las sanciones de Estados Unidos y participen en un gobierno de transición, pero solo si desempeñan un papel en la restauración de la democracia», escribió Rubio en Twitter.

El parlamentario aseguró el viernes que las personas allegadas al oficialismo que hayan cometido crímenes de lesa humanidad no recibirán amnistía de Estados Unidos.

«Hay algunos funcionarios que no van a recibir ese proceso. No puedo dar nombres, pero hay individuos que no se pueden beneficiar de eso, y de hecho no hay amnistía para crímenes graves por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», acotó Rubio en rueda de prensa.

Este lunes aseguró que los próximos días serán “tensos” para Venezuela y afirmó que el país será libre. Indicó que en conversaciones con el presidente Donald Trump,  concordaron en que la próxima vez que la bandera de Estados Unidos ondee en el país suramericano, este será un Estado libre.

“Los próximos días serán tensos, pero muy importantes. La libertad viene para Venezuela”, afirmó.

El senador, que sigue de cerca la crisis que atraviesa el país,  afirmó que la decisión de retirar a los diplomáticos estadounidenses del territorio venezolano tiene que ver con medidas de seguridad, debido a los problemas energéticos que se registraron en el país y que generarían irregularidades para el personal estadounidense.

There is still time for military leaders in #Venezuela to
– maintain their rank
– be granted legal amnesty
– have U.S. sanctions removed; &
– participate in a transitional government

But only if they play a role in restoring democracy.

Hurry.

It only gets worse from here. https://t.co/fnXmDaJCPs

— Marco Rubio (@marcorubio) 20 de marzo de 2019

NADIE DEBERÍA DUDAR DE QUE estamos viviendo los últimos capítulos de la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Su desalojo es un hecho inédito pero cierto, se asemeja a la caída de otros dictadores que por aferrarse al poder terminaron presos o muertos, como es el caso de Alberto Fujimori  que actualmente cumple una larga condena en el Perú y posiblemente muera muy enfermo en prisión;  del panameño Manuel Noriega, capturado por los norteamericanos y llevado a una cárcel estadounidense acusado y juzgado por narcotráfico; del yugoslavo Slódoban Milósevic, entregado a la Corte Penal Internacional de La Haya; o del megalómeno Muammar Gadafi, muy bien recibido en Venezuela por su par venezolano, el difunto Hugo Chávez Frías, pero finalmente derrocado y arrastrado en la calle por una multitud, en el sur de su país, adonde huyó y encontró la muerte, tiroteado sin misericordia mientras pedía clemencia, poniendo fin así a más de cuatro décadas de cruel tiranía.

Deberían preguntarse quién podrá contener la ira y el odio acumulado durante años de sufrimientos, con tantos muertos debido a la falta de medicinas y de tratamientos médicos, por el hambre, la insalubridad y la miseria que convirtieron al país en solo escombros y ruinas. Quizás sea la razón para la reciente huida hacia Colombia del general Carlos Rotondaro, ex presidente de los Seguros Sociales, quien hace denuncias graves sobre la corrupción y las muertes de enfermos de diálisis, en lo que sin duda tiene sus responsabilidades. Pretende salvar su pellejo con la Ley de amnistía y el reconocimiento  de  Juan Guaidó como presidente interino. La tienen bombita para que negocien su salida y escojan un destino como España, donde algunos ya tienen propiedades, dinero -mal habido-  y hasta parte de sus familias, pero están aferrados en sus guaridas, con el apoyo de narcomilitares leales, los paramilitares de los colectivos, bandas delincuenciales que gozan de impunidad, los centenares de cubanos del G2 (la semana pasada llegó al país un equipo multidisciplinario integrado por unos 500 cubanos, especialistas eléctricos y expertos en disuasión de manifestaciones), de sus aliados de la guerrilla colombiana y de los descarados colaboracionistas, que dicen ser de oposición, pero hacen un admirable servicio de bomberos en comparsa con negociadores extranjeros, como el español Rodríguez Zapatero, que intenta darle los últimos respiros, boca a boca, a la dictadura.

