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Sudeban impone medidas administrativas al BOD por riesgo de legitimación de capitales

ESTE SÁBADO 12 DE OCTUBRE se hizo pública una resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en la que se imponen nuevas medidas administrativas a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento (BOD).

Esta decisión nace luego de una inspección general realizada por el ente público al BOD, específicamente en el área de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, donde de acuerdo a la Sudeban, se evidenció la presencia de clientes que están calificados de «riesgo alto».

La resolución N° 051.19 con fecha del 10 de octubre de 2019, se llevó a cabo en cumplimiento de los lineamientos emanados por el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin). 

Explicaron que durante la revisión también comprobaron la existencia de empresas vinculas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones o zonas geográficas consideradas de alto riesgo. 

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Venezuela solicitará informe a EEUU sobre Esquivel

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La Fiscalía General de Venezuela solicitará a las autoridades estadounidenses información oficial sobre el caso de corrupción en el fútbol del expresidente de la federación venezolana, Rafael Esquivel, como parte de la pesquisa se lleva realiza en este país sudamericano por el delito de legitimación de capitales.

El anuncio se produjo cinco días después que la fiscalía federal estadounidense de Nueva York informó que Esquivel se declaró culpable de tres cargos de crimen organizado, tres de fraude electrónico y tres de lavado de dinero por recibir sobornos de empresas de marketing deportivo a cambio de los derechos comerciales de torneos internacionales de fútbol.

El requerimiento de la fiscalía venezolana pretende «el acceso a la información oficial sobre el contenido del escrito acusatorio» contra el exdirigente venezolano, además de «otros datos de interés que resultan fundamentales para la investigación penal que adelanta el Ministerio Público», indicó la Fiscalía el martes en un comunicado.

Entre los torneos por los que se pagaron millones de dólares en sobornos están la Copa América y la Copa Libertadores.

Como parte de la investigación en Venezuela el año pasado fue acordada la congelación de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar bienes por «incurrir presuntamente en el delito de legitimación de capitales», resaltó el escrito.

Esquivel, que estuvo mando de la Federación Venezolana de Fútbol desde 1988 y fue separado del cargo en junio del 2015 tras su arresto en Zúrich, enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo en Estados Unidos, y como parte de su acuerdo, aceptó una multa de 16 millones de dólares.

Familiares del periodista Braulio Jatar confirmaron contacto con él

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Familiares pudieron retomar el contacto con el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, quien fue visitado por su abogado en una cárcel tres semanas después de haber sido detenido en isla Margarita.

Jatar fue visitado el martes por suabogado en la cárcel 26 de julio en el estado de Guárico, a 560 km de isla Margarita, donde fue arrestado y luego trasladado a un lugar desconocido, confirmó Julia Jatar, hermana del periodista en una entrevista con el diario La Tercera difundida este miércoles.

“Dentro de todo, él está bien de ánimo, pero no tanto físicamente, está con la presión muy alta (…); esperamos que Braulio regrese al lugar donde fue arrestado. No entendemos muy bien por qué se lo llevaron tan lejos”, sostuvo Julia Jatar. “Lo que se está haciendo es una lista de actuaciones que vulneran los derechos humanos y el debido proceso”, agregó.

Además del arresto, la Policía venezolana allanó el domicilio y el vehículo de Jatar. Los efectivos informaron que hallaron dinero injustificado por lo cual fue acusado de legitimación de capitales, un delito de carácter terrorista en Venezuela.

“Según ellos (la Policía), estos recursos que allanaron donde mi hermano estaban destinados para financiar actos terroristas”, explicó la hermana del periodista.

La detención y posterior incomunicación de Jatar fue reclamada por Chile mediante comunicados diplomáticos al gobierno venezolano, en los que se demandó conocer su paradero. Brasil también manifestó sus reparos por la “detención arbitraria” del periodista.

