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La Misión establece una investigación para determinar si hay o no hechos que pudiesen considerarse como tratos crueles, torturas o crímenes de lesa humanidad

El informe demuestra que las violaciones a los DDHH no solo están vinculadas a la oposición política sino también al ciudadano común como un elemento de control social

@fefamaya

Ante el informe publicado por la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, nueve organizaciones declararon la importancia y relevancia que tiene la publicación sobre las violaciones de los derechos humanos en el país. 

El informe se publicó el 16 de septiembre de 2020, un año después de que se creara la Misión que llevó a cabo la investigación rigurosa. Este grupo se integró únicamente para investigar y realizar el informe de los hechos desde el 2014 hasta el 2017. 

Ofrece amplia información que demuestra que las autoridades del Estado ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes de lesa humanidad documentados.

El informe asegura que «los servicios de inteligencia del Estado han jugado un papel integral en los patrones de violaciones cometidas». También señala que las agencias de inteligencia identificaron objetivos, llevaron a cabo arrestos, detenciones e interrogatorios y torturaron o trataron inhumanamente a los detenidos, principalmente en la sede de los servicios de inteligencia en Caracas, fuera del ámbito del sistema penitenciario.

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Runrun.es contactó a nueve organizaciones defensoras de derechos humanos para conocer su opinión sobre la publicación del informe. Estas fueron las reacciones de diferentes ONGs ante el informe publicado:

Acceso a la Justicia

El director de la organización, Alí Daniels, aseguró que es un informe mucho más duro con respecto a la situación venezolana, porque califica como crímenes de lesa humanidad lo que ocurre en Venezuela. Adicionalmente, indica que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son los que dan las órdenes de acciones que terminan en la comisión de estos crímenes. También se involucra al ministro de la defensa y a los que hayan sido ministros de Relaciones Interiores del 2014 hasta hoy en día. 

“No solamente se indica que se cometen crímenes como desaparición forzada, torturas, respeto de disidentes políticos o personas que protestan, si no que también amplía el marco de las violaciones de derechos humanos a ciudadano común, es decir, involucra a las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y ahí establece un marco de actuación a través del cual, las FAES sobre todo, son responsables de estos crímenes de lesa humanidad”, explicó.

Adicionalmente, agregó que el informe es muy importante porque demuestra que las violaciones a derechos humanos no solo están vinculadas a la oposición política sino también al ciudadano común como un elemento de control social y también esto es trascendente en la medida que se trata de una estructura del Estado no solo para controlar a la oposición sino también controlar a la sociedad a través de la violencia.

Observatorio Venezolano de Prisiones

La directora del Observatorio, Carolina Girón, indicó que lo más relevante del informe es la responsabilidad directa de altos jerarcas del régimen en la violación de derechos humanos de manera constante y sistemática sobre ciertos grupos de la población. Determinando un patrón que consiste en delitos de lesa humanidad.

Además, Girón señaló que es una misión que se integró nada más para investigar y hacer el informe de los hechos desde el 2014 hasta el 2017. Debido a tantas denuncias que se hicieron. Se ha hecho en Guatemala, en Myanmar, Ruanda, países donde estas misiones de las Naciones Unidas se han conformado para la averiguación a fondo de hechos de violaciones de derechos humanos.

“La publicación de este informe es la culminación de una parte de las investigaciones hechas hasta ahora. Quedaron muchos puntos en el tintero sobre todo del Arco Minero y los delitos ambientales, el tiempo no fue suficiente para seguir investigando”, dijo.

Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Mayda Hocevar, directora del Observatorio, afirmó que la determinación de la responsabilidad individual de altos cargos del gobierno tiene el carácter intencional, planificado, sistemático y generalizado de estos crímenes que los convierte en crímenes de lesa humanidad.

Hocevar explicó que se trata de un informe emitido por un equipo especial independiente la misión de determinación de los hechos, dirigido específicamente a documentar 4 tipos de crimenes contra los derechos humanos: las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los tratos crueles y tortura y las detenciones arbitrarias cometidas en Venezuela desde el año 2014. Se trata precisamente de los crímenes más graves contra los derechos humanos contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que establece la responsabilidad individual y no de los Estados.

“Es el primer informe de su tipo realizado por un equipo independiente elegido por el Consejo de derechos humanos ONU del cual Venezuela forma parte. Permite cercar cada vez más a los violadores de derechos humanos. Esperemos que sirva de apoyo e impulse el proceso en la Corte penal internacional. El informe supone también un reconocimiento a las víctimas y sus familiares”, aseguró la directora del Observatorio. 

