La abogada fue nombrada por el TSJ en sustitución de Cristóbal Cornieles, uno de los funcionarios detenidos recientemente por su supuesta vinculación en hechos de corrupción. En 2015, fue sancionada por Estados Unidos con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país
Foto: TSJ
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró el 22 de marzo a la exvicefiscal general Katherine Haringhton nueva presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en sustitución de Cristóbal Cornieles, uno de los, al menos, 19 funcionarios detenidos en los últimos días por presuntos hechos de corrupción.
Tras juramentar a Haringhton, la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, instó a la nueva jefa judicial de Caracas a «acompañar las políticas (…) emanadas del alto tribunal, orientadas a incrementar la eficacia y eficiencia del Poder Judicial, así como optimizar el servicio que se presta a las y los justiciables«.
Asimismo, y según una nota de prensa, Gutiérrez aseguró que, en el marco del proceso de «transformación y optimización del Poder Judicial, se mantendrá el trabajo sostenido para garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva».
Haringhton, una abogada de 51 años, fue designada por el TSJ como vicefiscal del país en julio de 2017, una atribución que correspondía a la entonces titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, quien acusó al máximo tribunal de usurpar sus funciones y las de la Asamblea Nacional con esta designación.
En octubre de 2018, Haringhton fue destituida por el fiscal general, Tarek William Saab, quien en su lugar designó a Beysce Loreto. En 2015, fue sancionada por Estados Unidos con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país. Su nombramiento se produce dos días después de que se confirmó la detención de Cornieles.
Sin los méritos necesarios para el cargo
Laura Louza, defensora de derechos humanos y directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, se refirió a la designación de Haringhton como una demostración de que «nada ha cambiado: los nombramientos son a dedo como lo dijo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2020″.
«En esa oportunidad fue nombrada por el TSJ vicefiscal, pero, no conforme a la Constitución, llegó a hacer constantes visitas sorpresa a los tribunales penales. También emprendió un proceso en contra del violinista Wuilly Arteaga durante las protestas masivas de 2017», manifestó la defensora de derechos humanos.
De igual manera, destacó que, «aunque el Código Orgánico Procesal Penal prevea que el TSJ nombre al juez presidente del Circuito Penal, sería importante que ese juez sea parte de la Corte de Apelaciones, titular de su cargo y que haya llegado al mismo por concurso de oposición como exige la Constitución».
«Se podría pensar que como Katherine Haringhton es magistrada suplente del TSJ desde 2022 cumple los requisitos para ser juez de la Corte de Apelaciones, pero no es así», zanjó Louza.
El nombramiento de la nueva presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Katherine Haringhton, por el TSJ demuestra que nada ha cambiado: los nombramientos son a dedo como lo dijo el ACNUDH en 2020 https://t.co/VJw8iyn9Pj
Se podría pensar que como Katherine Haringhton es magistrada suplente del TSJ desde 2022 cumple los requisitos para ser juez de la Corte de Apelaciones, pero no es así https://t.co/ijm8PezIYb
Desde el 17 de marzo se ha venido produciendo una purga en el madurismo, después de que varios funcionarios fueran detenidos por su presunta vinculación en una trama de corrupción que habría desfalcado 3.000 millones de dólares de Pdvsa, y que, además, tendría nexos con jueces y bandas criminales.
La purga, liderada por Nicolás Maduro y respaldada por Diosdado Cabello, produjo el 20 de marzo la renuncia del Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, estrechamente vinculado con algunos de los detenidos, entre ellos Joselit Ramírez, superintendente de Criptoactivos de Venezuela (Sunacrip), el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, y el diputado y exministro de Educación Superior Hugbel Roa.
El gobierno de Maduro también confirmó la detención del alcalde de Las Tejerías en el estado Aragua, Pedro Hernández, quien, según Maduro, estaría relacionado con la banda de Carlos Enrique Gómez, alias “El Conejo”.
La noche del juves 27 de julio, la «vicefiscal» designada por el Tribunal Supremo de Justicia, Katherine Haringhton informó que pudo constatar el estado de salud del magistrado designado recientemente por la Asamblea Nacional, Ángel Zerpa, luego de que este se declarase en huelga de hambre al ser detenido y juzgado de forma ilegal por una Corte Militar.
Esta es la primera visita que recibe Zerpa desde su detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de El Helicoide, donde se encuentra recluido en un baño aislado del resto de los reclusos. Sus abogados, familiares y hasta fiscales del Ministerio Público han solicitado en varias oportunidades que se permita constatar su estado de salud, pero Harrington fue la seleccionada por el Sebin para hacerlo.
También, el fiscal 85 nacional presentó una solicitud de amparo ante la Corte Marcial de Caracas con el objeto de que el caso de Zerpa sea llevado a la justicia ordinaria por la violación de su derecho al juez natural.
Fuentes dentro del Sebin informaron a El Nacionalque después de las dos de la tarde, Haringhton llegó a El Helicoide acompañada de una comitiva y pidió ver a Zerpa. Una vez ahí, desplegó una «estrategia» para quedar «bien parada».
Según reseña la página web del diario, el magistrado Zerpa fue llevado hasta una sala del lugar donde lo esperaba Haringhton, quien se presentó y comenzó a hablar con él para convencerlo de que abandonara la huelga de hambre que inició el lunes 24 de julio cuando fue juzgado e imputado por un tribunal militar por el presunto delito de traición a la patria.
Zerpa se negó a dejar la huelga que tomó como protesta por su detención ilegal, por lo que Harrington, en una acción de «buena fe», ordenó que le colocaran suero porque presentaba deshidratación.
Además, la «vicefiscal» se comunicó con la familia de Zerpa para que acudieran a El Helicoide a llevarle medicinas, alimentos y otros insumos. Cuando un grupo de familiares llegó al lugar, los dejaron pasar hasta un sitio en el que fueron recibidos por Harrington, quien habló con ellos por varios minutos y no los dejó ingresar al recinto, pero sí aceptó la bolsa que llevaron.
Luego de esto, Haringhton volvió al salón donde estaba Zerpa y le entregó algunas de las cosas enviadas. Las fuentes del Sebin no confirmaron a El Nacional si el magistrado recibió todo lo que le llevaron. Nuevamente, el abogado señaló que no dejaría la huelga de hambre porque todo lo que estaba padeciendo era ilegal.
Haringhton se fue del lugar, pero antes de hacerlo, habló con varios funcionarios del Sebin, y varias horas después, difundió en su cuenta de Twitter imágenes del momento en que a Zerpa le entregan algunos de los paquetes. Las fotografías corresponden a cámaras de seguridad.
Asimismo verifiqué que se le brindara la asistencia médica necesaria y recibió medicina y ropa por parte de los familiares pic.twitter.com/51i2NI72Lf
La abogado Katherine Haringhton, a quien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó este martes como vicefiscal encargada, logró este viernes su cometido de ingresar a una de las sedes del Ministerio Público (MP) en Caracas para notificar de su nombramiento y lo hizo ayudada por una fiscal. Sin embargo, apenas estuvo unos minutos dentro, pues funcionarios de seguridad la escoltaron hasta la salida y quien colaboró con ella fue inmediatamente destituida de su cargo por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
La información la suministraron fuentes del organismo, las cuales aseguraron que Haringhton entró al edificio del MP ubicado en la avenida Urdaneta, entre las esquinas de Platanal y Ánimas, con el apoyo de la hasta ahora fiscal 2 Nacional, Narda Sanabria.
“Haringhton entró escondida en la maleta de un vehículo (…) estuvo en dos pisos de la torre y de inmediato fue desalojada por funcionarios de Seguridad que fueron alertados por los trabajadores”, informaron desde la institución.
Otras fuentes del Ministerio Público, sin embargo, negaron que la funcionaria nombrada por la Sala Constitucional se haya ocultado en la parte trasera de un auto. “Entró en el carro de Sanabria, pero no estaba en la maleta”.
Desde el TSJ también negaron la tesis, la cual calificaron de “rocambolesca”.
Por este incidente, el despacho dirigido por Ortega Díaz abrió una investigación, la cual está siendo conducida por el fiscal Luis Felipe Cadiz.
A la tercera fue la vencida
A media mañana de este 7 de julio, Haringhton se dejó ver por las dependencias que el MP tiene en Parque Central, donde funciona la dirección de Mujer y de Familia, pero allí los funcionarios de seguridad y otros trabajadores le negaron el acceso, tal y como ocurrió la víspera en la sede principal de Parque Carabobo.
Simultáneamente, el vicefiscal encargado Rafael González Arias también se dejó ver por las mismas dependencias.
Con todo, horas después y gracias a la ayuda de Sanabria —quien fue una de las fiscales que integró el equipo que llevó adelante el proceso contra el hoy encarcelado dirigente opositor Leopoldo López—, la vicefiscal entró a la conocida como sede de Interbank, donde están en otras oficinas los laboratorios de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales, el equipo encargado de investigar a los policías sospechosos de violar los Derechos Humanos.
En horas de la tarde, Haringhton estuvo en la Graduación conjunta de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acto dirigido por el Presidente Maduro
Sanabria se defiende
La removida fiscal Sanabria calificó de “injusta” la decisión en su contra y le salió al paso a los señalamientos.
Quiero expresar que no comparto la decisión de removerme por algo que no ocurrió, pero la respeto, yo no metí a nadie en la maleta de mi carro, cumplí con mi trabajo con honestidad, probidad y lealtad, respeto al Ministerio Público como la noble institución que siempre ha sido“, escribió cuando Crónica.Uno la consultó sobre el ocurrido este viernes.
Pero Sanabria no fue la única destituida, pues su esposo, el fiscal ante el TSJ, Jesús Gerardo Peña, también corrió la misma suerte. “Él salió en su defensa inmediatamente y estaba muy alterado”, relató una fuente del organismo.
En predios del MP temen que algunos expedientes por drogas o corrupción puedan ser sustraídos y, por ello, han reforzado la seguridad en sus instalaciones.
