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Juan Pablo Pernalete

DDHH Olvidados | Los padres de Juan Pernalete ponen sus esperanzas en la CPI para encontrar justicia
Los padres de Juan Pablo Pernalete han tenido que alzar sus voces en instancias internacionales después agotar todas las vías internas en la búsqueda y exigencia de justicia por el asesinato de su hijo
El gobierno de Nicolás Maduro tardó cuatro años en reconocer que Juan Pablo fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana
José Pernalete manifestó que su familia tiene esperanzas de justicia en la Corte Penal Internacional (CPI), institución que adelanta una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

@Andrea_GP21

 

“Al día de hoy el asesinato de nuestro hijo se encuentra en completa impunidad”, relata Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, el estudiante que fue asesinado cuando tenía apenas 20 años el 26 de abril de 2017, después de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho en el Municipio Chacao de Caracas durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Juan Pablo Pernalete era estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Metropolitana (Unimet), donde también perteneció al equipo de baloncesto y tenía una beca por excelencia deportiva. El joven daba clases de baloncesto a niños de las comunidades de Petare y formaba parte de una fundación protectora de animales.

Su mamá, Elvira, asegura que su vida y la de su esposo, José Pernalete, cambió “radicalmente”, pues no solo perdieron a Juan Pablo. En 2019, María Gabriela Pernalete, hermana del joven, falleció luego de librar una dura batalla contra un cáncer hepático.

 

“Como madre, vivir sin Juan Pablo y María Gabriela es un desafío diario porque el primer pensamiento al levantarme, y el último al acostarme, es para mis hijos. Es lo más duro que he tenido que enfrentar, aprender a vivir con sus ausencias físicas”, contó la señora Elvira en entrevista concedida a Runrun.es.

Dejar una vida de familia para luchar por la justicia

Los padres de Juan Pablo Pernalete tuvieron que dejar de vivir una rutina de padres dedicados a sus hijos y a sus proyectos de construir un futuro de vida. Desde el 26 de abril de 2017 tuvieron que levantarse con ese dolor irreparable que es perder un hijo.

Además, la partida de hija María Gabriela fue otro duro golpe para su familia. La señora Pernalete afirma que fue “producto de su depresión por la muerte de su hermano y su lucha contra un cáncer hepático”.

“Para nosotros la muerte de María Gabriela es un daño colateral por el asesinato de Juan Pablo, ella nunca superó la depresión”, señaló Elvira Pernalete.

 

Ambos padres han tenido que alzar sus voces en instancias internacionales después agotar todas las vías internas en la búsqueda y exigencia de justicia por el asesinato de su hijo.

Aunque abunda el dolor por la pérdida de sus hijos, Elvira Pernalete asegura que son Juan Pablo y María Gabriela el impulso que tienen cada día para “seguir luchando y apostando por esa Venezuela bonita, que Juan Pablo soñaba para él, para su hermana, para nosotros sus padres, para todos los venezolanos”.

Familia Pernalete Llovera / Foto: Cortesía

De padres de familia a activistas

Desde que ocurrió el asesinato de Juan Pablo, la familia Pernalete, tal y como ocurrió con los familiares de otras personas asesinadas en las protestas del 2017, sentían dolor, confusión y desorientación, pues se sentían “utilizados” por actores de la política nacional “para sus intereses partidistas y personales”y porque también se enfrentaron “a un sistema, el cual está estructurado para callar la disidencia, a la sociedad civil”.

Elvira Pernalete aseguró que todas las familias se han sentido vulnerables y desprotegidas, por lo que decidieron unirse y alzar sus voces y transformar ese “dolor en acción”, entrelazando las luchas en una sola causa: “el solo propósito de buscar justicia”.

Elvira Pernalete en una actividad frente al Ministerio Público / Foto: @Andrea_GP21

“Hemos mantenido la bandera de lucha por la defensa de los derechos humanos y la justicia. Nos hemos mantenido alzando la voz, buscando espacios para mantener la memoria histórica, y lo vamos a seguir haciendo a nivel nacional e internacional para que estos”, señaló la señora Elvira.

