Justicia Transicional

El analista colombiano, profesor de la Universidad de Georgetown, considera que el término justicia transicional está mal empleado y prefiere hablar de procesos sociales de justicia

A su juicio, la justicia transicional vive más de promesas y aspiraciones que de constataciones

Señala que la justicia posterior a una transición no debe concebirse como una licencia para flexibilizar las normas o acudir a formas que el Estado de derecho no permite

Para el experto, el periodismo es vital en los procesos de justicia y uno de sus principales aportes es el registro de las atrocidades cometidas 

@franzambranor

El término justicia transicional ha estado en boga últimamente cuando se habla del caso venezolano por la posibilidad de que esta sea aplicada, una vez se recupere el hilo democrático, institucional y cesen las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. 

La posibilidad de hacer justicia, posterior a la injusticia, cobra fuerza especialmente luego que la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas revelara la responsabilidad de organismos de seguridad del Estado en supuestos crímenes de lesa humanidad.

La investigación independiente abre un compás para que la Corte Penal Internacional intervenga. “El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir a la disidencia en el país (…) estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo a la ley”, reza el informe de la Misión. 

Para Michael Reed, director de operaciones del Guernica Centre for International Justice y profesor de la Universidad de Georgetown, el término justicia transicional es erróneamente empleado, especialmente en el marco de la realidad venezolana.

Reed estudió periodismo y letras en la universidad de Texas y derecho en la universidad de Minnesota. Es socio e investigador de la Corporación Punto de Vista, columnista de El Colombiano y ha trabajado en diversas organizaciones vinculadas a los derechos fundamentales. 

“Es un término desafortunado, se usa sin definirlo, es ambiguo por naturaleza y es parte de una receta vaga que promete verdad, justicia y reparación o que ofrece salidas fáciles a conflictos políticos, pero cuyos ingredientes y formas de preparación no son conocidos”, dijo el analista colombiano, quien escribió en 2021 un artículo en la revista Almanaque sobre la justicia transicional y el caso venezolano.

Según Reed, la justicia transicional es un anglicismo que proviene del término en inglés “transitional justice” y lo que pretende es resumir un conglomerado de procesos sociales que promueven la justicia en momentos de cambio en las sociedades.

“La expresión engloba muchas promesas y tiene un contenido indeterminado, estas nociones simplificadas son erradas y por lo general generan expectativas imposibles de cumplir, los hallazgos son hasta el momento mixtos y llenos de condiciones, además los resultados son bastante pobres en muchos casos. El campo de la justicia transicional vive más de promesas y aspiraciones, que de constataciones”, se desprende del artículo de Reed.

Para el profesor universitario colombiano no hay soluciones fáciles a los problemas que se derivan del abuso de poder y de la desviación de lo público, ni en Venezuela ni en ningún lugar del planeta.

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Cuál es el término adecuado para la justicia 

¿Justicia transicional, justicia restaurativa, formas alternas de justicia, formas de justicia adicionales a la justicia penal? ¿Cuál es el término correcto?

De acuerdo con Redd, los intentos de distintas sociedades para promover justicia en momentos de cambio están condicionados por factores sociales.

“Creo que es un error referirse a que hay un tipo de justicia llamado transicional, prefiero hablar de procesos sociales de justicia”, consideró. 

La expresión justicia transicional se originó en la década de los 80 para hacer referencia a los mecanismos que fueron utilizados en América Latina, Europa del este y posteriormente África en pos de promover demandas de justicia en tiempos de transición hacia la democracia.

“Las medidas que adoptaron los gobiernos de transición se fundamentan en la necesidad de proporcionar justicia para las víctimas y allanar el camino para el surgimiento de la democracia”, dijo Reed. Para el analista, la llamada justicia transicional debe procurar la recuperación del marco legal, preservando la integridad de los estándares de justicia y garantizando la capacidad de asumir decisiones políticas en momentos de transición. 

De acuerdo con Reed, la justicia transicional no debe concebirse como una licencia para flexibilizar las normas o acudir a formas que el Estado de derecho no permite.

“El costo de burlarse del Estado de derecho, incluso en momentos de transición, es alto”. 