La flamante vicefiscal que designó la Sala Constitucional, al pedir su jubilación, reconoció que no podía volver al Ministerio Público, porque durante el tiempo que se desempeñó como Viceministra del Sistema Penal actuó con un “evidente activismo político” y ello pone en tela de juicio su capacidad para desempeñar las funciones de Fiscal.
Caracas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no ha debido designar a la abogado Katherine Harrington como vicefiscal general encargada de la República, pero no solo porque la Constitución no la faculta para tomar esa decisión ni porque la elegida es uno de los funcionarios venezolanos sancionados por los Estados Unidos, sino porque la objetividad e imparcialidad de la escogida están comprometidas, según ella misma reconoció en una misiva que le envió a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
“Durante el año y medio que me desempeñé en el aludido cargo (Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal) lo hice con un evidente activismo político, propio de la misión que me fue encomendada por nuestro Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el servicio y defensa de nuestra amada patria venezolana, sin duda mi actuar determinado compromete flagrantemente la debida objetividad que debe presentar un Fiscal del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones”, escribió la funcionaria en la carta que el 29 de septiembre de 2016 le dirigió a Ortega Díaz para pedirle que le concediera el beneficio de la jubilación luego pasar más de año y medio en el Gobierno.
Haringhton ocupó distintos despachos fiscales y tuvo casos emblemáticos. Fue la que solicitó el encarcelamiento del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; y la que pidió que se le prohibiera salir del país a la exdiputada María Corina Machado en 2015. Tales medidas provocaron que ese año el Gobierno del entonces presidente estadounidense Barack Obama la incluyera en la primera lista de siete funcionarios venezolanos sospechosos de violar Derechos Humanos a los que sancionó, anulándoles visas y congelándoles sus bienes en dicho país.
El presidente Nicolás Maduro respondió a la acción de Washington al condecorarla y nombrarla como Viceministra. Asimismo, Ortega Díaz salió en su defensa y calificó la medida como un intento por impedir que su despacho actuara.
Antes del antejuicio
En la mañana de este martes, minutos antes de que el pleno del máximo juzgado celebrara la audiencia de antejuicio de mérito contra la Fiscal General, la Sala Constitucional designó y juramentó a Haringhton como vicefiscal general encargada, en sustitución del abogado Rafael González Arias cuyo nombramiento dejó sin efecto, por considerar que el mismo “contraría a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público”, por cuanto no fue avalado por ella, en virtud del desacato en el que se encuentra la Asamblea Nacional.
La intérprete de la Carta Magna, en su sentencia 532, no pasó por alto la decisión de Ortega Díaz de solicitarle al Parlamento que ratificara a su segundo de a bordo esta semana y lo dejó sin efecto, bajo el argumento que la misma es nula de nulidad absoluta por “producirse en abierto desacato de las decisiones de este Alto Tribunal de la República”.
En su sentencia 470, del pasado martes 27 de junio, la Sala anuló la designación de González Arias porque la misma no fue aprobada por la AN, órgano que advirtió tampoco podía aprobarlo porque “para el momento en que se efectuó la designación se encontraba y aún se mantiene en una situación fáctica consistente en el desacato”; y por ello, era “imperativo” que acudiera ante ella visto “la situación de anormalidad institucional” en la que está el país a solicitar “una interpretación conforme lo dispuesto en los artículos 335 y 336 constitucionales, para el ejercicio de sus competencias dentro del marco de la Constitución y las leyes”.
La Carta Magna, en ninguno de sus 350 artículos, faculta a la Sala Constitucional para realizar ninguna designación y en los casos de omisiones ella solo puede declararlas “establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección”, pero jamás subsanarlas.
Para la Sala, el hecho de que Ortega Díaz no le pidiera su aval a este nombramiento representa “un error inexcusable”. Los magistrados no repararon en el hecho de que Arias no es el vicefiscal titular, sino en condición de “encargado”.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pasó ayer por encima de la Asamblea Nacional y juramentó como Vice Fiscal General de la República a Katherine Harrington.
El Magistrado Juan Mendoza fue el encargado de exponer la razón de la nueva designación de Harrington, quien se encuentra en la lista de personas sancionadas por el decreto emitido por el otrora presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Mendoza dijo que el nombramiento de Rafael González Arias como vicefiscal es nulo debido al desacato en el que está la Asamblea Nacional.
Sala Constitucional del TSJ juramentó a Katherine Haringhton como nueva vicefiscal general de la República pic.twitter.com/Y8flUATh92
En julio de 2014, la técnico superior en procesos químicos, Araminta González, brindó alojamiento en su residencia de Guarenas a Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta, dos supuestos activistas de “la resistencia” y de Operación Libertad. Dos semanas más tarde, denunció en redes sociales el hurto de artículos de tecnología y enseres en su apartamento y señaló como responsables a los jóvenes a quienes dio refugio
Dos días después fue detenida por funcionarios del Cicpc. Las autoridades se valieron del testimonio de uno de estos “patriota cooperante” para imputarla por complicidad en un supuesto plan desestabilizador para elaborar explosivos. Ha pasado un año presa en el INOF sin que se celebre la audiencia preliminar en su caso
Trejo y Pérez Venta —quien hasta 2010 era ferviente seguidor de líderes del chavismo en twitter— serían los presuntos «patriotas cooperantes» señalados de entregar a González y de haber infiltrado partidos políticos de oposición, como ABP, Primero Justicia y Voluntad Popular. Ambos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de Liana Aixa Hergueta, la mujer que fue hallada descuartizada en un vehículo Mazda 3 abandonado en la urbanización Las Palmas
@albertoyajure
UNA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA SOBRE LA DETENCIÓN de Araminta González condujo a dos hombres que se hacían pasar por activistas estudiantiles y dirigentes de partidos políticos de oposición: Carlos Eduardo Trejo y José Rafael Pérez Venta. Ambos han sido señalados como «patriotas cooperantes» (informantes de cuerpos de seguridad del Estado) que infiltraron partidos políticos de oposición para entregar a estudiantes y manifestantes que participaron en las protestas de 2014.
Los registros de las conversaciones entre ambos, sus actividades en las redes sociales y sus testimonios ofrecidos en exclusiva a Runrunes revelan la trama de esta estructura de espionaje político y crimen:
“Yo mañana voy al Sebin y la voy a pajear durísimo, hermano”, se lee en una fotografía que muestra un diálogo telefónico entre dos personas. La comunicación ocurre por medio del servicio de mensajería de Blackberry PIN. En otra línea del mismo diálogo aparece: “Lo siento. Es mi nombre el que está en juego”.
Luego, más abajo, llega la respuesta: “Déle con furia”.
La conversación tuvo lugar al menos tres días antes de la detención de Araminta González por parte de funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc. Los interlocutores son dos “activistas” y manifestantes a los que González dio alojamiento en su apartamento, en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas, Miranda, durante el mes julio de 2014.
González —graduada con título universitario en procesos químicos del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivera Palacios— fue apresada el 24 de julio de 2014 en las inmediaciones del Centro Comercial Lido, en Chacao, Caracas. Fue acusada de cargos de terrorismo, asociación para delinquir y elaboración ilegal de explosivos. El cargo de terrorismo fue desestimado por el Ministerio Público (MP) en los meses siguientes.
En el expediente de su causa judicial se menciona que las autoridades habían recibido una llamada de un “patriota cooperante” que había señalado a González, quien trabajaba en una empresa farmacéutica, como cómplice en una supuesta conspiración para elaborar explosivos que serían luego colocados en varios puntos de Caracas. El objetivo del plan era, según las autoridades, desestabilizar el país y volver a “encender” las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sofocadas tras una oleada de allanamientos y detenciones masivas durante abril y mayo de 2014.
En la documentación también se reseña como supuesto cabecilla de la conspiración al politólogo Vasco Da Costa y a otros dos implicados: el técnico electrónico José Luis Santamaría y un administrador en el Banco Central de Venezuela (BCV), llamado Efraín Ortega. Todos los acusados fueron detenidos el 24 de julio y han permanecido un año encarcelados sin que se haya celebrado la audiencia preliminar, suspendida en trece ocasiones, casi una por mes. La ausencia del MP ha sido la causa de la mayoría de los diferimientos en el juicio.
Las circunstancias que rodearon la acusación contra Araminta González no están del todo claras. Hay —sin embargo— algunas certezas, mucho silencio y miedo. Entre quienes la conocieron como una simpatizante de la oposición se ha levantado un muro de intrigas y desconfianza. Cada uno tiene un testimonio que protege como un pedazo de verdad, cada uno afirma saber algo y cree poseer la clave que puede ayudar a esclarecer el caso. Pero no siempre están dispuestos a hablar, mucho menos a que se les cite con nombres y apellidos.
Sobre la trama que se tejió semanas antes de la detención de González y en los meses que siguieron de su encarcelamiento, la mayoría de los consultados para este reportaje concede algunos hechos de manera unánime.
Araminta González fue torturada y está presa en el INOF
Un robo y la delación de un “patriota cooperante”
Tres semanas antes de su detención, el 5 de julio de 2014, González prestó alojamiento en su residencia a dos jóvenes que supuestamente militaban en movimientos de la disidencia política y que participaban en manifestaciones. Carlos Eduardo Trejo Mosquera, natural de Valera, estado Trujillo, era uno de ellos.
Trejo había sido estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Carabobo (UC), en Valencia. En 2013 se involucró con agrupaciones de estudiantes, antes de formalizar su inclusión en un movimiento que se conoció como Operación Libertad y que dirigía Lorent Gómez Saleh, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Plaza Venezuela, Caracas. En su perfil de Facebook, público hasta el sábado 8 de agosto, mostraba fotografías suyas vistiendo camisetas y en actos de dos partidos de oposición: Primero Justicia y Voluntad Popular.
El segundo huésped era José Rafael Pérez Venta, quien se declaraba simpatizante y activista de Voluntad Popular (VP). La biografía de Pérez Venta es confusa y está llena de inconsistencias. Posee tres perfiles conocidos en Facebook y ha manejado al menos cuatro cuentas distintas en Twitter.