El gobierno de Maduro respondió acusando a Chile de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela y denunció que detrás de las protestas por la detención de Jatar está “la élite internacional, aliada a la derecha golpista venezolana”.

El gobierno chileno manifestó su intención de mantener la defensa de los derechos de Jatar, pese a los inconvenientes que esa decisión provocó en las relaciones con Venezuela.

 

Venezuela reunió a expertos de toda Latinoamérica contra lavado de dinero

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Representantes de Brasil, Panamá, Ecuador y Colombia presentaron casos y estrategias para la prevención e investigación del lavado de capitales. Alejandro Rebolledo, por Venezuela, adelantó que presentarán a la Asamblea Nacional un borrador para la reforma de Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada

Jesús Alberto Yajure | @albertoyajure

La recuperación de los activos en el extranjero producto de actividades ilícitas y la incorporación del contrabando y la evasión fiscal como delitos “generadores” del lavado de capitales son algunos de los puntos que contiene un borrador para la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, que quiere promover el abogado y especialista Alejandro Rebolledo.

El exjuez fue uno de los organizadores de la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude que se celebró durante dos días en el hotel Eurobuilding de Caracas y que culminó este jueves 18 de junio. Al evento asistieron 280 participantes de más de 11 países del hemisferio.

Rebolledo es optimista con respecto al proyecto. Critica las propuestas para reformar el texto de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios porque —asegura— “ese no es el problema”.  Considera que la debilidad institucional, la falta de autonomía, así como la corrupción, son grandes problemas que afronta el país y que dificultan la investigación y prevención de lo que califica como actividades ilícitas y delitos graves.

En el país no hay una cultura bien desarrollada contra el lavado y la impunidad también afecta este tipo de delitos. Las cifras que aporta son elocuentes: La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) dependiente de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) registró en 2014 3.000 reportes de actividad sospechosa en el sistema bancario. En ese mismo período el Ministerio Público dictó apenas 281 actos conclusivos (que pudieron terminar en archivo fiscal, sobreseimientos o acusaciones). Solo ocho casos llegaron a juicio.

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“Hay que emprender todo un trabajo, porque la corrupción no es solo un asunto público, también existe entre particulares. No tiene color político, sino aliados de turno. Es necesario atender muchos temas, como la recuperación de los activos en el extranjero producto de actividades ilícitas, el contrabando, la evasión fiscal. La clasificación de las personas políticamente expuestas”, asegura.

Asegura que 2015 marcará “un antes y un después” en la manera de procesar las investigaciones contra el lavado de capitales. Principalmente, por los casos y escándalos que han estallado en el continente y —también— porque la región “tiene un problema grave”: Los casos recientes de corrupción que involucran a funcionarios venezolanos y brasileños con cuentas en bancos suizos, como el HSBC; las causas judiciales contra funcionarios y empresarios por corrupción en el Convenio Sucre, suscrito entre países miembros del ALBA; y el escándalo por sobornos y apropiación indebida en la estatal brasileña Petrobras son algunas muestras de estos problemas.

“Un punto clave es cambiar la legislación. Cuando trajimos la documentación de CAP [el expresidente Carlos Andrés Pérez] esta ley que tenemos ahora no existía. Hubo mucha gente que trabajó para impulsar una nueva legislación. Ahora creemos que es momento de hacerlo de nuevo”, afirma Rebolledo, quien pone en una lista algunos de los retos: actualizar las normas para ajustarlas a los estándares internacionales; capacitar el personal; modernizar el sistema y los métodos de trabajo; mejorar las condiciones socioeconómicas de los funcionarios e investigadores.

“Los delitos contra el patrimonio público no prescriben. Para recuperar los activos en el extranjero producto de actividades ilícitas tiene que haber confianza en el país, hay que contar con asistencia legal mutua con otros países, además de cooperación internacional y crear un marco legal para la indemnización de las víctimas”.

