@franzambranor
EMISORAS DE RADIO CERRADAS, periodistas presos, intimidación a televisoras nacionales de boca del propio presidente Nicolás Maduro, corresponsales que no pueden entrar al país, amenazas a representantes y dueños de medios son tan solo algunas perlas que adornan el collar anti libertad de expresión luego de instalada la Asamblea Nacional Constituyente.
Precedida por una cruenta represión contra los representantes de los medios de comunicación, la ANC se ha propuesto institucionalizar la censura. Previo al 30 de julio, periodistas fueron heridos, golpeados, vejados, detenidos y hasta robados por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las protestas antigubernamentales que dejaron más de cien muertos a nivel nacional.
El periodista comunitario Carlos Julio Rojas fue liberado el pasado 24 de agosto luego de permanecer secuestrado y detenido por más de un mes en la cárcel militar de Ramo Verde. Rojas fue aprehendido el pasado 4 de julio en La Candelaria portando presunto material explosivo, fue juzgado por un tribunal castrense que le dictó privativa de libertad por los delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional.
Rojas salió a la calle con cuatro medidas cautelares, entre las que destacan prohibitiva de abandonar el país y régimen de presentación cada treinta días.
“Es el primer periodista imputado por supuestos delitos militares, además le están dando muy mala propaganda a la FAN, eso quiere decir que cualquiera pueda cargar ese material por la calle”, dijo en ese entonces la abogada Elenis Rodríguez, hoy en día magistrada prófuga de la justicia venezolana.
“Rojas recibió amenazas previas por parte de grupos progobierno y luego fue sentenciado por un tribunal militar siendo este civil”, acotó Marysabel Rodríguez, coordinadora de Libertad de Expresión de la ONG, Espacio Público.
“Como Carlos Julio reseñaba la colas que se hacen en los abastos Bicentenario, le montaron un expediente y lo encarcelaron”, sentenció Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.
Asimismo, los periodistas de Voluntad Popular, Alberto Cabrera y Antonio Medina fueron detenidos, enjuiciados por un tribunal militar y colocados tras las rejas. “No cayeron en gracia de un teniente de la Guardia Nacional y los trasladaron a la cárcel de Santa Ana como presos comunes”, agregó Guía.
“Parte de esto es inhibir el trabajo de los periodistas, es un castigo ejemplarizante”, acotó Rodríguez.
Otro caso de violencia contra el gremio significó el asesinato del periodista, Yolman Briceño en el estado Aragua. Briceño laboraba en la emisora comunitaria Anamar 103.1FM y también con la diputada psuvista, Sumiré Ferrara. Desapareció el 24 de agosto de este año y su cadáver encontrado seis días después. Previo a su deceso había hecho denuncias contra el homicidio de su hermano, quien era funcionario de la Policía Municipal de Ribas.
La miembro de la ONG informó que las protestas antigubernamentales significaron un punto de quiebre para el ejercicio del periodismo y el gobierno mostró su rostro más represivo.
“2017 es el año con mayor cantidad de violaciones a la libertad de expresión en los últimos 16 años. Hasta julio se habían producido 580 casos de violaciones a la libertad de expresión, 80% de esta cifra fue entre los meses de abril y julio. Un ascenso importante con respecto a 2014”.
“En 2014 comenzamos con tuiteros detenidos, medidas privativas de libertad de tres meses a un año, la mayoría de estas operaciones ejecutadas por servicios de inteligencia; ahora en 2017 pasamos a robos a periodistas, detenciones arbitrarias por parte de GN y PNB, info ciudadanos detenidos, perseguidos u hostigados”, aclaró.
Rodríguez indicó que 59 representantes de medios de comunicación social fueron detenidos por funcionarios de seguridad del Estado entre enero y agosto de este año. “Además hubo confiscación de material y retención, la mayoría eran liberados al poco tiempo, eso obviamente ocasionó un temor generalizado entre los profesionales”.