Para Reed cualquier proceso de justicia transicional debe contar con un profundo arraigo social, involucrar a todos los sectores, especialmente a las instituciones, que en Venezuela están controladas por el gobierno.

“En Venezuela, las formas oficiales que toma la justicia transicional están necesariamente entrelazadas con la operación de los sistemas ordinarios de administración pública y de justicia, tejiendo así una maraña inseparable de valores y de prácticas oficiales. La justicia transicional en Venezuela estará anclada y sellada por las particularidades de la cultura burocrática venezolana”, expone Reed en su artículo.

Reed sentencia que la justicia transicional debe responder a las dinámicas locales de poder y de violencia, es perentorio incorporar marcos institucionales especiales para promover el cambio.

“El camino por recorrer en la búsqueda de la justicia es largo y no es lineal. Debe concebirse como un proceso de realización progresiva que demanda compromiso social y político, sostenido con la develación de la verdad y sus implicaciones”, expresó el analista.

Reed dijo que en Venezuela, desde hace muchas décadas, la gente ha estado tratando de luchar contra atropellos a los derechos humanos

“Hay un problema de desinstitucionalización grave, esto no se resuelve solo con procesos disciplinarios, es preciso hacer reformas institucionales y hacer reglas de juego que estén a la par del Estado de derecho”.  

El periodismo como elemento de cambio

Para Reed, el periodismo es uno de los ejercicios sociales y de comunicación más efectivos para hacer frente a distintas formas de negación de la «atrocidad».

Según el experto colombiano, la misión del periodismo, entre otras, es dejar el registro diario de los hechos violentos de quienes están involucrados. “La documentación es la base esencial para afrontar la barbarie, es la primera contribución del periodismo para cualquier proceso social que demanda justicia”.

“El periodismo claramente es uno de esos pilares que sobre la base de la investigación promueve una noción de conciencia social y puede reflejar las demandas de justicia social”, enfatizó Reed.

Reed considera que se han hecho pocos esfuerzos para desescalar los conflictos locales y promover la justicia. 

“La búsqueda de la justicia es un camino espinoso, pero fructuoso, particularmente para recuperar la confianza en la administración pública”, concluye.

En su investigación “Justicia transicional en medios de comunicación”, el periodista y activista Luis Carlos Díaz expone el papel de la prensa en un eventual periodo posterior al ataque sistemático a los derechos humanos promovido desde el Estado 

Asegura que previo a una justicia transicional, los medios deben construir una memoria colectiva que respalde a las víctimas, difundir la complejidad de las violaciones a los DDHH y establecer manuales para periodistas  

@franzambranor

Para el periodista y activista, Luis Carlos Díaz, los medios de comunicación suelen estar rezagados en cuanto al término de justicia transicional.

La justicia transicional se refiere a cómo las sociedades responden al legado de violaciones graves y masivas de los derechos humanos. “Son los procesos de justicia y paz posteriores a las violaciones de DDHH masivos”, sostuvo Díaz. 

Aunque para el abogado del Centro Guernica para la Justicia Internacional, Michael Reed-Hurtado, la expresión adecuada es justicia restaurativa o formas alternas de justicia. “El término es utilizado por académicos provenientes de la ciencia política, la psicología, el derecho y el campo de la resolución de conflictos con fundamentos disímiles, produciendo ambigüedad”, dijo. 

Apenas cuando este martes 20 de septiembre una misión Internacional de investigación  de la Organización de Naciones Unidas determinó que el gobierno de Nicolas Maduro y jefes de cuerpos de inteligencia son responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad, la justicia transicional cobra vida de cara a una eventual recuperación del estado de derecho y la democracia en Venezuela. 

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A propósito de su investigación, “Justicia transicional en medios de comunicación”, avalada por la Fundación Hanns Seidel y la Asociación Civil Paz Activa, Díaz sostuvo que esta compila referencias bibliográficas y materiales que se refieren a los procesos de justicia transicional, pero desde la perspectiva de los medios de comunicación

“Por lo general, la justicia transicional es un tema estudiado por abogados, psicólogos, politólogos y otros expertos, pero el periodismo y los medios de comunicación suelen quedar rezagados esperando a ver qué es noticia o qué es relevante”.

