Juan Manuel Rafalli

El punto de quiebre de la negociación entre el gobierno y la oposición sigue siendo las condiciones electorales que incluyen la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral para garantizar elecciones presidenciales transparentes en 2018. Ambas partes están obligadas a continuar las discusiones que comenzaron en República Dominicana el pasado 1 de enero y que se reanudarán el 11 y 12 de enero del año que viene.

En la reunión del pasado 15 de diciembre, la oposición insistió en lograr acuerdos para tener la representación de dos rectores, dos del gobierno y uno imparcial, pero el Ejecutivo insiste en que solo sean renovados los dos rectores del organismo comicial que tienen el período vencido. Este es un punto de honor para la MUD, así como el reconocimiento de la Asamblea Nacional, la apertura del canal humanitario y la liberación de los presos políticos. Para el Ejecutivo la agenda se centra en el levantamiento de las sanciones internacionales y el respeto de la ANC.

“Para el gobierno liberar a los presos políticos y abrir un canal humanitario no tiene tanto peso como aceptar los cambios que exige la oposición en el CNE. El gobierno no está dispuesto a ceder en nada que amenace su estabilidad en el poder. En cualquier país, ante las denuncias sobre irregularidades y fraude, se aplicarían correctivos en el Poder Electoral; aquí, ante las evidencias y lo señalado por la oposición sobre el CNE, hay declaraciones altisonantes de representantes del gobierno que niegan la posibilidad de cambios comiciales”, señaló el constitucionalista Juan Manuel Rafalli, miembro del equipo de asesores técnicos de la MUD.

Raffalli cree que así como el presidente dominicano Danilo Medina y el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, garantes de la negociación, consideraron positiva la liberación de algunos presos políticos, deben repudiar la eliminación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y la del Alto Apure, además de la amenaza de inhabilitar a los principales partidos de la oposición que fueron validados este año ante el CNE.

Fuentes de la MUD afirmaron que la primera exigencia que harán el 11 de enero al gobierno es el reconocimiento de los partidos que participan en la negociación. Repudian las maniobras del Ejecutivo para torpedear, pero no prevén retirarse del proceso.

El director de Datanálisis, José Antonio Gil Yépez, señaló que el tiempo que se ha corrido para las negociaciones en Dominicana benefician al gobierno: “Es bien conocido que está planificando adelantar dichos comicios. Mientras que la oposición no se ha decidido por algún candidato ni el método para escogerlo, y el gobierno le puede estimular a varios de ellos para que se lancen en paralelo”.

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Para el abogado constitucionalista, Juan Manuel Rafalli, el nuevo decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica es más de lo mismo, salvo por el parágrafo 7 del artículo 2, donde el Ejecutivo se refiere al tema cambiario.

«Conformar estructuras organizativas que garanticen a nuestro pueblo y al sector productivo público y privado el expedito y justo acceso al sistema cambiario que impulsa el Estado venezolano y dictar regulaciones contundentes, transitorias y excepcionales», reza el mencionado texto.

«Esto del tema cambiario no estaba planteado en los anteriores, es probable que se vayan a tomar nuevas medidas en torno a esto, aunque por supuesto lo más seguro es que no signifique beneficio alguno para el pueblo», aseveró el experto.

Según Rafalli, el nuevo decreto lo que hace es prorrogar el golpe de Estado a la Asamblea Nacional y el despojo a sus competencias. «Cuando salió el primero advertimos de todo lo que iba a significar, pero poca gente nos prestó atención, Maduro ha sostenido casi todo su gobierno a punta de Estados de Excepción y es probable que así termine su mandato».

El abogado constitucionalista cataloga el enunciado emitido en Gaceta Oficial el pasado sábado como una reedición del fraude cometido por el Tribunal Supremo Justicia.

Rafalli mencionó que el decreto tiene más aspectos políticos que económicos.

«En el ordinal 10 del artículo 2 habla de diseñar y ejecutar planes de seguridad pública, eso escapa del aspecto financiero y habla de la conducta que ha asumido el gobierno ante las protestas».