Las Unidades de Análisis Financiero en el país no son autónomas, porque dependen de la Superintendencia Nacional de Bancos. Rebolledo propone la creación de un Fideicomiso que pueda administrar los bienes y activos recuperados fuera del país.

Brasil: “Petrobras es el caso de corrupción más grande”

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Anne Caroline Prudencio es abogada y especialista en prevención de lavado en Florianópolis, Brasil. Destaca el trabajo de los periodistas, que denuncian constantemente casos de corrupción, narcotráfico y legitimación de capitales. Asegura que el escándalo en Petrobras es el mayor caso de corrupción en la historia del país, incluso mayor que el caso Mensalao que opacó el segundo gobierno del expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva, por lo complejo del entramado que involucra a más de 100 empresas ficticias empleadas para mover grandes sumas de dinero desde la estatal hasta cuentas en el extranjero.

“Las seis mayores empresas de construcción Brasil están involucradas. Se ha descubierto una red muy sofisticada que está vinculada a altos funcionarios del Gobierno de Brasil. Todavía es imposible cuantificar el daño patrimonial porque las investigaciones siguen su curso y cada semana se descubren nuevas cosas”, relata.

Las instituciones de Brasil han jugado un papel importante, afirma, porque actúan de manera autónoma, lo que ha permitido que avancen las acusaciones y el procesamiento de políticos: “El tesorero del PT [Partido de los Trabajadores] está preso, hay políticos en la cárcel. Y esto ha sido posible porque la Policía Federal ha cumplido con su trabajo con independencia. Tenemos también jueces, como Sergio Moro, que ha impulsado sentencias duras. El trabajo de los periodistas y de los medios ha sido extraordinario porque contribuyen con sus denuncias”.

Ecuador: Poderes Públicos están concentrados en el Ejecutivo

“Todas las pruebas están en la Fiscalía. Tienen toda la documentación, pero no ha habido ningún empuje, ninguna voluntad de castigar a los responsables”, asegura María Dolores Torres, supervisora bancaria y subdirectora de prevención de lavado de activos en Ecuador. No se refiere a cualquier caso, habla de los desfalcos y fraude en el Sistema Unitario de Compensación Regional, conocido como Convenio Sucre y suscrito entre países miembros del ALBA.

Los casos han sido conocidos recientemente gracias trabajos periodísticos publicados por medios en Quito, Miami y Caracas. Algunos han tenido como trasfondo los acuerdos bilaterales para establecer relaciones comerciales bilaterales, aunque no se han excluido otras prácticas: importaciones falsas, el cobro de altas sumas de dinero por servicios no prestados, contrataciones para obras públicas con sobreprecio, pago de comisiones y fraude cambiario.

En el caso de Ecuador, el debilitamiento de las instituciones y la partidización de los Poderes Públicos estimulan la impunidad: “No se ha castigado a los culpables porque en mi país todos los Poderes Públicos están concentrados y responden al Ejecutivo. Y esto es muy grave, porque son delitos trasnacionales, que debilitan la imagen de los países y las relaciones bilaterales”.

Panamá quiere un centro financiero transparente

Con la reforma de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, Panamá apuesta a ser sacado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), que incluye en su clasificación a países considerados como de alto riesgo o que no cooperan con las autoridades en la prevención de delitos financieros.

Juan Manuel Martans, Ex Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, explica que el país quiere cambiar su imagen de paraíso fiscal y convertirse en un centro financiero transparente: “Sí, éramos un centro financiero, pero habíamos atraído a mucha gente que hacía negocios sucios. Ahora lo que queremos es gente que haga las cosas bien. Y para eso se ha reformado esta ley. Los que quieran seguir aquí tendrán que cumplirla, y los que no, que se vayan, porque no los queremos haciendo negocios turbios en Panamá”, asegura.

Asegura, además, que la ley es solo una parte del trabajo. Hacerla cumplir será complejo: “Hay que insistir en las políticas de compliance [fiel cumplimiento], en el fortalecimiento de las instituciones para poder identificar a los responsables, procesarlos y castigarlos. Puedes tener una ley muy buena, pero después debe haber voluntad para hacerla cumplir”.

