El ahora constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, perdió la demanda, por difamación, contra la empresa Dow Jones & Company Inc., dueños del diario estadounidense The Wall Street, que interpuso en mayo de 2016.
«El demandante no ha acreditado una presunción de calumnia y su demanda es rechazada», sentenció la jueza Katherine B. Forrest. Con esta decisión el caso queda cerrado.
Los representantes legales de Cabello en este caso fueron Elio Enrique Pérez y Gary Steven Redish, este último integrante del bufete Winne, Banta, Hetherington, Basralian & Kahn, P.C.
Cabello emprendió acciones legales por el reportaje «Funcionarios venezolanos sospechosos de convertir al país en un centro global de cocaína”, publicado el 18 de mayo de 2015, escrito por José de Córdoba y Juan Forero; que sostiene que Cabello “es investigado por narcotráfico» y afirma que el oriundo de El Furrial «es líder del cartel”.
La publicación del WSJ asegura que la fiscalía federal estadounidense investigaba a varios altos responsables venezolanos, incluyendo a Cabello, por haber convertido al país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero”, reseñó en ese momento la agencia de noticias AFP.
Además, el texto indicaba que se citaba a una «docena de fuentes cercanas al caso», agregaba que “una unidad de élite de la agencia antidrogas de Estados Unidos y fiscales de Nueva York y Miami» se encontraba «recabando pruebas provistas por extraficantes de cocaína, informantes que estuvieron cerca de altos funcionarios venezolanos y desertores del ejército». El principal objetivo de la investigación era Cabello, del cual habría «extensa evidencia para justificar que es uno de los líderes, sino el líder, del cártel», de acuerdo con una fuente del Departamento de Justicia estadounidense citada por el WSJ.
El constituyente no pudo demostrar en la Corte de Nueva York que «era falso que la Fiscalía lo está investigando vinculaciones con el narcotráfico»; y no podrá demandar de nuevo sobre las acusaciones de narcotráfico y lavado. En dos oportunidades enmendó la demanda.
En la acción legal, introducida el pasado mayo de 2016, Cabello indicó que el artículo del WSJ «causó y continúa causando enorme daño a su reputación y buen nombre». «El artículo contiene alegaciones falsas y difamatorias de que el querellante ha estado envuelto en actividades criminales vinculadas con tráfico de drogas y lavado de dinero», señaló.
El reportaje de WSJ salió luego de que en enero de 2015 el diario español ABC publicara «El jefe de seguridad del número 2 chavista deserta a EE.UU. y lo acusa de narcotráfico», que reseña declaraciones del exjefe de escoltas, Leamsy Salazar. La nota fue replicada por varios medios del mundo, entre los venezolanos TalCual, La Patilla y El Nacional. Cabello emprendió acciones legales, introdujo demandas contra 22 directivos de los tres periódicos.
La historia oficial, impuesta por el Gobierno y su aparato de propaganda, se ha encargado de ir borrando detalles de los episodios de 2002:
– Borraron al comandante Raúl Isaías Baduel, responsable del regreso de Chávez. Hoy preso en su casa mientras su hijo la pasa mal en otra cárcel.
– Borraron a Lucas Rincón Romero, el vocero del Alto Mando Militar que aseguró en televisión que Chávez había renunciado. Hoy sigue premiado y silenciado en una embajada.
– Borraron a Leamsy Salazar, el militar que sostuvo la bandera en el techo de Miraflores cuando se recuperó el palacio. Hoy está refugiado en EEUU y colabora como informante.
– Borraron a Manuel Antonio Rosendo, general que se negó a obedecer la orden de Chávez de activar el Plan Ávila el 11 de abril (represión militar contra el pueblo, igual que El Caracazo). En 2010 trabajaba en la embajada en Portugal. Hoy no sé.
– Borraron la declaración del embajador de Cuba, Germán Sánchez Otero, esa donde agradecía al alcalde de Baruta, Henrique Capriles, por su mediación en la embajada con la gente que protestaba a las afueras. Hoy, y aunque en tres juicios no pudieron demostrarlo, se le acusa aún de lo contrario: haber aupado el asedio.
– Borraron los rastros de los francotiradores. No hay nombres ni detalles ni estudios balísticos que den pistas de nada. Teniendo los recursos para investigar, el chavismo le ha garantizado impunidad a los que dispararon.
– Borraron las declaraciones de Francisco Arias Cárdenas en la televisión, donde dijo que Chávez era un asesino “con las manos manchadas de sangre”. Hoy es gobernador de Zulia por el PSUV.
– Borraron a las víctimas opositoras. Hoy sin justicia.
– Borraron que dejaron escapar a Pedro Carmona Estanga del país ¿cómo se les escapa un sexagenario que estaba bajo custodia militar y había “salido a trotar”?
– Borraron el intercambio de disparos entre la Policía Metropolitana y los pistoleros de Puente Llaguno. Sólo muestran a los policías y los acusan de todo lo posible y más. Eximen de responsabilidad a los civiles que usaron armas de fuego sin porte. Los elevan al nivel de héroes.