Convite

El cofundador de Asociación Civil Convite, Luis Francisco Cabezas, dijo que lo más relevante del informe es el hecho de que se establezcan responsabilidades o indicios. Se debe tener en cuenta que la Misión no juzga, solo establece una investigación para determinar si hay o no hechos que pudiesen considerarse como tratos crueles, torturas, crímenes de lesa humanidad. Por tanto, este informe es relevante porque dice que sí hay indicios de que hay un patrón a través del cual se cometieron desde el Estado.

“Es importante que se publiquen estos hechos ya que deslegitima aún más a un gobierno que usurpa el poder. Esto puede generar que dentro del propio gobierno se abstengan muchos actores, militares o políticos, a querer incurrir en este tipo de prácticas. Esto siembra un precedente y deja claro que la justicia va a ir sobre todas esas personas que hayan dado órdenes, no se negaron a cumplir la orden de torturar y maltratar”, indicó Cabezas. 

Proiuris

El especialista en derechos humanos y asesor editorial de Proiuris, Édgar López, asegura que lo más importante es que la Misión haya dicho que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, lo cual implica la violación de derechos humanos realizada de manera sistemática y generalizada. 

Adicionalmente, reiteró que ante la falta de contrapesos institucionales en Venezuela que implican un déficit de democracia, la posibilidad más real de visibilizar este tipo de atropellos extremos que contienen crímenes de lesa humanidad está planteada solo ante estas instancias internacionales. 

“Esta misión se creó en septiembre del año pasado y contra todas las dificultades, incluyendo la pandemia y la nula colaboración del Gobierno, la Misión presentó en el plazo previsto este informe contundente que está muy bien fundamentado y responde al trabajo que las organizaciones de derechos humanos han venido realizando”, afirmó López.

Justicia, Encuentro y Perdón

Martha Tineo, especialista en derechos humanos de Justicia, Encuentro y Perdón, explicó que el informe es una fotografía de la terrible crisis de derechos humanos que afronta Venezuela y avala las denuncias de crímenes de lesa humanidad abanderadas por diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y al ser ésta una organización encabezada por una víctima resaltamos que el testimonio de ellas haya sido eje central en esta investigación imparcial e independiente.

 “Es altamente significativo que el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, ocurra en momentos cuando el régimen bajo el mando de Nicolás Maduro se mantiene cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, ya no por reclamos de naturaleza política como ocurrió en el pasado reciente, sino por exigibilidad de derechos económicos y sociales en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja”, reiteró Tineo. 

Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui

La coordinadora de la organización, Milagros Carmona, destacó que fue de gran importancia el contacto directo que tuvieron los investigadores de la ONU con los familiares de víctimas en la documentación de casos e investigación. A pesar de que a Venezuela se le hicieron las recomendaciones por las violaciones de derechos humanos, el Gobierno venezolano no hizo nada para detenerlas. Más bien todo lo contrario, contribuyó con la creación de las FAES. 

Por otra parte el director institucional de la fundación, Alcides Magallanes, reiteró que la importancia de esta publicación radica en enterar a la opinión pública nacional e internacional de la situación de violación de los derechos humanos más elementales en Venezuela. Considerando que es el escrutinio de dominio público como la fuerza más importante en la lucha contra la barbarie.

Una Ventana a la Libertad

El coordinador general de la ONG, Carlos Nieto Palma, reiteró que este informe determina quienes son los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos. Es claro y minucioso en todo su contenido y refleja una exhaustiva explicación de cada uno de los hechos de los cuales ellos resaltaron en el informe. 

Además de tomar en cuenta a los presos políticos, Nieto señaló que también considera a ciudadanos comunes que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, los que han sido víctimas de violaciones por parte de las OLP.

“El mundo tiene que enterarse de que estamos ante un régimen que viola los derechos humanos, que no respeta los derechos humanos. Se ha convertido en un violador constante y permanente de los DDHH, no solamente de los que aparecen en este informe, a lo mejor hay muchas cosas más que este informe no trae pero que tampoco estaban en la Misión que les tocó a ellos investigar. La Misión tenía una especificidad única para investigar pero aspiramos que ahora se va a discutir si se les prorroga el tiempo de estudio de la situación de Venezuela”, aseguró. 

Transparencia Venezuela

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, aseguró que este informe es importante para todo el país, es un documento histórico. “Hay algunas consideraciones que son importantes porque es ver que un organismo internacional serio e independiente le está diciendo al mundo cosas que los venezolanos ya sabíamos y ya vivíamos”, dijo.