Colombia: Las multas a oficiales de compliance pueden alcanzar los 50 mil dólares

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Oficiales de fiel cumplimiento [compliance] en Colombia pueden recibir multas de hasta 50 mil dólares si son hallados responsables de omitir información o facilitar delitos financieros como el lavado de capitales, asegura la colombiana Mónica Alonso Mora, abogada de la firma Lozano Consultores, quien destaca que las normas para la prevención de delitos se hacen cada vez más exigentes, en la medida que las prácticas se tornan más complejas.

La clave está, afirma, en la insistencia de las entidades en poner más rigor en el cumplimiento de las reglas básicas de procedimientos: conoce a tu cliente (KYC, know your customer), políticas de identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y medición de riesgo. Pero, además, del establecimiento de normas propias: “Los controles corporativos no son suficientes. Hay que aprender de la experiencia. En las señales de alertas o reportes de actividades sospechosas son tan importantes las categorías cuantitativos como las cualitativas: edad del cliente, tipo de operación, factores de riesgo”.

Alonso también resalta el carácter punitivo de las normas y leyes que buscan impulsar un trabajo más riguroso de los oficiales y Unidades de Análisis Financiero (UAF). En Colombia las multas no son excluyentes y un funcionario puede incluso recibir sanciones penales si se comprueba que no siguió los procedimientos de prevención o si omitió información de manera deliberada. La carga de la prueba recae en los oficiales de compliance, quienes deben demostrar que todo el análisis se hizo de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Alejandro Rebolledo: La delincuencia organizada controla el mercado de divisas, repuestos y otros bienes

En medio de escándalos de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y fraude fiscal, el abogado Alejandro Rebolledo, especialista en la materia, explica que el gran problema de la región, y de Venezuela, es la debilidad institucional. “Si vemos el informe anual de la Fiscalía, observamos que según la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera existieron 3.000 reportes de actividad sospechosa. Pero la Fiscalía dice que hay 281 actos conclusivos, y sólo ocho juicios. Los número hablan por sí solos respecto a la debilidad institucional. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones de legitimación de capitales? ”, pregunta Rebolledo.

Para el abogado, 2015 fue un año en el que la gente pudo darse cuenta que la legitimación de capitales no es sólo un tema de droga. “Por ejemplo el caso FIFA, despertó una curiosidad y un interés. Ese caso tiene que ver con fraude y evasión fiscal. También está el caso de la Banca Privada de Andorra”, señaló.

Por eso, el experto aprovechó para invitar a la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude, que se efectuará el 17 y 18 de junio en el Hotel Eurobuilding (Caracas). Rebolledo cree que la conferencia es una buena oportunidad para aterrizar el tema, y para discutir cómo pueden afectar estos delitos tanto al sector público, como al sector privado.

En Venezuela, el contrabando es uno de los delitos que más ha crecido, y esto se debe a la situación económica que atraviesa el país, según indicó el especialista. “El control de cambio, el contrabando, la evasión fiscal, o sea la delincuencia organizada ha pasado a tener un papel importante en Venezuela. La delincuencia organizada es quien controla la adquisición de productos como divisas, repuestos, y otros bienes”.

Aunque, para Alejandro Rebolledo, ese crecimiento es difícil de cuantificar, precisamente por la debilidad institucional. “Por eso tampoco vemos sanciones, pero la delincuencia organizada se ve al caminar por cualquier parte de Venezuela”.

Recordó que aún está esperando que las autoridades digan qué tan transparentes eran o cuál es el origen de los fondos de los funcionarios venezolanos vinculados con el caso de Andorra.

Otro punto importante que tratarán en la conferencia es la recuperación de activos. “Uno de los principales objetivos de la Convención contra la corrupción es la recuperación de los bienes”. Citó otros países que tienen experiencia en este aspecto. “Perú, con el caso de Montesinos y Fujimori, Brasil también, y en África hay mucha experiencia en la materia”.

