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José Vicente Haro

Venezolanos en el exterior no podrían utilizar pasaportes extranjeros para entrar al país

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José Vicente Haro, abogado constitucionalista, explicó que los venezolanos que se encuentran en el exterior y pretendan ingresar al país con pasaporte extranjero no podrán hacerlo, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que indica que la nacionalidad venezolana prevalecerá sobre las otras cuando alguien posea múltiples nacionalidades.

Explicó que, según lo publicado en la Gaceta Oficial 40.909, «para entrar y salir de Venezuela la persona tiene que hacerlo con documentación venezolana, dejando sin efecto pasaportes que acrediten otra nacionalidad».

A su juicio, lo más preocupante de esto son las denuncias de que en el exterior no se están emitiendo pasaportes ni cédulas venezolanas, y quienes sufren este problema utilizan documentación extranjera cuando tienen doble nacionalidad.

«Es una consecuencia grave de una interpretación, en la cual, prácticamente todo aquel que tenga otra nacionalidad no tiene eficacia jurídica», agregó.

Venezolanos en el exterior no podrían utilizar pasaportes extranjeros para ingresar al país

 

El TSJ ha dado siete golpes constitucionales a la AN

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Dos meses y medio han pasado desde que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se instaló el 6 de enero; desde entonces los “golpes constitucionales” han sido sucesivos por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que en cada sentencia le resta atribuciones al Parlamento, afirma el abogado José Vicente Haro.

Haro detalló las acciones en contra del Parlamento. Las tres primeros guardaban relación con la representación legislativa del estado Amazonas: El 30 de diciembre se originó un fallo que suspende la proclamación de dos diputados, aun cuando ya habían recibidos sus acreditaciones. De acuerdo con el constitucionalista para este caso debió iniciarse un proceso de antejuicio de mérito y allanamiento de la inmunidad parlamentaria que debía ser aprobado por las dos terceras del Poder Legislativo, pero el PSUV no contaba con esa fuerza. “Fue entonces cuando el Poder Judicial actuó por primera vez”, dijo Haro.

Haro señala que posteriormente, el 11 de enero, luego de la juramentación de diputados de esa entidad, la Sala Constitucional declaró a la AN en desacato. Los involucrados decidieron desincorporarse de sus cargos, y se origina el tercer dictamen con el cual el “Parlamento retoma la legalidad”.

El 20 de febrero cuando fue negado por primera vez el Decreto de Emergencia Económica, se produce la interpretación de la Sala Constitucional que, además de declararla vigente, señala que todos los poderes públicos deben acatarla. “Eso era un anuncio de lo que veríamos después”, dijo Haro.

Agregó que el TSJ dio un paso al frente cuando limita las facultades de control político. La Sala Constitucional determinó que el control de la AN no es vinculante; es decir, la AN no puede negar el decreto y tomar otras decisiones de esa índole.

 

Vea la nota completa en El Nacional 

Advierten que si el gobierno desconoce la AN incurre en golpe institucional

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Ni las asambleas de ciudadanos ni el “Parlamento Comunal” cuentan con la potestad que tiene el Poder Legislativo para aprobar el decreto de emergencia económica que fue rechazado por la Asamblea Nacional. En esto coinciden los constitucionalistas Román Duque Corredor y José Vicente Haro.

“El pueblo en la calle no es un órgano del Poder Público, no tiene apoyo jurídico sino político. Sí el gobierno insiste en aplicar el decreto, pese a la negativa del Parlamento incurriría en un golpe contra la institucionalidad”, indicó Duque Corredor.

Agregó que el decreto no tiene vigencia sin el aval político de la AN, poder en el que recordó descansa la voluntad del pueblo.

“Pese a la declaratoria de constitucionalidad del TSJ, se requiere de la aprobación del Parlamento. El gobierno quería usar medidas sin control de la AN; otra Ley Habilitante camuflada, la última de las cuales tuvo hasta diciembre pasado.Este decreto repite lo mismo que los decretos de estados de excepción en la frontera, sustentado sobre el control del contrabando y para garantizar seguridad alimentaria; entonces no se entiende la emergencia. Si el gobierno insiste en ejecutarlo debe ser investigado por el Parlamento”.

Duque Corredor dijo que el decreto no precisó las medidas concretas que se asumirían para la emergencia económica ni mencionan cuáles garantías serían restringidas.

El constitucionalista José Vicente Haro explicó que las decisiones de las asambleas de ciudadanos, según el artículo 70 de la Constitución, solo son vinculantes en el caso de asuntos locales y no en los de carácter nacional.Indicó que no puede el gobierno imponer el decreto de emergencia por esa vía ni a través del Parlamento Comunal.

“Si se insiste en aplicar el decreto, la Asamblea Nacional podría solicitar y dejar constancia de una investigación ante el Ministerio Público a los diputados del PSUV que instigan al desconocimiento del Poder Legislativo. En el ámbito internacional podría pedirse ante la OEA la aplicación de la Carta Interamericana Democrática”.

Durante el fin de semana pasado, el oficialismo realizó asambleas populares para debatir en la calle el alcance del documento y respaldar las medidas económicas del gobierno de Nicolás Maduro.

Sigue leyendo esta nota de Sofía Nederr en El Nacional.

José Vicente Haro: Araminta González afirmó que fue forzada a hacer la grabación

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El 26 de agosto el abogado de Araminta González, José Vicente Haro, denunció en su cuenta de Twitter que, por orden de la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), tenía prohibido visitar a su defendida. Este lunes 7 de septiembre logró reunirse con la químico en las instalaciones del penal.

En la visita trataron cordialmente a los miembros de la defensa de González y conversaron con la directora del recinto para acordar que se respete el derecho a ser vista por sus familiares y abogados. Este domingo la químico podrá ver a su hermana, que le llevará unos medicamentos que necesita. «Fue una reunión constructiva», dijo Haro.

 

 

El jurista precisó que cesaron los tratos inhumanos contra la químico, ocurridos con la anterior dirección del penal; uno de estos abusos consistió en obligar a González a ver un cuadro del fallecido presidente Hugo Chávez bajo la luz del sol.

«Debo reconocer que la directora del INOF atendió las denuncias», señaló Haro. Sin embargo, indicó que en opinión de la directora no hubo coacción para grabar el video en el que aparece Araminta González diciendo, entre otras declaraciones, que se sentía culpable por los crímenes perpetrados por José Pérez Venta y Carlos Trejo. Explicó que la jefa de la administración del penal pensaba que la producción audiovisual colaboraría con que las otras víctimas de los responsables de la muerte de Liana Hergueta hicieran denuncias. La químico, por su parte, le reiteró a Haro que fue forzada a hacer la grabación.

 

 

A pesar de ello, el jurista destacó que a Araminta González se le garantiza seguridad en la prisión y la directora está atenta a que las visitas se hagan con regularidad. «Hemos llegado a acuerdos humanitarios razonables», expresó el defensor.