En el espectro político han reaparecido los fantasmas del diálogo y las negociaciones, a pesar de que un abrumador 88,9% del país  quiere que se “vayan ya” del poder y no están dispuestos a apoyar diálogo ni negociación alguna, como lo  señala la encuestadora Meganálisis en su último sondeo. No hay que creer en cuentos de camino de otras encuestadoras, que están saliendo al paso para hacer creer que hay un porcentaje importante de la población que quiere negociar. Aquí la única negociación posible es la salida inmediata de Maduro y de sus secuaces.

@AliasMalula

El Nacional

En apenas cuatro días de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en enero de 2019 se produjeron 33 muertos, la misma cantidad en 25 días de manifestaciones entre abril y julio de hace un par de años. Una represión con mayor contundencia, ahora con el foco en zonas populares se experimentó en el primer mes del año.

En 2017, los líderes políticos enfocaban el discurso antigubernamental en el bloqueo al referendo revocatorio y el desconocimiento a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo y el TSJ, par de años después los objetivos de la oposición venezolana son aún más específicos: cese de usurpación de funciones por parte de Maduro, un gobierno de transición y elecciones libres.

Amparados en la proclamación de Juan Guaidó como mandatario encargado de la República el pasado 23 de enero y el reconocimiento de 44 países al presidente de la Asamblea Nacional, la oposición ha trazado una estrategia más frontal para desmontar el gobierno de Maduro. Conjugando actividades de calle con presión internacional, aunado a la posibilidad de atraer a funcionarios militares y policiales con una Ley de Amnistía y la apertura de un canal humanitario en las fronteras, la coalición contraria al chavismo pretende generar un cambio en la estructura de poder.

A continuación enumeramos las diferencias más notables en las protestas y estrategias de 2017 y 2019:

Espontaneidad en sectores populares

A juicio del consultor político, Oswaldo Ramírez, la principal diferencia entre las protestas callejeras de 2017 y 2019 radica en la espontaneidad. “Hace dos años tenías a los líderes de los partidos políticos convocando para marchas a diario hacia el centro de Caracas, en esta ocasión la población salió a la calle en las zonas populares como una respuesta a ese hartazgo que sienten por la precaria situación económica por la que atraviesan”, dijo. En la ciudad capital, hace dos años el epicentro de las concentraciones y protestas era en el este, en 2019 se trasladaron al centro y oeste de Caracas. “Incluso en partes cercanas al Palacio de Miraflores como La Pastora, El Amparo, El Cuartel, avenida Fuerzas Armadas y Altavista. Gente que suele recibir bonos, cajas y bolsas Clap del gobierno reclamando porque estos mecanismos de distribución ya no les satisfacen o simplemente ya no sirven para comprar su voluntad política”, dijo Ramírez. En 2019 hubo una especie de aprendizaje y las marchas ya no se dirigen a una institución gubernamental en el casco central de la capital con regularidad, ahora se hacen con mayor espacio y en sitios con aparente seguridad para los manifestantes.

Discurso directo

Para Ramírez el discurso político de la oposición es ahora más institucional que el de hace dos años. Se ha apelado a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución para desconocer al gobierno de Maduro.“En 2017 el discurso estuvo enmarcado en levantar la voz para denunciar todas las violaciones que cometió el gobierno, la gente atravesaba por una depresión porque le habían robado el referendo revocatorio en octubre de 2016, parte de la oposición se enfrascó en una negociación que no rindió frutos en República Dominicana y después todo explotó con las sentencias 155 y 156 que anulaban las funciones de la Asamblea Nacional”.

Ahora la dirigencia opositora no centra el grueso de sus alocuciones en las víctimas de las protestas sino que coloca el foco en los planes futuros. Hay una visión más de lo que se puede alcanzar a posteriori que antes.

El analista político indicó que el discurso de la dirigencia opositora en esta oportunidad es similar al de 2014 antes de las protestas que generaron la muerte de 43 venezolanos según el Ministerio Público que conducía la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Discurso protagonizado en aquel entonces por el dirigente encarcelado de Voluntad Popular, Leopoldo López, María Corina Machado de Vente Venezuela y el alcalde metropolitano exiliado, Antonio Ledezma.“Si uno revisa lo que se dijo antes de febrero y las muertes de Bassil Da Costa y otros tantos, la ruta era ir a las calles y hacer cabildos abiertos para escuchar las propuestas de la gente, además de perseguir el apoyo internacional”.

