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Derechos sin revés: La atención psico-jurídica establece nuevas estrategias para la superación de la impunidad

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Magally Huggins, psicóloga social, especialista en criminología y profesora universitaria, cree que “el camino del duelo hay que transitarlo y enfrentarlo. Asumirlo es un derecho de las víctimas”.

La experta reconoce que las personas que han perdido hijos, hermanos, esposos, experimentan un dolor paralizante e intenso. Lo cierto es que ese dolor nunca desaparece, solo cambia, y para sobrellevar las pérdidas y el sufrimiento, la ayuda psicológica oportuna, es necesaria.

En efecto, la atención psicosocial de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos puede entenderse, en términos generales, como un proceso de acompañamiento, individual, familiar o comunitario, orientado a afrontar las consecuencias de un posible impacto traumático y a promover el bienestar y el apoyo emocional y social de la persona.

El objetivo del acompañamiento psicosocial es apoyar a la víctima en el proceso de duelo y mitigar el impacto   físico, mental y emocional que tiene la pérdida del ser querido. Eso significa que la víctima pueda sentirse segura, tener esperanzas y opciones de vida. Que recobre el sentido de espiritualidad, sus creencias y relaciones personales. Que vuelva a encontrarle significado al mundo, que pueda tener apoyo, protección y   capacidad de planear y resistir con fortaleza y determinación.

Desde la experiencia de COFAVIC es muy importante que las víctimas reconozcan la perspectiva social e identifiquen el contexto en el cual se le han violado sus derechos humanos, de manera tal que quienes se ven afectados o afectadas, puedan trascender su dimensión individual e inicien un proceso de implicación y participación en la reducción de factores que incidan en el incremento de la violencia y la impunidad.

El abordaje psicosocial debe hacerse considerando las necesidades y demandas concretas de cada persona afectada y tomando en cuenta el entorno en el que se desenvuelve. Es importante establecer un vínculo de confianza y de apoyo entre el profesional y la víctima y evitar a toda costa la re-victimización. Es decir, el principio de toda intervención es no hacer daño, por eso es necesario evitar que la atención produzca situaciones negativas para la vida de la persona o la exposición a nuevas experiencias estresantes, muchas de ellas motivadas por la criminalización y estigmatización que a veces fomentan los cuerpos policiales e instituciones responsables de impartir justicia.

En Cofavic creemos en la importancia de que las víctimas reciban una atención integral, de allí que ofrezcamos asesoramiento psico-jurídico, cuyo principal objetivo es fortalecer a las víctimas y potenciarlos como sujetos de derechos y actores sociales claves en la transformación de sus realidades. Es un enfoque que busca articular los objetivos de apoyo desde el Derecho y de la Psicología, es una herramienta de trabajo que puede ser incorporada a cualquier litigio y empleada dentro de las instituciones públicas, por abogados litigantes, así como por organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Lo psico-jurídico establece nuevas estrategias para la superación de la impunidad, en la medida que se apoya en el bienestar emocional de las víctimas, los denunciantes y de quienes participan como testigos y peritos dentro del proceso de litigio, al tiempo que acompaña psicosocial y emocionalmente a la persona afectada.

Desde esta perspectiva, los procesos judiciales no deberían realizarse a espaldas de las víctimas, sino que ellas deben ser consideradas en sus derechos y necesidades. Y es allí, donde el acompañamiento psico-jurídico se enfoca en cómo las víctimas se apropian de sus casos, exigen y cómo se generan nuevos procesos para la superación de la impunidad y el daño emocional.

Desde nuestra experiencia, bajo esta perspectiva de trabajo, los familiares y víctimas se transforman en figuras protagónicas, donde las mismas se destacan por tomar las decisiones pertinentes que puedan contribuir a una investigación justa, transparente e independiente. Las víctimas dejan de ser sujetos inactivos que están solamente para la consulta o transmisión de información dentro de la interlocución con los organismos encargados de hacer justicia, para convertirse en una pieza fundamental que contribuye a la investigación.