Asegura que estudió una licenciatura en Ciencias Navales en la Academia Militar de la Armada, se declara “preso político” y afirma que estuvo detenido en Ramo Verde entre 2007 y 2010. También manifiesta que en 2011 hizo un «Máster en Gobernabilidad y Gerencia Política» en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas.
En otra cuenta, también en Facebook, se aprecia una fotografía en la que viste de uniforme militar. En su biografía coloca que estudió Derecho en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), que trabaja en el Ejército venezolano y que reside en Miami Beach, Florida. En entrevista con Runrunes, el 3 de agosto de 2015, afirmó que había cursado la carrera de Derecho en la Universidad de Carabobo (UC), en Valencia.
Pérez Venta también abrió una cuenta o perfil en la red profesional Linkedin, con una fotografía en la que aparece vestido de negro en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Allí se afirma que trabajó como “Coordinador Comunitario de Voluntad Popular” entre 2013 y 2014; también que estuvo empleado entre 2001 y 2013 (11 años) como “Analista de Soporte Técnico” en Ford Motors y como “Gerente de Desarrollo de Negocios” de Nexsys, una empresa de software en Colombia entre 2000 y 2002.
Carlos Eduardo Trejo (izquierda) y José Pérez Venta (derecha)
Tanto Trejo como Pérez Venta admitieron para este reportaje haber pernoctado en la residencia de González. Se sabe que Trejo se quedó durante poco más de dos semanas. Pérez Venta habría dormido en esa residencia durante ocho o nueve noches. Tugomir Yépez, estudiante de la UCV y vinculado con el partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), reconoce también haber compartido con ambos durante una velada en el inmueble:
“Yo estaba viendo un partido de fútbol del Mundial, cuando en la noche me llama un amigo [Pérez Venta] que se encontraba en casa de Ara —así la conocí—. Él estaba junto a otra persona [Trejo], me dijo que se estaban quedando en Guarenas y que si podía ir hasta allá. Compré una botella de ron. Pensé que estaban en casa de un amigo, nuestro plan era tomarnos algo ahí. Cuando llegué al apartamento, estaban solo ellos dos, Ara aún no había llegado de su trabajo”, relata desde París, Francia, donde afirma que se encuentra “exiliado”.
Pérez Venta afirmó a Runrunes que fue él quien sirvió como mediador para que González recibiera a Trejo en su casa durante unos días. La estancia, sin embargo, se prolongó y terminó de manera abrupta y agria. Aunque eran “compañeros” y estuvieron vinculados a Operación Libertad, hoy ambos se declaran adversarios, se acusan mutuamente y ofrecen versiones disímiles sobre la autoría del hurto de artículos que pertenecían a González y su familia.
Un relato de Araminta González, reconstruido a través de uno de sus defensores, el abogado José Vicente Haro, da cuenta de las circunstancias en las que ella asegura haberle entregado las llaves de su casa a Carlos Eduardo Trejo. De acuerdo con esta versión, Trejo engañó una tarde a González para que le “prestara” las llaves del apartamento, pues necesitaba buscar su cédula para presentarse en tribunales. Trejo había sido detenido meses antes, durante el desmantelamiento de los campamentos estudiantiles en Caracas. Su nombre aparece en una pieza del expediente de la causa judicial contra la dirigente de la UCV, Sairam Rivas. Los cargos contra Trejo —y otros 43 jóvenes— fueron sobreseídos en agosto de 2014.
De allí en adelante, la historia se desenvuelve en distintos escenarios y con varios actores. Un amigo de González en Guarenas que accedió a hablar para este reportaje declara: “Ella me llamó llorando… estaba alterada, muy molesta. Me dijo que había vuelto a casa del trabajo, pero que no había podido entrar al apartamento porque no tenía las llaves. Se cansó de tocar el timbre, pero no lo escuchaba desde el otro lado. Me contó que llamó por teléfono a estos chamos y que ninguno le respondió. Se habían ido y ella tuvo que dormir en casa de una vecina”. Esto ocurrió el lunes 21 de julio, tres días antes de la detención.
Una compañera, que asegura haberle aconsejado enérgicamente sobre los riesgos de hospedar a Trejo y a Pérez Venta en su casa, relata: “Yo le advertí que no metiera gente en su casa, pero ella no me hizo caso. Le dije que se calmara, que llamara a un cerrajero y que pidiera dinero prestado, porque seguramente le iba costar una plata. Al día siguiente rompieron todo y ella mandó a cambiar las cerraduras. Pero cuando entró al apartamento se encontró con que todo estaba revuelto y faltaban algunas cosas”. Esto pasó el martes 22 de julio de 2014.
En el inventario de objetos sustraídos del apartamento de González se incluyen, de acuerdo a distintas versiones de allegados: una laptop, un disco duro externo, una cónsola de videojuegos, varios discos, electrodomésticos, una cadena de oro, prendas, un celular y un alisador de cabello. El hurto y la salida intempestiva de Trejo y Pérez Venta del apartamento ocurrió el lunes 21 de julio, tres días antes de la detención de Araminta González.
Una amenaza
Capturas telefónicas que muestran el intercambio de mensajes entre Trejo y Pérez Venta
González consideró hacer una denuncia por robo ante el Cicpc. Al menos así lo hizo saber a dos personas que le recomendaron que acudiera ante las autoridades. Las razones por las cuales no logró formalizar la acusación no están claras, aunque sí declaró a sus abogados que recibió amenazas tras haber publicado mensajes en sus cuentas de redes sociales en las que advertía sobre Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta.
Un fragmento de un mensaje que escribió en su cuenta en Facebook decía: “Informo: urgente, dos jóvenes que se hacen pasar por perseguidos políticos para que los alojen en sus casas, luego que adquieren confianza de las personas y averiguan todo lo que pueden de la familia, les roban, actúan en pareja, uno se lleva todo y el otro se hace el que no sabe nada, ha ocurrido en otros estados, pendiente, a mí me pasó, se quedaron dos semanas en mi casa…”
Además, tuiteó y señaló a Trejo y a Pérez Venta como responsables del hurto de artículos en su casa. La noticia llegó rápidamente a chats y redes sociales. Las cuentas de González fueron hackeadas en los días posteriores a la desaparición de su computadora. Un testimonio da cuenta de que habrían sido sus compañeros de trabajo, el 22 de julio, en Genéricos Venezolanos, quienes le avisaron que su perfil en Facebook había sido llenado de imágenes alusivas al oficialismo.
La tensión se acumuló rápidamente. Hubo discusiones e insultos. Trejo y Pérez Venta ya habían abandonado el apartamento. El primero cargó con las llaves de González y partió —primero— San Antonio de Los Altos, en Miranda. De allí pasó a San Diego, en Carabobo, y después a casa de una estudiante en el estado Falcón. El segundo volvió a Caracas, según dijo, a casa de una tía en Roca Tarpeya.
Ambos comenzaron a ser increpados. Un dirigente estudiantil de la UCV atestigua: “Yo llamé a Tugomir, porque él era muy amigo de ellos. Le pregunté por esos chamos y lo que había pasado, pero él me dijo que todo era un chisme y luego me sacó el cuerpo, siempre decía que estaba ocupado. Después hablé con Trejo, y él se molestó y dijo que ella (Araminta) era una habladora de paja”.
A medida que avanzaban los días, el conflicto se alimentaba de las críticas. Tres capturas de pantalla muestran una discusión entre Trejo y Pérez:
—Carlos Trejo: Y qué pasó con la laptop? —José Pérez: Aquí. —CT: No la ibas a vender pues? —JP: Ajá
Después, en otra fotografía se lee:
—CT: Marico responde. —JP: Esta carajita se volvió fue loca. —CT: Si? Aclara eso José, de una, de pana. Yo mañana voy al Sebin y la voy a pajear durísimo, hermano. Lo siento.
En otra imagen, el intercambio escala en acusaciones mutuas:
—JP: A todo el mundo le he dado la cara. Ud se quedó con las llaves. Tú sabrás lo que hiciste, quedaste mal con todo el mundo como ladrón. Que decepción!!!! —CT: Si? Claro culpame y lávate las manos, es lo mejor que sabes hacer.
Trejo admitió el martes 4 de agosto en una entrevista telefónica con Runrunes que las capturas y el registro de la conversación son auténticas. Descarta, sin embargo, que hubiese sido él quien sustrajo la laptop y las “otras cosas” desaparecidas de la residencia de González.
“Yo se lo dije muchas veces a Ara: ‘A mí no me gusta que tengas esas confrontaciones con tu hermana por tenerme aquí. Prefiero irme y que tú te evites problemas con tu hermana’… Hubo un altercado con Pérez Venta, en el que sustrajo varias cosas del apartamento de Ara y me deja a mí las llaves de su casa… Una computadora y otras cosas que se robó. Yo lamentablemente tuve conocimiento de esto y se lo dije más de una vez [a Pérez Venta]: ‘No hagas esto, marico, porque Ara nos está ayudando’… Pero la forma en que él la trabajó psicológicamente fue muy ruda… Él me respondió: ‘Tranquilo, que Ara no se va a enterar y nosotros nos perdemos’ ”.
Trejo reconoció haberse quedado con las llaves del apartamento de González. Aceptó incluso haber estado en el mismo lugar y momento en el que él asegura que Pérez tomó los objetos del inmueble. Cuando se le preguntó sobre el chat con la amenaza de acusarla en el Sebin, respondió: “Sí, lo reconozco. Yo dije eso porque estaba cansado del peo de que me acusaran de algo que yo no hice. Ella y yo conversamos. Tuvimos discusiones bien fuertes, pero al final de cuentas no pasó a mayores. De allí a decir que yo fui, la acusé y la entregué, eso nunca pasó”.
¿Quién es José Pérez Venta?
Los múltiples perfiles y facetas de José Rafael Pérez Venta en redes sociales
José Rafael Pérez Venta tiene 29 años, y mide casi 1,70 metros. Se presenta con una chemise roja, una gorra azul —que usa volteada hacia atrás— y lleva en su muñeca un reloj dorado, marca Citizen.