Díaz aseveró que lo que propone el estudio es adelantarse a escenarios de verdadera justicia y democracia, aprender de experiencias en otros países e incorporarlas tanto en las agendas informativas como en el bagaje que necesitan los comunicadores para afrontar esos procesos, que suelen ser complejos. 

“Es un rol de acompañamiento, exigencia y construcción de memoria. También el estudio atiende al contexto nacional y las dificultades para hacer periodismo en la actualidad, lo que nos dejaría un ecosistema de medios bastante dañado y menoscabado, incluso en un escenario en el que se recupere la democracia y la libertad”.

En el informe, Díaz alerta también sobre los estragos que causa la censura sostenida en Venezuela durante los últimos años, la cual ha borrado los archivos de muchos medios de comunicación y silenciado la cobertura de las violaciones de DDHH. “Igualmente, de los riesgos que entrevera la cobertura de víctimas y el señalamiento de los perpetradores cuando estos aún cuentan con redes de poder y financiamiento para acabar con la crítica”.

En la investigación, Díaz revela que Runrunes es el medio digital venezolano que más menciones ha hecho a las palabras “justicia transicional” con 345.

A continuación presentamos unas claves del estudio:

 – Verdad: Para Díaz, la verdad tiene que ver con el derecho a tener un relato fiable, comprobado y honesto de lo ocurrido. “La necesitan las víctimas, la ciudadanía, los tribunales y hasta los perpetradores. Tiene que ser libre de propaganda y mentiras y requiere de investigadores expertos. Revela los mecanismos del poder y establece quiénes son los actores involucrados, su grado de responsabilidad y sienta las bases para el proceso de justicia”, reza la investigación.

 – Justicia: La justicia demanda tribunales independientes y creíbles. Está en la obligación de respetar el estado de derecho y el debido proceso. “Trabaja contra la impunidad y puede ser restaurativa. Es el punto central del proceso y el más complejo en lógicas transicionales. Establece responsabilidades y decide el destino de los involucrados”, se desprende del estudio. 

 – Reparación:  La reparación responde a una obligación de los Estados y es un proceso de múltiples manifestaciones. En esta etapa a veces no es posible reparar por completo los daños, porque estos pueden ser inabarcables. De acuerdo con Díaz, la reparación comprende varios escalones como la restitución, que busca que se retomen y reconstruyan proyectos de vida de las víctimas; indemnización, la cual tiene que ver con la compensación monetaria; rehabilitación, que restablece condiciones físicas y psicológicas y satisfacción, la cual reconoce la dignidad y difunde la verdad que ha sido negada.

  Garantías de no repetición: Estas tienen que ver con la reducción de las posibilidades de que los atropellos a los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Exigen una transformación de leyes, instituciones y programas. “Se corrigen injusticias y mantienen vivos los hitos y la memoria para evitar la reincidencia”. 

  Retos de los medios: Para los medios de comunicación la tarea consiste en influir en la opinión pública para la obtención de la paz. Es perentorio no limitarse a retratar la confrontación violenta y hacer hincapié en la denuncia. Igualmente es necesario no revictimizar a las personas que hayan sufrido daño y tampoco alimentar a grupos fanáticos

  Riesgos de la justicia transicional: En el camino hacia y durante la justicia transicional se pueden conseguir varios obstáculos, como un periodo sin justicia ni transición y peor aún, una «justicia de consolación». Puede también efectuarse un pacto entre élites para diluir la gravedad de lo ocurrido y lo empleado habitualmente por regímenes autocráticos: culpar a las víctimas y desprestigiar a defensores de derechos humanos y periodistas.  “Otra incorporación de la investigación exploratoria documental es que el proceso de justicia transicional en Venezuela no solo podrá tratarse de violaciones de derechos humanos como las juzga la justicia penal internacional, sino que también nos abre una agenda de reconstrucción bastante retadora que incluye la corrupción, el populismo y los crímenes asociados a la ideología de quienes han sido los perpetradores, porque todas esas dimensiones han ocasionado muertes y daños institucionales masivos”, aseveró Díaz.

