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Ley contra el odio

Analistas y activistas advierten que ley contra el fascismo legalizará la persecución en Venezuela

El pasado 2 de abril, la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, presentó el Proyecto de Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares ante la Asamblea Nacional (de mayoría chavista-madurista). Analistas, activistas y dirigentes políticos advirtieron que la ley alentará la persecución política en el país. 

 

De acuerdo con el activista en derechos humanos y miembro de la ONG Redes Ayuda, Luis Serrano, este proyecto de ley «pretende tildar de fascista y criminalizar toda organización y expresión en contra de quienes tienen el poder». 

Durante su discurso en el parlamento venezolano, Rodríguez afirmó que la ley antifascismo fue solicitada por Maduro, a quién definió como «padre» de la nación «porque se preocupa y nos cuida»

De acuerdo con una nota de prensa de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley «define al fascismo como postura ideológica o expresión basado en motivos de superioridad racial de origen étnico, social, nacional, que asume la violencia como método de acción política, que enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos, y promueve la supresión de los derechos reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».

La abogada y especialista en derechos fundamentales, Liliana Fasciani, advirtió en la red social X (Twitter) que las definiciones de este proyecto de ley son muy amplias, lo que promueve acciones de rango «inconstitucional, anticonstitucional y contraconstitucional» al acusar a cualquier persona u organización como fascista o neoliberal. 

Una ley para amedrentar

Para el activista en derechos humanos y miembro de la ONG Provea, Marino Alvarado, la ley aprobada en primera discusión «atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas», ya que cualquier información, opinión o denuncia puede ser considerada como una querella para este proyecto de ley. 

«El proyecto fascista de ley contra el fascismo, establece la detención de personas antes que se realice una manifestación de carácter social o política. El solo hecho de convocar ya es delito», escribió Alvarado en X.

Por su parte Oscar Murillo, coordinador general de Provea, denunció en la misma red social que el gobierno de Maduro «sigue ampliando su repertorio represivo».

«El proyecto de ley contra el fascismo forma parte de una escalada de la persecución contra la disidencia y eliminación del pluralismo. Otro instrumento legal que en nada resuelve los problemas reales de los venezolanos», consideró. 

Delcy Rodríguez advirtió que este proyecto de «ley contra el fascismo» «complementaría como un escudo» a otras normativas que la ONU, pero las ONG de defensa de  Derechos Humanos advierten que son herramientas jurídicas para violar la libertad de expresión y el debido proceso judicial, como la «Ley Contra el Odio» y el «Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines» (conocida como #LeyAntiSociedad). 

A juicio de la activista venezolana Lexys Rondón el instrumento jurídico «legaliza la persecución por razones políticas, proscribe la pluralidad política y el disenso». 

«¿Quién va a juzgar qué es una expresión fascista?, ¿será como la Ley Contra el Odio, que mira de un solo lado: las opiniones de la oposición pero si viene desde el oficialismo eso no se castiga? Esto en una campaña electoral es sumamente peligroso», opinó el periodista de la fuente política Vladimir Villegas en una entrevista a Unión Radio. «Es un facilismo que puede ser peligrosísimo». 

Lenguaje bélico para opositores y para Guyana

Rodríguez advirtió que el proyecto de ley también buscará «prohibir la difusión de mensajes que llamen a la violencia», así como la formación de cualquier organización que se crea que haga alusión a las definiciones amplias de esa norma.

Ante esto, Andrés Velázquez, dirigente nacional del partido La Causa R, denunció que la aprobación de esta ley «elevaría la condición del Estado represivo». 

«La Ley contra el fascismo y neofascismo que propone Delcy Rodríguez no es más que la proyección de lo que son ellos mismos. Es sin duda una Ley para criminalizar, arbitraria y caprichosamente, a cualquier ciudadano por pensar distinto», dijo

El diputado de la Asamblea Nacional y representante del madurismo, Diosdado Cabello, advirtió que ahora se van a «combatir» a las acciones fascistas de aprobarse esta ley y la #LeyAntiSociedad. 

«Si logramos erradicar en Venezuela esos grupos le estamos haciendo un gran favor al mundo (…). No nos vamos a sentar a dialogar con el fascismo, lo vamos a combatir», dijo esa perla en la sesión parlamentaria del 2 de abril.