– Borraron la posibilidad de que veas observaciones como estas en cualquier canal de televisión nacional.
Funcionarios adscritos a cualquier componente de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) deberá tramitar ante el organismo un «permiso» para viajes al exterior. En la página web de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) también se indica que el personal militar deberá consignar el pasaporte (original) y copias de los documentos de identidad y de viaje de todos los acompañantes
Redacción Runrunes
Todo personal militar que desee viajar al exterior debe tramitar un «permiso» o autorización ante la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), se lee en una pestaña de la página en Internet del organismo (www.dgim.mil.ve).
Los funcionarios adscritos a cualquier componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) deberán consignar una larga lista de recaudos, entre los que se incluyen: una carta del comando al que pertenece, que dé luz verde al funcionario para iniciar el trámite; fotografías originales vistiendo el uniforme verde oliva y la presentación del pasaporte original con visado, según se lee en un documento de acceso público.
Las restricciones de los viajes a personal militar se acentuaron desde la salida del país del teniente coronel Leamsy José Salazar, ex edecán del expresidente Hugo Chávez y luego uno de los integrantes del equipo de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Salazar desertóen diciembre de 2014 a los Estados Unidos en calidad de testigo protegido de la Agencia Antidrogas estadounidense (Drug Enforcement Administration, DEA).
En 1776, 239 años antes de que la posibilidad de reproducir información elaborada o divulgada por terceros comenzara a ser una práctica tan sencilla y habitual como retuitear, los tribunales británicos determinaron que ello no constituye delito.
La sentencia correspondiente al caso Curry vs Walter es el germen de la doctrina del reporte fiel. Un juez del Reino Unido determinó que la publicación de una información que dos magistrados consideraron injuriosa era legal, pues correspondía a un relato de dominio público.
La doctrina del reporte fiel se ha desarrollado vigorosamente en todos los países democráticos del mundo, en beneficio del derecho ciudadano a informar y a estar informado, sobre todo sobre asuntos de interés públicos. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, actuó en sentido contrario al acusar de difamación agravada continuada a 22 directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, por hacerse eco de las noticias publicadas por el diario español ABC que vinculan al funcionario con el tráfico de drogas, a partir de declaraciones de Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Cabello.
El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Internacional de Juristas Pedro Nikken considera que “en un mundo globalizado es absurdo pretender que se castigue a un periodista o a un medio por reproducir fielmente, sin agregar nada o hacer juicio de valor, lo que un medio extranjero ha publicado sobre un funcionario público”.
En opinión de Nikken la demanda de Cabello amenaza el derecho de saber, por parte de los venezolanos, y el derecho de hacer saber por parte de los medios venezolanos.
“Lo que procura este tipo de demandas o este tipo de sentencia, (pues en Venezuela uno puedo presumir que lo que demando Cabello va a ser acogido por los jueces) es acallar a la prensa, la autocensura. Lo peor que puede pasar en una sociedad en es cunda el miedo a informar”, expresó Nikken.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha reivindicado la doctrina del reporte fiel. “La democracia requiere que el debate público sea fluido y amplio. La publicidad de información proveída por terceros no debería verse restringida por la amenaza de responsabilizar al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro. Indudablemente esto implicaría una restricción innecesaria que limita considerablemente el derecho de todas las personas a estar informado”, se indica en el informe anual correspondiente a 1999.
Nikken considera imprescindible tener en cuenta el contexto: “No solo se trata de la demanda de Cabello contra El Nacional, Tal Cual y La Patilla; ni la anterior que interpuso contra Carlos Genatios y los directivos de Tal Cual. Se trata del desprecio a todos los estándares y obligaciones internacionales relativas a democracia y derechos humanos”.
El jurista asegura que las bases de esta política de Estado las echó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente a través de las sentencias 1013 y 1942 de la Sala Constitucional (ambas elaboradas por Jesús Eduardo Cabrera), según las cuales cualquier sentencia internacional requería una especie de pasavante, a efectos de su ejecución en Venezuela.
Con fundamento en una controversial interpretación del principio de soberanía, el Estado venezolano ha desconocido las sentencias de la Corte Interamericana y, en 2013, denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Y más recientemente –acotó Nikken- esta política se ha ejecutado con los insultos a los autoridades de Naciones Unidas, por su exigencia del cese de la represión en Venezuela y la liberación de los presos políticos”.
El estándar. El reporte fiel constituye un estándar del sistema interamericano de protección de los derechos humanos establecido mediante el caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica.
En 1995, Herrera Ulloa, periodista del diario La Nación hizo una reproducción parcial de reportajes de la prensa escrita belga que atribuían al diplomático Félix Przedborski, representante ad honorem de Costa Rica en la Organización Internacional de Energía Atómica en Austria, la comisión de delitos vinculados con el tráfico de armas. Cuatro años más tarde, un tribunal penal costarricense condenó a Herrera Ulloa “porque éste no logró probar la veracidad de los hechos atribuidos por diversos periódicos europeos al señor Félix Przedborski”.
