Jueces venezolanos denunciaron hoy la «sistemática parcialidad» de la Justicia venezolana al servicio del Gobierno de Nicolás Maduro, en la tercera audiencia de la OEA sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
La primera en declarar fue la jueza que emitió la orden de privación de libertad del líder opositor Leopoldo López, ahora en prisión domiciliaria.
La exjueza del área metropolitana de Caracas Ralenis Tovar, que intervino a través de Skype desde Canadá, dijo que firmó esa orden judicial «por miedo a salir presa» y al sentirse «amedrentada».
«Entonces era madre sola con una niña de 15 años, eso me llevó a firmar esa orden judicial», indicó.
Preguntada por si en Venezuela existe un «patrón de intimidación a los jueces de forma amplia y sistemática», aseguró que «sí, por supuesto», ya que «hasta que no logran lo que quieren, intimidan constantemente».
En su opinión, la Justicia de Venezuela «se ha convertido en un poder totalmente complaciente a los caprichos del Ejecutivo nacional».
Ese punto de vista lo compartió Pedro Troconis, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo que designó en julio el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, y cuyos miembros están desde entonces perseguidos por la Justicia venezolana.
«En 2015 una Asamblea Nacional en salida eligió en escasos 15 días a un grupo de magistrados y dejaron de cumplir ciertos pasos para la correcta elección de esos jueces», dijo en su intervención.
Más concretamente, días después de la victoria opositora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, el Parlamento chavista saliente invistió, antes de ceder el control a la nueva mayoría, a 33 magistrados del Supremo.
Con el argumento de que ese proceso estuvo «lleno de irregularidades», el Parlamento actual, controlado por la oposición, designó el pasado julio a 33 magistrados del TSJ con la idea de que reemplazasen a los 33 jueces en ejercicio de esa instancia, a la que acusan de servir al Gobierno.
Los jueces nombrados por la oposición llevan desde entonces ya más de dos meses perseguidos por la Justicia, refugiándose en embajadas en Caracas, exiliados en otros países y uno de ellos en prisión domiciliaria en Venezuela.
El pasado 13 de octubre, 18 de ellos se configuraron como «Tribunal Supremo en el exilio» en una ceremonia en la Organización de Estados Americanos (OEA), con el apoyo del secretario general del organismo, Luis Almagro, pero con el rechazo de todos los embajadores de los 34 Estados miembros activos (Cuba no participa), que no asistieron.
El malestar de los embajadores con las insólitas iniciativas de Almagro sobre Venezuela en la OEA volvió a ser patente hoy en las audiencias, ya que solo hubo representantes de 11 delegaciones y solo dos embajadores, los de Panamá y Costa Rica, asistieron en algún momento de la sesión.
Tampoco acudió Almagro, igual que no asistió en las dos sesiones de septiembre, ni la misión venezolana, que considera estas audiencias una actividad «ilegal».
En la sesión de hoy declaró, además de los jueces, el exdiplomático Isaías Medina, que dejó en julio la misión de Venezuela ante Naciones Unidas (ONU).
Explicó, en una declaración muy crítica con el chavismo, que dejó su puesto por «la falta de interés del Gobierno de Maduro sobre la profunda crisis humanitaria en Venezuela» y acusó al Ejecutivo de haber «criminalizado la salud».
Otro de los testimonios escuchados hoy en el Salón de las Américas fue el del diputado opositor Armado Daniel Armas, quien denunció el «ataque sistemático del régimen de Maduro contra los parlamentarios y la institución» de la Asamblea Nacional, que controla la oposición.
La última declaración fue la más emotiva. La activista Rosa Orozco denunció la muerte de su hija Geraldine «a manos de la Guardia Nacional» durante las protestas antigubernamentales de 2014 y exigió «el fin de la impunidad» de estos crímenes en el país.
Las audiencias de hoy estuvieron a cargo de los tres juristas independientes que determinarán si hay base para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Se trata del exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hasta ahora estaba a cargo de las audiencias el ex fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, cuya marcha no ha sido explicada por la OEA pero que llega tras informaciones periodísticas que siembran dudas sobre su trabajo en esa corte y sus finanzas.