En COFAVIC creemos que el acompañamiento psico-jurídico no solo es una estrategia para evitar procesos de revictimización, sino que también contribuye a fortalecer a las víctimas como sujetos de derechos. Asimismo, es un apoyo clave que permite que las víctimas identifiquen otras acciones de exigibilidad moral y social, como aquellas que promueven una cultura de la memoria que reivindique la dignidad de las personas asesinadas o desaparecidas o de aquellas víctimas de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes. Adicionalmente, estas acciones marcan un precedente para la no repetición de los crímenes.

ENVÍENOS SU COMUNICACIÓN:

Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

Dulce de lechosa para el alma, por Carolina Jaimes Branger

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Las Navidades venezolanas nos han dejado bellas –y deliciosas- tradiciones. Una de ellas es el dulce de lechosa. No hay cosa más rica que saborear uno después de comerse las hallacas de la mamá o de la abuela. Este año muchas familias dejarán de comer hallacas porque no les alcanza el dinero. Tal vez la primera vez en muchos años o en su vida entera. La hiperinflación acabará con nuestras Navidades y todo lo que pueda significar celebración. Más cuando la mayoría de nuestros festejos –tal vez por nuestra herencia mediterránea- se llevan a cabo alrededor de una mesa. Muchos venezolanos no podrán celebrar porque no tienen comida ni dinero para comprarla.

Y es que en la vapuleada Venezuela de hoy, aun cuando haya dinero, no hay motivos para celebrar. ¿Quién puede celebrar cuando hay gente muriendo de hambre? ¿Quién puede celebrar que haya personas revisando la basura de otros, a ver qué encuentra? ¿Quién puede celebrar cuando hay gente muriendo de mengua por falta de medicamentos para condiciones crónicas? ¿Quién puede celebrar sabiendo que han fallecido por desnutrición varias decenas de niños? ¿Quién puede celebrar mientras la desesperación se desparrama, la angustia se hace crónica y la desesperanza incurable?…

Pero aún hay gente que celebra. Atónitos, por decir lo menos, los venezolanos hemos sido testigos de fiestas rocambolescas –las fotos con todo desparpajo circulan por las redes sociales- donde el güisqui de 18 o más años ha corrido como agua, los anfitriones e invitados se han fotografiado metidos en jacuzzis –caprichos de millonarios- departiendo alegres con pre o post pagos semidesnudas. No estoy juzgando sus estilos de vida. Simplemente me molesta la hipocresía, esa abierta contradicción entre lo que dicen y lo que hacen, sus discursos de solidaridad social y sus vidas disipadas, gastando el dinero que no se han ganado y que tanta falta le hace a un sinnúmero de venezolanos de bien.

También hemos visto en cadena nacional celebraciones de cumpleaños donde nos han restregado en la cara lo poco que les importa la desgracia ajena, con baile incluido. ¡Hay que ser bien insensible ante el sufrimiento para ponerse a bailar y que encima todo el país se entere! 

El tema de la sensibilidad es delicado. Porque para que alguien tenga sensibilidad se requiere que primero sienta empatía. Y hay personas que no sienten empatía por nadie. Los asesinos, por ejemplo, no tienen el más mínimo remordimiento de conciencia de haber matado a uno o a muchos inocentes. No se conduelen ante el infortunio o la tristeza de otros. No sienten desasosiego. Son sociópatas, antisociales o sicópatas. En cualquiera de los tres casos, la ausencia de empatía es el denominador común. Durante la II Guerra Mundial, los nazis asistían a celebraciones después de haber torturado y asesinado a miles de judíos. El proceso de deshumanización de las víctimas era total.

Por eso el dulce de lechosa es tema aparte. Desde aquella vez que alguien se comió uno para celebrar, el dulce de lechosa se convirtió en un símbolo de la celebración tácita. No importa que sea o no Navidad. Con tantas desgracias que hemos vivido este año, mi alma necesitaba un dulce de lechosa y la Providencia me lo otorgó… Siento schadenfruede, como la llaman los alemanes. ¡Dieciocho años! Dieciocho largos años en este tormento. Dieciocho desesperantes años. Dieciocho agobiantes años. Pero apareció una luz al fondo del túnel, un acto de justicia… ¡y me comí un delicioso dulce de lechosa! 