Pérez Venta afirma haber integrado las plataformas juveniles JAVU y Operación Libertad. En varias fotografías se le ve con camisetas de ambos movimientos. “Lorent Saleh me invitó a Colombia”, dice; y añade que tanto el ex ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, como el presidente de la AN, Diosdado Cabello, lo han nombrado a él “muchas veces”.
Frecuentaba eventos de la disidencia política. Varias fotografías lo muestran en la vigilia tras el asesinato de Mónica Spear, en enero en 2014 en la plaza Alfredo Sadel; también en la entrega del dirigente Leopoldo López —en febrero— y detrás de María Corina Machado, cuando se presentó en el MP tras su imputación, el 3 de diciembre. También en la misa por un año del asesinato de Bassil Da Costa y en una foto con Henrique Capriles Radonski en la que lo felicita por su cumpleaños, el 11 de julio de 2015.
“Entré a Voluntad Popular (VP) en 2013 desde Carabobo. Articulé con el equipo en Valencia y luego en Chacao. He hecho activismo político. Estuve en las protestas en la OEA, en las huelgas de hambre en la plaza La Castellana y en el campamento en la plaza Alfredo Sadel”, se ufana.
Pero un alto dirigente de VP le confiere la categoría de simpatizante o voluntario. Admite que frecuentaba la sede, pero descarta que haya tenido algún cargo o participación en decisiones o reuniones internas del partido. Analiza una fotografía en la que se le ve con una camisa naranja con el logo de VP y su nombre en el pectoral derecho y asegura que no es auténtica. Insiste en que el partido no entrega camisas a militantes. En todo caso, estas tienen una características específicas, no como la que vistió Pérez Venta, de la marca Columbia.
“La primera vez que lo vi fue en la Tintorería [como se conoce a la antigua sede de VP en Chacao]. Se vendía como alguien que sabía de inteligencia y hablaba mucho. Nunca se supo donde vivía, él siempre se quedaba en casas de otra gente. Iba y venía, se perdía por semanas o meses. Después lo veías otra vez por ahí”, relata un funcionario del Concejo Municipal de Chacao.
En 2014, Pérez Venta envió cartas y correos electrónicos a varias personas —a los que tuvo acceso Runrunes—, en las que solicitó dinero a “sectores privados, comerciales y entre la población en general” para las manifestaciones y estudiantes presos. Eran comunicaciones en las que firmaba como Operación Libertad. Debajo de su nombre colocaba: “Ex preso político y dirigente de VP. @SinmiedoVP”.
Pérez Venta (derecha) junto al dirigente opositor Leopoldo López, en su entrega a la GNB el 18 de febrero de 2014 en Chacaíto
Tres dirigentes del partido aclaran que las alarmas se encendieron cuando Pérez Venta fue visto trabajando como vigilante en la garita de la urbanización donde reside el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, en La Boyera. “Algunos concluyeron que era un infiltrado”, rememora una de las fuentes. No hay consenso en cuanto a las razones por las que se desvinculó de la organización política.
Después se unió al partido Alianza Bravo Pueblo (ABP). Rápidamente se “autoproclamó” “coordinador nacional de DD HH” y también escribió en redes que pertenecía a Amnistía Internacional (AI). En Twitter —sin embargo— lo han acusado de infiltrado. Él lo sabe y confirma que lo separaron de ABP porque lo consideran un “patriota cooperante”.
Se defiende de los señalamientos: “Yo no entraba a las sesiones, ni a las reuniones. ¿Cómo pude saltarme los anillos? Me cansé de todo, decidí separarme de todos los partidos… Los reto a que demuestren y saquen todas las pruebas… Ojalá algún día caigan bajo el mazo de Dios como único juez terrenal y universal”.
Pérez Venta se involucró sentimentalmente con una integrante del equipo de confianza del dirigente Carlos Vecchio. En junio de 2014 el coordinador político de Voluntad Popular se vio obligado a salir del país, después de que se librara una orden de detención en su contra por supuestos delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir. Más recientemente, Pérez Venta se relacionó con una trabajadora del equipo del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, quien fue detenido por el Sebin.
Un dirigente de VP reveló: «Cuando detuvieron a Ledezma, yo estuve en Plaza Venezuela acompañando a Mitzy. Al día siguiente me dirigí a la sede del partido, en el edificio Exa de El Rosal. Pérez Venta fue la primera persona que vi cuando entré a la oficina». Además, él asistía a las audiencias en los juicios contra Leopoldo López y el alcalde metropolitano.
Una revisión a su cuenta en Twitter (@perezventa) descubre que Pérez Venta era un ferviente seguidor del oficialismo. Entre 2008 y 2010 tuiteaba intensamente y mencionaba con frecuencia las cuentas del expresidente Hugo Chávez (@chavezcandanga) y del diputado Diosdado Cabello (@dcabellor), a quienes llamaba «camarada», «Comandante», «padre». Se decía soldado de la revolución y pedía desesperadamente —suplicaba— auxilio para que le adjudicaran una vivienda.
También menciona una esposa, llamada Milagros del Valle Gómez, quien trabajó hasta el 31 de julio de 2015 en el Ministerio de Vivienda, según consta en el registro ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En un período de dos años, entre 2010 y 2012, Pérez Venta pasó de ser un efusivo y fervoroso militante de la revolución a un acérrimo disidente vinculado a partidos políticos, líderes de oposición, y un calculador manifestante.
Entre otras inconsistencias, Pérez Venta ofrece dos fechas distintas en las que cursó estudios en la Academia Militar de la Armada. Es otro componente de las FANB, distinto al que aparece en uno de sus perfiles de Facebook. Relata que fue preso político, que estuvo detenido en Ramo Verde entre 2007 y 2010, que le imputaron cargos por “sustracción de efectos de las FANB, usurpación de funciones, sublevación e insubordinación”.
Afirma que integró en 2007 un grupo de rebeldes contra el “Plan Ávila” que “vació el parque” de dos regimientos que eran —según dijo— el Batallón 342 G/B Pedro Briceño Méndez y el Batallón Juan de Dios Agraz. Dice que la mayoría de sus compañeros está en Estados Unidos, que lo iban a sacar del país, pero que él cayó detenido.
Sobre su espectacular escape y recaptura, esta es la versión:
“Bebí cloro, para que me sacaran. Me llevaron al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, me internaron y tuvieron que operarme. Estando de reposo, me asignaron un custodio. Yo me gané su confianza. Cuando se quedó dormido, me escapé por la escalera de servicio. Agarré un taxi hasta Maracay. Pero allí me agarraron de nuevo y me devolvieron a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta, y luego a la 35 Brigada de la Policía Militar, en Fuerte Tiuna. Me golpearon, y me trasladaron de nuevo a Ramo Verde. Me ayudó la jueza Aniole Berberaggi Infante y me entrevisté con Eladio Aponte Aponte, que era fiscal militar. Yo negocié para que mi fuga no la incluyeran. Después me expulsaron”.
Se le indica que en la Corte Marcial no se encontraron evidencias de ningún proceso judicial contra él. Guarda silencio. Su perfil de Facebook del año 2008 muestra un joven militar del Ejército Bolivariano. Se ven también algunas fotos de su familia: esposa, dos hijos. Reseña que estudió en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y en la UNEFA.
Pérez Venta y su foto en Linkedin, en la AN
José Pérez Venta acusó a su otrora amigo inseparable, Carlos Trejo, de haberse llevado todos los artículos desaparecidos del apartamento de Araminta González. Lo tilda de infiltrado y de ladrón. Asegura que no era la primera vez que Trejo había “robado” a alguien y ofrece como pruebas un par de capturas de decenas que él tiene guardadas en su celular con diálogos en los que hace ver que personas señalan a Trejo como un “estafador”.
Menciona a Liana Hergueta, de quien da su número telefónico y dice que es una víctima de las estafas de Trejo. En efecto, Hergueta había publicado en mayo varios tuits en su cuenta en Twitter en los que acusaba a Trejo de haberla estafado por una suma de 1 millón 300 mil bolívares en una transacción de compra venta de dólares.
Cuatro días después de la entrevista con Pérez Venta, el viernes 7 de agosto, Hergueta fue hallada muerta en la calle Los Manolos, de Las Palmas, en Caracas. Su cuerpo desmembrado estaba dentro de un vehículo azul, Mazda 3. Un amiga de Hergueta declaró aLa Región que la mujer fue citada el jueves en Caracas por un supuesto dirigente de ABP y el viernes apareció muerta.
El primer sospechoso por el crimen fue Trejo. Pero el lunes 10 de agosto en la noche, se conoció por fuentes policiales, que fue allanada una de las residencias donde vivía Pérez Venta. Ese mismo día fue detenido por funcionarios de la División contra Homicidios del Cicpc por su presunta vinculación con el asesinato de Hergueta.
El martes 11 de agosto en horas de la tarde fue capturado en Yaracuy, Carlos Trejo. En un boletín, el Ministerio Público informa sobre la detención de ambos hombres y agrega que serán imputados por el homicidio de Hergueta. «Tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por el Cicpc, se logró determinar la presunta vinculación de Pérez Venta y Trejo Mosquera con el mencionado hecho», dice la nota de prensa.
Ambos «patriotas cooperantes» habrían confesado su participación en el homicidio de Liana Hergueta. Se pudo conocer de fuentes policiales que Trejo citó a la mujer, con la excusa de cancelarle la deuda que tenía con ella. Pérez Vente fue quien la desmembró.
Con el mazo dando
Araminta González es otra de las víctimas de los dos «patriotas cooperantes». Tiene 33 años, dos hermanas y un sobrino. Ambos padres fallecieron de cáncer. Su papá murió cuando ella tenía nueve años, y cuatro años después sobrevino el deceso de su mamá. Su hermana mayor asumió el rol de madre. Le sigue Miriam, quien trabajó durante un tiempo en Digitel hasta que se mudó a Madrid, España, donde cursa un postgrado.
Araminta era “hiperactiva”, cultivó hábitos como la lectura, le gustaba ir al gimnasio, subir a El Ávila después del trabajo y escuchar música pop en inglés. La familia la completa un niño de nueve años, hijo de su hermana mayor. El mismo lazo maternal que asumió la mayor de las González, lo manifestaba ella por su sobrino.