Recuerda la madre de Juan Pablo que han sido víctimas de tratos degradantes. Uno de ellos ocurrió cuando acudieron a buscar respuestas sobre el caso de su hijo y uno de los fiscales dijo: “Búscame el expediente del guarimbero”.

Revictimizado por falsas matrices de opinión creadas por el gobierno

La versión inicial de la muerte de Juan Pablo que dio el oficialismo es que el joven había fallecido por el disparo de una pistola de perno cautiva, supuestamente accionada por sus propios compañeros. Además, algunos voceros del chavismo lo tildaron de “criminal”,, algo que su padre, José Pernalete, rechaza y manifiesta que causó mucho dolor a su familia.

“Como padres nos sentíamos afectados por el dolor de que nuestro hijo fuese tildado de esa manera, porque lo que ellos decían no correspondía a lo que era Juan Pablo. Sentíamos impotencia”, declaró el señor Pernalete.

Fue Ernesto Villegas, que ese momento era ministro de Comunicación, quien aseguró en VTV, en compañía de Delcy Rodríguez, que Juan Pablo podría haber sido asesinado con una pistola de perno cautiva. El funcionario chavista aseguró que las personas que auxiliaron a Pernalete lo dejaron “abandonado”.

“Hicieron referencia sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que estaban hablando aquí cuando describían lo que era una pistola de perno y trataban de sembrar esa matriz de opinión”, criticó José Pernalete padre.

Para el señor Pernalete, todas las declaraciones emitidas por voceros del oficialismo generaron falsas matrices de opinión y los revictimizaba constantemente mientras sufrían la pérdida de su hijo.

“Y hoy aún lo estamos viviendo, porque ninguno de los personeros y medios del gobierno, que trataron de sembrar esa matriz de opinión falsa desde la primera noche, diciendo que lo asesinaron, se han retractado a pesar de que los hemos denunciado”, reclamó el padre del joven.

Precisamente por esas acciones, una de las causas que lleva la familia Pernalete por el “asesinato moral” de Juan Pablo. Se trata de una denuncia que hicieron en 2017 ante el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia contra los funcionarios chavistas, así como medios de comunicación afiliados al gobierno, “por crear y apoyar una matriz de opinión falsa, afectando la credulidad pública y por el daño moral y psicológico a sus padres”, señaló José Pernalete.

 

El gobierno de Nicolás Maduro tardó cuatro años en reconocer que Juan Pablo fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana.

Una causa totalmente impune

La causa del asesinato de Juan Pablo está a cargo de la Fiscalía 62 y se han cambiado los fiscales en múltiples ocasiones.

La señora Elvira Pernalete señala que, a seis años después del asesinato de su hijo, el caso se encuentra “en completa impunidad”, señalando que los 13 guardias nacionales involucrados no están en prisión ni pagando condena. Tampoco se ha tocado la cadena de mando.

“Solo dos de los 13 GNB imputados fueron acusados por el fiscal 62 del Ministerio Público, Leo Amarista, y ya no se encuentran en la Guardia Nacional Bolivariana. Se desconoce su paradero y ni el Ministerio Público ni el Tribunal 42 de Control hacen lo necesario para ubicarlos y traerlos a juicio a pesar de que nosotros lo hemos solicitado”, señaló.

 

La madre de Juan Pablo Pernalete critica que el Ministerio Público no haya ejercido las acciones ordinarias y extraordinarias de requerir información al comando de la GNB durante estos años.

“Como víctimas, realizamos una acusación particular propia a estos GNB y la jueza 42 de control Ángela Carrillo, después de diferirnos en 10 oportunidades (…) la audiencia preliminar desestimó nuestra causa el pasado 10 de noviembre del 2022 y retiró la orden de prohibición de salida del país a estos GNB. Nosotros apelamos la decisión de esta jueza, pero ya se cumplieron los lapsos procesales en la Corte de Apelaciones y, a la fecha de hoy, no tenemos respuestas”, relató la señora Elvira.

José y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete / Foto: Cortesía

Además, la señora Elvira Pernalete indicó que el último fiscal, Leo Amarista, es el que ha tenido el trato “más hostil”. “A este fiscal nosotros lo recusamos este y se nos fue negada la recusación por parte del Ministerio Público”, denunció.