@cjaimesb

Humberto Prado: “Crisis de derechos humanos en Venezuela requiere de mayor acción nacional e internacional

EL 10 DE DICIEMBRE SE CONMEMORA el Día Internacional de los Derechos Humanos, el cual fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1950, para difundir los valores consagrados en la Declaración Universal, realizada por ese mismo organismo en 1948.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales mensajes ha sido la promoción y protección de derechos en todas las naciones. El respeto a la dignidad de la persona es el fundamento para la libertad, la justicia y la paz en el mundo, derechos que se han visto severamente golpeados durante los últimos 20 años en Venezuela.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), destacó que este año la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos se vio empañada por un proceso electoral, algo totalmente inusual para este día, y que seguramente sería tomado en cuenta por el Gobierno de cualquier parte del mundo.

“Esta Declaración ha sido incorporada a las constituciones de muchas partes del mundo para seguir sus lineamientos en políticas públicas y para que sus ciudadanías reciban protección legal. Se trata de derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica”, recalcó Prado.

Para nadie es un secreto que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en Venezuela han sido violados continua y sostenidamente; aunado a la persecución contra los defensores de derechos humanos, que representan la punta de lanza de la Democracia, manteniéndose con sus principios y valores intactos por la lucha de las libertades de los derechos humanos.

La organización no gubernamental The World Justice Project, que analiza el sistema judicial en 97 países, evalúa a la Justicia venezolana como «la peor del mundo», incluso por debajo de Zimbabue o Irán. Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado una cacería de brujas en Venezuela a través de un patrón sistemático de abusos contra quienes se oponen al Gobierno.

Además del Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos y sus relatores, que han llamado la atención sobre la denigrante situación en Venezuela, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Al Hussein, también ha destacado la preocupación de la ONU por el «alto grado de represión a la oposición y a grupos de la sociedad civil, arrestos arbitrarios y excesivo uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos».

Por su parte, en el más reciente informe de Human Rights Watch destacaron que la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos se ha intensificado desde 2014, y las pobres respuestas gubernamentales a la crisis han vulnerado los derechos de los venezolanos a la salud y la alimentación.

“Otras preocupaciones que persisten son las condiciones deficitarias en las prisiones, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento continuo contra defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por parte de funcionarios gubernamentales”, destaca el documento.

Con respecto a la gravedad de la crisis humanitaria, Human Rights Watch detalló que para los venezolanos es sumamente difícil obtener atención de salud esencial y la escasez severa de alimentos es un obstáculo para que muchas personas tengan una nutrición adecuada. Por lo tanto, concluyeron que las acciones para reducir la escasez no han tenido resultados satisfactorios, y el Gobierno ha realizado gestiones muy limitadas para conseguir la ayuda humanitaria internacional que se encuentra disponible.

En tanto, cabe destacar que el Gobierno le ha negado el ingreso a Venezuela a expertos en derechos fundamentales, en particular del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias o el relator sobre la cuestión de la tortura del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Venezuela comparte con Siria, Bielorrusia e Irán el condenable rechazo a la cooperación internacional en materia de derechos humanos.

En ese sentido, Prado puntualizó que la crisis de los derechos humanos en Venezuela requiere de mayor acción nacional e internacional para que el Gobierno garantice la independencia de los Poderes (Electoral, Judicial y Ciudadano) conforme a estándares internacionales. Asimismo, resultan necesarios el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el regreso a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Las violaciones de derechos humanos apuntan a una “política sistemática de represión”

En el más reciente informe de la ONU sobre los Derechos Humanos en Venezuela, se reseñó que son múltiples los abusos y violaciones que se han cometido en el país en el contexto de las protestas antigubernamentales y esos hechos apuntan a la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.

“El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, señala el informe.

En el documento se pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examine la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, país que en la actualidad es miembro del Consejo.

“Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“Insto al gobierno de Venezuela a que aplique las recomendaciones de este informe y a que use sus conclusiones como guía para aportar verdad y justicia a las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos. Una vez más pido al Gobierno que renuncie a aplicar cualquier medida que pueda incrementar la tensión política en el país y exhorto a todas las partes a que entablen un diálogo sustancial con miras a poner fin a la crisis”, puntualizó el Alto Comisionado.