 
Espacio Público documenta 83 víctimas de la Ley contra el Odio en más de 5 años
La organización detalló que, entre las personas a las que se les aplicó lo dispuesto en esta ley, hay trabajadores públicos, periodistas y miembros de ONG

 

La ONG Espacio Público (EP) aseguró el 18 de junio que, en más de cinco años, 83 personas han sido víctimas de la Ley contra el Odio, norma promulgada en 2017 que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan «el fascismo».

A propósito de conmemorarse este 18 de junio el Día para Contrarrestar el Discurso de Odio, la ONG aseguró que «la denominada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia es usada para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».

En una nota de prensa, Espacio Público afirmó que entre las 83 personas a las que se les aplicó lo dispuesto en esta ley hay trabajadores públicos, periodistas y miembros de ONG.

«Durante más de 5 años, esta regulación ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios, agresiones físicas, hostigamiento, despidos por parte de instituciones públicas, entre otras acciones», aseveró la organización.

En este sentido, la ONG recordó que las respuestas de los Estados a los discursos de odio «deben ser graduales y diferentes», además de considerar el contexto político y social en el que se emiten este tipo de comentarios.

Opacidad estatal sobre presencia de la CPI en Venezuela niega justicia a las víctimas

El 15 de junio, Espacio Público denunció que la opacidad estatal sobre la presencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela niega justicia a las víctimas.

Karim Khan, fiscal de la CPI, arribó a Venezuela por tercera vez este 8 de junio de 2023 para seguir ejecutando acciones de cara al primer Memorándum de Entendimiento entre el Estado venezolano y la Fiscalía. Sin embargo, reseña Espacio Público, dicha visita no fue anunciada, a diferencia de Colombia, donde se conocía de la llegada del Fiscal con 10 días de antelación.

«La omisión deliberada del Estado venezolano consolida un entorno de opacidad frente al sistema de justicia y la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición frente a las víctimas que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos», señala la ONG.

Espacio Público agregó que sin transparencia se dificulta el alcance de un verdadero respeto y garantía a los derechos humanos; mucho menos si existe evidencia de presuntos crímenes de lesa humanidad.

Opacidad sistemática

Espacio Público insistió en que el Estado venezolano no ofrece información regular sobre los avances que menciona dentro de los informes entregados a la CPI. 

Un claro ejemplo de esto es que el Estado le informó a la Fiscalía que hay 893 casos que se investigaron o se han investigado. Sin embargo, estos datos no han sido suministrados directamente a la sociedad venezolana en favor de lograr una auténtica justicia y reparación de las víctimas.

Con información de EFE

Acceso a la Justicia: Ley en Venezuela castiga con mayor dureza criticar al Gobierno y protestar que desfalcar al erario
Ley contra el Odio castiga con penas de entre 10 y 20 años de cárcel

 

La corrupción vuelve a ser tema de debate en Venezuela. Desde que el pasado 17 de marzo las autoridades lanzaran su última operación contra las tramas que se han instalado en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el Poder Judicial y otros organismos públicos, este flagelo ha vuelto a copar la atención. No obstante, también ha expuesto una realidad: en el país se castiga con más dureza salir a protestar o ejercer el derecho a la libertad de expresión que atentar contra los dineros públicos.

Así lo revela una simple comparación entre las sanciones previstas en la Ley contra la Corrupción y las contenidas en la cuestionada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, dictada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017.

Los treinta y tres delitos que prevé el primer instrumento, el cual fue reformado en 2022 por la Asamblea Nacional (AN), castigan con un promedio de poco más de tres años de cárcel cualquier acción dirigida a afectar el patrimonio público. Este tipo de sanciones ni siquiera implicarían el paso del condenado por una prisión, salvo muy contadas excepciones.

La promesa de soborno a funcionario público es la conducta que la Ley contra la Corrupción castiga con más dureza. En su artículo 90 se establece lo siguiente:

«quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca u otorgue a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas, ventajas a cambio de que dicha funcionaria o funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica, comercial o de cualquier otra índole, será penada o penado con prisión de seis (6) a doce (12) años».

Los delitos de apropiación de fondos (artículo 59) y de incremento injustificado del patrimonio (artículo 80) son castigados con penas de entre 3 y 10 años; mientras que el de distracción de fondos públicos (artículo 81) se penaliza con 2 a 10 años de prisión.