Por su parte, el señor José Pernalete denunció que les han cambiado los fiscales 11 veces, enviando la causa a tres Fiscalías simultáneamente. “Lo único que han hecho es someternos a declaraciones, a exámenes psicológicos en la unidad de criminalística contra la vulneración de los derechos fundamentales del Ministerio Público, donde los mismos informes arrojan diagnósticos que aparecen como consecuencia la imposibilidad de hacer un cierre del proceso de duelo de nuestro hijo”, señaló el señor Pernalete.

Confianza en la CPI

José Pernalete manifestó que su familia tiene esperanzas de justicia en la Corte Penal Internacional (CPI), institución que adelante una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“En Venezuela, bajo este sistema de gobierno que juega a cansarnos, a burlarse de nuestro dolor y mantener la impunidad en los asesinatos de nuestros familiares, nunca vamos a obtener justicia genuina y menos a los responsables materiales e intelectuales”, señaló.

Para el señor Pernalete, en el país el sistema judicial tampoco actúa sobre la cadena de mando, para que estos “paguen por los crímenes cometidos a los venezolanos” que han sido víctimas durante todos estos años.

“Por eso es que nuestra esperanza es que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorice al fiscal Karim Khan para que continúe las investigaciones en el caso de Venezuela I y se incluyan los asesinatos de nuestros hijos en las investigaciones”, dijo.

José y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete / Foto: Cortesía
Seis años sin justicia: Familiares de víctimas de protestas de 2017 exigen investigación a las cadenas de mando
A propósito de las declaraciones de Jorge Rodríguez, en las que  condicionó el diálogo en México a la suspensión de la investigación que adelanta la CPI,  el activista de DDHH Marino Alvarado, declaró que dicho proceso “no es negociable”
Familiares de las víctimas de la represión en 2017 entregaron un documento en la Fiscalía, donde exigen investigar las cadenas de mando “de quienes tienen responsabilidades en los asesinatos” ocurridos en las protestas

@Andrea_GP21

 

A seis años del asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete, ocurrido el 26 de abril del 2017 durante las protestas antigubernamentales, familiares de 19 víctimas de la represión de ese año acudieron al Ministerio Público, en Caracas, para exigir al fiscal general impuesto por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, que se adelanten investigaciones certeras sobre los casos donde murieron hijos y familiares.

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), desde el 1 de abril al 31 de julio de 2017 se contabilizaron 6.729 manifestaciones y 163 muertos. El Ministerio Público reconoció solo el fallecimiento de 129 personas.

En el encuentro, integrantes de la Alianza de Familiares de Víctimas de Venezuela (ALFAVIC-VZLA) entregaron un documento en la Fiscalía, donde además exigen investigar las cadenas de mando “de quienes tienen responsabilidades en los asesinatos” ocurridos en las protestas.

Foto: @Andrea_GP21

Asimismo, instaron al Ministerio Público a actuar con la “debida diligencia para que los crímenes perpetrados no queden impunes”, conforme al memorándum de entendimiento firmado en noviembre de 2021 por el gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.

José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo Pernalete, declaró que ese escrito es para pedir al gobierno de Maduro que se “aboque” a llevar adelante esas investigaciones con el fin de que los perpetradores sean juzgados.

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La investigación de la CPI no es negociable

El pasado lunes, 24 de abril, el gobierno de Nicolás Maduro condicionó el avance del diálogo con la oposición a la suspensión de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en el país.

Al respecto, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento oficialista, comentó que ante cualquier instancia de negociación llevarían cinco puntos  «a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y para que el panorama político, social y electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad».

A propósito de esas declaraciones de Rodríguez y la actividad que realizaron los familiares de las víctimas de las protestas del 2017, el activista de DDHH Marino Alvarado, declaró que la investigación de la CPI “no es negociable”.

“La investigación que adelanta el fiscal Khan en la Corte Penal Internacional no es negociable y no hay posibilidad de que esa investigación entre en cualquier proceso de negociación, ya sea el que por iniciativa adelanta el presidente (Gustavo) Petro de Colombia o la mesa de negociación en México”, señaló en entrevista exclusiva ofrecida a Runrun.es.