  Retos y recomendaciones: Para que los medios de comunicación cumplan con su rol en el escenario de una hipotética justicia transicional es necesario trazar varias metas como: establecer manuales para periodistas, fortalecer la fuente y hacerla cotidiana,  difundir la complejidad del espectro de los DDHH para que sea mejor abordada y crear una memoria a través de bancos de experiencias. “Necesitamos muchas más personas pensando estos temas de forma colectiva para saber responder a los retos de la justicia en Venezuela. También hay que extender las investigaciones a temas asociados como justicia penal internacional, reconciliación, construcción de paz y superación del trauma. Siempre nos toca pensar cuál será el rol de los medios, los comunicadores y las redes en esos procesos. Algunos ni siquiera están escritos aún y para otros podemos contar con muchas experiencias que pueden inspirarnos o alertarnos sobre lo que no puede repetirse”.

Foto de posterior: féretro de Fernando Albán (Reuters, en BBC Mundo); foto anterior: Sang Hyun Cho en Pixabay. Comp. N. Silva/Runrunes.

@dhayanamatos

Fernando fue mi estudiante, lo conocí en el año 2006. Fue uno de los seleccionados para cursar el Programa de Formación Inicial (PFI) para el ingreso en la carrera judicial en la Escuela Nacional de la Magistratura.

Eran otros tiempos. Todavía teníamos la ilusión de que era posible cambiar al Poder Judicial, y la selección transparente de quienes cursarían el PFI nos daba energía para apoyar ese proyecto.

Aunque hoy día cueste creerlo, las personas que hicieron ese primer curso quedaron por méritos propios –salvo dos o tres excepciones–. Eran abogadas y abogados que verdaderamente conocían de Derecho, con sueños por realizar; para algunas y algunos, llegar a ser juez o jueza había sido su meta profesional toda la vida.

Creo que pocas veces en Venezuela ha habido un programa de esta magnitud, que juntara lo más granado de quienes verdaderamente estudian el Derecho; venían de Maracaibo, de Bolívar, de Margarita, de Apure, de todas partes. Invirtieron tiempo, recursos, hicieron sacrificios familiares, perseguían un sueño. Este programa, “supuestamente”, les permitiría ser juez o jueza por méritos propios.

Y digo supuestamente porque después vino la dura realidad que ya se ha normalizado en nuestro país. Si usted no es afecta al gobierno y manifiesta a voz templada que es “roja rojita”, olvídese de que llegará a ocupar un puesto, aunque tenga las competencias y haya estudiado toda la vida para lograrlo.

Eso fue lo que sucedió con la gran mayoría de aquellas personas que hicieron el PFI, jamás las nombraron. Una parte, integra esa diáspora venezolana y se encuentra en distintos países; trabajando, luchando, cayéndose y levantándose para seguir adelante, pero no ingresaron al Poder Judicial. La otra, sigue en Venezuela también luchando, sobreviviendo y resistiendo.

Él iba a conversar conmigo, hablábamos de lo que nos juntaba: los derechos humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ocasiones, de la familia. Nunca supe si en esa época estaba aprendiendo a hacer pan o si era experto, en todo caso, lo que recuerdo es el cariño con que compartía conmigo.

Unos años después, cuando ya era concejal por el municipio Libertador, me lo encontraba con cierta frecuencia en el Centro Comercial Los Chaguaramos, cuando yo iba a dar clases en los salones de la UCV que se encuentran allí.

El tema de nuestras conversaciones era el de siempre: los derechos humanos. Cada vez que nos encontrábamos, Fernando me decía que iba a preparar unos talleres para que yo fuera a dictarlos. Yo le decía que sí, pero nunca concretamos nada.

Volví a saber de Fernando Albán ese fatídico 8 de octubre de 2018. Estaba en Maiquetía, me iba luego de cremar apenas 8 días antes a mi mamá. No recuerdo si fue por Twitter o por otro medio, pero sí recuerdo la rabia tan grande y el dolor que sentí al enterarme de su supuesto suicidio, que no creí en aquel momento, como sigo sin creerlo actualmente.