«Planes que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados», cita el decreto.

La reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela llevada a cabo por el presidente Nicolás Maduro, mediante la Ley Habilitante y publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6211 es inconstitucional. Además, viola la faculta de la Asamblea Nacional de legislar sobre el sistema socioeconómico de la nación, que está expresamente estipulado en la carta magna, explicaron los abogados Juan Manuel Rafalli y Gustavo Linares Benzo.

La reforma, publicada hace dos días, prescinde de la obligatoriedad de la Asamblea Nacional de nombrar a los dos directores del BCV que por ley tenía entre sus deberes y deja esta facultad en manos del presidente de la República. También estipula que la información de los índices macroeconómicos del país podrá ser secreta o confidencial si así lo consideraran las autoridades del BCV. También abre la facultad de que el instituto emisor sea utilizado como financista del gobierno sin control de ningún órgano contralor.

Linares Benzo afirmó que la reforma contradice  lo establecido en la Constitución, pues la carta magna expresa en la disposición transitoria 4° en el tercer párrafo del numeral 8 lo siguiente: “La ley establecerá que al Poder Ejecutivo corresponderá, la designación del presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la mitad de sus directores o directoras; y establecerá los términos de participación del Poder Legislativo nacional en la designación y ratificación de estas autoridades”.

Linares Benzo explicó que por norma constitucional el Parlamento tiene que participar en la designación y ratificación de las autoridades del instituto emisor. “La Constitución señala que se deben establecer los términos de esa designación, es decir, que la Asamblea al menos puede nombrar uno y eso se le pasó por alto a quienes redactaron esa reforma, que es claramente inconstitucional”.

El también abogado Juan Manuel Rafalli expresó que la inconstitucionalidad de la reforma se basa en que fue dictada después del 31 de diciembre de 2015, es decir, ya había culminado la Ley Habilitante del presidente de la República. La Gaceta Oficial sale publicada el 4 de enero y es en esa fecha cuando se declara la ley vigente. “Corresponde demandar nulidad y que lo decida la Sala Constitucional”, indicó.

Agregó que otro elemento que demuestra que la reforma viola la Constitución es  que en ella se estipula expresamente que la Asamblea tiene que velar por el control del sistema monetario; como se establece en los artículos 187, 318 y 319. “Con esta reforma el presidente se reserva el control y le resta la autonomía al BCV. Al Parlamento le corresponde legislar sobre el sistema socieconómico de la República, eso está establecido en la Constitución y no se puede violar”, afirmó.

Mayoría calificada. En el sumario de la Gaceta sobre la reforma de ley del BCV se le describe como ley orgánica cuando desde su creación esta normativa ha sido ordinaria. Se cree que la intención de la reforma es que no pueda ser modificada por la bancada opositora ahora que el oficialismo no cuenta con mayoría calificada, luego del dictamen del TSJ contra tres diputados opositores electos en Amazona.

Sin embargo, un informe de Bank of America advirtió que “la mayoría de los dos tercios requerida para la reforma de las leyes orgánicas está explícitamente detallada y es una fracción del número de diputados presentes durante la discusión y no de todo el cuerpo legislativo”.

El argumento es apoyado por Linares Benzo y Raffali, quienes además explicaronn que actualmente hay 163 diputados y no 167, pero la oposición cuenta con 109 lo que le garantiza la mayoría calificada para llevar a cabo reformas de leyes orgánicas.

EL DATO

El BCV fue creado el 8 de septiembre de 1939. Siempre ha contado con un instrumento legal. Cuando llegó el chavismo en 1999 estaba vigente la ley de 1992 que le dio paso a la nueva Ley del Banco Central de Venezuela decretada en 2001. Desde entonces ha sido reformada en seis ocasiones: En los años 2002, 2005, 2009, 2010, 2014 y 2015. Antes de esto estaba en vigencia la Ley de 1992.