Alvarado señaló que la CPI es un “órgano totalmente independiente”, el cual tiene el deber de “combatir la impunidad de crímenes que se cometen en el mundo y los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela no deben quedar impunes”.

“Es una falsa ilusión de parte del gobierno de Nicolás Maduro pretender que, mediante el diálogo político se pueda suspender la negociación (…) Esto es lo único que demuestra es que hay una gran preocupación de parte de la cúpula que gobierna en Venezuela (…) Ellos saben que tienen responsabilidad y saben que si se abre un caso por parte de la CPI a algún integrante de esa cúpula que está gobernando va a tener que rendir cuenta ante la Corte Penal Internacional”, añadió.

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Absoluta impunidad

Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, recordó que a su hijo lo asesinó un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y lamentó todas las muertes ocurridas en el 2017 en el contexto de protestas contra el gobierno de Maduro.

“Se encuentran en total impunidad la mayoría de los casos (…) El 90% de los casos de nuestros seres queridos se encuentran en absoluta impunidad. No hay justicia, no hay verdad de los hechos que ocurrieron”, declaró Elvira Pernalete ante los medios.

Para la madre del joven, se “pretende ocultar y olvidar” lo ocurrido en el 2017. “Pretenden que los venezolanos y el mundo se olvide”, señaló.

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Por su parte, Dexy González, madre de Rubén Dario González Jiménez, asesinado por la GNB en el sector 5 de La Isabelica, estado Carabobo, reclamó que los acusados por la muerte de su hijo fueron absueltos.

“Fuimos a un juicio que duró un año. Absolvieron a los seis guardias. El teniente que asesinó a mi hijo está fugado, nunca se presentó. Hicieron un juicio a ‘silla vacía’ (…) Ni el Ministerio Público ni los tribunales hicieron nada”, declaró González.

En ese sentido, señaló que está a la espera de la sentencia de lo que ocurrió durante el juicio, que inició el año pasado, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.

 

“Un caso complicado”

Luis Alejandro Sosa, padre de Manuel Sosa, víctima de la represión del 2017, señaló que el caso de su hijo es “complicado”, pues a los 15 días de su asesinato había un ciudadano imputado por ser el presunto asesino del joven.

“Ese ciudadano tenía una orden de captura a nivel nacional que todavía no se ha hecho efectiva (…) El expediente está casi en los recaudos que se hicieron en el año 2017”, dijo.

Asimismo, señaló que el expediente de Manuel Sosa, asesinado en mayo de 2017 en Cabudare, estado Lara, fue trasladado a Caracas en el año 2018 y desde ese momento, los familiares no han tenido “ninguna información acerca de lo que está sucediendo con el expediente en la Fiscalía 34”.

 

El mismo caso de traslado de expediente ocurre con Augusto Puga, asesinado a sus 22 años por funcionarios policiales del estado Bolívar al violar la autonomía universitaria de la Universidad de Oriente (UDO), donde estudiaba medicina.

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Por ausencia de cinco de los 13 acusados difirieron por sexta vez audiencia del caso Juan Pablo Pernalete
Juan Pablo Pernalete fue asesinado el 26 de abril de 2017 en una manifestación opositora en Altamira, a la altura de la Torre Británica

 

 

El 5 de octubre, la Asociación Civil Control Ciudadano informó que por sexta vez difirieron la audiencia preliminar por el caso de Juan Pablo Pernalete Llovera, debido a la ausencia de cinco de los 13 acusados. 

La madre de Pernalete, Elvira Llovera, expresó a través de su cuenta en Twitter que el tribunal de control «no ejerce su función para traerlos a juicio».

«Buscar Justicia en Venezuela, es Luchar contra molinos de vientos…», dijo la madre del joven asesinado en Altamira durante las protestas antigubernamentales de 2017. 

«Se trata de un sistema donde la palabra Justicia es molestia para sus oídos, la impunidad es la orden, juegan al desgaste, al agotamiento, burlándose del dolor de unos padres», aseguró Llovera a Control Ciudadano. 