Al llegar a mi destino y encender el celular, tenía mensajes de varios integrantes del PFI dándome la noticia. Otras personas me escribían para saber si no iba a decir nada al respecto. La verdad que en ese momento no hice nada, no tenía fuerza. Como dije, habían transcurrido pocos días desde que mi mamá había muerto y no tenía ánimos para nada. Solo quien ha vivido esta situación puede comprender lo que digo. Pero eso no quiere decir que me haya olvidado de Fernando, siempre lo tengo en la memoria con su sonrisa eterna.

Eso se lo debemos como sociedad no solo a quien murió o fue asesinado/a, sino también a sus familiares. Es en este punto que conecto con el tema de la justicia transicional.

Soy una ferviente creyente en el diálogo, en que es necesario negociar, acordar, buscar puntos de encuentro; en que no podemos seguir viéndonos como enemigos y llenándonos de odio porque no resolvemos nada. Sigo creyendo que en Venezuela cabemos todas y todos. Pero yo hablo de un diálogo real, transparente, donde prevalezcan los intereses colectivos por encima de los egos, la corrupción y los abusos de poder.

Creo que en Venezuela en algún momento se instaurará la justicia transicional, como lo han hecho Perú o Colombia, entendiendo por esta –siguiendo al Centro Internacional para la Justicia Transicional– la manera en que los países dejan atrás periodos de conflicto y represión para hacerle frente a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad, que no obtienen respuestas del sistema judicial existente.

El jurista colombiano Rodrigo Uprimny Yepes, gran conocedor del tema de justicia transicional, ha manifestado en reiteradas ocasiones el lugar prioritario que deben ocupar las víctimas en este tipo de procesos, incluidas sus familias y la necesidad de asegurarles una reparación, lo que es imposible de lograr si no hay un esclarecimiento de los hechos. En otras palabras, que si no se judicializan los hechos, no hay garantías para los derechos de las víctimas y sus familiares.

Eso implica que, si en Venezuela algún día se instaura la justicia transicional, hay que investigar qué pasó con Fernando Albán y con tantas otras muertes que no han sido esclarecidas. Se lo debemos o por lo menos siento yo que, como parte de la sociedad venezolana, se lo debo a Fernando, a sus hijos y al resto de su familia.

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Dos universidades y Acceso a la Justicia participaron en el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela

La situación de subordinación al Gobierno en la que se encuentra el Poder Judicial no es algo nuevo ni oculto, por el contrario, organizaciones nacionales y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen años denunciando que en el país «existe un quebrantamiento del principio de separación de poderes» que, a su vez, se ha traducido en «una clara alteración del orden constitucional». Con el propósito de revertir esta situación Acceso a la Justiciareunió a expertos y organizaciones de derechos humanos para que expusieran las medidas que consideran necesario adoptar para que en el futuro el sistema judicial deje de ser un apéndice del Gobierno y sirva verdaderamente a los ciudadanos.

En el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela, realizado el jueves 4 de junio vía Zoom Meetings, participaron representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ambos; y de Acceso a la Justicia.

Reformas a los instrumentos que regulan la actuación de los órganos del Poder Judicial, el uso de la tecnología o la aplicación correcta de las normas vigentes fueron algunos de los planteamientos formulados por los expertos.

Atacar la provisionalidad y la opacidad

Tras recordar que Venezuela ha intentado, sin mucho éxito, poner en marcha todos los modelos existentes de Gobierno Judicial, el profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, Jaiber Núñez Urdaneta, planteó realizar «una interpretación real del modelo constitucional vigente, evaluando su real desempeño a mediano y largo plazo, para implementarlo de la mejor manera posible».

La Constitución de 1999 deja en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el «gobierno y administración del Poder Judicial», con lo cual oficialmente el Ejecutivo no debería inmiscuirse en sus asuntos como sí podía hacerlo antes, pues tenía una representación en el extinto Consejo de la Judicatura, y por lo tanto, tenía voz y voto en el nombramiento o remoción de jueces y cualquier cambio que se quisiera aplicar en el sistema. Sin embargo, el Palacio de Miraflores ha conseguido mantener su influencia fundamentalmente mediante las cuestionadas designaciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Núñez propuso aprobar una nueva Ley de Carrera Judicial que permita asegurar que los titulares de los juzgados se hagan con sus puestos mediante concursos de oposición transparentes y confiables, tal y como lo manda el artículo 255 de la Carta Magna. Esto permitiría revertir la actual situación en que casi nueve de cada diez jueces son provisorios, temporales o accidentales y, por lo tanto, son nombrados y destituidos discrecionalmente por la Comisión Judicial del TSJ.

