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EE UU revocó visa de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

ESTADOS UNIDOS REVOCÓ la visa de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, informó una fuente de su oficina, en una escalada de la tensión entre Washington y el tribunal con sede en La Haya.

La notificación a Bensouda confirma el anuncio realizado por Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, hace tres semanas cuando dijo que prohibiría los visados de entrada al país de cualquier persona de la CPI, implicada en la investigación de las violaciones de derechos humanos de estadounidenses en Afganistán o en otros lugares.

El titular de Exteriores remarcó que el gobierno del presidente Donald Trump busca “proteger a los militares estadounidenses y aliados, así como al personal civil de vivir con el temor de una investigación injusta por acciones tomadas para defender nuestra gran nación”.

La fiscal de la CPI solicitó en noviembre de 2017 la apertura de una investigación formal en Afganistán por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos supuestamente por grupos talibanes, autoridades y tropas estadounidenses.

Desde ese momento la tensión entre Washington y el tribunal ha aumentado de forma progresiva, a pesar de que los jueces aún no se han pronunciado sobre si autorizarán la petición de Bensouda.

La fiscal jefe de la CPI viaja frecuentemente a Nueva York para informar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre sus avances en las investigaciones por crímenes cometidos en Libia y Sudán del Sur.

Luisa Ortega Díaz consignó ante la CPI denuncia sobre caso de Fernando Albán

LUISA ORTEGA DÍAZ, fiscal general de la República en el exilio, consignó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la muerte de Fernando Albán, concejal del municipio Libertador, y el testimonio del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Christian Zerpa.

La fiscal también indicó que fueron entregados los testimonios de los policías de Chacao. “Ellos explicaron sobre sus detenciones ilegales y las torturas a las que fueron sometidos”, detalló en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“Estamos trabajando para que le CPI actúe contra Nicolás Maduro y su camarilla. La comunidad internacional entiende que él no es presidente de Venezuela, por lo que puede ser investigado, juzgado y capturado sin impedimentos. No descansaré hasta lograrlo”, puntualizó.

 

El tribunal de La Haya da la razón a Chile sobre el conflicto marítimo con Bolivia

LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA (CIJ) ha dado un estacazo a Bolivia sobre sus aspiraciones a tener acceso soberano a las aguas del Pacífico en Chile. El tribunal de La Haya insta a ambas partes a llegar a un acuerdo, aunque reconoce que Chile no contrajo en ningún momento la obligación de negociar una salida marítima con el país vecino.

Mediante una sentencia obligatoria e inapelable, la CIJ ha dado por finalizado un litigio que arrancó hace cinco años con la demanda de Bolivia y que enfrenta a ambos países desde hace más de 100 años, cuando Bolivia perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico.

Así, con 12 votos a favor y 3 en contra, la CIJ rechazó que Chile esté obligada jurídicamente a entablar negociaciones con Bolivia para que este país obtenga un acceso soberano al océano Pacífico. Así lo explicó el presidente de la corte, Abdulqawi Ahmed Yusuf, que además señaló que, por la misma diferencia de votos, quedó rechazada la petición de Bolivia de pedir que se declarase que Chile había incumplido en el pasado esa obligación de negociar.

No obstante, a pesar de que el recurso judicial de La Paz ha sido desestimado, la Corte Internacional apela a ambas partes a continuar trabajando y pide que su fallo no impida “el diálogo entre las partes y la buena voluntad” para alcanzar un acuerdo.

Las delegaciones diplomáticas de ambos países se encontraban concentradas en la ciudad holandesa para seguir el fallo en directo. Entre los presentes en la sala estaba el presidente boliviano, Evo Morales, que ha convertido el litigo en un asunto clave de su programa de gobierno y arma propagandística. En la víspera de la sentencia se mostró convencido de que “habrá buenas noticias para todos los bolivianos”. Sin embargo, el veredicto ha sido un jarro de agua fría para Bolivia, aunque Morales ha asegura que su país “nunca va a renunciar” a su aspiración a acceder al océano Pacífico debido a “su enclaustramiento”, al tiempo que recuerda que esto es resultado de la “invasión” chilena.