No conforme con ello, se continúa impidiendo la labor de periodistas foráneos en suelo venezolano. Un trago amargo que ya han ingerido Fernando del Rincón, Jorge Lanata y Patricia Janiot por citar algunos. “14 corresponsales han sido deportados hasta agosto de este año, detenidos y devueltos desde Maiquetia”, manifestó Rodríguez.
Contra la Colina y Horizonte
Luego de un período de tregua, el propio Maduro volvió a arremeter contra los canales de televisión Televen y Venevisión. El mandatario culpó a las plantas de transmisión de aliarse para hacer una especie de boicot informativo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. “Lo que hicieron es inaceptable, se sumaron a la guerra, sacaron las campañas de violencia más infames, ignorando al pueblo”.
Días atrás, Maduro había fustigado a los dos canales por darle cobertura al plebiscito organizado por la oposición el 16 de julio y específicamente a Televen por mantener una línea frontal en su noticiero durante las manifestaciones.
Conatel tampoco se quedó atrás y siguió promoviendo su cabalgata hacia el silencio.
Una semana después de haber eliminado de la parrilla a los canales colombianos Radio Cadena Nacional (RCN) y Caracol TV, el órgano que rige los destinos de las señales radioeléctricas en Venezuela decidió sacar del aire a 92.9 FM y a La Nueva Mágica 99.1. También abandonaron el espectro Televisora Cultural de Tovar, ZeaTV en Mérida y las frecuencias Corandes 101.3, SKY 95.3, Candela 98.3 y Campesina 93.3, también en el estado andino.
“En este instante, una comisión de Conatel procede al cierre de Tú FM 92.9, Qué Viva la 92”, escribió en su cuenta de tuiter el director de la emisora, Jaime Nestares.
La 92, familia de RCTV, pasó por lo mismo que su hermana diez años atrás, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez dijo la lapidaria frase. “No más concesión para ese canal golpista de televisión”.
“54 cierres de medios se han producido en 2017, de esa cifra 49 son nacionales y 5 internacionales. Desde enero de 2005 cuando entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión hasta octubre de 2016 cerraron 50 empresas radioeléctricas, lo que significa que en apenas un año, Conatel clausuró más del doble de medios que en once años”, argumentó Mariaengacia Chirinos, directora de Libertades Informativas del Ipys (Instituto de Prensa y Sociedad).
Desde hace meses se estaba tejiendo ese cierre, aseguró José Domingo “Mingo”” Blanco, conductor del programa “Puntos de Vista” en 99.1. “Hice una entrevista a Juan Carlos Sosa Azpúrua (abogado) que no cayó bien, pero a la emisora no la cerraron por eso, la medida estaba planteada hace tiempo”.
“Partiendo de esa entrevista, en ‘La Hojilla’ me acusaron de propiciar una invasión gringa, nos advirtieron que Conatel iba a visitarnos y nos esperábamos cualquier cosa, desde una multa hasta el cierre”, argumentó.
Blanco indicó que en ese momento se percataron que eran blanco de un espionaje radioeléctrico constante. “Nos mostraron un documento donde estaba transcrita una entrevista que le hice a Nitu Pérez Osuna en una semana donde conversé con varios colegas por el Día del Periodista, todo muy detallado, nos dijeron que en nueve oportunidades habíamos entrado tarde a la cadena de radio y televisión. Llevaron a los gerentes de la emisora al Ávila y en sus narices les dijeron que los sacaban del aire”.
Desde Espacio Público, señalan que el gobierno apela a su condición de dueño del espectro radioeléctrico para arrinconar y exigir cualquier cantidad de tramites a los medios.
“Lo que alega Conatel es la falta de documentación. Toda esa burocracia opaca se presta como un brazo institucional para restringir la línea editorial, la mayoría son emisoras criticas al gobierno. No hay transparencia para adjudicar ni revocar concesiones”, expresó Rodríguez.