 

Sin respuestas de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público

 

La defensa de Araminta González ha informado las torturas de las que fue objeto por parte de funcionarios del Equipo Antiterrorismo del Cicpc y durante la directiva anterior del INOF. Seis veces han acudido a la Defensoría del Pueblo y tres a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, hasta el momento no han recibido respuesta.

Haro apuntó que el defensor del pueblo conoce el caso. Dijo que conversó con una alta funcionaria de esta institución que le aseguró que Tarek William Saab está al tanto de las violaciones sufridas por su defendida.

La audiencia preliminar de Araminta González ha sido diferida 15 veces. Nueve por incomparecencia del Ministerio Público y seis por la ausencia de otras personas detenidas en la causa, cuyos traslados no se han realizado.

INFOGRAFIA. Pérez Venta y Carlos Trejo acumulan una docena de víctimas y crímenes
Los dos hombres que descuartizaron a una mujer y entregaron a las autoridades a Araminta González, formarían parte de una red de delincuencia organizada integrada por más de 6 personas. Entre sus víctimas figuran, al menos, otras siete mujeres, que fueron estafadas, robadas y extorsionadas por estos presuntos infiltrados en partidos de oposición, además de varios dirigentes políticos y estudiantiles que están detenidos o son perseguidos por supuesta vinculación con las protestas de 2014

 

LIANA HERGUETA, MARÍA GABRIELA LÓPEZ Y ARAMINTA GONZÁLEZ comparten tres historias de terror que tienen los mismos protagonistas: José Rafael Pérez Venta y Carlos Eduardo Trejo. La primera fue estafada y descuartizada, la segunda fue maltratada y robada, y la tercera fue robada y se encuentra en prisión.

Ellas no fueron las únicas víctimas de los dos hombres que militaban, supuestamente como infiltrados, en partidos políticos de oposición. Según fuentes ligadas a la investigación por el asesinato de Hergueta, estos delincuentes confesos también robaron, estafaron, extorsionaron y secuestraron, al menos a otras siete mujeres. Incluso no se descarta que hayan cometido otros homicidios.  

El abogado José Vicente Haro, defensor de González, informó que ha sido contactado por al menos siete mujeres que, al igual que su cliente, han sido víctimas de los dos que descuartizaron a Liana Hergueta, de 53 años de edad.

“Todas sus víctimas eran mujeres solteras, divorciadas o viudas. Especialmente vulnerables. Personas ingenuas o confiadas, con algún perfil de oposición. Ellos trataban de intimar con la persona para llegar a una relación o bien hacerse amigos. A esas personas luego le pedían favores o le ofrecían ayudarle ellos en algunos favores. Se ofrecían para conseguirles carros o celulares, o les ofrecían cambiar divisas en montos altos”, explicó Haro.

Algunas de estas víctimas ya concretaron sus denuncias contra estos dos hombres, y otros miembros del grupo delictivo integrado por más de seis personas. Otras mujeres no han acudido a las autoridades por temor, pues fueron amenazadas en reiteradas ocasiones por Pérez Venta y Trejo.

La mujer que se salvó de ser descuartizada por los “patriotas cooperantes”

Con base a los testimonios de algunas de estas víctimas Haro describe la forma en que operaban: “Los dos se acercaban a sus víctimas presentándose como dirigentes de partidos de oposición. Por ejemplo, Pérez Venta se identificaba como coordinador juvenil de ABP. Luego trataban de conocer a toda la familia de estas mujeres que fueron sus víctimas. Trataban de averiguar si tenían mamá, hijos o familia. Se aprendían los nombres de estos parientes y estudiaban bien el entorno de la persona. Esa información era la que posteriormente utilizaban para amenazarlas”.

En un video publicado el jueves 20 agosto en la web de Últimas Noticias, Araminta González, también explicó el modus operandi utilizado por Trejo y Pérez Venta. «Estos muchachos se hacían pasar por perseguidos políticos para obtener beneficios económicos, ganarse la confianza y luego se llevan sus pertenencias».

La intimidación a las víctimas ocurría una vez que estas eran estafadas o robadas por Trejo y Pérez Venta, cuando les advertían que acudirían ante las autoridades a denunciarlos. “Esos datos los usaban para amenazar cuando la persona descubría que era una estafa o que había sido engañada en su buena fe. Así se lucraban”, explicó Haro, quien asegura que estos hombres formaban parte de una estructura de delincuencia organizada.

Las conexiones y los afectados

 

Una red con cómplices en el exterior

El grupo delictivo, que lideran Carlos Trejo y José Pérez Venta, estaría integrado por al menos otras cuatro personas. Una de ellas sería Tugomir Yépez, otro supuesto dirigente estudiantil, que perteneció a Alianza Bravo Pueblo (ABP) y que en este momento se encuentra en Francia. También se menciona a Humberto Pérez, alias “Tiburón”, quien es mensajero de la Alcaldía Metropolitana.

“Ellos subcontrataban gente o le ofrecían comisiones a terceros a cambio de que los ayudaran a cometer delitos. Entre estas personas hay otros jóvenes y dos mujeres”, dijo una fuente policial.

Haro asegura que desde el 3 de julio de 2015 ha advertido la existencia de esta organización criminal. “Ese día los denuncié ante la Defensoría del Pueblo, y el 31 julio en la Fiscalía. Volví a hacerlo el 6 y el 10 de agosto”, dijo el abogado de Araminta González.

“Esto es lo que se puede denominar técnicamente un grupo de delincuencia organizada transnacional. Recibían financiamiento desde el exterior y decían que estaba destinado a familiares de presos políticos y para ayudar a actividades en las cuales estaban infiltrados. En ese sentido operaba Tugomir (desde Europa). Muchas personas fueron sorprendidas en su buena fe. Son personas particulares, venezolanos residenciados en el exterior, y pequeñas ONG que estaban en permanente contacto con ellos le suministraron alguna cantidad de dinero en divisas”, reveló una fuente ligada a la investigación.

Los montos en divisas que recibían oscilaban entre 100 dólares y 4.000 dólares o euros. Comercializaban el dinero en el mercado negro y así captaban a muchas de sus víctimas. Con esto mantenían un ritmo de vida holgado, también se dice que adquirían armas de fuego y drogas.

Los señalamientos contra Trejo y Pérez Venta, por robo y estafa, circulaban en las redes sociales desde 2012. También había denuncias en algunas delegaciones del Cicpc. Sin embargo, nunca fueron detenidos.

“Se mostraban como personas que trabaja para el movimiento estudiantil. Decían que eran amigos de los líderes y que habían participado en huelgas de hambre. Que eran amigos de los presos políticos y ayudaban a los familiares.  Así iban recogiendo plata y ganándose la confianza de la persona”, aseguró Haro.

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Pérez Venta y Trejo tendrían vinculación con tres funcionarios de bajo rango (una mujer y dos hombres) en dos cuerpos de seguridad. Ambos también amenazaban a sus víctimas con denunciarlas en el Sebin y acusarlas de terroristas.