Por su parte, el agente de Chile ante la CIJ, Claudio Grossman, aseguró estar“muy tranquilo” porque el Tratado de 1904, que se firmó tras la Guerra del Pacífico y fijó las fronteras entre ambos países, “estableció el dominio a perpetuidad de los territorios disputados”. “Nosotros ya hemos planteado que, desde el punto de vista del derecho internacional, no hay obligación de resultado y esperamos la aplicación del derecho internacional por (parte de) la CIJ”, añadió.

La “obligación de resultado” mencionada por Grossman se refiere a que la CIJ ya estableció en 2015 que, en caso de que obligase a Chile a entablar conversaciones con Bolivia, el tribunal no determinaría el resultado de las negociaciones

Bolivia asegura que la pérdida de 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, a finales del siglo XIX tras la guerra del Pacífico, le ha supuesto un obstáculo para su desarrollo económico. La Paz basa parte de sus argumentos jurídicos en que Santiago ha accedido a discutir el tema marítimo en varias ocasiones a lo largo de los últimos cien años.

Esos diálogos, aunque infructuosos, le habrían ocasionado a Chile una obligación de seguir negociando, según el país altiplánico. Chile por su parte argumenta que el Tratado de 1904 ya fijó las fronteras entre los dos Estados y que las reclamaciones bolivianas de acceso soberano al mar supondrían, en la práctica, una sesión de territorio, opción que no estaría sobre la mesa.

Holanda informó a la UE de la visita de Maikel Moreno a La Haya

Holanda informó a la Unión Europea de que el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno, que tiene prohibido entrar en territorio comunitario, asistiría ayer a un acto de la Corte Penal Internacional (CPI) celebrado en La Haya, explicó hoy una fuente del ministerio de Exteriores holandés a Efe.

Moreno es uno de los siete altos cargos venezolanos sancionados el pasado enero por la Unión Europea (UE), cuya medida implicó la congelación de activos y la prohibición de viajar a países comunitarios.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo venezolano participó en varios actos que la CPI celebró ayer en La Haya para conmemorar el 20 aniversario de su carta fundacional, el Estatuto de Roma, e incluso intervino como orador en uno de ellos.

Según la fuente del ministerio de Exteriores, la CPI le pidió a Holanda que hiciera «una excepción» con Moreno, y el Gobierno neerlandés estaba «obligada a otorgarle acceso» debido a un convenio que, como Estado anfitrión, tiene firmado con el tribunal internacional.

Posteriormente, «la UE fue informada de esta excepción», dijo la fuente, quien añadió que Moreno «sólo es bienvenido a las actividades organizadas por la CPI».

Desde el tribunal internacional aseguran que invitaron al aniversario a todos los Estados Partes del Estatuto de Roma, pero son los propios países quienes eligen a los miembros de sus delegaciones.

«No depende del tribunal decidir quién viene y quién no en representación de un país», añadió una fuente de la CPI a Efe.

Otras fuentes jurídicas y comunitarias explicaron que pueden darse excepciones a la prohibición de viaje y otras medidas sancionadoras.

En una misiva a la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra (Grupo Liberal), criticó que se pudiera llevar a cabo esa entrada a la UE y señaló que así «Europa pierde su credibilidad».

Ante ausencia de Venezuela en disputa del Esequibo, Guyana pedirá a la CIJ un fallo a su favor

Carl Greenidge, ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, anunció este martes que pedirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que dictamine a su favor en el caso de la disputa fronteriza con Venezuela sobre el Esequibo, ya que la parte oponente no se presentará ante la CIJ.

El anuncio de la solicitud oficial de Guyana llegó un día después de que el gobierno de Venezuela informara a la CIJ «su decisión soberana de no participar en el procedimiento» para resolver la disputa fronteriza sobre el Esequibo, región cuyas aguas son ricas en yacimientos petrolíferos.

