La convocatoria fue hecha por los dirigentes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, junto a algunos movimientos estudiantiles
Las protestas desencadenadas a partir de ese día dejaron 43 víctimas, cuyas familias vivieron el dolor de perderlos por apoyar una iniciativa que buscaba la salida de Maduro del poder
La extinta Unidad de Investigación de Últimas Noticias publicó un reportaje donde se evidenció que funcionarios de seguridad y civiles armados dispararon contra la manifestación, en el lugar donde murieron Bassil Da Costa y Juancho Montoya, hace siete años
Por @Andrea_GP21
Se cumplen siete años de aquel 12 de febrero de 2014 que enlutó a Venezuela y marcó un precedente en la escalada represiva de Nicolás Maduro hacia las manifestaciones en su contra.
Ese día fueron asesinados los jóvenes Bassil Da Costa y Robert Redman, además de Juan Montoya, quien era coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela (que unifica colectivos populares de la Gran Caracas y Vargas).
En 2014 las manifestaciones habían comenzado el 5 de enero, en el estado Mérida, tras la muerte del bachiller Héctor Moreno de la Universidad de los Andes de Mérida. Luego se intensificaron el 4 de febrero en San Cristóbal, estado Táchira, tras el intento de violación de una estudiante de la ULA.
La convocatoria fue realizada por los dirigentes políticos Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, junto a movimientos estudiantiles, por lo que denominaron como una suspensión de garantías por parte de Nicolás Maduro, quien todavía no había cumplido su primer año como presidente de la nación tras su elección en abril de 2013.
Las protestas se extendieron hasta junio de ese año, que es recordado como uno de los más violentos de los años recientes, además del 2017, pues se desató una cadena de hechos represivos por parte de cuerpos de seguridad del Estado y otros grupos armados.
¿Qué pasó?
Hace siete años, el 12 de febrero del 2014, se convocó una marcha desde Plaza Venezuela hasta la sede de la Fiscalía General de la República, ubicada en la avenida Universidad de Caracas, para exigir la liberación de varios estudiantes que fueron detenidos por exigir mejoras del país al gobierno.
Lo que inició siendo una manifestación pacífica, terminó en muerte y dolor para todo el país. Eran las 3:33 de la tarde cuando cayó el cuerpo de Bassil Da Costa (23) en una acera de La Candelaria. En ese momento, había en la calle y línea de tiro sujetos con uniformes, placas y vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acompañados de otros vestidos de civil.
De acuerdo con el trabajo audiovisual “Uniformados y civiles dispararon en La Candelaria el 12F”, realizado por el equipo de investigación de Últimas Noticias, las personas que estaban alrededor gritaban a la policía, los insultaban y les lanzaban piedras y varios jóvenes lo auxiliaron. Ingresó muerto al Hospital Vargas.
En el fuego cruzado también resultó asesinado Juancho Montoya (51), en esquina de Monroy a Trocadero, frente al edificio Doralay. Lo llevaron a la clínica La Arboleda de San Bernardino a las 3:10 de la tarde, donde falleció. En la marcha se encontraba con sus compañeros de colectivos y no con funcionarios policiales.
Solo unas horas más tarde, al otro lado de la ciudad, cayó muerto Robert Redman (31), por disparo en la cabeza cuando protestaba en la esquina Juan Grill de la avenida San Ignacio del Loyola, Chacao, donde había enfrentamiento entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana. Según testigos, la bala provino de un grupo de motorizados que pasaron por el lugar vestidos con pasamontañas y cascos integrales.
Los protagonistas políticos
Ese, hace siete años, día había una tarima en Plaza Venezuela en donde acudieron los líderes opositores Leopoldo López, por Voluntad Popular; María Corina Machado, por Vente Venezuela; y Antonio Ledezma, por Alianza Bravo Pueblo; quienes convocaron esta manifestación.
Los opositores emprendieron una campaña política llamada “La Salida”, con la que se esperaba alcanzar «una salida pacífica, democrática y constitucional» al gobierno de Nicolás Maduro. A esta iniciativa se unieron los partidos Proyecto Venezuela, en la vocería de Carlos Berrizbeitia; y La Causa R, dirigido por Andrés Velásquez, además de otros dirigentes y gremios.
Sobre los hechos de ese día también tuvieron participación otros integrantes del gobierno como Miguel Rodríguez Torres, quien estaba en el cargo de Interior y Justicia; Nicolás Maduro, la jueza Ralenis Tovar, la fiscal general destituida Luisa Ortega Díaz, Jonny Montoya, hermano de Juancho Montoya, el fiscal Franklin Nieves, entre otros.