El 2 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que “el efecto de esta exigencia resultante de la sentencia conlleva una restricción incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana, toda vez que produce un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesión de periodista, lo que, a su vez, impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad”.
El fallo precisa que “el periodista Herrera Ulloa se limitó básicamente a la reproducción de estas informaciones que atañían, como se ha dicho, a la conducta de un funcionario público en el extranjero”.
El expresidente de la Comisión Interamericana de derechos Humanos Carlos Ayala Corao, quien junto con Nikken intervino en el caso como representante de Herrera Ulloa, recuerda los alegatos a favor de Herrera Ulloa y La Nación.
“Al imponer sanciones penales para proteger la honra y reputación del señor Przedborski, cónsul honorario de Costa Rica, dicho Estado provocó un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión y sobre la emisión de información referente a asuntos de interés público que involucra a funcionarios públicos”, se razonó.
“El derecho a buscar información debe ser entendido en el más amplio sentido. Nada más normal, dentro de la comunicación social, es que los diferentes medios se hagan eco de lo publicado por otros; y mucho más aún, que el medio de comunicación de un país determinado, busque, halle y difunda lo que en la prensa extranjera se publica sobre temas relacionados con ese país, tanto más si involucran a funcionarios públicos”, se refiere en el fallo.
Contra el autoritarismo
Luego de aclarar que no era el caso de Costa Rica, el juez de la Corte Interamericana Sergio García Ramírez, advirtió a través de un voto concurrente que acompaña la sentencia del caso Herrera Ulloa que “en un ‘ambiente político autoritario’ se recurre con frecuencia al expediente punitivo: éste no constituye el último recurso, sino uno de los primeros, conforme a la tendencia a ‘gobernar con el Código penal en la mano’, una proclividad que se instala tanto sobre el autoritarismo, confeso o encubierto, como sobre la ignorancia, que no encuentra mejor modo de atender la legítima demanda social de seguridad”.
El extraño caso del inexistente vocero de la Casa Blanca. La prensa oficialista de Venezuela ha hecho circular declaraciones de un portavoz del ejecutivo de EEUU quien señala que las acusaciones de Leamsy Salazar contra el presidente de la Asamblea Nacional sobre su presunta participación en actividades de narcotráfico eran “falsas”. Al parecer, todavía más falsa es la existencia del vocero.
Leamsy Salazar sigue declarando ante fiscales de Miami y de Nueva York.
Mark Twain decía que cuando la mentira ya había dado la vuelta al mundo, la verdad recién empezaba a ponerse las botas para empezar a caminar.
Dice el primer párrafo de la información:
“Caracas, 21 de abril de 2015.- Jim Luers, vocero de la Casa Blanca, indicó que las acusaciones del ex escolta de (Diosdado) Cabello, el militar de la armada Leamsy José Salazar, son ´totalmente falsas´”.
Si el lector se toma el trabajo de escribir en Google “Jim Luers and White House,” o “Jim Luers and White House’ spokesman” verá que se queda con los crespos hechos. No existe un Jim Luers que trabaje como portavoz de la Casa Blanca.
También el lector puede llamar a la Casa Blanca. El número es el 202-456-1414. Pero debo hacerle una aclaratoria: la llamada “public comment line”, el número de la línea que recibe los comentarios del público, es el 202-456-1111. Quienes atienden la llamada son voluntarios.
Ahora, si desea llamar a la centralita de la Casa Blanca el número es el 202-456-1414, que es operado por profesionales. Es recomendable usar el último número y pedir que lo comuniquen con el señor Jim Luers. Él despejará todas las incógnitas. Eso en caso de que exista.
No le hemos seguido la pista al caso de Leamsy Salazar, un exguardaespaldas del fallecido presidente Hugo Chávez y supuesto guardaespaldas del actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (nunca se aclaró este último punto).
Salazar huyó a Estados Unidos y a fines de enero de este año, el diario ABC de Madrid y El Nuevo Herald de Miami informaron que Salazar había acusado a Diosado Cabello de ser un narcotraficante.
A partir de ese momento, nada más se supo de Salazar. Pero una cosa queda clara: si Salazar, como han señalado algunos órganos de la prensa norteamericana es “A protected witness,” un testigo protegido, eso significa que el Departamento de Justicia, no el gobierno de Barack Obama, se está ocupando de su caso.
En Estados Unidos, a diferencia de Venezuela, existe la división de poderes. Tal vez por eso, en ocasiones, la justicia demora en decidir, en ocasiones años.
Inclusive un secretario de Justicia puede ordenar el impeachment, el juicio político al primer magistrado de la nación, cuando transgrede sus funciones, como ocurrió con Richard Nixon.
La Casa Blanca nada puede opinar del caso Salazar (esto es, si existe un caso) pues no es su tarea administrar justicia. Si alguien puede declarar sobre el caso de Leamsy Salazar, es un vocero del departamento de Justicia. Y desde ya podemos garantizar que eso tampoco ocurrirá. En algún momento se conocerá la suerte corrida por el ex guardaespaldas de Hugo Chávez. Y sin demasiada alharaca.