En contraposición, la Ley contra el Odio castiga con penas de entre 10 y 20 años de cárcel a

«quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio».

Esta norma, cuestionada por instancias internacionales, se les ha aplicado en el último lustro a decenas de personas que han ejercido su derecho constitucional a la libertad de expresión y han emitido opiniones por las redes sociales fundamentalmente. Hasta 2021, la organización Espacio Público había contabilizado que 60 venezolanos habían sido detenidos y se le habían abierto procesos penales al amparo de este instrumento.

Caso emblemático es el de los exbomberos del estado Mérida, Ricardo Prieto y Carlos Varón, quienes en 2018 fueron aprehendidos y se les abrió un proceso por instigación al odio tras difundir un video en el que se paseaban sobre un burro. Casi cinco años después, los exfuncionarios continúan presentándose ante un tribunal, porque tienen la libertad restringida.

Protestar se paga caro

Como si lo anterior no fuera suficiente, no se puede ignorar que a cientos de venezolanos más se les han abierto procesos por conspiración o por asociación para delinquir. ¿La razón? Atreverse a salir a las calles a reclamar sus derechos políticos o exigir reivindicaciones salariales o mejoras en los deficientes servicios públicos.

El Ministerio Público (MP) no ha dudado en aplicarles el artículo 132 del Código Penal a manifestantes, algunos tan jóvenes como estudiantes universitarios. Dicha norma señala que «cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años».

Cuando no se ha recurrido al delito de conspiración, se ha apelado al de asociación para delinquir, previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo y que se castiga con hasta 10 años de prisión.

El hecho de que los delitos relacionados con la corrupción estén castigados con menor severidad contradice el espíritu y letra de la Constitución de 1999. La carta magna deja en claro que las faltas contra el erario son muy graves y por ello, en el artículo 271 señala expresamente: «No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes».

El mandato constitucional buscaba servir de disuasivo para los corruptos. No obstante, no ha sido acompañado por el resto del marco jurídico.

La levedad de la legislación contra la corrupción explicaría por qué el fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, ha anunciado que los exfuncionarios procesados por las últimas tramas desmanteladas en PDVSA, en la CVG y en el Poder Judicial se les aplicará el delito de traición a la patria, el cual se castiga hasta con 30 años de prisión.

Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 03.09.2019: BAJO: ¿Los socios de paz?
BAJO
¿LOS SOCIOS DE “PAZ”?:

 

El portal Insight Crime coincide con mi alerta de la semana pasada tras el anuncio de las FARC de volver a la lucha armada en Colombia, en el sentido de que aquel espaldarazo que le dio Maduro a Iván Márquez y a  Jesús Santrich durante las sesiones en Caracas del Foro de Sao Paulo dándoles la bienvenida a territorio venezolano pues ellos eran “Líderes de Paz” es harto comprometedora.  La demostración de esos nexos nos coloca mucho mas cerca de una intervención armada extranjera, asi sea una de las llamadas operaciones quirúrgicas de combate, que la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tan criticado desde el alto gobierno por haberlo firmado nuevamente la Asamblea Nacional. Por cierto que sobre el tema la exiliada diputada por el estado Táchira Gaby Arellano dijo esta  demoledora frase en una entrevista en Colombia: “la disidencia de las FARC no está en Venezuela. Allí lo que está es las FARC. Tanto Iván Márquez como Seuxis Paucias Hernández y “El Paisa” Hernán Darío Velasquez tienen igual o mayor protección que los ministros del gabinete de Maduro”. Recordemos aquella declaración del ex jefe del SEBIN, el general Manuel Cristopher Figuera, hoy en Estados Unidos tras la intentona del 30/4, donde señalaba que esos líderes guerrilleros y la senadora Piedad Córdoba (la mejor cliente, rompe récords de compras, de la tienda de Carolina Herrera en Las Mercedes de Caracas) tenían viviendas asignadas en Fuerte Tiuna y seguridad militar y civil…

 

¿POR CARAMBOLA VIRTUAL?: 

