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Lavado de activos

Detienen a brasileño acusado de lavado de dinero cuando intentaba huir a Caracas
La detención ocurrió en República Dominicana, donde el presunto delincuente iba a abordar un avión con destino a Venezuela

República Dominicana informó este viernes, 2 de diciembre, que apresó y deportó a Brasil a un ciudadano reclamado por la Policía de ese país bajo acusaciones de crimen organizado y lavado de activos.

La Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional dominicana, informó a través de sus redes sociales, que el brasileño Mohamad Kassem Najm fue apresado el domingo pasado cuando intentó salir del país en un vuelo con destino a Caracas, Venezuela.

El brasileño fue deportado en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM) dominicana y entregado a las autoridades de Brasil, aseguró la información.

De acuerdo con la Dicrim, el Ministerio Público Federal de Brasil realizó en octubre pasado el operativo «Operación Pulpo» donde detuvieron a 36 personas, entre quienes figuran familiares del deportado.

A Kassem Najm las autoridades de Brasil le acusan de blanquear capitales por decenas de millones de dólares, precisó el departamento. 

 

Fiscalía de EE.UU. pide desestimar siete de los ocho cargos contra Alex Saab
El juez Robert N. Scola Jr. accedió a retirar la mayoría de cargos tras una solicitud hecha hoy por escrito por el fiscal Kurt Lunkenheimer basado en las «garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición»

 

La tarde de este lunes, 1 de noviembre, una corte de Estados Unidos pospuso hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, y ordenó desestimar 7 de las 8 acusaciones penales contra él para cumplir con las garantías dadas a Cabo Verde en el proceso de extradición.

La lectura de cargos estaba prevista para esta jornada pero se aplazó por dos semanas, según los documentos judiciales publicados hoy.

El juez Robert N. Scola Jr. accedió a retirar la mayoría de cargos tras una solicitud hecha hoy por escrito por el fiscal Kurt Lunkenheimer.

Lunkenheimer pidió retirar los siete cargos de lavado de activos y dejar solo el de conspiración basado en las «garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición», que se concretó el 16 de octubre con la llegada de Saab a Miami.

La Fiscalía señala en un documento publicado en el sistema electrónico judicial estadounidense que la petición incluye solamente a Saab, y no al otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.

Según señala por Twitter el periodista venezolano exiliado Roberto Deniz, que ha denunciado a Saab en sus escritos, parte del acuerdo con Cabo Verde era desestimar casos para no superar en EE.UU. la pena máxima de ese país africano.

A juicio de Deniz, esta noticia confirma que a Alex Saab se le han respetado todos sus derechos tanto en Cabo Verde como en Estados Unidos. «Ya quisieran los presos venezolanos contar con todos los derechos y posibilidades de defensa que ha tenido Saab», señaló el periodista.

 

La Fiscalía señala además que la petición incluye solamente a Saab, y no al otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.

A la cita de hoy la prensa no tuvo acceso a través de Zoom ni de forma presencial después de que algunos medios publicaran fotos de Saab durante la primera audiencia tomadas de esa plataforma el pasado 18 de octubre, lo cual es ilegal.

El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, respondiendo así a una petición de EE. UU. cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.

Tras su detención, Venezuela aseguró que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela»

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Nicolás Maduro.

*Con información de EFE y El País.es

Capturan al revisor fiscal y al contador de las empresas de Alex Saab

SE TRATA DE ROBINSON RUÍZ GUERRERO y Devis José Mendoza, quienes aparecen relacionados con varias sociedades del empresario Barranquillero Alex Saab que, según la Fiscalía, habrían servido para lavar alrededor de $25.000 millones entre 2004 y 2011.

El primer golpe de las autoridades contra el grupo empresarial de Alex Saab, el empresario barranquillero señalado de ser contratista del chavismo, fue la captura de dos hombres que aparecen relacionados con varias de sus sociedades que son investigadas por lavado de activos. El Espectador conoció que se trata de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes, según la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos, figuran como revisor fiscal y contador de las empresas del grupo Saab.

La investigación de la Fiscalía y la Dijin de la Policía estableció que el grupo Saab manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros desde 2004 para esconder su fortuna.  En la audiencia de imputación de cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia, estafa agravada y lavado de activos contra Ruiz y Mendoza, quienes no aceptaron su responsabilidad, el ente investigador explicó que el centro de operaciones del grupo Saab fue una empresa llamada Shatex, que se liquidó en 2016, dedicada al negocio de exportaciones e importaciones.