Aunque para el gobierno y la oposición de Venezuela Leamsy Salazar es titular de primera plana, en Estados Unidos es un ser inexistente. En cuanto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, tendrá que hacer muchísimos méritos para que lo mencionen en los periódicos.
Tal vez si lo galardonan con el Premio Nóbel de la Paz, o con el Nobel de Literatura, o por algo que atrapa al lector. Es lo que ocurrió, en distintas circunstancias, con el general Manuel Noriega, apresado tras la invasión norteamericana a Panamá y acusado de narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos y Francia. Pero estamos hablando de un caso que nada tiene que ver con el líder de la Asamblea Nacional bolivariana.
Entre tanto, persiste un interrogante: ¿por qué se divulgó el bulo de que un evanescente vocero de la Casa Blanca negó las declaraciones de Salazar?
El blog Caracas Chronicles maneja esta hipótesis: la publicación del libro “Bumerán Chávez,” del periodista español Emili J. Blasco, corresposal del diario ABC en Washington.
Según el blog, en el libro Blasco “repite algunas de las denuncias de Hugo Chávez sobre reuniones secretas con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en las cuales el propio Chávez planificó el canje de drogas por armas con los insurgentes colombianos”.
Además, Blasco incluye “denuncias de manipulación de votos durante la elección de (el presidente) Nicolás Maduro, así como los vínculos entre Maduro y Jezbolá” (el grupo chiíta libanés).
El blog aclara que “la credibilidad de Blasco depende de la credibilidad de Leamsy (Salazar) y de otras fuentes”. Y eso explicaría por qué un inexistente vocero de la Casa Blanca declara que el ex guardaespaldas de Hugo Chávez y testigo protegido del departamento de Justicia mintió a sabiendas.
El señor Jim Luers se habría encargado de mostrar que todos los argumentos del periodista español se van por el sumidero. Pero es una pena que el vocero Luers no exista.
Según mis fuentes, hasta el día de ayer, jueves 23 de abril de 2015, Leamsy Salazar seguía siendo testigo protegido de fiscales en Miami y en Nueva York. De acuerdo a Google, el señor Jim Luers no es portavoz de la Casa Blanca.
Pero inclusive en el caso de que lo fuera, de nada le serviría. Si existiese un señor Luers y se atreviese a opinar sobre el caso de Leamsy Salazar sería despedido de inmediato por incumplir sus funciones. (Por supuesto, de inmediato lo contrataría Telesur).
En cuanto a quienes deseen enviar bulos en el futuro, este es mi humilde consejo: es mejor copiar a los magos de la desinformación: los norteamericanos (y también los ingleses).
Cuando se trata de hacer pasar gato por liebre, nadie supera a los funcionarios de Estados Unidos. Basta ver la manera en que retorcieron el pescuezo a las noticias para convencer al pueblo norteamericano que Saddam Hussein poseía armas nucleares.
Eso abrió el camino a una desastrosa invasión de Irak, que ha causado la destrucción de numerosos hogares y todavía sigue siendo financiada con el dinero de los contribuyentes norteamericanos.
Efectivamente, juegan a dos bandas, pero la carambola parece errática, sin posibilidades de acertar.
A) El vice presidente Jorge Arreaza, el vice canciller Calixto Ortega y Ramón «Moncho» Gordils (presidente de la Corporación de Comercio Exterior), se reunieron el pasado jueves en Caracas con siete grandes empresas españolas, con el propósito de informarles (y pedirles apoyo) de la realización de una exposición. En Miraflores les enteran de que en Madrid entre el 1 y el 3 de marzo, en recinto ferial incierto, montarán una especie de ExpoVenezuela (o una versión de la oferta turística Fitven), en la que se mostrarán los logros del socialismo criollo.
B) No se sabe bien qué tipo de impulso hizo que la torpeza inane reapareciera al unísono en la representación gubernamental e hiciera que se deslizara una amenaza (¿un chantaje?) al final de la reunión con el grupo ibérico, que no era el punto principal de la cita. El diario ABC lanzó el viernes 13 su versión: Gobierno de Maduro amenazó con expropiar empresas españolas con negocios en Venezuela si… Resumen: Les instaron «de manera cordial» a presionar al gobierno español para que impusiera censura en los medios para que no continuaran revelando evidencias sobre sus vínculos con el partido Podemos. Ni tampoco sobre la delicada situación en que se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, a raíz de la deserción de la Armada y posterior refugio en Estados Unidos del capitán de corbeta Leamsy Salazar, de quien se temen testimonios terribles.
C) Como nunca había ocurrido antes, se arrechan los empresarios españoles.
D) Deciden los españoles notificar la novedad a su embajada en Caracas. Ésta conecta con su cancillería. El viernes se reunieron los diplomáticos españoles con Calixto Ortega. Pasa el fin de semana. El lunes el canciller José Manuel García-Margallo se pronuncia en contra de las pretensiones del gobierno venezolano. “En un Estado democrático y de Derecho, las libertades de opinión y prensa son principios absolutamente irrenunciables”. García-Margallo declara sobre el caso en presencia de la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Presume apoyo de Europa ante una situación impredecible.