Resaltó que en la ONU hay comisiones que trabajan para asesorar a los gobiernos en la recuperación de activos. “La gente no confía en manos de quién quedarán los activos, una vez que son decomisados con el Estado”. Pero Rebolledo dice que su equipo cuenta con una iniciativa como lo es el fideicomiso para que todos los bienes decomisados entren ahí y luego se pueda disponer de ese fideicomiso. “Pero ese debe ser un principio fundamental, no sirve de nada imputar, acusar y condenar, si no se recuperan los activos”, reiteró.

Rebolledo cree que estos casos salen en este año por conveniencia. “Hay momentos para sacar temas a la luz. En el caso de FIFA, venía la elección del presidente y fue un momento oportuno”. El abogado considera que eso traerá “muchísimo más”, refiriéndose a que no se acaba con la detención de los 7 ejecutivos de la FIFA y la renuncia de Joseph Blatter. “Ahora los países están descubriendo cosas de cada una de sus federaciones. El FBI asume las detenciones porque la moneda utilizada para el fraude fue el dólar estadounidense”, explicó.

El experto cree que en el mundo se seguirá lavando dinero, pero enfatizó en que mientras Venezuela tenga instituciones tan débiles, será más vulnerable en la región. “Vamos a ser territorio gris. O sea, un fiscal del Ministerio Público no puede ir a un Tribunal a acusar a un corrupto, traficante, estafador, homicida y salir de ahí a una parada de autobús. Eso es un problema del Estado, debe ser protegido”.

Rebolledo dijo que para la Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude del próximo 17 y 18 de junio, están inscritos entes tanto del sector público como del privado. “Hay mucho interés en conocer la problemática”, concluyó.

Tribunal le incautó bienes a Leocenis García por legitimación de capitales

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Por ser provenientes del delito de legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 35 numerales 1, 2 y 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el Tribunal 29° de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a cargo del juez Aris José La Rosa Álvarez dictó la incautación y disposición anticipada de bienes muebles e inmuebles propiedad del procesado Leocenis García Osorio.

Los bienes confiscados son: una parcela en la Lagunita, dos vehículos nuevos, equipos de computación, y hasta el periódico Sexto Poder y sus bienes.

García se encuentra detenido y es procesado por la comisión de los delitos de: legitimación de capitales en grado de coautor en las actividades ilícitas; operaciones ilícitas cambiarias, elusión fiscal y extorsión.

La denuncia fue presentada por un grupo de diputados de la AN, junto a un conjunto de pruebas, involucran al editor del semanario Sexto Poder en los delitos de evasión fiscal, defraudación tributaria y legitimación de capitales. Entre las pruebas consignadas se encuentra una transferencia por tres millones de dólares ($ 3.000.000) y datos sobre cuentas bancarias en Puerto Rico, Mónaco y Suiza, así como transferencias a un banco en Costa Rica.

Al mediodía del domingo 22 de marzo de 2015, García fue capturado en la urbanización El Márquez de Caracas. Al día siguiente, es decir el 23 fue presentado ante el Tribunal que dictó la medida y éste acordó fijarle el Sebin como sitio de reclusión donde permanece desde entonces.

Los venezolanos en escándalos de lavado tenían que estar vigilados por ser PEP

 

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@arebolledo1

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo venezolana define: La Persona Expuesta Políticamente es una persona natural que es, o fue, figura política de alto nivel de confianza o afines – o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos – por ocupar cargos como funcionario o funcionaria  importante de un órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Militar de un gobierno nacional o extranjero.