Mayor represión en menos días 

En las protestas de 2017, la represión de los cuerpos de seguridad del Estado fue de menos a más. El primer muerto se produjo luego de cinco días de manifestaciones. En 2019, para el segundo día ya habían ocho asesinados y apenas en la tercera fecha (23 de enero) se contabilizaron 20 muertos a nivel nacional. La Guardia Nacional, encargada de la represión en 2017, tuvo escaso protagonismo en esta oportunidad. Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) se encargaron de contener el reclamo social en las barriadas caraqueñas.

“El Faes es un organismo policial que ha sido entrenado para matar, su formación es para intervenir en casos de terrorismo y secuestro. No son los indicados para problemas de orden público”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG de derechos humanos, Provea. “Fue un ataque cruel y selectivo. El gobierno sabe que tiene que reprimir fuerte a la gente en esos sectores, porque si ese descontento se desborda va a generar una situación de alta ingobernabilidad. Un aspecto importante es que el costo de la impunidad en los barrios es menor porque la gente no denuncia, la gente es amenazada no solo por funcionarios, sino también por colectivos y patriotas cooperantes”.

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Difícil acceso para medios de comunicación

En 2017, las víctimas de la violencia uniformada en las marchas contaban con los medios de comunicación impresos, digitales y de televisión por suscripción. Algunas de las agresiones fueron documentadas por periodistas o usuarios de la redes sociales como el asesinato de Neomar Lander el 7 de junio en la parte baja de la Avenida Libertador o el de David Vallenilla, 15 días después en las inmediaciones de la Base Aérea La Carlota. Dos años después las características de las manifestaciones hicieron menos visibles a los afectados. “Algunas muertes de 2017 fueron documentadas casi en vivo. Las protestas de este año se hicieron de noche y no tuvieron mayor exposición”, dijo Oswaldo Ramirez.

Ausencia de Ministerio Público

La mayoría de los 157 asesinatos (cifras de la base de datos de Runrunes)  que se registraron en las protestas de 2017 fueron documentados por el Ministerio Público entonces liderado por la hoy en día Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

Con Tarek William Saab, ahora al frente del despacho por mandato de la asamblea nacional constituyente, ni medios de comunicación ni organizaciones no gubernamentales han podido corroborar las estadísticas. “Ha sido muy cuesta arriba para nosotros. A eso hay que sumar que la Defensoría del Pueblo ha estado absolutamente ausente”, dijo Rafael Uzcátegui de Provea. Uzcátegui aseguró que la principal misión de organismos independientes es darle un rostro a cada de una de las víctimas. Alertó que el gobierno ha querido hacer ver a los muertos en las manifestaciones de enero como delincuentes. “Al menos 10 de esas víctimas podrían haber estado involucradas en situaciones de saqueo y de allí se aferran para engordar esa tesis”.

Se le habla de otra forma a los militares

En 2017, la dirigencia política opositora, ONG y sociedad civil denunciaron excesos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado fuera y dentro de las fronteras venezolanas. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General en el exilio entregó un documento en la Corte Penal Internacional en La Haya donde acusa a Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.

En el expediente también figuraron los nombres del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, el ex director del Sebin, Gustavo González López y el ex Comandante General de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres.

Ahora en 2019, diputados de la AN liderados por el presidente interino Juan Guaido planean otorgar amnistía a aquellos que desistan de reprimir a los ciudadanos y acompañen el proyecto de renovación democrática. “Están en la mesa esas garantías para todos aquellos que quieran ponerse del lado de la Constitución”, dijo Guaido en una entrevista de televisión. Se ha hecho especial hincapié en que la Ley de Amnistía promovida este año por la Asamblea Nacional no beneficiará a aquellos funcionarios que hayan cometido atropellos a los derechos humanos.