Una amiga de la familia narra: “Ellas salieron adelante trabajando muy duro. El papá les dejó ese apartamento, que por lo menos era una base. Son profesionales. Araminta es una mujer de una inteligencia superior, una excelente estudiante, desde pequeña se formó sin mayor apoyo del que se brindaron entre ellas. Eran muy unidas”.
En 2010 se tituló como técnico superior en procesos químicos. De a poco se abrió camino con una carrera profesional en la industria farmacéutica. Comenzó a trabajar como especialista en control de calidad en Calox International, una empresa especializada en la elaboración de medicamentos genéricos, donde se encargó del área de pruebas.
Luego de tres años, González decidió cambiar de trabajo e ingresó como analista físico química en Genéricos Venezolanos (GV), una farmacéutica asentada en Guarenas, que opera en el país bajo el paraguas de Laboratorios Leti, un conglomerado de empresas del ramo en el que también se incluye Laboratorios Gentek. Una ex compañera de trabajo recuerda: “Ella se fue a Genéricos Venezolanos porque le quedaba más cerca de su casa. Era emprendedora, valiente, muy luchadora”.
En noviembre de 2013, González comenzó a frecuentar concentraciones que se dieron a conocer como el “movimiento de autoconvocados”. Eran en su mayoría “marchas”, movilizaciones y manifestaciones pacíficas, algunas con pancartas, convocadas a través de las redes sociales y Twitter. Fueron los primeros pasos en un activismo que se prolongó hasta su detención en 2014.
“La conocí en una concentración en Guarenas. Era una chama buena gente, quizá muy inocente. Eso sí, muy profesional en su trabajo, muy dedicada. Pero estoy seguro de que no es ninguna terrorista. Era —cuando mucho— una simpatizante”, la describe un conocido y activista de oposición de Nueva Casarapa.
González frecuentaba los campamentos de estudiantes. Otras cuatro personas que accedieron a brindar su testimonio bajo condición de anonimato la describen como una persona introvertida, ingenua. Le otorgan adjetivos como noble, y afirman que hacía latente su preocupación por los problemas del país.
Una de sus amigas detalla: “Ella subía con frecuencia a Caracas desde Guarenas. Preguntaba a todos si habían comido y les compraba cena, gastaba un dineral en shawarmas y hamburguesas para un gentío, regalaba la plata, les daba agua, ropa, tarjetas telefónicas. Se iba quedar pelando bola, pero a ella no le importaba”.
En abril de 2014 viajó a San Cristóbal y se sumó a manifestaciones. De esa experiencia no saldría ilesa. Recibió un impacto de perdigón que provocó que la trasladaran a un centro médico donde la sometieron a una operación en la que perdió un ovario. “Su hermana mayor, que es evangélica, se preocupaba mucho por ella, estaba muy angustiada”, resume una amiga.
Después González desoyó los consejos de gente cercana. Cuando decidió acoger en su casa a dos desconocidos, se produjo una ruptura: su hermana mayor optó por mudarse del apartamento. No hubo contacto ni visitas. Después de que se conoció de la detención de Araminta, sus amigos tomaron distancia, temiendo represalias y peligros.
Un día después de su aprehensión, el entonces titular del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, mencionó a Vasco Da Costa, como el “cabecilla” del “Movimiento Resistencia”. En esa oportunidad no nombró a González. Lo que sí dijo fue que sería Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien se encargaría de informar sobre el desmantelamiento de una supuesta “célula terrorista”. El programa televisivo que conduce Cabello y que transmite VTV se basa en las acusaciones e informaciones aportados por «patriotas cooperantes», que es el término que el Gobierno da a los infiltrados y delatores.
La naturaleza de su trabajo como química es uno los argumentos que usaron las autoridades para vincularla con los cargos de explosivos. “Les expliqué que soy químico y que esos equipos no podían utilizarse para elaborar explosivos porque, para elaborarlos, se requieren unas condiciones específicas. Les repetí que yo no podía hacer ese tipo de explosivo en mi casa. Les expliqué que no sabía de electrónica, ni de detonantes…”, reza un fragmento de una carta escrita por González y citada por el periodista José Domingo Blanco en una columna de opinión publicada en Runrunes el 25 de junio de 2015.
Cuando Cabello mencionó a González en la edición del 7 de agosto de 2014 de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por VTV, se refirió a ella con el alias de “Dora La Exploradora”. También mencionó a José Luis Santamaría como “El topito” y aseguró que trabajaba junto a Da Costa en un plan para “desestabilizar” el país. También afirmó que el Cicpc había hallado explosivos y detonadores.
Haro, abogado defensor de González, desmiente las imputaciones. Asegura que en el expediente con las actas del allanamiento practicado por el Cicpc en la vivienda de su defendida no se reseña ningún tipo de explosivos ni detonadores. También, uno de los acusados, Da Costa, aseguró en una carta escrita desde su encarcelamiento que no conocía a González.
La captura
Una vecina fue quien avisó —el 23 de julio— a Araminta González que la urbanización Menca de Leoni en Guarenas estaba llena de patrullas y policías. Después de allanar el apartamento, los funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc se dirigieron a Genéricos Venezolanos (GV). En ninguno de los dos sitios la encontraron. Al día siguiente, el feriado del 24 de julio, la detuvieron en el Centro Comercial Lido, en Chacao, Caracas.
De allí la llevaron a la sede principal del Cicpc, en la avenida Urdaneta. En Twitter y redes sociales fue reportada como desaparecida durante casi una semana. Las publicaciones sobre su caso afirmaban que había sido violada y torturada. Desde su detención y hasta mayo de 2015, su defensa fue compartida por los abogados de los otros acusados: Ángela Jaramillo, Mariana Ortega —hermana de Efraín Ortega, uno de los acusados, detenido en El Rodeo— y Guillermo Heredia, defensor de Da Costa y José Luis Santamaría.
Haro y Pierina Camposeo asumieron la defensa de González, por petición de su hermana Miriam, quien viajó desde España en abril de 2015 para atender diligencias del caso. Las denuncias sobre torturas que le infligieron los funcionarios no han cesado. De acuerdo con su defensa, los agentes retuvieron a González durante varios días sin notificar a ningún familiar. Fue brutalmente golpeada, le habrían colocado electricidad en los senos y golpeado con martillos en las uñas de los pies.
En una carta publicada en junio de 2015 por Haro, se asegura que le arrancaron el cabello en una práctica que en la jerga policial se conoce como “el helicóptero”. Le pedían, además, que declarara contra Da Costa, quien ha negado que la conociera. Las autoridades no han establecido el vínculo entre ambos y como no se ha celebrado audiencia preliminar, no se han ventilado las pruebas del MP. Lo que se sabe, sin embargo, es que la acusación la originó la llamada de un “patriota cooperante”.
González fue trasladada el tres de agosto desde el Cicpc en la avenida Urdaneta hasta una sede en El Rosal y semanas después al INOF. Pierina Camposeo, una de sus abogadas, afirma: “Está deprimida, aterrada. Cada vez que va a tribunales nos agarra por los brazos y no nos suelta. Tiembla. Está muy delgada y hay áreas de su cabeza en las que no le ha vuelto a crecer el cabello”. Una amiga que la ha visitado en la cárcel asegura que ha perdido por lo menos 40 kilogramos. Pasó de 85 kilos, a usar una talla 26.
Camposeo también cuestiona la veracidad de una experticia forense en la que se certifica que González no presentaba lesiones. El documento de la evaluación médica, practicada supuestamente por una funcionaria, fue suscrita el 20 de agosto. “Dicen que a ella no la torturaron, pero es que la experticia se hizo casi un mes después de su detención. Además, supuestamente estaba de guardia un hombre, pero luego en el documento se dice que fue una mujer”, detalla Camposeo.
La última audiencia
La audiencia en el juicio que se le sigue a González estaba fijada para las 9:30 am del 23 de julio. Los abogados Haro y Camposeo —defensores de González desde el 6 de mayo— habían llegado a la sede de los tribunales penales de Guarenas cerca de las nueve. Esta era la primera vez que la representación del Ministerio Público (MP) acudía a los tribunales desde que presentó la acusación.
A las 11:00 de la mañana, había confirmación de que el convoy que trasladaría a González desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) había salido desde Los Teques, a 73 kilómetros de distancia.
Yeison Alejandro Moreno, de la Fiscalía 20 del MP, había llegado poco antes de las 10:00 de la mañana y solicitado cada una de las piezas del expediente. Hasta hace unos meses, Moreno había sido el asistente de la ex fiscal Katherine Haringhton, ex titular de un despacho que destaca por su estadística en el procesamiento de manifestantes, estudiantes, disidentes y prominentes figuras políticas de oposición.
La sede de los tribunales penales está en el medio de una urbanización —mitad industrial, mitad residencial— conocida como Cloris. El edificio se asemeja más a un galpón que a una sede del Poder Judicial. Hay pasillos estrechos, accesos y pasadizos que conducen a salas de juicio en las que apenas caben un puñado de personas. Hay también dos bancos de madera en las que familiares de detenidos descansan durante las horas de espera. En la parte posterior hay cuartos atestados de carpetas que rebosan documentos y centenares de expedientes judiciales. Secretarias, alguaciles y escribientes trabajan en minúsculos cubículos, en salones repletos de personas.
Las familias de detenidos se habían congregado en la calle, frente al edificio, en la espera de los traslados que venían desde centros penitenciarios como El Rodeo, Yare, el INOF y la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Un autobús con reclusos de El Rodeo, entre los que se hallaban Santamaría y Ortega, llegó a los tribunales cerca de las 11. Faltaban dos de los cuatro acusados: González, que vendría desde el INOF, y Da Costa, preso en la PGV en San Juan de Los Morros, Guárico.
