En la tarde del viernes 11 de agosto de 2017 tres eventos impactaron a los venezolanos. A tratar de entender sus alcances van dirigidos estas líneas:

Regionales, renuencia y radicales…

“Los extremos se juntan”, suele afirmar la sabiduría popular.  Un buen ejemplo es lo que ocurre con el tema de las elecciones de gobernadores.  Tales comicios no son “una trampa de la dictadura” ni “una ambición de los políticos”: Es un derecho constitucional de los ciudadanos, enmarcado en un avance democrático sustancial como lo es la descentralización, subversiva de por si frente a un régimen militarista y ultra-centralizador.  Pero el régimen no sólo no quiere que haya elecciones de gobernadores, porque si se hacen las pierde: ¡El gobierno ni siquiera quiere que haya gobernaciones! Para ellos debe haber un solo mando, el de la cúpula, y lo que quiere tener en los estados son comisarios, pro-cónsules, “protectores”, en fin: mandaderos.

Y en esto “la oposición de la oposición” coincide con el régimen:  Ellos tampoco quieren que haya elecciones regionales porque supuestamente “distraen al país”, y si ocurren entonces creen que la oposición no debiera participar porque hacerlo seria “convalidar la dictadura”, acusando además a quienes se postulen de ser “egoístas que sólo quieren tener un puesto”.

La “oposición de la oposición” desprecia olímpicamente “la conquista de espacios”… pero el régimen si tiene muy claro su importancia:  Por eso tiene bajo asedio permanente a la gobernación de Amazonas, por eso el cerco presupuestario sobre la Gobernación de Miranda, por eso la salvaje represión contra el pueblo del Estado Lara que tiene a Henry Falcón como gobernador. Por eso hoy 40 de los 70 alcaldes de la Unidad están presos, perseguidos, destituidos o enfrentan amenazas judiciales: Porque esos “espacios” que la “oposición de la oposición” desprecia, el régimen los ambiciona, y quiere controlarlos o destruirlos.

Por eso plantearon el viernes 11 y aprobaron el sábado 12 en la ANC el adelanto de las elecciones regionales para el mes de octubre:  Para impedir la realización de las elecciones primarias de la oposición, y para realizar esos comicios antes de que el pueblo opositor supere el actual malestar, el “guayabo”, generado por la elección de la fraudulenta ANC.  El régimen confía en que la prédica de la “oposición de la oposición” generará abstención, y que eso se traducirá en victorias regionales que el madurismo ni tiene ni merece.

La «ayuda» de de Trump, ¿a quién ayuda realmente? 

José Miguel Vivanco, director de “Human Rights Watch”, publicó el viernes 11 en su cuenta @JMVivancoHRW en la red social Twitter este fuerte mensaje: “Desde que Chávez lo nombró su heredero, nadie le había hecho un regalo tan grande a Maduro como la estupidez que dijo hoy Trump”, aludiendo con ello a la afirmación que hizo el presidente estadounidense, en el sentido de “no descartar el uso de una opción militar en Venezuela”.

Exactamente en la misma dirección se pronunciaron el sábado 12 las cancillerías de países como Colombia, Brasil, Chile y México, participantes todos de la reciente Cumbre de Cancilleres en Lima, que desconoció a la fraudulenta ANC. Igualmente contra la declaración de Trump se pronunció Mercosur, organismo que hace días expulsó al gobierno de Maduro por violentar la democracia en Venezuela.

En el plano nacional, veinte organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos (las mismas, por cierto, que han arriesgado todo enfrentando y denunciando los abusos del régimen) se pronunciaron también contra el anuncio del presidente Trump, afirmando que “una posible operación militar contra el régimen solo traería más violencia y le daría justificación para aumentar sus medidas represivas contra quienes lo critican”.

Si, como dicen los defensores de los DDHH en Venezuela, las declaraciones de Trump facilitan la represión del régimen contra el pueblo; Si generan la posibilidad de disenso o fractura en el -hasta ahora- sólido frente de apoyo internacional a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad; Si estas declaraciones permiten a un régimen sin pueblo, sin argumentos y sin política, abrazarse ahora al viejo cuento del anti-imperialismo patriotero… Si todo esto es así, es válida y muy pertinente la pregunta: ¿A quien ayuda la “ayudaíta” de Mr. Trump?