El encuentro de todos en la calle

Desde abril de 2002, cuando las protestas llegaron al clímax en el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, la clase media siempre había tenido un papel preponderante en las manifestaciones de calle. Durante el mandato de Maduro, las expresiones de inconformidad pública han permeado otros estratos.      

En 2017, el principal aliciente de la oposición era penetrar los municipios con alcaldes chavistas para manifestar o hacer entrega de un documento en una institución. Se pretendía conquistar un quiebre de la burocracia con la protesta masiva de calle y el costo fueron decenas de muertos, centenas de heridos, encarcelados y exiliados. El gobierno y el ímpetu sin brújula definida de algunos opositores hizo caer a la sociedad civil en una pelea callejera estéril y desigual con funcionarios del Estado. Par de años después hay una aparente lección aprendida. No se aplaude la violencia, no hay escuderos ni encapuchados a la vista.

“La estrategia del gobierno siempre fue la de separar a los sectores sociales, crear una especie de sectarismo. Ahora ese encuentro se está dando en las protestas”, dijo Rafael Uzcátegui de Provea. Uzcátegui comentó que en 2018, pese a que no hubo llamado formal a la protesta política, se inoculó en los sectores populares un sentimiento generalizado de frustración. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en 2018 se estableció un récord con 12 mil 175 protestas a nivel nacional, un promedio de 35 por dia. “Ya no era una protesta política, era gente reclamando por sus derechos sociales, económicos y también laborales. Un aspecto simbólico fue el pernil en diciembre pasado, la gente pagó y el gobierno los estafó, allí hubo un quiebre. Los sectores populares siente que ya no obtienen respuesta y están cansados”, dijo Uzcátegui.

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Este domingo la oposición venezolana planifica la entrega a militares y funcionarios públicos la Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales que fue aprobada el pasado martes por la Asamblea Nacional.

El pasado viernes, desde un mitín realizado en la Plaza Bolívar de Chacao en Caracas, Juan Guaidó hizo un llamado a los manifestantes a imprimir la Ley de Amnistia y entregarla a cualquier familiar, amigo o vecino militar que conozcan. «La pueden imprimir y pasarla por debajo de la puertas de las casas de estos hermanos venezolanos. También pueden ir en grupo y llevarla a comandos policiales y militares cercanos a sus residencias», dijo Guaidó.

A continuación el texto de la Ley de Amnistía:

LEY DE AMNISTÍA Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PARA LOS MILITARES Y CIVILES QUE COLABOREN O HAYAN COLABORADO CON LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

Exposición de Motivos

La Amnistía es una gracia o beneficio de carácter excepcional, atribuida de manera expresa al Poder Legislativo en el numeral 5º del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consiste en excluir un hecho delictivo o una infracción de lo jurídicamente relevante, impidiendo al Poder Judicial, Administrativo y al Poder Público en general, intervenir y aplicar el derecho que los sanciona, extinguiendo todos los efectos de las investigaciones, procesos, procedimientos, penas y sanciones o cualquier otro efecto jurídico que se haya materializado como consecuencia o en relación a situaciones determinadas de especial trascendencia, con la finalidad de restablecer la paz social y democrática y la concordia nacional. La Amnistía se refiere a hechos que han sido considerados como infracciones al ordenamiento jurídico en general, y no a las personas individualizadas, de manera que si el hecho o suceso que le da origen queda despenalizado y, por tanto, borrado o extinguido como infracción, delito o falta, la Amnistía opera para todas las personas que pudieran haber sido sujetas a denuncias, acusaciones o que de oficio hayan sido investigadas, imputadas, acusados sujetas a procedimientos o a procesos de cualquier tenor, o sancionadas, a consecuencia los mismos. El contexto político en el que se dicta esta Ley, viene caracterizado por los hechos ocurridos en Venezuela a partir del 10 de enero de 2019, cuando se profundizó la ruptura del orden constitucional, ya que el régimen de Nicolás Maduro ha incurro en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, tal y como ha declarado, entre otros organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, debemos recordar que el 20 de mayo de 2018, se llevó a cabo un proceso fraudulento, al que pretendieron llamar elección, con los principales partidos políticos de oposición ilegalizados, incluyendo el más votado de la historia: el de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); con un Consejo Nacional Electoral (CNE) parcializado e ilegalmente constituido; con una convocatoria realizada por una espuria Asamblea Nacional Constituyente; con varios líderes políticos de oposición detenidos, en el exilio o inhabilitados; sin observación electoral nacional e internacional, imparcial y capacitada; con la utilización grosera de los recursos del Estado en favor del candidato oficial; con graves violaciones a la Ley Orgánica de Procesos Electorales y, en definitiva, sin las mínimas garantías de un proceso democrático. Por todo esto, el señalado proceso es jurídicamente inexistente, como ya esta Asamblea lo ha declarado con base en los artículos 25 y 138 de la Constitución. Así ha sido declarado también por la mayoría de los Estados democráticos del mundo.