Para Transparencia Venezuela en particular, los párrafos 116-117 son de gran importancia. Ya que señalan, cosa que no había hecho el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que la corrupción en Venezuela tiene un papel en la violación de derechos humanos y que, además, hace falta una investigación mucho más profunda porque lo que ocurre en Venezuela con el tema de la corrupción trae consecuencias y es un factor motivador de la violación de DDHH.

De Freitas agregó que la corrupción en Venezuela no es lo mismo que ocurre en otros países, asegurando que es una gran corrupción que se instaló a través un patrón de corrupción de forma sistemática y generalizada desde el 2003 con la creación de las primeras misiones, el control de cambio y de precio y los inicios de los procesos de control de los poderes públicos.

“El informe cita un estudio de Transparencia Venezuela en el que se indica que actualmente hay alrededor de 80 casos que se están judicializando en las Fiscalías y tribunales de 21 países. Esto da una idea clara del alcance y presencia de la gran corrupción en la vida de los venezolanos”, dijo. 

Ante un público reducido el 22 de septiembre 

Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) anunció la exhibición del documental “Contra el olvido: hambre, calle y represión”, así como un informe general donde abordarán los estragos de la crisis y violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

En un programa radial, la abogada y defensora de derechos humanos adelantó que el audiovisual reúne testimonios de víctimas indirectas de los estados Zulia, Mérida, Barinas, Sucre, Bolívar y Lara que denuncian casos de ejecuciones extrajudiciales en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.

“Queremos mostrar las historias, visibilizar ante los venezolanos y el mundo las violaciones por exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, llámese servicios públicos, atención médica, acceso a la alimentación, etc. Estas personas lamentablemente se han tenido que enfrentar al mismo patrón de represión que se ha utilizado antes para el control de manifestaciones por exigibilidad de derechos políticos”, lamentó Tineo.

Agregó que el audiovisual, con un tiempo de duración de 80 minutos, será proyectado a un público restringido, el próximo 22 de septiembre, “en aras de garantizar la seguridad de las víctimas, pero posteriormente pretendemos mostrarlo públicamente”.

No obstante, Tineo especificó que las personas interesadas podrán ingresar a la página web, redes sociales y plataformas digitales de Justicia, Encuentro y Perdón donde en lo sucesivo serán mostrados aspectos resaltantes del documental, a la espera de la presentación general.

“Estos testimonios serán acompañados por las declaraciones y opiniones de expertos en la materia como Susana Raffalli, Marco Ponce, Luis Buttó, Feliciano Reyna, Juan Carlos Gutiérrez y Joaquín Ortega, quien además es el guionista del documental”.

La coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón puntualizó que el documental y el informe buscan “documentar los crímenes cometidos, sensibilizar a la comunidad internacional y exigir la aplicación justicia, pero además proponen la construcción de memoria histórica junto a la sociedad venezolana”.

Los responsables del Caracazo siguen impunes, tras 31 años de los hechos y 18 años del fallo de la CIDH que ordenó al Estado venezolano reparar esa violación de derechos humanos y sancionar a sus ejecutores

De Plan Ávila pasamos a Plan Zamora. De las fosas comunes de La Peste pasamos a las torturas de los esbirros del siglo 21 y más de 400 presos políticos. Y de las ejecuciones extrajudiciales de 1989 pasamos a las del Sebin y las FAES en 2014, 2017, 2019 y contando… 

“El incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad”, resalta Liliana Ortega

11.328 casos de ejecuciones extrajudiciales ha registrado Cofavic entre 2012 y 2020

@nelapalaciosr

El pasado 27 de febrero de 2020 se cumplieron 31 años de los sucesos ocurridos en Caracas que pasaron a la historia como “el día que bajaron los cerros” y que desencadenaron una ola de saqueos que fueron reprimidos con la fuerza militar venezolana tras la activación del Plan Ávila. 

Y hace 18 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un fallo histórico, sentenció al Estado venezolano por lo ocurrido y exigió la indemnización de las víctimas, la justicia efectiva para cada uno de los casos y la sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos (DDHH) documentadas en ese proceso.

El Estado venezolano indemnizó a las víctimas, pero sigue en mora con la justicia: los responsables de los hechos se mantienen impunes y ni siquiera la normativa de orden público se adecuó a lo exigido por la CIDH. 

De hecho, el Plan Ávila se volvió a aplicar en 2002 y en los últimos años la élite gobernante puso en marcha el Plan Zamora, que ha llegado a criminalizar la protesta hasta con juicios militares aplicados a civiles para controlar los estallidos sociales ocurridos en 2014, 2017 y 2019, que sumaron centenas de muertos más a los registros históricos. 