José Pérez Venta militó primero en Voluntad Popular y luego en ABP, mientras que Carlos Trejo fue dirigente de Primero Justicia. En una investigación, sobre el caso de Araminta González, que realizó Runrunes durante tres meses se consiguieron algunos indicios sobre las conductas irregulares y sospechosas de ambos jóvenes. Incluso fueron señalados como infiltrados por miembros de algunas organizaciones de oposición.

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Imputados por descuartizamiento se infiltraron entre opositores 

José Rafael Pérez Venta y Carlos Eduardo Trejo, dos de los imputados por el descuartizamiento de Liana Hergueta, se habrían infiltrado en los círculos de los movimientos estudiantiles y en los partidos políticos de oposición. Muchos de los dirigentes a los que se acercaron fueron posteriormente encarcelados y perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Simple coincidencia?

El mapa de relaciones de Pérez Venta y Trejo demuestra los movimientos de estos dos presuntos delincuentes que se presentaron como voluntarios, manifestantes y/o dirigentes juveniles de oposición que manifestaban contra el Gobierno.  El caso más emblemático es el de Araminta González, la técnica químico que fue detenida por el Cicpc el 24 de julio de 2014, luego de que Carlos Trejo amenazara con delatarla ante el Sebin cuando ella advirtió que habían hurtado pertenencias de su casa, como certifica el intercambio de mensajes de texto entre ambos. Desde entonces está presa en el Inof. En la misma causa de González, hay otras tres personas que también permanecen detenidas.

Se las ingeniaron para figurar en algunos momentos cruciales de los partidos de oposición. Pérez Venta aparece en una fotografía junto a Leopoldo López, justo antes de que el líder de Voluntad Popular (VP) se entregara a las autoridades en la avenida Francisco de Miranda en Caracas el 18 de febrero de 2014. También se dejó fotografiar detrás de la diputada María Corina Machado cuando se presentó en el Ministerio Público, tras su imputación el 3 de diciembre de 2014.

Pérez Venta también se acercó al ahora detenido Antonio Ledezma, alcalde metropolitano y líder de Alianza al Bravo Pueblo (ABP). El presunto infiltrado se hacía llamar director de Derechos Humanos de ese partido. Al día siguiente de la detención de Ledezma, Pérez Venta se encontraba en su oficina de la Torre EXA en El Rosal. Además, se le vio en las audiencias del juicio del líder de ABP así como también en las de Leopoldo López. Incluso se vinculó sentimentalmente con Karen Yépez, quien era abogada de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.

Hay 2 “patriotas cooperantes” entre la mujer descuartizada y Araminta González

Dirigentes de VP recuerdan que Pérez Venta comenzó a acercarse al partido naranja en el año 2012 cuando se realizaron las primarias de las Mesa de Unidad Democrática (MUD) para las elecciones presidenciales de ese año. Llegó a relacionarse sentimentalmente con la asistente del dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, quien salió del país luego de una orden de captura.

Los dos imputados se aproximaron al líder de la Operación Libertad y Movimiento JAVU, Lorent Saleh, quien fue acusado de promover protestas violentas en el estado Táchira, fue detenido en Colombia y expulsado, después lo detuvieron en Venezuela, y permanece preso en el Sebin.

 

Abogado de Araminta González asegura que fue obligada a grabar video de Últimas Noticias

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José Vicente Haro, abogado defensor de la química Araminta González, aseguró que esta fue «obligada» a grabar el video de la entrevista «exclusiva» que concedió al diario Últimas Noticias, en que la admite que conocía a José Pérez Venta y Carlos Trejo, los dos hombres imputados por el descuartizamiento de Liana Hergueta.

El video difundido por el medio digital es la primera declaración de González desde que fue detenida en abril de 2014, por los supuestos delitos de asociación para delinquir y elaboración de explosivos. La audiencia preliminar de la química ha sido diferida durante más de 13 meses.

Por medio de un mensaje en la red social Twitter, Haro (@josevicenteharo) reiteró que la técnico superior en química ha sido víctima de torturas y tratos crueles durante su reclusión en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). Agregó que fue sometida a «fuertes presiones» para hablar ante las cámaras sobre Trejo y Pérez Venta.

Además explicó que la primera audiencia del caso, cuya celebración estaba prevista para el jueves 20 de agosto de 2015, fue diferida una vez más.

Hay 2 patriotas cooperantes entre la mujer descuartizada y Araminta González

 

  • En julio de 2014, la técnico superior en procesos químicos, Araminta González, brindó alojamiento en su residencia de Guarenas a Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta, dos supuestos activistas de “la resistencia” y de Operación Libertad. Dos semanas más tarde, denunció en redes sociales el hurto de artículos de tecnología y enseres en su apartamento y señaló como responsables a los jóvenes a quienes dio refugio
  • Dos días después fue detenida por funcionarios del Cicpc. Las autoridades se valieron del testimonio de uno de estos “patriota cooperante” para imputarla por complicidad en un supuesto plan desestabilizador para elaborar explosivos. Ha pasado un año presa en el INOF sin que se celebre la audiencia preliminar en su caso
  • Trejo y Pérez Venta —quien hasta 2010 era ferviente seguidor de líderes del chavismo en twitter— serían los presuntos «patriotas cooperantes» señalados de entregar a González y de haber infiltrado partidos políticos de oposición, como ABP, Primero Justicia y Voluntad Popular. Ambos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de Liana Aixa Hergueta, la mujer que fue hallada descuartizada en un vehículo Mazda 3 abandonado en la urbanización Las Palmas


@albertoyajure

UNA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA SOBRE LA DETENCIÓN  de Araminta González condujo a dos hombres que se hacían pasar por activistas estudiantiles y dirigentes de partidos políticos de oposición: Carlos Eduardo Trejo y José Rafael Pérez Venta. Ambos han sido señalados como «patriotas cooperantes» (informantes de cuerpos de seguridad del Estado) que infiltraron partidos políticos de oposición para entregar a estudiantes y manifestantes que participaron en las protestas de 2014.

Trejo tiene dos denuncias por estafa en Valera, Trujillo; mientras que Pérez Venta también ha sido acusado del mismo delito en las redes sociales por algunas de sus víctimas. Los dos fueron detenidos entre el lunes 10 y el martes 11 de agosto por el asesinato de Liana Aixa Hergueta, quien fue hallada descuartizada el viernes 7 de agosto en Las Palmas.

Los registros de las conversaciones entre ambos, sus actividades en las redes sociales y sus testimonios ofrecidos en exclusiva a Runrunes revelan la trama de esta estructura de espionaje político y crimen:

“Yo mañana voy al Sebin y la voy a pajear durísimo, hermano”, se lee en una fotografía que muestra un diálogo telefónico entre dos personas. La comunicación ocurre por medio del servicio de mensajería de Blackberry PIN. En otra línea del mismo diálogo aparece: “Lo siento. Es mi nombre el que está en juego”.

