El primer vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Freddy Guevara, está evaluando pedir en “un futuro” asilo político a Chile, luego de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) autorizara enjuiciarle por instigación pública, informaron este jueves sus abogados.
“En estos momentos el diputado Freddy Guevara se encuentra en calidad de huésped en la embajada de Chile y está evaluando en un futuro solicitar el asilo político”, dijo en rueda de prensa la abogada Ana Leonor Acosta, al rechazar por “inconstitucional” el proceso que ha iniciado el Supremo y la ANC contra su defendido.
El Gobierno chileno ya ha manifestado su disposición de acoger a Guevara en caso de que solicite asilo político al país austral, informaron el pasado lunes fuentes oficiales.
Guevara está siendo acusado de los “delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir”, por la Fiscalía, que le relaciona con su papel en las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio de este año en las que fallecieron al menos 120 personas.
La Constitución venezolana establece que los diputados tienen inmunidad y que, en caso de ser allanada, debe ser el Parlamento quien realice el procedimiento.
Sin embargo, la Constituyente oficialista ha despojado al Legislativo -controlado por la oposición- de sus funciones alegando que se encuentra en desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En ese sentido, el abogado Omar Mora Tosta, defensor de Guevara, ha dicho hoy que la Asamblea Nacional Constituyente sólo tiene una competencia y es la “de redactar una nueva Constitución”, no la de “allanar la inmunidad parlamentaria de ninguna persona”.
“Estamos en presencia de una situación que ha violentado gravemente los derechos constitucionales y procesales de Freddy Guevara en su condición de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), es un ataque a la institucionalidad”, agregó al tiempo que señaló que la decisión “viola garantías inherentes a la persona humana”.
El diputado no interpondrá ningún recurso ante el TSJ ni ante la ANC, pues según han dicho sus abogados, no reconoce por “ilegítimas” a estas instituciones.
“Guevara no tiene a donde acudir porque el Gobierno ha disuelto las instituciones”, indicó la abogada Acosta que también reafirmó que su defendido “no se va a someter a ningún proceso ante estas instancias”.
Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional solicitó al Ministerio Público adelantar el juicio por corrupción en contra del ex ministro de alimentación Carlos Osorio y además solicitó una investigación
en contra de la jueza Omaira Escalona por usurpación de poderes.
El diputado explicó que su comparecencia ante el MP fue con el objetivo de que se investiguen el pago de comisiones por parte de la empresa relacionada con el proveedor Naman Wakil a Jesús Marquina Parra y a Néstor Marquina Parra, ambos cuñados de Osorio. Hechos que fueron denunciados en la plenaria de la Asamblea Nacional en el año 2016.
Al ser consultado acerca de la multa impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, de 900 Millones de Bolívares en contra de su persona, de Carlos Berrizbeitia y Carlos Tablante por supuestos daños y perjuicios en contra de Carlos Osorio, dijo que esa es una decisión sin competencia, porque a su juicio los jueces están usurpando funciones donde no tienen competencia.
“Carlos Osorio no puede pretender que después de haber manejado tanto dinero, ahora se la de Niño Jesús y diga en un canal de televisión que esos 900 Millones de bolívares que él consiguió, es para que compren sillas de ruedas y hagan ayuda social. No seas tan cínico y cara de tabla, tú sabes que con todo lo que te apropiaste indebidamente y que era del pueblo venezolano, tienes suficiente dinero.
Ahora pretendes que diputados a los que ni siquiera se les paga el sueldo desde el año pasado, nos van a imponer a nosotros que te paguemos 300 Millones cada uno. Pues te digo que estás equivocado y esto lo vamos a dilucidar en las instancias legales”, advirtió García.
La justicia electoral brasileña inició hoy las audiencias del juicio que decidirá si hubo irregularidades en las finanzas de la campaña de Dilma Rousseff y Michel Temer en 2014 y que amenaza con desalojar del poder al actual mandatario.
El presidente del Tribunal Superior Electoral, Gilmar Mendes, declaró abierta la sesión, en la que esa corte fundada en 1932 sentará por primera vez en el banquillo a los miembros de una fórmula vencedora de unos comicios presidenciales.
La corte celebrará esta semana las primeras cuatro audiencias del juicio, que se calcula que se prolongará durante meses y pudiera ser suspendido en cualquier momento, si alguno de los siete miembros del tribunal solicita más tiempo para estudiar los cargos.
Catalogada como Acción de Investigación Judicial Electoral (Aije) 194358, la demanda se refiere a supuestas “donaciones” recibidas por Rousseff y Temer para la campaña de 2014, cuando fueron reelegidos, que habrían salido de la red de corrupción que operó en Petrobras y concretamente del grupo Odebrecht, implicado en esa trama.
Según ha confesado Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, su grupo donó para esa campaña de Rosseff y Temer 150 millones de reales (hoy unos 48 millones de dólares) y al menos una tercera parte de ese dinero tuvo origen en la corrupción.
Rousseff y Temer ganaron las elecciones de 2014, que mantuvieron a ella al poder y a él en la vicepresidencia, aunque la mandataria fue destituida por irregularidades fiscales en agosto pasado y el actual gobernante heredó el mandato que ahora puede perder, lo que llevaría a una elección indirecta en el Congreso.
Si se llegara a ese extremo, sería la primera vez en la historia que dos presidentes brasileños sean destituidos durante el mismo período, lo que pudiera ahondar la profunda crisis política en que se ha sumergido Brasil en los últimos tres años, desde que comenzó la investigación sobre la trama corrupta en la estatal Petrobras.
El juez del caso, Paul Crotty, fija posición ante los argumentos de la defensa de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La autoridad federal puntualizó las razones por las que considera que Campo y Flores no deben ser sometidos a un nuevo proceso
EFRAÍN CAMPO FLORES Y FRANQUI FLORES DE FREITAS, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, no tendrán un nuevo juicio. Así lo hizo saber este viernes Paul Crotty, juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y máxima autoridad en el caso que sigue la justicia estadounidense contra los sobrinos de Nicolás Maduro desde noviembre de 2015.
Adicionalmente, los primos tendrán que esperar tres meses y diecinueve días más de lo previsto originalmente para conocer su condena. La audiencia en la que se haría pública la decisión del juez, pautada originalmente para el 7 de marzo, fue pospuesta para el 26 de junio de 2017 a la espera de que la Fiscalía presente nuevos argumentos para rebatir la posición fijada por la defensa.
El 18 de noviembre de 2016 el hijo de crianza y el sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron declarados culpables del delito de conspirar para importar 800 kilos de cocaína desde Venezuela hasta Estados Unidos. Desde entonces, la defensa ha puesto un gran empeño por probar fuera de la Corte lo que no pudo demostrar dentro de ella.
El 23 de enero de 2017 el equipo de defensores introdujo ante la Corte un documento en el que detallaron las supuestas irregularidades presentadas durante el proceso judicial contra sus clientes y solicitaron un nuevo juicio; en contraposición, el 13 de febrero la Fiscalía presentó un documento de 113 páginas en el que mostraron presuntas relaciones —tanto antiguas como actuales— de los defendidos con el negocio del narcotráfico. Además, revelaron nuevos nombres y supuestas conexiones con autoridades y delincuentes venezolanos.
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El 6 de marzo la defensa respondió con otro documento en el que descartaron cualquier vinculación de los sobrinos Flores con el capo Hermágoras González Polanco y reclamaron la interpretación que la Corte dio a las conversaciones en “clave” halladas en los teléfonos incautados en el momento de la detención. A juicio del equipo defensor las acusaciones están sustentadas en “inferencias”. Pusieron como ejemplo la reacción de Campo cuando se le interrogó sobre la foto en la que aparece sosteniendo un bloque de supuesta cocaína. “Tú sabes lo que es”, respondió el sobrino al agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sandalio González.
Un documento de 15 páginas titulado Opinion and order y firmado por Crotty vino a zanjar el debate epistolar. A continuación los ocho argumentos que utilizó el juez para negar un nuevo proceso para Campo y Flores:
La insistencia con “El Sentado”
Campo y Flores no estaban contentos con la lentitud para concretar los “negocios» por parte de su socio hondureño Carlos Amílcar Leva Cabrera (alias “El Sentado”). En conversaciones extraídas de los teléfonos incautados los defendidos reclamaban a José Santos Peña (CS1) que “El Sentado” no se comunicaba con la frecuencia necesaria y explicaban que “eso pasa cuando la gente se llena de papel (dinero)”.
La defensa ha insistido en que fue Leva Cabrera quien instigó y orquestó toda la operación para señalar a Campo y Flores como objetivos para la DEA. Sin embargo, argumenta el juez, no hay evidencia de que haya sido “El Sentado” quien contactó a los primos Flores y, por el contrario, ellos se comunicaron e insistieron en hacer negocios con él. Cuando la operación no se movió a la velocidad que esperaban, amenazaron con “moverse por otro lado”.
El juez señaló, además, que los sobrinos admitieron que fue Mohamad Abdul Razzak —alias “Hamudi”, contacto en Venezuela— quien les presentó a César Daza, alias “El Flaco” y que este, a su vez, fue el enlace con “El Sentado”.
No le dijeron no a Estados Unidos
La defensa ha insistido en que nunca salió de la boca de los primos Flores una mención directa a Estados Unidos; por lo tanto, aseguraron, su intención no era que el rumbo del cargamento de drogas fuese hacia el país norteamericano.
Las fuentes encubiertas de la DEA que participaron en la operación mencionaron, al menos en trece oportunidades, a Estados Unidos como destino final. Ante los ojos del juez, el hecho de que los sobrinos no hayan dado una mínima muestra de oposición ante esto los hace corresponsables. “Una manifestación explícita no es requerida”, aseguró la autoridad.
Adicionalmente, Crotty retomó el testimonio ofrecido durante el juicio por el agente especial de la DEA Daniel Mahoney, en el que se explicó que, aproximadamente, 80% de la cocaína enviada desde Venezuela, por medio del corredor de Centroamérica, tiene como destino Estados Unidos.
Caminaron con sus propios pies
“Los defendidos tomaron un número de acciones voluntarias en pro de la conspiración”, señaló el juez y enumeró las que, a su juicio, son las cuatro principales: participar en reuniones para discutir el acuerdo e incluso llevar a una de las reuniones un supuesto bloque de cocaína; intentar enviar a unos pilotos para continuar discusiones sobre logística; viajar a Honduras, el 6 de noviembre, para discutir la logística de la carga de los 800 kilos de cocaína; y volar a Haití, el 10 de noviembre, para recoger el dinero por el acuerdo y finalizar detalles.
Canadá, Europa y otros mercados
En uno de los audios recolectados por la fuente confidencial de la DEA y presentados en el juicio se escucha a Campo muy interesado por conocer los precios de la cocaína en Canadá. Santos Peña respondió con cifras de la venta en Ottawa y Vancouver. “Yo tengo una prima allá arriba, en Canadá, que es cónsul”, replicó Campo.
“Yo tenía un contacto en Europa, pero ahí es difícil conseguir gente corrupta”, añadió el sobrino Flores. El juez consideró, adicionalmente, que “los defendidos buscaron establecer un acuerdo para el tráfico de drogas con un sujeto apodado ‘Pepe’ ”.
La inexperiencia es algo de experiencia
“Hay un principio para todo y nada excusa un crimen, así sea la primera vez”. Así respondió el juez Crotty a la intención de la defensa de presentar a los defendidos como “estúpidos”, “fáciles de engañar”, “poco sofisticados” e “inexpertos”.
La silla del juez y las del jurado
La defensa ha considerado que las pruebas presentadas ante el jurado no fueron suficientemente objetivas como para llevarlos a tomar una decisión correcta. “La Corte no está en ninguna posición mejor que el jurado para hallar los hechos en este caso, ni el interés de la justicia exige que el veredicto sea puesto a un lado”, puntualizó Crotty.
El juez rechazó que se le incitara a usurpar el rol del jurado, conformado por personas ajenas a la situación política, económica y social de Venezuela.
El castigo a CS1
Eliminar todo rastro de credibilidad del testigo estrella del caso fue la tarea principal del equipo de defensores. José Santos Peña, CS1, le mintió a la agencia antinarcóticos estadounidense; estuvo haciendo negocios de narcotráfico paralelamente a su desempeño como fuente confidencial. Esto le llevó a la cárcel, desde donde no cesó su actividad delictiva, según logró demostrar la defensa en pleno juicio.
Allí, frente a todos los presentes, la Fiscalía revocó el acuerdo de cooperación con la DEA de CS1. Aún habiendo presenciado eso, el jurado decidió tomar como válido el testimonio de Santos Peña. El juez rechazó nuevamente que se tratara de restar validez al criterio del jurado.
Otro criterio fijado antes, pero no mencionado en el documento publicado este viernes cobra relevancia: CS1 proveyó evidencias inculpatorias en audios, imágenes y videos, recogidas usando equipos cifrados propiedad de la DEA.
Vale más parecer que ser
La posición del juez Crotty sobre la importancia de que la muestra de cocaína fuese real quedó clara en una audiencia previa al juicio celebrada el 9 de julio de 2016. “No hay ningún indicio de que esas fuesen drogas reales”, expuso el abogado Randall Jackson. “Bueno, yo no sé eso tampoco, pero su cliente dijo que esas eran drogas (…) ellos ofrecieron una muestra”, replicó Crotty en esa oportunidad.
El testimonio de CS1 fue clave para describir la naturaleza de la “sustancia polvorosa”. Ante el juez y el jurado aseguró que su olor, color y el “aceite” que soltó cuando la frotó le hacían estar seguro de que era una muestra de cocaína. Por medio de una carta consignada después del juicio, la defensa presentó el testimonio de Andrea Holmes, experta en Química, quien evaluó como irreal la transición de una sustancia sólida a un estado líquido tan solo con el calor de las manos.
“Interesante, pero ese no fue el testimonio de CS1 (…) el testimonio de la doctora Holmes no hace referencia a si la cocaína, aún sólida, puede ser grasosa al frotarla”, asentó Crotty. El juez añadió: “La declaración sobre el porcentaje de pureza fue hecha durante la conversación grabada con los dos defendidos en Caracas, en la reunión donde Campo Flores produjo la muestra”.
El juicio contra el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos, acusado de haber perpetrado un atentado con granada en la capital francesa en 1974 que causó dos muertos y decenas de heridos, se abrió este lunes en París.
Carlos, de 67 años, también conocido como “El Chacal”, será juzgado durante quince días por un tribunal de lo penal competente para juzgar “actos de terrorismo”.
Vestido con una elegante chaqueta negra y un pañuelo rojo de bolsillo, Carlos ingresó a la sala de audiencias sonriente, saludando con un beso en la mano a su abogada, Isabelle Coutant-Peyre, con quien contrajo matrimonio religioso en 2011, antes de lanzar un beso a los periodistas.
El legendario líder del terrorismo internacional de los años setenta y ochenta se presentó ante los jueces, en francés, como un “revolucionario de profesión”. Cuando el presidente le preguntó su edad, Carlos, ahora con el pelo completamente blanco, respondió con su habitual socarronería: “Tengo 17 años, más al menos cincuenta”.
Encarcelado en Francia desde que fue capturado en 1994 en una operación del espionaje francés en Sudán, este antiguo adepto del marxismo cumple ya dos condenas a cadena perpetua por un triple homicidio en 1975 en París y cuatro atentados cometidos en Francia hace 30 años.
Este lunes se sentó nuevamente en el banquillo de los acusados, esta vez por un atentado con granada cometido el 15 de septiembre de 1974 contra una tienda en pleno centro de París que se saldó con dos muertos y 34 heridos.
Procesado por cargos de “asesinato e intento de asesinato, daño de propiedad y transporte de material de guerra, en relación a una empresa terrorista”, se enfrenta a una nueva condena a cadena perpetua.
Sentado tras un cristal blindado, acompañado de tres policías, Carlos intervino en numerosas ocasiones, denunciando la “falta de democracia en Francia”, en comparación a su país, Venezuela, donde, afirmó, existe “con la revolución bolivariana, una verdadera democracia participativa”.
Larga batalla legal
Este juicio se abre al término de una larga batalla legal tras la cual la justicia francesa rechazó la prescripción invocada por la defensa al considerar que este atentado, “conectado” con otros casos, se inscribía “en la perseverancia de un compromiso terrorista”.
“Las víctimas esperan desde hace mucho tiempo que Carlos sea declarado culpable y condenado, sus heridas nunca se cerraron”, declaró Georges Holleaux, quien representa a 18 de las 30 partes civiles del juicio, entre ellas las viudas de los dos fallecidos.
La abogada de Carlos, Isabelle Coutant-Peyre, denunció por su parte un juicio “extravagante”. “¿Qué interés tiene celebrar este juicio tantos años después de los hechos?”, manifestó.
La letrada señaló además que “El Chacal”, apodo ligado a la leyenda negra de este hijo de un acaudalado abogado marxista al que se le imputan numerosas operaciones sangrientas, niega estar implicado en este atentado.
La defensa, que espera como en cada uno de los casos anteriores que se demuestre la culpabilidad de su cliente, denunció además pruebas “contradictorias y ficticias”.
En una entrevista publicada a finales de 1979 en la revista Al Watan Al Arabi, Carlos reconoció haber lanzado la granada que estalló a las 17H10 en el almacén Drugstore Publicis, ubicado en el bulevar Saint-Germain de París.
Sin embargo, durante la instrucción, este venezolano que cometió varios atentados en nombre de la causa palestina, negó haber dado esa entrevista.
Para la fiscalía, la investigación estableció que el atentado de París estaba conectado con una toma de rehenes en curso en la embajada de Francia en La Haya.
Un comando del Ejército Rojo Japonés, grupo ligado al Frente de Liberación de Palestina (FPLP), realizó esta toma de rehenes y exigía la liberación de uno de sus miembros detenidos en París.
Ramírez Sánchez, presuntamente implicado en la planificación de esta toma de rehenes, habría tomado la iniciativa de cometer el atentado en París para doblegar al gobierno francés.
La acusación se basa también en los testimonios de antiguos camaradas del venezolano y en el origen de la granada utilizada en el atentado. Esta última formaba parte del mismo lote que las usadas por los secuestradores de La Haya y la descubierta en París en el domicilio de la amante de Carlos.
La audiencia del juicio que se le sigue a la exjueza María Lourdes Afiuni fue diferida este miércoles.
José Amalio Graterol, abogado de Afiuni, denunció a través de Twitter que el aplazamiento es parte de una “operación morrocoy”. La exjueza tiene 7 años sin sentencia firme.
“La vagancia es un valor fundamental del régimen (…). El Poder Judicial es la basura más podrida del régimen; como no tienen manera ni prueba alguna para condenar a María Afiuni, no dan despacho”, expresó Graterol.
La etapa de presentación de pruebas y de testigos en el juicio contra los ocho policías y militares acusados de asesinar a Bassil Da Costa, luego de la manifestación estudiantil del 12 de febrero de 2014, terminó y a partir del próximo lunes se iniciará la fase de conclusiones.
Así lo informó el Ministerio Público, en un comunicado el cual anunció que presentó ante el Tribunal 27 de Juicio de Caracas 133 medios y órganos de prueba para probar la responsabilidad del comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Ramón Perdomo Camacho, y otros siete funcionarios policiales y militares.
Durante las audiencias, el fiscal José Ernesto Ikovic, ratificó la acusación contra Perdomo Camacho por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos innobles; uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República.
Asimismo presentó los testimonios de expertos criminalistas, forenses y testigos, además de videos, fotografías y otras pruebas.
Por este caso, también fueron acusados por los delitos de uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, el comisario jefe del Sebin Manuel Benigno Pérez; el comisario Edgard Lara Gómez, el inspector Héctor Rodríguez Pérez; y los detectives Jimmy Sáez Osorio y Jonfer Márquez Hernández.
Igualmente, resultaron acusados por los anteriores tipos penales el sargento segundo del Ejército Nacional Bolivariano, Jonathan Rodríguez Duarte, y el oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Andry Jaspe López.
De los ocho acusados solo Perdomo Camacho permanece detenido en El Helicoide, mientras que los otros siete se encuentra en libertad condicional.
El juicio contra Da Costa debió reiniciarse debido que se consideró interrumpido.
En horas de la tarde del 12 de febrero de 2014, Da Costa recibió un disparo que le causó la muerte en la esquina de Tracabordo, durante los hechos de violencia acaecidos en la parroquia Candelaria de Caracas. En principio las autoridades pretendieron responsabilizar a la oposición de lo ocurrido, pero gracias a videos y fotografías de periodistas, vecinos y protestantes se corroboró que agentes del Sebin estaban en las cercanías de la marcha, armados y que realizaron disparos.
El asesinato de Da Costa y posteriormente el del dirigente oficialista Juan Montoya provocó la ira de quienes participaban en la manifestación opositora y una serie de disturbios, los cuales fueron duramente reprimidos por las autoridades.
Los fiscales de Estados Unidos pidieron el jueves al jurado del caso de narcotráfico que involucra a dos sobrinos de la primera dama de Venezuela que encuentre culpables a ambos, a pesar de que un testigo clave fue acusado de mentir durante el proceso.
Durante los argumentos de cierre en una corte federal de Manhattan, el fiscal asistente Brendan Quigley reconoció que lo ocurrido con el testigo José Santos Peña es «un factor importante» en el juicio, pero pidió a los jurados que se concentren en otras evidencias contra Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores.
Los abogados los sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, respondieron que el testigo «infecta todos los aspectos» del juicio. «¿Sin él, cuál es su caso?», preguntó al jurado David Rody, abogado de Flores de Freitas.
Hace dos días, los fiscales tomaron la inusual decisión de invalidar un acuerdo de cooperación con el testigo, después de que la defensa presentó evidencia que dijo que mostraba que había mentido y traficaba drogas en secreto.
Fue un revés para el Gobierno en un caso con potenciales consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
Los fiscales han acusado a Flores de Freitas, de 31 años, y Campo Flores, de 30, de intentar usar uno de los aeropuertos de Venezuela para enviar cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos a través de Honduras. Sus arrestos en noviembre fueron resultado de una operación encubierta que involucró a informantes pagados. Nunca se envió la droga.
Los fiscales dijeron que su objetivo era, en parte, conseguir efectivo para contrarrestar el financiamiento que ellos creían que Estados Unidos entregaba a la oposición antes de las elecciones legislativas de diciembre del 2015. El Partido Socialista Unido de Venezuela perdió su mayoría en la Asamblea Nacional después de la votación.
Quigley dijo el jueves a los jurados que deberían concentrarse en los mensajes de texto y grabaciones telefónicas que muestran que los sobrinos estaban «deseosos y entusiasmados por hacer operaciones de narcotráfico».
«La evidencia en Venezuela no viene de la boca de Santos Peña», dijo Quigley.
Los abogados de los acusados sostienen que sus clientes no son lo suficientemente entendidos para realizar un negocio de narcotráfico tan grande y fueron engañados por informantes que buscaban congraciarse con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que les pagaba grandes montos por atraer a objetivos de alto perfil.