Según el expediente, entre todas las sociedades de Saab se movieron cerca US$135 millones en mercancías que ingresaban y salían del país. Además, que varias de las operaciones de comercio exterior en realidad fueron ficticias, pues varias de las empresas que aparecen como clientes, en realidad eran sociedades de papel que, supuestamente, permitieron al grupo Saab mover plata en el exterior. Para lograr su objetivo, dijo la Fiscalía, se manipularon las contabilidades de las empresas para mostrar realidades financieras diferentes. Una ante la DIAN y otra ante bancos en los que solicitaban préstamos.

Las entidades del grupo Saab que están en el radar son: Jacadi de Colombia S.A., en liquidación desde abril de 2016; Saafartex S.A., que en 2016 cambió su nombre a Textiles Importados Andinos S.A.S; Saafartex Internacional S.A.S.; Global Energy Company S.A.S.; Constructora R & V S.A.S.; Venedig Capital S.A.S.; Saab Certain & Compañía, hoy liquidada; Comercializadora Nates S.A.S.; y Shatex S.A.S. Todas las nueve empresas están dedicadas al negocio exportación e importación.

Las autoridades indagan el paradero de otras personas, pues por una filtración de información varias lograron salir del país o esconderse. El mismo Alex Saab Morán; sus hermanos Luis Alberto y Amir Luis Saab Morán; su exesposa Cynthia Eugenia Certain Ospina; y su socio Julio César Ruiz Maestre, quien además es sobrino de Robinson Ruiz Guerrero. Todos figuran en las juntas directivas de sociedades, a través de las cuales, al parecer, se hicieron operaciones ficticias para lavar activos. En la investigación también están relacionados otros familiares y personas cercanas a Saab, como su madre Rosa María Morán, sus hijos y su hombre de confianza Mario Germán García Palacio.

Luego de que El Espectador publicara el pasado 30 de septiembre un artículo en el que se daban detalles de la investigación contra el grupo de Alex Saab, su abogado defensor, Abelardo de la Espriella, envió un comunicado en el que manifestó que la publicación era mentirosa y buscaba enlodar el buen nombre del empresario. De la Espriella aseguró que contra Saab no existía ningún “robusto expediente” y que las aseveraciones hechas por este diario eran falsas porque su defendido “ni siquiera ha sido llamado a interrogatorio o ha sido informado de la apertura de una investigación en su contra”.

El defensor de Alex Saab sostuvo que, días antes de la publicación, su defendido interpuso una denuncia por extorsión, ya que desde hace varios meses había sido presionado por funcionarios judiciales y miembros de la Policía: “Menos de una semana después de haber presentado la referida denuncia ante la Fiscalía y altos mandos de la Policía, en El Espectador apareció una noticia descontextualizada, en la que se aseveró falsamente que mi cliente salió de Colombia, rumbo a Italia. El señor SAAB se encuentra en Venezuela, trabajando y atendiendo sus compromisos empresariales”.

En el comunicado, De la Espriella agregó: “los extorsionistas hablaban de allanamientos, capturas y toda suerte de diligencias judiciales que habrían de practicarse contra el señor SAAB, sus hermanos y algunas propiedades familiares en Barranquilla, con el propósito de infundir temor. La supuesta investigación, según los extorsionistas (ya identificados), tendría que ver con una empresa de propiedad del señor Saab que cerró sus operaciones en 2009 y que, para desgracia de los delincuentes que buscaban arrodillarlo, contó con las revisiones de importación y exportación, además de las pesquisas contables que aplica la DIAN cada año a las compañías de ese tipo, avalando siempre el adecuado funcionamiento de las mismas”.

En efecto, El Espectador constató que existe una denuncia que interpuso el pasado 26 de septiembre Mario Germán García Palacio, el hombre de confianza de Alex Saab. Sin embargo, las autoridades también investigan cómo se filtró la información clasificada sobre el operativo que se realizaría contra Alex Saab y compañía el pasado 25 de septiembre, un día antes de que se presentara la denuncia por extorsión.

Padre e hijo venezolanos arrestados en EEUU por lavar activos a funcionarios chavistas

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Padre e hijo, ambos venezolanos, fueron arrestados por agentes federales en Miami el miércoles 21 de diciembre. Fueron identificados como Luis Díaz, de 74 años, y su hijo Luis Javier Díaz, de 49. Enfrentan cargos por realizar ilegalmente transferencias por más de 100 millones de dólares provenientes de negocios en Venezuela hacia bancos estadounidenses y extranjeros. Estas cuentas pertenecerían a funcionarios chavistas y otros individuos.

La denuncia penal fue presentada en la Corte del Distrito Sur del estado de Nueva York, la misma que mes y medio atrás encontró culpables a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana  por cargos de narcotráfico. Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz también afrontan cargos por operar un negocio de dinero sin licencia.