Luego, más abajo, llega la respuesta: “Déle con furia”.

La conversación tuvo lugar al menos tres días antes de la detención de Araminta González por parte de funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc. Los interlocutores son dos “activistas” y manifestantes a los que González dio alojamiento en su apartamento, en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas, Miranda, durante el mes julio de 2014.

González —graduada con título universitario en procesos químicos del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivera Palacios— fue apresada el 24 de julio de 2014 en las inmediaciones del Centro Comercial Lido, en Chacao, Caracas. Fue acusada de cargos de terrorismo, asociación para delinquir y elaboración ilegal de explosivos. El cargo de terrorismo fue desestimado por el Ministerio Público (MP) en los meses siguientes.

En el expediente de su causa judicial se menciona que las autoridades habían recibido una llamada de un “patriota cooperante” que había señalado a González, quien trabajaba en una empresa farmacéutica, como cómplice en una supuesta conspiración para elaborar explosivos que serían luego colocados en varios puntos de Caracas. El objetivo del plan era, según las autoridades, desestabilizar el país y volver a “encender” las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sofocadas tras una oleada de allanamientos y detenciones masivas durante abril y mayo de 2014.

En la documentación también se reseña como supuesto cabecilla de la conspiración al politólogo Vasco Da Costa y a otros dos implicados: el técnico electrónico José Luis Santamaría y un administrador en el Banco Central de Venezuela (BCV), llamado Efraín Ortega. Todos los acusados fueron detenidos el 24 de julio y han permanecido un año encarcelados sin que se haya celebrado la audiencia preliminar, suspendida en trece ocasiones, casi una por mes. La ausencia del MP ha sido la causa de la mayoría de los diferimientos en el juicio.

Las circunstancias que rodearon la acusación contra Araminta González no están del todo claras. Hay —sin embargo— algunas certezas, mucho silencio y miedo. Entre quienes la conocieron como una simpatizante de la oposición se ha levantado un muro de intrigas y desconfianza. Cada uno tiene un testimonio que protege como un pedazo de verdad, cada uno afirma saber algo y cree poseer la clave que puede ayudar a esclarecer el caso. Pero no siempre están dispuestos a hablar, mucho menos a que se les cite con nombres y apellidos.

Sobre la trama que se tejió semanas antes de la detención de González y en los meses que siguieron de su encarcelamiento, la mayoría de los consultados para este reportaje concede algunos hechos de manera unánime.

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Araminta González fue torturada y está presa en el INOF 

Un robo y la delación de un “patriota cooperante”

Tres semanas antes de su detención, el 5 de julio de 2014, González prestó alojamiento en su residencia a dos jóvenes que supuestamente militaban en movimientos de la disidencia política y que participaban en manifestaciones. Carlos Eduardo Trejo Mosquera, natural de Valera, estado Trujillo, era uno de ellos.

Trejo había sido estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Carabobo (UC), en Valencia. En 2013 se involucró con agrupaciones de estudiantes, antes de formalizar su inclusión en un movimiento que se conoció como Operación Libertad y que dirigía Lorent Gómez Saleh, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Plaza Venezuela, Caracas. En su perfil de Facebook, público hasta el sábado 8 de agosto, mostraba fotografías suyas vistiendo camisetas y en actos de dos partidos de oposición: Primero Justicia y Voluntad Popular.

El segundo huésped era José Rafael Pérez Venta, quien se declaraba simpatizante y activista de Voluntad Popular (VP). La biografía de Pérez Venta es confusa y está llena de inconsistencias. Posee tres perfiles conocidos en Facebook y ha manejado al menos cuatro cuentas distintas en Twitter.

Asegura que estudió una licenciatura en Ciencias Navales en la Academia Militar de la Armada, se declara “preso político” y afirma que estuvo detenido en Ramo Verde entre 2007 y 2010. También manifiesta que en 2011 hizo un «Máster en Gobernabilidad y Gerencia Política» en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas.

En otra cuenta, también en Facebook, se aprecia una fotografía en la que viste de uniforme militar. En su biografía coloca que estudió Derecho en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), que trabaja en el Ejército venezolano y que reside en Miami Beach, Florida. En entrevista con Runrunes, el 3 de agosto de 2015, afirmó que había cursado la carrera de Derecho en la Universidad de Carabobo (UC), en Valencia.

Pérez Venta también abrió una cuenta o perfil en la red profesional Linkedin, con una fotografía en la que aparece vestido de negro en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Allí se afirma que trabajó como “Coordinador Comunitario de Voluntad Popular” entre 2013 y 2014; también que estuvo empleado entre 2001 y 2013 (11 años) como “Analista de Soporte Técnico” en Ford Motors y como “Gerente de Desarrollo de Negocios” de Nexsys, una empresa de software en Colombia entre 2000 y 2002.

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Carlos Eduardo Trejo (izquierda) y José Pérez Venta (derecha)

Tanto Trejo como Pérez Venta admitieron para este reportaje haber pernoctado en la residencia de González. Se sabe que Trejo se quedó durante poco más de dos semanas. Pérez Venta habría dormido en esa residencia durante ocho o nueve noches. Tugomir Yépez, estudiante de la UCV y vinculado con el partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), reconoce también haber compartido con ambos durante una velada en el inmueble:

“Yo estaba viendo un partido de fútbol del Mundial, cuando en la noche me llama un amigo [Pérez Venta] que se encontraba en casa de Ara —así la conocí—. Él estaba junto a otra persona [Trejo], me dijo que se estaban quedando en Guarenas y que si podía ir hasta allá. Compré una botella de ron. Pensé que estaban en casa de un amigo, nuestro plan era tomarnos algo ahí. Cuando llegué al apartamento, estaban solo ellos dos, Ara aún no había llegado de su trabajo”, relata desde París, Francia, donde afirma que se encuentra “exiliado”.

Pérez Venta afirmó a Runrunes que fue él quien sirvió como mediador para que González recibiera a Trejo en su casa durante unos días. La estancia, sin embargo, se prolongó y terminó de manera abrupta y agria. Aunque eran “compañeros” y estuvieron vinculados a Operación Libertad, hoy ambos se declaran adversarios, se acusan mutuamente y ofrecen versiones disímiles sobre la autoría del hurto de artículos que pertenecían a González y su familia.

Un relato de Araminta González, reconstruido a través de uno de sus defensores, el abogado José Vicente Haro, da cuenta de las circunstancias en las que ella asegura haberle entregado las llaves de su casa a Carlos Eduardo Trejo. De acuerdo con esta versión, Trejo engañó una tarde a González para que le “prestara” las llaves del apartamento, pues necesitaba buscar su cédula para presentarse en tribunales. Trejo había sido detenido meses antes, durante el desmantelamiento de los campamentos estudiantiles en Caracas. Su nombre aparece en una pieza del expediente de la causa judicial contra la dirigente de la UCV, Sairam Rivas. Los cargos contra Trejo —y otros 43 jóvenes— fueron sobreseídos en agosto de 2014.