Haciendo un análisis sobre las Pep’s venezolanas, según World Check, un portal especializado en verificación de personas en listados internacionales tenemos más de 2.600 individuos calificados como Pep’s Individual y 605 Pep’s Mlitary aproximadamente, estas personas son consideradas como clientes de alto riesgo en el  sistema financiero, no quiere decir que no pueden tener cuentas sino se debe tener un monitoreo mayor en sus transacciones y una debida diligencia ampliada, cada vez que quieran hacer un tipo de negocio financiero . Las listas de PEP’s apuntan expresamente a combatir el fenómeno de la corrupción a nivel internacional.

Pero ¿qué pasa en la realidad local con estas Pep’s? Son especialistas en mantener amistad con asesores y banqueros, capaces de aconsejarlos sobre cómo ocultar  el dinero y montar estructuras para tratar de ser lo menos perceptible posible.

En la legislación nacional como internacional no existe un tiempo determinado para desclasificar una Pep’s; es decir, para dejar de serlo, quizás sea un punto a discutir, ya que es un estatus que te acompaña toda la vida. Algunas instituciones financieras, de manera individual, les colocan un tiempo de 5 años

En los casos de HSBC, Peravia, Andorra, España, las personas que están señaladas son Pep’s. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Esas personas fueron reportadas alguna vez? ¿Algún banco venezolano los reportó a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera? ¿Tiene algún reporte de actividad sospechosa? ¿Tendrá alguna operación en bolívares con solicitudes para Sicad? ¿Existirá algún socio u accionista de una empresa privada involucrado con estos sujetos ayudándolos a mezclar el dinero ilícito con el lícito?

¿Por qué tenemos  que esperar información del extranjero cuanto existe  mucha información en Venezuela para actuar? ¿Por qué varios banqueros venezolanos están en EEUU dando explicaciones a sus bancos corresponsales y explicándole que sí cumplen con los estándares internacionales para prevenir la legitimación de capitales?

Porque muchas veces  miden el riesgo del negocio con la multa que pudieran darle en un momento determinado, es decir: el negocio me deja una buena ganancia y aunque me multen sigo ganando.

¿Cuántas debilidades existen en nuestro sistema financiero capaz de ser vulnerable y apetecible para la delincuencia organizada ¿Cómo debe reforzar el sistema financiero venezolano los controles de los clientes Pep’s? ¿Cómo quedaron sorprendidos los bancos venezolanos cuando salieron esos nombres en el exterior, y los tienen como clientes en sus bancos, y jamás  les arrojó una señal de alerta?

Por otra parte es importante destacar que en EEUU se utiliza un término denominado: Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas que es una terminología manejada para llamar a todos aquellos extranjeros incorporados a la lista OFAC, los cuales en sus país no han sido considerados como tales. Son incluidos porque el gobierno americano tienen pruebas sobre vínculos con armas de destrucción masiva, terrorismo, traficantes de drogas, tráfico de personas, delincuencia organizada transnacional, según sea el caso; se menciona que la lista seguirá creciendo en el caso de ciudadanos venezolanos.

¿Cuántas preguntas más nos podemos hacer? ¿Nos convertimos en un refugio de corruptos, lavadores de dinero, traficantes de droga? ¿Cuánto daño reputacional se nos hace a los venezolanos, cuando nuestras instituciones no actúan? En el mundo se lava dinero,  pero las acciones permanentes por parte de quienes son responsables de poner  en cintura  a estos delincuentes, encopetados, de cuello alzado nunca deben cesar llámense como se llamen, de la ideología política que sean.

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Estas son las consecuencias de entrar a la lista negra de la OFAC

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@arebolledo1

 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales sobre la base de la política exterior y objetivos de seguridad nacional contra países destinatarios extranjeros y los regímenes, terroristas, narcotraficantes internacionales, quienes se dedican a actividades relacionadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los EEUU.