Las  torturas y ejecuciones extrajudiciales por cuerpos de seguridad del Estado se han multiplicado en forma preocupante y han sido denunciadas ya incluso en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En materia de derechos humanos, el retroceso de Venezuela en los últimos años ha sido sustancial y la impunidad dominante y la politización de la justicia han sido dos factores claves en esto. 

La fundadora y directora del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, al igual que otros líderes de organizaciones de derechos humanos que siguen trabajando en el país pese al riesgo y las amenazas que enfrentan (121 ataques al menos), está convencida de que no podremos alcanzar la justicia en Venezuela si no se da antes un proceso de democratización.

“El Estado venezolano solo ha cumplido algunos puntos de la sentencia del Caracazo: las indemnizaciones y la publicación de la sentencia del tribunal interamericano. Quedan pendientes la investigación y sanción a los responsables y la identificación y entrega a los familiares de las víctimas de los restos inhumados en las fosas clandestinas de la Peste y la adecuación de los planes de control de orden público al Derecho Internacional. Pero los hechos del Caracazo fueron un punto de inflexión para la historia política y social del país y algo positivo que se logró a partir de eso fue el crecimiento del movimiento de derechos humanos en Venezuela”, destaca Ortega.

En efecto, cuando Cofavic nació las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedicaban a la defensa de los DDHH en Venezuela eran muy pocas (4 para ser exactos), pero en la actualidad son medio centenar con equipos bien estructurados que actúan a lo largo y ancho del país y que han logrado consolidar un movimiento emergente, con recursos y capaz de mantener la problemática de los derechos humanos en la agenda pública en forma permanente.

“Ahora la gente logra distinguir entre quienes hacen política partidista con el tema y el trabajo genuino de las ONG. Los derechos humanos son un tema que no es ajeno, como lo era en el 89, y esto obviamente también se debe a la gravedad de la crisis en este ámbito que tiene Venezuela, pero la contribución decidida y sistemática de las ONG ha sido un punto fundamental para lograr los niveles de incidencia que hoy existen. Cofavic es una muestra muy importante de que la lucha perseverante de las víctimas y el trascender del dolor individual puede contribuir a resultados positivos para contrarrestar la violencia y la impunidad”, acotó la abogada. 

La mayoría de las mujeres cofundadoras de Cofavic tienen un origen muy humilde, cuidaban a sus familias y eran costureras, cocineras, empleadas públicas, vendedoras informales y estudiantes.

En su momento, el Padre Trigo s.j. dijo a esas mujeres que ellas habían dado un aporte muy importante al país porque todos los días contribuían con su lucha a que las balas y la violencia no tuvieran la última palabra en Venezuela. 

Ortega comparte esa convicción. “En estos últimos 20 años hubo grandes retrocesos en derechos humanos, una crisis y un cierre del espacio cívico democrático sin precedente, pero hay que celebrar que esta situación se ha podido enfrentar con un movimiento de derechos humanos más fuerte, diversificado en sus temas y diseminado en buena parte del territorio nacional. Eso no existía en 1989 y creo que Cofavic contribuyó a lograr ese objetivo”, acotó.

Cuando el sistema internacional de defensa de derechos humanos se activó en el siglo 20, muchos confiaron en que vendrían mejores tiempos para la justicia en el planeta. Hoy parece estar ocurriendo algo en sentido contrario y muchos compatriotas, por ejemplo, se sienten decepcionados por la “efectividad” de la diplomacia multilateral a la hora de resolver crisis como la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela o la lentitud de las investigaciones por delitos de lesa humanidad en cortes internacionales como la de La Haya. ¿Por qué llegamos a esto? 

Es cierto que los resultados cuantitativos obtenidos en materia de casos y amparo de víctimas han desestimulado a quienes tenían expectativas masivas en el ámbito internacional. Los sistemas internacionales son subsidiarios y atienden casos emblemáticos, por ello sus resultados no pueden satisfacer a la mayoría si el balance se hace en números. Luego de 30 años, el mundo democrático pasó de la protección de los derechos humanos basados en meros testimonios a un andamiaje internacional muy riguroso y de precedentes que hacen casi imposible que quienes cometen graves crímenes puedan escaparse del escrutinio y de la justicia internacional. Lo que causa frustración en la gente es que se sobreestimen las expectativas. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos no resuelven una crisis determinada, son parte esencial de la solución, pero no la única. En este ámbito es que en muchos casos no hay respuestas realmente rápidas. Sin embargo, el monitoreo y el seguimiento de los organismos internacionales es permanente e insoslayable y en general ha dado resultados. Quienes cometen graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad saben que su geografía se acorta cada día mientras estos delitos permanezcan en impunidad y se continúen agravando. La universalidad de los derechos humanos ha sido un paso muy importante que no admite retrocesos y que es una espada de Damocles permanente para los criminales. La jurisdicción universal es quizás el mejor alcance que ha tenido la globalización en el mundo. El movimiento de Derechos Humanos de Venezuela requiere, desde mi perspectiva, afianzar las buenas prácticas de litigio y documentación de casos con estándares internacionales. La fase de la mera denuncia pública ya no es suficiente por el alto nivel de rigor de los procedimientos internacionales. Muchos casos muy importantes pueden ser desestimados si no están bien fundamentados bajo estándares internacionales. 