Todos estos actores tuvieron parte importante ese día y en lo que desencadenó posteriormente. A continuación conocerá la actuación de cada uno en aquel momento y en dónde se encuentran en la actualidad
Involucrados en hechos violentos
De acuerdo con la investigación que hizo Últimas Noticias, basándose en diferentes materiales audiovisuales, se identificaron a algunos actores que estuvieron implicados en los asesinatos y heridos que hubo ese día.
El texto destaca a Hermenegildo Barrera Niño (49), conocido como “Hermes”, quien fue acusado por el Ministerio Público por los delitos de homicidio calificado con alevosía y porte ilícito de armas, previstos en el Código Penal y en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, por la muerte de Juancho Montoya.
Jonnathan Rodríguez Duarte, de 40 años, sargento de tercera del Ejército y escolta del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, figuró en los videos accionando un arma corta 9mm (Glock 19). Fue acusado por uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales, al igual que otros funcionarios del Sebin y la PNB.
José “Miguelito” Domínguez. Se le vio llegar al sitio como parrillero en una moto de alta cilindrada y sin placas, coordinando a funcionarios uniformados y hombres de civil que arribaron en motos con placa oficial y dispararon con armas cortas a los manifestantes. En los registros gráficos y audiovisuales, no aparece accionando un arma. Era el jefe de seguridad de Freddy Bernal. Pese a la evidencia gráfica, no fue incluido en la lista de ocho acusados por la muerte de Bassil Dacosta ni Juancho Montoya.
Collazos Rangel estuvo detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Pese a las evidencias, su nombre no aparece en la lista de los acusados por los sucesos del 12F.
Por último, el informe de Últimas Noticias señaló en ese entonces a José Ramón Perdomo Camacho, comisario del Sebin, acusado de ser el autor material del homicidio de Da Costa.
Es el único de los ocho funcionarios imputados por este caso que permanece preso en el Sebin. El Ministerio Público lo acusa por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía, motivos innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República. En su declaración aseguró que nunca recibió una orden de acuartelamiento.
La justicia y la injusticia
El 1 de diciembre de 2016, el Tribunal 27 de Juicio de Caracas acordó condena de 29 años y seis meses de prisión contra el comisario del Sebin, José Ramón Perdomo Camacho, por el asesinato de Bassil Da Costa el 12F del 2014.
Sobre Robert Redman, su caso sigue impune. A siete años de su asesinato, no ha habido una condena o identificación de los motorizados que llegaron y le dispararon en Chacao, muy a pesar de que una cámara de seguridad de un edificio adyacente registró los disparon y a los sujetos que abordaron al joven.
Las protestas desencadenadas a partir de ese día, hace siete años, dejaron 43 víctimas, cuyas familias vivieron el dolor de perderlos por apoyar una iniciativa que buscaba la salida de Maduro del poder.
Más censura, menos libertad
Al día siguiente de los hechos, el 13 de febrero, el diario Últimas Noticias publicó en su portada la noticia de los fallecidos, aunque a última hora de modificó el titular por unas declaraciones de Maduro donde decía que había un “golpe de Estado”. La dirección del medio decidió invisibilizar los muertos y detenidos.
La Unidad de Investigación del medio, coordinada por Tamoa Calzadilla, elaboró un reportaje audiovisual donde se mostró evidencia de que funcionarios del gobierno y grupos armados dispararon contra la manifestación.
Otros integrantes fueron las reporteras y redactoras Laura Weffer y Carjuan Cruz, y los periodistas Airam Fernández, Lisseth Boon y Albinson Linares, junto a videográfos, fotógrafos, infográfos y diseñadores.
La investigación recibió el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, uno de los galardones periodísticos más prestigiosos de toda Latinoamérica, en la modalidad de cobertura.
Diez días después de su publicación, el político David De Lima fue nombrado nuevo presidente – editor y, el 6 de marzo tuvo una asamblea con todos los periodistas para explicar la nueva línea editorial.
Tras esta asamblea renunció Nathalie Alvaray, vicepresidenta de Medios. El 17 de marzo, Tamoa Calzadilla presentó su renuncia. Luego, el 29 de abril, renunció César Batiz, quien coordinó la Unidad de Investigación del medio.
*Carta de Tamoa Calzadilla sobre su renuncia a Últimas Noticias.