Caso juan Pablo Pernalete

Juan Pablo Pernalete, un joven estudiante de 20 años, fue asesinado el 26 de abril de 2017 en una manifestación opositora en Altamira, a la altura de la Torre Británica.

En la protesta, reprimida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, a Pernalete lo golpearon con un objeto fracturó el esternón y le ocasionó un shock cardiogénico.

El gobierno puso a circular la versión de que lo mataron manifestantes opositores con una pistola de perno, pero fue la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien en rueda de prensa confirmó que el objeto que acabó con la vida del estudiante fue una bomba lacrimógena. 

Los responsables del hecho están plenamente identificados: José Adelino Ornelas Ferreira, Jesús Rafael Morales León e Isidro José Lugo Becerri. 

Pernalete estudiaba segundo trimestre de Contaduría Pública en la Universidad Metropolitana y estaba becado por excelencia deportiva. Formaba parte del equipo de baloncesto de la universidad y vivía con sus padres, hermana y abuela. 

Puede leer también: Familiares y activistas claman justicia para Juan Pablo Pernalete

Familiares y activistas claman justicia para Juan Pablo Pernalete
En honor al joven asesinado en las protestas de 2017 inauguraron un mural en su honor

 

Familiares y amigos de Juan Pablo Pernalete, además de miembros de varias ONG, se reunieron en la casa de los padres del joven asesinado en las protestas de 2017, para develar un mural en su honor y así «construir memoria histórica» en torno a este asesinato.

La directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet), Victoria Capriles, recordó que está previsto que la próxima semana se inicie la audiencia preliminar de este caso que «está en impunidad» y por el que hay 13 imputados y dos acusados.

Al develar el mural, el padre del homenajeado, José Gregorio Pernalete, insistió en que seguirán haciendo honores a las víctimas de asesinatos durante protestas, pues «manifestar no es un delito».

«¿Por qué el mural dentro de la casa? A la sociedad civil se nos ha reducido el espacio de acción. Cada vez que se hace un homenaje a una de las víctimas de las protestas resulta borrado y censurado. Dentro de nuestra casa está a resguardo para quienes quieran venir», dijo Pernalete padre. 

El pasado abril se cumplieron cinco años del asesinato de Pernalete y familiares y activistas insistieron en su clamor de justicia para el joven estudiante de 20 años.

Resultado de la represión

En mayo de 2017, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó que la muerte de Pernalete se produjo tras recibir el impacto de un cartucho metálico de gases lacrimógenos, desmintiendo así la tesis oficialista de que había terminado herido por una pistola usada para la ganadería.

El presidente Nicolás Maduro, así como el entonces ministro de Información, Ernesto Villegas, habían señalado a la oposición por la muerte del joven.

*Con información de Efe

Madre de Juan Pablo Pernalete: A cinco años de su ejecución extrajudicial no hay justicia
Los autores materiales de la muerte del joven de 20 años asesinado en las protestas de 20217 continúan en libertad.
Su madre también denunció que no hay indicio de investigación a la cadena de mando
Solo hasta mayo de 2021, la Fiscalía anunció la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional

 

Familiares, ONG y líderes opositores pidieron este martes justicia para el joven Juan Pablo Pernalete, asesinado hace cinco años durante las protestas antigubernamentales de 2017,

Los padres de Pernalete solicitaron recientemente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) «ser escuchados» y que «las ejecuciones extrajudiciales» sean investigadas.

Elvira Pernalete, la madre del joven de 20 años, escribió en su cuenta de Twitter que, cinco años después del asesinato de su hijo, no se ha hecho justicia, puesto que «aún sus autores materiales continúan en libertad», sin existir «indicio de investigación a la cadena de mando sobre este hecho».

En este sentido, la Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) sostuvo en la misma red social que «aún no hay justicia» por es asesinato del «joven estudiante universitario, deportista y luchador social», a quien «guardias nacionales le dispararon a quemarropa, perforando su pecho con una bomba lacrimógena».