Sí. Y respecto a eso de que “la justicia tarda, pero llega”, podríamos acotar que hace poco un tribunal de La Haya elevó de 40 años a cadena perpetua la condena que se impuso al serbiobosnio Radovan Karadzic en 2008 por genocidio, debido a la masacre que hubo en Srebrenica en 1995. Pero volvamos a Venezuela: ¿Cómo evalúa la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP) y Defensoría del Pueblo (DP)? 

En Venezuela, el incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad, como un eje transversal. A pesar de la opacidad de las cifras oficiales, las existentes son suficientemente explicativas de lo anterior. Siguiendo los pocos datos oficiales que se conocen, en el 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no se llega a fase de juicio. La provisionalidad de jueces y fiscales lesiona severamente la autonomía y esto resulta inadmisible luego de tantos años de haberse iniciado una reestructuración del Poder Judicial y de los otros organismos que componen el Poder Moral. La existencia de presos políticos y la verificación por parte de la ONU de la aplicación de mecanismos sistemáticos de tortura que no son investigados ni sancionados debidamente,  son señales inequívocas de que la administración de justicia no está cumpliendo sus cometidos. 

Y los abusos que se están cometiendo ahora durante la pandemia Covid19 son otro ejemplo de eso, el Estado de Alarma no es excusa para violar derechos humanos. 

Foro Penal habla ya de más de 400 presos políticos y aunque la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet pidió expresamente su liberación, así como la desactivación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Bolivariana, por los casos de ejecuciones extrajudiciales ya documentados, el gobierno hizo caso omiso. En las últimas décadas, Venezuela involucionó mucho en materia de derechos humanos. ¿Cómo revertimos eso? 

La crisis de derechos humanos que atraviesa el país tiene razones estructurales y coyunturales que se han ido desarrollando y profundizando. Una razón transversal es la falta de independencia y correcta estructuración del Poder Judicial y de instancias con importantes competencias en materia de protección y promoción de los derechos humanos, tal y como el MP y la DP. El uso de la justicia como una herramienta de venganza política, la persecución y la discriminación destruyen el tejido social y crean una situación generalizada de desamparo y miedo que va permeando poco a poco a la sociedad. 

Si en Venezuela se logra abrir paso a un proceso de transición y democratización próximamente, ¿qué recomendaciones daría usted a los líderes de esa transición para garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos? 

Creo que es determinante promover, garantizar y hacer efectiva la instalación de una sede país de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Las experiencias comparadas indican que Naciones Unidas es quien tiene las mejores y mayores capacidades para el desarrollo de procesos de reestructuraciones de la justicia y promover y dotar de capacidades democráticas a organismos de seguridad del Estado, sistemas penitenciarios y a todas las instancias con competencias concretas en derechos humanos. Hay un cúmulo de recomendaciones de organismos de la ONU, de la Oficina de la Alta Comisionada, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que configuran la hoja de ruta esencial para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela. No hay mucho que inventar en esta materia. Cofavic elaboró una agenda contra la impunidad que contiene un número importante de recomendaciones en este ámbito . Lamentablemente este valioso material no ha logrado la atención de los actores políticos. 

¿Qué cifras manejan ustedes actualmente sobre ejecuciones extraoficiales en Venezuela?

Debido a la gran opacidad que existe en las cifras oficiales, Cofavic ha realizado un monitoreo independiente a escala nacional. Hemos registrado hasta ahora un total de 11.328 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2020. Las cifras demuestran que sistemáticamente las víctimas son hombres (98% de los casos) y en su mayoría jóvenes menores de 25 años (75%). Además, el 66% de las ejecuciones extrajudiciales suceden durante el desarrollo de procedimientos especiales de seguridad ciudadana que implican despliegues de fuerzas militares y policiales y en algunos casos participación de grupos armados civiles que actúan con la aquiescencia del Estado.

¿Qué servicios ofrece Cofavic hoy en día? 

