Los derechos humanos en Venezuela no están garantizados. Las violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos se repiten día tras día. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, abusos sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes son cometidos por la acción del Estado venezolano.
La situación ha sido denunciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Alta Comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
En el informe de más de 400 páginas presentado este año ante la ONU por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos se le atribuyó responsabilidad directa de crímenes contra la humanidad a Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa y Justicia.
En Runrun.es nos hemos dado a la tarea de contar estas historias para que nunca sean olvidadas. Aquí un top 10 de las más leídas durante el 2020:
Deixic Castro no sabe nada de su hijo desde el 26 de junio de 2020. Ese viernes recién había llegado a su casa en San Juan de los Morros, estado Guárico, cuando se enteró que en horas de la mañana lo habían trasladado a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, a más de 270 kilómetros. No tiene los recursos económicos para pagar los altos costos del transporte y viajar hasta el estado Lara. Y, en caso de lograrlo, el esfuerzo sería en vano porque las visitas en las cárceles venezolanas están suspendidas desde la llegada del coronavirus para prevenir la propagación.
Deixic no sabe si está bien, si lo alimentan o si en ese nuevo sitio de reclusión por fin recibe atención médica. Su preocupación no es exageración: a Hember Flores lo hirieron con perdigones en la cara en un presunto motín ocurrido el 16 de septiembre de 2019 en las instalaciones del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Guárico, sitio en el que estaba desde el 28 de febrero de 2018 cumpliendo su condena de 11 años y 8 meses por homicidio.
Peter Romero lo encontraron desmayado en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, del estado Lara. Había pasado semanas sintiéndose mal. Primero duró 22 días con cuadros diarréicos que lo deshidrataron, pero nadie lo atendió ni fue llevado a un centro asistencial. Después vinieron la fiebre y la tos hasta que el viernes 8 de mayo de 2020 perdió el conocimiento. DDHH olvidados
Aunque ni siquiera en estas condiciones sus custodios se encargaron de llevarlo a un centro de salud, su hermana Génesis Romero se dirigió hasta los tribunales en busca de una boleta de traslado. El doctor que lo evaluó fue claro: el joven de 25 años tenía tuberculosis y necesitaba con carácter de urgencia un traslado al Hospital Luis Gómez López, donde atendían a pacientes con esta enfermedad ya erradicada en el país. Peter necesitaba hidratación y tratamiento, pero eso no fue lo más alarmante. “El estado de desnutrición que él tiene es más fuerte que la tuberculosis que carga”.
Eran aproximadamente las dos de la mañana del 1 de febrero de 2018 cuando tocaron con fuerza la puerta de la casa de Geraldine Chacón. La joven pensó que se trataba de un secuestro cuando vio afuera de su hogar a unos cuantos hombres vestidos de negro de pies a cabeza, pasamontañas y armas largas. Pero todo quedó claro al ver el logo que llevaban los encapuchados en la ropa: el del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La recluyeron en la única celda de mujeres de El Helicoide. En esos 40 metros cuadrados había 26 detenidas, menos de dos metros cuadrados por reclusa. La mayoría estaban acusadas de delitos comunes. “Había de todo. Solo una estaba cumpliendo condena. Las demás eran procesadas. Fue una realidad desgarradora para mí, mujeres que tenían más de cuatro años sin ir al tribunal luego de su primera presentación”.
Gregory Hinds fue víctima de una detención arbitraria. Pese a tener orden de excarcelación, no fue acatada. Dos meses luego de su detención, el tribunal le otorga una medida cautelar sustitutiva de privación de libertad ordenando su liberación inmediata. No obstante, aun cuando tienen boleta de excarcelación, la libertad no llega. El Sebin se niega a recibir la correspondencia del tribunal alegando que no tienen sistema.
Con 60 kg de peso, 20 menos de los que tenía cuando ingresó, Gregory recibe, el 1 de junio de 2018, una especie de indulto de parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Trata de negarse a firmar una declaración en la que agradecía el perdón. Le amenazan: “Si no te gusta puedes regresar a El Helicoide”. No le queda de otra que formar parte del show mediático en la Casa Amarilla, edificio sede de la Cancillería venezolana.
A Carlos Jiménez le cuesta describir lo que sintió cuando reconoció a su hermano en la morgue del hospital. Se sorprendió, se indignó, se asustó. Tenía mucho tiempo sin verlo. No puede evitar estremecerse cuando le viene a la mente la imagen de un cuerpo con la piel pegada a los huesos, un cuerpo distinto al que tenía en su memoria. morir
“Estaba totalmente desnutrido y acabado, era prácticamente un esqueleto. Los pómulos estaban hundidos, no tenía estómago y se le marcaban los huesos de la cadera y las costillas. Realmente nos sorprendimos con eso”.