En mayo de 2017, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó que la muerte de Pernalete se produjo tras recibir el impacto de un cartucho metálico de gases lacrimógenos, desmintiendo así la tesis oficialista de que había sido herido por una pistola usada para la ganadería.

El presidente Nicolás Maduro, así como el entonces ministro de Información, Ernesto Villegas, habían responsabilizado a la oposición de esta muerte.

A juicio del opositor David Smolansky, quien pidió hoy justicia para Pernalete, el estudiante fue asesinado «por instrucciones de Nicolás Maduro y los jerarcas de la dictadura».

La ONG Provea también recordó el suceso y aseguró que sus padres han «encontrado innumerables trabas en su búsqueda de justicia».

El pasado 3 de abril, Elvira Pernalete dijo que era «positivo» que la CPI instale una oficina en Venezuela «siempre y cuando las víctimas sean escuchadas, (y) que los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales sean incluidas en la investigación».

Otras ONG recordaron que su caso fue uno de los que la Misión Internacional Independiente de  Determinación de Hechos sobre Venezuela analizó.

En su informe de 2020, la Misión de la ONU denunció que la bomba lacrimógena que mató a Pernalete fue disparada directamwnte hacia la víctima.

 

Solo hasta mayo de 2021, el gobierno de Maduro admitió que el joven fue asesinado, tras anunciar la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional.

En ese momento, sus padres denunciaron que con ese cambio de versión de la Fiscalía se pretendía «garantizar la impunidad a la cadena de mando», e incluso, «del mismo asesino».

«Hablan de complicidad  correspectiva, como si a a nuestro hijo lo hubiese asesinado un tumulto en un hecho aislado.  Cuando la verdad es que fue víctima de la acción sistemática del régimen de atentar contra la población civil en el marco de la criminalización de las protestas», denunció entonces. 

Provea denuncia una campaña del gobierno de Maduro contra la CPI
«El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión a unas pocas semanas de que, como la misma Fiscalía de la CPI anunció, se tome una decisión sobre si abrirá o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. ¿Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa?», dijo la ONG en un comunicado

 

La ONG Provea denunció este 27 de mayo una «campaña de ataques» del gobierno de Venezuela contra la Corte Penal Internacional (CPI), a pocas semanas de que el alto tribunal decida si abre una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en el país, actualmente en examen preliminar.

«El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión a unas pocas semanas de que, como la misma Fiscalía de la CPI anunció, se tome una decisión sobre si abrirá o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. ¿Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa?», dijo la ONG en un comunicado.

Provea señala, entre los promotores de la «campaña», al fiscal general, Tarek William Saab, quien afirmó a principios de mayo que la CPI «utiliza como fuente de información tuits generados por boots con aseveraciones falsas».

La organización recuerda que la declaración de Saab contrasta con la realizada en diciembre de 2020, cuando, después de una visita a la sede del organismo en La Haya aseguró que «Venezuela siempre ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional».

También la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, descalificó el trabajo de la CPI, al declarar que el caso sobre Venezuela era una «gran farsa basada en falsedades y mentiras publicadas en redes sociales».

Según la ONG, el intento de incidir en la opinión de la CPI motivó que, «luego de varios años de sostener una tesis contraria, se reconociera que Juan Pablo Pernalete había sido asesinado por una bomba lacrimógena (2017) y que el Estado es responsable de la muerte del concejal Fernando Albán (2018).

La Fiscalía sumó los delitos de «homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga» -anteriormente negados- al de «quebrantamiento de normas de custodia» a dos funcionarios implicados en la muerte del concejal Albán, quien falleció en prisión en 2018, al caer de un décimo piso, según explicó el fiscal general a principios de mayo.

En la misma comparecencia, Saab también se refirió al caso polémico de Pernalete, un estudiante que murió en las protestas de abril de 2017, de quien confirmó que falleció producto de un impacto de bomba lacrimógena y que por ello hay 12 funcionarios imputados, una versión que no había reconocido antes.

«Ante la ausencia de una voluntad genuina de investigar, sancionar y detener violaciones de derechos humanos, los venezolanos tienen casi como único mecanismo de contención la presión como resultado de la actuación de estos organismos internacionales de supervisión», aseguró Provea.