E) La noticia vuela y revuela. Telefónica, una de las siete grandes invitadas a subir al cadalso, anunció hoy lunes que la devaluación del bolívar en Venezuela en 2014 (de 12 en Sicad I a 50 en Sicad II) le producirá una disminución en sus activos netos equivalentes a 3 mil doscientos veinte millones de dólares (2.840 millones de euros) en su cuenta de resultados que serán anunciados el 25 de febrero. «Con el nuevo sistema cambiario vigente para 2015 (tres tipos de cambio) se evaluará la capacidad de conversión monetaria y el acceso a divisas para las distintas operaciones de la Compañía», advirtió la empresa a sus accionistas y a los reguladores españoles. Según analiza el diario El País, el impacto acumulado por las devaluaciones en Venezuela es de 7.450 millones de euros menos. Ninguna otra de las empresas concurrentes a la cita miraflorina ha salido del ámbito del susurro. Y tampoco Podemos se ha pronunciado aún sobre esta nueva arista. Su secretario general y candidato a la jefatura de gobierno Pablo Iglesias, de visita en Nueva York, no se ha referido a la exigencia del régimen venezolano. En su agenda oficial no aparece algún encuentro con el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, ni con su adjunta, María Gabriela Chávez.
F) Desde hace rato Podemos se está distanciando del chavismo. Apenas, ahora, le reconocen que es un gobierno producto de elecciones. Evitan entrar al trapo. Sin embargo apareció la semana pasada un video sin firma ni patrocinio en el que se justifican los populismos latinoamericanos en contraste con la situación española.
G) El chavismo no le ayuda mucho (ayuda política, no monetaria, me refiero). El embajador Mario Isea repartió a fines del año pasado en la Asamblea Nacional su recomendación estratégica hacia Podemos (tesis del caballo de troya). Diosdado Cabello se inflama cuando dice que «el chavismo venció en Grecia» y que «más temprano que tarde lo hará en España». Podemos trata de huir pero le persigue la sombra del acreedor.
H) Aparecen nuevas evidencias de financiación a Podemos. 425.000 euros pagados a Juan Carlos Monedero por trabajos presuntamente ficticios (moneda única albamericana), meten a Podemos en gran lío. Se enreda el jefe ideológico de Podemos al tratar de ingresar esos haberes en España, por vías propias de los evasores que tanto ha denunciado, y cuando tenía el agua al cuello los ha declarado como persona física: el fisco español se lleva casi la mitad de lo que le pagó el gobierno venezolano. La lapa se relame en cueva ajena.
I) En un acto de aparente desprendimiento personal, Monedero había dicho que ese dinero, ganado con esfuerzo propio como asesor internacional, sería utilizado para potenciar La Tuerka, un programa de televisión que se emite por Internet (en el portal www.publico.es). Pero los extractos de sus cuentas bancarias señalan que han sido invertidos en valores a plazos. Podemos, para enfrentar cuatro campañas electorales este año, busca dinero sonante para uso inmediato.
J) Queda al descubierto que al menos este dinero podría ser calificado como financiamiento ilegal. Podemos dice que La Tuerka no es del partido, pero el jefe de la empresa es Pablo Iglesias y el domicilio fiscal es el mismo que el del partido.
K) Se ratifica que el etarra De Juana Chaos vive en Venezuela. De Lecherías (Anzoátegui) se ha mudado a Chichiriviche (Falcón) y en bermudas y chancletas es captado por el diario El Mundo al frente de la gestión de una licorería. Se reactiva el caso: España pedirá la extradición. El gobierno español dice que ya sabía de su ubicación pero no explica por qué no había actuado antes de la publicación de la noticia. Se revuelve el tema de la protección en Venezuela a etarras históricos con juicios pendientes en España. Es un santuario etarra, reiteran los tertulianos en TV y radio.
L) Mucha cobertura a la aparición del MEVA, movimiento español venezolano anti-Podemos. Portada en La Razón, entrevistas en Antena3 y en TeleMadrid. Comentarios por doquier. Meva ha convocado a una marcha que partirá desde Plaza España hasta la Puerta del Sol, por Gran Vía, el primero de marzo, justo cuando será inaugurada la ExpoVenezuela en Madrid.
M) Mucha cobertura a las visitas de Chúo Torrealba y Miguel Henrique Otero. Bombazo de ABC sobre la deserción del Ysmael (escrito al revés) Salazar, el guardameta de Chávez y de Cabello. Su relación ideológica y económica del gobierno de Venezuela es uno de los cuatro principales argumentos utilizados en España para enfrentar a Podemos.
N) Una encuesta (El País) señala que Podemos ha tocado techo y que ha comenzado a retroceder en el favor popular. La de hoy lunes, My Word, para la cadena SER, le da el triunfo a Podemos, aunque señala que bajó 3 puntos entre enero y febrero. La del diario La Razón (también hoy) otorga primacía al PP, con Podemos en segundo lugar pero en retroceso. Todas indican que el PSOE tiene cara de tercerón.