La lista OFAC está alimentada principalmente por nombres de personas vinculadas a delitos de delincuencia organizada (tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción, fraudes). Inicialmente existían en esta lista muchos colombianos y mexicanos, al igual que muchos árabes y algunos cubanos. No solo la lista tiene nombres de personas naturales y jurídicas, sino que también contiene nombres de buques, organizaciones como las FARC, AL QAEDA, HEZBOLA y  países.  Siendo incorporados 7 venezolanos que forman  parte de personas asociadas a delitos de delincuencia organizada, persigue afectar los flujos financieros de estas personas para evitar que sigan operando y cometiendo delitos.

Las instituciones financieras a nivel mundial, con cada nuevo nombre que es sumado en la lista OFAC, no solo estudian si esa persona es cliente y mantiene una cuenta. También debe revisar si aparece asociado a alguna compañía como administrador, accionista o firma autorizada para movilizar sus fondos. Luego también se activa una revisión retrospectiva para evaluar si esa persona que tuvo cuenta en un banco a su vez se relaciono con otros clientes. Su cuenta de donde se alimentó. Qué empresa en Venezuela le transfirió fondos y por qué concepto. A quién él le ha emitido pagos (cheque o transferencias) y entonces comienza a armarse una matriz de personas naturales y jurídicas relacionadas con este personaje OFAC y todos ellos pasan a ser considerados clientes de alto riesgo y les sobrevienen a su vez investigaciones y rastreo de fondos que terminarán por limitar su movilidad financiera internacional.

Es muy común ver en otros países cómo cierran las cuentas de personas consideradas de alto riesgo y todas las personas asociadas, cercanas a unos clientes OFAC son consideradas a su vez de alto riesgo. Claro, esta mejor práctica puede ser apelada por los afectados, que tendrán que ponerse a derecho y demostrar su inocencia para poder ser excluidos de la Lista OFAC. A ello presiona esta mejor práctica internacional.

Una persona incluida en lista OFAC verá como poco a poco pierde sus instrumentos financieros (cuentas, tarjetas de crédito, acceso a financiamiento, medios electrónicos de pago). Pero además verá como su entorno laboral y familiar también comienza a ser afectado por un mayor escrutinio financiero internacional porque cada institución financiera evitará operar con ese entorno que es afectado directamente por el riesgo de contagio en materia de lavado de dinero

De igual manera la lista OFAC  prende las alarmas en las aduanas, aeropuertos y puertos a nivel internacional. Esa persona marcada como individuo OFAC también perderá la movilidad internacional.

Si estas personas tenían capitales a su nombre o en empresas donde figuraban como accionistas, directores o representantes, no podrán repatriar esos capitales, lo cual curiosamente podían hacerlo actualmente por medio del SICAD o SIMADI (normas emitidas con cierta urgencia e improvisación).

Sería interesante conocer cuántas personas han repatriado capitales en cantidades importantes por estos nuevos mecanismos y cuestionarnos si no obedecen a temores de que sus capitales iban a ser confiscados por esta vía ejecutiva de la OFAC. De tal manera que, si a estas personas le han confiscado bienes en el extranjero, para poder disponer de ellos tendrán que demostrar que son bienes obtenidos de manera lícita, en el país donde se encuentren sus activos. Si esto no ocurre, el Estado venezolano debería presumir que dichos capitales son producto de actividades ilícitas y tendría derecho a pedir su reintegro, así como en su momento EEUU reintegró al gobierno peruano capitales producto de la corrupción de figuras como Fujimori y Montesinos. O Chile, que logró recuperar capitales en el banco Riggs de Pinochet.

Si el Estado no actúa para exigir la recuperación de activos congelados en otros países, por presuntos actos de corrupción,  está dando un muy mal mensaje al país  y a la comunidad internacional, incluso se podría presumir una ceguera voluntaria para no levantar polvo en relación a dinero y bienes.

En los países donde estos fondos han sido confiscados seguramente los bancos se percataron de que esos capitales pertenecían a Personas Expuestas Políticamente PEP y eran cantidades significativas y tal vez no acordes al perfil de un funcionario público venezolano. Ese banco debió alertar a su autoridad local (Unidad de Inteligencia Financiera/ Superintendencia de bancos). Quien debe documentar cada caso y de considerarlo con argumentos suficientes, envía el caso al Poder Judicial para tratar de determinar legitimación de capitales.