Asimismo, propuso garantizar la autonomía de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) mediante una reforma a la Ley Orgánica del TSJ que otorgue a su máxima autoridad un período de cuatro años. Este organismo administra el 85% de los fondos del Poder Judicial y tiene entre sus tareas el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de los juzgados.

Por su parte, Andrea Santacruz, del Centro de Derechos Humanos de la Unimet, propuso que el Poder Judicial retome la senda de la modernización tecnológica que comenzó a recorrer a finales del siglo pasado y principios de este, para así «estimular el acceso a la justicia y la transparencia judicial».

Sin embargo, la experta reconoció que en la actualidad los obstáculos son muchos y difíciles de salvar, en particular en lo relacionado con la falta de recursos para adquirir equipos e instruir al personal, así como las deficiencias en los servicios de conexión a internet o de energía eléctrica.

Abriendo las puertas a la justicia transicional

Otro planteamiento que se hizo durante el evento fue el de recurrir a la justicia transicional para investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país en las últimas dos décadas. La propuesta la formuló Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, quien la justificó indicando que sobre todo la justicia penal venezolana requiere de una «reinstitucionalización».

Tras afirmar que esta iniciativa solo se podría poner en marcha «bajo el supuesto del paso del autoritarismo hacia la democracia», el experto indicó que el éxito de la misma dependerá de que «haya acuerdos entre las partes en conflicto» para conseguir «la verdad y la reconciliación». También aseguró que la justicia transicional no buscará la impunidad, sino «hacer que las penas sean verdaderamente efectivas».

Respecto al tipo de mecanismo de justicia transicional, Trujillo recordó que hay dos grandes: las comisiones de la verdad y las leyes de amnistía.

Sacudiendo los cimientos

Por su parte, desde Acceso a la Justicia se propuso desenterrar la participación ciudadana, para así hacer más transparente al Poder Judicial. Esta figura fue eliminada en la última reforma que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) sufrió en 2012 y en la que se suprimieron los escabinos, esos ciudadanos que junto al juezdecidían si un acusado era inocente o culpable, por considerarlos responsables del retardo procesal.

«Se cree que la participación ciudadana no es oír, sino escuchar, porque la voz de la ciudadanía debe ser tomada en cuenta, afirmó el director de la organización, Alí Daniels, quien también planteó la necesidad de hacer más transparente y someter arendición de cuentas al TSJ y al conjunto del sistema de justicia.

Sin embargo, para lograr esto último propuso «hacer una auditoría del Poder Judicial, así como determinar cuántos y quiénes son los jueces activos. También debe hacerse pública su trayectoria profesional y especificar quiénes son los jueces titulares y suplentes».

Por último, Alí Daniels reclamó el restablecimiento de la justicia de paz.

Investigadores consideran que la instalación de una comisión de la verdad debe nacer de un acuerdo nacional

Las víctimas esperan una reparación que vaya más allá de lo económico

Foto: @UKinVenezuela

Expertos en materia de Derechos Humanos concuerdan en que en un proceso de Justicia Transicional es importante mantener el foco en la víctima y en lo que puede necesitar en un corto plazo. 

En el Foro Chevening de Justicia Transicional organizado por la Embajada Británica y la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, distintos investigadores fijaron postura sobre las consideraciones que se deben tomar en Venezuela, para el momento en el que se empiece a aplicar este tipo de justicia.

Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa aseguró que lo central debe ser la víctima y cómo atenderla. «El gran reto es no perder la memoria ahora, reconocer y documentar a las víctimas».

Igualmente señaló como otro punto importante la definición que se debe hacer sobre qué víctimas o qué tipo de casos entrarán en el proceso de justicia transicional. Para el sociólogo las víctimas no solo esperan una compensación económica, sino otro tipo de beneficios que los puedan ayudar a seguir adelante.