O) Maduro se encuentra en mala posición en el fieltro del billar. La imagen internacional del chavismo se revirtió, y la de Maduro es peor que la de su mentor. Ahora actúa en la cancillería Delcy Rodríguez, ignara imbatible. Con el nombramiento de Mauricio Rodríguez al frente del vice ministerio para la información internacional, tratan de reactivar la propaganda en el exterior. También actúa la Corporación de Comercio Exterior en su labor de exhibición de «logros». Ignacio Ramonet se reúne con Maduro. Divisas danzantes. Ese aparato es comandado por Jorge Rodríguez, el alcalde caraqueño, quien repite su actuación como ariete increíble en la denuncia de tucanos agresores. Reaparecen los viejos círculos de apoyo internacional en Reino Unido e Italia. También en Paraguay, Argentina, Brasil. En Nicaragua, Ecuador y Bolivia, sus presidentes se pronuncian ante denuncias de nueva intentona de golpe de Estado. Unasur se asoma. Cuba calla.
P) El miércoles 18 aparecerá en las vidrieras de Madrid Mientras llega la felicidad, una biografía del gran Joan Marsé. Cayó en mis manos Aquello estaba deseando ocurrir, lo último del cubano Leonardo Padura.
Q) Me pregunta un diplomático jubilado, siempre observador de los avatares en los territorios en los que sirvió como funcionario venezolano: ¿Lo que está pasando permea a los simpatizantes o militantes de Podemos, o sencillamente rechazan que existan nexos entre Podemos y Venezuela? Mi respuesta inmediata es NO. Pero, y son 250 mil, cada vez que un venezolano abre la boca en España siete de cada diez españoles que creían en salvapatrias se convierten en pensadores de Rodin. Por eso digo que la carambola parece errática.
El joven capitán de corbeta estuvo conversando con la DEA durante año y medio. Es sometido a rigurosas pruebas psicológicas y evaluaciones que garanticen la veracidad de sus declaraciones. Se crió en el oeste de Caracas en el seno de una familia clase media baja. Era discreto y leal a Hugo Chávez. Su segunda esposa, la capitán del Ejército Anabel Marina Linares, también estaría aportando información a los investigadores estadounidenses, pues se desempeñaba como directora suplente del Banco Bicentenario
18 meses con el enemigo
El capitán de corbeta Leamsy José Salazar Villafaña, de 40 años edad, estuvo negociando con la DEA durante año y medio. Su acercamiento con la oficina de Administración para el Control de Drogas comenzó a mediados de 2013, pocos meses después de la muerte del presidente Hugo Chávez, según revelaron fuentes cercanas a la DEA. En este lapso habría logrado acumular una gran cantidad de documentos y diversos tipos de pruebas que comprometerían a importantes líderes del alto gobierno en presuntas actividades ilícitas.
“Voy a pedir la baja porque no aguanto más esto”, le habría dicho Leamsy Salazar a su madre en varias oportunidades
Una de las personas supuestamente mencionadas por el oficial de la Armada en su declaración sería Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, a quien se le relaciona con Hugo “El Pollo” Carvajal, según un reportaje publicado por el diario ABC de España. Sin embargo, todavía no se conocen los detalles sobre las pruebas presuntamente aportadas por Salazar a la DEA.
Estas evidencias deben ser analizadas rigurosamente para su verificación antes de ser promovidas como elementos de una investigación penal. Además Salazar Villafaña ha sido evaluado clínicamente por psicólogos y especialistas para garantizar su sanidad mental. Como parte de sus interrogatorios, el testigo es sometido constantemente a la prueba del polígrafo o detector de mentiras, que permite medir algunas reacciones fisiológicas del entrevistado con cada respuesta.
El oficial de la Armada, que integró el primer anillo de seguridad de Hugo Chávez y fue asistente de Cabello, se encuentra en Estados Unidos, específicamente en Washington, rindiendo declaración a funcionarios de la Administración para el Control de Drogas en calidad de testigo protegido.
En lo que ha sido considerado por algunos sectores del oficialismo como un acto de traición a la revolución, el “digno soldado”, como lo llamó Hugo Chávez, habría establecido contacto con la DEA luego de manifestar entre sus allegados desacuerdos con los nuevos líderes del chavismo.
Esta versión se corresponde con lo dicho por su madre, Flor Teresa Villafaña, en una entrevista concedida a la cadena colombia NTN24 el viernes 30 de enero: “Voy a pedir la baja porque no aguanto más esto”, le habría dicho Leamsy Salazar a su madre en varias oportunidades. “Mi hijo trabajó 12 años con el presidente Hugo Chávez. Él amaba al Presidente. Daba la vida por él. Incluso me lo presentó”, dijo Villafaña.
Luna de miel como salvavidas
Paralelamente a las conversaciones con la DEA, Salazar Villafaña preparó su segundo matrimonio con una oficial de la FANB, a que conoció cuando trabajaba en Miraflores. Se trata de Anabel Marina Linares Leal, una capitán del Ejército venezolano, que se desempeñaba como directora suplente del Banco Bicentenario y que formó parte del equipo del actual ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres.