A las 11:00 de la mañana, Mariana Ortega, hermana y defensora de Efraín Ortega solicitó al tribunal el diferimiento de la audiencia preliminar. Sus contrapartes se opusieron. Cerca de las once de la mañana, Haro tuiteó: “Por razones que no comprendemos la defensa de Efraín Ortega solicita que Audiencia Preliminar de Araminta González sea diferida una vez más”.
La representación del MP había expresado las intenciones de esperar a que llegara el traslado desde el INOF antes de que se tomara cualquier decisión sobre un nuevo diferimiento, pero cuando un vehículo llegó desde Los Teques con varias acusadas que vestían franelas rosadas sin que entre ellas estuviese González, la audiencia se suspendió, una vez más. El 24 de julio, al día siguiente, los detenidos cumplieron un año sin que se celebrara la audiencia preliminar.
Un informe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) revela que el organismo asistió en la identificación y localización de usuarios de Twitter que fueron luego detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). William Castillo, presidente de CONATEL, remitió al entonces director del SEBIN y actual ministro del Interior y Justicia, Gustavo Enrique González López, un dossier detallado sobre varias cuentas. La documentación forma parte de las acusaciones impulsadas por el Ministerio Público en los procesos judiciales.
De los ocho tuiteros detenidos entre septiembre y octubre de 2014, cinco continúan en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide. El asesinato del diputado Robert Serra y las acusaciones del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aceleraron la persecución y captura de tuiteros. El Ministerio Público no ha podido probarles los delitos por los que fueron detenidos. Agobiados por el encarcelamiento y los retrasos en los procesos judiciales la mayoría de los tuiteros apresados ha optado por declararse culpable de delitos menores para salir en libertad.
@albertoyajure
“SOMOS SOCIALISTAS… ANTIIMPERIALISTAS… REVOLUCIONARIOS Y TAMBIÉN CHAVISTAS”. Todas las mañanas escuchan el himno del Sebin. Reciben a sus familiares los días jueves y domingo desde las 11:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, a menos que las autoridades decidan ese día suspender las visitas. Sus madres, padres y hermanos llegan sobre las 10.00 am a la enorme mole de concreto conocida como El Helicoide, en el sector Roca Tarpeya de Caracas.
Son conocidos como los “tuiteros presos”. Sus días transcurren detrás barrotes, en celdas de la policía política de Venezuela. La mayoría ha permanecido hasta ocho meses encerrado, a la espera de procesos judiciales que abogados penalistas y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos califican de irregulares.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) elaboró informes técnicos para identificar y localizar a usuarios de Twitter que fueron luego detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Un dossier, al que tuvo acceso Runrunes, fue enviado el 12 de junio de 2014 por William Castillo, presidente de CONATEL, al entonces director del SEBIN —y actual ministro del Interior y Justicia— Gustavo Enrique González López. El informe contiene más de 30 páginas de información técnica y detalla aspectos de métrica y tráfico de las cuentas: número de identificación de la cuenta, cantidad de seguidores, tuits promedios enviados por día, porcentaje de incidencia (cuántos tuits son republicados con RT y cuántos reciben menciones), gráficos por horas en las que el usuario tuitea y desde cuántos dispositivos (computador o teléfono móvil), etiquetas que emplea o que ha posicionado y cuentas más mencionadas.
En una de las páginas se desglosa: dominios de sitios en Internet usadas por algunas de las cuentas, información de registro de los dominios, direcciones IP y análisis de ranking de tráfico; el alcance estimado de usuarios nuevos por mes, y ubicación geográfica del servidor. La documentación de CONATEL —que fue preparada por los funcionarios Jeagni Sánchez; revisada por Jhonder Depablos; y aprobada por Edgar Rojas— había sido solicitada por el SEBIN una semana antes. Los informes fueron luego usados por el Ministerio Público para sustentar las imputaciones de detenidos en los procesos judiciales.
De ocho usuarios de Twitter que fueron detenidos entre el 22 de agosto y el 15 de octubre, cinco continúan tras las rejas. Familiares, amigos, abogados penalistas, detenidos, y defensores de derechos humanos cuentan parte de las historias detrás de una razia contra algunos de los tuiteros que expresaron comentarios y opiniones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Los allegados de los “tuiteros” tienen miedo de declarar a los medios de comunicación. Pocos acceden a responder preguntas, siempre bajo la condición de mantenerlos en el anonimato. Ninguno quiere arriesgarse a perjudicar las causas, molestar a las autoridades o los fiscales.
En casi todos los casos, el Ministerio Público (MP) ha actuado de oficio, sin que medien denuncias formales. Los juicios se han desarrollado entre retardos, diferimientos y la suspensión reiterativa de audiencias. A cuatro de ellos se les ha mantenido en Caracas, alejados de sus estados y de los tribunales que llevan sus causas en Barinas, Maracaibo y Valencia.
El asesinato del diputado del PSUV, Robert Serra, ocurrido el primero de octubre de 2014 en Caracas, es uno de los denominadores comunes en las detenciones y juicios a seis de ocho tuiteros. Los comentarios y referencias sobre el caso publicados en Twitter cambiaron las vidas de Lessi Marcano, Ginette Hernández, Víctor Ugas, Inés González, Abraham Muñoz y Daniely Benítez.
La de Benítez es la única causa que ha sido sobreseída. Fue acusada en señal abierta de televisión por el presidente de la AN, Diosdado Cabello, de predecir el luto en la Asamblea Nacional antes del asesinato de Robert Serra, detenida durante 48 horas, liberada con una medida cautelar y finalmente absuelta en junio pasado.
Las acusaciones del número dos del chavismo movilizaron a fiscales y cuerpos de inteligencia de varias entidades: Los tuiteros habían sido señalados por Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), en su programa de televisión “Con el mazo dando”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), donde también fueron anunciadas las detenciones de seis de los ocho acusados.
#LaFiscalía20
Del un total de ocho procesos judiciales, cuatro han tenido un mismo desenlace: los acusados se han declarado culpables y admitieron delitos con penas menores, muy distintos a los que les fueron imputados al momento de las detenciones. El MP recomendó a los acusados y a sus familiares que revocaran la asesoría legal que recibían organizaciones como el Foro Penal y que aceptaran defensores públicos o privados a cambio de imputaciones más leves.
“La Fiscal 20, Katherine Haringhton, conversaba con un hombre en el tribunal cuando me divisó a lo lejos. Pasado un rato se me acercó y me dijo: ‘Yo no debería decirle esto, pero le recomiendo que le cambie esos abogados a su familiar. Es la única manera para ayudarla en este caso’. Ellos [el Ministerio Público] no querían que tuvieran defensores del Foro Penal”, asegura un allegado de uno de los acusados.
La Fiscalía 20 del MP, a cargo de Haringhton, procesó judicialmente a manifestantes, estudiantes, dirigentes de oposición e integrantes de organizaciones no gubernamentales. La Fiscal apareció en la lista de siete funcionarios sancionados por la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por su vinculación o asistencia en la violación de derechos humanos durante las manifestaciones de 2014. Luego de este hecho fue condecorada por el presidente Nicolás Maduro y ascendida al cargo de Viceministra de Investigación Penal.
Alfredo Romero, abogado y director ejecutivo del Foro Penal,confirma que el MP presionó a los acusados y a sus familiares para que cambiaran sus abogados defensores y además accedieran a declararse culpables a cambio de penas más leves: “Esta es una práctica común de la Fiscalía en estos casos que viola el derecho a la defensa y constituye una especie de extorsión porque los acusados están en todo derecho de elegir su defensa. El MP debería promover la defensa fuera del Estado, porque descongestiona la Defensa Pública”.
Al menos tres detenidos que recibieron sentencias menores a cinco años de cárcel han solicitado la excarcelación por suspensión condicional de la pena. Este procedimiento, introducido en el texto del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) en la reforma de 2012, permite a los acusados solicitar ante el juez la anulación del proceso en aquellos delitos de “acción pública” cuya pena no exceda los ocho años. Otra de las condiciones para acceder a esta medida es que los juicios hayan sido procesos “abreviados” (como la admisión de los hechos por parte del acusado). Pese a esto, algunas liberaciones no se han producido.
El MP ordenó evaluaciones psicosociales hasta en dos ocasiones a varios de los tuiteros detenidos, la última en marzo de 2015. Los resultados de los exámenes, sin embargo, no han llegado hasta los tribunales para que los jueces evaluen la suspensión de las condenas. “Es un mecanismo para mantenerlos presos, porque no hay voluntad para liberarlos. De ser así, ya lo hubiesen hecho. Cada quien tiene el derecho de elegir cómo defiende su caso, pero la admisión de hechos no es una garantía para la liberación inmediata”, resume Romero.
#ALaCárcelPor140Caracteres
“Nos arruinaron la vida por un bendito tuiter”, se lamenta una mujer, entrada ya en años, y vinculada a uno de los acusados. La mirada se le pierde en un punto de esa vista amplia, panorámica —casi de postal— que tiene sobre Caracas: “El 31 de diciembre nos reunimos toda la familia aquí, justo aquí, en este lugar, a mirar hacia El Helicoide”, relata mientras baja el rostro justo antes de quedarse sin palabras.
Algunas de las acusaciones contra los tuiteros son consideradas improcedentes a los ojos de algunos defensores. Por ejemplo, en el caso de Daniely Benítez —flautista del grupo musical Só Sambistas e integrante durante más de diez años del Sistema Nacional de Orquestas— el MP nunca pudo probar ningún delito porque ella ni siquiera tenía acceso a la cuenta de @Hiipolita.
José Vicente Haro, su abogado defensor, afirmó que fue detenida de manera irregular durante cinco días. «El Sebin rompió puertas en su apartamento y se llevó cuatro computadoras, una laptop, dos pendrives y equipos que aún no han sido devueltos», dice. Cabello la acusó en televisión pública de haber escrito los tuits que anticiparon un duelo en la AN, pero Benítez fue luego absuelta por un tribunal. El diputado no se ha retractado de sus acusaciones.