De allí en adelante, la historia se desenvuelve en distintos escenarios y con varios actores. Un amigo de González en Guarenas que accedió a hablar para este reportaje declara: “Ella me llamó llorando… estaba alterada, muy molesta. Me dijo que había vuelto a casa del trabajo, pero que no había podido entrar al apartamento porque no tenía las llaves. Se cansó de tocar el timbre, pero no lo escuchaba desde el otro lado. Me contó que llamó por teléfono a estos chamos y que ninguno le respondió. Se habían ido y ella tuvo que dormir en casa de una vecina”. Esto ocurrió el lunes 21 de julio, tres días antes de la detención.

Una compañera, que asegura haberle aconsejado enérgicamente sobre los riesgos de hospedar a Trejo y a Pérez Venta en su casa, relata: “Yo le advertí que no metiera gente en su casa, pero ella no me hizo caso. Le dije que se calmara, que llamara a un cerrajero y que pidiera dinero prestado, porque seguramente le iba costar una plata. Al día siguiente rompieron todo y ella mandó a cambiar las cerraduras. Pero cuando entró al apartamento se encontró con que todo estaba revuelto y faltaban algunas cosas”. Esto pasó el martes 22 de julio de 2014.

En el inventario de objetos sustraídos del apartamento de González se incluyen, de acuerdo a distintas versiones de allegados: una laptop, un disco duro externo, una cónsola de videojuegos, varios discos, electrodomésticos, una cadena de oro, prendas, un celular y un alisador de cabello. El hurto y la salida intempestiva de Trejo y Pérez Venta del apartamento ocurrió el lunes 21 de julio, tres días antes de la detención de Araminta González.

Una amenaza

Captura

Capturas telefónicas que muestran el intercambio de mensajes entre Trejo y Pérez Venta

González consideró hacer una denuncia por robo ante el Cicpc. Al menos así lo hizo saber a dos personas que le recomendaron que acudiera ante las autoridades. Las razones por las cuales no logró formalizar la acusación no están claras, aunque sí declaró a sus abogados que recibió amenazas tras haber publicado mensajes en sus cuentas de redes sociales en las que advertía sobre Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta.

Un fragmento de un mensaje que escribió en su cuenta en Facebook decía: “Informo: urgente, dos jóvenes que se hacen pasar por perseguidos políticos para que los alojen en sus casas, luego que adquieren confianza de las personas y averiguan todo lo que pueden de la familia, les roban, actúan en pareja, uno se lleva todo y el otro se hace el que no sabe nada, ha ocurrido en otros estados, pendiente, a mí me pasó, se quedaron dos semanas en mi casa…

Además, tuiteó y señaló a Trejo y a Pérez Venta como responsables del hurto de artículos en su casa. La noticia llegó rápidamente a chats y redes sociales. Las cuentas de González fueron hackeadas en los días posteriores a la desaparición de su computadora. Un testimonio da cuenta de que habrían sido sus compañeros de trabajo, el 22 de julio, en Genéricos Venezolanos, quienes le avisaron que su perfil en Facebook había sido llenado de imágenes alusivas al oficialismo.

La tensión se acumuló rápidamente. Hubo discusiones e insultos. Trejo y Pérez Venta ya habían abandonado el apartamento. El primero cargó con las llaves de González y partió —primero— San Antonio de Los Altos, en Miranda. De allí pasó a San Diego, en Carabobo, y después a casa de una estudiante en el estado Falcón. El segundo volvió a Caracas, según dijo, a casa de una tía en Roca Tarpeya.

Ambos comenzaron a ser increpados. Un dirigente estudiantil de la UCV atestigua: “Yo llamé a Tugomir, porque él era muy amigo de ellos. Le pregunté por esos chamos y lo que había pasado, pero él me dijo que todo era un chisme y luego me sacó el cuerpo, siempre decía que estaba ocupado. Después hablé con Trejo, y él se molestó y dijo que ella (Araminta) era una habladora de paja”.

A medida que avanzaban los días, el conflicto se alimentaba de las críticas. Tres capturas de pantalla muestran una discusión entre Trejo y Pérez:

—Carlos Trejo: Y qué pasó con la laptop?
—José Pérez: Aquí.
—CT: No la ibas a vender pues?
—JP: Ajá

Después, en otra fotografía se lee:

—CT: Marico responde.
—JP: Esta carajita se volvió fue loca.
—CT: Si? Aclara eso José, de una, de pana. Yo mañana voy al Sebin y la voy a pajear durísimo, hermano. Lo siento.

En otra imagen, el intercambio escala en acusaciones mutuas:

—JP: A todo el mundo le he dado la cara. Ud se quedó con las llaves. Tú sabrás lo que hiciste, quedaste mal con todo el mundo como ladrón. Que decepción!!!!
—CT: Si? Claro culpame y lávate las manos, es lo mejor que sabes hacer.

Trejo admitió el martes 4 de agosto en una entrevista telefónica con Runrunes que las capturas y el registro de la conversación son auténticas. Descarta, sin embargo, que hubiese sido él quien sustrajo la laptop y las “otras cosas” desaparecidas de la residencia de González.

“Yo se lo dije muchas veces a Ara: ‘A mí no me gusta que tengas esas confrontaciones con tu hermana por tenerme aquí. Prefiero irme y que tú te evites problemas con tu hermana’… Hubo un altercado con Pérez Venta, en el que sustrajo varias cosas del apartamento de Ara y me deja a mí las llaves de su casa… Una computadora y otras cosas que se robó. Yo lamentablemente tuve conocimiento de esto y se lo dije más de una vez [a Pérez Venta]: ‘No hagas esto, marico, porque Ara nos está ayudando’… Pero la forma en que él la trabajó psicológicamente fue muy ruda… Él me respondió: ‘Tranquilo, que Ara no se va a enterar y nosotros nos perdemos’ ”.

Trejo reconoció haberse quedado con las llaves del apartamento de González. Aceptó incluso haber estado en el mismo lugar y momento en el que él asegura que Pérez tomó los objetos del inmueble. Cuando se le preguntó sobre el chat con la amenaza de acusarla en el Sebin, respondió: “Sí, lo reconozco. Yo dije eso porque estaba cansado del peo de que me acusaran de algo que yo no hice. Ella y yo conversamos. Tuvimos discusiones bien fuertes, pero al final de cuentas no pasó a mayores. De allí a decir que yo fui, la acusé y la entregué, eso nunca pasó”.

¿Quién es José Pérez Venta?

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Los múltiples perfiles y facetas de José Rafael Pérez Venta en redes sociales

José Rafael Pérez Venta tiene 29 años, y mide casi 1,70 metros. Se presenta con una chemise roja, una gorra azul —que usa volteada hacia atrás— y lleva en su muñeca un reloj dorado, marca Citizen.