“Ambos hombres, que manejan Miami Equipment & Export Co, según el sitio web de su empresa, fueron arrestados en Miami, dijo un portavoz del fiscal de Manhattan Preet Bharara. Sus abogados no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios”, refiere la agencia de noticias Reuters.

Este caso guarda relación con la investigación que el Departamento de Justicia de EEUU adelanta sobre individuos vinculados al gobierno venezolano y sus presuntas participaciones en varios esquemas de soborno y narcotráfico. La empresa del grupo familiar facilitó desde el año 2010 cientos de transmisiones de fondos a la nación estadounidense a nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de construcción venezolanas.

“Este consorcio desconocido hasta ahora transfirió por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar y esta envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano. A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitan, según la denuncia”, dice Reuters.

Lea nota completa en El Pitazo

Argentina: Piden embargar fondos y cuentas de hija de Cristina Fernández de Kirchner

FlorenciaKirchner

 

BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal argentino pidió el viernes el embargo preventivo de los 4,6 millones de dólares contenidos en dos cajas de seguridad pertenecientes a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández, en el marco de una causa por movimientos sospechosos de dinero y presunto lavado de activos.

La petición del fiscal Gerardo Pollicita al juez federal Julián Ercolini «alcanzaría también a dos cajas de ahorros en dólares y en pesos» a nombre de la joven de 26 años, indicó un comunicado del sitio oficial de la Procuraduría. El magistrado debe decidir si hace lugar al pedido.

Ambos activos se encuentran en una sucursal del Banco Galicia en esta capital donde la víspera fue encontrada la suma millonaria en efectivo en las cajas fuertes de la hija de Fernández durante un procedimiento ordenado por el juez Ercolini en el que estaban presentes los abogados de la joven.

Fotos de los fajos de billetes fueron reproducidas por todos los medios y se convirtieron en tendencia en las redes sociales, donde muchos usuarios criticaron a la hija de la expresidenta (2007-2015).

La joven había solicitado días atrás a la justicia que se abrieran las cajas argumentando que no era responsable de ningún delito.

Al salir al paso de la medida del fiscal, Kirchner afirmó el viernes en las redes sociales ser titular de las dos cajas y sostuvo que contienen el dinero proveniente de la sucesión de su padre, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, «y de la cesión de gananciales que efectuara mi madre, de acuerdo a la ley, y que consta en el expediente sucesorio».

«Solicité que las abran porque no tengo nada que ocultar … Todos los plazos fijos que originaron nuestras tenencias actuales fueron declarados por mis padres en todas y cada una de sus declaraciones juradas, tanto fiscales como ante la Oficina Anticorrupción», agregó.

Asimismo sostuvo que «los procedimientos judiciales que se vienen llevando a cabo contra mi familia violan todas las normas legales» y acusó a los medios de comunicación y gran parte de los políticos de sacar «denuncias contra Cristina (Fernández) de la galera para tapar su propia corrupción y la catástrofe económica y social del gobierno» del presidente Mauricio Macri.

Agregó que su familia decidió convertir a dólares ahorros en pesos y defendió la posibilidad de guardar «dinero legal» en cajas de seguridad.

Fernández sostuvo a su vez que la suma encontrada es la misma que había anunciado que estaba en poder de su hija en un escrito presentado ante la justicia días atrás.

El juez Ercolini investiga a Fernández, allegados y empresarios de la construcción en una causa que busca determinar el presunto lavado de activos.

El fiscal de la causa pretende determinar si los Kirchner resultaron beneficiados «de forma sistemática y coordinada» con los pagos que empresarios de la construcción favorecidos por el Estado habrían realizado a su favor mediante el falso alquiler de habitaciones en los hoteles que la exmandataria posee en la Patagonia.

Esa práctica «le habría permitido, valiéndose de un entramado societario, otorgarle carácter legítimo al dinero obtenido -en gran medida- a través de la ilícita concesión de obra pública en perjuicio del erario público», dijo el fiscal en su petición elevada al juez.

Sostuvo además que el pedido de embargo de los fondos hallados en las cajas de seguridad de la joven «se sustenta no solo en que la nombrada tendría una comprobada participación en el entramado societario que se habría utilizado para canalizar fondos de procedencia ilícita, sino que a ello se debe sumar que -cuanto menos- parte del dinero hallado en su esfera de custodia se lo habrían proporcionado, en diferente carácter y circunstancia, sus progenitores».

