Un adolescente de 12 años recibió un disparo en el costado derecho
Recientemente, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dispararon contra cuatro indígenas Warao (todos menores de edad), durante un operativo para confiscar dos curiaras en Cambalache, Ciudad Guayana. Las víctimas recibieron balazos en tobillos, piernas y manos. Uno de ellos, un adolescente de 12 años, recibió un disparo en el costado derecho.
Este no ha sido el único episodio de violencia que han vivido las comunidades indígenas en el estado Bolívar, ya en otras oportunidades la prensa regional ha reseñado acciones donde han estado involucrados, no sólo las FANB sino el hampa común. De hecho, comunidades indígenas en el estado denuncian con frecuencia ser víctimas de violencia y extorsión por parte de cuerpos de seguridad del Estado que, aseguran, no les protegen del asedio de grupos armados ni piratas de río. Aseguran que frecuentemente los militares confiscan sus trenes de pesca, curiaras y motores de lancha. Y para recuperar lo confiscado, deben pagar hasta 500 dólares a los funcionarios.
La presencia militar en la zona –aseguran los afectados– no se traduce en mayor seguridad para las comunidades indígenas frente a la incursión de grupos armados, especialmente en territorios mineros.
Un patrón que se repite en zonas mineras
Las agresiones a las comunidades indígenas tienen un patrón que, si se mira en retrospectiva, ha venido creciendo con el tiempo. De acuerdo al equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) los episodios no son de reciente data. De hecho, consideran que en el Alto y Bajo Caura, municipio Sucre, la situación es crítica.
“A principios de 2020, tres Yekuanas pertenecientes a la Guardia Indígena del Caura fueron asesinados por grupos armados. Según la información proporcionada por la organización Wataniba, la coordinación Kuyujani Ye’kwana-Sanemá de la cuenca del río Orinoco denunció ante organismos de seguridad estatales la amenaza de entrada a la fuerza de los grupos armados días antes de lo sucedido y solicitaron protección, sin embargo, no obtuvieron respuestas”. Resaltó el equipo.
A principios de 2021 el capitán general del pueblo Jivi, y otras tres personas fueron asesinados en una mina del territorio, y por ello organizaciones no gubernamentales pidieron una investigación imparcial de los crímenes, solicitud que nunca llegó a concretarse.
En paralelo, ese mismo año, comunidades indígenas Jivi, Yekuana y Sanema reportaron a la ONG Kapé-Kapé que, durante las incursiones militares por operativos de seguridad para desplazar a los grupos armados de la zona, los funcionarios del Estado maltrataron a los habitantes y causaron destrozos en viviendas y conucos.
Para estas comunidades, la presencia militar aumentó la tensión con grupos armados, ya que quedaron en medio de un fuego cruzado. El resultado fue que más de 20 familias indígenas huyeron de la zona a mitad del año pasado.
“En el municipio Sucre, dos capitanes del pueblo Jivi han sido asesinados a manos de grupos delincuenciales, y otros dos líderes indígenas permanecen desaparecidos desde 2018. Las muertes se mantienen impunes, y las desapariciones sin búsqueda”. Resaltó el OVV en Bolívar.
En opinión del equipo, los indígenas enfrentan un asedio bilateral: La violencia de un Estado que incumple su responsabilidad de garantizar protección y el accionar de grupos armados que operan con aquiescencia gubernamental.
Desde el OVV Bolívar, se considera imperante que los organismos competentes den respuesta a la problemática indigenista. “Desde el 2016 no se actualizan portales para la rendición y cuentas sobre avances y logros en la materia. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, procesos como demarcación de hábitats, garantía de la educación intercultural bilingüe y capacitación para la autogestión son deudas de vieja data para con estas comunidades”. Señala.
Finalmente, reconocieron la importancia de implementar acciones reivindicatorias inmediatas, por lo que exhortaron al Estado el cabal cumplimiento de sus deberes.