Por último, Prado hizo un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, deje en libertad a todos los presos políticos, lo que representaría un regalo de navidad para todas las madres, esposas e hijos de estos seres humanos que se encuentran privados de libertad.

 

Julio Borges: Recibimos el Sájarov en nombre de quienes sufren en Venezuela

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El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Julio Borges, recogió este miércoles el premio Sájarov de la libertad de conciencia pidiendo a la Unión Europea (UE) el envío de una misión para las presidenciales de 2018 a fin de que sean «unas elecciones libres».

Borges dijo este miércoles que la oposición venezolana recibe el Premio Sájarov en nombre de quienes sufren y merecen un futuro de oportunidades en Venezuela.

«Recibimos con humildad el premio que han conferido a nuestro amor por la paz, la democracia, la justicia y los derechos humanos. En nombre de toda Venezuela, muchas gracias», señaló el diputado por Primero Justicia, quien recibió el reconocimiento en el Parlamento Europeo.

Sostuvo que el Sájarov también honra la memoria de los «157 venezolanos asesinados por la brutal represión gubernamental durante las protestas pacíficas que se realizasron durante más de 130 días continuos en 2017».

«Tenemos el desafío de recobrar condiciones electorales que permitan a los venezolanos expresarse libremente en las urnas, sin chantajes ni presiones y que su voluntad sea respetada. Es una lucha que nos convoca a todos», agregó. Pidió a Europa continuar apoyando a Venezuela y que ponga toda su atención en los comicios.

«En los próximos meses debe haber una elección presidencial en Venezuela y le pedimos a Europa y al mundo que pongan atención en estos comicios», aseguró Borges.

Tras agradecer la propuesta del jefe de la cámara Antonio Tajani sobre una misión de observación, su par venezolano pidió «formalmente que una misión electoral acompañe por parte del Parlamento Europeo estas elecciones» para que sean «libres» y conduzcan a una «transición democrática».

Asimismo sostuvo que la lucha por recuperar la democracia va a continuar. «Más temprano que tarde, la larga lucha por la dignidad, referida por Sájarov, dará sus frutos y nos permitirá reconquistar la libertad».

*Con información de El Nacional y AFP

¡Nada justifica el homicidio! #InstintoDeVida en América Latina

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Aram Barra

Open Democracy

Durante el último año, unas 50 organizaciones de los 7 países más violentos de América Latina han impulsado una campaña por la reducción de homicidios. La coalición de #InstintoDeVida busca promover un debate honesto y abierto sobre la normalidad con la que hoy vivimos la violencia en la región. Retar el status quo y construir soluciones basadas en la evidencia y los derechos humanos.

La urgencia no es para poco. Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela concentran el 38% de los homicidios del planeta. Esto es, cada 15 minutos ocurren 4 homicidios en América Latina y el Caribe; un promedio de 144 mil personas son asesinadas al año.

Para cambiar esta situación, la coalición de organizaciones buscó, primero, estimular la empatía y facilitar la organización de movilización pública. Además de la protesta, diversas organizaciones en los 7 países buscaron promover actividades culturales para involucrar al mayor número posible de personas.

En San Salvador, Ciudad de Guatemala y Medellín se organizaron festivales para celebrar la vida. En Caracas y en Cali se convocaron a procesos de duelo públicos donde familiares de personas asesinadas recuperaron la esperanza a través de la memoria. Desde Río de Janeiro y hasta Ciudad de México, cientos de miles de latinoamericanos dijeron claro y fuerte: “¡nada justifica el homicidio!”.

A la par, diversas organizaciones en la región promovieron debates técnicos sobre la incidencia de homicidios y las políticas públicas basadas en evidencia que han mostrado impacto positivo en la reducción de la violencia letal. Atrás quedó la época en la que la ‘mano dura’ se presentaba como la única respuesta posible. Por el contrario, la represión a través del uso de la fuerza se reconoce cada vez más como una política incompleta, inefectiva y contra-producente para conseguir la reducción de homicidios.