Según fuentes cercanas a la DEA, Linares Leal también estaría aportando información a las autoridades estadounidenses sobre irregularidades e ilícitos relacionados con las instancias gubernamentales en las que se desempeñó.
La oficial, de 30 años de edad, se graduó en la Academia Militar de Venezuela en 2006 y recibió su sable de manos del presidente Hugo Chávez. “Es la primera mujer que en este patio, en esta patria, del Ejército Libertador, va a recibir el sable de subteniente habiendo pasado cinco años en esta Academia Militar”, dijo el mandatario en esa oportunidad.
La oficial fue ascendida a capitán en 2014 y designada directora suplente del Banco Bicentenario. La boda entre el capitán de corbeta Leamsy Salazar y la capitán Anabel Linares se realizó en la isla de Margarita a mediados de diciembre de 2014 con una gran celebración, según revelaron algunos de los asistentes. Después del matrimonio, el oficial de la Armada y su nueva esposa emprendieron un viaje de luna de miel a España para luego salir rumbo a Estados Unidos bajo la protección de la DEA. “Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española, hasta la CIA y la DEA. El señor Salazar ha estado tres semanas resguardado con sus hijos y su esposa en un hotel de Madrid”, dijo Bieto Rubido, director del diario español ABC en declaraciones a NTN.
Se pudo conocer que Salazar Villafaña tiene un hijo de su primer matrimonio con Mónica Yislen Véliz Zavarce, de quien se divorció en 2009. Véliz Zavarce trabajó en el Banco Agrícola de Venezuela y actualmente es funcionaria del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
A mediados de enero, desde España, el ex escolta de Chávez y los miembros de su núcleo familiar fueron trasladados a Washington en un avión privado. El oficial no pudo viajar directamente a Estados Unidos desde Venezuela porque existe una resolución del Ministerio de la Defensa que regula las salidas del país de sus funcionarios. Los miembros de la FANB están obligados a notificar, con al menos un mes de antelación, cualquier viaje que tengan previsto hacer al exterior. Además, por razones políticas, está limitada la posibilidad de visitar Estados Unidos.
Una familia clase media baja
“Claro que los conozco, desde que llegué aquí hace 44 años”, dijo una vecina en el estacionamiento de uno de los bloques de Casalta, al ser interrogada sobre la familia de oficial Leamsy Salazar Villafaña.
Mientras señalaba el edificio donde vive la madre y dos de los cuatro hermanos (dos hembras y tres varones) del capitán de corbeta, aseguraba: “Son gente sana. Unos buenos muchachos que nunca dieron problemas. No tengo nada malo que decir de ellos”.
Relató que el allanamiento de la vivienda de la señora Flor Teresa Villafaña el viernes, sorprendió a los residentes del sector, una zona de clase media baja al oeste de Caracas. “No estamos acostumbrados a esas cosas. Todos aquí estábamos sorprendidos y muchos vecinos salimos a la calle para apoyarlos, porque son una gente trabajadora que no se mete en problemas”, explicó la mujer.
La vecina, advirtió que no tenía mayores detalles acerca del militar, porque ella no era tan cercana a la familia. Sin embargo, sí recuerda que desde que Leamsy Salazar comenzó a trabajar con el presidente Chávez dejó de visitar Casalta. “Ya casi no venía para acá”. En este sector de Propatria, otros residentes del lugar prefirieron guardar silencio. “No puedo hablar de eso” o “No, no. Yo no sé nada”, fueron algunas de las expresiones de los consultados, que miraban con desconfianza.
Flor Teresa Villafaña abrió la puerta de su apartamento -el mismo en el que nació y creció Leamsy- con rostro de preocupación. Sin pensarlo dijo que en ese momento no quería hablar con periodistas. Sin embargo, en la entrevista con NTN24, aseguró que todos sus hijos eran profesionales y agregó: “Mi hijo es un buen venezolano. Es un hombre valiente que lleva la sangre de Bolívar. Él no dice mentiras”.
Hace dos semanas, Miguel, el menor de sus hijos se postuló para realizar una especialización en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCV.
El muchacho de la bandera
Leamsy Salazar ingresó en la Armada a principio de los noventa. Egresó en 1998 de la Escuela Naval de Venezuela como parte de la promoción Capitán de Navío Rafael Francisco Rodríguez. Ocupó el puesto 27 en una cohorte de 55 guardiamarinas, realizó cursos en la unidad de operativos especiales y fue guardiamarina. Aunque no estuvo entre los primeros de su promoción, en 1999 cuando Chávez asumió la presidencia de la República, fue seleccionado para integrar la guardia de honor presidencial, junto a los mejores militares de las dos últimas promociones de cada componente.