Leo en SoyArepita.com que la opaca compraventa de un avión de lujo vincula al fallecido magnate y criminal sexual Jeffrey Epstein con José Gregorio Vielma Mora, en un episodio para la teoría de los seis grados de separación. No es que ambos tuvieran relación sino que el nexo virtual entre ambos es el empresario Oscar A. Faría, esposo de la ex miss Veruzhka Ramírez, compadre del ex gobernador chavista y nuevo dueño de la aeronave. La aeronave es un Gulfstream II vendido a través de la empresa  fantasma Hyperion Air Inc a otra empresa fantasma Starbridge Landing Inc. A finales de 2013. Nunca se conocieron los dos venezolanos con el gringo. Faría compró a través de un broker en el Norte. La virtualidad lo protege. Son los famosos grados de separación de los que tantos libros y películas se han ocupado. Sin embargo, su relación de negocios con Vielma prendió las alarmas tan solo este año. Todo dentro de la legalidad de las empresas registradas como LLC en el Estado de Delaware…

 

OTRA FARSA DEL CONTRALOR: 

El inefable madurista Elvis Amoroso hoy en funciones de Contralor nos miente cuando dice que el 72% de los funcionarios públicos han hecho su declaración jurada de bienes. Las cifras reales no pasan del 5%. Ese anuncio fue hecho tras ayudar a Maduro a sancionar diputados y dirigentes opositores con la mentira de que habían ocultado bienes. Ninguno de los capitostes o filibusteros chavistas y maduristas que han ocupado ministerios y empresas del Estado en estos 20 años han cumplido con la ley al recibir y entregar sus cargos. No se atreven a presentar ni una prueba. Como bien dijo Chávez -en cadena nacional en diciembre de 2009- en referencia a Arné Chacón Escamillo, el hermano de Jesse, al botarlo de su cargo: “de dónde sacó este pata en el suelo dinero para comprar bancos, aseguradoras y caballos de carrera”. Quieren hacernos olvidar esos casos y demostrar a diario que “no ven la viga en sus ojos pero sí la paja en el ojo ajeno”. Descaro contundente por doquier. Tanto como “la ley contra el odio” creado e institucionalizado por ellos en dos décadas. Por eso le temen tanto al cambio de gobierno o de gobernantes…

 

 

 

Acceso a la Justicia: ¿Qué debes saber sobre la ley contra el odio?
LA APROBACIÓN DE LA LLAMADA “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” dictada por la Asamblea Nacional Constituyente ha generado más preguntas que respuestas entre los actores políticos, los representantes de los medios de comunicación y los ciudadanos en general. Esto se debe a sus implicaciones en el ejercicio de derechos tan importantes como la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y el pluralismo político, entre otros.

En este sentido, Acceso a la Justicia proporciona algunas claves para entender el trasfondo de dicha normativa.