Destaca el caso de México, donde en medio de una guerra contra las drogas financiada por los Estados Unidos, ha desplegado desde 2006 y hasta marzo de 2017 a 540.214 efectivos del ejército y 100.481 efectivos de la marina. El nada positivo resultado es bien conocido y ha llevado a México al año más violento en su historia moderna. También destaca Venezuela, donde entre mayo y septiembre de este año se reportaron 755 homicidios en la Gran Caracas, de los cuales 246 fueron víctimas de la fuerzas policiales en operativos (el 35%).

Por el contrario, ciudades como Pelotas en Brasil, Guadalajara en México y Medellín en Colombia dieron los primeros pasos hacia la puesta en marcha de planes locales de reducción de homicidios, de la mano de expertos, académicos y miembros de la comunidad. En Guatemala, el viceministerio de prevención de la violencia comenzó una serie de consultas públicas para la creación de una ‘hoja de ruta’ que mantenga la tendencia a la baja de los homicidios en el país.

 

En este sentido, la coalición #InstintoDeVida ha tenido a bien promover un menú de políticas públicas basadas en evidencia para la reducción de la violencia letal. Las intervenciones se clasifican en 5 grandes campos, a saber: las dirigidas a personas, a lugares, a los facilitadores o instrumentos; a las instituciones y al entorno.

Las intervenciones dirigidas a personas incluyen: la terapia cognitivo-conductual y otras técnicas estructuradas basadas en la psicología clínica que promueven cambios en el comportamiento; la prevención de la reincidencia; las políticas de prevención del feminicidio, incluyendo el mejoramiento de los servicios de salud que puedan identificar violencia en la pareja; la disuasión focalizada, y la mediación de conflictos.

Las intervenciones dirigidas a lugares incluyen: la intervención de puntos calientes identificados a partir de datos y direccionando recursos humanos y materiales a zonas definidas, y la intervención urbana que busca fortalecer la integración social y la recuperación del espacio público.

Las intervenciones dirigidas a facilitadores incluyen: la regulación y control de armas de fuego y municiones, incluyendo medidas para restringir su compra y porte; medidas focalizadas en la regulación del alcohol para reducir hechos de violencia, y estrategias de reducción de impactos en los mercados de drogas.

Las intervenciones dirigidas a las instituciones incluyen: el fortalecimiento de las capacidades del sistema de justicia para esclarecer los homicidios creando unidades especializadas para la investigación de homicidios con coordinación de la fiscalía, la policía y las autoridades civiles, y el fortalecimiento de las capacidades de la policía y su relación con las comunidades; creando policías profesionales con capacidad de acción en lo local y con relaciones positivas con la comunidad.

Finalmente, las intervenciones dirigidas a influir el entorno incluyen: la prevención temprana, fortaleciendo capacidades parentales y de protección familiar; el acceso a oportunidades y políticas sociales innovadoras que promuevan el crecimiento e inclusión de los más desfavorecidos y el desarrollo equitativo, y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para responder a la violencia.

Un catálogo completo, incluyendo la revisión de la literatura que apoya cada medida, puede ser encontrado en el menú de políticas públicas de #InstintoDeVida. El cúmulo de experiencia se basa en el análisis de las políticas instrumentadas en América Latina durante las últimas dos décadas. Además, se presentan como un menú, pues la pertinencia de cada una debe ser analizada a la luz de los desafíos del lugar donde se piensa utilizar.

Tras una reñida elección presidencial en Honduras, y el inicio de procesos electorales en Brasil, Colombia, El Salvador y México en los próximos meses, la coalición #InstintoDeVida buscará seguir fomentado un debate técnico honesto e informado, particularmente en el ámbito local. Además, muy probablemente veremos que todos estos países tendrán interesantes discusiones nacionales sobre seguridad. Después de todo, un proceso electoral es el lugar natural para modificar el camino o mantener el ritmo.

A día de hoy hemos logrado dejar atrás la idea de que las altas tasas de homicidios son normales o aceptables. Llegó el momento de entender sus causas y sus consecuencias, así como discutir lo que podemos hacer para cambiarlo. Para ello, es necesario que continuemos priorizando la reducción de homicidios en nuestras agendas públicas.