Juan Guaidó: El régimen confirma que comete delitos de lesa humanidad

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 y reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 países, señaló que el cambio en el discurso del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, demuestra que el gobierno siempre se ha mentido y que se han cometido crímenes de lesa humanidad.

«Mientras Venezuela clama justicia, el régimen confirma que siempre ha mentido; que son asesinos, torturadores y cometen delitos de lesa humanidad. Buscan exculparse unos y señalar a otros en busca de impunidad Seguiremos luchando por lograr justicia para los venezolanos», publicó en su cuenta de Twitter. 

Tarek William Saab admitió que al joven Juan Pablo Pernalete, asesinado el 26 de abril de 2017 durante las protestas contra Nicolás Maduro, lo mató el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho, luego de que por tres años la versión del gobierno fue que al estudiante lo mató el disparo de una pistola de perno por parte de alguien que se encontraba en la marcha.

El Fiscal impuesto por la constituyente también indicó por primera vez que el concejal Fernando Albán fue asesinado y que dos funcionarios fueron imputados por homicidio culposo. 

La diputada Delsa Solórzano manifestó que William Saab tiene la intención de evadir la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).

«Tarek tiene la clara intención de evadir la competencia de la CPI, haciéndoles creer que en Vzla se está haciendo justicia. Señalando que estos no son crímenes de lesa humanidad sino violaciones a los DDHH», escribió Solórzano en Twitter.

Agregó que el gobierno de Nicolás Maduro busca no ser juzgado ante esa instancia internacional. «Las cabezas de esa línea de acción que han ordenado los crímenes de lesa humanidad que suceden en Venezuela, deben ser juzgados por ICC. NO hay justicia en nuestros país y de eso hay férrea evidencia». 

Por su parte, Luisa Ortega Díaz dijo que los anuncios hechos por William Saab, en el que le dan un giro a las versiones defendidas por Maduro, no buscan hacer justica sino eximir a los máximos responsables ante la CPI. 

«Reconocer las violaciones a los derechos humanos en los asesinatos de Pernalete, Albán y Acosta Arévalo no busca hacer justicia, sino eximir a los máximos responsables señalados en el examen preliminar ante la CPI. Esto es una muestra de temor porque saben que serán juzgados», escribió Ortega Díaz en su cuenta de la red social Twitter. 

Con información de El Pitazo 

MP imputó a 12 GNB por el asesinato de Juan Pablo Pernalete
Juan Pablo Pernalete, de 20 años, falleció el 26 de abril de 2017, durante una protesta en Altamira

El fiscal impuesto por la ANC chavista, Tarek William Saab, informó este sábado, 1 de mayo, que el Ministerio Público imputó 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por el asesinato de Juan Pernalete.

Durante una rueda de prensa, Saab señaló que Pernalete «falleció» tras recibir el golpe de una bomba de gas lacrimógeno en el pecho.

«Se logró la imputación de 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva», señaló Saab en su alocución.

Sin embargo, vale recordar que el discurso del gobierno de Nicolás Maduro con respecto a Pernalete, que explicó el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, fue que el joven murió por el impacto de una pistola de perno.

Según Villegas, el asesinato de Pernalete lo perpetraron otras personas que se encontraban en la manifestación donde falleció el joven de 20 años.

En aquel entonces, la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz, dijo que Pernalete murió por el impacto en su pecho de una bomba lacrimógena disparada por fuerzas del Estado.

 

El pasado 26 de abril, a cuatro años de su asesinato, los padres de Pernalete emitieron un comunicado en el que rechazan tales imputaciones.

Juan Pablo Pernalete, quien tenía 20 años y era estudiante de la Universidad Metropolitana, falleció el 26 de abril de 2017, durante una protesta en Altamira, en el municipio Chacao en Caracas. 

Por otra parte, Saab indicó que el MP entregará un informe de gestión ante la Corte Penal Internacional (CPI).

A juicio de Saab, durante su gestión como fiscal general el MP ha realizado una gran labor en la cual se han imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los Derechos Humanos.

Con información de TalCual y El Pitazo