  1. No es una ley porque no la dictó la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo reconocido por la Constitución.
  1. No es constitucional porque viola la Carta Magna al dictarla la ANC, usurpando funciones de la AN y sin seguir el procedimiento constitucional para discutir y aprobar una ley.
  1. No es constitucional además porque viola varios derechos humanos establecidos en la Constitución, por mencionar algunos: la libertad de expresión, opinión e información; el derecho a manifestar pacíficamente; el derecho a participar políticamente; el derecho al sufragio; el derecho a la asociación y el derecho a la democracia.
  1. ¿Por qué viola la libertad de expresión, opinión e información? Castiga a quien emita un mensaje por cualquier medio que el Gobierno considere que es de odio. Sanciona con quitarles la licencia a los medios que emitan mensajes de odio y también con bloquear páginas web, así como obligaría a quien emita por las redes sociales un mensaje de esta índole a eliminarlo dentro de las 6 horas siguientes, so pena de ser sancionado. Obliga a los medios a transmitir mensajes de paz del Gobierno, bajo riesgo de sanción. Está claro que si los medios no pueden expresarse libremente, los ciudadanos tampoco pueden estar debidamente informados, y si la información es del Gobierno y obligatoria, puede transformarse en propaganda política.
  1. ¿Por qué viola el derecho a manifestar pacíficamente? Castiga cualquier actividad de odio, fascista o de violencia política. Cabe destacar que el Gobierno considera que las protestas en su contra, aunque sean pacíficas, tienen esas características porque así las ha calificado.
  1. ¿Por qué viola el derecho a participar políticamente? Castiga a los partidos que hagan cualquier actividad o expresen una idea contraria al Gobierno y, en particular, incita a perseguir el fascismo. Vale acotar en este sentido que el Gobierno ha catalogado a la oposición política como “fascista”.
  1. ¿Por qué viola el derecho al sufragio? Sanciona con revocatoria de inscripción a partidos políticos que lleven a cabo actividades de odio o si las prevén en sus estatutos. Obliga a las organizaciones partidistas a agregar una cláusula en sus estatutos de expulsión de sus miembros si cometen un acto de odio, so pena de revocación. No permite que se inscriban toldas que insten al odio en opinión del Gobierno. Entonces, si no se puede elegir entre varios partidos políticos que representen distintas ideologías políticas y solo existe una opción ideológicamente hablando, no hay derecho al sufragio activo (derecho al voto). Si no se pueden constituir partidos políticos de oposición se limita el sufragio pasivo (o el derecho a ser elegido).
  1. ¿Por qué viola el derecho a la asociación? Insta a los funcionarios a no constituir ni permitir el funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado que violen la ley.
  1. ¿Por qué viola el derecho a la democracia? Porque desconoce derechos fundamentales en los que esta se basa, como la libertad de expresión y el derecho al voto. Al ser una norma de la ANC que pretende ser una ley, desconoce al Parlamento, y al ser una supuesta “ley constitucional” niega la vigencia de la Constitución, porque esta figura no existe en ella, además de que pretende cambiarla sin que el pueblo haya aprobado ese cambio por un referéndum. También, al eliminar el pluralismo político, establecer una censura previa, crear un mecanismo de persecución política y represión, así como un control absoluto de la disidencia y del pensamiento, transforma el régimen político venezolano en un totalitarismo, lo que es contrario a una democracia y su Constitución.
  1. La norma contra el odio no tiene ningún valor jurídico, es un acto de autoridad, porque proviene de la ANC, que es un órgano de origen no democrático, inconstitucional y que se ha arrogado todas las funciones del Estado, entre las cuales, destaca la potestad de cambiar las normas y los funcionarios que considere.
Rodríguez: Conatel creará mecanismos para contrarrestar campañas de odio en redes sociales

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El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mipcci), Jorge Rodríguez, informó que iniciará una campaña nacional que incorporará medios públicos y privados, con el fin difundir la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

«Es una ley para consolidar la paz que trajo la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En ese sentido hemos definido una serie de campañas que vamos realizar desde la sede el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información», expresó el titular de Comunicación Jorge Rodríguez, tras sostener un encuentro con la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez.

Como parte de esta campaña, señaló que los medios públicos y privados serán convocados para que se sumen en la instrumentación de la Ley Contra el Odio, además de promocionar el contenido y alcance de esta normativa legal, reseñó AVN.

Además, informó que desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se desarrollan mecanismos tecnológicos para contrarrestar las campañas de odio, a través de las redes digitales.

“Estableceremos los mecanismos tecnológicos necesarios para impedir que cualquier proceso político, social tome las redes sociales como nicho de impunidad», subrayó Rodríguez, quien indicó que esta es una «ley para las personas segregadas, para las personas que se han sentido agredidas o discriminadas por alguna condición que otras puedan considerar como minoritaria «.

Recordó que el objetivo es impedir que se repitan los hechos de violencia, persecución y discriminación que ocurrieron en abril y julio de este año, cuando la derecha llamó a la violencia en acciones de calle que dejaron a 121 personas asesinadas.

Esta ley fue «presentada por el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente después de que los venezolanos vivimos con horror cómo se perpetraban crímenes horrendos, de odio, que implicaban situaciones extremas que nunca antes habíamos vivido en Venezuela, como en el caso de las personas que fueron quemadas vivas por su color de piel».

Odio a la Ley, por Mario Guillermo Massone O.

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A propósito de la “Ley contra el odio” “promulgada” por la “Asamblea Nacional Constituyente”, escribo lo siguiente:

El 2 de febrero de 1999, día en que Hugo Chávez se juramenta como presidente, durante el acto de la toma de posesión, se produce el quiebre, el primer rompimiento con el principio del imperio de la ley, que marca de manera inequívoca su desprecio, y el desprecio de su proyecto, a la legalidad. Pues al jurar “sobre esta moribunda Constitución”, violando la fórmula solemne de palabras para poder tomar posesión del cargo.