El comando apresado por un policía municipal…

En la misma noche del viernes 11, la Policía Nacional “Bolivariana” perseguía un pequeño auto gris. Esa fuerza “pasa la novedad” a la Policía Municipal de Sucre, institución que tenía desplegado un rutinario control vehicular en 15 puntos del municipio. Uno de estos puntos de control avista el vehículo solicitado, le da la voz de alto, el auto se da a la fuga y es alcanzado por efectivos motorizados de Poli-Sucre, que -tras detener a los dos ocupantes y decomisarles una pistola Pietro Beretta calibre 9mm- entrega el procedimiento a la PNB.

Luego se enterarían en Poli-Sucre que los dos individuos, que al momento de su detención se identificaron con documentos que resultaron ser falsos, en realidad respondían a los nombres de Juan Carlos Caguaripano, capitán de la Guardia Nacional que fuera el líder del supuesto asalto al Fuerte Paramacay en la ciudad de Valencia, y Jefferson García Dos Ramos, primer teniente de esa misma fuerza, igualmente implicado en el mismo suceso.

Las dudas que en su momento generaron los hechos de Valencia se ven ahora reforzadas por las muy extrañas circunstancias que rodean esta detención: Que los dos militares más buscados por los organismos de inteligencia y los cuerpos de seguridad del Estado caigan simplemente en manos de un operativo rutinario de una policía municipal es algo que desafía toda lógica.

En cualquier caso, las sombras y justificadas dudas que rodean hechos como estos ratifican lo justo de la decisión de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que –harto de la crisis y del régimen que la generó- ha optado por apoyar SIEMPRE en forma masiva sólo aquellas opciones de lucha que se caractericen por ser PACÍFICAS, DEMOCRÁTICAS, ELECTORALES Y CONSTITUCIONALES

¡Palante!

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

Lo ocurrido en el fuerte Paramacay del Ejército durante la madrugada del domingo generó mucha confusión y especulaciones en todo el país. Por momentos, hubo la sensación de que la situación estaba fuera de control, y que se avecinaba una nueva asonada militar.

Nada de eso ocurrió. A pesar de la mediocridad de los mandos castrenses, que llegaron al sitio del suceso unas siete horas después de la irrupción para enviar un mensaje en video, lo cierto es que no hubo golpe ni sublevación. La razón es muy simple: más allá de la propaganda de uno y otro bandos, la naturaleza de la acción llevada a cabo ese día en la gran unidad militar de Carabobo no tenía como primera pretensión el cambio del régimen, sino el apertrechamiento con armas de guerra.

En dos platos, hablamos de un asalto.

Esto indica que el grupo encabezado por al capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott comenzó la llamada Operación David buscando los fusiles, las granadas y las municiones que le hacían falta.

Ahora, la Contrainteligencia Militar y el Sebin intentan deducir por dónde irán los próximos tiros. A través del Ceofanb, ordenaron a todas las unidades militares el reforzamiento de la vigilancia perimetral en los cuarteles, e igualmente la activación de escuadras ligeras de reacción inmediata, conformadas por una decena de efectivos de tropa, atentos día y noche para sofocar el descontento en sus propias filas.

Al mediodía del domingo, cuando todavía no se sabía a ciencia cierta dónde podrían estar los doce hombres que escaparon con buena parte del polvorín de la brigada blindada, se ordenó que los comandantes de zonas operativas de defensa integral pasaran revista a las unidades acantonadas en sus territorios. En Vargas, por ejemplo, el general de división Solís Martínez pasó revista a las tropas y sostuvo que todos los profesionales de armas deben estar comprometidos con la “revolución bolivariana”.

El lunes continuó la persecución a lo interno de la FAN. Se reportaron detenciones preventivas en la Armada y el Ejército. En este último componente un coronel acantonado en Apure, Bendahan Coutinho, fue puesto a resguardo cuando encontraron un mensaje en uno de sus celulares que fue considerado como “contrarrevolucionario”. El oficial, graduado en la promoción 1987 (compañero de Diosdado Cabello), ejercía labores de relaciones públicas. Fue la misma táctica aplicada días atrás para buscar argumentos que justificaran la detención del general de división Rolando Esser del Lima.