Como resultado de lo anterior, no existe Presidente electo en Venezuela y mucho menos pudo asumir la Presidencia mediante juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2019, cuando de conformidad con los artículos 230 y 231 de la Constitución, debió darse inicio a un nuevo período presidencial. Ante el vacío institucional derivado de la ausencia de Presidente electo, Nicolás Maduro está usurpando la Presidencia de la República, tal y como señalaron los países del Grupo de Lima en comunicación del 4 de enero de 2019, y tal y como reiteró el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, en su discurso de 5 de enero. Tal usurpación, de acuerdo con el artículo 138 constitucional, produce la inexistencia jurídica de todas las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de ese día. Por estas razones, hoy existe una flagrante usurpación en la Presidencia de la República, circunstancia que es reconocida de esta manera por el grueso democrático del mundo, como ya se señaló. De conformidad con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia.” Según lo establece entonces el artículo antes citado, los miembros de la Fuerza Armada de Venezuela, los policías, el resto de los funcionarios civiles y, en general, cualquier ciudadano, tiene hoy el deber de colaborar con el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela. Por ello es deber de la Asamblea Nacional legislar para que los militares o civiles que actúen con base en el artículo 333 constitucional, para restablecer el orden constitucional conculcado, tengan asegurada la amnistía y la reinserción en la vida democrática del país. Asimismo, la presente Ley alcanzará igualmente a todos los hechos penales en los que han involucrado a militares, diputados y a otras personas que se encuentren detenidas, exiliadas o perseguidas judicialmente por razones políticas al momento de la entrada en vigencia de este instrumento jurídico. En definitiva, esta Ley de Amnistía y Reconocimiento de Todas las Garantías de Reinserción Democrática Para los Funcionarios Militares y Civiles que Colaboren en la Restitución del Orden Constitucional en Venezuela, tiene como finalidad fijar una importante base para la facilitación de una transición política, en la cual se concreten los pasos para unas verdaderas elecciones presidenciales mediante votación universal, directa y secreta, revestida de todas las garantías democráticas

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EL PLAN DEL LÍDER DE OPOSICIÓN VENEZOLANO, Juan Guaidó, comenzará a tomar forma este fin de semana. El político que el pasado miércoles desafió a Nicolás Maduro juramentándose como presidente del país busca afianzar sus pasos. Los primeros se darán este sábado. Lo anunció el propio Guaidó en el cabildo abierto o reunión vecinal celebrado el viernes en la plaza Bolívar de Chacao, quizá el municipio de Caracas más simbólico para la oposición. «En cada municipio haremos asambleas populares para rendir honor a las víctimas y propagar la información», avanzó el dirigente de Voluntad Popular. Las protestas que precedieron a las marchas de esta semana dejaron al menos 26 muertos y casi 400 detenidos, sobre todo en los barrios populares.

El apoyo explícito de la llamada comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, Canadá y los principales Gobiernos latinoamericanos salvo México y Uruguay, resulta determinante. Pero Guaidó necesita también respaldo interno, no solo de sus simpatizantes o de todos los que se fueron alejando del chavismo sino también de una parte de la estructura del Estado, con las fuerzas armadas a la cabeza.