Tan importante es la fórmula solemne del juramento, que consiste precisamente en repetir unas palabras, y no otras, y además, en un cierto orden, que Barack  Obama, para la toma de posesión de su segundo término, tuvo que tomar el juramento, por precaución, una segunda vez, ya que, en la primera, el magistrado de la Corte Suprema mezcló el orden de dos palabras. Así, Chávez sentó el primer precedente particular del odio a la ley que hoy es lo generalizado y, sobre todo, profundizado hasta los tuétanos de las ruinas que quedan de la Nación.

Tanto Chávez como Maduro han gobernado a punta de leyes habilitantes y estados de excepción como norma general. Lo excepcional y extraordinario, que es la concentración del poder, lo convirtieron en lo general y ordinario. Lo propio del dictador.

Un “Tribunal Supremo de Justicia” que actúa en contra de la Constitución al decapitar parte de los curules, caso de los diputados de Amazonas, y que ejecutó y descuartizó, en una ráfaga de sentencias, las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional. Un CNE que no convocó un referendo revocatorio, que retrasa elecciones, que guarda silencio ante la delincuencia organizada electoral…  Si a lo anterior agregamos la violación de todos y cada uno de los derechos consagrados y garantizados en nuestra Ley Fundamental, comenzando por nuestros Derechos Humanos…

Y, ahora, para más, una Asamblea Nacional Constituyente que nunca fue convocada según las exigencias de la Constitución se da la tarea de promulgar una Ley contra el odio para lo cual no tendría facultad aún si se hubiera convocado como debía ser. Dictan sin facultad una ley contra el odio quienes odian la ley. Sudan odio a la libertad, odio a los derechos, odio a la democracia, odio a la prosperidad, odio al conocimiento, odio a la civilidad, odio a la familia, odio a la paz … Odio a la persona humana. Odio.

Los antiguos distinguían a los gobiernos políticos de los tiránicos respondiendo a la pregunta: ¿Quiénes gobiernan, los hombres o la ley? El principio del imperio de la ley fue mancillado desde el primer día del proceso chavista. Lo que prevalece y es inocultable, es su odio a la ley.

 

@massone59

Ley contra el amor, por Brian Fincheltub

ChavismoCoraz

 

Aprovechando que desde el poder se disponen a regular los sentimientos humanos en nombre de la “paz”, sería bueno que alguien tome la iniciativa y también lance la propuesta de ponerle un freno a los niveles de amor que el gobierno nacional le reparte a los venezolanos desde hace veinte años. Llegados a este punto, creemos que la dosis ha sido más que suficiente, digamos que nos cansamos de tanto y sería pertinente una ley que también se encargue de la materia.

Vale la pena recordar que todo este proyecto “político” nació de un acto de amor un 4 de febrero de 1992, quizás por error de cálculo o ataque de ansiedad no esperaron el 14 de febrero, pero hubiese sido perfecto para el Día de los enamorados ver a aquellos militares movidos por los más puros sentimientos, dar una serenata en Miraflores. Todavía deben quedar en La Casona marcas de los besos que le lanzaron a la familia presidencial, siempre haciendo gala de su romanticismo.

Unos años más tarde llegaron al poder vestidos de rojo pasión convenciendo corazones. Dicen que para enamorar hace falta labia y eso es lo que ha sobrado en estos años: capacidad para endulzarle la oreja a millones y ustedes saben, cuando las cosas del amor no van bien todo lo demás lo arregla la plata.

En nombre del amor aquí se ha destruido un país que ahora no es más que ruinas. Se ha enfrentado familias, vecinos y amistades de toda la vida y ahora que la plata se acabó, los vemos en televisión prácticamente diciendo que “quien te ama es ese que te hace sufrir”. Para nuestra desgracia, al parecer mucha gente les ha creído, de otra manera no se entienden cómo, a esta altura, conservan fidelidades.

Mientras humillan y pisan al pueblo les dicen frases como “por amor” o el singular “te quiero” que se adapta a cualquier campaña y contexto: Te quiero Caracas, te quiero Carabobo y así infinitamente. Lo que por aquí clamamos es aprueben una nueva ley, no más amor revolucionario, ya ha sido suficiente.

@Brianfincheltub