El martes a las 5 am una comisión de la Dgcim trasladó sin previo aviso al general en jefe del Ejército Raúl Baduel desde su lugar de reclusión en Ramo Verde a la sede del cuerpo de inteligencia en Boleíta. Previamente se había reforzado con blindados y más tropas la vigilancia a la cárcel. Pero eso como que no bastó. El propio abogado de Baduel, Omar Mora, cree que se trató de una reacción de temor ante la posibilidad de un rescate.

La espectacular incursión en la principal unidad blindada del Ejército ha desatado reacciones en todos los frentes. En la FAN se inició la temporada de caza.

Breves

*En julio la encuestadora Gallup presentó su Indice Mundial de Ley y Orden (Global Law and Order Index). Para este trabajo fueron entrevistadas 136.000 personas en 135 países. Les hicieron cuatro preguntas para medir la confianza en los cuerpos policiales locales, la percepción de seguridad y la victimización por robo y hurto durante el último año. “Los resultados alrededor del mundo fueron desde el tope de 97 para Singapur hasta el bajo de 42 en Venezuela. En 2016, mientras Venezuela descendía en el desorden, solo 12% de sus residentes dijeron sentirse seguros caminando de noche solos en los lugares donde viven, y 14% expresó confianza en sus policías. Ambos porcentajes no solo son los más bajos registrados para Venezuela sino también los más bajos que Gallup ha medido en todo el mundo desde 2005. Al mismo tiempo, 38% de los venezolanos dijo que les habían robado dinero o alguna propiedad durante el último año –un récord.” Esto equivale a más de diez millones de personas víctimas de asalto o hurto en doce meses. De acuerdo con el informe, solo se han visto cinco países en los que la gente reconozca haber sido robada con mayor frecuencia que en Venezuela. Todos quedan en el Africa Subsahariana.

*Lo que espera con el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab. Para el momento de la redacción de esta nota, habían transcurrido más de 24 horas desde la muerte de un joven manifestante en Barquisimeto. Se trata de Eduardo Orozco. En las primeras de cambio, la Guardia Nacional divulgó una minuta para señalar que había fallecido en el curso de un “enfrentamiento” con efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de ese componente (Conas) en el sector Bellas Artes de Barquisimeto. El domingo, fue ultimado en Valencia Ramón Rivas, dirigente de Avanzada Progresista. En ninguno de estos casos hubo pronunciamiento público de la Fiscalía en cuanto al inicio de las pesquisas y las circunstancias en las que se produjeron estos hechos. En cambio, el despacho de William Saab sí se pronunció con diligencia sobre el escrache del que fue objeto la rectora del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández, mientras hacía compras en una carnicería. El mensaje es claro: esta Fiscalía estará muy atenta para proteger al poder y no a los ciudadanos que expresan su descontento en la calle.

*El ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz maneja una interesante estadística que permite conocer cómo se ha comportado la criminalidad durante la primera mitad del año. En ese lapso fueron denunciados 14.409 robos genéricos. No se incluye el robo de vehículos, sobre el cual se hace una consideración aparte. En el MRI están satisfechos puesto que la cifra representa una disminución de 7% con respecto al mismo lapso de 2016. Esto puede tener múltiples interpretaciones. Todas pasan por incorporar en el análisis el impacto que ha tenido la conflictividad política, que definitivamente ha desacelerado la actividad económica, y por ende ha restado oportunidades para el robo de bienes. Cuando se revisa de manera un poco más detallada, encontramos que durante la primera mitad del año han sido denunciados los robos de 7.187 teléfonos celulares. El número es desde luego un pálido reflejo de la realidad, puesto que casi nadie acude a Cicpc para notificar que lo han despojado de estos aparatos. Aún así, los antisociales han incrementado en 23,4% los robos en este rubro. Una posible explicación es la rebatiña que se produce durante las manifestaciones, en las que policías y delincuentes unen fuerzas para victimizar a las personas que se oponen al Gobierno. También que los delincuentes aprovechan cualquier oportunidad que se les presenta para despojar a los transeúntes de estos codiciados dispositivos, mientras circulan por las vías públicas.