Actualmente, ante las restricciones derivadas del Decreto de Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, tenemos restricciones horarias en nuestra sede, pero dada la contingencia hemos abierto estos servicios. Nuestra Línea de Atención Integral Telefónica está disponible de lunes a jueves desde las 9 am hasta las 4 pm. Y se ofrece Atención Psicológica (0424 2708638 y 0412 9602207) y Atención Jurídica (0424 1947373). En lo concerniente a nuestro acompañamiento jurídico, recibimos consultas en casos relativos a nuestra Misión: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, debido proceso, ejecuciones extrajudiciales e integridad personal. Las consultas pueden efectuarse vía llamada, mediante mensajes de texto o también vía WhatsApp en el horario señalado. De igual modo, nuestros equipos Psicosocial y Jurídico están preparados para atender inquietudes por correo electrónico, para lo cual se encuentran activas las direcciones: apoyopsicosocial.cofavic@gmail.com y juridicacofavic@gmail.com comunicacionescofavic@gmail.com 

¿Cuántas personas trabajan en la organización? 

Actualmente trabajan 22 personas. COFAVIC posee un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, periodistas, abogados, trabajadoras sociales, geográfo y administradores. 

¿Con quién tienen alianzas estratégicas? 

Cofavic forma parte de la plataforma mundial Red SOS Tortura, la mayor coalición internacional que agrupa a más de 300 ONG, dirigida por la Organización Mundial contra la Tortura de Suiza. Somos miembros fundadores de la Coalición de ONG de América Latina y del Caribe en el sistema interamericano y de la Red venezolana Foro Por la Vida.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden? 

Más del 90% de las personas beneficiarias del proyecto presentan indicadores de pobreza. Necesidades que en el presente contexto de cumplimiento de medidas de prevención ante el Covid-19, se han profundizado. Los grupos familiares se ubican en los estratos D y E, asociados a pobreza estructural, con dificultades para cubrir gastos de manutención, así como la satisfacción de necesidades básicas de subsistencia. De los casos actuales, el 92,3% de nuestras personas beneficiarias residen en barrios de zonas urbanas. El 44,4% se encuentran entre 51-60 años. El 76% de las personas que acuden a Cofavic a denunciar sus casos son mujeres y el 68% de quienes participan en nuestras actividades formativas de derechos humanos son mujeres. El 66.6% de las personas que atendemos residen en Caracas y el Estado Miranda. El 69.23% son mujeres jefas de hogar. El 76.92% de las víctimas de casos de violaciones de los derechos humanos que atendemos han dejado hijos menores de edad (50% entre 6 y 10 años de edad). Más del 90% solo perciben el salario mínimo y en ellas el 84.61% no poseen un empleo fijo. El 66.6 % tienen una sola ingesta diaria alimenticia. El 61.53% son población con riesgo habitacional. 

¿En qué zonas operan? 

Cofavic ha documentado casos y realizado actividades de capacitación en más del 50% de los estados del país (15 estados) aunque no posee oficinas regionales, su método de trabajo basado en la articulación y fortalecimiento de organizaciones locales o regionales, le ha permitido acompañar a cientos de familias, sobrevivientes y víctimas. 

¿Cuentan con voluntariado? 

Sí, para actividades particulares de difusión, acompañamiento y capacitación. 

¿Cómo pueden ayudar a Cofavic las personas que estén interesadas en hacerlo? 

Pueden comunicarse a cofavic@cofavic.org 

¿Cuáles son los mayores retos de la organización y las mayores amenazas? 

Cofavic ha podido desarrollar su misión en los escenarios más adversos para la sociedad civil en Venezuela, en sus inicios 1989, conjuntamente con ONG incipientes, durante el proceso constituyente, hasta en el actual contexto nacional, marcada por una profunda crispación política. Un reto general en estas circunstancias es mantener nuestra esencia, no partidizarnos y saber distinguir el rol que nos toca. Para Cofavic ese rol es siempre al lado de las víctimas. En el Informe conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), COFAVIC, Centro para los Defensores y la Justicia y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, titulado Enemigos internos: la defensa de los derechos humanos bajo ataque, se reseña que en el primer trimestre de 2020 se registraron 33 casos o situaciones que comprendieron 51 ataques o incidentes de seguridad que atentan contra al trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De estos hechos 21 fueron actos de estigmatización, 15 hechos de intimidación y hostigamiento, 7 ataques digitales. En cuanto a los responsables de los ataques, el Estado aparece como el perpetrador de la mayor parte de los ataques. Si bien las cifras reales superarán con creces este número, esta sistematización de ataques da cuenta de varios de los patrones de represión que se utilizan contra quienes defienden derechos humanos en el país.