Además, debemos seguir insistiendo que los gobiernos locales y nacionales generen información pública y confiable sobre la violencia letal. La existencia de datos válidos y confiables es indispensable para formular y evaluar políticas de prevención y reducción de homicidios.

Es urgente que en los 7 países más letales de América Latina, adoptemos planes para la reducción de homicidios, acompañados de objetivos bien definidos. Para ello, hay que identificar claramente una teoría de cambio, con metas claras y recursos específicos. Después, generar alianzas para responder a los problemas más urgentes sin ignorar las transformaciones necesarias en el largo plazo.

La tarea frente a nosotros es titánica. Sin embargo, la buena noticia es que hoy sabemos lo que funciona para reducir el homicidio y tenemos, además, buenas radiografías del fenómeno para poder actuar en consecuencia. Es decir, conocemos el problema y tenemos herramientas a nuestra disposición. Ahora es momento de poner manos a la obra y construir paz de una vez por todas en nuestra América Latina.

InstintodeVidaCintillo

 

Cicpc ejecutó a un hombre dentro de su casa en Baruta

Wilker Alexander Ruiz Urbina estaba viendo televisión junto a sus dos sobrinos la mañana del 16 de agosto en su casa ubicada en el sector El Chorrito de Hoyo de la Puerta, municipio Baruta. Hasta su casa llegaron varios funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes luego de sacar a los niños del inmueble procedieron a llevar a Ruiz Urbina hasta un baño de la casa, donde le dieron dos tiros.

Familiares del joven indican que el asesinato, fue consecuencia de un acto de ingenuidad cometido por la hermana de la víctima, quien dio albergue a dos mujeres, quienes presuntamente se habían quedado sin vivienda y una de ellas fue la que implicó a Ruiz Urbina en el supuesto robo de un vehículo que ellas habían llevado hasta la comunidad. Esta habría sido la razón por la que funcionarios del Cicpc lo fueron a buscar y luego lo mataron.

“Wilker era barbero, además trabajó como mototaxista y mecánico, no tenía problemas con nadie, era un muchacho sano, él único error que cometió fue creído en las palabras de esas mujeres y haber lavado el carro que estaba parado frente a su casa”, dijo su mamá quien acababa de llegar de la ciudad de Santiago de Chile a donde había emigrado y hacia donde esperaba llevarse toda su familia.

Lea también: #MonitordeVíctimas | “Vean bien a quién están matando en los operativos”

Agregó que el 16 de noviembre, “los funcionarios policiales llegaron al sector, allanaron varias viviendas, buscando a dos mujeres llamadas Paola y Tábata, así como a “un hombre negro y cojo quien andaba con muletas”, y preguntaban por el dueño del carro que estaba estacionado, como nadie sabía a quiénes buscaban, los policías se metieron en varias viviendas donde agredieron a los habitantes y los golpearon esperando respuestas. Finalmente una de las mujeres que habían albergado en la casa, dijo que Wilker lo había estacionado.

Esa afirmación bastó para que se metieran en la casa, “sacaran a todas las personas que estaban dentro, llevaran al muchacho hasta un baño y lo mataran, luego se llevaron sus herramientas de trabajo, máquinas de cortar cabello, secadores, pinzas”.

El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, “esperamos que se haga justicia”, dijo la mamá del joven muerto.

Muertes a manos del cuerpo detectivesco

Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas han sido señalados de participar en la muerte de 117 personas de acuerdo a las cifras recabadas por el Monitor de Violencia entre los meses de mayo y octubre de 2017, período en el que se recopiló la data sobre el asesinato de 883 personas en el Distrito Capital.

Estos 117 fallecidos representan el 13% del total de las muertes ocurridas en el lapso antes mencionado.

Sin embargo cuando se estudian las muertes provocadas por la acción de los organismos policiales, 305 de las 883 cayeron abatidas por balas disparadas por los cuerpos de seguridad. De ese total el Cicpc es el causante del 38% de las muertes, sólo superado por la Policía Nacional Bolivariana que se adjudica el 52% de los decesos con 159 muertos.

Cabe destacar que al analizar la causa de la muerte, el cuerpo detectivesco encabeza el listado en los casos de ejecuciones con 59 de un total 119 denuncias, esto representa el 49,5% de las ejecuciones ocurridas entre mayo y octubre.