Aquí es donde encajan las actividades previstas para el domingo. Una jornada, señaló el político, que pretende dedicar a la pedagogía entre los militares. Se trata de explicarles el alcance de la ley de amnistía que ofrece a los que abandonen a Maduro. «Nos vamos a organizar en pequeños grupos para que se la entreguen a la familia militar, a sus amigos militares, y después entregarlos a las comandancias cercanas», dijo antes de destacar el carácter pacífico de esas acciones. Sin el apoyo de al menos un sector de esa «familia» sería imposible alcanzar el poder. Así, pidió a sus seguidores que descarguen el texto de esa norma, lo impriman y entreguen las copias. «En pequeños grupos pueden acercarse a las comandancias y entregarlas». El objetivo es lograr una quiebra interna de las fuerzas armadas, que en los últimos días ya han dado algunas muestras de hartazgo y han protagonizado amagos de desobediencia.

El tercer paso para continuar con el desgaste del Gobierno será una nueva movilización, prevista para la semana que viene. «Los avisaremos el domingo, estén muy atentos», adelantó Guaidó. Su compromiso a este respecto no tiene matices: pidió a los venezolanos marchar hasta el restablecimiento de una democracia plena. Es decir, agregó, «hasta que logremos el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres».

ALFREDO ROMERO, DIRECTOR EJECUTIVO DE FORO PENAL advirtió que no puede haber impunidad con una ley de amnistía.

Romero indicó que no se puede favorecer a aquellos quienes cometieron violaciones de Derechos Humanos.

Por su parte, el abogado de la ONG Gonzalo Himiob señaló que la amnistía propuesta por la Asamblea Nacional debe ajustarse a pautas internacionales.

«No se puede conceder la amnistía a quienes incurrieron en crímenes de guerra o de lesa humanidad», explicó.

Aclaró que una cosa es la amnistía y otra cosa es el otorgamiento de beneficios procesales como parte de una transición.

Los directores del @ForoPenal, @HimiobSantome y @alfredoromero , fijaron posición sobre la transición, la actuación de la Asamblea Nacional, la Ley de Amnistía y la creación de un Consejo de Respeto de Derechos Humanos y la Democracia #TVVNoticias por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/xpSxY7FLad

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 18 de enero de 2019

El propósito del Pacto de Puntofijo fue superar, en 1958, la verdadera peste venezolana: Nuestra generosidad, hasta para los odios.

Rómulo Betancourt, aleccionador, afirma que “el «yo acabaré con los godos hasta como núcleo social», de la conocida frase del autócrata, que se exhibía con externo atuendo liberal, es expresión que tipifica esa saña cainita que ha dado fisonomía a las pugnas interpartidarias en Venezuela. La coalición ha significado y significa la eliminación de ese canibalismo tradicional en nuestro país en las luchas entre los partidos, realizadas en los limitados intertulios democráticos, paréntesis fugaces entre largas etapas en las que se impuso sobre la nación el imperio autoritario de dictadores y de déspotas”, finaliza.

El realista deslave de inhumanidad que muestra el documental de Gustavo Tovar, que describe al chavismo como la peste del siglo XXI, haría buenos frutos si hubiese despejado –que no lo hace– el aspecto crucial del problema, a saber, el de los odios intestinos en la Venezuela política; esos que, de nuevo estimulados, impiden revertir la cruda tragedia que nos apresa.

Lo digo por una razón de fondo. Quienes, al apenas iniciarse tal tragedia, incluyendo medios, empresarios, banqueros, intentan en comandita apropiarse de Chávez, saben bien que unos lo aúpan para ganarle a un muerto, al mismo Betancourt, la guerra de guerrillas en la que fracasan junto a Fidel Castro en los años ‘60. Y otros – llamémosles conservadores de izquierdas y de derechas – lo apoyan para vengar resentimientos arrastrados desde el 18 de octubre de 1945, que convergen con los viudos de 1958. Todos a uno cavan sus propias tumbas. Lo prueba el documental. Nadie se salva, pues el resto son espectadores a la espera de asaltar a la patria como botín, repitiendo nuestro siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

Lo lamentable es, que quienes al igual que Arturo Uslar Pietri vieron frustrados sus ascensos en esa hora ominosa, antes que aprender de la historia optan por atizar resentimientos y los trasladan al siglo XXI. Y los causahabientes, por medrar en la cultura de presente del venezolano, y por digitales, además, simplifican las complejas realidades que acaban con nuestra democracia de partidos. Es un lujo que se permiten. Practican la democracia al detal, como mercancía de usa y tire, afirmados en el narcisismo globalizador. Los odios, son sólo un aspecto, es verdad, pero nublan el entendimiento, e inhabilitan para la construcción del porvenir.