Así como existe una lista OFAC, también existe una LISTA PEP (Personas Expuestas Políticamente), conformada por funcionarios públicos de todos los gobiernos del mundo, por lo cual es mucho más fácil identificar actos de corrupción al revisar esa lista PEP versus los fondos movilizados por esas personas. Si los fondos movilizados no guardan coherencia con el perfil del funcionario, el caso debe generar alerta de alto riesgo que obliga a documentar el caso y remitirlo a la UIF local.

La lista de PEP no solo contiene a la figura política, sino que además agregan allí al entorno de ese PEP, entorno familiar y laboral, sus empresas relacionadas y posibles asociados cercanos. Las listas de PEP apuntan expresamente a combatir el fenómeno de la corrupción a nivel internacional.

El destino de los bienes confiscados por legitimación de capitales dependerá del delito precedente que dio origen a dichos capitales. Por ejemplo, si son bienes o capitales producto del tráfico ilícito de drogas, en Venezuela esos capitales deben ser administrados por el Sistema Nacional de Bienes, un órgano que depende de la Oficina Nacional Antidrogas. Posteriormente, luego de una sentencia firme. Esos capitales pueden ser destinados a las instituciones dedicadas a la rehabilitación de personas afectadas por esas adicciones. De igual manera esos bienes y capitales deben ir a fortalecer los organismos que luchan contra ese delito, como la misma ONA, el CICPC, la GNB, para la adquisición tal vez de equipos que faciliten el trabajo de estos funcionarios o para brindarles capacitación técnica a dichos cuerpos de investigación.

Este destino está orientado por las mejores prácticas y últimamente ha sido frecuente ver que parte de esos capitales son compartidos con los sujetos obligados y las personas que aportan información para concretar las confiscaciones. Esto último es una práctica común en el sector tributario y cada vez es más frecuente en el tema antilavado.

Por otra parte, si los bienes confiscados tienen como precedente el delito de secuestro, por supuesto que esos bienes deberían regresar a los afectados que pagaron por la liberación y en el caso de corrupción los capitales deberían ser reintegrados al presupuesto de donde fue sustraído.

En el contexto internacional, los bienes congelados producto de prácticas corruptas deberían ser repatriados al país de origen, pero esa investigación y solicitud debe partir del país afectado. Se presenta un gran dilema cuando esos capitales confiscados por presunta corrupción están muy directamente relacionados con el entorno de figuras del alto gobierno de cualquier país. Cualquier demora en una investigación de este tipo genera duda, en la transparencia del país si no se investiga y se sanciona a los culpables diligentemente.

Que funcionarios del alto gobierno se encuentren incluidos en las listas OFAC es una instrucción inmediata al sistema financiero mundial y cada banco debe inmediatamente activar filtros para detectar si los nombres de esos ciudadanos venezolanos mantienen cuentas en dicha institución, y deben proceder a congelar esos fondos y evitar cualquier movilización o brindar nuevos productos y servicios a estas personas.

Si alguna institución a nivel mundial permite que personas de la lista OFAC operen, corre el riesgo de ser considerada cómplice o facilitadora en la legitimación de capitales provenientes de algún delito. Si algún banco es negligente, o sus sistemas no filtran y bloquean los servicios a estas personas, seguramente algún otro banco corresponsal que reciba del primero una transacción ordenada por estas personas, en esa segunda instancia, si lo detectará y el primer banco correrá una suerte similar que inicia con el bloque de las transferencia de ese cliente pero que puede extenderse a un bloqueo de los fondos del banco en ese corresponsal y posiblemente se ordene el cierre de la cuenta de ese primer banco negligente por considerarlo una institución de alto riesgo por no contar con mecanismos contra la legitimación de capitales eficientes.

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