“¿Cómo es posible que Diosdado haya acusado a todo el mundo en televisión de haber cometido delitos y la Fiscalía no haya hasta ahora probado la culpabilidad en ningún caso? ¿Cómo es posible que él [Cabello] diga ahora que va demandar a diarios por publicar informaciones que lo acusan de ser un narco, pero nuestros familiares se quedaron presos injustamente por unos tuits? ¿Cómo denigró y difamó a los nuestros, pero todavía no se da cuenta del daño que le ha causado a mi familia?”, se pregunta el allegado de uno de los detenidos.
Haro también trabajó como abogado defensor del tuitero Leonel Sánchez Camero, quien ahora es asistido por otro abogado. El titular de la cuenta @AnonymusWar, fue uno de los primeros detenidos, en agosto de 2014. Fue acusado por supuestos delitos de instigación al odio, conspiración y ultraje.
“Publicaba información, opiniones, comentarios. También hacía mucho RT a otras cuentas y mencionaba a funcionarios, entre ellos a Diosdado Cabello. La Fiscalía 20, a cargo de Haringhton, hizo la acusación. Hay informes enviados al Sebin —algunos elaborados por Conatel— que revelan el contenido de mensajes directos (DMs) de Twitter. Y esto es muy grave, porque el Estado violó la privacidad de sus comunicaciones. Su caso está en un tribunal en Barinas, pero a él lo tienen en El Helicoide”, relata Haro.
A Víctor Ugas, procesado por publicar fotografías del cadáver de Robert Serra, se le acusó —además de un cargo por revelación indebida de información— por un delito de espionaje, contemplado en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. La foto del cuerpo del diputado Serra estuvo en manos de otros usuarios de la red social que incluso se ofrecieron a distribuirla vía correo electrónico; también fue publicada por un portal web radicado en Argentina que por esos días fue bloqueado por Conatel. El MP no ha demostrado que Ugas hubiese vulnerado o accedido de manera ilegal a ningún sistema informático para hacerse con la fotografía.
Las acusaciones vinculadas con el caso Serra tenían una marca: La Fiscalía achacó a todos los detenidos delitos de ultraje a funcionario público, sin embargo la presunta víctima (Robert Serra) había sido asesinada. Romero cuestiona algunos aspectos de las acusaciones: Las detenciones e imputaciones vinieron a partir de declaraciones de un funcionario en televisión; y no hubo familiares que denunciaran el supuesto ultraje. Y explica que para que pueda demostrarse ultraje, la víctima debe sentirse ultrajada. En este caso, la víctima no estaba, y sus familiares, que pudiesen sentirse afectados, no fueron los que hicieron la denuncia.
“Las detenciones e imputaciones vinieron tras una declaración de alguien en televisión. Y hay casos, incluso en otros países como Inglaterra o España, en los se ha detenido a personas por tuitear mensajes racistas. Pero, hay que detenerse: ¿quién es el afectado, la presunta víctima? ¿quién se sintió difamado o agredido o ultrajado por esos tuits? porque si la víctima no se sintió ofendida,… ¿sus familiares sí?”.
Uno de los casos que ha cobrado notoriedad es el de Inés González Árraga, de la cuenta @InesitaTerrible. El Sebin la mantuvo detenida incluso después de que un tribunal le dictara una boleta de excarcelación. El MP la acusó tres cargos: ultraje a funcionario, ultraje violento e instigación pública. En el juicio ofreció disculpas a los familiares del diputado Serra, a quien había llamado delincuente y señalado de “armar” a niños en el 23 de Enero.
Sobre este caso, Romero explica: “Pidió disculpas, como es un escarmiento. La acusan de instigación pública, pero ese es un delito que hay que definirlo, delimitarlo, y probarlo, porque, ¿cómo se demuestra que alguien que publica un mensaje tiene influencia sobre otros? No estoy de acuerdo con insultar, humillar y difamar en redes sociales, pero debe existir proporcionalidad. Podrían acarrear multas, castigos, pero nunca encarcelamiento”.
#LaVidaEnUnaCeldaDelSebin
Un solo pasillo conecta las celdas donde están confinados los detenidos del Sebin en El Helicoide. En una primera celda, denominada “Preventiva 1”, el hacinamiento es la norma: hasta 23 detenidos comparten casi 15 metros cuadrados. Algunos están acusados por delitos comunes. No hay luz, ni camas para todos, los reclusos hasta duermen en el piso por turnos o descansan de pie.
Más adelante hay otro calabozo, exclusivo para funcionarios. Un grupo de estudiantes y acusados por estafa, fraude y homicidio están recluidos en una celda que en el Sebin llaman “Preventiva 2”. Aquí está Leonel Sánchez Camero, titular de la cuenta @AnonymusWar. Hay un baño, pero el espacio es reducido y los reclusos tienen dificultades para moverse, relata uno de los detenidos que revela algunos detalles con la condición de que no se publique su nombre.
En otra celda están recluidas 15 mujeres, entre ellas Inés González Árraga, de la cuenta @InesitaTerrible; y Ginette Hernández, a quien las autoridades asociaron a la cuenta @Hiipolita, en la que se publicaban predicciones, mensajes religiosos, y consultas de tarot. Hay allí un televisor con la señal de canales del Estado, un equipo de DVD, una cocina pequeña y una nevera. La primera pregunta que una de las detenidas hace a sus familiares cuando llegan de visita: “Denme noticias. ¿Qué está pasando allá afuera?”.
Los días en esta celda transcurren entre películas, manualidades y lecturas. Todas las tareas están repartidas por turnos: Hernández cocina a veces, le gusta tejer y hacer manualidades; mientras que González Árraga tiene asignada la limpieza y dedica parte de su tiempo a leer textos de química.
En “Preventiva 3” hay otros 18 detenidos, ocho de ellos duermen en el piso. No hay literas, los colchones están montados sobre tablas y cajones. Allí está el arquitecto Lessi Marcano, quien fue el autor los tuits de la cuenta @Hiipolitaque predijeron que habría luto en la Asamblea Nacional una semana antes del crimen de Serra.
José Isaías Roa, Mayor (R) de la Aviación y ex Fiscal Superior del MP en Apure y Sucre también está en esa celda, en la que hay un televisor, un equipo de DVD y una pequeña cocina eléctrica. Allí compartieron con el director del semanario 6to Poder, Leocenis García, quien fue llevado al Hospital Militar tras iniciar una huelga de hambre; y el banquero Álvaro Gorrín, quien después de salir en libertad donó 80 colchones para los detenidos.
Las tres comidas del día llegan en envases de aluminio. En ocasiones hay dos paramédicos y un médico residente, pero los reclusos se quejan de no tener atención especializada en casos de emergencia. Golpean los candados de las celdas y los barrotes cuando hay una urgencia y algunos reconocen que los han trasladado hasta el Hospital Militar. Refieren que al menos dos presos en El Helicoide fueron liberados después de descubrirse que tenían tuberculosis.
El trabajo más arduo recae en las familias, que se encargan de llevar provisiones: artículos de aseo personal, frutas, alimentos enlatados, comida congelada (pollo, carne), agua potable —que no les dan allí dentro—, libros, revistas, películas. Además regresan a casa con bolsas llenas de ropa sucia, que lavan y devuelven en la próxima visita. La madre de uno de los detenidos en El Helicoide planifica todas sus actividades de la semana en torno a los días de visita. Hace colas en supermercados y farmacias, padece fuertes dolores en la espalda que —afirma— se deben a la carga de pesados paquetes y botellones de agua mineral. Dice que la sostienen el apoyo emocional y económico de allegados y los abrazos durante los días de visita.
El encarcelamiento ha dejado sus marcas: depresión, miedo, paranoia. Las familias se quiebran por saberlos en un calabozo y ellos se lamentan de que sus padres, madres y hermanos sufran por su confinamiento. Uno de ellos admite: “La depresión aquí es tal, que quien no tenga la fortaleza de aguantar esto, fácil se puede morir… No es fácil… Nada fácil…”
“Me voy a amarrar a mi cama, a mí no me van a llevar a una cárcel”, fueron las palabras que un recluso dijo a sus familiares un día antes de la muerte del piloto Rodolfo González, a quien Nicolás Maduro, llamó “El Aviador” durante una cadena nacional. La amenaza de un posible traslado a cárceles había sembrado el miedo entre los reclusos. González se ahorcó en su celda en El Helicoide durante la noche del jueves 12 de marzo.
“Lo conocía muy poco, apenas habíamos cruzado palabra una o dos veces que coincidimos en la salida para tomar el sol. No hablaba con casi nadie. Esa noche fue un desastre, había mucho miedo. Luego, después de las 11 pm , supimos que algo había pasado cuando escuchamos a los guardias correr de un lado a otro”.
La madre de una detenida se lleva las manos a la cabeza cuando recuerda el momento en el que recibió la noticia. Había compartido varias veces con la esposa de González. Los estudiantes detenidos durante las manifestaciones de 2014 hicieron un acto en su homenaje, rezaron y le dedicaron algunas palabras en la visita del domingo 8 de marzo.
“Se construyen vínculos muy fuertes allí adentro —afirma la hermana de una tuitera detenida— porque compartir una vivencia así no es algo sencillo. Solo se tienen ellos. Quizá el día de mañana todos le encontremos sentido a esto. Por alguna razón tenían que conocerse”.
#EsperanLibertad
Abraham David Muñoz (@AbrahamDZ), detenido en Valencia, fue puesto en libertad con medidas cautelares.
Daniely Benítez (@pretinha76) fue absuelta tras haberse dictado en junio el sobreseimiento de su causa. Logró reunir algunos fragmentos y reescribir la tesis de grado que perdió en las computadoras sustraídas de su vivienda por el Sebin. Se graduó de la Escuela de Artes de la UCV, cerró su cuenta de Twitter y salió del país.
María Magalys Contreras (@marletmaga), de 55 años, padece problemas psiquiátricos y renales. Se declaró culpable de delitos menores. Su sentencia fue suspendida y se le permitió salir en libertad con una medida de régimen de presentación y trabajo comunitario.
Ginette Hernández no pudo asistir a su acto de grado. Admitió el delito de falsa oferta y agavillamiento. Continúa detenida y espera una suspensión de la pena.