Pérez Venta afirma haber integrado las plataformas juveniles JAVU y Operación Libertad. En varias fotografías se le ve con camisetas de ambos movimientos. “Lorent Saleh me invitó a Colombia”, dice; y añade que tanto el ex ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, como el presidente de la AN, Diosdado Cabello, lo han nombrado a él “muchas veces”.

Frecuentaba eventos de la disidencia política. Varias fotografías lo muestran en la vigilia tras el asesinato de Mónica Spear, en enero en 2014 en la plaza Alfredo Sadel; también en la entrega del dirigente Leopoldo López —en febrero— y detrás de María Corina Machado, cuando se presentó en el MP tras su imputación, el 3 de diciembre. También en la misa por un año del asesinato de Bassil Da Costa y en una foto con Henrique Capriles Radonski en la que lo felicita por su cumpleaños, el 11 de julio de 2015.

“Entré a Voluntad Popular (VP) en 2013 desde Carabobo. Articulé con el equipo en Valencia y luego en Chacao. He hecho activismo político. Estuve en las protestas en la OEA, en las huelgas de hambre en la plaza La Castellana y en el campamento en la plaza Alfredo Sadel”, se ufana.

Pero un alto dirigente de VP le confiere la categoría de simpatizante o voluntario. Admite que frecuentaba la sede, pero descarta que haya tenido algún cargo o participación en decisiones o reuniones internas del partido. Analiza una fotografía en la que se le ve con una camisa naranja con el logo de VP y su nombre en el pectoral derecho y asegura que no es auténtica. Insiste en que el partido no entrega camisas a militantes. En todo caso, estas tienen una características específicas, no como la que vistió Pérez Venta, de la marca Columbia.

“La primera vez que lo vi fue en la Tintorería [como se conoce a la antigua sede de VP en Chacao]. Se vendía como alguien que sabía de inteligencia y hablaba mucho. Nunca se supo donde vivía, él siempre se quedaba en casas de otra gente. Iba y venía, se perdía por semanas o meses. Después lo veías otra vez por ahí”, relata un funcionario del Concejo Municipal de Chacao.

En 2014, Pérez Venta envió cartas y correos electrónicos a varias personas —a los que tuvo acceso Runrunes—, en las que solicitó dinero a “sectores privados, comerciales y entre la población en general” para las manifestaciones y estudiantes presos. Eran comunicaciones en las que firmaba como Operación Libertad. Debajo de su nombre colocaba: “Ex preso político y dirigente de VP. @SinmiedoVP”.

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Pérez Venta (derecha) junto al dirigente opositor Leopoldo López, en su entrega a la GNB el 18 de febrero de 2014 en Chacaíto

Tres dirigentes del partido aclaran que las alarmas se encendieron cuando Pérez Venta fue visto trabajando como vigilante en la garita de la urbanización donde reside el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, en La Boyera. “Algunos concluyeron que era un infiltrado”, rememora una de las fuentes. No hay consenso en cuanto a las razones por las que se desvinculó de la organización política.

Después se unió al partido Alianza Bravo Pueblo (ABP). Rápidamente se “autoproclamó” “coordinador nacional de DD HH” y también escribió en redes que pertenecía a Amnistía Internacional (AI). En Twitter —sin embargo— lo han acusado de infiltrado. Él lo sabe y confirma que lo separaron de ABP porque lo consideran un “patriota cooperante”.

Se defiende de los señalamientos: “Yo no entraba a las sesiones, ni a las reuniones. ¿Cómo pude saltarme los anillos? Me cansé de todo, decidí separarme de todos los partidos… Los reto a que demuestren y saquen todas las pruebas… Ojalá algún día caigan bajo el mazo de Dios como único juez terrenal y universal”.

Pérez Venta se involucró sentimentalmente con una integrante del equipo de confianza del dirigente Carlos Vecchio. En junio de 2014 el coordinador político de Voluntad Popular se vio obligado a salir del país, después de que se librara una orden de detención en su contra por supuestos delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir. Más recientemente, Pérez Venta se relacionó con una trabajadora del equipo del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, quien fue detenido por el Sebin.

Un dirigente de VP reveló: «Cuando detuvieron a Ledezma, yo estuve en Plaza Venezuela acompañando a Mitzy. Al día siguiente me dirigí a la sede del partido, en el edificio Exa de El Rosal. Pérez Venta fue la primera persona que vi cuando entré a la oficina». Además, él asistía a las audiencias en los juicios contra Leopoldo López y el alcalde metropolitano.

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Una revisión a su cuenta en Twitter (@perezventa) descubre que Pérez Venta era un ferviente seguidor del oficialismo. Entre 2008 y 2010 tuiteaba intensamente y mencionaba con frecuencia las cuentas del expresidente Hugo Chávez (@chavezcandanga) y del diputado Diosdado Cabello (@dcabellor), a quienes llamaba «camarada», «Comandante», «padre». Se decía soldado de la revolución y pedía desesperadamente —suplicaba— auxilio para que le adjudicaran una vivienda.

También menciona una esposa, llamada Milagros del Valle Gómez, quien trabajó hasta el 31 de julio de 2015 en el Ministerio de Vivienda, según consta en el registro ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En un período de dos años, entre 2010 y 2012, Pérez Venta pasó de ser un efusivo y fervoroso militante de la revolución a un acérrimo disidente vinculado a partidos políticos, líderes de oposición, y un calculador manifestante.

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Entre otras inconsistencias, Pérez Venta ofrece dos fechas distintas en las que cursó estudios en la Academia Militar de la Armada. Es otro componente de las FANB, distinto al que aparece en uno de sus perfiles de Facebook. Relata que fue preso político, que estuvo detenido en Ramo Verde entre 2007 y 2010, que le imputaron cargos por “sustracción de efectos de las FANB, usurpación de funciones, sublevación e insubordinación”.

Afirma que integró en 2007 un grupo de rebeldes contra el “Plan Ávila” que “vació el parque” de dos regimientos que eran —según dijo— el Batallón 342 G/B Pedro Briceño Méndez y el Batallón Juan de Dios Agraz. Dice que la mayoría de sus compañeros está en Estados Unidos, que lo iban a sacar del país, pero que él cayó detenido.

Sobre su espectacular escape y recaptura, esta es la versión:

“Bebí cloro, para que me sacaran. Me llevaron al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, me internaron y tuvieron que operarme. Estando de reposo, me asignaron un custodio. Yo me gané su confianza. Cuando se quedó dormido, me escapé por la escalera de servicio. Agarré un taxi hasta Maracay. Pero allí me agarraron de nuevo y me devolvieron a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta, y luego a la 35 Brigada de la Policía Militar, en Fuerte Tiuna. Me golpearon, y me trasladaron de nuevo a Ramo Verde. Me ayudó la jueza Aniole Berberaggi Infante y me entrevisté con Eladio Aponte Aponte, que era fiscal militar. Yo negocié para que mi fuga no la incluyeran. Después me expulsaron”.