La investigadora de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, Noemí Pérez, también abordó este punto sobre la reparación a las víctimas, señalando que en muchos casos esto es dejado a un lado.

Pérez explicó que en otros casos de justicia transicional como en Timor Oriental, ubicado en Asia, las víctimas, pedían mejores condiciones de trabajo o de estudios, más que alguna compensación económica. 

Además recomendó que los procesos de este tipo de justicia sean flexibles, para no excluir a algún grupo vulnerable como las mujeres. Para la investigadora es vital estudiar primero los casos que serán incluidos, las víctimas que se entrevistarán e incluso el tipo de preguntas que se harán. 

Otro punto a destacar para Noemí Pérez es la instalación de una comisión de la verdad, pues a su juicio, debe nacer de un acuerdo nacional y no debe ser manejada por partidos políticos. «Porque podemos ver el ejemplo de Colombia, donde le redujeron el presupuesto a la Comisión de la Verdad, luego de la llegada de Iván Duque a la presidencia». 

¿Cómo surge Justicia Venezolana? ¿Por qué la imputación de civiles en tribunales militares es una violación al debido proceso? ¿Qué es la justicia transicional? Estos y otros temas los estaremos conversando con Yonathan Mustiola, abogado y representante de Justicia Venezolana, una organización que se encarga de la defensa de los Derechos Humanos de los presos políticos y disidentes.

“Una de las primeras cosas dichas por Delcy Rodríguez apenas instaurada la Asamblea Nacional Constituyente, era que de manera progresiva pasarían los casos de civiles imputados en tribunales militares a tribunales civiles, que es lo que corresponde, cosa que han venido haciendo a cuenta gotas, en casos puntuales como el profesor Ángel Zerpa que ahora esta en la jurisdicción civil pero hasta hace poco estuvo en jurisdicción militar”

Iniciaremos con “Presos Políticos” de la banda mexicana Masacre 68, continuaremos acompañados de la banda Los Miserables y el tema “Pisagua”; finalmente escucharemos a la banda El Corazón del Sapo y su tema “Matarifes”; Estas son las pausas planeadas por @romontesdeoca para este Humano Derecho.

En esta oportunidad contaremos con Rodolfo Montes de Oca (@romontesdeoca) como presentador, el cual le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar.  Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por Redes Ayuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com

EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES, los venezolanos han entrado en un remolino de acontecimientos que ponen a prueba el talante democrático como nación y como pueblo.

El 1° de abril la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió las sentencias 157 y 158, con las cuales se suprimían los puntos más polémicos de sus predecesoras, las sentencias 155 y 156, con las cuales el Poder Judicial le quitaba competencias al Poder Legislativo para asumirlas desde el máximo tribunal y otorgarle funciones legislativas al Poder Ejecutivo lo que representaba una flagrante violación del orden constitucional, ya que violaban la independencia de poderes establecidos en la Constitución. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, calificó: “las sentencias 155 y 156 del TSJ representan una ruptura del hilo constitucional” y exhortó a los actores políticos a tomar los caminos democráticos y respetar las diferencias.

Fue en este contexto que el 2 de mayo, a través de un comunicado la Asociación Civil, Paz Activa hizo pública su preocupación y un llamado al respeto y defensa de los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) vigente. Hoy la preocupación está más viva que nunca ya que el gobierno no escuchó el clamor de la mayoría de los venezolanos que llevan más de 100 días de protesta pacífica en las calles y que fue manifestaba de manera inequívoca en la Consulta Popular realizada el 16 de julio, donde participaron 7.535.259 personas quienes con su participación ratificaron a la Asamblea Nacional elegida el en diciembre del 2015 su mandato popular para restituir el orden constitucional.

Sin embargo, Nicolás Maduro violentando expresamente los principios constitucionales, procedió a convocar y realizar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (sin haber consultado previamente a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no en cambiar la Carta Magna) sellando su atropello con la instalación de esta.

Estado Mafioso o Forajido

En julio de 2016, la Asociación Civil, Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado realizaron el Foro “El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela ¿Qué tipo de estado somos?», donde se profundizó en el análisis de la problemática del impacto del crimen organizado en los diferentes ámbitos de Venezuela, no sólo como estado sino como país, con una situación socio-económica y política que cada día los hacía más vulnerables a este flagelo.