Lessi Marcano (@Hiipolita) admitió culpabilidad por delitos menores. Aún espera de la suspensión de su sentencia.
Víctor Ugas (@VictorUgas, la cuenta ya no está activa) sigue preso en El Helicoide.
Inés González Árraga (@InesitaTerrible) reconoció delitos de instigación pública y el MP desistió los cargos de ultraje a funcionario y ultraje violento. Su familia y abogados acudieron a la Embajada de España, país del que también es ciudadana, y solicitaron ayuda legal y diplomática. Se desconoce si el Gobierno de España adelantó alguna diligencia. Padece endometriosis, que le produce fuertes dolores abdominales. Requiere someterse a una operación. Espera por la suspensión de su pena.
Leonel Sánchez Camero (@AnonymusWar) continúa detenido en El Helicoide. Padece “fuertes” dolores en la espalda. La audiencia para el inicio de su juicio fue suspendida hasta en cuatro ocasiones, la última vez en mayo de este año. Su caso está en un tribunal de Barinas, a donde lo trasladan en aeronaves militares custodiado por agentes del Sebin. De seguir preso, cumplirá un año tras las rejas en agosto.
Leonel Sánchez Camero
47 años
Economista
Acusación fiscal: Instigación al odio, conspiración, ultraje, acceso indebido y posesión de equipo para falsificación.
Es el primer tuitero detenido. La cuenta tenía 100 mil seguidores. Publicaba información, opiniones y hacía RT a otros mensajes. Mencionaba directamente a funcionarios del Gobierno, entre ellos Diosdado Cabello. El diputado y presidente de la Asamblea Nacional lo menciona varias veces: antes y después de su detención. Conatel asistió al Sebin en la elaboración de un informe técnico sobre esta cuenta, en la que se divulgan mensajes privados. Lo detuvieron en Barinas, en un hato donde vivía con su mamá y una de sus hermanas. Llegaron aproximadamente 100 funcionarios, se llevan todos los equipos y se lo llevaron en un avión de la Fuerzas Aérea. Estuvo 20 días detenido en la sede del Sebin, en Plaza Venezuela, conocida como ‘La Tumba’. De allí fue trasladado a El Helicoide. La Fiscalía 20. La fiscal Katherine Haringhton fue quien hizo la acusación. Su audiencia de inicio de juicio ha sido diferida cuatro veces, la última el 11 de mayo. Su caso está en el Tribunal Primero de Juicio de Barinas. Padece dolores en la espalda. Forma parte del Opus Dei. Se dedicaba a la compra y venta. Militó en el partido Convergencia. Y trabajó para el Gobierno de Caldera en Caracas y algunos en el interior.
Inés Margarita González Árraga
42 años
PhD. en Química
Acusación fiscal: Ultraje a funcionario público, ultraje violento, instigación pública. Se declaró culpable por delitos menores de incitación al odio y el MP desestimó los dos cargos por ultraje.
Es licenciada en Química y tiene un PhD por la Universidad de Akron, en Ohio, EEUU. Trabajó en el IVIC. El Sebin se presentó dos veces en su residencia, en Maracaibo, tras sus tuits en los que llamó a Robert Serra “criminal”. La citaron a declarar pero, cuando acudió, la dejaron detenida. El Tribunal le dictó una medida de excarcelación, que nunca fue acatada por el Sebin. Su defensa introdujo un recurso de Habeas Corpus, pero ella no pudo presentarse en el tribunal porque estuvo todo el tiempo retenida en el Sebin. La orden fue revocada. En el juicio ofreció disculpas a la familia del diputado y se arrepintió de sus mensajes. Está recluida en El Helicoide. Durante más de seis meses le prohibieron hacer llamadas telefónicas. Padece de endometriosis y fuertes dolores abdominales. Le dictaron condena de tres años de cárcel. Solicitó al juez la suspensión condicional de la pena.
Víctor Andrés Ugas Azócar
26 años
Acusación fiscal: Revelación indebida de data o información de carácter personal y espionaje informático.
Lo acusaron por publicar en Twitter fotografías del cadáver del diputado Robert Serra. Fue detenido en Carúpano, estado Sucre. En la audiencia preliminar, los fiscales 153ª y auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), María Maffia y Luís Cadiz la fiscal 9° y auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), María Perdomo y Gabriela Sequea, respectivamente, imputaron al joven por la presunta comisión de los delitos de revelación indebida de data o información de carácter personal y espionaje informático, contemplado en Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Le dictaron privativa de libertad y permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Lessi José Marcano
48 años
Arquitecto, «vidente».
Acusación fiscal: Fraude informático, instigación pública e instigación al odio. Se declaró culpable por delitos de oferta engañosa y agavillamiento.
Es el autor de la cuenta @Hiipolita, que tuiteaba sobre mensajes políticos, religiosos, predicciones y consultas de tarot. Contrató a su sobrina, Ginette Hernández, para que manejara el correo electrónico en el que se recibían las consultas esotéricas. Marcano fijaba el precio de las consultas tarotistas. Algunas se respondían en el Twitter de @Hiipolita. En esa cuenta se publicaron predicciones de que habría luto en la Asamblea Nacional (AN) una semana antes del crimen de Robert Serra. La Fiscalía 20, a cargo de Katherine Haringhton, hizo la acusación. Fue presentado el 17 de octubre ante el Tribunal 33 de Control de Caracas, junto a su sobrina Ginette Hernández. Fue mencionado por el presidente de la AN, Diosdado Cabello. Solicitó la suspensión condicional de la pena.
Ginette Hernández Marcano
23 años
Estudiante de la Escuela de Artes (UCV).
Acusación fiscal: Fraude informático, instigación pública e instigación al odio. Se declaró culpable de oferta engañosa.
Trabajaba para su tío, Lessi Marcano, autor de la cuenta @Hiipolita. Administraba la dirección de correo electrónico para consultas de tarot. Ginette recibía los correos con las consultas esotéricas y los reenviaba a Lessi Marcano. Ginette tenía apenas dos semanas trabajando como community manager en el canal E! Entertainment Television en Caracas cuando cuatro patrullas con agentes del Sebin irrumpieron las oficinas de la empresa en Las Mercedes para llevarla detenida. Su tío, quien realmente se dedica a los oficios esotéricos, pidió al Sebin que lo apresaran a él y no a su sobrina. Al final, dejaron a ambos detenidos. También fue acusada por la Fiscalía 20, a cargo de Katherine Haringhton. Se declaró culpable por delitos de oferta engañosa, entre otros cargos. Recibió una sentencia de casi dos años, que terminaría a final de año. También solicitó la suspensión condicional de la pena. Sigue detenida en El Helicoide.
María Magaly Contreras
55 años
Ama de casa.
Está en libertad con régimen de presentación y trabajo comunitario. Estuvo privada y le dieron cautelares en abril. Tiene problemas renales y psiquiátricos. Vive en el sector La Cañada, de Maracaibo, en el estado Zulia. Estuvo recluida en El Helicoide.
Daniely Benítez Benítez
33 años
Estudiante de la Escuela de Artes (UCV). Músico con 25 años en el Sistema Nacional de Orquestas, miembro de Só Sambistas, con varios discos.
Acusación fiscal: Fraude informático, instigación pública e instigación al odio.
Estudiaba en la misma escuela de Ginette Hernández. Fue detenida irregularmente durante 5 días puesto que la ley estipula que el máximo antes de ser presentado en un tribunal es 48 horas. El Sebin practicó un allanamiento con cerca de 50 funcionarios en el domicilio de Benítez. Se llevaron cuatro computadoras, una laptop, todos los pendrives. No era amiga de Ginette, pero sí la conocía. La acusación también fue impulsada por la Fiscalía 20, a cargo de Katherine Haringhton. Quedó en libertad con una medida cautelar de presentación cada 30 días. Fue sobreseída en junio de 2015. Diosdado Cabello la acusó en televisión de ser la autora de los tuits en la cuenta @hiipolita y nunca se retractó de las acusaciones contra Daniely ni pidió disculpas. Los equipos sustraídos de la vivienda no han sido devueltos. La tesis de grado de Daniely debió ser reconstruida con extractos de material que tenía impreso. Logró graduarse de la Escuela de Artes de la UCV.
Abraham David Muñoz Marchán
18 años
Estudiante de Ingeniería (Universidad de Carabobo, UC).
Acusación fiscal: Instigación al odio, instigación para delinquir y delito informático.
Vive en Morón, estado Carabobo. Los agentes del Sebin ingresaron violentamente en su casa y se lo llevaron sin orden de aprehensión ni conocimiento de delitos, presuntamente por sus comentarios sobre la muerte de Robert Serra, indicó organización Venezuela Awareness. El 9 de octubre fue trasladado a la sede del Sebin en el Helicoide, Caracas.También fue mencionado por Diosdado Cabello en su programa ‘Con el mazo dando’. Fue puesto en libertad con medidas cautelares. Su defensa estuvo a cargo del Foro Penal Venezolano.
Durante la transmisión de la edición 24 de Contacto con Maduro, el presidente Nicolás Maduro nombró nuevos titulares en cuatro viceministerios. Dos de estos designados son funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos con el congelamiento de sus bienes en ese país.
Se trata, en primer lugar, de la fiscal 20 nacional, Katherine Haringhton, en el viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal. Maduro elogió a la nueva viceministra, de quien dijo que era una “joven abogada profesora de derecho público de universidades venezolana”, al tiempo que criticó nuevamente la medida del gobierno estadounidense que afectó a Haringhton junto a seis altos militares.
Maduro, además, anunció el nombramiento del general Manuel Pérez Urdaneta como viceministro de prevención y seguridad ciudadana, “otro de los llamados sancionados por el Imperialismo estadounidense (…) con los principios profundos de la ética, de la moral (…). Ha dirigido la PNB”.
Para ocupar la dirección de la PNB, Maduro designó a “otro patriota, destacado hombre de nuestra GNB, fue su comandante general (…), se trata del mayor general Juan Francisco Romero”. Designó, por último, al general de bomberos, Ángel Martínez, como viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil.