Se le indica que en la Corte Marcial no se encontraron evidencias de ningún proceso judicial contra él. Guarda silencio. Su perfil de Facebook del año 2008 muestra un joven militar del Ejército Bolivariano. Se ven también algunas fotos de su familia: esposa, dos hijos. Reseña que estudió en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y en la UNEFA.

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Pérez Venta y su foto en Linkedin, en la AN

José Pérez Venta acusó a su otrora amigo inseparable, Carlos Trejo, de haberse llevado todos los artículos desaparecidos del apartamento de Araminta González. Lo tilda de infiltrado y de ladrón. Asegura que no era la primera vez que Trejo había “robado” a alguien y ofrece como pruebas un par de capturas de decenas que él tiene guardadas en su celular con diálogos en los que hace ver que personas señalan a Trejo como un “estafador”.

Menciona a Liana Hergueta, de quien da su número telefónico y dice que es una víctima de las estafas de Trejo. En efecto, Hergueta había publicado en mayo varios tuits en su cuenta en Twitter en los que acusaba a Trejo de haberla estafado por una suma de 1 millón 300 mil bolívares en una transacción de compra venta de dólares.

Cuatro días después de la entrevista con Pérez Venta, el viernes 7 de agosto, Hergueta fue hallada muerta en la calle Los Manolos, de Las Palmas, en Caracas. Su cuerpo desmembrado estaba dentro de un vehículo azul, Mazda 3. Un amiga de Hergueta declaró a La Región que la mujer fue citada el jueves en Caracas por un supuesto dirigente de ABP y el viernes apareció muerta.

El primer sospechoso por el crimen fue Trejo. Pero el lunes 10 de agosto en la noche, se conoció por fuentes policiales, que fue allanada una de las residencias donde vivía Pérez Venta. Ese mismo día fue detenido por funcionarios de la División contra Homicidios del Cicpc por su presunta vinculación con el asesinato de Hergueta.

El martes 11 de agosto en horas de la tarde fue capturado en Yaracuy, Carlos Trejo. En un boletín, el Ministerio Público informa sobre la detención de ambos hombres y agrega que serán imputados por el homicidio de Hergueta. «Tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por el Cicpc, se logró determinar la presunta vinculación de Pérez Venta y Trejo Mosquera con el mencionado hecho», dice la nota de prensa.

Ambos «patriotas cooperantes» habrían confesado su participación en el homicidio de Liana Hergueta. Se pudo conocer de fuentes policiales que Trejo citó a la mujer, con la excusa de cancelarle la deuda que tenía con ella. Pérez Vente fue quien la desmembró.

Con el mazo dando

Araminta González es otra de las víctimas de los dos «patriotas cooperantes». Tiene 33 años, dos hermanas y un sobrino. Ambos padres fallecieron de cáncer. Su papá murió cuando ella tenía nueve años, y cuatro años después sobrevino el deceso de su mamá. Su hermana mayor asumió el rol de madre. Le sigue Miriam, quien trabajó durante un tiempo en Digitel hasta que se mudó a Madrid, España, donde cursa un postgrado.

Araminta era “hiperactiva”, cultivó hábitos como la lectura, le gustaba ir al gimnasio, subir a El Ávila después del trabajo y escuchar música pop en inglés. La familia la completa un niño de nueve años, hijo de su hermana mayor. El mismo lazo maternal que asumió la mayor de las González, lo manifestaba ella por su sobrino.

Una amiga de la familia narra: “Ellas salieron adelante trabajando muy duro. El papá les dejó ese apartamento, que por lo menos era una base. Son profesionales. Araminta es una mujer de una inteligencia superior, una excelente estudiante, desde pequeña se formó sin mayor apoyo del que se brindaron entre ellas. Eran muy unidas”.

En 2010 se tituló como técnico superior en procesos químicos. De a poco se abrió camino con una carrera profesional en la industria farmacéutica. Comenzó a trabajar como especialista en control de calidad en Calox International, una empresa especializada en la elaboración de medicamentos genéricos, donde se encargó del área de pruebas.

Luego de tres años, González decidió cambiar de trabajo e ingresó como analista físico química en Genéricos Venezolanos (GV), una farmacéutica asentada en Guarenas, que opera en el país bajo el paraguas de Laboratorios Leti, un conglomerado de empresas del ramo en el que también se incluye Laboratorios Gentek. Una ex compañera de trabajo recuerda: “Ella se fue a Genéricos Venezolanos porque le quedaba más cerca de su casa. Era emprendedora, valiente, muy luchadora”.

En noviembre de 2013, González comenzó a frecuentar concentraciones que se dieron a conocer como el “movimiento de autoconvocados”. Eran en su mayoría “marchas”, movilizaciones y manifestaciones pacíficas, algunas con pancartas, convocadas a través de las redes sociales y Twitter. Fueron los primeros pasos en un activismo que se prolongó hasta su detención en 2014.

“La conocí en una concentración en Guarenas. Era una chama buena gente, quizá muy inocente. Eso sí, muy profesional en su trabajo, muy dedicada. Pero estoy seguro de que no es ninguna terrorista. Era —cuando mucho— una simpatizante”, la describe un conocido y activista de oposición de Nueva Casarapa.

González frecuentaba los campamentos de estudiantes. Otras cuatro personas que accedieron a brindar su testimonio bajo condición de anonimato la describen como una persona introvertida, ingenua. Le otorgan adjetivos como noble, y afirman que hacía latente su preocupación por los problemas del país.

Una de sus amigas detalla: “Ella subía con frecuencia a Caracas desde Guarenas. Preguntaba a todos si habían comido y les compraba cena, gastaba un dineral en shawarmas y hamburguesas para un gentío, regalaba la plata, les daba agua, ropa, tarjetas telefónicas. Se iba quedar pelando bola, pero a ella no le importaba”.

En abril de 2014 viajó a San Cristóbal y se sumó a manifestaciones. De esa experiencia no saldría ilesa. Recibió un impacto de perdigón que provocó que la trasladaran a un centro médico donde la sometieron a una operación en la que perdió un ovario. “Su hermana mayor, que es evangélica, se preocupaba mucho por ella, estaba muy angustiada”, resume una amiga.

Después González desoyó los consejos de gente cercana. Cuando decidió acoger en su casa a dos desconocidos, se produjo una ruptura: su hermana mayor optó por mudarse del apartamento. No hubo contacto ni visitas. Después de que se conoció de la detención de Araminta, sus amigos tomaron distancia, temiendo represalias y peligros.

Un día después de su aprehensión, el entonces titular del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, mencionó a Vasco Da Costa, como el “cabecilla” del “Movimiento Resistencia”. En esa oportunidad no nombró a González. Lo que sí dijo fue que sería Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien se encargaría de informar sobre el desmantelamiento de una supuesta “célula terrorista”. El programa televisivo que conduce Cabello y que transmite VTV se basa en las acusaciones e informaciones aportados por «patriotas cooperantes», que es el término que el Gobierno da a los infiltrados y delatores.