Esta decisión se produce después de que Guyana solicitara el pasado 29 de marzo, a recomendación de António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El rechazo de Caracas es acorde a su «posición histórica de no reconocer jurisdicción a dicha instancia judicial internacional -en ningún caso- y menos para la resolución de esta controversia», recordó el gobierno de Venezuela.

Según dijo Greenidge, Guyana se ampara en el Artículo 53 del Estatuto del CIJ, que indica que «siempre que alguna de las dos partes no se presente ante el tribunal o falle en defender su caso, la otra parte tiene el derecho de comunicarse con la corte y que decida a favor de su reclamo».

La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde 1966, cuando se produjo la firma del Acuerdo de Ginebra.

Ambos países acordaron, a través de ese documento, buscar soluciones al contencioso después de que Venezuela denunciara en 1962 un laudo arbitral emitido en 1899 por un tribunal en París que fijaba los límites comunes y que para Guyana está aún vigente.

No obstante, «Venezuela no ha sido capaz de presentar, después de 1962, ninguna información en apoyo a sus alegaciones de que el acuerdo de 1899 no es válido», indicó ministro guyanés.

Venezuela descarta discutir en La Haya disputa con Guyana

Venezuela descartó participar en la Corte Internacional de Justicia del proceso para dirimir la controversia limítrofe que mantiene con Guyana desde hace varias décadas.

Así lo informaron el lunes ante ese tribunal internacional la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El gobierno venezolano justificó la decisión alegando que no reconoce esa instancia judicial e invitó a Guyana a reanudar las negociaciones de buena fe, proceso que fue promovido por varios años por la secretaría de las Naciones Unidas sin que se lograran mayores avances.

A inicios de año el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recomendó que ambos países acudieran a la Corte Internacional pero Caracas rechazó la propuesta al asegurar que esa vía va contra el Acuerdo de Ginebra de 1966 que reconoció la soberanía de Venezuela sobre el territorio en disputa declaró nulo un laudo de 1899 que había cedido ilegalmente la región a Guyana.

Georgetown sostiene que únicamente aceptará un fallo de la Corte Internacional de Justicia argumentando que cualquier otra resolución perjudicaría su desarrollo económico.

Ambos países mantienen un reclamo por el denominado Esequibo, un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados que incluye también un área de plataforma marítima y que es rico en oro, bauxita, diamantes, madera y petróleo.

La disputa por el Esequibo se encontraba en manos del secretario general de la ONU desde 1983.

Hace tres años Caracas y Georgetown enfrentaron fricciones a raíz de exploraciones petroleras que realizó una subsidiaria de la estadounidense Exxon Mobil por decisión del gobierno guyanés.

 

Cuando era funcionario y salí en la lista Tascón, por Carlos Patiño

 

 

“Las libertades de pensamiento y de expresión son un derecho duramente conquistado a través de la historia. La conservación de este derecho requiere esfuerzos constantes, ocasionales luchas y aun, a veces, sacrificios personales».

El olvido que seremos; Héctor Abad Faciolince

 

Durante la crisis institucional y política de principios de siglo, partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil promovieron tres jornadas de recolección de firmas que conllevarían, en el año 2004, a la realización de un referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.

Sin pudor alguno, el CNE autorizó al diputado oficialista Luis Tascón para que retirara las copias certificadas de las planillas, para luego publicarlas en su página web “www.luistascon.com” acusando a los firmantes de participar en un “mega fraude”.

A partir de allí se desataría una cacería de brujas en los entes del Estado, con despidos y desmejoras de empleados públicos, así como la no contratación de personas que aparecieran como firmantes en la “Lista Tascón”. Para la fecha, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, actual Inces, en la Oficina de Cooperación Internacional.

Recuerdo un almuerzo concertado fuera del instituto en el cual los trabajadores de mi departamento debatimos los pros y los contras del “Firmazo”. Al final, fui el único en estampar su rúbrica en la solicitud de referendo. A los días de la exposición pública de la lista, el gerente me mandó a llamar a su oficina rompiendo con una larga incertidumbre. Mi cubículo era la casa marcada en la cual, al revés de la historia, caería en cualquier momento la furia de las plagas de Egipto.