7 casos emblemáticos

Cofavic reúne la más amplia experiencia de litigio de casos venezolanos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y otros organismos de protección internacional. 

Cofavic no solo litigó el Caso Caracazo Vs. Venezuela sino que ha litigado varios casos emblemáticos: 

Caso Víctor Aranguren y otros Vs. Venezuela (Masacre en un internado judicial Retén de Catia, 1992)

Familia Barrios y otros Vs. Venezuela 

Néstor Uzcátegui y otros Vs. Venezuela

López Soto y otros Vs. Venezuela (violencia de género) 

 Caso Blanco Romero y otros Vs Venezuela (Desapariciones Forzadas durante los deslaves en el estado VargasVenezuela 1999)

Y actualmente litiga el caso Jimmy Guerrero y Ramón Molina Vs. Venezuela ante la Corte. 

Cofavic mantiene interlocución permanente con el sistema de las Naciones Unidas, así con diferentes plataformas regionales de organizaciones de derechos humanos. 

En materia de litigio internacional, se ha logrado jurisprudencia progresiva, emblemática y específica del Sistema Interamericano en temas como: Ejecuciones Extrajudiciales, Cárceles, Violencia de Género, Masacres/Uso desproporcionado de la fuerza pública, Desapariciones Forzadas, Regulación de Estados de Excepción, Defensores de Derechos Humanos y Debida Diligencia 

Cofavic coloca en el centro de su misión a las víctimas, que han sido históricamente su razón de existencia. Sólo desde el coraje, la perseverancia y la decisión de ellas de cruzar y solventar los diversos mecanismos de impunidad que lamentablemente persisten es que será posible que Venezuela pueda reescribir su historia con la verdad de los hechos y la justicia, para que sean éstas las que tengan la última palabra y nunca más la violencia»

“En lo personal, acompañar durante 31 años a las víctimas del Caracazo en su lucha contra la impunidad ha sido el mayor honor que he podido tener en la vida y la razón por la cual me he mantenido trabajando como defensora de derechos humanos», concluye Ortega.

Las cofundadoras de Cofavic, todas mujeres venezolanas ejemplares, honestas y de principios firmes, han sabido resguardar su legado en estos tiempos tan convulsionados, manteniendo su independencia y compartiendo generosamente su trabajo y sus espacios para el beneficio de otros casos y no solo los de sus propios hijos. Es decir, como bien dice la canción, son mujeres «puro corazón, fuego y espuela». Es un gran honor para nosotros compartir hoy de nuevo su historia.  

Los que no se rinden

Los que no se rinden | Sindicato de Maestros: El gremio ha sido perseguido, atropellado y abandonado

Varias ONG se unieron al reclamo por la aprehensión de quien se encontraba con pacientes renales

Diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron la detención de Henderson Maldonado, uno de los abogados que pertenece a la Red de Derechos Humanos en el estado Lara.

La información fue divulgada en la cuenta de Twitter de la ONG Movimiento Vinotinto donde aseguraron que Maldonado  se encontraba ante el destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto acompañando a pacientes renales a solicitar tickets para surtir gasolina.

El abogado aparentemente se encontraba documentado y asesorando a los enfermos cuando fue apresado.

Organizaciones como Movimiento Vinotinto, Funpaz, Mapani, Codevida, el Observatorio Venezolano de Conflictos, Red Nacional de Activistas Ciudadanos y Justicia, Encuentro y Perdón,se unieron al rechazo.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón hizo un alerta a la OEA y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos para que intercedan ante esta petición

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón hizo un llamado a instancias internacionales, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a fin de que intercedan para que Nicolás Maduro otorgue medidas humanitarias a los presos políticos en Venezuela.

En medio de pésimas condiciones, el panorama de una pandemia -agudizado frente al escenario de la Emergencia Humanitaria Compleja por la que atraviesa el país y las últimas directrices de inmovilización de las personas dentro de los principales estados de Venezuela-, se hace completamente cuesta arriba para los familiares de los presos políticos continuar atendiendo sus necesidades. 

Además,  dicha situación podría generar los más terribles desenlaces para los presos políticos, debido a que las familias son las encargadas  del suministro de agua potable, alimentos y medicamentos de los encarcelados injustamente. «Esto ocurre por el abandono de las autoridades de sus responsabilidades de garantizar los derechos constitucionales de los privados de libertad», indicó el comunicado.