Un año antes en noviembre del 2015, el Observatorio de Delito Organizado publicó una nota editorial «¿Evidencias del “Estado Mafioso” en Venezuela?», llamando la atención en cuanto a las implicaciones de la detención de dos familiares directos de la familia presidencial venezolana por actividades de narcotráfico internacional, lo que se puede interpretar como una clara señal de la penetración de una amplia red en el poder político y económico de la nueva clase dominante en Venezuela.

Además, con la inclusión de nuevos funcionarios de alto rango a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las inminentes sanciones que anuncia imponer la Unión Europea a los funcionarios del gobierno de Maduro, donde están incluidos el vicepresidente y el presidente de Venezuela, se confirma una práctica delictiva que el gobierno venezolano ha adoptado desde hace más de una década, exponiendo a la sociedad venezolana a los graves peligros que conllevan la relación con grupos de delincuencia organizada como lo son el tráfico de drogas, lavado de dinero, sicariato, contrabando, secuestro y extorsión, entre otros.

En algunas de las Ex Repúblicas Soviéticas se han instaurado nuevas formas de gobierno e instituciones que surgieron a partir de sus revoluciones. Tales gobiernos presentan algunas debilidades en la solidez de su estado de derecho, así como de sus sistemas de contraloría, dejando el control de la institucionalidad del estado en manos de las nuevas élites, algunas corruptas y con poca formación política que vieron en el manejo del estado grandes oportunidades de enriquecimiento. Estas son llamadas en algunos casos “Estados Mafiosos”. Estos son controlados por una pequeña élite que puede estar conformada por familias dominantes o pequeños grupos de poder que se identifican con un “Poligarca”, que se define como un oligarca con poder político y gran poder económico oculto a través de testaferros, o una mezcla de estos.

Con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente hoy denunciada fraudulenta, el Estado Mafioso en el cual se ha convertido Venezuela, consolida la dictadura. Desatendiendo la voz de más del 80% del país.

Gobernabilidad y transición política

Las experiencias de Perú, de países en África y de la ex Unión Soviética nos demuestran que la única salida para retomar la gobernabilidad de este tipo de estados es negociando con aquellas personas que los conforman.

El pasado mes de junio, más de 30 organizaciones civiles impulsaron en Venezuela la denominada iniciativa «Justicia Transicional». Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa, una de las organizaciones promotoras de esta acción, resalta la importancia de esta propuesta en los actuales momentos que vive el país: “Ante esta realidad, se impone la negociación y la política como la opción de destrancar el juego democrático para que nos encaminen a superar esta aguda crisis. Uno de los caminos que claramente nos presenta las experiencias de naciones que han superado los grandes retos del cambio con un mínimo de trauma y violencia es lo que se conoce como Justicia Transicional”.

Esta justicia “especial” para una agenda de Paz y Gobernabilidad ofrece garantías y atenuantes a todos aquellos que deseen plegarse a ella. También garantiza el trato igualitario de las víctimas, donde la búsqueda de la verdad, el reconocimiento y reparación de las víctimas está por encima de la imposición de sanciones y castigo a los culpables y compone la esencia de esta Justicia.

Es imperativo transitar pacíficamente estos tiempos difíciles que actualmente vive Venezuela para lograr una gobernabilidad sustentable que permita fortalecer el sistema democrático. Se deben abrir a los mecanismos probados y disponibles para superar este tipo crisis.

EL DIRECTOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL PAZ ACTIVA, Luis Cedeño, presentó junto con más de 30 organizaciones no gubernamentales la iniciativa Justicia Transicional.

Cedeño afirmó que en un proceso de transformación política como el venezolano debe prevalecer un espíritu de reconciliación sin caer en la impunidad. Agregó que la Justicia Transicional se trata de cambiar de un modelo menos democrático a otro más democrático.

Así destacó que en el país se deberá investigar la presunta violación de derechos constitucionales y supraconstitucionales. Las víctimas deberán ser reconocidas y el Estado tendrá que reparar los daños, afirmó.

«Ni impunidad, ni venganza, queremos justicia y verdad», señaló Cedeño.