La denuncia contra los Kirchner proviene de la diputada Margarita Stolbizer, quien pidió recientemente que se investiguen «movimientos sospechosos» en las cajas y las cuentas de la hija de la expresidenta.

Fernández afronta otras causas judiciales. En una de ellas fue procesada por supuesta administración fraudulenta en una causa sobre operaciones con dólar a futuro del Banco Central, delito que ella niega haber cometido.

 

Perú: Ordenan abrir investigación a la primera dama Nadine Heredia por lavado de activos

NadieHeredia

 

El fiscal Germán Juárez Atoche, titular de la Segunda Fiscalía contra el Lavado de Activos, formalizó hoy la investigación preparatoria a la primera dama de Perú Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos.

En este caso, el Ministerio Público indaga los aportes al Partido Nacionalista Peruano en las campañas electorales del 2006 y 2011, en las que Ollanta Humala fue candidato presidencial.

Para el despacho de Juárez Atoche, los más de S/5 millones que Ilan Heredia –hermano de Nadine Heredia y encargado de las finanzas del nacionalismo– depositó en las cuentas del partido no están justificados.

También serán indagados en este caso Ilan Heredia, su madre Antonia Alarcón, y Rocío Calderón Vinatea, amiga de la primera dama y ex funcionaria de este gobierno.

Nadine Heredia y Calderón Vinatea también fueron incluidas como coautoras del delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento.

Entre una serie de medidas, la fiscalía ha pedido al Poder Judicial que declare el impedimento de salida del país de Nadine Heredia, Ilan Heredia y Rocío Calderón Vinatea.

“Igualmente se ha dispuesto requerir la medida de comparecencia con restricciones contra Antonia Alarcón Cubas y Mario Julio Torres Aliaga”, indica el comunicado oficial difundido por el Ministerio Público.

Panamá fue excluida de lista gris de paraísos fiscales: gobierno pañameno

PANAMA

A raíz de la investigación global que revela la creación de empresas offshore a través del bufete panameño Mossack Fonseca, la administración de Juan Carlos Varela ratifica a través de un comunicado su «absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros»

La Administración del Presidente Juan Carlos Varela, en sus 20 meses de Gobierno, ha demostrado su absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).

El Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia.

A partir de agosto del año pasado entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. A partir de ahora, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

De igual forma, cumpliendo con compromisos con la GAFI, se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.

La actual administración estableció la Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Financieros que tenía como objetivo cumplir esa hoja de ruta y adecuar las estrategias a medida que lo exigiera el momento.

Es importante señalar que Panamá continúa tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con países de diversas regiones. Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributación y 9 Tratados de Intercambio de Información Tributaria, con países de Europa, Asia, Medio Oriente, y América Latina.

Finalmente, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asi como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.

 

Detienen en Costa Rica a un imputado en caso de lavado de activos en Ecuador

preso

La Fiscalía de Ecuador informó hoy que las autoridades costarricenses detuvieron a un imputado en un caso de lavado de activos y uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), para pagos comerciales usado entre varios países suramericanos.

El imputado, identificado como Pedro S., fue detenido en las últimas horas en Costa Rica, por lo que la Fiscalía solicitará su extradición para que afronte el proceso penal pendiente en Ecuador, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El procesado está involucrado en un caso de presunto lavado de activos cometidos en la empresa Escastell, la que en el año 2011 contaba con un capital de 800 dólares y a año seguido superó los 8 millones, con ingresos superiores a 10 millones de dólares.

Según la Fiscalía ecuatoriana, tres empresas vinculadas a Escastell supuestamente se dedicaban a exportar procesadoras de alimentos y verduras y aprovechaban las ventajas del sistema Sucre, entre Ecuador y Venezuela, con el fin de realizar operaciones ilegales.

El detenido también está imputado en otro caso de lavado de activos en Costa Rica, añadió la Fiscalía al recordar que en el proceso que se sigue en Ecuador continúan prófugos otros dos sospechosos identificados como Shirley M. y Adriano C.

Además, en julio de 2014 fueron sentenciados como autor del delito Byron E., condenado a cuatro años de prisión, y como cómplices Rosalín M. y Paola C., a dos años y 8 meses, respectivamente.

La investigación fiscal determinó que las transacciones efectuadas por las empresas intervenidas generaron giros de hasta 15 millones de dólares desde Venezuela hacia Ecuador, aunque los registros contables solo justificaron un millón de dólares durante tres años.

Según la Fiscalía, las empresas sobrevaloraban los bienes que exportaban a Venezuela mediante el sistema Sucre y justificaban los montos de las operaciones con facturas emitidas a nombre de otras personas, a las que «reclutaban», para que figuraran como proveedoras.