En el texto exhortan también a los integrantes del Grupo de Lima, a la Unión Europea, al Parlamento europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presionen al Gobierno de Venezuela y se pueda aplicar esta medida. Además denunciaron las condiciones de insalubridad en la que están los presos políticos que en su mayoría presentan problemas de salud.

El presidente del canal fue citado a declarar el próximo 26 de febrero por los delitos de corrupción

El presidente de Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar ante la Audiencia Nacional Española el próximo 26 de febrero por el caso que se investiga en España sobre los hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

La jueza que investiga el presunto blanqueo de capitales sustraído de la petrolera, María Tardón, también citó a declarar como testigos a Ceciree Carolina Casanova Rangel, ex gerente funcional de Recursos Humanos, en calidad de encargada, de la Electricidad de Caracas (ECD).

El diario El Mundo reseñó que la justicia española impulsa averiguaciones para localizar el dinero sustraído de Pdvsa y transferido a España de manera presuntamente irregular.

La agencia Europa Press -citando fuentes anónimas- indicó que Gorrín fue solicitado porque él mismo pidió hacer presencia en la causa después de que la juez de Madrid dictara un auto en el que acordó embargarle fincas de las que es propietario en España.

El pasado 7 de octubre, la magistrada aceptó la inhibición de un juzgado de Madrid, que había estado investigando a venezolanos afincados en España por el expolio de la petrolera durante el mandato de Hugo Chávez, entre ellos dos exviceministros, el de Energía Nervis Villalobos y el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa.

Figuran asimismo en el caso Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma; Rafael Ernesto Reiter, exgerente de Prevención de Pdvsa, y la mujer y uno de los hijos de José Roberto Rincón Bravo, magnate venezolano residente en EEUU y propietario de una finca agropecuaria en la provincia de Madrid, investigado también en la causa.

Ahora la juez imputa al propietario de Globovisión al que la Justicia estadounidense acusó en noviembre de 2018 de sobornos y blanqueo de dólares en una trama multimillonaria que supuestamente involucra a otros dos venezolanos. Gorrín se enfrenta en EE.UU. a nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero. Actualmente el empresario venezolano es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.

*Con información de El Nacional y El Pitazo.

Investigadores consideran que la instalación de una comisión de la verdad debe nacer de un acuerdo nacional

Las víctimas esperan una reparación que vaya más allá de lo económico

Foto: @UKinVenezuela

Expertos en materia de Derechos Humanos concuerdan en que en un proceso de Justicia Transicional es importante mantener el foco en la víctima y en lo que puede necesitar en un corto plazo. 

En el Foro Chevening de Justicia Transicional organizado por la Embajada Británica y la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, distintos investigadores fijaron postura sobre las consideraciones que se deben tomar en Venezuela, para el momento en el que se empiece a aplicar este tipo de justicia.

Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa aseguró que lo central debe ser la víctima y cómo atenderla. «El gran reto es no perder la memoria ahora, reconocer y documentar a las víctimas».

Igualmente señaló como otro punto importante la definición que se debe hacer sobre qué víctimas o qué tipo de casos entrarán en el proceso de justicia transicional. Para el sociólogo las víctimas no solo esperan una compensación económica, sino otro tipo de beneficios que los puedan ayudar a seguir adelante.

La investigadora de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, Noemí Pérez, también abordó este punto sobre la reparación a las víctimas, señalando que en muchos casos esto es dejado a un lado.

Pérez explicó que en otros casos de justicia transicional como en Timor Oriental, ubicado en Asia, las víctimas, pedían mejores condiciones de trabajo o de estudios, más que alguna compensación económica. 

Además recomendó que los procesos de este tipo de justicia sean flexibles, para no excluir a algún grupo vulnerable como las mujeres. Para la investigadora es vital estudiar primero los casos que serán incluidos, las víctimas que se entrevistarán e incluso el tipo de preguntas que se harán. 

Otro punto a destacar para Noemí Pérez es la instalación de una comisión de la verdad, pues a su juicio, debe nacer de un acuerdo nacional y no debe ser manejada por partidos políticos. «Porque podemos ver el ejemplo de Colombia, donde le redujeron el presupuesto a la Comisión de la Verdad, luego de la llegada de Iván Duque a la presidencia». 

GONZALO HIMIOB, director y vicepresidente de la ONG Foro Penal, dio a conocer este martes 10 de septiembre que la cifra total de presos políticos en el país es de 478.

A través de su cuenta en Twitter, Himiob informó que esos 478 presos políticos todos son adultos; 440 son hombres y 38 son mujeres, mientras que 371 son civiles y 107 son militares. También que al día de hoy 8906 personas se mantienen sujetas a medidas cautelares.