Omito, por ahora, nombres y detalles por sentido de responsabilidad. Misael Pastrana, padre de mi amigo entrañable el expresidente colombiano Andrés Pastrana, repetía bien que “el peor crimen de un dirigente político es sembrar la desesperanza y el pesimismo en el corazón de su pueblo”.

Si cabe la metáfora, fui el último conserje de la república civil, luego de haber colaborado, antes, siendo Juez de la Corte Interamericana, con Carlos Andrés Pérez, a su pedido. Obran razones de afecto que no vienen al caso y las heredo. Las conoce Rafael Caldera, del que luego soy secretario de la Presidencia y ministro de relaciones interiores. Se trata de auscultar la difícil tarea de armar el rompecabezas militar dejado por los cruentos golpes de 1992. Sin eso la república se va al desaguadero. Poderes y partidos se encuentran deslegitimados.

Pérez impulsa la política de pacificación que no concluye al derrocársele “judicialmente” con los votos de su propio partido, necesarios en el Congreso. Los sobreseimientos, en lo inmediato, los continúa Ramón J. Velásquez. Y Caldera, a su turno, introduce una variante. Les impide a los comandantes regresar a la vida militar. Tenían dos años encarcelados, sin juicios ni condenas, por decisión del propio Pérez, víctima potencial hasta de un magnicidio.

Esa política la acompaña todo el país. Nadie la protesta. La Iglesia misma y los editores lo piden abiertamente. Todos los partidos y candidatos, salvo Caldera, ofrecen leyes de amnistía. 

Pérez y Caldera coinciden en la crisis terminal del modelo de 1961. Ambos ven a Venezuela como el conjunto a salvar, por encima de sus propios partidos. La reforma la frenan “para no hacerle un favor a Caldera”, me esgrime un líder adeco. Discrepan ambos, sí, en lo económico; lo que mucho irrita a los delfines del “perecismo” de la última hora. No obstante, mantienen su relación. Se oponen Pérez y Caldera, pero se prodigan respeto.

Caldera acompaña a Pérez – viajan juntos – en 1989, al encuentro que se realiza en Atlanta para debatir sobre la cuestión de nuestra deuda externa, y saluda su postura en el diario El Universal. Antes habla ante el Congreso, como lo hace después del golpe de 4F, a pedido del mismo Pérez, en dos discursos que sólo se entienden si son leídos de conjunto; sin ediciones, como las que hacen quienes reescriben la historia para el absurdo: forjar odios para remediar los otros odios que hacen cenizas del pueblo venezolano.

Caldera conoce y ve a Chávez, por vez primera, cuando es presidente electo. Soy testigo. Lo mide como “un caso para la psiquiatría”. Yo lo constato personalmente, días después.

En octubre de 1998, en suma, al encargarme de la Presidencia de Venezuela, interpelado por la prensa, deslindo terrenos. Digo, enfáticamente, que “el Gobierno no puede caer en la provocación de hacerse parte de un proceso electoral frente al que debe mantenerse como una instancia moral, armonizadora y de equilibrio. Por esa razón no tenemos candidato presidencial. Como hijo de la democracia – añado – puedo decir que sólo recuerdo la violencia del 27 de febrero de 1989, la del 4 de febrero de 1992 y la del 27 de noviembre del mismo año. Era un imberbe cuando se habló de la violencia de los años 60. En la memoria reciente de la democracia sí está fresca la violencia que vivimos los venezolanos en esos tres desgarradores acontecimientos”.

El país ya no escuchaba. Tenía sus razones.

correoaustral@gmail.com

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ORTEGA DIAZ: