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Juicio

LA EXPRESIDENTA DE ARGENTINA Cristina Fernández (2007-2015) asistió en la mañana de este lunes a la cuarta sesión del juicio oral en el que se le acusa de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos en la adjudicación de obra pública durante su mandato.

En la audiencia, que comenzó poco antes de las 10 hora local (13 GMT) en los tribunales federales de Buenos Aires, se prosigue con la lectura de los cargos fundamentados por los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Como ya es habitual, la actual senadora y precandidata a la Vicepresidencia del país para las elecciones de octubre próximo no habló ante la prensa y se colocó junto a su abogado Carlos Beraldi en la última fila de asientos destinada a los acusados.

Más adelante se ubicaron los ya detenidos exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros imputados.

Detrás, separados por un vidrio, se ubican espectadores que llegaron para apoyar a la exmandataria.

El lunes pasado no asistió a la tercera audiencia del juicio -que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2)- al justificar que tenía actividad parlamentaria en el Senado, la única situación para la que el juzgado la autorizó a ausentarse en las primeras sesiones, en las que se leen las acusaciones.

Esta es la primera vista oral que enfrenta Fernández, que es juzgada por el presunto direccionamiento de la concesión de obra pública, en la provincia de Santa Cruz, donde nació su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas de Báez, excolaborador y amigo de la pareja.

Según la acusación, en los 12 años de mandatos kirchneristas se adjudicaron a Báez más de 50 obras, el 80 % del total en ese distrito, muchas de las cuales quedaron inacabadas, tuvieron sobreprecios o eran innecesarias.

A su vez, por otras causas ya investigan el posible retorno de esos supuestos millonarios sobreprecios al matrimonio presidencial a través del alquiler de propiedades inmobiliarias de los Kirchner al propio Báez.

El pasado viernes, la senadora -que tiene fueros y no puede ser detenida- pidió al TOF2 un nuevo permiso para viajar a Cuba a visitar en julio a su hija Florencia, que es tratada allí de problemas de salud.

La petición para viajar a La Habana del 2 al 10 de julio próximos todavía no fue resuelta.

Este año la expresidenta ya ha viajado dos veces a ver a Florencia, que sufre un “trastorno de estrés postraumático” que su madre atribuye a la “persecución” que a su juicio sufren ambas por parte de la justicia ya que comparten acusaciones de corrupción en dos causas.

EFE/SPLL

 
Suspenden la declaración del exgeneral Hugo Carvajal al cambiar de abogado

EL NUE VO ABOGADO DE HUGO CARVAJAL es Antonio José García Cabrera, conocido en España por defender a José Villarejo, un antiguo importante jefe policial que se encuentra en prisión preventiva desde hace 18 meses, acusado de distintos cargos relacionados con la corrupción.

El letrado acudió este lunes a la Audiencia Nacional para comunicar al juez Alejandro Abascal, que lleva el caso, el cambio en la defensa del exgeneral chavista.

Tras entrevistarse en los calabozos de la Audiencia Nacional con su cliente, que había sido ya trasladado desde prisión para esta comparecencia, García Cabrera alegó ante el juez que tenía que instruirse sobre los motivos por los que Estados Unidos (EEUU), reclama su extradición antes de decidir sobre la conveniencia de prestar una nueva declaración.

Antes de cambiar de abogado, Carvajal pidió comparecer a petición propia con el objeto de aportar información relevante sobre Venezuela.

El exgeneral, de 59 años, fue uno de los hombres de confianza de Chávez

Tras su arresto en abril fue puesto a disposición del juez Abascal, ante quien afirmó que la reclamación de EEUU contra él por narcotráfico y blanqueo de capitales se basa en acusaciones falsas y responde a motivos políticos por la información de que dispone sobre la época de gobierno de Hugo Chávez.

Se negó por tanto a ser a ser entregado a las autoridades de Washington y explicó que su salida de Venezuela hacia España fue para huir del país ante la situación política que atraviesa.

El exgeneral chavista apoyó en febrero a Juan Guaidó e hizo un llamamiento a sus compañeros militares para rebelarse contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, está reclamado por EEUU por participar supuestamente en el envío de 5.600 kilos de cocaína, un cargamento que no llegó a entrar en ese país al quedarse en México por un problema técnico de un avión.

También lo vinculan con la guerrilla colombiana de las Farc, pero él negó ambas acusaciones y solo admitió haber participado en una negociación para liberar a un empresario venezolano, operación que se saldó con éxito.

Según su versión, la reclamación de EEUU responde a motivaciones políticas, puesto que él tiene mucha información del gobierno del presidente venezolano fallecido Chávez, en concreto de sus más de siete años al frente de los servicios de contrainteligencia militar (Dgcim) de 2004 a 2011.

EEUU lo acusa también de haber lavado dinero de la droga junto a Pedro Luis Martín Olivares, un antiguo cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que el Tesoro norteamericano incluyó el pasado año en su “lista negra” de narcotraficantes.

De ser finalmente extraditado y juzgado, Carvajal se enfrenta en EEUU a una petición de pena de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.

UN TRIBUNAL ARGENTINO DECIDIÓ ESTE LUNES aplazar al 21 de mayo el inicio del primer juicio por corrupción que afecta a la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), que iba a comenzar el próximo 26 de febrero, confirmaron a Efe fuentes de la defensa de la actual senadora.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, encargado de celebrar la vista oral, tomó la decisión de postergar el proceso por problemas de salud de Jorge Alberto Tassara, uno de los jueces que integran esa cámara judicial, que fue internado este lunes en un centro hospitalario para realizarle de urgencia y baipás aorto coronario.

Hace justo una semana, el TOF 2 había rechazado aplazar el juicio después de que Fernández pidiera cambiar la fecha al considerar que no ha finalizado una instrucción suplementaria.

Se trata de la primera causa que llega a juicio de las que afectan a la ex jefa de Estado, en la que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación, durante su mandato presidencial, de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz.

Juicio por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner inicia el 26 de febrero

UN TRIBUNAL ARGENTINO RECHAZÓ este lunes aplazar el inicio del primer juicio por corrupción que afecta a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), que comenzará el próximo 26 de febrero y que la actual senadora pidió postergar al alegar que no ha finalizado una instrucción suplementaria.

Según confirmaron fuentes de la defensa de la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó el pedido al considerar que las pericias que todavía quedan por hacer no son indispensables para que comience el juicio, ya que podrán ser incluidas mientras se desarrolla el mismo.

En la causa, la primera que llega a juicio de las que afectan a Fernández, se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación, durante su mandato presidencial, de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz, tierra natal de Kirchner.

Además de la exmandataria -que por ser senadora cuenta con fueros que impiden su eventual arresto-, en el banquillo deberán sentarse los ya detenidos Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago
Kirchner, primo de Kirchner.

Al elevar el caso a juicio, el juez Julián Ercolini indicó que Fernández, en su carácter de presidenta, «habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad».

El juez cree que las maniobras investigadas habrían tenido el «objeto de procurarle al empresario Lázaro Antonio Báez un lucro indebido, en perjuicio de las arcas del Estado nacional». No obstante, la expresidenta está procesada en otras causas en las que es acusada de alquilar a empresarios algunas de sus propiedades inmobiliarias a altos precios para recibir supuestamente retornos de dinero público.

Fernández había pedido que se suspendiera el inicio del juicio, fijado para el día 26, debido a que sigue abierto un proceso de instrucción suplementaria, pero el TOF 2, encargado de la vista, entendió que los resultados de esas pericias no serán necesarios antes de mitad de año.

Ya la semana pasada, la Fiscalía se opuso a cambiar el inicio del juicio. Fuentes de la defensa de Fernández dijeron a Efe que la decisión es «una arbitrariedad absoluta», al considerar que es la primera vez que el TOF 2 inicia un juicio «sin que se encuentre terminada la instrucción suplementaria».

«Esto a nuestro criterio demuestra persecución judicial. Y por sobre todas las cosas, un tribunal parcial e inquisidor que no respeta el debido proceso y las garantías de defensa en juicio. Esto podría costar en otra instancia en una nulidad absoluta. Es incomprensible», aseveraron.

El hecho de que la vista comience sin las pericias concluidas «afecta a la defensa por cuanto la estrategia defensiva depende del resultado de esa pericia», añadieron. «Iniciarla sin ella es derrumbar por completo el Estado de Derecho», remarcaron.

Entre los varios procesos contra Fernández, para cuatro de ellos ya fue citada a juicio oral pero tan solo el de la causa por corrupción en la obra pública tiene su fecha fijada.

Llaman a juicio a Correa por presunto vínculo con secuestro de opositor

UN TRIBUNAL DE LA CORTE NACIONAL de Justicia de Ecuador emitió este miércoles un auto de llamamiento a juicio contra el expresidente Rafael Correa y otros tres exfuncionarios por el secuestro en Colombia en 2012 del político opositor Fernando Balda.

Al dar a conocer su fallo, la jueza nacional Daniella Camacho puso fin a más de un mes de incertidumbre, después de que a finales de septiembre concluyeran cuatro maratonianas vistas en la audiencia preparatoria de juicio, en una causa en la que el propio Balda, exasambleísta conservador, ejerció de acusación particular.

“Aunque parezca una victoria, no lo es. No es un momento para celebrar, no podemos celebrar el hecho de que hoy Ecuador entero comprobó de manera judicial que estos hechos criminales fueron ordenados por un presidente de la República”, manifestó el opositor tras conocer la sentencia que incrimina a Correa como autor intelectual del plagio (secuestro).

Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017, se pronunciaba poco antes de conocer el dictamen en Twitter asegurando: “Me voy a dormir. Con la portada de El Telégrafo, es claro lo que va a pasar. Se ratifica que el Caso Balda es una farsa, y que todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas”.

Y puso en cuestión que el medio público ecuatoriano conociera de antemano la sentencia de la magistrada: “No se preocupen por mí, preocúpense por la patria ¡Hasta la victoria siempre!”, añadió en la red social.

Junto a su mensaje publicó una supuesta portada del diario de mañana en la que se leía: “Jueza dispone juicio y prisión contra expresidente Rafael C”.

El exmandatario, que reside desde julio de 2017 en Bélgica, afrontará el banquillo en caso de que regrese al país a raíz de un caso en el que Balda no ha escatimado esfuerzos para llevarlo ante la Justicia desde que denunciara los hechos hace seis años.

El juicio por el asesinato de Cesar Pereira durante las protestas de 2017 en Lechería, estado Anzoátegui, pautado para este miércoles 30 de mayo, fue aplazado al no haber sido trasladado el acusado Onán Pereira.

La madre de Cesar Pereira, Zulimar Villegas, en compañía de sus abogados José Santoyo y Freddy Palomo acudieron este miércoles al Palacio de Justicia de Barcelona, para salir horas después de brazos cruzados al no concertarse el traslado del policía acusado.

De acuerdo a los abogados que llevan el caso, los funcionarios de la policía de Anzoátegui, cuerpo al que pertenece el acusado del asesinato, «están manipulando el traslado del acusado» tanto a los actos del juicio como al Centro Penitenciario Agroproductivo José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala.

“La juez de juicio número 3 tiene tres días para volver a decidir y ratificar el traslado del acusado a Puente Ayala, a los efectos de que se garantice la presencia de Onán Pereira en el tribunal en la nueva fecha establecida”, dijo Santoyo.
Además, el abogado denunció que los funcionarios de Polianzoátegui están demorando el proceso al impedir los traslado, y teme que el acusado pueda darse a la fuga por la complicidad con sus excompañeros que lo custodian y la falta de protocolos de seguridad en el recinto.
La nueva fecha para continuar el proceso se fijó para el miércoles 1º de agosto de 2018 a las 9:00 am.

https://runrun.es/nacional/350201/a-un-ano-del-asesinato-de-cesar-pereira-y-aun-no-hay-sentencia.html

Asamblea Nacional discutirá “antejuicio” a Maduro pero la MUD no cuenta con los votos para aprobarlo

 

La directiva de la Asamblea Nacional convocó a los parlamentarios para que el martes 17 de abril sea estudiada la solicitud de antejuicio de mérito al Presidente de la República, como lo solicitó el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

Para aprobar un antejuicio de mérito a Nicolás Maduro hace falta la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Actualmente el Poder Legislativo, para el que se eligieron 167 integrantes en diciembre de 2015, cuenta con 160 incorporados.

Tres curules quedaron vacantes luego de que tanto diputados principales como suplentes abandonaran la labor parlamentaria. Todos eran del PSUV. Además, están los tres diputados indígenas por Amazonas desincorporados siguiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia, entre los cuales está Romel Guzamana, quien anunció que retomaría su puesto ahora representando a Prociudadanos, el movimiento de Leocenis García que constituyó una bancada de siete diputados.

La MUD cuenta entonces con 96 diputados principales, incluyendo los de Primero Justicia (32), Acción Democrática (24), Voluntad Popular (16), Un Nuevo Tiempo (15), Movimiento Progresista de Venezuela (4), La Causa R (4), Proyecto Venezuela (1), Cuentas Claras (1) y el independiente Carlos Lozano.

 

*Vea la nota completa en Tal Cual

Este miércoles se decide el destino judicial de Lula da Silva

 

La capital brasileña amaneció este miércoles con la seguridad reforzada, restricciones de tránsito y unos 4 mil policías en su zona central, en previsión de incidentes por un juicio en que se decidirá la suerte del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La audiencia será en la Corte Suprema y en ella será determinará si se acepta un habeas corpus intentado por la defensa de Lula, con el cual intenta impedir que sea encarcelado, tras haber sido condenado en segunda instancia a doce años de prisión por corrupción.

Si el recurso fuera aceptado, Lula podría permanecer en libertad mientras se tramiten las dos últimas apelaciones posibles, pero si fuera negado podría ir a la cárcel en cuestión de días.

Diversos grupos que respaldan la tesis de que Lula es objeto de una “persecución política” han anunciado que se manifestarán frente al Supremo este miércoles, pero también harán lo mismo aquellos que consideran a Lula culpable de corrupción y quieren verle tras las rejas.