El análisis de la data recopilada arroja que 88 niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de las acciones del Cicpc. 22 de las víctimas tenían un hijo, 14 eran padres de dos niños, tres tenían tres pequeños, 4 eran padres de 6 vástagos y uno dejó cinco hijos.

@carlos_dhoy

 

Hay 353 presos políticos en Venezuela según cifras del Foro Penal

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El abogado y director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, dio a conocer que existen 353 personas privadas de libertad por motivos políticos distribuidos en todo el territorio nacional.

La cifra se modifica tras 29 liberaciones y dos nuevos arrestos, ocurridos entre el pasado lunes 30 de octubre y este 6 de noviembre. Entre las liberaciones destacan la de los líderes políticos Yon Goicochea y Delson Guarate, quienes fueron liberados la noche del viernes 3 de noviembre.

Amnistía Internacional: Gobierno de Maduro llevó la represión de la calle a las casas

AllanamientoCCS2017

 

En medio de una política de represión de la población, el gobierno venezolano ha extendido su control con el allanamiento ilegal de viviendas y ataques a zonas residenciales por fuerzas de seguridad, alertó hoy Amnistía Internacional (AI).

«Se trata de un mecanismo más de represión, un mecanismo que está llevando la represión de las calles a la vida privada y al espacio privado de las personas, generando una situación de terror», dijo a Efe Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

El día en que se presenta el informe «Noches de terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela», Guevara-Rosas explicó que los allanamientos, la mayoría enmarcados en las masivas protestas de la oposición de abril a julio que dejaron más de 120 muertos, agravan la «violación de derechos humanos» en ese país y violan «los estándares internacionales».

Para la elaboración del informe, un grupo de expertos de la ONG viajó a cuatro ciudades venezolanas -en los estados de Miranda, Carabobo y Lara, además del Distrito Capital (Caracas)- con un elevado número de allanamientos, y también recogieron datos de entidades civiles locales.

«No tenemos registros precisos, pero sabemos que hay reportes y denuncias de por lo menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados» sin saber si han desencadenado detenciones, indicó la representante de AI.

El informe destaca que hay «evidencia de que, inmediatamente después de las manifestaciones, los cuerpos de seguridad del Estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales».

Pero algunos allanamientos se producían «muchas horas después», y en unos y otros se incumplía la propia legislación venezolana que exige una orden judicial para los registros domiciliarios.

Entre quienes acogían a manifestantes en sus casas, hubo incluso detenciones arbitrarias «de corto plazo» y violencia.

«Es alarmante que en todas las comunidades entrevistadas fue consistente el relato de uso de violencia como golpes con las armas o patadas a las personas que estaban siendo arrestadas», señala el informe.

Según el testimonio de algunas de las 120 personas entrevistadas, también hubo uso de armas de fuego y gases lacrimógenos, destrozo de las zonas residenciales y robo de objetos dentro de las propiedades como relojes, computadores o teléfonos móviles.

En ocasiones los allanamientos los llevaban a cabo grupos de civiles armados que «operan en paralelo y, de alguna manera, con el apoyo de las autoridades», explicó Guevara-Rosas.

Por ello, Amnistía Internacional considera «incuestionable» que Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, padece una «crisis inconstitucional».

Y está «estrechamente ligada a altos niveles de impunidad», con detenciones arbitrarias, configuración de grupos civiles armados y ahora el allanamiento ilegal a domicilios.

AI concluye que es «imperativo» que el Estado venezolano cese de inmediato los allanamientos y detenga «de forma urgente» la práctica de «uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad».

También solicita que se «investigue y sancione de manera eficiente e imparcial, y por un tribunal civil, las acciones de grupos civiles armados» y a los funcionarios que llevaron a cabo dichos allanamientos.

Además, pide al gobierno de Maduro «las garantías necesarias para que las investigaciones sean imparciales y no supongan un riesgo para las víctimas que busquen justicia y reparación integral».

Y también que «garantice los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la vida privada», y libere a quienes han sido detenidos de manera arbitraria en estos meses, declinando asimismo las competencias otorgadas a los tribunales militares.