“Conatel es un organismo que depende del Estado y por su presidencia han pasado personas vinculadas al partido de gobierno. Este organismo no ha abierto un proceso transparente de renovación.”, denunció Chirinos.
“Este gobierno se ha dado el tupé de cerrar una buena cantidad de medios, empezando por la clausura de RCTV y las emisoras del circuito Belfort terminando con 92.9 FM y La Nueva Mágica”, salió al paso Guía.
Blanco aseguró que el objetivo de las dictaduras es que existan emisoras serviles. “Desde 2008 no le renovaban la concesión a Mágica, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos”.
“El gobierno quiere promover una ley contra el odio, qué más odio que el del gobierno contra los periodistas, cerraron una emisora como 92.9, una estación con la irreverencia de la juventud”, enfatizó Guía. “La clausura de radios lo que suma son nuevas familias al alto índice de desempleo”, añadió “Mingo”.
Chirinos dijo que otros medios radioeléctricos han optado por mirar hacia otro lado para conservar el espacio. “Guardan silencio o se muestran dóciles ante la critica al poder en resguardo de su concesión y eso lo vimos en el marco de las protestas, cuando eran muy pocos los canales o emisoras que hacían cobertura de los sucesos”.
El presidente del CNP aseveró que a todo lo anteriormente expuesto hay que sumarle las irregularidades en las entregas de divisas para la compra de papel periódico, primero con Cadivi y ahora con un Dicom, que aparentemente no hará más subastas en dólares.
“Desde que la corporación Maneiro en 2013 determinó que el papel periódico no era un producto de importación de primera necesidad, se han producido 15 cierres de medios impresos. Otros han tenido que reinventarse”, alertó Chirinos.
A raíz de la persecución, la mayoría de los medios se han visto en la obligación de migrar hacia lo digital y sus periodistas cambiarse el “suiche”.
“Hemos visto ese fenómeno especialmente en los últimos tres o cuatro años, el problema es que el acceso a internet en Venezuela es deficiente”, indicó Marysabel Rodríguez. “Cada vez hay mas restricciones a la libertad de expresión y son mas difíciles de superar, pero existen espacios digitales, las redes sociales, a pesar de la información falsa, siguen siendo una de las pocas ventanas para seguir informando”, continuó.
“Los portales de información en internet son una consecuencia del cierre de medios tradicionales, denuncian la verdad y dan trabajo a los colegas, esto incomoda y por ello quieren restringir el ejercicio de la profesión hasta en redes sociales”, comentó Tinedo Guía.
Precisamente la ANC ya dirige sus baterías hacia los portales de información y redes sociales.
“No hay duda que viene una especie de persecución a los medios digitales, aunque esto es muy difícil de llevar a cabo, en la ANC se está gestando una Ley Contra el Odio y uno de sus objetivos es tipificar delitos en internet y redes sociales”, puntualizó Chirinos.
“A los medios digitales los han hackeado, bloqueado o sus reporteros han sido atacados de alguna manera, esas agresiones han sido en momentos claves o luego que funcionarios han arremetido verbalmente contra ellos”, indicó Marysabel Rodríguez.
“Al gobierno le molesta que se diga por ejemplo que en algunos edificios de la Misión Vivienda hay problemas de infraestructura, las primera víctimas de los gobiernos comunistas son los medios de comunicación”, puntualizó Tinedo Guía.
“Nos toca levantar las banderas de ciudadanía, tenemos que hacer valer nuestra libertad de pensar de manera distinta, los periodistas de pensamiento libre nos hemos constituido en una piedra en el zapato para los regímenes autoritarios, el periodista debe exigir respuestas e increpar, ser un fanático irreductible de la verdad, yo nací en dictadura pero pienso morir en libertad”, aseguró Blanco.
“En 18 años este sistema de gobierno, calificado como revolución más bien comunista, se ha propuesto imponer un sistema que es rechazado por la mayoría de los venezolanos”, concluyó Guía.
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