La naturaleza de su trabajo como química es uno los argumentos que usaron las autoridades para vincularla con los cargos de explosivos. “Les expliqué que soy químico y que esos equipos no podían utilizarse para elaborar explosivos porque, para elaborarlos, se requieren unas condiciones específicas. Les repetí que yo no podía hacer ese tipo de explosivo en mi casa. Les expliqué que no sabía de electrónica, ni de detonantes…”, reza un fragmento de una carta escrita por González y citada por el periodista José Domingo Blanco en una columna de opinión publicada en Runrunes el 25 de junio de 2015.

Cuando Cabello mencionó a González en la edición del 7 de agosto de 2014 de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por VTV, se refirió a ella con el alias de “Dora La Exploradora”. También mencionó a José Luis Santamaría como “El topito” y aseguró que trabajaba junto a Da Costa en un plan para “desestabilizar” el país. También afirmó que el Cicpc había hallado explosivos y detonadores.

Haro, abogado defensor de González, desmiente las imputaciones. Asegura que en el expediente con las actas del allanamiento practicado por el Cicpc en la vivienda de su defendida no se reseña ningún tipo de explosivos ni detonadores. También, uno de los acusados, Da Costa, aseguró en una carta escrita desde su encarcelamiento que no conocía a González.

 

La captura

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Una vecina fue quien avisó —el 23 de julio— a Araminta González que la urbanización Menca de Leoni en Guarenas estaba llena de patrullas y policías. Después de allanar el apartamento, los funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc se dirigieron a Genéricos Venezolanos (GV). En ninguno de los dos sitios la encontraron. Al día siguiente, el feriado del 24 de julio, la detuvieron en el Centro Comercial Lido, en Chacao, Caracas.

De allí la llevaron a la sede principal del Cicpc, en la avenida Urdaneta. En Twitter y redes sociales fue reportada como desaparecida durante casi una semana. Las publicaciones sobre su caso afirmaban que había sido violada y torturada. Desde su detención y hasta mayo de 2015, su defensa fue compartida por los abogados de los otros acusados: Ángela Jaramillo, Mariana Ortega —hermana de Efraín Ortega, uno de los acusados, detenido en El Rodeo— y Guillermo Heredia, defensor de Da Costa y José Luis Santamaría.

Haro y Pierina Camposeo asumieron la defensa de González, por petición de su hermana Miriam, quien viajó desde España en abril de 2015 para atender diligencias del caso. Las denuncias sobre torturas que le infligieron los funcionarios no han cesado. De acuerdo con su defensa, los agentes retuvieron a González durante varios días sin notificar a ningún familiar. Fue brutalmente golpeada, le habrían colocado electricidad en los senos y golpeado con martillos en las uñas de los pies.

En una carta publicada en junio de 2015 por Haro, se asegura que le arrancaron el cabello en una práctica que en la jerga policial se conoce como “el helicóptero”. Le pedían, además, que declarara contra Da Costa, quien ha negado que la conociera. Las autoridades no han establecido el vínculo entre ambos y como no se ha celebrado audiencia preliminar, no se han ventilado las pruebas del MP. Lo que se sabe, sin embargo, es que la acusación la originó la llamada de un “patriota cooperante”.

González fue trasladada el tres de agosto desde el Cicpc en la avenida Urdaneta hasta una sede en El Rosal y semanas después al INOF. Pierina Camposeo, una de sus abogadas, afirma: “Está deprimida, aterrada. Cada vez que va a tribunales nos agarra por los brazos y no nos suelta. Tiembla. Está muy delgada y hay áreas de su cabeza en las que no le ha vuelto a crecer el cabello”. Una amiga que la ha visitado en la cárcel asegura que ha perdido por lo menos 40 kilogramos. Pasó de 85 kilos, a usar una talla 26.

Camposeo también cuestiona la veracidad de una experticia forense en la que se certifica que González no presentaba lesiones. El documento de la evaluación médica, practicada supuestamente por una funcionaria, fue suscrita el 20 de agosto. “Dicen que a ella no la torturaron, pero es que la experticia se hizo casi un mes después de su detención. Además, supuestamente estaba de guardia un hombre, pero luego en el documento se dice que fue una mujer”, detalla Camposeo.

La última audiencia

Tribunales Cloris

La audiencia en el juicio que se le sigue a González estaba fijada para las 9:30 am del 23 de julio. Los abogados Haro y Camposeo —defensores de González desde el 6 de mayo— habían llegado a la sede de los tribunales penales de Guarenas cerca de las nueve. Esta era la primera vez que la representación del Ministerio Público (MP) acudía a los tribunales desde que presentó la acusación.

A las 11:00 de la mañana, había confirmación de que el convoy que trasladaría a González desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) había salido desde Los Teques, a 73 kilómetros de distancia.

Yeison Alejandro Moreno, de la Fiscalía 20 del MP, había llegado poco antes de las 10:00 de la mañana y solicitado cada una de las piezas del expediente. Hasta hace unos meses, Moreno había sido el asistente de la ex fiscal Katherine Haringhton, ex titular de un despacho que destaca por su estadística en el procesamiento de manifestantes, estudiantes, disidentes y prominentes figuras políticas de oposición.

La sede de los tribunales penales está en el medio de una urbanización —mitad industrial, mitad residencial— conocida como Cloris. El edificio se asemeja más a un galpón que a una sede del Poder Judicial. Hay pasillos estrechos, accesos y pasadizos que conducen a salas de juicio en las que apenas caben un puñado de personas. Hay también dos bancos de madera en las que familiares de detenidos descansan durante las horas de espera. En la parte posterior hay cuartos atestados de carpetas que rebosan documentos y centenares de expedientes judiciales. Secretarias, alguaciles y escribientes trabajan en minúsculos cubículos, en salones repletos de personas.

Las familias de detenidos se habían congregado en la calle, frente al edificio, en la espera de los traslados que venían desde centros penitenciarios como El Rodeo, Yare, el INOF y la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Un autobús con reclusos de El Rodeo, entre los que se hallaban Santamaría y Ortega, llegó a los tribunales cerca de las 11. Faltaban dos de los cuatro acusados: González, que vendría desde el INOF, y Da Costa, preso en la PGV en San Juan de Los Morros, Guárico.

A las 11:00 de la mañana, Mariana Ortega, hermana y defensora de Efraín Ortega solicitó al tribunal el diferimiento de la audiencia preliminar. Sus contrapartes se opusieron. Cerca de las once de la mañana, Haro tuiteó: “Por razones que no comprendemos la defensa de Efraín Ortega solicita que Audiencia Preliminar de Araminta González sea diferida una vez más”.

La representación del MP había expresado las intenciones de esperar a que llegara el traslado desde el INOF antes de que se tomara cualquier decisión sobre un nuevo diferimiento, pero cuando un vehículo llegó desde Los Teques con varias acusadas que vestían franelas rosadas sin que entre ellas estuviese González, la audiencia se suspendió, una vez más. El 24 de julio, al día siguiente, los detenidos cumplieron un año sin que se celebrara la audiencia preliminar.