El gerente general, amigo cercano del recién nombrado presidente Eliécer Otaiza, giró su laptop hacia mí para mostrarme el espacio donde aparecía mi nombre y cédula en una marquesina fluorescente y titilante. Acto seguido, preguntó sin verme a los ojos:

-¿Este eres tú?

Aún encandilado por los colores chillones de la página delatora, respondí con un simple: “sí”.

De ahí en adelante me congelaron, dejando de asignarme trabajo mientras el gerente solo se dirigía a mí por interpuesta persona. A los días fui trasladado a la Consultoría Jurídica pues el Consultor, además de buen tipo, era institucionalista y práctico: necesitaba a alguien que litigara los juicios laborales como consecuencia de la renuncia de otro abogado. Eso evitó mi despido y tal vez sería la semilla para que un año después resolviera sumarme a la creación del sindicato nacional de trabajadores del Inces (Sintrainces), del cual fui presidente por 10 años; siempre confrontando a los violadores de derechos laborales, incluyendo los casos recurrentes de discriminación política.

Por esa razón es tan importante para quienes hemos transitado por la administración pública en tiempos de revolución bolivariana, el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las venezolanas Rocío San Miguel, Magally Chang y Thais Peña; que declaró de forma unánime la violación de sus derechos a la participación política, a la libertad de pensamiento y expresión por parte del Estado venezolano, al ser despedidas de un ente adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores por aparecer en la llamada “Lista Tascón”.

Esta sentencia es relevante no sólo para el país, sino también para el continente americano porque es la primera vez que la Corte-IDH dicta jurisprudencia sobre discriminación por razones políticas. Esto, hay que decirlo, es el resultado tanto de la persistente voluntad de las víctimas como del trabajo de documentación y acompañamiento jurídico de las ONG venezolanas. Fueron 14 años de espera, lo que nos pone a reflexionar sobre las denuncias de hoy que con seguridad obtendrán justicia mañana.

Así la dictadura de Nicolás Maduro no cumpla con la sentencia, ella constituye en sí misma una forma de reparación para los agraviados, un triunfo moral y político. Además, sin perder de vista su adición a la lista que engrosa los distintos expedientes de violaciones generalizadas y sistemáticas del gobierno, uno de ellos sustanciándose en La Haya.

 

@carlosdpatino

Guyana lleva disputa con Venezuela por el territorio del Esequibo a La Haya

El gobierno guyanés pidió que «se confirme la validez legal y el efecto vinculante del laudo arbitral de 1899 con respecto a la frontera entre Guyana y Venezuela», según se lee en un comunicado de prensa.

Una zona que fue controlada por el imperio español, el holandés y el británico, en 1899 fue adjudicada a Reino Unido por medio de un laudo arbitral en una corte en París.

Pero en 1962 Venezuela presentó ante Naciones Unidas una demanda alegando que el laudo fue resuelto de manera fraudulenta, ya que supuestamente hubo complicidad entre los delegados británicos y el juez ruso que determinó el fallo.

En 1966, se firmó el Acuerdo de Ginebra, según el cual la zona es controlada por Guyana aunque su soberanía era disputada por Venezuela.

Desde entonces la disputa se mantiene y ahora será La Haya quien se espera dé un veredicto final.

El fracaso de los buenos oficios

Después de que en 2015 la petrolera estadounidense Exxon descubriera un importante yacimiento en la parte marítima del territorio reclamado, la disputa se reavivó, se generó un revuelo diplomático y finalmente se decidió resolver el conflicto a través de los mecanismos de buenos oficios de la ONU.

Las conversaciones no llegaron a una resolución, por lo que, en enero pasado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, refirió el caso a la corte de La Haya.

El Esequibo es un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados al este de Venezuela con importantes recursos naturales y muy poca intervención.

Guyana califica de «absurdo» el reclamo de Venezuela con el argumento de que en la zona nunca se ha hablado español ni fue parte de la Capitanía General de Venezuela durante la colonia española.

Sin embargo, en Venezuela quizá el único aspecto en el que están de acuerdo el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición es en este reclamo centenario.