Los custodios del Centro Penitenciario 26 de Julio de San Juan de los Morros hacían el conteo diario de los presos cuando se dieron cuenta que faltaba uno de ellos. Inspeccionaron las celdas y hallaron sin vida a Carlos Eduardo Jiménez. Eran las 5:00 am del martes 9 de junio.
El miércoles 17 de junio de 2020, entre las 05:40 a 6:00 de la mañana, Ana Edilia estaba preparando el desayuno, unos bollitos con queso acompañados con café. A los pocos minutos comenzó a escuchar un ruido extraño en la puerta hasta que ingresaron los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
fue sacada de su vivienda en paño y descalza por los efectivos. Los uniformados buscaban a su hijo Wilber Antonio Romero Ruíz, de 25 años. El joven fue asesinado en la sala de su casa, situada en la calle Apure de El Valle, municipio Libertador de Caracas. No se trata de un caso aislado sino de una de las muchas ejecuciones extrajudiciales que ocurren en Venezuela.
Alessandra Hurtado no conoce a su papá. Sabe quién es por las fotografías que hay en casa o por las publicaciones que diariamente hace su mamá en redes sociales, pero en su memoria no tiene ningún recuerdo del poco tiempo que pasaron juntos. Era solo una bebé cuando ese 24 de octubre de 2017 una cuadrilla de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se lo llevó detenido.
Hirto Hurtado era trabajador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la filial de occidente en el cargo de obrero aforador, medidor de tanques. Estaba trabajando en el patio de tanques ULE en Tía Juana, estado Zulia, cuando los efectivos llegaron y apresaron a toda la cuadrilla que se encontraba de guardia.
Luzmer Pichardo, su esposa, se enteró de lo que ocurría por una llamada telefónica que le permitieron realizar a Hirto antes de que les fueran decomisados los celulares y otros objetos personales. Le pidió que le llevara cuatro mudas de ropa porque le habían notificado que sería trasladado a Caracas por unos cuantos días. Al menos, eso creían.
La muerte de Neomar Lander desde el principio estuvo llena de controversia y confusión. El joven de 17 años estaba protestando en la avenida Libertador, del municipio Chacao, cuando la explosión de un artefacto hizo que cayera al suelo. ¿Qué objeto causó su deceso?
Hay dos versiones: manifestantes, vecinos y testigos que estaban en el lugar han contado que falleció cuando una bomba lacrimógena lanzada por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le impactó en el pecho. Por otra parte, representantes del chavismo han asegurado que se debió a la explosión de un mortero. Estas versiones oficiales comenzaron a circular horas después de la muerte del muchacho, sin esperar resultados de autopsias ni otras pruebas.
Nick Samuel Oropeza Borjas fue a su primera marcha el 23 de enero de 2019, el mismo día que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela. Su madre no lo había dejado ir antes a una concentración política porque era menor de edad, pero el 8 de enero había cumplido 19 años así que lo dejó asistir acompañado de familiares.
El 23 de enero, noche en que murió Nick Samuel, fue el día con más víctimas durante protestas en los últimos 20 años. Aunque no tardaron mucho tiempo en trasladarlo en una camioneta a la emergencia del hospital Miguel Pérez Carreño, a pesar de las calles bloqueadas que encontraron en el camino, Nick Samuel llegó sin signos vitales.
Los doctores le dijeron a Ingrid que la bala, que tuvo entrada y salida, le perforó el pulmón y el riñón. “Eso es lo que llaman tiro de gracia, un tiro a matar. El que le disparó sabía lo que hacía”, cuenta Borjas. De acuerdo con el acta de defunción, el joven falleció por un “shock hipovolémico por herida de arma de fuego de proyectil único torácico-abdominal”.
Era de madrugada cuando Rubén González viajaba en carretera después de asistir al juicio de su compañero Rodny Álvarez y haber participado en una protesta laboral en Caracas. Pero no pudo llegar a su casa: el 29 de noviembre de 2018 lo detuvieron en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui.
“Me esposaron, me amarraron a un tubo y pasé toda la noche ahí, prácticamente a la intemperie y me llovió encima. Yo no aguantaba y pedí que me pasaran a los calabozos con toda la gente”.
Fue trasladado al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil), anexo de La Pica. “Ahí me metieron en una celda pequeñita que le dicen ‘El tigrito’”. Ahí Rubén González estuvo más de 21 meses.