Hugo Chávez sobre Leamsy Salazar: “humilde gran soldado de la infantería de marina”
El 12 de abril de 2002, sin saberlo, Salazar Villafaña fue protagonista de un momento histórico para el chavismo. Era el joven militar que ondeaba la bandera de Venezuela sobre el techo del Palacio Blanco pediendo el regreso de Hugo Chávez al poder, después del golpe de Estado. La imagen recorrió el mundo y fue utilizada como emblema de la reconquista roja, pero la identidad de los protagonistas de esa “gesta” permaneció en la oscuridad.
El breve agradecimiento para los “héroes” del 12A llegó ocho años después. Chávez en su programa Aló, Presidente del 11 de abril de 2010 dedicó un par de minutos a recordar el episodio y le puso rostro a la silueta del hombre que sostenía el tricolor nacional esa tarde: el Teniente de Fragata Leamsy Salazar, “humilde gran soldado de la infantería de marina”, dijo el Presidente.
El joven oficial discreto y silencioso dejó el Palacio de Miraflores después de la muerte de Hugo Chávez. Durante 12 años, desde el año 2000, trabajó con lealtad y devoción para el “comandante supremo” de la revolución.
Su partida de Miraflores no significó su salida del gobierno. Salazar Villafaña pasó a trabajar con el parlamentario y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello quien solicitó sus servicios.
Los infiltrados
“No tengo ninguna duda que esa persona estuvo infiltrada al lado del comandante durante muchos años”, aseguró Diosdado Cabello, con relación a Salazar Villafaña, en una declaración que ofreció a BluRadio de Colombia. Allí reconoció que el oficial había pertenecido a su equipo de trabajo.
Pero el capitán de corbeta no ha sido el único funcionario que “traiciona” la confianza oficialista. En abril de 2012, el magistrado Eladio Aponte Aponte se fue del país -también bajo la condición de testigo protegido- para suministrar a la DEA información que comprometía a altos oficiales del FANB con el tráfico de drogas y a las autoridades de los poderes públicos con corrupción.
Posteriormente se ha mencionado que Rafael Isea, ex gobernador del estado Aragua y ex ministro de Finanzas, estaría proporcionando información sobre los malos pasos de sus ex compañeros de partido a organismos de investigación de Estados Unidos. En septiembre de 2014, la fiscal Luisa Ortega Díaz informó que Isea había sido incorporado a la lista de solicitados de Interpol y se emitió una orden de captura en su contra por fraude con divisas. Todavía no se conocen resultados de las investigaciones en las que Aponte Aponte e Isea habrían participado como testigos.
Transparencia Venezuela rechaza la negativa de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de investigar las presuntas denuncias que ante las autoridades de Estados Unidos habría presentado el capitán de corbeta Leamsy Salazar contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Antes de despachar una denuncia porque la misma salió publicada en medios de comunicación social, el Ministerio Público debe llevar adelante las diligencias pertinentes para conocer el caso y solicitar las pruebas que lo sustentarían, sobre todo cuando en este hecho posiblemente está involucrado una personalidad con responsabilidades de Estado.
Lejos de aferrarse a excusas o apelar a manidas consignas políticas, el sistema de justicia tiene la obligación de actuar para despejar cualquier duda y brindar respuesta a los venezolanos, que exigen que los recursos y asuntos públicos sean manejados con honestidad.
Partiendo de la premisa de que en una democracia todos somos iguales y no existen intocables, consideramos que el Ministerio Público no debe discriminar los casos atendiendo a razones políticas o de poder.
Los casos se acumulan y los venezolanos no tienen respuestas claras. Allí están en una especie de limbo las denuncias expuestas por los exmagistrados Luis Velásquez Alvaray y Eladio Aponte Aponte y el supuesto narcotraficante Walid Makled, así como las revelaciones del audio de Mario Silva, quien ocupó un puesto en la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y fungió como comunicador en la estatal Venezolana de Televisión.
Un escándalo sucede a otro sin que se apliquen los castigos que la sociedad demanda. Ahora que los venezolanos deben padecer largas colas para adquirir productos básicos y el Gobierno busca financiamiento externo para mantener el ritmo de las importaciones, cabe preguntarse dónde están los culpables de la pérdida de toneladas de alimentos de PDVAL y de la desviación de 25 mil millones de dólares de Cadivi, hecho este último que fue denunciado, entre otros, por el ex ministro de Planificación, Jorge Giordani.PUSV
Para restar valor a las supuestas acusaciones de Salazar contra Cabello, la bancada oficialista en la AN indicó que el capitán de corbeta habría sido «comprado» por un Gobierno extranjero. Igualmente, el primer vicepresidente de la Cámara, Elvis Amoroso, confesó que a él mismo intentaron sobornarlo. ¿Estos hechos – que también son declaraciones publicadas en medios de comunicación- no ameritan una investigación del Ministerio Público? La gravedad del caso exige una respuesta contundente de parte de la Fiscalía.
El Ministerio Público no está para buscar excusas. Su deber es investigar con la finalidad de buscar la verdad de las denuncias que se presentan para, de esta manera, eliminar la impunidad, garantizar la probidad de los funcionarios públicos y fortalecer la democracia venezolana.
